LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rafael Rivera Labarca, ET ALS. V. Puerto Rican-American Insurance Co., ET ALS. Fundador Molina Soto, ETC.

2006 TSPR 26

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rafael Rivera Labarca, ET ALS. V. Puerto Rican-American Insurance Co., ET ALS. Fundador Molina Soto, ETC.

CC-2003-0507

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael Rivera Labarca, et als.

Demandantes-Peticionarios

Certiorari

v.

2006 TSPR 26

Puerto Rican-American Insurance

Co., et als.

166 DPR ____

Demandados-Recurridos

Fundador Molina Soto, Etc.

Demandados

Número del Caso: CC-2003-507

Fecha: 17 de febrero de 2006

Tribunal de Circuito de Apelaciones:

Circuito Regional III de Arecibo/Utuado

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Brunilda M. Figueroa Náter

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan E. Taboas Santiago

Materia: Acción Civil

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael Rivera Labarca, et als.

Demandantes-Peticionarios

v.

Puertorican-American Insurance

Co., et als.

CC-2003-507

Certiorari

Demandados-Recurridos

Fundador Molina Soto, Etc.

Demandados

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2006.

El

caso

del

epígrafe

nos

brinda

la

oportunidad de pasar juicio sobre la validez y

exigibilidad de una póliza de seguros adquirida

por el arrendatario de un vehículo de motor, en

consideración

a

que

el

contrato

de

arrendamiento de dicho automóvil fue cedido a

un tercero sin la autorización del arrendador y

sin haberlo informado a la aseguradora.

I

Según surge del expediente, el Dr. Carlos

Torres Cabret (en adelante señor Torres Cabret)

suscribió

Popular

un

contrato

Leasing

&

de

Rental,

arrendamiento

Inc.

(en

con

adelante

Popular Leasing) mediante el cual adquirió el

CC-2003-507

2

uso y disfrute de un vehículo de motor, marca Porsche

Boxster del año 1997, a cambio del pago de unos cánones

de arrendamiento. El referido contrato dispuso que el

titular del vehículo era Popular Leasing y que el señor

Torres Cabret no podía vender o ceder su interés en el

arrendamiento ni subarrendar el mencionado automóvil.

Posteriormente, el señor Torres Cabret adquirió una

póliza de seguro para este vehículo a través de Puerto

Rican American Insurance Company (en adelante PRAICO),

cubierta que se extendería desde el 3 de septiembre de

1999 al 3 de septiembre del 2000. En ésta se declaró a

Popular Leasing como beneficiaria y entidad financiera.

Además,

se

hizo

constar

que

la

residencia

del

señor

Torres Cabret estaba localizada en San Juan, Puerto Rico.

Sin embargo, se informó que el referido vehículo iba a

ser principalmente guardado en la calle Tomás Dávila del

municipio

de

Barceloneta.

Esta

dirección

era

la

correspondiente a la residencia del Dr. Rafael Rivera

Labarca (en adelante señor Rivera Labarca), según este

mismo alega.

Un

día

cubierta,

señor

después

de

haber

entrado

entiéndase,

el

4

septiembre

Torres

Cabret

de

“vendió”

el

en

vigor

de

automóvil

esta

1999,

el

objeto

del

arrendamiento al señor Rivera Labarca, según consta en la

declaración jurada de este último. En dicha declaración,

además, se afirma que el señor Rivera Labarca asumía el

pago

del

arrendamiento

a

Popular

Leasing

y

todas

las

CC-2003-507

3

responsabilidades inherentes a la posesión del vehículo,

exonerando

con

ello

al

señor

Torres

Cabret

de

toda

responsabilidad relacionada con el mismo. Dicho acuerdo

no fue informado a Popular Leasing ni a PRAICO.

Seis días después, el señor Rivera Labarca gestionó

a través de un agente de PRAICO una solicitud para que

éste fuera incluido como conductor asegurado o adicional

en la póliza adquirida por el señor Torres Cabret. Este

último continuó siendo el asegurado principal. En dicho

documento

se

hizo

constar

que

el

vehículo

no

era

arrendado. Tampoco se modificó la información referente

al lugar de estacionamiento o garaje en el cual sería

guardado el automóvil.

El

4

de

febrero

de

2000,

el

vehículo

arrendado

sufrió daños por motivo de un incidente. Conforme alegó

el señor Rivera Labarca:

el automóvil sufrió un accidente cuando se

encontraba

estacionado

frente

a

la

marquesina de su residencia, aparentemente

sufrió un desperfecto mecánico quedando la

caja de cambios en neutro lo que provocó

que iniciara la marcha hacia atrás sin

estar siendo conducido por nadie, debido a

la topografía del lugar donde reside el

Dr.

Rivera

Labarca,

cayendo

por

un

precipicio de aproximadamente 75 pies de

profundidad sufriendo daños que montaron a

la suma de $22,247.03 aproximadamente por

concepto de hojalatería y pintura. Demanda

Enmendada, alegación núm. 8.

Así las cosas, el señor Rivera Labarca informó a la

policía

lo

acontecido

y,

posteriormente,

solicitó

a

PRAICO los beneficios de la póliza de seguro. Luego de la

investigación

pertinente,

PRAICO

cursó

una

misiva

al

CC-2003-507

4

señor Torres Cabret en la cual comunicó que no procedía

la reclamación de los daños del vehículo. Concluyó que,

al éste transferir el vehículo al señor Rivera Labarca,

había cedido sus derechos y deberes bajo la póliza sin el

consentimiento escrito de la aseguradora, en violación a

las

disposiciones

del

contrato

de

seguro.

Ante

este

hecho, PRAICO determinó que la póliza sólo mantuvo su

vigencia hasta el 4 de septiembre de 1999, día en que se

celebró la transacción con el vehículo.

En vista de lo anterior, el señor Rivera Labarca, su

esposa y su sociedad legal de gananciales presentaron

ante el tribunal de instancia una demanda contra PRAICO y

contra el agente que le vendió el seguro del automóvil.

Alegaron,

en

síntesis,

que

contrato

de

seguro

solicitaron

y

éstos

incumplieron

todos

con

los

el

daños

relacionados al accidente del vehículo. Posteriormente,

la demanda fue enmendada para incluir como demandante al

señor

Torres

Cabret

y,

como

demandada,

a

la

sociedad

legal de gananciales compuesta por el agente de seguros y

su esposa.

Tras varios incidentes procesales, tanto PRAICO como

los

demandantes

solicitaron

al

tribunal

que

dictara

sentencia sumaria a su favor. En vista de ello, el foro

de instancia declaró con lugar la demanda. Resolvió que

el señor Torres Cabret no podía vender el automóvil al

señor

Rivera

Leasing,

por

Labarca

sin

lo

dicho

que

la

autorización

negocio

no

de

Popular

surtió

efecto

CC-2003-507

5

alguno. Además, razonó que el señor Rivera Labarca había

sido aceptado por PRAICO como conductor asegurado. Dado

que el accidente ocurrió dentro de la vigencia de dicha

póliza, dictaminó que PRAICO era responsable de cubrir

los daños. Igualmente, le impuso el pago de honorarios de

abogado y las costas del litigio. La demanda contra el

agente de seguros fue desestimada.

Inconforme, PRAICO acudió al entonces Tribunal de

Circuito

de

Apelaciones.

El

foro

apelativo

intermedio

revocó la decisión de instancia. Concluyó que se debía

celebrar una vista para que PRAICO tuviera la oportunidad

de demostrar que no hubiera expedido la referida póliza

si hubiera conocido que el vehículo asegurado era uno

arrendado, toda vez que no fue informada de ello por el

señor Rivera Labarca.

De dicha determinación acuden ante nos los señores

Rivera Labarca y Torres Cabret. Arguyen, en esencia, que

no procede la celebración de la vista, según dictaminada

por

el

tribunal

hubiera

o

aducen

que

no

apelativo,

emitido

procede

la

la

para

póliza

determinar

si

de

Asimismo,

imposición

seguro.

de

PRAICO

honorarios

de

abogado. Expedimos el auto solicitado en reconsideración.

Estando el caso sometido con la comparecencia de ambas

partes, resolvemos.

CC-2003-507

6

II

A

En

nuestra

jurisdicción,

los

contratos

de

arrendamiento de bienes muebles están regulados por la

Ley Núm. 76 del 13 de agosto de 1994, según enmendada. 10

L.P.R.A. 2401 et seq. Este estatuto cumple el propósito

de proveer unas salvaguardas a los arrendatarios y, al

mismo tiempo, unas garantías a los arrendadores, con el

fin de estimular la celebración de este tipo de contrato

y lograr con ello un crecimiento económico. Art. 2 de la

Ley Núm. 76.

Entre sus disposiciones, la Ley Núm. 76 regula lo

referente a la titularidad del bien mueble objeto del

arrendamiento.

Esta

establece

que

se

considerará

al

arrendador como titular de dicho bien, y al arrendatario

como

su

poseedor,

quien

podrá

usarlo

y

disfrutarlo,

siempre y cuando cumpla con las cláusulas estipuladas en

el contrato. 10 L.P.R.A. sec. 2408. Sin embargo, cuando

la cosa arrendada sea un vehículo de motor, se tendrá

como su titular al arrendatario. Id. Esto último responde

a que el legislador quiso liberar de responsabilidad al

arrendador en casos de daños y perjuicios ocasionados por

un vehículo de motor sujeto a contrato de arrendamiento.

Véase, Ley Núm. 192 de 6 de septiembre de 1996 y su

historial legislativo.

Igualmente, esta pieza legislativa preceptúa que:

El

arrendatario

no

podrá

ceder

el

arrendamiento

sin

el

consentimiento

CC-2003-507

7

previo, por escrito, del arrendador. Si

el arrendatario cede el arrendamiento,

sin

el

debido

consentimiento,

se

considerará como si la cesión no se

hubiese efectuado. Art. 17 de la Ley

Núm. 76, supra, 10 L.P.R.A. sec. 2415.

Además,

dispone

--como

resguardo

a

favor

del

arrendador-- que éste puede exigirle al arrendatario la

adquisición de un seguro sobre el bien arrendado por el

término del contrato, el cual podrá ser requisito para su

celebración. 10 L.P.R.A. sec. 2411. En dichas pólizas se

debe incluir al arrendador como beneficiario y asegurado

adicional, de manera que el interés de éste sobre el bien

quede protegido. Id. De hecho, como norma general, los

contratos

de

arrendamiento

contienen

este

tipo

de

garantías destinadas a proteger al arrendador de sucesos

imprevistos

que

puedan

menoscabar

la

propiedad.

CNA

Casualty of PR v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996).

B

Por otra parte, el contrato de seguros es un acuerdo

mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a

otra,

o

a

proveerle

un

beneficio

específico

o

determinable, ante la ocurrencia de un suceso incierto

pero

previsto

Cooperativa

de

en

el

Ahorro

mismo.

y

26

L.P.R.A.

sec.

Crédito

Oriental

v.

102;

Oquendo

Camacho, res. el 28 de febrero de 2003, 2003 TSPR 26. La

relación entre el asegurador y el asegurado, por ende, es

una de naturaleza contractual, y sus acuerdos constituyen

la

ley

entre

las

partes.

López

Castro

v.

Atlantic

Southern Ins. Co., res. el 11 de febrero de 2003, 2003

CC-2003-507

8

TSPR 12; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139

(1996).

Este contrato está extensamente reglamentado por el

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. 101 et

seq.,

no

supletoria

obstante,

las

pueden

disposiciones

aplicársele

de

nuestro

de

manera

Código

Civil.

López Castro v. Atlantic Southern Ins. Co., supra; Vélez

Rivera

v.

Bristol-Myers

Squibb,

P.R.,

res.

el

17

de

septiembre de 2002, 2002 TSPR 123; Mun. of San Juan v.

Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632 (1986). Conforme a

ello, en el contrato de seguros, al igual que en los

demás

contratos,

deben

concurrir

tres

elementos

indispensables para su validez: (1) consentimiento de los

contratantes; (2) objeto cierto materia del contrato, y

(3) causa de la obligación que se genera. Díaz Ayala et

al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001); Gen. Accid. Ins.

Co. v. Ramos, 148 D.P.R. 523 (1999).

Este

tipo

de

contrato,

además,

reviste

la

característica particular de que su formulación exige la

conducta de buena fe de los contratantes en su máxima

expresión.

Aunque se presume que los contratos regidos

por el Código Civil son de buena fe, los

contratos de seguros regidos por el Código

de Seguros son de extrema buena fe. Se

requiere un mayor o extremo grado de buena

fe en las negociaciones precedentes a la

perfección o consumación del contrato de

seguro toda vez que los riesgos o peligros

a que está expuesto el objeto asegurable

sobre los cuales se pacta, son basados en

las meras representaciones del propuesto

asegurado que inducen al asegurador a

CC-2003-507

9

aceptar la oferta hecha por el [sic] éste.

R. Cruz, Derecho de Seguros, 1ra ed., San

Juan, Pubs. JTS, 1999, sec. 3.3, pág. 14.

Sin

embargo,

declaración

de

no

parte

toda

de

falsa

un

representación

asegurado

durante

o

la

formulación del contrato de seguro impedirá el cobro de

los beneficios dispuestos en la póliza. Así surge del

Art. 11.100 del Código de Seguros, el cual establece que:

Todas las declaraciones y descripciones en

una solicitud de póliza de seguros o en

negociaciones para la misma, hechas por el

asegurado o a su nombre, se entenderá que son

representaciones y no garantías. La impostura,

las omisiones, el encubrimiento de hechos y las

declaraciones incorrectas no impedirán el cobro

con arreglo a la póliza, a menos que:

(1) Sean fraudulentos; o

(2) que sean materiales, bien para

la aceptación del riesgo, o para el

peligro asumido por el asegurador; o

(3) el asegurador de buena fe no

hubiera

expedido

la

póliza,

no

hubiera expedido la póliza por una

cantidad tan grande o no hubiera

provisto cubierta con respecto al

riesgo resultante en la pérdida, de

habérsele puesto en conocimiento de

los

hechos

verdaderos,

como

se

requería en la solicitud para la

póliza o de otro modo.

Cuando el solicitante incurra en

cualquiera de los actos enumerados en

los apartados (1), (2) y (3) de esta

sección

se

impedirá

el

cobro

solamente cuando el acto u omisión de

que se trate hubiere contribuido a la

pérdida objeto de la causa de acción.

26 L.P.R.A. sec. 1110.

El propósito que persigue este inciso del Código de

Seguros

es

evitar

que

una

declaración

falsa

sobre

un

asunto pertinente a la aceptación del riesgo pueda anular

una póliza en aquellos casos en que el hecho incierto u

CC-2003-507

10

ocultado

no

está

sufrido.

Serrano

vinculado

Ramírez

en

v.

forma

Clínica

alguna

Perea,

al

daño

Inc.,

108

D.P.R. 477 (1979). Según éste, se anula la póliza cuando

la aseveración falsa o la información omitida no sólo es

pertinente a la apreciación del riesgo sino también a su

ocurrencia.

Id.;

Sandoval

v.

P.R.

Life

Ins.

Co.,

99

D.P.R. 287 (1970).

Este precepto legal descansa en la premisa de que el

asegurado no es infalible en sus declaraciones sobre la

condición

de

asegurable.

riesgo

R.

al

cual

op

cit.,

Cruz,

está

expuesto

pág.

15.

el

Sin

objeto

embargo,

mediante esta disposición, el asegurador también queda

protegido de un asegurado inescrupuloso que lo induce a

aceptar el riesgo ofrecido a través de la ocultación de

hechos materiales y omisiones de importancia para luego

intentar reclamar su aparente derecho de indemnización.

Id., a las págs. 15-16.

Vista

esta

exposición

del

derecho,

veamos

su

jurada

del

aplicación a los hechos del caso de autos.

III

Según

se

desprende

de

la

declaración

señor Rivera Labarca, el 4 de septiembre de 1999, el

señor Torres Cabret le “vendió” a éste el automóvil marca

Porsche Boxter del 1997, asumiendo el primero el pago de

los cánones de arrendamiento a Popular Leasing y todas

las

responsabilidades

vehículo.

Además,

el

inherentes

señor

Rivera

a

la

posesión

Labarca

exoneró

del

al

CC-2003-507

11

señor Torres Cabret de toda responsabilidad directa o

indirectamente

relacionada

con

el

referido

automóvil.

Surge también del expediente que el mencionado vehículo

se encontraba en posesión del señor Rivera Labarca al

momento del accidente. A base de estos hechos, PRAICO

entendió que el señor Torres Cabret había cedido al señor

Rivera Labarca sus derechos y deberes bajo la póliza de

seguro, contrario a lo expresamente estipulado en dicho

contrato. Por esta razón, PRAICO declaró cancelada la

póliza sobre el vehículo, efectivo el 4 de septiembre de

1999.

Sin embargo, al tenor del Art. 17 de la Ley Núm. 76,

supra, el señor Torres Cabret no tenía la potestad ni el

derecho de transferir o ceder el referido vehículo al

señor Rivera Labarca sin el consentimiento escrito de

Popular Leasing. El efecto impuesto por el ordenamiento

jurídico sobre dicha cesión es que la misma se considera

como si no se hubiera efectuado. En vista de lo anterior,

y por ministerio de ley, el señor Torres Cabret continuó

teniendo un interés asegurado por la póliza. Conforme a

ello, la razón aducida por PRAICO para cancelar la póliza

de seguro otorgada al señor Torres Cabret se desvaneció.

Ahora

bien,

el

asunto

medular

al

cual

dirigimos

nuestra atención es el siguiente: ¿es PRAICO responsable,

aún así, de indemnizar bajo la aludida póliza de seguro

los daños sufridos por el vehículo arrendado? Contestamos

en la negativa.

CC-2003-507

El

12

antiguo

Tribunal

de

advirtió

que

señor

Rivera

informar

a

conductor

el

PRAICO,

en

adicional,

la

que

Circuito

Labarca

solicitud

el

de

había

que

vehículo

Apelaciones

omitido

gestionó

era

como

arrendado.

Entendió que, en vista de lo dispuesto en el Art. 11.100

del

Código

de

Seguros,

PRAICO

debía

demostrar

que

no

hubiera expedido dicha póliza si hubiera conocido tal

hecho. No podemos estar de acuerdo con el razonamiento

del foro apelativo intermedio, pues los documentos que

obran en el expediente nos imponen otra conclusión.

En este caso, no estamos ante una mera omisión o

descuido

en

las

representaciones

que

el

asegurado

ha

hecho al asegurador en cuanto a la condición de riesgo al

que estaba expuesto el objeto asegurable. El asunto es

más

trascendental

objeto

de

configurado

y

nuestro

por

delicado.

análisis

los

El

forma

señores

contrato

parte

Torres

de

de

seguro

un esquema

Cabret

y

Rivera

Labarca para eludir sus obligaciones contractuales con

Popular Leasing y PRAICO, y obtener de ellos beneficios a

los

que,

contractualmente,

no

tendrían

derecho.

Nos

explicamos.

No está en controversia que el señor Torres Cabret

adquirió de Popular Leasing, en concepto de arrendatario,

el uso y disfrute del vehículo y luego lo transfirió al

señor

Rivera

Labarca.

Sin

embargo,

el

contrato

de

arrendamiento claramente establecía que el vehículo era y

continuaba

siendo

propiedad

de

Popular

Leasing,

quien

CC-2003-507

mantendría

13

la

titularidad

exclusiva

sobre

el

mismo.

Además, el señor Torres Cabret se comprometió a no tomar

ninguna

acción

inconsistente

con

la

titularidad

de

Popular Leasing sobre el vehículo, ni a reclamar ser el

dueño del automóvil para ningún propósito. Por último, se

le informó al señor Torres Cabret que el arrendamiento le

fue otorgado a base de su propio crédito por lo que no

podía vender o ceder su interés en el arrendamiento a

ninguna

otra

persona,

señor

Torres

Cabret

ni

subarrendar

certificó

con

el

vehículo.

su

firma

El

tener

conocimiento de éstas y todas las cláusulas acordadas en

el mencionado contrato.

Aun así, Torres Cabret entregó la posesión, el uso y

el disfrute del automóvil al señor Rivera Labarca. Este

último

conocía

la

existencia

del

arrendamiento,

pues

asumió expresamente el pago de los cánones, además de que

la licencia del vehículo expedida por el Departamento de

Transportación y Obras Públicas reconocía como su titular

a Popular Leasing. No surge del expediente que el señor

Rivera

Labarca

exigiera

al

señor

Torres

Cabret

que

traspasara la titularidad del vehículo a su nombre.

Además de lo anterior, el señor Torres Cabret estaba

obligado

contractualmente

vehículo

y

a

designar

a

como

mantener

beneficiario

asegurado

a

el

la entidad

arrendadora. Debido a ello, adquirió una póliza de seguro

a través de PRAICO en la cual se acordó que no podía

ceder

los

derechos

y

deberes

bajo

ésta

sin

el

CC-2003-507

14

consentimiento escrito del asegurador.1 Convenientemente,

justo

un

día

después

de

haber

entrado

en

vigor

la

cubierta del seguro, el señor Torres Cabret traspasó el

automóvil al señor Rivera Labarca. Consciente de que el

señor Torres Cabret no podía cederle los derechos bajo la

póliza

sin

consentimiento

señor

Rivera

Labraca

escrito

solicitó

asegurador,2

del

cubierta

a

PRAICO

el

como

conductor adicional, representando al agente de seguros y

a la aseguradora que el vehículo no era arrendado.3 Del

expediente

no

surge

que

los

señores

Torres

Cabret

y

Rivera Labarca hayan realizado gestiones para solicitar

el consentimiento escrito de PRAICO, de manera que el

primero

1

pudiera

ceder

sus

derechos

y

deberes bajo

la

La referida cláusula lee:

TRANSFERENCIA DE LOS INTERESES DE USTED EN ESTA

PÓLIZA

A. Los derechos y deberes de usted bajo esta póliza

no pueden cederse sin nuestro consentimiento por escrito.

No obstante, si fallece un asegurado nombrado en las

Declaraciones,

proporcionaremos

cubierta

para

[...]

Póliza de Seguro, Parte F – Disposiciones Generales.

B.

2

En su demanda enmendada, los señores Rivera

Labarca y Torres Cabret alegaron:

Que el automóvil en cuestión se transfirió al Dr.

Rivera Labarca por el Dr. Carlos Torres Cabret y, desde

que adquirió dicho automóvil el Dr. Rivera Labarca, en o

alrededor del 4 de septiembre de 1999, procedió a seguir

pagando el mismo y, consciente de que los derechos y

deberes de la póliza en donde el asegurado era el Dr.

Torres Cabret no podrían cederse sin consentimiento por

escrito de la Aseguradora, se obtuvo por el Dr. Rivera

Labarca la póliza de seguros [...] (Énfasis suplido.)

Demanda enmendada, alegación número 4.

3

No podemos pasar por alto que, cuando un asegurado

tiene conocimiento de la falsedad de su declaración,

debemos presumir su intención de engañar. 2 Couch on

Insurance 3d, sec. 31:82.

CC-2003-507

póliza.

15

Claro

está,

dicho

trámite

implicaba

la

divulgación de un acuerdo entre estos señores que estaba

prohibido por el Art. 17 de la Ley Núm. 76 y por el

contrato de arrendamiento. De esta manera, ambos médicos

lograron soslayar las restricciones establecidas en los

contratos de arrendamiento y de seguro para conseguir

objetivos inconsistentes con el estado de derecho creado

en virtud de éstos.

Ahora, acuden ante nos los señores Torres Cabret y

Rivera

Labarca,

ordenamiento

procurando

jurídico

le

los

beneficios

reconoce

a

que

los

nuestro

asegurados,

ordenamiento que ellos mismos vulneraron, burlando con

ello uno de los más elementales principios de nuestro

sistema, la buena fe. En casos como el de autos, resalta

la premisa en la cual se basa la doctrina de abuso del

derecho: “un sistema de justicia, que se respete a sí

mismo, está enmarcado en principios éticos generales y

válidos, tales como la verdad y la buena fe”. El Vocero

de

P.R.

(1993)(Op.

v.

Hernández

Concurrente

Agosto,

del

Juez

133

D.P.R.

Asociado

413,

señor

415

Negrón

García). No podemos permitir que el texto de la ley –-en

este caso, el Art. 17 de la Ley Núm. 76, supra, y el Art.

11.100 del Código de Seguros-- sea utilizado para amparar

actos contrarios a la realización de la justicia; que

frente al contenido ético y al espíritu objetivo de la

norma

legal

lograr

un

no

prevalezcan

resultado

las

distinto

al

maniobras

tendentes

perseguido

con

a

ella.

CC-2003-507

Soriano

16

Tavárez

v.

Rivera

Anaya,

108

D.P.R.

663,

673

(1979). Como hemos expresado en el pasado, la ley es un

instrumento de la justicia, no viceversa. Jordán-Rojas v.

Padró-González, 103 D.P.R. 813 (1975). Procede por tanto,

que los señores Torres Cabret y Rivera Labraca asuman las

consecuencias de su conducta antijurídica y experimenten

en sus propios patrimonios sus efectos.4

IV

Por

sentencia

los

fundamentos

del

entonces

que

preceden,

Tribunal

de

se

revoca

la

Circuito

de

Apelaciones y, por consiguiente, se desestima la demanda.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri disiente con opinión escrita a la cual

se une la Juez Asociada señora Fiol Matta.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

4

No pasaremos juicio --aunque es digno de señalar-sobre la inconsistencia entre la alegada dirección

residencial del señor Rivera Labarca, provista en la

solicitud de seguro como lugar principal en el que se

guardaría

el

vehículo

asegurado

(Municipio

de

Barceloneta), y la dirección residencial del señor Rivera

Labarca en donde ocurrió el accidente con dicho

automóvil, según surge en todos los documentos relativos

al referido incidente (Municipio de Florida). Nótese que

la topografía del lugar en donde ocurrió el accidente, es

decir, el declive del área que desemboca en una

precipicio, es un hecho que, unido al desperfecto

mecánico del vehículo, provocó directamente los daños

reclamados. Además, PRAICO podía descansar en las

declaraciones ofrecidas por el asegurado sobre el lugar

principal para estacionar el vehículo, con el fin de

determinar la prima de la póliza, según surge de la

disposición titulada CAMBIOS en la Parte F de la Póliza

de Seguro.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rafael Rivera Labarca, Et Als

Demandante-Peticionario

vs.

Puertorican Am. Insurance Co.,

Et. Als.

CC-2003-507

Certiorari

Demandados-Recurridos

vs.

Fundador Molina Soto, Etc.

Demandados

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI, a la cual se une la Juez Asociada señora FIOL MATTA.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2006.

I

Es menester precisar los hechos del caso

de

autos,

que

no

están

todos

debidamente

relatados en la sentencia emitida por la mayoría

del Tribunal.

El

6

de

de

arrendamiento

mediante

un

contrato

compañía

“Popular

Leasing

adelante

Popular),

el

marzo

&

de

Rental

doctor

1999,

con

la

Inc.”

(en

Carlos

Torres

Cabret (en delante Torres) adquirió el derecho

de uso y disfrute de un vehículo de motor marca

“Porsche”, modelo “Boxter” del 1997, valorado en

$58,900. Torres también aseguró dicho vehículo

mediante una póliza con la Puertorican American

Insurance

Company

(en

adelante

cual

incluyó

como

asegurado

se

PRAICO)

en

la

adicional

a

CC-2003-507

2

Popular. El contrato de seguro referido se extendía del 3 de

septiembre de 1999 al 3 de septiembre del 2000.

El

4

de

septiembre

de

1999

Torres

le

“vendió”

el

referido automóvil al doctor Rivera Labarca (en adelante

Rivera) mediante affidávit. Dicha transacción fue llevada a

cabo sin solicitarle permiso a Popular, dueño del vehículo

arrendado,

y

aseguradora.

PRAICO

sin

solicitarle

El

10

de

tramitó

una

solicitud

incluyese

como

permiso

septiembre

conductor

de

de

1999

Rivera

asegurado

a

o

PRAICO,

un

para

la

agente

de

que

le

adicional

se

y,

por

alegada inadvertencia, en la solicitud se aseveró que el

vehículo

en

cuestión

no

era

arrendado.

El

periodo

de

cubierta de la póliza era del 16 de septiembre de 1999

hasta el 16 de septiembre del 2000.

Así las cosas, el 14 de febrero del 2000, mientras se

encontraba estacionado frente a la marquesina de Rivera, el

vehículo en cuestión aparentemente sufrió un desperfecto

mecánico que ocasionó que la caja de cambios quedara en

neutro y provocó que el automóvil iniciara la marcha hacia

atrás y cayera por un precipicio de aproximadamente 75 pies

de profundidad.

Rivera informó el accidente a la policía y luego le

hizo una reclamación a PRAICO para que cubriera los daños

ocasionados al vehículo. Ante estos hechos, el 18 de abril

de 2000, PRAICO emitió y notificó un aviso de cancelación

de póliza. Indicó que la reclamación no podía ser procesada

porque de conformidad con la parte F de las disposiciones

CC-2003-507

3

generales de la póliza de seguro5, la transferencia del

vehículo a Rivera ocasionó que la póliza estuviera vigente

sólo hasta el 4 de septiembre de 1999. Es decir, que la

póliza sólo estuvo vigente el día en que entró en vigor y

el día en que se hizo la transferencia del vehículo. Esto,

a pesar de que Rivera continuó pagando las primas de la

póliza aun después de dichos dos días de vigencia, y PRAICO

aceptó los pagos.

El 9 de enero de 2001 Rivera, su esposa y la sociedad

legal

de

gananciales

integrada

por

ambos

entablaron

un

pleito civil sobre cumplimiento específico de contrato y

daños y perjuicios contra PRAICO y el agente que le vendió

el seguro, Fundador Molina Soto. Alegaron que PRAICO se

había negado a honrar el compromiso contraído a través de

la póliza adquirida, a pesar de haber aceptado el pago de

$1,789 en primas de seguro. La demanda luego fue enmendada

a los únicos efectos de incluir como parte demandada a la

sociedad legal de gananciales integrada por Fundador Molina

Soto y su esposa, y como reclamante a Torres, arrendatario

del vehículo.

Luego de varios incidentes procesales, PRAICO presentó

una moción en solicitud de sentencia sumaria y alegó que la

compraventa del automóvil interrumpió la aplicabilidad de

la

póliza

y

que

los

derechos

y

deberes

de

Torres

subsistieron sólo hasta el 4 de septiembre de 1999 debido a

que

no

5

se

le

solicitó

permiso

para

la

transacción

con

“Los derechos y deberes de usted bajo esta póliza no

pueden cederse sin nuestro consentimiento por escrito”

CC-2003-507

Rivera

y,

4

por

lo

tanto,

no

existía

cubierta

para

la

reclamación en cuestión.

El

3

de

diciembre

de

2002

el

codemandado

Fundador

Molina Soto también solicitó una sentencia sumaria a su

favor.

Alegó

solicitud

de

que

la

potestad

una

póliza

de

de

aceptar

seguro

no

o

era

denegar

suya

una

sino

de

PRAICO y que no había incurrido en actuación negligente o

culposa que conllevase responsabilidad por la pérdida en

cuestión.

Por su parte, Rivera presentó su oposición a que se

dictara

sentencia

sumaria

a

favor

de

PRAICO,

y

una

solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor.

Alegó que, a pesar del traspaso en cuestión, Popular seguía

siendo el dueño del vehículo, Torres era el arrendatario, y

Rivera un asegurado adicional. También alegó que Torres no

podía transmitir la titularidad del vehículo debido a que

tenía

únicamente

derecho

a

su

uso

y

disfrute

como

arrendatario, y que el acuerdo con Torres era nulo por ser

contrario a la Ley Núm. 76 del 13 de agosto de 1994.6

El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de

sentencia sumaria presentada por PRAICO. Declaró ha lugar

la moción de sentencia sumaria presentada por Rivera y la

moción de Fundador Molina Soto. Además, le impuso a PRAICO

el pago de $1,000 dólares por concepto de honorarios de

abogado y las costas del litigio.

6

Dicha Ley dispone que “si el arrendatario cede el

arrendamiento, sin el debido consentimiento, se considerará

como si la cesión no se hubiese ejecutado” 10 LPRA sec.

2415

CC-2003-507

5

Con relación a la moción de Rivera, resolvió que al no

haberse hecho el traspaso de título del vehículo conforme a

lo que dispone la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A.

sec. 5035, y no haberse obtenido el permiso para ello del

arrendador

según

la

Ley

Núm.

76,

supra,

el

vehículo

continuó siendo propiedad del arrendatario, Torres. Además,

concluyó

que

septiembre

vehículo

la

de

y

póliza

emitida

1999

cubría

cualquier

otra

los

por

daños

reclamación

PRAICO

el

3

de

por

el

tuviese

el

sufridos

que

demandante por los daños causados por la aseguradora, bien

fuese porque según la Ley Núm 76 y la Ley de Vehículos y

Tránsito el titular asegurado era Torres o porque Rivera

fue aceptado por PRAICO como asegurado adicional.

En cuanto a la reclamación de Fundador Molina Soto, el

Tribunal de Primera Instancia resolvió que, habiendo éste

fungido únicamente como agente de PRAICO para efectos de la

adquisición de la póliza y siendo su labor recopilar la

información y someterla a la aseguradora, información que

resultó ser veraz, se debía desestimar la demanda en su

contra por no haber incurrido en negligencia.

Inconforme con dicha determinación, PRAICO acudió al

Tribunal

de

Apelaciones

y

alegó,

en

esencia,

que

el

Tribunal de Primera Instancia había errado: (1) al resolver

el caso sumariamente a favor de Rivera; (2) al conceder las

sumas reclamadas sin que se desfilara prueba; y (3) al

imponerle a PRAICO el pago de honorarios y las costas del

litigio.

CC-2003-507

6

El foro apelativo, mediante una sentencia emitida el

12

de

mayo

de

2003,

revocó

al

Tribunal

de

Primera

Instancia. Entendió que PRAICO debía tener la oportunidad

de

presentar

prueba

para

sostener

sus

alegaciones,

en

particular para probar que si PRAICO hubiera conocido que

el vehículo era arrendado no hubiera expedido la póliza.

Determinó que en este caso existían elementos subjetivos de

intención

y

por

lo

tanto,

la

sentencia

sumaria

no

era

aconsejable.

Además, revocó los honorarios de abogado concedidos

por el foro de instancia debido a que entendió que no se

desprendía

del

expediente

del

caso

que

PRAICO

hubiera

actuado de forma temeraria.

De dicha determinación Rivera acudió ante nos e hizo

los siguientes señalamientos de errores:

1.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

concluir que la pequeña marquita que se hizo

en la solicitud de seguro de auto para

asegurar como conductor adicional al Dr.

Rafael Rivera Labarca y que indicaba que la

propiedad no era arrendada se hizo de forma

fraudulenta, o incorrecta, a tal extremo, que

el asegurador no hubiera asumido el riesgo de

expedir la póliza de haber sabido la verdad,

la cual siempre supo.

2.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

concluir que la sentencia del Tribunal de

Instancia debía revocarse y devolverse el caso

para dar oportunidad a PRAICO a presentar

prueba

tendente

a

demostrar

que

las

declaraciones realizadas por Rivera Labarca

fueron inciertas o fraudulentas, de tal forma,

que si PRAICO hubiera conocido que el vehiculo

era arrendado, entonces no hubiera expedido la

póliza.

3.

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al

resolver, revocando al Tribunal de Primera

Instancia, que la conducta de PRAICO no había

CC-2003-507

7

sido temeraria

contrario.

cuando

lo

correcto

es

lo

El 29 de agosto de 2003 declaramos no ha lugar la

solicitud

de

certiorari

presentada

por

Rivera.

De

dicha

determinación Rivera solicitó reconsideración y el 10 de

octubre de 2003, reconsideramos nuestra postura y expedimos

el recurso solicitado. El 9 de junio de 2004 aceptamos como

su alegato la petición de certiorari de Rivera, y el 25 de

octubre de 2004, la oposición

al recurso de certiorari de

PRAICO como el suyo.

II.

El Art. 10 de la Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994,

según

enmendada,

conocida

como

la

Ley

para

Regular

los

Contratos de Arrendamientos de Bienes Muebles dispone:

El arrendador es el titular del bien objeto

del contrato de arrendamiento. El arrendatario,

quien tiene su posesión, podrá usar y disfrutar

del bien, siempre y cuando no incumpla con las

cláusulas estipuladas en el contrato. De no

cumplir con las mismas, el arrendador podrá

interponer aquellas acciones legales necesarias y

pertinentes a fin de compeler al arrendatario a

cumplir con la obligación a que voluntariamente

se sometió.

Cuando el bien objeto del contrato de

arrendamiento sea un vehículo de motor sujeto a

un contrato de arrendamiento, el titular del bien

mueble se considerará aquél a quien, mediante el

contrato

de

arrendamiento,

se

le

cede

la

posesión, uso y disfrute del bien mueble objeto

del contrato. 10 LPRA sec. 2408 (énfasis suplido)

Por su parte, el Art. 17 de la mencionada ley dispone:

El

arrendatario

no

podrá

ceder

el

arrendamiento sin el consentimiento previo, por

escrito, del arrendador: Si el arrendatario cede

CC-2003-507

8

el arrendamiento, sin el debido consentimiento,

se considerará como si la cesión no se hubiese

efectuado. 10 LPRA sec. 2415 (énfasis suplido)

Es evidente que conforme a la referida ley, si bien es

cierto

que

el

titular

del

vehículo

arrendado

es

el

arrendatario, éste no puede ceder el arrendamiento sin el

consentimiento previo y por escrito del arrendador.

Por otro lado, el Art. 11.100 del Código de Seguros

dispone:

Todas las declaraciones y descripciones en

una

solicitud

de

póliza

de

seguro

o

en

negociaciones para la misma, hechas por el

asegurado o a su nombre, se entenderá que son

representaciones y no garantías. La impostura,

las omisiones, el encubrimiento de hechos y las

declaraciones incorrectas no impedirán el cobro

con arreglo a la póliza, a menos que;

(1)

Sean fraudulentos; o

(2)

que sean materiales, bien para la

aceptación del riesgo, o para el

peligro asumido por el asegurador;

o

(3)

el

asegurador

de

buena

fe

no

hubiera expedido la póliza, no

hubiera expedido la póliza por una

cantidad tan grande o no hubiera

provisto cubierta con respecto al

riesgo resultante en la pérdida, de

habérsele puesto en conoci- miento

de los hechos verdaderos, como se

requería en la solicitud para la

póliza o de otro de modo.

Cuando el solicitante incurra en cualquiera

de los actos enumerados en los incisos (1), (2) y

(3) de esta sección se impedirá el cobro

solamente cuando el acto u omisión de que se

trate hubiere contribuido a la pérdida objeto de

la causa de acción. 26 LPRA sec. 1110.

Es decir, de conformidad con dicho artículo para que

el asegurador pueda invocar representación fraudulenta y,

CC-2003-507

9

de ese modo no tener que pagar el importe asegurado, tiene

que probar que las omisiones o informaciones incorrectas en

una solicitud

hubiese

lo indujeron a expedir una póliza que no

expedido

de

haber

tenido

conocimiento

de

las

verdaderas circunstancias.

Sin embargo, el último párrafo del mencionado artículo

aclara

que

es

necesario

que

el

acto

u

omisión

haya

contribuido a la pérdida objeto de la causa de acción. En

Serrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc. 108 DPR 477, 485-486

(1979),

resolvimos

que

el

propósito

de

este

párrafo

es

evitar la interpretación de que una declaración falsa sobre

un

asunto

anular

pertinente

una

póliza

a

en

la

aceptación

aquellos

casos

del

riesgo

pueda

en

que

hecho

el

incierto u ocultado no esté vinculado en forma alguna al

daño sufrido. La póliza se anula sólo cuando la aseveración

falsa o la información omitida no sólo es pertinente a la

apreciación del riesgo, sino también a su ocurrencia.

A

la

examinar

luz

ahora

de

si

la

el

III.

normativa

Tribunal

antes

reseñada,

procede

de

Apelaciones

actuó

correctamente al determinar que no procedía la sentencia

sumaria a favor de Rivera y resolver que PRAICO no había

sido temeraria.

En el caso ante nos no cabe duda de que la transacción

efectuada es nula debido a que el estatuto así claramente

lo dispone. PRAICO apoya su denegatoria en que la cesión

del vehículo por Torres sin su consentimiento interrumpió

CC-2003-507

10

la aplicabilidad de la referida póliza. No le asiste la

razón.

Como indicamos anteriormente, la Ley Núm. 76 es clara

al disponer en su Art. 17 que si el arrendatario cede el

arrendamiento sin el debido consentimiento se considerará

como si la cesión no se hubiese efectuado. Torres no le

solicitó autorización a Popular para venderle el vehículo a

Rivera.

Por

ello,

la

compraventa

realizada

el

4

de

septiembre de 1999 entre Torres y Rivera no tuvo efecto

legal

alguno

considera

seguía

que

siendo

sobre

al

la

titularidad

momento

Torres

y

del

no

del

vehículo,

accidente

Rivera.

Por

el

y

se

arrendatario

consiguiente,

la

cesión nunca ocurrió y dicha transacción no anuló la póliza

que cubría a los asegurados.

A

pesar

de

que

la

determinación

de

nulidad

de

la

cesión es suficiente para concluir que la póliza cubre los

daños sufridos por el vehículo, entraremos a dilucidar si

la declaración de que el auto no era arrendado fue una

fraudulenta de manera tal que impediría el cobro de la

póliza. Ello debido a que ese fue el argumento utilizado

por el Tribunal Apelativo para revocar la determinación del

foro de instancia.

Como mencionáramos anteriormente, el Código de Seguros

claramente dispone que se impida el cobro solamente cuando

la impostura, las omisiones, el encubrimiento de hechos y

las

declaraciones

materiales

para

la

incorrectas

sean

aceptación

del

fraudulentas,

riesgo

y

sean

cuando

el

asegurador no hubiera expedido la póliza de haber tenido

CC-2003-507

conocimiento

11

de

los

verdaderos

hechos.

Torres

y

Rivera

omitieron, por alegada inadvertencia, hacer una marca en el

encasillado que indicaba que el auto era arrendado. Sin

embargo,

es

menester

enfatizar

que,

a

pesar

de

esta

omisión, PRAICO conocía o debía conocer que el vehículo en

cuestión era arrendado, pues cuando lo aseguró inicialmente

había

incluido

como

asegurado

adicional

a

Popular

como

titular del vehículo, por lo cual la omisión en cuestión no

pudo haberla inducido a error.

De otro lado, también debemos considerar que la Ley

dispone que aun cuando se incurra en una declaración falsa,

el cobro se impedirá sólo si dicha acción u omisión está

vinculada al daño sufrido. En el caso ante nos, es claro

que

ni

el

haber

omitido

marcar

el

encasillado

de

arrendamiento ni el haber efectuado una transacción nula

contribuyeron a la pérdida objeto de la causa de acción. Lo

que verdaderamente contribuyó a la pérdida del vehículo fue

un desperfecto mecánico. Aun si consideráramos que PRAICO

desconocía el arrendamiento, dicha falsedad no impediría el

cobro de la póliza por no estar vinculada al daño sufrido.

Por lo tanto, debemos concluir que, a pesar de la omisión,

los daños al vehículo están cubiertos por la póliza.

Por todo lo anterior, forzoso nos resulta concluir

que la cesión del vehículo es nula, por lo cual, Popular

continúa

siendo

el

dueño

del

vehículo,

Torres

el

arrendatario y Rivera un conductor adicional asegurado. Por

ello, la póliza emitida por PRAICO el 3 de septiembre de

1999 cubre los daños sufridos por el vehículo, y procedía

CC-2003-507

que

el

sumaria

12

Tribunal

a

de

favor

Primera

de

Instancia

dictara

Rivera,

como

sentencia

lo

hizo.

Como la mayoría resuelve de otra manera, e incluso le

imputa motu proprio Y sumariamente a los doctores Torres

Cabret y Rivera Labarca el haber configurado un “esquema”

ilícito sin haberle dado la oportunidad de defenderse de

tan seria imputación, yo disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO