LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Juan Gutierrez Calderón, Y Otros U.S. Fire Insurance Company V. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; Autoridad de Energía Eléctrica y Otros

2006 TSPR 21

Poder Judicial de Puerto Rico

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Juan Gutierrez Calderón, Y Otros U.S. Fire Insurance Company V. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; Autoridad de Energía Eléctrica y Otros

CC-2004-0840

Procedimiento Civil- Tasa de interés legal aplicable a las corporaciones e instrumentalidades públicas; facultad de la Junta Financiera de OCIF para fijar interés aplicable.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Gutiérrez Calderón, y

otros

Demandantes

Certiorari

2006 TSPR 21

U.S. Fire Insurance Company

166 DPR ____

Peticionaria

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados; Autoridad de

Energía Eléctrica y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2004-840

Fecha: 10 de febrero de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina

Juez Ponente:

Hon. Ismael Colón Birriel

Abogado de la Parte Demandante-Peticionaria:

Lcdo. Jaime F. Agrait Lladó

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Pedro Santiago Rivera

Lcdo. Luis M. Ortega García

Materia: Daños y Perjuicios

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Gutiérrez

otros

Calderón,

y

Demandantes

. . .

U.S. Fire Insurance Company

CC-2004-840

Peticionaria

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados; Autoridad de

Energía Eléctrica y otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2006

Nos corresponde determinar en esta ocasión si la Junta

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras

mediante

se

excedió

reglamento,

en

que

sus

la

facultades

tasa

de

al

establecer,

interés

legal

por

sentencia que le aplica a las corporaciones públicas es la

misma que le aplica al Estado Libre Asociado, sus agencias

e instrumentalidades, así como a los municipios, y no el

tipo que le aplica al litigante no gubernamental.

La

controversia

estrictamente

de

ante

nuestra

derecho.

Los

consideración

hechos

que

es

una

sirven

de

trasfondo a la misma no están en controversia.

entonces a resumir los mismos.

Pasemos

2

CC-2004-840

I

El 10 de septiembre de 1998 el Tribunal de Primera

Instancia

dictó

responsable

a

una

la

sentencia

Autoridad

en

de

la

que

Energía

encontró

Eléctrica

(la

“A.E.E.”) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(la “A.A.A.”) de un accidente aéreo ocurrido el 26 de julio

de 1993.

En el fatal accidente, fallecieron tres policías

miembros de la Unidad Aérea de la Policía de Puerto Rico,

luego

de

estrellarse

el

helicóptero

en

el

que

viajaban

contra unas líneas eléctricas que no estaban debidamente

identificadas, ubicadas en la Represa de Carraízo.

En la sentencia dictada el foro de instancia determinó

que tanto la A.E.E. como la A.A.A. fueron temerarias en la

tramitación

del

caso,

por

lo

que

ordenó

el

pago

de

honorarios de abogados e impuso el pago de intereses por

temeridad

a

tenor

con

la

Regla

44.3

de

las

Reglas

de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3.

Asimismo, el tribunal declaró con lugar la demanda de

subrogación

que

había

presentado

la

aseguradora

de

la

Policía de Puerto Rico, la compañía US Fire Insurance, Co.

(la “aseguradora” o la “peticionaria”), contra la A.E.E. y

la A.A.A.

En su demanda, la aseguradora había solicitado

el recobro del valor del helicóptero accidentado que le

había reembolsado a la Policía.

Luego

necesarios

de

varios

detallar,

ejecutar

la

sentencia

consignó

en

el

incidentes

procesales

US

Insurance

Fire

dictada

tribunal

la

que

Co.

no

son

solicitó

a

su

favor.

La

A.E.E.

suma

de

$1,000,000.00

para

3

CC-2004-840

satisfacer

la

sentencia

en

su

contra.

La

aseguradora

objetó la cantidad consignada y adujo que la A.E.E. y la

A.A.A. debían pagar interés sobre la sentencia a razón de

9.25% anual, que era la tasa de interés aplicable a los

litigantes privados conforme establecía el Reglamento 78-1

de 25 de octubre de 1988, Reglamento Núm. 3702, promulgado

por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras (el “Reglamento 78-1”) para esos

fines.

La

establecido

A.E.E.

en

el

se

opuso

Reglamento

y

adujo

78-1,

que

ésta

conforme

debía

pagar

lo

el

interés correspondiente a las entidades gubernamentales.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una resolución el 28 de enero de 2004 en la cual determinó

que la tasa de interés aplicable a la sentencia dictada

contra la A.E.E. y la A.A.A. era, en efecto, la aplicable a

las

entidades

gubernamentales

según

establecido

en

el

Reglamento 78-1, y fijó dicho interés en 5.25% anual.

Inconforme, la aseguradora acudió ante el Tribunal de

Apelaciones.

En su escrito, arguyó que las corporaciones

públicas tienen personalidad jurídica propia por lo que no

pueden gozar de un trato preferente en el pago de intereses

legales por temeridad e intereses post sentencia.

Adujo

que éstas no podían equipararse a las instrumentalidades de

gobierno que carecen de personalidad jurídica por lo que en

la medida que en el Reglamento 78-1 se tratan a ambas de la

misma manera, el Reglamento era nulo.

Indicó también que

la determinación del foro de instancia era errónea por ser

4

CC-2004-840

contraria a lo resuelto en Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116

D.P.R. 443 (1985).

El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia confirmando

la determinación del Tribunal de Primera Instancia, aunque

modificó

la

misma

para

que

reflejara

el

interés

prevaleciente a la fecha en que se dictó la sentencia a

favor de US Fire Insurance, Co., a saber: 5.50% y no el

5.25%, que había fijado el foro primario.

Inconforme nuevamente, US Fire acudió ante nosotros en

petición de certiorari el pasado 20 de septiembre de 2004.

En su petición señaló como error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Instancia y el

Honorable Tribunal Apelativo al concluir, en

contra del derecho sustantivo vigente contenido

en la jurisprudencia (Rodríguez Cancel v. AEE,

116 DPR 443) y en la Regla 44.3 de Procedimiento

Civil [sic] que las corporaciones públicas gozan

de un trato preferente en el pago de intereses

legales

por

temeridad,

equiparándolas

a

instrumentalidades

públicas

sin

personalidad

jurídica.

El

17

de

diciembre

de

2004,

dictamos

una

orden

dirigida a la A.E.E. y la A.A.A. para que se expresaran

sobre el recurso de certiorari presentado.

Ambas partes

han comparecido por lo que pasamos a resolver.

II

La controversia ante nuestra consideración nos permite

determinar si procede hacer extensiva a las corporaciones

públicas el mismo interés legal por sentencia que le aplica

al Estado Libre Asociado, sus agencias e instrumentalidades

y a los municipios, conforme establece el Reglamento 78-1.

5

CC-2004-840

A

La Regla 44.3 de las Reglas de Procedimiento Civil,

regula

lo

concerniente

a

la

fijación

del

tanto post sentencia como por temeridad.1

sentencia

interés

legal

El interés post

se refiere al tipo de interés que se impone a

favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que

ordenen el pago de dinero.

El mismo se computa sobre la

cuantía de la sentencia, incluyendo costas y honorarios de

1

La Regla 44.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3, dispone:

a) Se incluirán intereses al tipo que fije por

reglamento la Junta Financiera de la Oficina del

Comisionado de Instituciones Financieras y que

está

en

vigor

al

momento

de

dictarse

la

sentencia, en toda sentencia que ordena el pago

de dinero, a computarse sobre la cuantía de la

sentencia desde la fecha en que se dictó la

sentencia y hasta que ésta sea satisfecha,

incluyendo costas y honorarios de abogado. El

tipo de interés se hará constar en la sentencia.

La Junta fijará y revisará periódicamente la tasa

de interés por sentencia tomando en consideración

el movimiento en el mercado y con el objetivo de

desalentar la radicación de demandas frívolas,

evitar

la

posposición

irrazonable

en

el

cumplimiento de las obligaciones existentes y

estimular el pago de las sentencias en el menor

tiempo posible.

b) El tribunal también impondrá a la parte que haya

procedido con temeridad el pago de interés al

tipo que haya fijado la Junta en virtud del

inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al

momento de dictarse la sentencia desde que haya

surgido la causa de acción en todo caso de cobro

de dinero y desde la radicación de la demanda, en

casos de daños y perjuicios, y hasta la fecha en

que se dicte sentencia a computarse sobre la

cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte

demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

sus

municipios,

agencias,

instrumentalidades o funcionarios en su carácter

oficial.

El tipo de interés se hará constar en

la sentencia.

c)

6

CC-2004-840

abogados, y se fija desde la fecha en que se dicte la

sentencia hasta que se satisface la misma.

C.R.U.V., 95 D.P.R. 738, 741 (1968).

Zequeira v.

Su imposición es

mandatoria a toda parte perdidosa sin distinción alguna.

Municipio

de

Mayagüez

v.

113

Rivera,

D.P.R.

467,

470

(1982); P.R. Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R.

621, 622-623 (1962).

De

cuando

otra

parte,

convergen

el

los

interés

por

temeridad

se

siguientes

dos

requisitos:

impone

que

la

parte haya procedido temerariamente y se trate de un caso

sobre cobro de dinero o daños y perjuicios.

Lameiro v.

Dávila, 103 D.P.R. 834, 841 (1976).

El

mismo

se

fija

sobre

la

suma

principal

de

la

sentencia dictada sin incluir las costas ni honorarios de

abogado.

El interés por temeridad se calcula dependiendo

de la reclamación de que se trate: en los casos de cobro de

dinero se computa desde que surge la causa de acción y en

el caso de daños y perjuicios a partir de la presentación

de la demanda.

La

Regla

municipios,

44.3

específicamente

Estado,

carácter oficial, del pago de intereses por temeridad.

En

v.

A.E.E.,

funcionarios

sus

su

Cancel

y

al

en

Rodríguez

instrumentalidades

exime

116

D.P.R.

443

(1985)

interpretamos esta exención y resolvimos que la misma no le

era

extensible

discusión infra.

a

las

corporaciones

públicas.

Véase

7

CC-2004-840

B

La Regla 44.3 provee para que la Junta Financiera de

la

Oficina

del

Comisionado

de

Instituciones

fije el interés legal por sentencia.

para

fijar

dicha

tasa

se

tomará

Financieras

La Regla ordena que

en

consideración

“el

movimiento en el mercado con el objetivo de desalentar la

radicación

de

irrazonable

demandas

en

el

frívolas,

evitar

cumplimiento

de

la

las

posposición

obligaciones

existentes y estimular el pago de las sentencias en el

menor

tiempo

Financiera

posible.”

podrá

La

revisar

Regla

las

dispone

tasas

que

la

Junta

correspondientes

periódicamente.

La

referencia

a

la

Junta

Financiera

como

ente

que

habrá de fijar los tipos de intereses a imponer se inserta

en la Regla 44.3 en virtud de la Ley Núm. 78 del 11 de

julio de 1988 (“Ley Núm. 78”).

Con esta enmienda a la

Regla 44.3 se eliminó el interés fijo del 12% dispuesto en

la misma hasta ese momento.

El

interés

al

12%

a

su

vez,

fue

producto

de

una

enmienda al texto original de la Regla 44.3 de las Reglas

de Procediendo Civil de 1979.

En su texto original, la

Regla

que

44.3

solamente

disponía

en

las

sentencias

dictadas que se ordenara el pago en dinero se incluirían

intereses al tipo legal.

Para ello entonces se utilizaba

lo dispuesto en el Art. 1649 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 4591, que disponía que el tipo de interés aplicable a

los fallos y sentencias no satisfechas fuese el 6%.

8

CC-2004-840

La gran discrepancia que existía en Puerto Rico entre

la tasa de interés legal por sentencia y la tasa de interés

prevaleciente

en

demandados

litigar

a

el

mercado

de

dinero

irrazonablemente

estimulaba

sus

a

casos

los

para

posponer la adjudicación final de las controversias.

En

atención a lo cual, el legislador tuvo a bien enmendar el

texto original de la Regla 44.3 mediante la Ley Núm. 82 del

6 de julio de 1985, a fin de proveer una tasa fija de

interés anual de 12%.

Véase, Monrozeau v. Rivera Cruz, 121

D.P.R. 885 (1988); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R.

733 (1989).

Véase además, Exposición de Motivo de la Ley

Núm. 82 del 6 de julio de 1985.

Tres años más tarde, al aprobarse la Ley Núm. 78, la

Asamblea

Legislativa

enmendó

derogó el interés al 12%.

nuevamente

la

Regla

44.3

y

Lo sustituyó por un mecanismo

flexible que permitía la revisión periódica de la tasa de

interés para ajustarla a las fluctuaciones en el mercado.

Se estimó que la tasa fija de 12% anual resultaba onerosa

para el Estado al impedir que éste se beneficiara de esas

fluctuaciones y en ocasiones el interés que pagaba sobre la

sentencia dictada era superior al interés prevaleciente en

el mercado.

Así, la Ley Núm. 78 proveyó que fuera la Junta

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras la cual, mediante reglamento, estableciera las

tasas de interés correspondientes.

Véase Informe Conjunto

del P. del S. 1422 de 15 de abril de 1988.

9

CC-2004-840

Así las cosas, la Junta Financiera aprobó el 25 de

octubre de 1988 el Reglamento Núm. 78-1.2

El Reglamento

2

El Reglamento 78-1 de 25 de octubre de 1988, promulgado

por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de

Instituciones Financieras dispone, en lo pertinente, lo

siguiente:

Sección 2 Exposición

Explicativo:

de

Motivo

y

Memorial

La Regla 44.3, según enmendada, dispone que

la Junta Financiera fijará la tasa de interés

pagadera sobre la cuantía de toda la sentencia

(incluyendo costas y honorarios de abogado)

considerando las fluctuaciones en el mercado y

con el propósito de desalentar los pleitos

frívolos e incentivar el pago de las sentencias.

Este mandato legislativo solo se cumple añadiendo

un “margen punitivo” al costo de fondos para el

deudor por sentencia, de manera que la tasa

resultante mueva a dicho deudor al pago de la

misma.

Sin embargo, el costo de fondos no es igual

para todo tipo de deudor, ya que el mercado no es

homogéneo. El costo para el Estado, por ejemplo,

es aproximadamente un 70% del rendimiento de

ciertos

instrumentos

de

deuda

del

Gobierno

Federal en el mercado exento, mientras que el

mercado monetario privado se guía esencialmente

por la tasa preferencial.

Estas diferencias

requieren

que

se

identifiquen

los

índices

adecuados a los que se le sumará el margen

punitivo correspondiente.

Atendiendo a estas diferencias, y en el

interés de proveer una tasa que justamente logre

el mandato legislativo la Junta establece las

siguientes tasas a ser calculadas y certificadas

periódicamente por el Comisionado.

Sección 3: Fijación de Tasas

a)

Sentencias

impuestas

al

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, sus municipios,

agencias,

instrumentalidades,

corporaciones públicas o funcionarios en

su carácter oficial: La tasa equivalente

al rédito de los “U.S. Treasury Bills” con

vencimiento a seis (6) meses redondeado al

½ punto más cercano.

10

CC-2004-840

dispuso que la manera más adecuada para cumplir el objetivo

de

la

Ley

Núm.

78

era

añadiendo

lo

que

el

Reglamento

denominó como un “margen punitivo”, al costo de los fondos

para el deudor por sentencia.

constituirá

un

verdadero

Así, la tasa resultante

incentivo

para

el

pago

de

la

sentencia dictada.

El Reglamento reconoció sin embargo, que el costo de

los fondos no era igual para todo deudor por sentencia ya

que el mercado no era homogéneo, por lo que si se quería

incentivar el pago de las sentencias dictadas la tasa a

fijarse no podía ser la misma para todos los deudores por

sentencia.

El Reglamento señaló por ejemplo, que para el

Estado el costo del dinero “es [de] aproximadamente un 70%

del

rendimiento

Gobierno

federal

mercado

monetario

de

ciertos

en

el

se

instrumentos

mercado

guía

exento,

de

deuda

mientras

esencialmente

por

del

que

la

el

tasa

preferencial.” Reglamento 78-1, Sec.2.

Ante esta realidad, la Junta Financiera estimó que era

necesario establecer tasas de intereses distintas; una para

el deudor gubernamental y otra para los litigantes

____________________________

b)

Sentencias

impuestas

a

entidades

no

contempladas en el anterior apartado: La

tasa equivalente a un punto porcentual

sobre la tasa preferencial aplicable.

La

tasa preferencial es la tasa de interés

que cobran los principales bancos en la

Ciudad de Nueva York a sus mejores

clientes comerciales e industriales en

préstamos a corto plazo.

Si la tasa

preferencial no fuera uniforme para todos

los bancos principales, se considerará

como tasa preferencial la más baja entre

las tasas cobradas por The Chase Manhattan

Bank, N.A. y Citibank, N.A.

c)

no

11

CC-2004-840

gubernamentales.

objetivo

de

la

De esta forma se lograba adelantar el

Ley

Núm.

78

de

que

el

deudor

pague

la

sentencia impuesta.

Como ya indicamos, la controversia del caso de autos

gira

precisamente

alrededor

de

dicha

diferenciación;

es

decir, si como cuestión de derecho la Junta Financiera de

la

Oficina

podía

del

fijar

Comisionado

una

tasa

de

de

Instituciones

interés

Financieras

menor

para

las

corporaciones públicas y no aplicarle a éstas la misma tasa

que estableció para los litigantes privados.

III

La

Autoridad

de

Energía

Eléctrica

así

como

la

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados son corporaciones

públicas

con

personalidad

legal

distinta

y

separada

del

gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; como

tal, gozan ambas de una estructura corporativa semejante a

las de las corporaciones privadas.

Véase Ley Núm. 57 de 30

de mayo de 1979, según enmendada, 22 L.P.R.A. secs. 191 et

seq.

y

Ley

Núm.

40

de

1ero

de

mayo

de

1945,

según

enmendada, 22 L.P.R.A. secs. 141 et seq., respectivamente.

Ambas

se

definen

en

sus

leyes

habilitadoras

como

instrumentalidades gubernamentales autónomas y ambas llevan

a cabo servicios esenciales para el país contribuyendo así

al desarrollo económico de Puerto Rico.

Véase, 22 L.P.R.A.

secs. 192, 142 respectivamente.

Véase además, Muñoz Amato,

“La

Rama

reorganización

Reorganización

de

de

la

la

Rama

Ejecutiva”

Ejecutiva,

en

La

Escuela

de

Administración Pública, Universidad de Puerto Rico, 1951,

12

CC-2004-840

págs. 72-84.

Tan es así, que la propia ley orgánica de la

A.A.A establece que el ejercicio de parte de ésta de los

poderes conferidos en ley “se estimará y juzgará como una

función gubernamental esencial.”

En

Commoloco

of

Caguas,

22 L.P.R.A. sec. 142.

Inc.

v.

Benítez

Díaz,

126

D.P.R. 478 (1990) tuvimos ocasión de expresarnos sobre el

rol preeminente de las corporaciones públicas en nuestro

desarrollo.

Allí

reconocimos

que

las

corporaciones

públicas surgieron como respuesta al deseo y la necesidad

de agilizar y promover la efectividad de la obra pública

ante

la

complejidad

de

funciones

que

confrontaron

países a partir de la Primera Guerra Mundial.

pág. 490.

los

126 D.P.R.

Resaltamos, que a pesar de la autonomía que las

caracteriza

éstas

instrumentalidad

propósitos

de

“no

pierden

gubernamental,

utilidad

su

creada

pública.”

cualidad

para

Loc.

de

responder

cit.

En

a

igual

sentido, Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982).

Véase además, De Jesús Toro, ”Historia de la reorganización

de la Rama Ejecutiva de Puerto Rico”, en La Reorganización

de

la

Rama

Ejecutiva,

op.

corporaciones

públicas

son

cit.,

págs.

parte

117-118.

importante

Las

de

la

organización administrativa del Estado moderno, al ocuparse

de amplios sectores de la vida moderna.

McCrillis v. Aut.

de Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1988).

Cónsono

con

lo

anterior,

hemos

dualidad

entre

corporación

pública

similar

a

corporación

privada,

una

y

resuelto

su

no

que

la

estructuración

impide

que

se

concluya que los fondos que utiliza provienen de fuentes

13

CC-2004-840

gubernamentales y como tal, constituyen fondos públicos,

independientemente de que éstos no pasen a formar parte del

presupuesto del Estado.

Municipio de Mayagüez v. Rivera,

113 D.P.R. 467, 475 (1982); Commoloco of Caguas v. Benítez

Díaz, supra; Huertas v. Cia. de Fomento Recreativo, 147

D.P.R. 12 (1998).

De ahí que los fondos que administran

estas corporaciones estén sujetos a la labor fiscalizadora

del

Contralor

de

gubernamentales.

Es

claro

Puerto

Rico,

entre

otras

entidades

2 L.P.R.A. sec. 73.

entonces

que

aun

cuando

las

corporaciones

públicas llevan a cabo sus funciones con cierto grado de

autonomía

operacional,

no

por

ello

dejan

de

estar

investidas de un alto interés gubernamental para el Estado,

a quien le interesa velar por que su funcionamiento sea de

la más alta calidad y eficiencia para beneficio del país y

que sus fondos se utilicen de forma prudente.

Con

este

trasfondo,

analicemos

entonces

los

planteamientos esgrimidos por la peticionaria.

IV

En su recurso, la peticionaria US Fire Insurance Co.

planteó

que

la

Junta

Financiera

de

la

Oficina

del

Comisionado de Instituciones Financieras actuó al margen de

sus poderes delegados y en contravención de lo resuelto en

Rodríguez

Cancel

v.

A.E.E.,

116

D.P.R.

443

(1985),

al

disponer mediante reglamento que la tasa de interés legal

por sentencia que le aplica a las corporaciones públicas es

la

misma

que

municipios.

le

aplica

al

gobierno

central

y

a

los

Como se indicó, esta tasa de interés es menor

14

CC-2004-840

que la que se le aplica al litigante privado.

No tiene

razón la peticionaria.

En Rodríguez Cancel resolvimos, interpretando el texto

y el historial legislativo de la Regla 44.3 de las Reglas

de Procedimiento Civil, que dicha regla solo eximía del

pago de intereses por temeridad al Estado, los municipios,

agencias e instrumentalidades y funcionarios en su carácter

oficial.

Concluimos,

que

el

legislador

excluyó

expresamente a las corporaciones públicas de las entidades

exentas, por lo tanto contra éstas se podía ordenar el pago

de

tal

interés.

Nada

hay

en

Rodríguez

Cancel

que

nos

permita extrapolar el análisis de carácter estatutario allí

esbozado al caso ante nuestra consideración.

La controversia planteada en esta ocasión versa sobre

el monto del interés por sentencia que procede aplicar a la

sentencia dictada contra la A.E.E. y la A.A.A.

indicamos,

la

Ley

Núm.

78

que

enmendó

la

Como ya

Regla

44.3,

específicamente delegó en la Junta Financiera esta tarea.

Como

directriz,

la

Ley

Núm.

78,

puntualizó

que

en

esa

gestión se debía tomar en consideración “el movimiento en

el mercado” y que el objetivo final era que el interés

fijado fuese una tasa que alentara al litigante perdidoso a

pagar la sentencia dictada en su contra.

Reiteradamente

hemos

resuelto

que

una

legislatura

puede delegar su autoridad reguladora en una agencia de

manera amplia, siempre que establezca normas adecuadas o un

principio inteligible para guiar a la agencia.

Asociación

de Farmacias v. Dpto. de Salud, res. 5 de febrero de 2002,

15

CC-2004-840

156 D.P.R. ___ (2002), 2002 T.S.P.R. 13, 2002 J.T.S. 18.

Una

agencia

amparo

administrativa

de

una

formula

delegación

sus

expresa

reglamentos

de

la

al

Asamblea

Legislativa, para darle contenido sustantivo detallado a

alguna

norma

estatutaria

complementar

general

normativamente

o

el

de

algún

esquema

otro

modo

legislativo.

Hernández v. Colegio de Optómetras, res. 24 de junio de

2002,

157

D.P.R.

___

(2002),

2002

T.S.P.R.

85;

Tosado

Cortés v. A.E.E., res. 12 de agosto de 2005, 165 D.P.R.___

(2005); 2005 T.S.P.R. 113, 2005 JTS ___;

Asociación de

Maestros v Comisión de Relaciones del Trabajo, res. 31 de

marzo de 2003, 159 D.P.R. ___ (2003), 2003 T.S.P.R. 47;

2003

J.T.S.

50.

Un

reglamento

no

puede

conferir

más

derechos, ni imponer más limitaciones, de lo que autorice

su

ley

habilitadora.

Véase,

M.&

B.S.

Inc.

v.

Depto.

la

Junta

Agricultura, 118 D.P.R. 319, 326 (1987).

La

Ley

Financiera

Núm.

la

78

tarea

correspondiente,

ya

válidamente

de

que

delegó

en

fijar

las

tasas

de

es

Junta

el

ente

la

expertise necesario para la tarea encomendada.

interés

con

el

El Art. 8

de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, 7 L.P.R.A. sec.

2009, dispuso para la creación de la Junta Financiera en la

Oficina

del

Comisionado

de

Instituciones

Financieras.

Conforme establece su ley habilitadora su función es la de

fijar,

regular,

aumentar

o

disminuir

por

reglamento

y

durante el tiempo que ello fuere necesario, los tipos de

interés

y/o

transacciones

cargos

máximos

económicas

aplicables

dentro

del

marco

a

determinadas

de

cualquiera

16

CC-2004-840

sector,

renglón

o

actividad

económica

cubiertas por leyes especiales.

del

país,

7 L.P.R.A. 2009.

no

La ley

establece que las determinaciones de la Junta deben estar

basadas en un análisis sobre el costo prevaleciente en el

mercado

para

financiar

el

dinero

diferentes

disponible

renglones

o

que

se

utiliza

actividades

para

económicas.

Loc. cit.

El Reglamento 78-1 reconoce que el costo de los fondos

no

es

igual

mercado

no

para

es

todo

deudor

homogéneo.”

por

Por

sentencia

ya

lo

para

tanto,

que

“el

poder

incentivar el pago de una sentencia es necesario establecer

tasas de interés distintas teniendo como base los costos de

los fondos.

En ese sentido y como ya habíamos indicado,

“el costo para el Estado, por ejemplo, es aproximadamente

un 70% del rendimiento de ciertos instrumentos de deuda del

Gobierno

Federal

en

el

mercado

exento,

mientras

que

el

mercado monetario privado se guía esencialmente por la tasa

preferencial.”

justifica

Reglamento

entonces

la

Núm.

78-1,

diferenciación

Sec.

2.

establecida

Ello

en

el

Reglamento 78-1 entre las entidades gubernamentales y las

no gubernamentales.

De la determinación de la Junta Financiera se colige

que ésta, conforme su conocimiento especializado, estimó

que

no

existe

corporaciones

distinción

públicas

significativa

y

las

demás

entre

las

entidades

gubernamentales para efecto del valor de sus fondos en el

mercado.

pública

Siendo ello así, y para adelantar la política

de

la

Ley

Núm.

78

de

que

no

se

dilate

17

CC-2004-840

irrazonablemente

necesario

el

pago

establecer

dos

de

una

tasas

sentencia,

de

determinó

interés

distintas

dependiendo de quién es el deudor por sentencia.

En atención a lo expresado, resolvemos que la Asamblea

Legislativa

podía,

válidamente,

delegar

en

la

Junta

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras la tarea de fijar la tasa de interés legal por

sentencia.

A

su

vez,

la

delegación

de

la

Asamblea

Legislativa se hizo con parámetros claros para guiar la

discreción de la Junta.

La Junta Financiera por su parte,

conforme al poder delegado y en atención a su expertise

sobre la materia determinó, utilizando criterios objetivos,

que era necesario establecer distintas tasas de interés por

sentencia, una para los entes gubernamentales incluyendo

las corporaciones públicas y otra para el sector privado.

La actuación de la Junta Financiera no fue arbitraria ni

caprichosa y la misma se ajustó a los parámetros de su

delegación.

No se incurrió en el error alegado.

La Junta Financiera en efecto le impartió contenido a

la

norma

estatutaria

según

delegada

y

de

esta

complementó normativamente el esquema legislativo.

contexto

hemos

indicado

que

“un

trato

forma

En otro

contributivo

diferente, de estipendios de naturaleza diferente, per se

no constituye un trato preferencial ni discriminatorio.”

Rodríguez v. Secretario de Hacienda, 135 D.P.R. 219, 224

(1994).

18

CC-2004-840

auto

Por

los

fundamentos

antes

y

se

confirma

determinación

la

mencionado,

del

se

expide

al

Tribunal

de

Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Juan Gutiérrez

otros

Calderón,

y

Demandantes

. . .

U.S. Fire Insurance Company

CC-2004-840

Peticionaria

v.

Autoridad de Acueductos y

Alcantarillados; Autoridad de

Energía Eléctrica y otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2006

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la

presente, se expide al auto y se confirma la determinación

del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera

Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo