Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Juan Capestany Rodríguez
2006 TSPR 3
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Juan Capestany Rodríguez
TS-000004065
Reinstalación inmediata al ejercicio de la abogacía y la notaría
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Peticionarios
Certiorari
v.
2006 TSPR 3
Sucesión Damián Planas Parrilla
166 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2004-1105
Fecha: 11 de enero de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Juez Ponente:
Hon. Zadette Bajandas Vélez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Camelia Fernández Romeu
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Leticia Casalduc Rabell
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Damián F. Planas Merced
Lcdo. Xavier J. Planas Merced
Materia: Expropiación Forzosa; Daños y Perjuicios; Injunction
Preliminar y Permanente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
2
CC-2004-1105
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionarios
v.
CC-2004-1105
Sucesión Damián Planas
Parrilla
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2006
El
24
de
octubre
de
2002
el
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico, a nombre y para beneficio de
la Autoridad de Energía Eléctrica (la “Autoridad”),
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan, una petición de expropiación
para adquirir una servidumbre real y perpetua sobre
cierto predio de terreno con cabida superficial de
4,406.9032
metros
cuadrados,
sito
en
el
Barrio
Quebrada Grande del municipio de Trujillo Alto.
La
finca
la
principal
sobre
la
cual
discurrirá
servidumbre tiene una cabida de 4.25 cuerdas y, sobre
la misma, discurre ya otra servidumbre del tendido
eléctrico a favor de la Autoridad.
3
CC-2004-1105
Se
informó
en
la
petición
que
la
servidumbre
era
necesaria para el desarrollo del proyecto de obra pública de
la Autoridad denominado “Línea 230KV, Sabana Llana, Yabucoa”,
conocido como Lazo del Este (en adelante “el Proyecto” o
“Lazo del Este”).
A esos fines se instalarán sobre el predio
de
donde
terreno
conductores
por
discurrirá
eléctricos,
las
la
servidumbre,
estructuras
necesarios para la línea eléctrica.
y
los
los
postes
Este proyecto tiene como
propósito mejorar el suministro de energía eléctrica en el
este de Puerto Rico.
En la petición de expropiación se
indicó que la cantidad de $32,390.00 constituía la justa
compensación por el derecho real y perpetuo de servidumbre a
ser adquirido; cantidad que fue consignada por el Estado en
la secretaría del tribunal.
La petición fue notificada a la parte con interés, la
Sucesión Damián Planas Parrilla, compuesta por: la doctora
Virginia Planas Merced, el licenciado Damián Planas Merced,
Xavier Planas Merced y Norma Planas Merced.
El 1ero de noviembre de 2002, el Tribunal de Primera
Instancia dictó una resolución traspasando la titularidad de
la servidumbre al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El 26 de febrero de 2003 el licenciado Damián Planas
Merced,
por
derecho
propio,
petición de expropiación.
presentó
una
oposición
a
la
En el escrito presentado se indicó
que objetaba la expropiación porque, alegadamente, la misma
era
improcedente
e
injusta
y
constituía
una
confiscación
indebida de la propiedad al impedir todo uso razonable y
4
CC-2004-1105
efectivo de su finca, además de ser innecesaria.
Sostuvo que
la ubicación de las torres y cables del tendido eléctrico en
el
área
expropiada
colocarían
a
dicho
predio
y
a
la
residencia que allí ubica, en posición desventajosa toda vez
que estaría totalmente rodeado de cables de alta tensión ya
que
desde
el
año
1973
servidumbre
a
favor
de
la
la
finca
está
Autoridad.
afecta
Se
con
indicó
otra
que
la
alineación del proyecto original Lazo del Este había sido
variada para favorecer a un ex empleado de la Autoridad ya
que
en
los
planos
originales
el
tendido
eléctrico
no
discurría sobre la propiedad de la Sucesión Planas sino sobre
la de este ex empleado.
La oposición presentada cuestionaba
el fin público de la expropiación.
Finalmente, se indicó que
de proceder la expropiación se debía expropiar la totalidad
de la finca.
En
esa
misma
fecha,
el
licenciado
Planas
presentó
también una solicitud de injunction preliminar y permanente
dentro del procedimiento de expropiación.
se
solicitó,
entre
otras
cosas,
la
En el injunction
paralización
de
los
trabajos que realizaba la Autoridad de Energía Eléctrica en
el
área
hasta
tanto
el
Tribunal
de
Primera
celebrara una inspección ocular del lugar.
petición
de
injunction
los
argumentos
oposición
a
la
de
expropiación.
petición
Instancia
Reprodujo en la
esgrimidos
El
en
su
tribunal
de
instancia señaló una vista para el 18 de marzo de 2003, para
discutir
la
moción
presentada
por
el
licenciado
Planas.
5
CC-2004-1105
Además,
señaló
otra
vista
para
discutir
la
justa
compensación.
Posteriormente, el 11 de marzo de 2003, el licenciado
Planas presentó una petición solicitando se citara a la vista
pautada para el 18 de marzo a varios funcionarios de la
Autoridad,
entre
ellos,
su
Director
Ejecutivo
y
los
ingenieros Ramón Rodríguez Fonseca y Eduardo Goitía empleados
de la Autoridad.
La
vista
se
El tribunal accedió a lo solicitado.
celebró
y
a
la
misma
comparecieron
los
funcionarios de la Autoridad, mas no su Director Ejecutivo.
El licenciado Planas no utilizó los testigos citados.
En la
vista, el licenciado Planas impugnó el fin público de la
expropiación y solicitó se dejara sin efecto la resolución
del tribunal traspasando la titularidad de la servidumbre al
Estado Libre Asociado.
El tribunal declaró sin lugar dicha
solicitud y quedó por resolver si se paralizaría la entrega
material de la propiedad.
Se le concedió un término al
Estado para que se expresara sobre el particular.
El 1ero de abril de 2003, el licenciado Planas y su
hermano Xavier Planas Merced, quien compareció por primera
vez, presentaron una moción solicitando relevo de sentencia y
remedio urgente en la cual, fundamentalmente, reiteraron sus
planteamientos anteriores.
El tribunal determinó que nada
tenía que proveer con respecto a la moción de relevo de
sentencia y remedio urgente.
Añadió en su resolución que
había una vista pautada para el 29 de abril de 2003 y en la
misma se consideraría la impugnación del fin público.
6
CC-2004-1105
El 17 de de abril de 2003, el licenciado Planas y su
hermano solicitaron que se citara a seis funcionarios de la
Autoridad a la vista pautada para el 29 de abril, incluyendo
nuevamente al Director Ejecutivo.
Se adujo que ello era
necesario para resolver la controversia ante la consideración
del foro primario.
El Estado Libre Asociado presentó sendas mociones en
oposición a la impugnación del fin público y la citación de
testigos, y solicitó del tribunal que proveyera no ha lugar a
ambas mociones.
Posteriormente, el Estado presentó una nueva moción en
la
cual
discutió
más
a
fondo
público.
Indicó
que
la
determinación
de
discurrir
la
es
sólo
servidumbre
el
una
asunto
que
relativo
por
al
fin
dónde
debe
compete
a
la
Autoridad por ser ésta el organismo público con conocimiento
administrativo
pericial
necesario
para
hacer
tal
determinación.
Se señaló en el escrito presentado que la
decisión de la Autoridad de expropiar una servidumbre en la
finca de la Sucesión Planas respondió a que esa era la ruta
de menor impacto económico y social pues, utilizar la ruta
original, conllevaba afectar un número mayor de residencias
incluyendo el desalojo de personas.
La vista del 29 de abril se celebró y en esa fecha el
tribunal de instancia pautó una nueva vista para el 10 de
junio, para continuar con la discusión sobre el fin público.
El 2 de mayo, el licenciado Planas presentó una moción
en la cual solicitaba que el Estado le suministrara todo
7
CC-2004-1105
documento, estudio, análisis y evaluación, así como planos,
propuestas,
certificaciones
y
aprobaciones,
tanto
del
proyecto original como de la ruta alterna, con el propósito
de
examinarlos
y
utilizarlos
para
contestar
y
adecuadamente al escrito presentado por el Estado.
día,
presentó
además
una
moción
urgente
replicar
Ese mismo
solicitando
inspección ocular.
El 14 de mayo de 2003 el Estado replicó.
En su escrito,
se opuso a la citación de la mayoría de los testigos que
pretendía utilizar el licenciado Planas.
El Estado adujo que
sus testimonios eran impertinentes pues no habían participado
en la decisión sobre la ubicación del Proyecto.
En relación
con otras dos personas citadas por el licenciado Planas se
informó que éstas iban a ser utilizados por el Estado como
sus
testigos
pues
eran
empleados
de
la
Autoridad
con
conocimiento de los hechos que dieron base a la determinación
de la ubicación de la servidumbre en controversia.
El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a
la
solicitud
licenciado
de
citación
de
testigos
Planas.
El
foro
primario
presentada
concluyó
que
por
el
en
un
procedimiento de expropiación el demandado no podía iniciar
un descubrimiento de prueba dirigido a obtener información
para
sostener
caprichosa
y
su
alegación
arbitraria.
de
El
que
la
tribunal
expropiación
también
denegó
era
la
petición de descubrimiento de prueba presentada.
Inconforme, los recurridos solicitaron reconsideración.
Sostuvieron que el Estado Libre Asociado había obrado en
8
CC-2004-1105
fraude
al
que
la
real,
pues
pretendía
beneficiar a un ex funcionario de la Autoridad.
Arguyeron
presentada
que
tribunal,
con
no
un
tenían
tenía
derecho
mala
fin
a
fe
y
público
utilizar
los
expropiación
mecanismos
de
descubrimiento de prueba que fueran necesarios para defender
sus intereses.
Paralelamente, el 9 de junio de 2003, el licenciado
Planas Merced y su hermano Xavier Planas, presentaron una
demanda
de
injunction
preliminar
el
perjuicios
y
fraude
contra
Autoridad
de
Energía
y
permanente,
daños
y
Libre
Asociado,
la
Director
Ejecutivo
y
Estado
Eléctrica,
su
varios otros funcionarios de la Autoridad.
En la misma se
reprodujeron los argumentos de fraude y colusión esgrimidos
en el procedimiento de expropiación.
El 19 de junio de 2003, en el pleito de expropiación, el
tribunal dictó una resolución en la cual declaró no ha lugar
a
la
reconsideración
presentada.
El
foro
de
instancia
concluyó que la impugnación del fin público era improcedente
pues
surgía
del
expediente
que
se
expropiaba
para
el
desarrollo del proyecto Lazo del Este, cuyo propósito era
mejorar el suministro de energía eléctrica en el noreste de
Puerto Rico. Toda vez que éste era un fin público válido no
le correspondía al tribunal cuestionar el mismo.
De la misma
forma, no era función del tribunal determinar por dónde debía
discurrir ese tendido eléctrico.
jurisprudencia
de
este
El tribunal expuso que la
Tribunal
había
permitido
la
impugnación de los bienes a expropiarse cuando la selección
9
CC-2004-1105
había sido patentemente arbitraria, caprichosa o irrazonable,
o cuando hubiera mediado fraude o mala fe y ello sólo en
aquellas circunstancias en que el Estado había delegado su
facultad de expropiación en entidades privadas dedicadas a
fines públicos.
En este caso ello no había ocurrido ya que
quien expropiaba era el propio Estado para beneficio de la
Autoridad, una corporación pública.
Indicó además que el descubrimiento de prueba estaba
disponible para medir la adecuacidad de la compensación lo
que no se dilucidaba en este momento.
Concluyó, que ninguna
de las personas a las que se pretendía citar podría aportar
información significativa adicional para la resolución de la
controversia de fin público ya que esa determinación fue
tomada por el Estado, o por la agencia con dicha facultad, y
tal determinación debía ser respetada por el tribunal.
Inconformes, el 22 de julio de 2003, los recurridos
acudieron ante el Tribunal de Apelaciones en solicitud de
certiorari.
Allí reiteraron los planteamientos esgrimidos
ante
primario.
el
foro
La
acompañada
con
una
moción
solicitando
se
paralizara
la
petición
en
de
auxilio
vista
de
pautada
certiorari
fue
jurisdicción,
ante
el
foro
primario en la cual se dilucidaría la impugnación del fin
público
así
como
arbitrariedad.
sus
alegaciones
de
fraude,
mala
fe
y
El Tribunal de Apelaciones, ese mismo día,
expidió el auto solicitado.
El 26 de agosto, notificada el 3 de septiembre de 2004,
el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia revocando la
10
CC-2004-1105
determinación del foro primario.
procedía
el
descubrimiento
de
El tribunal resolvió que
prueba
solicitado
por
miembros de la sucesión para impugnar el fin público.
los
En la
sentencia, el foro apelativo concluyó que cuando se expropia
para una corporación pública el estándar de deferencia debida
por el tribunal en cuanto a la revisión de la determinación
de fin público, es menor o más atenuado que cuando quien
expropia es el Estado o una de sus instrumentalidades.
El foro apelativo intermedio indicó en su sentencia lo
siguiente:
[E]l caso ante nos trata de una expropiación
iniciada por el ELA a instancias de la AEE,
corporación pública que goza esencialmente de
elementos de una entidad privada.
Es decir, no
estamos ante una expropiación emprendida por una
clásica instrumentalidad pública, que no posee
personalidad jurídica propia y cuya identidad se
funde con la propia identidad del Estado [. . .]
Habida cuenta de que la AEE posee una estructura
operacional y financiera característica de una
corporación privada y desvinculada a la del ELA,
no podemos impregnar sus decisiones con la
‘inmunidad’ que revisten las decisiones tomadas
por una instrumentalidad enteramente pública, o
sea, por el Estado. [. . .] Es por ello que
entendemos que, en el caso particular ante
nuestra consideración, la existencia de un fin
público
debe
ser
objeto
de
especial
consideración,
y
no
debe
ser
despachada
ligeramente con una simple alegación en la
Petición y un plano del proyecto.
El
foro
apelativo
intermedio
determinó
que
los
recurridos tenían derecho a impugnar “el propósito detrás de
la expropiación de la finca”, para lo cual se debía celebrar
una vista evidenciaria en la cual se presente la prueba que
se estime apropiada y el foro de instancia pueda tomar una
decisión informada sobre el particular.
Por lo tanto, revocó
11
CC-2004-1105
la decisión del tribunal primario y devolvió el caso a dicho
foro para la celebración de la vista correspondiente.
Inconforme,
el
Estado
Libre
nosotros en petición de certiorari.
Asociado
acudió
ante
En el recurso instado se
señaló como error el siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
ordenar
la
celebración
de
una
vista
para
determinar si la expropiación sirve un fin
público, y al permitir descubrimiento de prueba
al respecto, cuando: (i) la propia parte con
interés ha admitido expresamente que no impugna
el fin público de la expropiación, (ii) como
cuestión
de
hecho
no
controvertido,
la
expropiación de la servidumbre se realizó para
realizar un proyecto de alto interés público
dirigido a fortalecer el suministro de energía en
el sureste de Puerto Rico y (iii) las alegaciones
de la parte con interés, respecto a la selección
de su finca (en vez de otra) no inciden sobre el
fin público de la expropiación, por lo cual
dichas
alegaciones
carecen
de
pertinencia
jurídica en este contexto y, por ello, no procede
la celebración de vista laguna par dilucidar la
veracidad de las mismas.
El 4 de marzo de 2005 expedimos el recurso instado.
Ambas partes comparecieron con sus respectivos escritos.
El
caso quedó sometido ante nuestra consideración el 3 de julio
de 2005.
Así las cosas, el 10 de agosto de 2005, pendiente el
caso ante nuestra consideración, el Hon. Carlos Cabán García,
Juez
Administrador
presentó
ante
de
este
“Comparecencia especial”.
la
Región
Tribunal
Judicial
un
de
escrito
San
Juan,
titulado
En el mismo, llamó la atención del
Tribunal a un posible conflicto entre las disposiciones de la
Ley de Expropiación Forzosa de 1903, 32 L.P.R.A. secs. 2901
12
CC-2004-1105
et
seq.,
y
la
Regla
20(e)
del
Reglamento
del
Tribunal
Supremo.
En su comparecencia, el Hon. Juez Cabán García informó
que
el
27
de
consideración
enero
ante
de
2005,
nosotros
la
estando
pendiente
petición
de
de
certiorari
presentada por el Estado, el Tribunal de Primera Instancia a
solicitud
del
Estado
emitió
una
resolución
y
orden
autorizando la entrega material de la servidumbre y ordenando
al Alguacil del tribunal a diligenciar y ejecutar la orden.
A esos efectos, el 31 de enero se emitió el correspondiente
mandamiento.
Informó que el Estado entonces solicitó de la
Oficina del Alguacil, con posterioridad a que expidiésemos
este recurso de certiorari, el diligenciamiento y ejecución
de la resolución y orden del 27 de enero de 2005.
El Hon. Juez Cabán García indicó en su escrito que la
Ley de Expropiación Forzosa establece que ningún recurso de
apelación en una causa de esta naturaleza tendrá el efecto de
evitar o demorar la adquisición o investidura del título de
las propiedades por el Estado Libre Asociado y su entrega
material.
32 L.P.R.A. sec 2907.
La ley dispone que en casos
de apelación ante el Tribunal Supremo la entidad que hubiere
promovido
la
expropiación
propiedad expropiada.
Por
Tribunal
otro
lado,
Supremo
podrá
tomar
posesión
de
la
Reglamento
del
29 L.P.R.A. sec. 2913.
La
dispone
Regla
que
20(e)
la
del
expedición
del
auto
de
certiorari suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de
Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia, “salvo orden
13
CC-2004-1105
en contrario expedida por este tribunal motu proprio o a
solicitud de parte.”
A la luz de lo anterior y a ante el posible conflicto
entre las anteriores disposiciones relativo a la autoridad
para
continuar
el
trámite
del
caso
ante
el
tribunal
de
instancia, el Hon. Juez Cabán García compareció ante este
Tribunal “a los fines de que el Tribunal Supremo disponga lo
que proceda.”
El pasado 11 de agosto le concedimos a las partes un
término simultáneo de diez (10) días para que expresaran lo
que a bien tuvieran respecto la comparecencia especial del
Juez Cabán García.
Ambas partes comparecieron y expresaron
su disconformidad con el curso de acción tomado por el Juez
Cabán García.
través
del
lenguaje
cuestionan
El escrito presentado por los recurridos, a
señor
y
Planas,
contiene
las
es
altamente
insinuaciones
motivaciones
del
ofensivo
en
tono,
injustificadas
que
magistrado
de
instancia.
Dicho escrito merece nuestra censura y alto reproche.
Evaluado los escritos presentados, el expediente ante
nuestra consideración así como el expediente del Tribunal de
Primera Instancia, pasamos a resolver.
II
El recurrido en este caso ha impugnado la expropiación
de una servidumbre real y perpetua a discurrir sobre su finca
bajo el fundamento que la misma no persigue un fin público.
Lo cierto es sin embargo, que su cuestionamiento va dirigido
más que nada a impugnar la selección del lugar por donde
14
CC-2004-1105
habrá de discurrir la servidumbre.
Aduce que la alineación
escogida
no
para
el
tendido
eléctrico
es
la
más
idónea.
Indicó que la alineación original se varió para beneficiar a
un
ex
empleado
de
la
Autoridad
porque
originalmente
se
contempló una ruta que llevaría el tendido eléctrico sobre la
propiedad de esta persona.
Planteada la controversia en
estos términos, en rigor, la misma no presenta un problema de
fin público.
A
Recientemente,
en
Autoridad
de
Carreteras
y
Transportación v. Adquisición de 780.6141 metros cuadrados de
Terreno, res. 28 de junio de 2005, 164 D.P.R. ___, 2005 TSPR
___, 2005 JTS 97, tuvimos ocasión de expresarnos sobre la
naturaleza y alcance del poder de expropiación forzosa del
Estado.
Allí nos reiteramos en que esta prerrogativa es una
facultad inherente al poder soberano del Estado y como tal,
superior a todos los derechos de propiedad.
Carreteras,
ante;
E.L.A.
v.
Registrador,
Autoridad de
111
D.P.R.
117
(1981); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967).
Como toda facultad, la misma no es absoluta.
Así pues,
el poder de expropiación del Estado se encuentra limitado por
el
Art.
II,
Sec.
9
de
la
Constitución
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico, que dispone que “[n]o se tomará o
perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser
mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con
la forma provista por ley.”
Conforme este claro mandato
constitucional, hemos reconocido que el poder del Estado para
15
CC-2004-1105
expropiar propiedad privada está restringido por la exigencia
del pago de una justa compensación, que el bien expropiado se
destine para un fin o uso público y que se haga conforme el
procedimiento
establecido
por
ley.
Culebras
Enterprises
Corp. v. E.L.A. 143 D.P.R. 935 (1997); Culebras Enterprises
Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991).
Reiteradamente
hemos
señalando
que
la
Asamblea
Legislativa goza de “amplio margen” para determinar qué uso
se
considerará
gubernamental
forzosa.
público
para
y
así
adquirir
autorizar
bienes
a
mediante
un
ente
expropiación
E.L.A. v. Fajardo Sugar Company, 79 D.P.R. 321, 330
(1953),
E.L.A.
(1994).
En Fajardo Sugar, ante, pág. 330, indicamos que la
determinación
deferencia
v.
de
“hasta
Rexco
la
Legislatura
tanto
imposibilidad . . . .”
Co.
V.
United
Industries,
se
137
en
D.P.R.
tal
demuestre
683,
sentido
que
688
merece
envuelve
una
Véase también, Monongahela Navigation
States,
148
U.S.
312,
317
(1893)
(“The
legislature may determine what private property is needed for
public
purposes;
that
is
a
question
of
political
and
legislative matter.”); Kelo v. City of New London, 544 U.S.
___,
___
(2005)(slip
op.,
págs.
12-13)(“For
more
that
a
century, our public use jurisprudence has wisely eschewed
rigid formulas and intrusive scrutiny in favor of affording
legislatures broad latitude in determining what public needs
justify
the
use
of
takings
power.”)
En
virtud
de
tal
deferencia, se presume que un uso es público si así ha sido
16
CC-2004-1105
declarado
por
la
Asamblea
Legislativa
delegado.
Fajardo Sugar, ante, pág. 334.
o
el
organismo
Mediante la aprobación de la ley habilitadora de la
entonces Autoridad de Fuentes Fluviales -–hoy Autoridad de
Energía Eléctrica--, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, sec.
23, 22 L.P.R.A. sec. 214, la Asamblea Legislativa dispuso que
toda “propiedad con sus accesorios que la Autoridad estime
necesario
y
conveniente
utilizar
para
llevar
a
cabo
los
propósitos expresados en las secs. 191 a 217 de este título,
quedan por la presente declarados de utilidad pública.”
Por
lo
lo
tanto,
aquella
propiedad
que
sea
necesaria
según
estime la Autoridad, para mejorar, conservar o desarrollar el
suministro de energía eléctrica en Puerto Rico, ya ha sido
declarada de utilidad pública por la Asamblea Legislativa.
Como
vemos,
tanto
la
Asamblea
Legislativa
como
la
Autoridad hicieron ya una determinación de fin público que
valida la expropiación efectuada en este caso.
Ciertamente,
una
mejorar
expropiación
que
tiene
como
propósito
el
suministro de energía eléctrica en el este del país persigue
racionalmente
Housing
un
objetivo
de
v.
Midkiff,
Authority
utilidad
467
pública.
U.S.
Hawaii
229,
241
(1984)(“rationally related to a conceivable public purpose.”)
No cabe hablar en este caso entonces como lo ha hecho el
recurrido,
que
la
expropiación
del
derecho
real
de
servidumbre en este caso carece de un fin público.
Como indicamos ya, el recurrido centra su discusión en
un cuestionamiento sobre la selección del lugar por donde
CC-2004-1105
17
habrá de discurrir la servidumbre del tendido eléctrico.
En
el caso seminal de M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior,
85 D.P.R. 370, 376 (1962), ante un cuestionamiento de esta
naturaleza, establecimos la norma a seguir y señalamos:
En efecto, se ha sostenido que una vez se
establezca que el uso para el cual se destina la
propiedad expropiada constituye un fin público,
no corresponde a los tribunales revisar la
determinaciones sobre la naturaleza o extensión
del derecho a adquirirse, la cantidad de terreno
a expropiarse, la necesidad o lo adecuado del
sitio en particular, porque ésta es una función
que ejerce la legislatura bien directamente o
delegándola en agencias o funcionarios públicos.
Aceptado que el propósito es público, . . . no
nos corresponde revisar el ejercicio de la
discreción administrativa en la selección de los
terrenos expropiados o su adaptabilidad para el
uso público específico a que se destinan.
(Énfasis nuestro.)
Concluimos entonces, que bajo este estándar de amplia
deferencia
a
la
determinación
de
la
Asamblea
Legislativa
respecto el fin público que persigue una expropiación, así
como la deferencia debida a la determinación del organismo
gubernamental sobre la naturaleza o extensión de la propiedad
a
expropiarse
servidumbre,
y
el
lugar
por
no
es
función
donde
nuestra
deberá
cuestionar
revisando la corrección de esa determinación.
récord
que
nos
permita
concluir
discurrir
que
la
la
la
misma
Nada hay en el
decisión
de
la
Autoridad ha sido una arbitraria y caprichosa; y, que la
misma “envuelve una imposibilidad”.
En atención a ello, ya
hemos resuelto que no habremos de intervenir para cuestionar
esa determinación.
ante.
M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior,
18
CC-2004-1105
El
hecho
de
que
la
servidumbre
expropiada
sea
para
beneficio de una corporación pública como la Autoridad, no
incide sobre nuestra determinación y no varía el estándar de
deferencia que hemos aplicado anteriormente.
Claramente la
Autoridad está cumpliendo con una misión de alto interés
público al mejorar la infraestructura energética del país
mediante el desarrollo de este proyecto.
No tiene razón el
Tribunal de Apelaciones cuando indica que se debe variar el
estándar
de
deferencia
debida
cuando
se
expropia
para
beneficio de una corporación pública.
El
procedimiento
de
expropiación
forzosa
no
es
el
vehículo apropiado para darle curso a las alegaciones de la
parte recurrida.
Una vez validamos la determinación de fin
público de la expropiación de la servidumbre, ahí concluye el
análisis.
Finalmente,
toda
vez
que
hemos
resulto
que
la
expropiación de la servidumbre en cuestión adelanta un fin
público procede entonces la entrega material de la misma a la
Autoridad, por lo que resulta innecesario que nos expresemos
sobre el planteamiento que trajo ante nuestra atención del
Hon. Juez Cabán García.
El mismo se tornó académico con
nuestra determinación.
Por
los
fundamentos
antes
expresados
los
que
aquí
incorporamos, se dicta sentencia revocando al Tribunal de
Apelaciones y se devuelve el caso al foro primario para que
continúen los procedimientos acorde a lo aquí resuelto.
19
CC-2004-1105
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
Secretaria del Tribunal Supremo.
Fuster
escrita.
Berlingeri
concurre
en
y
certifica
la
El Juez Asociado señor
el
resultado
sin
opinión
El Juez Asociado señor Rebollo López disiente con
opinión escrita a la que se une el Juez Asociado señor Rivera
Pérez.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
20
CC-2004-1105
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Demandantes-peticionarios
V
CC-2004-1105
CERTIORARI
Sucesión Damián Planas
Parrilla
Demandados-recurridos
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR
REBOLLO LÓPEZ A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA
PÉREZ
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2006
La aplicación, mecánica y automática, de
preceptos legales y normas jurisprudenciales
a los hechos de un caso en particular tiene
la indeseable consecuencia de llevar a los
tribunales a la comisión de un serio y grave
error, a saber: la emisión de una decisión no
sólo errónea sino que, peor aún, injusta. La
Sentencia que hoy emite una mayoría de los
integrantes del Tribunal en el presente caso
es
un
ejemplo
claro
--pudiéramos
decir,
“clásico”-- de lo anteriormente expresado.
La
decisión
mayoritaria
emitida
se
limita a repetir unas citas legales y unas
expresiones hechas por este Tribunal en unas
decisiones
referentes
expropiación,
corrección
creando
jurídica,
a
la
una
la
materia
de
ilusión
de
cual
esconde
21
CC-2004-1105
una patente y crasa violación al debido procedimiento de ley
en
su
dimensión
procesal.
En
específico,
la
decisión
mayoritaria emitida, amparándose en la deferencia que merece
una determinación de fin público que haga el Estado, viola el
derecho que tiene el titular del predio expropiado a formular
válidas objeciones a dicha expropiación. Veamos.
I
Los hechos, en apretada síntesis, demuestran que uno de
los
miembros
de
la
Sucesión
Planas
Parrilla
radicó
una
oposición a la solicitud de expropiación, radicada por el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a favor de la Autoridad
de Energía Eléctrica, relativa a una finca propiedad de la
mencionada Sucesión. En dicha oposición se alegó que la finca
en
controversia
ya
estaba
sujeta
a
otra
servidumbre
eléctrica, producto la misma de una primera expropiación a
favor
de
la
A.E.E.;
situación
que
causaba
que
la
finca
estuviese totalmente “rodeada” de cables de alta tensión,
razón por la cual lo razonable era que se expropiara la
totalidad de la finca.
Resulta importante enfatizar el hecho de que el opositor
alegó que la ruta original por donde discurrirían las líneas
eléctricas
de
la
nueva
pretendía
establecer
la
servidumbre
A.E.E.,
no
ya
era
que
la
que
dicha
ahora
agencia
alegadamente había desviado la referida ruta únicamente con
el propósito de beneficiar a uno de sus ex-ejecutivos; esto
es, que originalmente la finca a ser expropiada era otra,
perteneciente la misma a dicha ex-empleado. En específico, y
22
CC-2004-1105
en relación con dicha alegación, el opositor señaló que dicha
información
le
había
sido
brindada
por
el
jefe
de
la
construcción del referido proyecto, el Ingeniero Rodríguez
Fonseca.
Así las cosas, la Sucesión Planas Parrilla presentó una
solicitud de orden para que se le proveyera copia de todos
los
documentos
expropiado,
utilizados
para
entiéndase
evaluaciones
del
lugar
escoger
el
lugar
certificaciones,
de
la
a
ser
estudios,
expropiación,
propuestas
y
planos de construcción. La entrega de dichos documentos era
necesaria,
según
indicó
la
Sucesión,
para
poder
rebatir
adecuadamente la alegación del E.L.A. en cuanto a que la
Autoridad había escogido la ruta de menor impacto económico y
social para establecer la servidumbre. Además, solicitó que
se le permitiera deponer a varios ejecutivos y empleados de
la Sucesión.
El
foro
de
instancia
denegó
tanto
la
solicitud
de
citación de testigos como la petición de descubrimiento de
prueba
presentada.
Concluyó
el
referido
foro
que
en
un
procedimiento de expropiación forzosa, el demandado no podía
iniciar
descubrimiento
de
prueba
dirigido
a
obtener
información para sostener su alegación de que la expropiación
era arbitraria y caprichosa.
Inconforme, la Sucesión acudió, en revisión, ante el
Tribunal
de
Apelaciones.
Dicho
foro
revocó
la
determinación del tribunal de instancia. Concluyó que cuando
el E.L.A. expropia una propiedad a favor de una corporación
23
CC-2004-1105
pública
como
la
A.E.E.,
la
cual
posee
una
estructura
operacional y financiera característica de una corporación
privada,
la
determinación
de
fin
público
no
podía
estar
impregnada de la “inmunidad” que revisten decisiones tomadas
por instrumentalidades enteramente públicas. Determinó, por
consiguiente, que dadas las circunstancias particulares del
caso,
en
el
personales
cual
en
se
la
alegaba
decisión
la
existencia
tomada
por
la
de
intereses
Autoridad
al
solicitar la expropiación de la propiedad de la Sucesión
Planas Parilla, procedía que el foro primario dilucidara en
una vista la existencia o ausencia de fin público y permitir
un
amplio
descubrimiento
de
prueba
a
las
partes
y
citar
testigos que esclarecieran el fin que se perseguía con la
expropiación.
Inconforme, el Procurador General, en representación del
E.L.A., acudió ante este Tribunal vía recurso de certiorari
en
revisión
de
la
anterior
determinación.
Expedimos
el
recurso.
II
La Sentencia mayoritaria se limita a informarnos: que
reiteradamente hemos resuelto que el poder de expropiación
forzoza
del
soberano
del
Estado
Estado
“…es
una
facultad
y,
como
tal,
inherente
superior
a
al
poder
todos
los
derechos de propiedad”; que, no obstante lo anterior, dicha
facultad “…no es absoluta”; y que dicho poder de expropiación
se encuentra limitado por las disposiciones de la Sección 9
24
CC-2004-1105
del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
En segundo término, la Sentencia mayoritaria nos señala:
que,
reiteradamente,
hemos
expresado
que
la
Asamblea
Legislativa goza “…de amplio margen para determinar qué uso
se
considerará
gubernamental
público
para
y
así
adquirir
autorizar
bienes
a
mediante
un
ente
expropiación
forzoza”; que, en virtud de tal deferencia, “se presume que
un uso es público si así ha sido declarado por la Asamblea
Legislativa
o
el
organismo
delegado”;
y
que,
habiendo
la
Legislatura y la A.E.E. ya hecho una determinación sobre fin
público en el presente caso, la expropiación realizada es
válida.
Por último, nos ilustra la Mayoría a los efectos de que,
siendo ello así, “no es función nuestra cuestionar [dicha
determinación] revisando la corrección de la misma”, razón
por la cual procede la revocación de la sentencia emitida por
el Tribunal de Apelaciones.
III
En su razonamiento, mecánico y automático, la Mayoría
pasa
por
solución
alto
varios
factores
importantes
del
presente
caso.
primer
En
en
lugar,
la
correcta
olvida
lo
preceptuado, precisamente, en la Sección 9 del Artículo II de
nuestra Constitución; establece la misma, en lo pertinente,
que no “…se tomará o perjudicará la propiedad privada para
uso
público
a
no
ser
mediante
el
pago
de
una
justa
25
CC-2004-1105
compensación y de acuerdo con la forma prevista por ley”.
(énfasis suplido).
En relación con lo antes expresado, nos vienen a la
mente varias disposiciones de las Reglas de Procedimiento
Civil,
referentes
las
mismas
a
pleitos
de
expropiación
forzosa. Establece la Regla 58.3, Inciso (b), que en los
referidos litigios el demandante incluirá, como demandados, a
todas las personas que tengan, o puedan tener, un derecho
sobre la propiedad a ser expropiada. Por otro lado, el Inciso
(b) de la Regla 58.4 de Procedimiento Civil especifica la
información
que
se
deberá
incluir
en
el
emplazamiento,
a
saber: el demandante advertirá al demandado, o demandados,
que dentro de los veinte (20) días después de efectuado el
emplazamiento, éste, o éstos, deberán notificar al abogado
del
demandante
su
contestación,
la
cual
incluirá
las
objeciones que tengan a la expropiación y que, el no hacerlo,
constituirá una renuncia a su derecho de hacer objeciones a
la expropiación y una aceptación de la autoridad del tribunal
para
proceder
a
ver
el
pleito
y
a
fijar
la
justa
compensación.
A esos mismos efectos, la Regla 58.5 dispone que, si un
demandado tuviere alguna defensa u objeción a la adquisición
de la propiedad, notificará su contestación dentro de veinte
(20)
días
después
de
haber
sido
notificado
expropiación. La contestación identificará
de
la
la propiedad en
la cual el demandado sostiene que tiene un derecho, expondrá
la naturaleza y el alcance de dicho derecho y expondrá todas
26
CC-2004-1105
sus defensas y objeciones a la adquisición de su propiedad.
Un demandado renunciará todas las defensas y objeciones que
no fueren así presentadas, pero en la vista de la cuestión de
justa compensación hubiere o no comparecido o contestado con
anterioridad a dicha vista, podrá dicho demandado ofrecer
evidencia en cuanto a la cuantía de la compensación que deba
pagarse
por
su
propiedad,
y
podrá
participar
en
la
distribución de la suma adjudicada. Ibid.
Como resulta obvio, las Reglas de Procedimiento Civil
reconocen
el
derecho
procedimiento
expropiación
otorgada
de
de
como
del
demandado,
expropiación
su
justa
propiedad
dentro
forzosa,
y
a
compensación.
a
el
un
objetar
la
la
cuantía
presente
caso,
protestar
En
de
estamos ante una denegatoria del foro primario de permitir un
descubrimiento de prueba a los efectos de que los demandados,
Sucesión Damián Planas Parilla, puedan estar en posición de
oponerse adecuadamente a la toma de su propiedad y probar que
la selección de los terrenos fue arbitraria y caprichosa.
Entendemos que dicha determinación es incorrecta.
Ya este Tribunal expresó en E.L.A. v. Fonalledas, 84
D.P.R
573,
579
(1962),
que
en
el
procedimiento
de
expropiación forzosa, es el titular del dominio quien tiene
el derecho a formular sus defensas y objeciones, tanto al
carácter público del uso a que se destinará la propiedad,
como
a
la
cuantía
declarada
como
justa
compensación.
Lo
anterior es cónsono con el mandato del Artículo II, Sección
9, de nuestra Constitución, 1 L.P.R.A. Tomo I, que preceptúa
27
CC-2004-1105
que el poder del Estado para expropiar propiedad privada está
limitado por la exigencia del pago de una justa compensación,
que
la
cosa
sea
para
un
fin
público
y
que
se
siga
el
procedimiento establecido por ley. Véase: López v. A.E.E. 151
D.P.R. 701 (2000); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143
D.P.R. 935 (1997); Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp.,
136 D.P.R. 801 (1994); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A.,
127 D.P.R. 943 (1991); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967).
IV
Señalamos anteriormente que, dentro del procedimiento de
expropiación forzosa, el demandado puede formular defensas y
objeciones
a
dicho
procedimiento.
Obviamente,
para
poder
estar en posición de oponerse adecuadamente a una posible
expropiación será necesario que se le permita al demandado
utilizar
los
mecanismos
de
descubrimiento
de
prueba.
En
Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 (1962) este
Tribunal expresó que la Regla 58.1 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, dispone que las Reglas de Procedimiento
Civil
gobiernan
el
procedimiento
de
expropiación
de
propiedad.1 Sin embargo, la Regla 58, ante, no dispone nada
acerca del descubrimiento de prueba permitido a las partes
dentro del mismo.
Precisamente en el antes citado caso de Martínez Rivera
v. Tribunal Superior, este Tribunal se enfrentó al asunto del
1
Específicamente dispusimos que las Reglas 23 a la 34 de
Procedimiento Civil, referentes al descubrimiento de prueba,
con excepción de la 32 referente al examen físico y mental de
los testigos, regían el procedimiento de expropiación.
28
CC-2004-1105
descubrimiento de prueba en los casos de expropiación forzosa
de propiedad particular. Allí, al reconocerse que las Reglas
de
Procedimiento
atendieron
las
Civil
reglas
regían
de
este
procedimiento,
descubrimiento
de
prueba
se
y
se
resolvió que debía permitírsele al titular de la propiedad a
ser
expropiada
inspeccionar
el
informe
preparado
por
el
perito del Estado a los efectos de poder impugnar la cuantía
calculada como justa compensación.
Este Tribunal razonó que los procesos de descubrimiento
de prueba antes del juicio debían servir de guía en los
procedimientos
de
expropiación
forzosa
y
expresó,
como
principio rector, que un sistema liberal de descubrimiento de
prueba antes del juicio facilitaba la tramitación de los
pleitos y evitaba los inconvenientes, sorpresas e injusticias
que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista
las cuestiones y los hechos que en realidad son parte del
litigio.
“Para
precisar
con
exactitud
cuáles
son
las
verdaderas cuestiones en controversia y aclarar cuáles son
los
hechos
que
deberán
probarse
en
el
juicio,
es
imprescindible recurrir a los procedimientos para descubrir
prueba y obtener deposiciones antes del juicio”. Ibid, a la
pag. 9.2
Vemos, que en ese caso, el descubrimiento de prueba se
permitió dentro de la impugnación de la cuantía otorgada como
justa compensación y se limitó a autorizar la inspección o
2
Citando
(1959).
a
Sierra
v.
Tribunal
Superior,
81
D.P.R.
554
29
CC-2004-1105
copia del informe preparado por el perito tasador del Estado.
Sin embargo, de ninguna forma limitamos el descubrimiento de
prueba a las instancias en que la parte únicamente impugna la
referida cantidad.
Es más, en
Martínez Rivera v. Tribunal Superior, ante,
este Tribunal expresó
que el ámbito de descubrimiento de
prueba depende de los hechos de cada caso en particular3, “y
en lo que no se ha previsto en esta opinión, debe dejarse a
la informada discreción del tribunal de instancia que debe
guiarse por el propósito tantas veces mencionado de lograr la
celebración
de
un
juicio
justo,
rápido
y
económico,
sin
ventajas para ninguna de las partes”. Ibid, a la pág. 13.
V
Y es que no puede ser de otra forma. Sabido es que el
debido
proceso
de
ley
se
manifiesta
en
dos
dimensiones
distintas: sustantiva y procesal. En lo referente al debido
proceso de ley en su dimensión procesal, el mismo le impone
al estado la obligación de garantizar que la interferencia
con los intereses de libertad y propiedad del individuo se
haga a través de un procedimiento que sea justo y equitativo.
Véase: Rivera Rodríguez y Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 881,
887-888 (1993); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R.
219 (1987). Por otro lado, reiteradamente hemos resuelto que
una
vez
se
incorporan
ciertos
derechos,
por
acción
legislativa, éstos se convierten en parte integral del debido
3
Citando a Frank C. Sparks Co. v. Huber Baking Co., 114 A.2d
657 (Del. 1955).
30
CC-2004-1105
proceso de ley. Véase: Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980, 988
(1999).
Dicha
norma
jurisprudencial
aplica
tanto
a
los
derechos incorporados en las Reglas de Procedimiento Criminal
como a las Reglas de Procedimiento Civil.4
VI
Somos
energía
conscientes
eléctrica
en
del
hecho
nuestro
de
País
que
es
el
suministro
algo
de
sumamente
importante para nuestros conciudadanos, razón por la cual la
construcción
de
nuevas
líneas
eléctricas
para
mejorar
el
servicio --en ocasiones, pobre-- que brinda la Autoridad de
Energía Eléctrica es, sin dudas, un fin público. Con lo que
no podemos estar de acuerdo es con la posición de la Mayoría
en
cuanto
a
que,
una
vez
el
foro
judicial
valida
la
determinación de fin público, ahí concluye todo el proceso.
No podemos ignorar que el derecho del titular de una
propiedad que está siendo expropiado, a formular objeciones a
la
toma
de
su
propiedad
por
el
Estado,
está
claramente
preceptuado en la Reglas de Procedimiento Civil y, por ende,
es parte del debido proceso de ley.
Siendo ello así, somos del criterio que un demandado,
dentro de un procedimiento de expropiación forzosa, puede
impugnar la selección de su propiedad y alegar que la misma
se hizo de forma arbitraria, caprichosa o mediando fraude o
4
En relación con ello, véase: Hospital Dr. Domínguez v.
Ryder Memorial Hospital, Inc., res. el 4 de marzo de 2004,
2004 T.S.P.R. 35, a los efectos de que cuando el Estado
provee remedios post sentencia judicial, resolución o
decisión administrativa, los mismos se convierten en un
interés protegido que da base a un reclamo de un debido
proceso de ley.
31
CC-2004-1105
mala fe. Para fundamentar tal alegación es necesario que se
permita
al
demandado
descubrir
prueba.
Esto
es,
debe
permitírsele al demandado que así lo solicite, descubrir la
prueba documental necesaria --que, como ocurre en el presente
caso, se encuentra bajo el exclusivo control de la A.E.E.-tales como certificaciones, estudios, evaluaciones del lugar
de la expropiación, propuestas y planos de construcción, tal
y como lo solicitaron en el presente caso los miembros de la
Sucesión Planas Parilla. Nuestro sentido de justicia así nos
lo manda.
Además,
inmunidad
el
E.L.A.
conferido
y
sus
respecto
agencias,
a
lo
que
bajo
el
manto
constituye
un
de
fin
público, no pueden adelantar intereses privados. Es por ello
que
entendemos
que,
en
el
presente
caso,
existencia
de
unos
planos
originales
servidumbre
discurría
por
finca
otra
de
probarse
la
los
cuales
la
se
cambió
la
en
y
que
localización de la misma para favorecer a un ex empleado de
la A.E.E., la conclusión a los efectos de que la actuación de
esta agencia fue arbitraria y caprichosa sería inevitable,
razón por la cual la misma no podría sostenerse.
Por
las
razones
antes
expresadas,
confirmaríamos
la
sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de
Apelaciones a los fines de permitir a la Sucesión Planas
Parilla presentar prueba para impugnar la selección del lugar
por donde discurrirá la servidumbre a favor de la A.E.E.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado