Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Gilberto Salas Arana
2006 TSPR 51
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Gilberto Salas Arana
AB-2005-0261
Poder inherente de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2006 TSPR 51
167 DPR ____
Gilberto Salas Arana
Número del Caso: AB-2005-261
Fecha: 5 de abril de 2006
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Gilberto Salas Arana
AB-2005-261
RESOLUCION
San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2006
El Hon. Jimmy Villalobos González, Juez de la
Sala Superior de Arecibo del Tribunal de Primera
Instancia de Puerto Rico, remitió a este Tribunal,
“para la acción correspondiente”, una resolución de
fecha 6 de octubre de 2005, relativa la misma a la
conducta observada por el Lcdo. Gilberto Salas
Arana ante el mencionado tribunal de instancia.
Un examen de la mencionada resolución revela
que la conducta en controversia se refiere a la
contumaz negativa del mencionado abogado del pago
de un arancel de suspensión de una vista que estaba
señalada ante dicho foro judicial y que tuvo que
ser suspendida por su causa. No hay duda alguna del
hecho que el Lcdo. Salas Arana, al así actuar, ha
incurrido
en
conducta
que
amerita
acción
disciplinaria.
Comoquiera que la acción del Juez Villalobos
González es una similar a otras en que distintos
jueces han referido a este Tribunal situaciones de
igual naturaleza, entendemos necesario recalcar y
reiterar el poder que poseen los jueces del
Tribunal de Primera Instancia de hacer cumplir sus
órdenes
sin
necesidad
de
referirnos
dichas
situaciones.
A
esos
efectos,
en
E.L.A.
v.
Asociación de Auditores, 147 D.P.R. 669, 681
(1999), expresamos que:
La base jurídica para el procedimiento de desacato en
Puerto Rico proviene de tres (3) fuentes, según han sido
interpretadas por nuestra jurisprudencia, las cuales están
fundadas en el poder inherente de los tribunales para
hacer cumplir sus órdenes. Los tribunales tendrán poder,
entre otros, para mantener y asegurar el orden en su
presencia y en los procedimientos ante su consideración,
para hacer cumplir sus órdenes, sentencias y providencias,
y para realizar u ordenar cualquier acto que resulte
necesario a fin de cumplir a cabalidad sus funciones. 4
L.P.R.A. secs. 1a y 362a. Para el ejercicio efectivo de
las facultades antes enumeradas la ley les autoriza a
castigar por desacato. 4 L.P.R.A. sec. 362b. (Énfasis
suplido).
En vista de lo antes expuesto, devolvemos el asunto a la Sala
Superior de Arecibo del Tribunal de Primera Instancia, para la
acción de desacato correspondiente.
Publíquese.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo