Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rafael Rivera Labarca, ET ALS. V. Puerto Rican-American Insurance Co., ET ALS. Fundador Molina Soto, ETC.
2006 TSPR 26
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rafael Rivera Labarca, ET ALS. V. Puerto Rican-American Insurance Co., ET ALS. Fundador Molina Soto, ETC.
CC-2003-0507
Sentencia con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Rivera Labarca, et als.
Demandantes-Peticionarios
Certiorari
v.
2006 TSPR 26
Puerto Rican-American Insurance
Co., et als.
166 DPR ____
Demandados-Recurridos
Fundador Molina Soto, Etc.
Demandados
Número del Caso: CC-2003-507
Fecha: 17 de febrero de 2006
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional III de Arecibo/Utuado
Juez Ponente:
Hon. Jorge L. Escribano Medina
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Brunilda M. Figueroa Náter
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Juan E. Taboas Santiago
Materia: Acción Civil
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Rivera Labarca, et als.
Demandantes-Peticionarios
v.
Puertorican-American Insurance
Co., et als.
CC-2003-507
Certiorari
Demandados-Recurridos
Fundador Molina Soto, Etc.
Demandados
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2006.
El
caso
del
epígrafe
nos
brinda
la
oportunidad de pasar juicio sobre la validez y
exigibilidad de una póliza de seguros adquirida
por el arrendatario de un vehículo de motor, en
consideración
a
que
el
contrato
de
arrendamiento de dicho automóvil fue cedido a
un tercero sin la autorización del arrendador y
sin haberlo informado a la aseguradora.
I
Según surge del expediente, el Dr. Carlos
Torres Cabret (en adelante señor Torres Cabret)
suscribió
Popular
un
contrato
Leasing
&
de
Rental,
arrendamiento
Inc.
(en
con
adelante
Popular Leasing) mediante el cual adquirió el
CC-2003-507
2
uso y disfrute de un vehículo de motor, marca Porsche
Boxster del año 1997, a cambio del pago de unos cánones
de arrendamiento. El referido contrato dispuso que el
titular del vehículo era Popular Leasing y que el señor
Torres Cabret no podía vender o ceder su interés en el
arrendamiento ni subarrendar el mencionado automóvil.
Posteriormente, el señor Torres Cabret adquirió una
póliza de seguro para este vehículo a través de Puerto
Rican American Insurance Company (en adelante PRAICO),
cubierta que se extendería desde el 3 de septiembre de
1999 al 3 de septiembre del 2000. En ésta se declaró a
Popular Leasing como beneficiaria y entidad financiera.
Además,
se
hizo
constar
que
la
residencia
del
señor
Torres Cabret estaba localizada en San Juan, Puerto Rico.
Sin embargo, se informó que el referido vehículo iba a
ser principalmente guardado en la calle Tomás Dávila del
municipio
de
Barceloneta.
Esta
dirección
era
la
correspondiente a la residencia del Dr. Rafael Rivera
Labarca (en adelante señor Rivera Labarca), según este
mismo alega.
Un
día
cubierta,
señor
después
de
haber
entrado
entiéndase,
el
4
septiembre
Torres
Cabret
de
“vendió”
el
en
vigor
de
automóvil
esta
1999,
el
objeto
del
arrendamiento al señor Rivera Labarca, según consta en la
declaración jurada de este último. En dicha declaración,
además, se afirma que el señor Rivera Labarca asumía el
pago
del
arrendamiento
a
Popular
Leasing
y
todas
las
CC-2003-507
3
responsabilidades inherentes a la posesión del vehículo,
exonerando
con
ello
al
señor
Torres
Cabret
de
toda
responsabilidad relacionada con el mismo. Dicho acuerdo
no fue informado a Popular Leasing ni a PRAICO.
Seis días después, el señor Rivera Labarca gestionó
a través de un agente de PRAICO una solicitud para que
éste fuera incluido como conductor asegurado o adicional
en la póliza adquirida por el señor Torres Cabret. Este
último continuó siendo el asegurado principal. En dicho
documento
se
hizo
constar
que
el
vehículo
no
era
arrendado. Tampoco se modificó la información referente
al lugar de estacionamiento o garaje en el cual sería
guardado el automóvil.
El
4
de
febrero
de
2000,
el
vehículo
arrendado
sufrió daños por motivo de un incidente. Conforme alegó
el señor Rivera Labarca:
el automóvil sufrió un accidente cuando se
encontraba
estacionado
frente
a
la
marquesina de su residencia, aparentemente
sufrió un desperfecto mecánico quedando la
caja de cambios en neutro lo que provocó
que iniciara la marcha hacia atrás sin
estar siendo conducido por nadie, debido a
la topografía del lugar donde reside el
Dr.
Rivera
Labarca,
cayendo
por
un
precipicio de aproximadamente 75 pies de
profundidad sufriendo daños que montaron a
la suma de $22,247.03 aproximadamente por
concepto de hojalatería y pintura. Demanda
Enmendada, alegación núm. 8.
Así las cosas, el señor Rivera Labarca informó a la
policía
lo
acontecido
y,
posteriormente,
solicitó
a
PRAICO los beneficios de la póliza de seguro. Luego de la
investigación
pertinente,
PRAICO
cursó
una
misiva
al
CC-2003-507
4
señor Torres Cabret en la cual comunicó que no procedía
la reclamación de los daños del vehículo. Concluyó que,
al éste transferir el vehículo al señor Rivera Labarca,
había cedido sus derechos y deberes bajo la póliza sin el
consentimiento escrito de la aseguradora, en violación a
las
disposiciones
del
contrato
de
seguro.
Ante
este
hecho, PRAICO determinó que la póliza sólo mantuvo su
vigencia hasta el 4 de septiembre de 1999, día en que se
celebró la transacción con el vehículo.
En vista de lo anterior, el señor Rivera Labarca, su
esposa y su sociedad legal de gananciales presentaron
ante el tribunal de instancia una demanda contra PRAICO y
contra el agente que le vendió el seguro del automóvil.
Alegaron,
en
síntesis,
que
contrato
de
seguro
solicitaron
y
éstos
incumplieron
todos
con
los
el
daños
relacionados al accidente del vehículo. Posteriormente,
la demanda fue enmendada para incluir como demandante al
señor
Torres
Cabret
y,
como
demandada,
a
la
sociedad
legal de gananciales compuesta por el agente de seguros y
su esposa.
Tras varios incidentes procesales, tanto PRAICO como
los
demandantes
solicitaron
al
tribunal
que
dictara
sentencia sumaria a su favor. En vista de ello, el foro
de instancia declaró con lugar la demanda. Resolvió que
el señor Torres Cabret no podía vender el automóvil al
señor
Rivera
Leasing,
por
Labarca
sin
lo
dicho
que
la
autorización
negocio
no
de
Popular
surtió
efecto
CC-2003-507
5
alguno. Además, razonó que el señor Rivera Labarca había
sido aceptado por PRAICO como conductor asegurado. Dado
que el accidente ocurrió dentro de la vigencia de dicha
póliza, dictaminó que PRAICO era responsable de cubrir
los daños. Igualmente, le impuso el pago de honorarios de
abogado y las costas del litigio. La demanda contra el
agente de seguros fue desestimada.
Inconforme, PRAICO acudió al entonces Tribunal de
Circuito
de
Apelaciones.
El
foro
apelativo
intermedio
revocó la decisión de instancia. Concluyó que se debía
celebrar una vista para que PRAICO tuviera la oportunidad
de demostrar que no hubiera expedido la referida póliza
si hubiera conocido que el vehículo asegurado era uno
arrendado, toda vez que no fue informada de ello por el
señor Rivera Labarca.
De dicha determinación acuden ante nos los señores
Rivera Labarca y Torres Cabret. Arguyen, en esencia, que
no procede la celebración de la vista, según dictaminada
por
el
tribunal
hubiera
o
aducen
que
no
apelativo,
emitido
procede
la
la
para
póliza
determinar
si
de
Asimismo,
imposición
seguro.
de
PRAICO
honorarios
de
abogado. Expedimos el auto solicitado en reconsideración.
Estando el caso sometido con la comparecencia de ambas
partes, resolvemos.
CC-2003-507
6
II
A
En
nuestra
jurisdicción,
los
contratos
de
arrendamiento de bienes muebles están regulados por la
Ley Núm. 76 del 13 de agosto de 1994, según enmendada. 10
L.P.R.A. 2401 et seq. Este estatuto cumple el propósito
de proveer unas salvaguardas a los arrendatarios y, al
mismo tiempo, unas garantías a los arrendadores, con el
fin de estimular la celebración de este tipo de contrato
y lograr con ello un crecimiento económico. Art. 2 de la
Ley Núm. 76.
Entre sus disposiciones, la Ley Núm. 76 regula lo
referente a la titularidad del bien mueble objeto del
arrendamiento.
Esta
establece
que
se
considerará
al
arrendador como titular de dicho bien, y al arrendatario
como
su
poseedor,
quien
podrá
usarlo
y
disfrutarlo,
siempre y cuando cumpla con las cláusulas estipuladas en
el contrato. 10 L.P.R.A. sec. 2408. Sin embargo, cuando
la cosa arrendada sea un vehículo de motor, se tendrá
como su titular al arrendatario. Id. Esto último responde
a que el legislador quiso liberar de responsabilidad al
arrendador en casos de daños y perjuicios ocasionados por
un vehículo de motor sujeto a contrato de arrendamiento.
Véase, Ley Núm. 192 de 6 de septiembre de 1996 y su
historial legislativo.
Igualmente, esta pieza legislativa preceptúa que:
El
arrendatario
no
podrá
ceder
el
arrendamiento
sin
el
consentimiento
CC-2003-507
7
previo, por escrito, del arrendador. Si
el arrendatario cede el arrendamiento,
sin
el
debido
consentimiento,
se
considerará como si la cesión no se
hubiese efectuado. Art. 17 de la Ley
Núm. 76, supra, 10 L.P.R.A. sec. 2415.
Además,
dispone
--como
resguardo
a
favor
del
arrendador-- que éste puede exigirle al arrendatario la
adquisición de un seguro sobre el bien arrendado por el
término del contrato, el cual podrá ser requisito para su
celebración. 10 L.P.R.A. sec. 2411. En dichas pólizas se
debe incluir al arrendador como beneficiario y asegurado
adicional, de manera que el interés de éste sobre el bien
quede protegido. Id. De hecho, como norma general, los
contratos
de
arrendamiento
contienen
este
tipo
de
garantías destinadas a proteger al arrendador de sucesos
imprevistos
que
puedan
menoscabar
la
propiedad.
CNA
Casualty of PR v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996).
B
Por otra parte, el contrato de seguros es un acuerdo
mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a
otra,
o
a
proveerle
un
beneficio
específico
o
determinable, ante la ocurrencia de un suceso incierto
pero
previsto
Cooperativa
de
en
el
Ahorro
mismo.
y
26
L.P.R.A.
sec.
Crédito
Oriental
v.
102;
Oquendo
Camacho, res. el 28 de febrero de 2003, 2003 TSPR 26. La
relación entre el asegurador y el asegurado, por ende, es
una de naturaleza contractual, y sus acuerdos constituyen
la
ley
entre
las
partes.
López
Castro
v.
Atlantic
Southern Ins. Co., res. el 11 de febrero de 2003, 2003
CC-2003-507
8
TSPR 12; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139
(1996).
Este contrato está extensamente reglamentado por el
Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. 101 et
seq.,
no
supletoria
obstante,
las
pueden
disposiciones
aplicársele
de
nuestro
de
manera
Código
Civil.
López Castro v. Atlantic Southern Ins. Co., supra; Vélez
Rivera
v.
Bristol-Myers
Squibb,
P.R.,
res.
el
17
de
septiembre de 2002, 2002 TSPR 123; Mun. of San Juan v.
Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632 (1986). Conforme a
ello, en el contrato de seguros, al igual que en los
demás
contratos,
deben
concurrir
tres
elementos
indispensables para su validez: (1) consentimiento de los
contratantes; (2) objeto cierto materia del contrato, y
(3) causa de la obligación que se genera. Díaz Ayala et
al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001); Gen. Accid. Ins.
Co. v. Ramos, 148 D.P.R. 523 (1999).
Este
tipo
de
contrato,
además,
reviste
la
característica particular de que su formulación exige la
conducta de buena fe de los contratantes en su máxima
expresión.
Aunque se presume que los contratos regidos
por el Código Civil son de buena fe, los
contratos de seguros regidos por el Código
de Seguros son de extrema buena fe. Se
requiere un mayor o extremo grado de buena
fe en las negociaciones precedentes a la
perfección o consumación del contrato de
seguro toda vez que los riesgos o peligros
a que está expuesto el objeto asegurable
sobre los cuales se pacta, son basados en
las meras representaciones del propuesto
asegurado que inducen al asegurador a
CC-2003-507
9
aceptar la oferta hecha por el [sic] éste.
R. Cruz, Derecho de Seguros, 1ra ed., San
Juan, Pubs. JTS, 1999, sec. 3.3, pág. 14.
Sin
embargo,
declaración
de
no
parte
toda
de
falsa
un
representación
asegurado
durante
o
la
formulación del contrato de seguro impedirá el cobro de
los beneficios dispuestos en la póliza. Así surge del
Art. 11.100 del Código de Seguros, el cual establece que:
Todas las declaraciones y descripciones en
una solicitud de póliza de seguros o en
negociaciones para la misma, hechas por el
asegurado o a su nombre, se entenderá que son
representaciones y no garantías. La impostura,
las omisiones, el encubrimiento de hechos y las
declaraciones incorrectas no impedirán el cobro
con arreglo a la póliza, a menos que:
(1) Sean fraudulentos; o
(2) que sean materiales, bien para
la aceptación del riesgo, o para el
peligro asumido por el asegurador; o
(3) el asegurador de buena fe no
hubiera
expedido
la
póliza,
no
hubiera expedido la póliza por una
cantidad tan grande o no hubiera
provisto cubierta con respecto al
riesgo resultante en la pérdida, de
habérsele puesto en conocimiento de
los
hechos
verdaderos,
como
se
requería en la solicitud para la
póliza o de otro modo.
Cuando el solicitante incurra en
cualquiera de los actos enumerados en
los apartados (1), (2) y (3) de esta
sección
se
impedirá
el
cobro
solamente cuando el acto u omisión de
que se trate hubiere contribuido a la
pérdida objeto de la causa de acción.
26 L.P.R.A. sec. 1110.
El propósito que persigue este inciso del Código de
Seguros
es
evitar
que
una
declaración
falsa
sobre
un
asunto pertinente a la aceptación del riesgo pueda anular
una póliza en aquellos casos en que el hecho incierto u
CC-2003-507
10
ocultado
no
está
sufrido.
Serrano
vinculado
Ramírez
en
v.
forma
Clínica
alguna
Perea,
al
daño
Inc.,
108
D.P.R. 477 (1979). Según éste, se anula la póliza cuando
la aseveración falsa o la información omitida no sólo es
pertinente a la apreciación del riesgo sino también a su
ocurrencia.
Id.;
Sandoval
v.
P.R.
Life
Ins.
Co.,
99
D.P.R. 287 (1970).
Este precepto legal descansa en la premisa de que el
asegurado no es infalible en sus declaraciones sobre la
condición
de
asegurable.
riesgo
R.
al
cual
op
cit.,
Cruz,
está
expuesto
pág.
15.
el
Sin
objeto
embargo,
mediante esta disposición, el asegurador también queda
protegido de un asegurado inescrupuloso que lo induce a
aceptar el riesgo ofrecido a través de la ocultación de
hechos materiales y omisiones de importancia para luego
intentar reclamar su aparente derecho de indemnización.
Id., a las págs. 15-16.
Vista
esta
exposición
del
derecho,
veamos
su
jurada
del
aplicación a los hechos del caso de autos.
III
Según
se
desprende
de
la
declaración
señor Rivera Labarca, el 4 de septiembre de 1999, el
señor Torres Cabret le “vendió” a éste el automóvil marca
Porsche Boxter del 1997, asumiendo el primero el pago de
los cánones de arrendamiento a Popular Leasing y todas
las
responsabilidades
vehículo.
Además,
el
inherentes
señor
Rivera
a
la
posesión
Labarca
exoneró
del
al
CC-2003-507
11
señor Torres Cabret de toda responsabilidad directa o
indirectamente
relacionada
con
el
referido
automóvil.
Surge también del expediente que el mencionado vehículo
se encontraba en posesión del señor Rivera Labarca al
momento del accidente. A base de estos hechos, PRAICO
entendió que el señor Torres Cabret había cedido al señor
Rivera Labarca sus derechos y deberes bajo la póliza de
seguro, contrario a lo expresamente estipulado en dicho
contrato. Por esta razón, PRAICO declaró cancelada la
póliza sobre el vehículo, efectivo el 4 de septiembre de
1999.
Sin embargo, al tenor del Art. 17 de la Ley Núm. 76,
supra, el señor Torres Cabret no tenía la potestad ni el
derecho de transferir o ceder el referido vehículo al
señor Rivera Labarca sin el consentimiento escrito de
Popular Leasing. El efecto impuesto por el ordenamiento
jurídico sobre dicha cesión es que la misma se considera
como si no se hubiera efectuado. En vista de lo anterior,
y por ministerio de ley, el señor Torres Cabret continuó
teniendo un interés asegurado por la póliza. Conforme a
ello, la razón aducida por PRAICO para cancelar la póliza
de seguro otorgada al señor Torres Cabret se desvaneció.
Ahora
bien,
el
asunto
medular
al
cual
dirigimos
nuestra atención es el siguiente: ¿es PRAICO responsable,
aún así, de indemnizar bajo la aludida póliza de seguro
los daños sufridos por el vehículo arrendado? Contestamos
en la negativa.
CC-2003-507
El
12
antiguo
Tribunal
de
advirtió
que
señor
Rivera
informar
a
conductor
el
PRAICO,
en
adicional,
la
que
Circuito
Labarca
solicitud
el
de
había
que
vehículo
Apelaciones
omitido
gestionó
era
como
arrendado.
Entendió que, en vista de lo dispuesto en el Art. 11.100
del
Código
de
Seguros,
PRAICO
debía
demostrar
que
no
hubiera expedido dicha póliza si hubiera conocido tal
hecho. No podemos estar de acuerdo con el razonamiento
del foro apelativo intermedio, pues los documentos que
obran en el expediente nos imponen otra conclusión.
En este caso, no estamos ante una mera omisión o
descuido
en
las
representaciones
que
el
asegurado
ha
hecho al asegurador en cuanto a la condición de riesgo al
que estaba expuesto el objeto asegurable. El asunto es
más
trascendental
objeto
de
configurado
y
nuestro
por
delicado.
análisis
los
El
forma
señores
contrato
parte
Torres
de
de
seguro
un esquema
Cabret
y
Rivera
Labarca para eludir sus obligaciones contractuales con
Popular Leasing y PRAICO, y obtener de ellos beneficios a
los
que,
contractualmente,
no
tendrían
derecho.
Nos
explicamos.
No está en controversia que el señor Torres Cabret
adquirió de Popular Leasing, en concepto de arrendatario,
el uso y disfrute del vehículo y luego lo transfirió al
señor
Rivera
Labarca.
Sin
embargo,
el
contrato
de
arrendamiento claramente establecía que el vehículo era y
continuaba
siendo
propiedad
de
Popular
Leasing,
quien
CC-2003-507
mantendría
13
la
titularidad
exclusiva
sobre
el
mismo.
Además, el señor Torres Cabret se comprometió a no tomar
ninguna
acción
inconsistente
con
la
titularidad
de
Popular Leasing sobre el vehículo, ni a reclamar ser el
dueño del automóvil para ningún propósito. Por último, se
le informó al señor Torres Cabret que el arrendamiento le
fue otorgado a base de su propio crédito por lo que no
podía vender o ceder su interés en el arrendamiento a
ninguna
otra
persona,
señor
Torres
Cabret
ni
subarrendar
certificó
con
el
vehículo.
su
firma
El
tener
conocimiento de éstas y todas las cláusulas acordadas en
el mencionado contrato.
Aun así, Torres Cabret entregó la posesión, el uso y
el disfrute del automóvil al señor Rivera Labarca. Este
último
conocía
la
existencia
del
arrendamiento,
pues
asumió expresamente el pago de los cánones, además de que
la licencia del vehículo expedida por el Departamento de
Transportación y Obras Públicas reconocía como su titular
a Popular Leasing. No surge del expediente que el señor
Rivera
Labarca
exigiera
al
señor
Torres
Cabret
que
traspasara la titularidad del vehículo a su nombre.
Además de lo anterior, el señor Torres Cabret estaba
obligado
contractualmente
vehículo
y
a
designar
a
como
mantener
beneficiario
asegurado
a
el
la entidad
arrendadora. Debido a ello, adquirió una póliza de seguro
a través de PRAICO en la cual se acordó que no podía
ceder
los
derechos
y
deberes
bajo
ésta
sin
el
CC-2003-507
14
consentimiento escrito del asegurador.1 Convenientemente,
justo
un
día
después
de
haber
entrado
en
vigor
la
cubierta del seguro, el señor Torres Cabret traspasó el
automóvil al señor Rivera Labarca. Consciente de que el
señor Torres Cabret no podía cederle los derechos bajo la
póliza
sin
consentimiento
señor
Rivera
Labraca
escrito
solicitó
asegurador,2
del
cubierta
a
PRAICO
el
como
conductor adicional, representando al agente de seguros y
a la aseguradora que el vehículo no era arrendado.3 Del
expediente
no
surge
que
los
señores
Torres
Cabret
y
Rivera Labarca hayan realizado gestiones para solicitar
el consentimiento escrito de PRAICO, de manera que el
primero
1
pudiera
ceder
sus
derechos
y
deberes bajo
la
La referida cláusula lee:
TRANSFERENCIA DE LOS INTERESES DE USTED EN ESTA
PÓLIZA
A. Los derechos y deberes de usted bajo esta póliza
no pueden cederse sin nuestro consentimiento por escrito.
No obstante, si fallece un asegurado nombrado en las
Declaraciones,
proporcionaremos
cubierta
para
[...]
Póliza de Seguro, Parte F – Disposiciones Generales.
B.
2
En su demanda enmendada, los señores Rivera
Labarca y Torres Cabret alegaron:
Que el automóvil en cuestión se transfirió al Dr.
Rivera Labarca por el Dr. Carlos Torres Cabret y, desde
que adquirió dicho automóvil el Dr. Rivera Labarca, en o
alrededor del 4 de septiembre de 1999, procedió a seguir
pagando el mismo y, consciente de que los derechos y
deberes de la póliza en donde el asegurado era el Dr.
Torres Cabret no podrían cederse sin consentimiento por
escrito de la Aseguradora, se obtuvo por el Dr. Rivera
Labarca la póliza de seguros [...] (Énfasis suplido.)
Demanda enmendada, alegación número 4.
3
No podemos pasar por alto que, cuando un asegurado
tiene conocimiento de la falsedad de su declaración,
debemos presumir su intención de engañar. 2 Couch on
Insurance 3d, sec. 31:82.
CC-2003-507
póliza.
15
Claro
está,
dicho
trámite
implicaba
la
divulgación de un acuerdo entre estos señores que estaba
prohibido por el Art. 17 de la Ley Núm. 76 y por el
contrato de arrendamiento. De esta manera, ambos médicos
lograron soslayar las restricciones establecidas en los
contratos de arrendamiento y de seguro para conseguir
objetivos inconsistentes con el estado de derecho creado
en virtud de éstos.
Ahora, acuden ante nos los señores Torres Cabret y
Rivera
Labarca,
ordenamiento
procurando
jurídico
le
los
beneficios
reconoce
a
que
los
nuestro
asegurados,
ordenamiento que ellos mismos vulneraron, burlando con
ello uno de los más elementales principios de nuestro
sistema, la buena fe. En casos como el de autos, resalta
la premisa en la cual se basa la doctrina de abuso del
derecho: “un sistema de justicia, que se respete a sí
mismo, está enmarcado en principios éticos generales y
válidos, tales como la verdad y la buena fe”. El Vocero
de
P.R.
(1993)(Op.
v.
Hernández
Concurrente
Agosto,
del
Juez
133
D.P.R.
Asociado
413,
señor
415
Negrón
García). No podemos permitir que el texto de la ley –-en
este caso, el Art. 17 de la Ley Núm. 76, supra, y el Art.
11.100 del Código de Seguros-- sea utilizado para amparar
actos contrarios a la realización de la justicia; que
frente al contenido ético y al espíritu objetivo de la
norma
legal
lograr
un
no
prevalezcan
resultado
las
distinto
al
maniobras
tendentes
perseguido
con
a
ella.
CC-2003-507
Soriano
16
Tavárez
v.
Rivera
Anaya,
108
D.P.R.
663,
673
(1979). Como hemos expresado en el pasado, la ley es un
instrumento de la justicia, no viceversa. Jordán-Rojas v.
Padró-González, 103 D.P.R. 813 (1975). Procede por tanto,
que los señores Torres Cabret y Rivera Labraca asuman las
consecuencias de su conducta antijurídica y experimenten
en sus propios patrimonios sus efectos.4
IV
Por
sentencia
los
fundamentos
del
entonces
que
preceden,
Tribunal
de
se
revoca
la
Circuito
de
Apelaciones y, por consiguiente, se desestima la demanda.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita a la cual
se une la Juez Asociada señora Fiol Matta.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
4
No pasaremos juicio --aunque es digno de señalar-sobre la inconsistencia entre la alegada dirección
residencial del señor Rivera Labarca, provista en la
solicitud de seguro como lugar principal en el que se
guardaría
el
vehículo
asegurado
(Municipio
de
Barceloneta), y la dirección residencial del señor Rivera
Labarca en donde ocurrió el accidente con dicho
automóvil, según surge en todos los documentos relativos
al referido incidente (Municipio de Florida). Nótese que
la topografía del lugar en donde ocurrió el accidente, es
decir, el declive del área que desemboca en una
precipicio, es un hecho que, unido al desperfecto
mecánico del vehículo, provocó directamente los daños
reclamados. Además, PRAICO podía descansar en las
declaraciones ofrecidas por el asegurado sobre el lugar
principal para estacionar el vehículo, con el fin de
determinar la prima de la póliza, según surge de la
disposición titulada CAMBIOS en la Parte F de la Póliza
de Seguro.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Rafael Rivera Labarca, Et Als
Demandante-Peticionario
vs.
Puertorican Am. Insurance Co.,
Et. Als.
CC-2003-507
Certiorari
Demandados-Recurridos
vs.
Fundador Molina Soto, Etc.
Demandados
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER
BERLINGERI, a la cual se une la Juez Asociada señora FIOL MATTA.
San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2006.
I
Es menester precisar los hechos del caso
de
autos,
que
no
están
todos
debidamente
relatados en la sentencia emitida por la mayoría
del Tribunal.
El
6
de
de
arrendamiento
mediante
un
contrato
compañía
“Popular
Leasing
adelante
Popular),
el
marzo
&
de
Rental
doctor
1999,
con
la
Inc.”
(en
Carlos
Torres
Cabret (en delante Torres) adquirió el derecho
de uso y disfrute de un vehículo de motor marca
“Porsche”, modelo “Boxter” del 1997, valorado en
$58,900. Torres también aseguró dicho vehículo
mediante una póliza con la Puertorican American
Insurance
Company
(en
adelante
cual
incluyó
como
asegurado
se
PRAICO)
en
la
adicional
a
CC-2003-507
2
Popular. El contrato de seguro referido se extendía del 3 de
septiembre de 1999 al 3 de septiembre del 2000.
El
4
de
septiembre
de
1999
Torres
le
“vendió”
el
referido automóvil al doctor Rivera Labarca (en adelante
Rivera) mediante affidávit. Dicha transacción fue llevada a
cabo sin solicitarle permiso a Popular, dueño del vehículo
arrendado,
y
aseguradora.
PRAICO
sin
solicitarle
El
10
de
tramitó
una
solicitud
incluyese
como
permiso
septiembre
conductor
de
de
1999
Rivera
asegurado
a
o
PRAICO,
un
para
la
agente
de
que
le
adicional
se
y,
por
alegada inadvertencia, en la solicitud se aseveró que el
vehículo
en
cuestión
no
era
arrendado.
El
periodo
de
cubierta de la póliza era del 16 de septiembre de 1999
hasta el 16 de septiembre del 2000.
Así las cosas, el 14 de febrero del 2000, mientras se
encontraba estacionado frente a la marquesina de Rivera, el
vehículo en cuestión aparentemente sufrió un desperfecto
mecánico que ocasionó que la caja de cambios quedara en
neutro y provocó que el automóvil iniciara la marcha hacia
atrás y cayera por un precipicio de aproximadamente 75 pies
de profundidad.
Rivera informó el accidente a la policía y luego le
hizo una reclamación a PRAICO para que cubriera los daños
ocasionados al vehículo. Ante estos hechos, el 18 de abril
de 2000, PRAICO emitió y notificó un aviso de cancelación
de póliza. Indicó que la reclamación no podía ser procesada
porque de conformidad con la parte F de las disposiciones
CC-2003-507
3
generales de la póliza de seguro5, la transferencia del
vehículo a Rivera ocasionó que la póliza estuviera vigente
sólo hasta el 4 de septiembre de 1999. Es decir, que la
póliza sólo estuvo vigente el día en que entró en vigor y
el día en que se hizo la transferencia del vehículo. Esto,
a pesar de que Rivera continuó pagando las primas de la
póliza aun después de dichos dos días de vigencia, y PRAICO
aceptó los pagos.
El 9 de enero de 2001 Rivera, su esposa y la sociedad
legal
de
gananciales
integrada
por
ambos
entablaron
un
pleito civil sobre cumplimiento específico de contrato y
daños y perjuicios contra PRAICO y el agente que le vendió
el seguro, Fundador Molina Soto. Alegaron que PRAICO se
había negado a honrar el compromiso contraído a través de
la póliza adquirida, a pesar de haber aceptado el pago de
$1,789 en primas de seguro. La demanda luego fue enmendada
a los únicos efectos de incluir como parte demandada a la
sociedad legal de gananciales integrada por Fundador Molina
Soto y su esposa, y como reclamante a Torres, arrendatario
del vehículo.
Luego de varios incidentes procesales, PRAICO presentó
una moción en solicitud de sentencia sumaria y alegó que la
compraventa del automóvil interrumpió la aplicabilidad de
la
póliza
y
que
los
derechos
y
deberes
de
Torres
subsistieron sólo hasta el 4 de septiembre de 1999 debido a
que
no
5
se
le
solicitó
permiso
para
la
transacción
con
“Los derechos y deberes de usted bajo esta póliza no
pueden cederse sin nuestro consentimiento por escrito”
CC-2003-507
Rivera
y,
4
por
lo
tanto,
no
existía
cubierta
para
la
reclamación en cuestión.
El
3
de
diciembre
de
2002
el
codemandado
Fundador
Molina Soto también solicitó una sentencia sumaria a su
favor.
Alegó
solicitud
de
que
la
potestad
una
póliza
de
de
aceptar
seguro
no
o
era
denegar
suya
una
sino
de
PRAICO y que no había incurrido en actuación negligente o
culposa que conllevase responsabilidad por la pérdida en
cuestión.
Por su parte, Rivera presentó su oposición a que se
dictara
sentencia
sumaria
a
favor
de
PRAICO,
y
una
solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor.
Alegó que, a pesar del traspaso en cuestión, Popular seguía
siendo el dueño del vehículo, Torres era el arrendatario, y
Rivera un asegurado adicional. También alegó que Torres no
podía transmitir la titularidad del vehículo debido a que
tenía
únicamente
derecho
a
su
uso
y
disfrute
como
arrendatario, y que el acuerdo con Torres era nulo por ser
contrario a la Ley Núm. 76 del 13 de agosto de 1994.6
El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de
sentencia sumaria presentada por PRAICO. Declaró ha lugar
la moción de sentencia sumaria presentada por Rivera y la
moción de Fundador Molina Soto. Además, le impuso a PRAICO
el pago de $1,000 dólares por concepto de honorarios de
abogado y las costas del litigio.
6
Dicha Ley dispone que “si el arrendatario cede el
arrendamiento, sin el debido consentimiento, se considerará
como si la cesión no se hubiese ejecutado” 10 LPRA sec.
2415
CC-2003-507
5
Con relación a la moción de Rivera, resolvió que al no
haberse hecho el traspaso de título del vehículo conforme a
lo que dispone la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A.
sec. 5035, y no haberse obtenido el permiso para ello del
arrendador
según
la
Ley
Núm.
76,
supra,
el
vehículo
continuó siendo propiedad del arrendatario, Torres. Además,
concluyó
que
septiembre
vehículo
la
de
y
póliza
emitida
1999
cubría
cualquier
otra
los
por
daños
reclamación
PRAICO
el
3
de
por
el
tuviese
el
sufridos
que
demandante por los daños causados por la aseguradora, bien
fuese porque según la Ley Núm 76 y la Ley de Vehículos y
Tránsito el titular asegurado era Torres o porque Rivera
fue aceptado por PRAICO como asegurado adicional.
En cuanto a la reclamación de Fundador Molina Soto, el
Tribunal de Primera Instancia resolvió que, habiendo éste
fungido únicamente como agente de PRAICO para efectos de la
adquisición de la póliza y siendo su labor recopilar la
información y someterla a la aseguradora, información que
resultó ser veraz, se debía desestimar la demanda en su
contra por no haber incurrido en negligencia.
Inconforme con dicha determinación, PRAICO acudió al
Tribunal
de
Apelaciones
y
alegó,
en
esencia,
que
el
Tribunal de Primera Instancia había errado: (1) al resolver
el caso sumariamente a favor de Rivera; (2) al conceder las
sumas reclamadas sin que se desfilara prueba; y (3) al
imponerle a PRAICO el pago de honorarios y las costas del
litigio.
CC-2003-507
6
El foro apelativo, mediante una sentencia emitida el
12
de
mayo
de
2003,
revocó
al
Tribunal
de
Primera
Instancia. Entendió que PRAICO debía tener la oportunidad
de
presentar
prueba
para
sostener
sus
alegaciones,
en
particular para probar que si PRAICO hubiera conocido que
el vehículo era arrendado no hubiera expedido la póliza.
Determinó que en este caso existían elementos subjetivos de
intención
y
por
lo
tanto,
la
sentencia
sumaria
no
era
aconsejable.
Además, revocó los honorarios de abogado concedidos
por el foro de instancia debido a que entendió que no se
desprendía
del
expediente
del
caso
que
PRAICO
hubiera
actuado de forma temeraria.
De dicha determinación Rivera acudió ante nos e hizo
los siguientes señalamientos de errores:
1.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que la pequeña marquita que se hizo
en la solicitud de seguro de auto para
asegurar como conductor adicional al Dr.
Rafael Rivera Labarca y que indicaba que la
propiedad no era arrendada se hizo de forma
fraudulenta, o incorrecta, a tal extremo, que
el asegurador no hubiera asumido el riesgo de
expedir la póliza de haber sabido la verdad,
la cual siempre supo.
2.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que la sentencia del Tribunal de
Instancia debía revocarse y devolverse el caso
para dar oportunidad a PRAICO a presentar
prueba
tendente
a
demostrar
que
las
declaraciones realizadas por Rivera Labarca
fueron inciertas o fraudulentas, de tal forma,
que si PRAICO hubiera conocido que el vehiculo
era arrendado, entonces no hubiera expedido la
póliza.
3.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
resolver, revocando al Tribunal de Primera
Instancia, que la conducta de PRAICO no había
CC-2003-507
7
sido temeraria
contrario.
cuando
lo
correcto
es
lo
El 29 de agosto de 2003 declaramos no ha lugar la
solicitud
de
certiorari
presentada
por
Rivera.
De
dicha
determinación Rivera solicitó reconsideración y el 10 de
octubre de 2003, reconsideramos nuestra postura y expedimos
el recurso solicitado. El 9 de junio de 2004 aceptamos como
su alegato la petición de certiorari de Rivera, y el 25 de
octubre de 2004, la oposición
al recurso de certiorari de
PRAICO como el suyo.
II.
El Art. 10 de la Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994,
según
enmendada,
conocida
como
la
Ley
para
Regular
los
Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles dispone:
El arrendador es el titular del bien objeto
del contrato de arrendamiento. El arrendatario,
quien tiene su posesión, podrá usar y disfrutar
del bien, siempre y cuando no incumpla con las
cláusulas estipuladas en el contrato. De no
cumplir con las mismas, el arrendador podrá
interponer aquellas acciones legales necesarias y
pertinentes a fin de compeler al arrendatario a
cumplir con la obligación a que voluntariamente
se sometió.
Cuando el bien objeto del contrato de
arrendamiento sea un vehículo de motor sujeto a
un contrato de arrendamiento, el titular del bien
mueble se considerará aquél a quien, mediante el
contrato
de
arrendamiento,
se
le
cede
la
posesión, uso y disfrute del bien mueble objeto
del contrato. 10 LPRA sec. 2408 (énfasis suplido)
Por su parte, el Art. 17 de la mencionada ley dispone:
El
arrendatario
no
podrá
ceder
el
arrendamiento sin el consentimiento previo, por
escrito, del arrendador: Si el arrendatario cede
CC-2003-507
8
el arrendamiento, sin el debido consentimiento,
se considerará como si la cesión no se hubiese
efectuado. 10 LPRA sec. 2415 (énfasis suplido)
Es evidente que conforme a la referida ley, si bien es
cierto
que
el
titular
del
vehículo
arrendado
es
el
arrendatario, éste no puede ceder el arrendamiento sin el
consentimiento previo y por escrito del arrendador.
Por otro lado, el Art. 11.100 del Código de Seguros
dispone:
Todas las declaraciones y descripciones en
una
solicitud
de
póliza
de
seguro
o
en
negociaciones para la misma, hechas por el
asegurado o a su nombre, se entenderá que son
representaciones y no garantías. La impostura,
las omisiones, el encubrimiento de hechos y las
declaraciones incorrectas no impedirán el cobro
con arreglo a la póliza, a menos que;
(1)
Sean fraudulentos; o
(2)
que sean materiales, bien para la
aceptación del riesgo, o para el
peligro asumido por el asegurador;
o
(3)
el
asegurador
de
buena
fe
no
hubiera expedido la póliza, no
hubiera expedido la póliza por una
cantidad tan grande o no hubiera
provisto cubierta con respecto al
riesgo resultante en la pérdida, de
habérsele puesto en conoci- miento
de los hechos verdaderos, como se
requería en la solicitud para la
póliza o de otro de modo.
Cuando el solicitante incurra en cualquiera
de los actos enumerados en los incisos (1), (2) y
(3) de esta sección se impedirá el cobro
solamente cuando el acto u omisión de que se
trate hubiere contribuido a la pérdida objeto de
la causa de acción. 26 LPRA sec. 1110.
Es decir, de conformidad con dicho artículo para que
el asegurador pueda invocar representación fraudulenta y,
CC-2003-507
9
de ese modo no tener que pagar el importe asegurado, tiene
que probar que las omisiones o informaciones incorrectas en
una solicitud
hubiese
lo indujeron a expedir una póliza que no
expedido
de
haber
tenido
conocimiento
de
las
verdaderas circunstancias.
Sin embargo, el último párrafo del mencionado artículo
aclara
que
es
necesario
que
el
acto
u
omisión
haya
contribuido a la pérdida objeto de la causa de acción. En
Serrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc. 108 DPR 477, 485-486
(1979),
resolvimos
que
el
propósito
de
este
párrafo
es
evitar la interpretación de que una declaración falsa sobre
un
asunto
anular
pertinente
una
póliza
a
en
la
aceptación
aquellos
casos
del
riesgo
pueda
en
que
hecho
el
incierto u ocultado no esté vinculado en forma alguna al
daño sufrido. La póliza se anula sólo cuando la aseveración
falsa o la información omitida no sólo es pertinente a la
apreciación del riesgo, sino también a su ocurrencia.
A
la
examinar
luz
ahora
de
si
la
el
III.
normativa
Tribunal
antes
reseñada,
procede
de
Apelaciones
actuó
correctamente al determinar que no procedía la sentencia
sumaria a favor de Rivera y resolver que PRAICO no había
sido temeraria.
En el caso ante nos no cabe duda de que la transacción
efectuada es nula debido a que el estatuto así claramente
lo dispone. PRAICO apoya su denegatoria en que la cesión
del vehículo por Torres sin su consentimiento interrumpió
CC-2003-507
10
la aplicabilidad de la referida póliza. No le asiste la
razón.
Como indicamos anteriormente, la Ley Núm. 76 es clara
al disponer en su Art. 17 que si el arrendatario cede el
arrendamiento sin el debido consentimiento se considerará
como si la cesión no se hubiese efectuado. Torres no le
solicitó autorización a Popular para venderle el vehículo a
Rivera.
Por
ello,
la
compraventa
realizada
el
4
de
septiembre de 1999 entre Torres y Rivera no tuvo efecto
legal
alguno
considera
seguía
que
siendo
sobre
al
la
titularidad
momento
Torres
y
del
no
del
vehículo,
accidente
Rivera.
Por
el
y
se
arrendatario
consiguiente,
la
cesión nunca ocurrió y dicha transacción no anuló la póliza
que cubría a los asegurados.
A
pesar
de
que
la
determinación
de
nulidad
de
la
cesión es suficiente para concluir que la póliza cubre los
daños sufridos por el vehículo, entraremos a dilucidar si
la declaración de que el auto no era arrendado fue una
fraudulenta de manera tal que impediría el cobro de la
póliza. Ello debido a que ese fue el argumento utilizado
por el Tribunal Apelativo para revocar la determinación del
foro de instancia.
Como mencionáramos anteriormente, el Código de Seguros
claramente dispone que se impida el cobro solamente cuando
la impostura, las omisiones, el encubrimiento de hechos y
las
declaraciones
materiales
para
la
incorrectas
sean
aceptación
del
fraudulentas,
riesgo
y
sean
cuando
el
asegurador no hubiera expedido la póliza de haber tenido
CC-2003-507
conocimiento
11
de
los
verdaderos
hechos.
Torres
y
Rivera
omitieron, por alegada inadvertencia, hacer una marca en el
encasillado que indicaba que el auto era arrendado. Sin
embargo,
es
menester
enfatizar
que,
a
pesar
de
esta
omisión, PRAICO conocía o debía conocer que el vehículo en
cuestión era arrendado, pues cuando lo aseguró inicialmente
había
incluido
como
asegurado
adicional
a
Popular
como
titular del vehículo, por lo cual la omisión en cuestión no
pudo haberla inducido a error.
De otro lado, también debemos considerar que la Ley
dispone que aun cuando se incurra en una declaración falsa,
el cobro se impedirá sólo si dicha acción u omisión está
vinculada al daño sufrido. En el caso ante nos, es claro
que
ni
el
haber
omitido
marcar
el
encasillado
de
arrendamiento ni el haber efectuado una transacción nula
contribuyeron a la pérdida objeto de la causa de acción. Lo
que verdaderamente contribuyó a la pérdida del vehículo fue
un desperfecto mecánico. Aun si consideráramos que PRAICO
desconocía el arrendamiento, dicha falsedad no impediría el
cobro de la póliza por no estar vinculada al daño sufrido.
Por lo tanto, debemos concluir que, a pesar de la omisión,
los daños al vehículo están cubiertos por la póliza.
Por todo lo anterior, forzoso nos resulta concluir
que la cesión del vehículo es nula, por lo cual, Popular
continúa
siendo
el
dueño
del
vehículo,
Torres
el
arrendatario y Rivera un conductor adicional asegurado. Por
ello, la póliza emitida por PRAICO el 3 de septiembre de
1999 cubre los daños sufridos por el vehículo, y procedía
CC-2003-507
que
el
sumaria
12
Tribunal
a
de
favor
Primera
de
Instancia
dictara
Rivera,
como
sentencia
lo
hizo.
Como la mayoría resuelve de otra manera, e incluso le
imputa motu proprio Y sumariamente a los doctores Torres
Cabret y Rivera Labarca el haber configurado un “esquema”
ilícito sin haberle dado la oportunidad de defenderse de
tan seria imputación, yo disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO