LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Juan Capestany Rodríguez

2006 TSPR 3

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Juan Capestany Rodríguez

TS-000004065

Reinstalación inmediata al ejercicio de la abogacía y la notaría

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionarios

Certiorari

v.

2006 TSPR 3

Sucesión Damián Planas Parrilla

166 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2004-1105

Fecha: 11 de enero de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel I

Juez Ponente:

Hon. Zadette Bajandas Vélez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Camelia Fernández Romeu

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Leticia Casalduc Rabell

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Damián F. Planas Merced

Lcdo. Xavier J. Planas Merced

Materia: Expropiación Forzosa; Daños y Perjuicios; Injunction

Preliminar y Permanente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

2

CC-2004-1105

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionarios

v.

CC-2004-1105

Sucesión Damián Planas

Parrilla

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2006

El

24

de

octubre

de

2002

el

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, a nombre y para beneficio de

la Autoridad de Energía Eléctrica (la “Autoridad”),

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, una petición de expropiación

para adquirir una servidumbre real y perpetua sobre

cierto predio de terreno con cabida superficial de

4,406.9032

metros

cuadrados,

sito

en

el

Barrio

Quebrada Grande del municipio de Trujillo Alto.

La

finca

la

principal

sobre

la

cual

discurrirá

servidumbre tiene una cabida de 4.25 cuerdas y, sobre

la misma, discurre ya otra servidumbre del tendido

eléctrico a favor de la Autoridad.

3

CC-2004-1105

Se

informó

en

la

petición

que

la

servidumbre

era

necesaria para el desarrollo del proyecto de obra pública de

la Autoridad denominado “Línea 230KV, Sabana Llana, Yabucoa”,

conocido como Lazo del Este (en adelante “el Proyecto” o

“Lazo del Este”).

A esos fines se instalarán sobre el predio

de

donde

terreno

conductores

por

discurrirá

eléctricos,

las

la

servidumbre,

estructuras

necesarios para la línea eléctrica.

y

los

los

postes

Este proyecto tiene como

propósito mejorar el suministro de energía eléctrica en el

este de Puerto Rico.

En la petición de expropiación se

indicó que la cantidad de $32,390.00 constituía la justa

compensación por el derecho real y perpetuo de servidumbre a

ser adquirido; cantidad que fue consignada por el Estado en

la secretaría del tribunal.

La petición fue notificada a la parte con interés, la

Sucesión Damián Planas Parrilla, compuesta por: la doctora

Virginia Planas Merced, el licenciado Damián Planas Merced,

Xavier Planas Merced y Norma Planas Merced.

El 1ero de noviembre de 2002, el Tribunal de Primera

Instancia dictó una resolución traspasando la titularidad de

la servidumbre al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 26 de febrero de 2003 el licenciado Damián Planas

Merced,

por

derecho

propio,

petición de expropiación.

presentó

una

oposición

a

la

En el escrito presentado se indicó

que objetaba la expropiación porque, alegadamente, la misma

era

improcedente

e

injusta

y

constituía

una

confiscación

indebida de la propiedad al impedir todo uso razonable y

4

CC-2004-1105

efectivo de su finca, además de ser innecesaria.

Sostuvo que

la ubicación de las torres y cables del tendido eléctrico en

el

área

expropiada

colocarían

a

dicho

predio

y

a

la

residencia que allí ubica, en posición desventajosa toda vez

que estaría totalmente rodeado de cables de alta tensión ya

que

desde

el

año

1973

servidumbre

a

favor

de

la

la

finca

está

Autoridad.

afecta

Se

con

indicó

otra

que

la

alineación del proyecto original Lazo del Este había sido

variada para favorecer a un ex empleado de la Autoridad ya

que

en

los

planos

originales

el

tendido

eléctrico

no

discurría sobre la propiedad de la Sucesión Planas sino sobre

la de este ex empleado.

La oposición presentada cuestionaba

el fin público de la expropiación.

Finalmente, se indicó que

de proceder la expropiación se debía expropiar la totalidad

de la finca.

En

esa

misma

fecha,

el

licenciado

Planas

presentó

también una solicitud de injunction preliminar y permanente

dentro del procedimiento de expropiación.

se

solicitó,

entre

otras

cosas,

la

En el injunction

paralización

de

los

trabajos que realizaba la Autoridad de Energía Eléctrica en

el

área

hasta

tanto

el

Tribunal

de

Primera

celebrara una inspección ocular del lugar.

petición

de

injunction

los

argumentos

oposición

a

la

de

expropiación.

petición

Instancia

Reprodujo en la

esgrimidos

El

en

su

tribunal

de

instancia señaló una vista para el 18 de marzo de 2003, para

discutir

la

moción

presentada

por

el

licenciado

Planas.

5

CC-2004-1105

Además,

señaló

otra

vista

para

discutir

la

justa

compensación.

Posteriormente, el 11 de marzo de 2003, el licenciado

Planas presentó una petición solicitando se citara a la vista

pautada para el 18 de marzo a varios funcionarios de la

Autoridad,

entre

ellos,

su

Director

Ejecutivo

y

los

ingenieros Ramón Rodríguez Fonseca y Eduardo Goitía empleados

de la Autoridad.

La

vista

se

El tribunal accedió a lo solicitado.

celebró

y

a

la

misma

comparecieron

los

funcionarios de la Autoridad, mas no su Director Ejecutivo.

El licenciado Planas no utilizó los testigos citados.

En la

vista, el licenciado Planas impugnó el fin público de la

expropiación y solicitó se dejara sin efecto la resolución

del tribunal traspasando la titularidad de la servidumbre al

Estado Libre Asociado.

El tribunal declaró sin lugar dicha

solicitud y quedó por resolver si se paralizaría la entrega

material de la propiedad.

Se le concedió un término al

Estado para que se expresara sobre el particular.

El 1ero de abril de 2003, el licenciado Planas y su

hermano Xavier Planas Merced, quien compareció por primera

vez, presentaron una moción solicitando relevo de sentencia y

remedio urgente en la cual, fundamentalmente, reiteraron sus

planteamientos anteriores.

El tribunal determinó que nada

tenía que proveer con respecto a la moción de relevo de

sentencia y remedio urgente.

Añadió en su resolución que

había una vista pautada para el 29 de abril de 2003 y en la

misma se consideraría la impugnación del fin público.

6

CC-2004-1105

El 17 de de abril de 2003, el licenciado Planas y su

hermano solicitaron que se citara a seis funcionarios de la

Autoridad a la vista pautada para el 29 de abril, incluyendo

nuevamente al Director Ejecutivo.

Se adujo que ello era

necesario para resolver la controversia ante la consideración

del foro primario.

El Estado Libre Asociado presentó sendas mociones en

oposición a la impugnación del fin público y la citación de

testigos, y solicitó del tribunal que proveyera no ha lugar a

ambas mociones.

Posteriormente, el Estado presentó una nueva moción en

la

cual

discutió

más

a

fondo

público.

Indicó

que

la

determinación

de

discurrir

la

es

sólo

servidumbre

el

una

asunto

que

relativo

por

al

fin

dónde

debe

compete

a

la

Autoridad por ser ésta el organismo público con conocimiento

administrativo

pericial

necesario

para

hacer

tal

determinación.

Se señaló en el escrito presentado que la

decisión de la Autoridad de expropiar una servidumbre en la

finca de la Sucesión Planas respondió a que esa era la ruta

de menor impacto económico y social pues, utilizar la ruta

original, conllevaba afectar un número mayor de residencias

incluyendo el desalojo de personas.

La vista del 29 de abril se celebró y en esa fecha el

tribunal de instancia pautó una nueva vista para el 10 de

junio, para continuar con la discusión sobre el fin público.

El 2 de mayo, el licenciado Planas presentó una moción

en la cual solicitaba que el Estado le suministrara todo

7

CC-2004-1105

documento, estudio, análisis y evaluación, así como planos,

propuestas,

certificaciones

y

aprobaciones,

tanto

del

proyecto original como de la ruta alterna, con el propósito

de

examinarlos

y

utilizarlos

para

contestar

y

adecuadamente al escrito presentado por el Estado.

día,

presentó

además

una

moción

urgente

replicar

Ese mismo

solicitando

inspección ocular.

El 14 de mayo de 2003 el Estado replicó.

En su escrito,

se opuso a la citación de la mayoría de los testigos que

pretendía utilizar el licenciado Planas.

El Estado adujo que

sus testimonios eran impertinentes pues no habían participado

en la decisión sobre la ubicación del Proyecto.

En relación

con otras dos personas citadas por el licenciado Planas se

informó que éstas iban a ser utilizados por el Estado como

sus

testigos

pues

eran

empleados

de

la

Autoridad

con

conocimiento de los hechos que dieron base a la determinación

de la ubicación de la servidumbre en controversia.

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a

la

solicitud

licenciado

de

citación

de

testigos

Planas.

El

foro

primario

presentada

concluyó

que

por

el

en

un

procedimiento de expropiación el demandado no podía iniciar

un descubrimiento de prueba dirigido a obtener información

para

sostener

caprichosa

y

su

alegación

arbitraria.

de

El

que

la

tribunal

expropiación

también

denegó

era

la

petición de descubrimiento de prueba presentada.

Inconforme, los recurridos solicitaron reconsideración.

Sostuvieron que el Estado Libre Asociado había obrado en

8

CC-2004-1105

fraude

al

que

la

real,

pues

pretendía

beneficiar a un ex funcionario de la Autoridad.

Arguyeron

presentada

que

tribunal,

con

no

un

tenían

tenía

derecho

mala

fin

a

fe

y

público

utilizar

los

expropiación

mecanismos

de

descubrimiento de prueba que fueran necesarios para defender

sus intereses.

Paralelamente, el 9 de junio de 2003, el licenciado

Planas Merced y su hermano Xavier Planas, presentaron una

demanda

de

injunction

preliminar

el

perjuicios

y

fraude

contra

Autoridad

de

Energía

y

permanente,

daños

y

Libre

Asociado,

la

Director

Ejecutivo

y

Estado

Eléctrica,

su

varios otros funcionarios de la Autoridad.

En la misma se

reprodujeron los argumentos de fraude y colusión esgrimidos

en el procedimiento de expropiación.

El 19 de junio de 2003, en el pleito de expropiación, el

tribunal dictó una resolución en la cual declaró no ha lugar

a

la

reconsideración

presentada.

El

foro

de

instancia

concluyó que la impugnación del fin público era improcedente

pues

surgía

del

expediente

que

se

expropiaba

para

el

desarrollo del proyecto Lazo del Este, cuyo propósito era

mejorar el suministro de energía eléctrica en el noreste de

Puerto Rico. Toda vez que éste era un fin público válido no

le correspondía al tribunal cuestionar el mismo.

De la misma

forma, no era función del tribunal determinar por dónde debía

discurrir ese tendido eléctrico.

jurisprudencia

de

este

El tribunal expuso que la

Tribunal

había

permitido

la

impugnación de los bienes a expropiarse cuando la selección

9

CC-2004-1105

había sido patentemente arbitraria, caprichosa o irrazonable,

o cuando hubiera mediado fraude o mala fe y ello sólo en

aquellas circunstancias en que el Estado había delegado su

facultad de expropiación en entidades privadas dedicadas a

fines públicos.

En este caso ello no había ocurrido ya que

quien expropiaba era el propio Estado para beneficio de la

Autoridad, una corporación pública.

Indicó además que el descubrimiento de prueba estaba

disponible para medir la adecuacidad de la compensación lo

que no se dilucidaba en este momento.

Concluyó, que ninguna

de las personas a las que se pretendía citar podría aportar

información significativa adicional para la resolución de la

controversia de fin público ya que esa determinación fue

tomada por el Estado, o por la agencia con dicha facultad, y

tal determinación debía ser respetada por el tribunal.

Inconformes, el 22 de julio de 2003, los recurridos

acudieron ante el Tribunal de Apelaciones en solicitud de

certiorari.

Allí reiteraron los planteamientos esgrimidos

ante

primario.

el

foro

La

acompañada

con

una

moción

solicitando

se

paralizara

la

petición

en

de

auxilio

vista

de

pautada

certiorari

fue

jurisdicción,

ante

el

foro

primario en la cual se dilucidaría la impugnación del fin

público

así

como

arbitrariedad.

sus

alegaciones

de

fraude,

mala

fe

y

El Tribunal de Apelaciones, ese mismo día,

expidió el auto solicitado.

El 26 de agosto, notificada el 3 de septiembre de 2004,

el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia revocando la

10

CC-2004-1105

determinación del foro primario.

procedía

el

descubrimiento

de

El tribunal resolvió que

prueba

solicitado

por

miembros de la sucesión para impugnar el fin público.

los

En la

sentencia, el foro apelativo concluyó que cuando se expropia

para una corporación pública el estándar de deferencia debida

por el tribunal en cuanto a la revisión de la determinación

de fin público, es menor o más atenuado que cuando quien

expropia es el Estado o una de sus instrumentalidades.

El foro apelativo intermedio indicó en su sentencia lo

siguiente:

[E]l caso ante nos trata de una expropiación

iniciada por el ELA a instancias de la AEE,

corporación pública que goza esencialmente de

elementos de una entidad privada.

Es decir, no

estamos ante una expropiación emprendida por una

clásica instrumentalidad pública, que no posee

personalidad jurídica propia y cuya identidad se

funde con la propia identidad del Estado [. . .]

Habida cuenta de que la AEE posee una estructura

operacional y financiera característica de una

corporación privada y desvinculada a la del ELA,

no podemos impregnar sus decisiones con la

‘inmunidad’ que revisten las decisiones tomadas

por una instrumentalidad enteramente pública, o

sea, por el Estado. [. . .] Es por ello que

entendemos que, en el caso particular ante

nuestra consideración, la existencia de un fin

público

debe

ser

objeto

de

especial

consideración,

y

no

debe

ser

despachada

ligeramente con una simple alegación en la

Petición y un plano del proyecto.

El

foro

apelativo

intermedio

determinó

que

los

recurridos tenían derecho a impugnar “el propósito detrás de

la expropiación de la finca”, para lo cual se debía celebrar

una vista evidenciaria en la cual se presente la prueba que

se estime apropiada y el foro de instancia pueda tomar una

decisión informada sobre el particular.

Por lo tanto, revocó

11

CC-2004-1105

la decisión del tribunal primario y devolvió el caso a dicho

foro para la celebración de la vista correspondiente.

Inconforme,

el

Estado

Libre

nosotros en petición de certiorari.

Asociado

acudió

ante

En el recurso instado se

señaló como error el siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

ordenar

la

celebración

de

una

vista

para

determinar si la expropiación sirve un fin

público, y al permitir descubrimiento de prueba

al respecto, cuando: (i) la propia parte con

interés ha admitido expresamente que no impugna

el fin público de la expropiación, (ii) como

cuestión

de

hecho

no

controvertido,

la

expropiación de la servidumbre se realizó para

realizar un proyecto de alto interés público

dirigido a fortalecer el suministro de energía en

el sureste de Puerto Rico y (iii) las alegaciones

de la parte con interés, respecto a la selección

de su finca (en vez de otra) no inciden sobre el

fin público de la expropiación, por lo cual

dichas

alegaciones

carecen

de

pertinencia

jurídica en este contexto y, por ello, no procede

la celebración de vista laguna par dilucidar la

veracidad de las mismas.

El 4 de marzo de 2005 expedimos el recurso instado.

Ambas partes comparecieron con sus respectivos escritos.

El

caso quedó sometido ante nuestra consideración el 3 de julio

de 2005.

Así las cosas, el 10 de agosto de 2005, pendiente el

caso ante nuestra consideración, el Hon. Carlos Cabán García,

Juez

Administrador

presentó

ante

de

este

“Comparecencia especial”.

la

Región

Tribunal

Judicial

un

de

escrito

San

Juan,

titulado

En el mismo, llamó la atención del

Tribunal a un posible conflicto entre las disposiciones de la

Ley de Expropiación Forzosa de 1903, 32 L.P.R.A. secs. 2901

12

CC-2004-1105

et

seq.,

y

la

Regla

20(e)

del

Reglamento

del

Tribunal

Supremo.

En su comparecencia, el Hon. Juez Cabán García informó

que

el

27

de

consideración

enero

ante

de

2005,

nosotros

la

estando

pendiente

petición

de

de

certiorari

presentada por el Estado, el Tribunal de Primera Instancia a

solicitud

del

Estado

emitió

una

resolución

y

orden

autorizando la entrega material de la servidumbre y ordenando

al Alguacil del tribunal a diligenciar y ejecutar la orden.

A esos efectos, el 31 de enero se emitió el correspondiente

mandamiento.

Informó que el Estado entonces solicitó de la

Oficina del Alguacil, con posterioridad a que expidiésemos

este recurso de certiorari, el diligenciamiento y ejecución

de la resolución y orden del 27 de enero de 2005.

El Hon. Juez Cabán García indicó en su escrito que la

Ley de Expropiación Forzosa establece que ningún recurso de

apelación en una causa de esta naturaleza tendrá el efecto de

evitar o demorar la adquisición o investidura del título de

las propiedades por el Estado Libre Asociado y su entrega

material.

32 L.P.R.A. sec 2907.

La ley dispone que en casos

de apelación ante el Tribunal Supremo la entidad que hubiere

promovido

la

expropiación

propiedad expropiada.

Por

Tribunal

otro

lado,

Supremo

podrá

tomar

posesión

de

la

Reglamento

del

29 L.P.R.A. sec. 2913.

La

dispone

Regla

que

20(e)

la

del

expedición

del

auto

de

certiorari suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de

Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia, “salvo orden

13

CC-2004-1105

en contrario expedida por este tribunal motu proprio o a

solicitud de parte.”

A la luz de lo anterior y a ante el posible conflicto

entre las anteriores disposiciones relativo a la autoridad

para

continuar

el

trámite

del

caso

ante

el

tribunal

de

instancia, el Hon. Juez Cabán García compareció ante este

Tribunal “a los fines de que el Tribunal Supremo disponga lo

que proceda.”

El pasado 11 de agosto le concedimos a las partes un

término simultáneo de diez (10) días para que expresaran lo

que a bien tuvieran respecto la comparecencia especial del

Juez Cabán García.

Ambas partes comparecieron y expresaron

su disconformidad con el curso de acción tomado por el Juez

Cabán García.

través

del

lenguaje

cuestionan

El escrito presentado por los recurridos, a

señor

y

Planas,

contiene

las

es

altamente

insinuaciones

motivaciones

del

ofensivo

en

tono,

injustificadas

que

magistrado

de

instancia.

Dicho escrito merece nuestra censura y alto reproche.

Evaluado los escritos presentados, el expediente ante

nuestra consideración así como el expediente del Tribunal de

Primera Instancia, pasamos a resolver.

II

El recurrido en este caso ha impugnado la expropiación

de una servidumbre real y perpetua a discurrir sobre su finca

bajo el fundamento que la misma no persigue un fin público.

Lo cierto es sin embargo, que su cuestionamiento va dirigido

más que nada a impugnar la selección del lugar por donde

14

CC-2004-1105

habrá de discurrir la servidumbre.

Aduce que la alineación

escogida

no

para

el

tendido

eléctrico

es

la

más

idónea.

Indicó que la alineación original se varió para beneficiar a

un

ex

empleado

de

la

Autoridad

porque

originalmente

se

contempló una ruta que llevaría el tendido eléctrico sobre la

propiedad de esta persona.

Planteada la controversia en

estos términos, en rigor, la misma no presenta un problema de

fin público.

A

Recientemente,

en

Autoridad

de

Carreteras

y

Transportación v. Adquisición de 780.6141 metros cuadrados de

Terreno, res. 28 de junio de 2005, 164 D.P.R. ___, 2005 TSPR

___, 2005 JTS 97, tuvimos ocasión de expresarnos sobre la

naturaleza y alcance del poder de expropiación forzosa del

Estado.

Allí nos reiteramos en que esta prerrogativa es una

facultad inherente al poder soberano del Estado y como tal,

superior a todos los derechos de propiedad.

Carreteras,

ante;

E.L.A.

v.

Registrador,

Autoridad de

111

D.P.R.

117

(1981); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967).

Como toda facultad, la misma no es absoluta.

Así pues,

el poder de expropiación del Estado se encuentra limitado por

el

Art.

II,

Sec.

9

de

la

Constitución

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, que dispone que “[n]o se tomará o

perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser

mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con

la forma provista por ley.”

Conforme este claro mandato

constitucional, hemos reconocido que el poder del Estado para

15

CC-2004-1105

expropiar propiedad privada está restringido por la exigencia

del pago de una justa compensación, que el bien expropiado se

destine para un fin o uso público y que se haga conforme el

procedimiento

establecido

por

ley.

Culebras

Enterprises

Corp. v. E.L.A. 143 D.P.R. 935 (1997); Culebras Enterprises

Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991).

Reiteradamente

hemos

señalando

que

la

Asamblea

Legislativa goza de “amplio margen” para determinar qué uso

se

considerará

gubernamental

forzosa.

público

para

y

así

adquirir

autorizar

bienes

a

mediante

un

ente

expropiación

E.L.A. v. Fajardo Sugar Company, 79 D.P.R. 321, 330

(1953),

E.L.A.

(1994).

En Fajardo Sugar, ante, pág. 330, indicamos que la

determinación

deferencia

v.

de

“hasta

Rexco

la

Legislatura

tanto

imposibilidad . . . .”

Co.

V.

United

Industries,

se

137

en

D.P.R.

tal

demuestre

683,

sentido

que

688

merece

envuelve

una

Véase también, Monongahela Navigation

States,

148

U.S.

312,

317

(1893)

(“The

legislature may determine what private property is needed for

public

purposes;

that

is

a

question

of

political

and

legislative matter.”); Kelo v. City of New London, 544 U.S.

___,

___

(2005)(slip

op.,

págs.

12-13)(“For

more

that

a

century, our public use jurisprudence has wisely eschewed

rigid formulas and intrusive scrutiny in favor of affording

legislatures broad latitude in determining what public needs

justify

the

use

of

takings

power.”)

En

virtud

de

tal

deferencia, se presume que un uso es público si así ha sido

16

CC-2004-1105

declarado

por

la

Asamblea

Legislativa

delegado.

Fajardo Sugar, ante, pág. 334.

o

el

organismo

Mediante la aprobación de la ley habilitadora de la

entonces Autoridad de Fuentes Fluviales -–hoy Autoridad de

Energía Eléctrica--, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, sec.

23, 22 L.P.R.A. sec. 214, la Asamblea Legislativa dispuso que

toda “propiedad con sus accesorios que la Autoridad estime

necesario

y

conveniente

utilizar

para

llevar

a

cabo

los

propósitos expresados en las secs. 191 a 217 de este título,

quedan por la presente declarados de utilidad pública.”

Por

lo

lo

tanto,

aquella

propiedad

que

sea

necesaria

según

estime la Autoridad, para mejorar, conservar o desarrollar el

suministro de energía eléctrica en Puerto Rico, ya ha sido

declarada de utilidad pública por la Asamblea Legislativa.

Como

vemos,

tanto

la

Asamblea

Legislativa

como

la

Autoridad hicieron ya una determinación de fin público que

valida la expropiación efectuada en este caso.

Ciertamente,

una

mejorar

expropiación

que

tiene

como

propósito

el

suministro de energía eléctrica en el este del país persigue

racionalmente

Housing

un

objetivo

de

v.

Midkiff,

Authority

utilidad

467

pública.

U.S.

Hawaii

229,

241

(1984)(“rationally related to a conceivable public purpose.”)

No cabe hablar en este caso entonces como lo ha hecho el

recurrido,

que

la

expropiación

del

derecho

real

de

servidumbre en este caso carece de un fin público.

Como indicamos ya, el recurrido centra su discusión en

un cuestionamiento sobre la selección del lugar por donde

CC-2004-1105

17

habrá de discurrir la servidumbre del tendido eléctrico.

En

el caso seminal de M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior,

85 D.P.R. 370, 376 (1962), ante un cuestionamiento de esta

naturaleza, establecimos la norma a seguir y señalamos:

En efecto, se ha sostenido que una vez se

establezca que el uso para el cual se destina la

propiedad expropiada constituye un fin público,

no corresponde a los tribunales revisar la

determinaciones sobre la naturaleza o extensión

del derecho a adquirirse, la cantidad de terreno

a expropiarse, la necesidad o lo adecuado del

sitio en particular, porque ésta es una función

que ejerce la legislatura bien directamente o

delegándola en agencias o funcionarios públicos.

Aceptado que el propósito es público, . . . no

nos corresponde revisar el ejercicio de la

discreción administrativa en la selección de los

terrenos expropiados o su adaptabilidad para el

uso público específico a que se destinan.

(Énfasis nuestro.)

Concluimos entonces, que bajo este estándar de amplia

deferencia

a

la

determinación

de

la

Asamblea

Legislativa

respecto el fin público que persigue una expropiación, así

como la deferencia debida a la determinación del organismo

gubernamental sobre la naturaleza o extensión de la propiedad

a

expropiarse

servidumbre,

y

el

lugar

por

no

es

función

donde

nuestra

deberá

cuestionar

revisando la corrección de esa determinación.

récord

que

nos

permita

concluir

discurrir

que

la

la

la

misma

Nada hay en el

decisión

de

la

Autoridad ha sido una arbitraria y caprichosa; y, que la

misma “envuelve una imposibilidad”.

En atención a ello, ya

hemos resuelto que no habremos de intervenir para cuestionar

esa determinación.

ante.

M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior,

18

CC-2004-1105

El

hecho

de

que

la

servidumbre

expropiada

sea

para

beneficio de una corporación pública como la Autoridad, no

incide sobre nuestra determinación y no varía el estándar de

deferencia que hemos aplicado anteriormente.

Claramente la

Autoridad está cumpliendo con una misión de alto interés

público al mejorar la infraestructura energética del país

mediante el desarrollo de este proyecto.

No tiene razón el

Tribunal de Apelaciones cuando indica que se debe variar el

estándar

de

deferencia

debida

cuando

se

expropia

para

beneficio de una corporación pública.

El

procedimiento

de

expropiación

forzosa

no

es

el

vehículo apropiado para darle curso a las alegaciones de la

parte recurrida.

Una vez validamos la determinación de fin

público de la expropiación de la servidumbre, ahí concluye el

análisis.

Finalmente,

toda

vez

que

hemos

resulto

que

la

expropiación de la servidumbre en cuestión adelanta un fin

público procede entonces la entrega material de la misma a la

Autoridad, por lo que resulta innecesario que nos expresemos

sobre el planteamiento que trajo ante nuestra atención del

Hon. Juez Cabán García.

El mismo se tornó académico con

nuestra determinación.

Por

los

fundamentos

antes

expresados

los

que

aquí

incorporamos, se dicta sentencia revocando al Tribunal de

Apelaciones y se devuelve el caso al foro primario para que

continúen los procedimientos acorde a lo aquí resuelto.

19

CC-2004-1105

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

Secretaria del Tribunal Supremo.

Fuster

escrita.

Berlingeri

concurre

en

y

certifica

la

El Juez Asociado señor

el

resultado

sin

opinión

El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con

opinión escrita a la que se une el Juez Asociado señor Rivera

Pérez.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

20

CC-2004-1105

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Demandantes-peticionarios

V

CC-2004-1105

CERTIORARI

Sucesión Damián Planas

Parrilla

Demandados-recurridos

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR

REBOLLO LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA

PÉREZ

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2006

La aplicación, mecánica y automática, de

preceptos legales y normas jurisprudenciales

a los hechos de un caso en particular tiene

la indeseable consecuencia de llevar a los

tribunales a la comisión de un serio y grave

error, a saber: la emisión de una decisión no

sólo errónea sino que, peor aún, injusta. La

Sentencia que hoy emite una mayoría de los

integrantes del Tribunal en el presente caso

es

un

ejemplo

claro

--pudiéramos

decir,

“clásico”-- de lo anteriormente expresado.

La

decisión

mayoritaria

emitida

se

limita a repetir unas citas legales y unas

expresiones hechas por este Tribunal en unas

decisiones

referentes

expropiación,

corrección

creando

jurídica,

a

la

una

la

materia

de

ilusión

de

cual

esconde

21

CC-2004-1105

una patente y crasa violación al debido procedimiento de ley

en

su

dimensión

procesal.

En

específico,

la

decisión

mayoritaria emitida, amparándose en la deferencia que merece

una determinación de fin público que haga el Estado, viola el

derecho que tiene el titular del predio expropiado a formular

válidas objeciones a dicha expropiación. Veamos.

I

Los hechos, en apretada síntesis, demuestran que uno de

los

miembros

de

la

Sucesión

Planas

Parrilla

radicó

una

oposición a la solicitud de expropiación, radicada por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a favor de la Autoridad

de Energía Eléctrica, relativa a una finca propiedad de la

mencionada Sucesión. En dicha oposición se alegó que la finca

en

controversia

ya

estaba

sujeta

a

otra

servidumbre

eléctrica, producto la misma de una primera expropiación a

favor

de

la

A.E.E.;

situación

que

causaba

que

la

finca

estuviese totalmente “rodeada” de cables de alta tensión,

razón por la cual lo razonable era que se expropiara la

totalidad de la finca.

Resulta importante enfatizar el hecho de que el opositor

alegó que la ruta original por donde discurrirían las líneas

eléctricas

de

la

nueva

pretendía

establecer

la

servidumbre

A.E.E.,

no

ya

era

que

la

que

dicha

ahora

agencia

alegadamente había desviado la referida ruta únicamente con

el propósito de beneficiar a uno de sus ex-ejecutivos; esto

es, que originalmente la finca a ser expropiada era otra,

perteneciente la misma a dicha ex-empleado. En específico, y

22

CC-2004-1105

en relación con dicha alegación, el opositor señaló que dicha

información

le

había

sido

brindada

por

el

jefe

de

la

construcción del referido proyecto, el Ingeniero Rodríguez

Fonseca.

Así las cosas, la Sucesión Planas Parrilla presentó una

solicitud de orden para que se le proveyera copia de todos

los

documentos

expropiado,

utilizados

para

entiéndase

evaluaciones

del

lugar

escoger

el

lugar

certificaciones,

de

la

a

ser

estudios,

expropiación,

propuestas

y

planos de construcción. La entrega de dichos documentos era

necesaria,

según

indicó

la

Sucesión,

para

poder

rebatir

adecuadamente la alegación del E.L.A. en cuanto a que la

Autoridad había escogido la ruta de menor impacto económico y

social para establecer la servidumbre. Además, solicitó que

se le permitiera deponer a varios ejecutivos y empleados de

la Sucesión.

El

foro

de

instancia

denegó

tanto

la

solicitud

de

citación de testigos como la petición de descubrimiento de

prueba

presentada.

Concluyó

el

referido

foro

que

en

un

procedimiento de expropiación forzosa, el demandado no podía

iniciar

descubrimiento

de

prueba

dirigido

a

obtener

información para sostener su alegación de que la expropiación

era arbitraria y caprichosa.

Inconforme, la Sucesión acudió, en revisión, ante el

Tribunal

de

Apelaciones.

Dicho

foro

revocó

la

determinación del tribunal de instancia. Concluyó que cuando

el E.L.A. expropia una propiedad a favor de una corporación

23

CC-2004-1105

pública

como

la

A.E.E.,

la

cual

posee

una

estructura

operacional y financiera característica de una corporación

privada,

la

determinación

de

fin

público

no

podía

estar

impregnada de la “inmunidad” que revisten decisiones tomadas

por instrumentalidades enteramente públicas. Determinó, por

consiguiente, que dadas las circunstancias particulares del

caso,

en

el

personales

cual

en

se

la

alegaba

decisión

la

existencia

tomada

por

la

de

intereses

Autoridad

al

solicitar la expropiación de la propiedad de la Sucesión

Planas Parilla, procedía que el foro primario dilucidara en

una vista la existencia o ausencia de fin público y permitir

un

amplio

descubrimiento

de

prueba

a

las

partes

y

citar

testigos que esclarecieran el fin que se perseguía con la

expropiación.

Inconforme, el Procurador General, en representación del

E.L.A., acudió ante este Tribunal vía recurso de certiorari

en

revisión

de

la

anterior

determinación.

Expedimos

el

recurso.

II

La Sentencia mayoritaria se limita a informarnos: que

reiteradamente hemos resuelto que el poder de expropiación

forzoza

del

soberano

del

Estado

Estado

“…es

una

facultad

y,

como

tal,

inherente

superior

a

al

poder

todos

los

derechos de propiedad”; que, no obstante lo anterior, dicha

facultad “…no es absoluta”; y que dicho poder de expropiación

se encuentra limitado por las disposiciones de la Sección 9

24

CC-2004-1105

del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

En segundo término, la Sentencia mayoritaria nos señala:

que,

reiteradamente,

hemos

expresado

que

la

Asamblea

Legislativa goza “…de amplio margen para determinar qué uso

se

considerará

gubernamental

público

para

y

así

adquirir

autorizar

bienes

a

mediante

un

ente

expropiación

forzoza”; que, en virtud de tal deferencia, “se presume que

un uso es público si así ha sido declarado por la Asamblea

Legislativa

o

el

organismo

delegado”;

y

que,

habiendo

la

Legislatura y la A.E.E. ya hecho una determinación sobre fin

público en el presente caso, la expropiación realizada es

válida.

Por último, nos ilustra la Mayoría a los efectos de que,

siendo ello así, “no es función nuestra cuestionar [dicha

determinación] revisando la corrección de la misma”, razón

por la cual procede la revocación de la sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones.

III

En su razonamiento, mecánico y automático, la Mayoría

pasa

por

solución

alto

varios

factores

importantes

del

presente

caso.

primer

En

en

lugar,

la

correcta

olvida

lo

preceptuado, precisamente, en la Sección 9 del Artículo II de

nuestra Constitución; establece la misma, en lo pertinente,

que no “…se tomará o perjudicará la propiedad privada para

uso

público

a

no

ser

mediante

el

pago

de

una

justa

25

CC-2004-1105

compensación y de acuerdo con la forma prevista por ley”.

(énfasis suplido).

En relación con lo antes expresado, nos vienen a la

mente varias disposiciones de las Reglas de Procedimiento

Civil,

referentes

las

mismas

a

pleitos

de

expropiación

forzosa. Establece la Regla 58.3, Inciso (b), que en los

referidos litigios el demandante incluirá, como demandados, a

todas las personas que tengan, o puedan tener, un derecho

sobre la propiedad a ser expropiada. Por otro lado, el Inciso

(b) de la Regla 58.4 de Procedimiento Civil especifica la

información

que

se

deberá

incluir

en

el

emplazamiento,

a

saber: el demandante advertirá al demandado, o demandados,

que dentro de los veinte (20) días después de efectuado el

emplazamiento, éste, o éstos, deberán notificar al abogado

del

demandante

su

contestación,

la

cual

incluirá

las

objeciones que tengan a la expropiación y que, el no hacerlo,

constituirá una renuncia a su derecho de hacer objeciones a

la expropiación y una aceptación de la autoridad del tribunal

para

proceder

a

ver

el

pleito

y

a

fijar

la

justa

compensación.

A esos mismos efectos, la Regla 58.5 dispone que, si un

demandado tuviere alguna defensa u objeción a la adquisición

de la propiedad, notificará su contestación dentro de veinte

(20)

días

después

de

haber

sido

notificado

expropiación. La contestación identificará

de

la

la propiedad en

la cual el demandado sostiene que tiene un derecho, expondrá

la naturaleza y el alcance de dicho derecho y expondrá todas

26

CC-2004-1105

sus defensas y objeciones a la adquisición de su propiedad.

Un demandado renunciará todas las defensas y objeciones que

no fueren así presentadas, pero en la vista de la cuestión de

justa compensación hubiere o no comparecido o contestado con

anterioridad a dicha vista, podrá dicho demandado ofrecer

evidencia en cuanto a la cuantía de la compensación que deba

pagarse

por

su

propiedad,

y

podrá

participar

en

la

distribución de la suma adjudicada. Ibid.

Como resulta obvio, las Reglas de Procedimiento Civil

reconocen

el

derecho

procedimiento

expropiación

otorgada

de

de

como

del

demandado,

expropiación

su

justa

propiedad

dentro

forzosa,

y

a

compensación.

a

el

un

objetar

la

la

cuantía

presente

caso,

protestar

En

de

estamos ante una denegatoria del foro primario de permitir un

descubrimiento de prueba a los efectos de que los demandados,

Sucesión Damián Planas Parilla, puedan estar en posición de

oponerse adecuadamente a la toma de su propiedad y probar que

la selección de los terrenos fue arbitraria y caprichosa.

Entendemos que dicha determinación es incorrecta.

Ya este Tribunal expresó en E.L.A. v. Fonalledas, 84

D.P.R

573,

579

(1962),

que

en

el

procedimiento

de

expropiación forzosa, es el titular del dominio quien tiene

el derecho a formular sus defensas y objeciones, tanto al

carácter público del uso a que se destinará la propiedad,

como

a

la

cuantía

declarada

como

justa

compensación.

Lo

anterior es cónsono con el mandato del Artículo II, Sección

9, de nuestra Constitución, 1 L.P.R.A. Tomo I, que preceptúa

27

CC-2004-1105

que el poder del Estado para expropiar propiedad privada está

limitado por la exigencia del pago de una justa compensación,

que

la

cosa

sea

para

un

fin

público

y

que

se

siga

el

procedimiento establecido por ley. Véase: López v. A.E.E. 151

D.P.R. 701 (2000); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143

D.P.R. 935 (1997); Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp.,

136 D.P.R. 801 (1994); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A.,

127 D.P.R. 943 (1991); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967).

IV

Señalamos anteriormente que, dentro del procedimiento de

expropiación forzosa, el demandado puede formular defensas y

objeciones

a

dicho

procedimiento.

Obviamente,

para

poder

estar en posición de oponerse adecuadamente a una posible

expropiación será necesario que se le permita al demandado

utilizar

los

mecanismos

de

descubrimiento

de

prueba.

En

Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 (1962) este

Tribunal expresó que la Regla 58.1 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, dispone que las Reglas de Procedimiento

Civil

gobiernan

el

procedimiento

de

expropiación

de

propiedad.1 Sin embargo, la Regla 58, ante, no dispone nada

acerca del descubrimiento de prueba permitido a las partes

dentro del mismo.

Precisamente en el antes citado caso de Martínez Rivera

v. Tribunal Superior, este Tribunal se enfrentó al asunto del

1

Específicamente dispusimos que las Reglas 23 a la 34 de

Procedimiento Civil, referentes al descubrimiento de prueba,

con excepción de la 32 referente al examen físico y mental de

los testigos, regían el procedimiento de expropiación.

28

CC-2004-1105

descubrimiento de prueba en los casos de expropiación forzosa

de propiedad particular. Allí, al reconocerse que las Reglas

de

Procedimiento

atendieron

las

Civil

reglas

regían

de

este

procedimiento,

descubrimiento

de

prueba

se

y

se

resolvió que debía permitírsele al titular de la propiedad a

ser

expropiada

inspeccionar

el

informe

preparado

por

el

perito del Estado a los efectos de poder impugnar la cuantía

calculada como justa compensación.

Este Tribunal razonó que los procesos de descubrimiento

de prueba antes del juicio debían servir de guía en los

procedimientos

de

expropiación

forzosa

y

expresó,

como

principio rector, que un sistema liberal de descubrimiento de

prueba antes del juicio facilitaba la tramitación de los

pleitos y evitaba los inconvenientes, sorpresas e injusticias

que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista

las cuestiones y los hechos que en realidad son parte del

litigio.

“Para

precisar

con

exactitud

cuáles

son

las

verdaderas cuestiones en controversia y aclarar cuáles son

los

hechos

que

deberán

probarse

en

el

juicio,

es

imprescindible recurrir a los procedimientos para descubrir

prueba y obtener deposiciones antes del juicio”. Ibid, a la

pag. 9.2

Vemos, que en ese caso, el descubrimiento de prueba se

permitió dentro de la impugnación de la cuantía otorgada como

justa compensación y se limitó a autorizar la inspección o

2

Citando

(1959).

a

Sierra

v.

Tribunal

Superior,

81

D.P.R.

554

29

CC-2004-1105

copia del informe preparado por el perito tasador del Estado.

Sin embargo, de ninguna forma limitamos el descubrimiento de

prueba a las instancias en que la parte únicamente impugna la

referida cantidad.

Es más, en

Martínez Rivera v. Tribunal Superior, ante,

este Tribunal expresó

que el ámbito de descubrimiento de

prueba depende de los hechos de cada caso en particular3, “y

en lo que no se ha previsto en esta opinión, debe dejarse a

la informada discreción del tribunal de instancia que debe

guiarse por el propósito tantas veces mencionado de lograr la

celebración

de

un

juicio

justo,

rápido

y

económico,

sin

ventajas para ninguna de las partes”. Ibid, a la pág. 13.

V

Y es que no puede ser de otra forma. Sabido es que el

debido

proceso

de

ley

se

manifiesta

en

dos

dimensiones

distintas: sustantiva y procesal. En lo referente al debido

proceso de ley en su dimensión procesal, el mismo le impone

al estado la obligación de garantizar que la interferencia

con los intereses de libertad y propiedad del individuo se

haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo.

Véase: Rivera Rodríguez y Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881,

887-888 (1993); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R.

219 (1987). Por otro lado, reiteradamente hemos resuelto que

una

vez

se

incorporan

ciertos

derechos,

por

acción

legislativa, éstos se convierten en parte integral del debido

3

Citando a Frank C. Sparks Co. v. Huber Baking Co., 114 A.2d

657 (Del. 1955).

30

CC-2004-1105

proceso de ley. Véase: Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980, 988

(1999).

Dicha

norma

jurisprudencial

aplica

tanto

a

los

derechos incorporados en las Reglas de Procedimiento Criminal

como a las Reglas de Procedimiento Civil.4

VI

Somos

energía

conscientes

eléctrica

en

del

hecho

nuestro

de

País

que

es

el

suministro

algo

de

sumamente

importante para nuestros conciudadanos, razón por la cual la

construcción

de

nuevas

líneas

eléctricas

para

mejorar

el

servicio --en ocasiones, pobre-- que brinda la Autoridad de

Energía Eléctrica es, sin dudas, un fin público. Con lo que

no podemos estar de acuerdo es con la posición de la Mayoría

en

cuanto

a

que,

una

vez

el

foro

judicial

valida

la

determinación de fin público, ahí concluye todo el proceso.

No podemos ignorar que el derecho del titular de una

propiedad que está siendo expropiado, a formular objeciones a

la

toma

de

su

propiedad

por

el

Estado,

está

claramente

preceptuado en la Reglas de Procedimiento Civil y, por ende,

es parte del debido proceso de ley.

Siendo ello así, somos del criterio que un demandado,

dentro de un procedimiento de expropiación forzosa, puede

impugnar la selección de su propiedad y alegar que la misma

se hizo de forma arbitraria, caprichosa o mediando fraude o

4

En relación con ello, véase: Hospital Dr. Domínguez v.

Ryder Memorial Hospital, Inc., res. el 4 de marzo de 2004,

2004 T.S.P.R. 35, a los efectos de que cuando el Estado

provee remedios post sentencia judicial, resolución o

decisión administrativa, los mismos se convierten en un

interés protegido que da base a un reclamo de un debido

proceso de ley.

31

CC-2004-1105

mala fe. Para fundamentar tal alegación es necesario que se

permita

al

demandado

descubrir

prueba.

Esto

es,

debe

permitírsele al demandado que así lo solicite, descubrir la

prueba documental necesaria --que, como ocurre en el presente

caso, se encuentra bajo el exclusivo control de la A.E.E.-tales como certificaciones, estudios, evaluaciones del lugar

de la expropiación, propuestas y planos de construcción, tal

y como lo solicitaron en el presente caso los miembros de la

Sucesión Planas Parilla. Nuestro sentido de justicia así nos

lo manda.

Además,

inmunidad

el

E.L.A.

conferido

y

sus

respecto

agencias,

a

lo

que

bajo

el

manto

constituye

un

de

fin

público, no pueden adelantar intereses privados. Es por ello

que

entendemos

que,

en

el

presente

caso,

existencia

de

unos

planos

originales

servidumbre

discurría

por

finca

otra

de

probarse

la

los

cuales

la

se

cambió

la

en

y

que

localización de la misma para favorecer a un ex empleado de

la A.E.E., la conclusión a los efectos de que la actuación de

esta agencia fue arbitraria y caprichosa sería inevitable,

razón por la cual la misma no podría sostenerse.

Por

las

razones

antes

expresadas,

confirmaríamos

la

sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de

Apelaciones a los fines de permitir a la Sucesión Planas

Parilla presentar prueba para impugnar la selección del lugar

por donde discurrirá la servidumbre a favor de la A.E.E.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado