LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Dolores Colón V. Glamorous Nails& Boutique, INC. Marta Larissa Alavarado de Silverio, ET. ALS.

2006 TSPR 16

Poder Judicial de Puerto Rico

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Dolores Colón V. Glamorous Nails& Boutique, INC. Marta Larissa Alavarado de Silverio, ET. ALS.

CC-2004-0275

Derecho de Contratos- doctrina de la culpa in contrahendo; indeminización bajo esta doctrina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Colón

Demandantes-Recurridos

Certiorari

v.

2006 TSPR 16

Glamorous Nails & Boutique,

Inc., Marta Larissa Alvarado

de Silverio, et. als.

166 DPR ____

Demandados-Recurrentes

Número del Caso: CC-2004-275

Fecha: 3 de febrero de 2006

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Juez Ponente:

Hon. Nydia Cotto Vives

Abogado de la Parte Recurrente:

Lcdo. Ramón L. WalKer Merino

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Rafael Román Jiménez

Materia: Incumplimiento de Contrato

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Colón

Demandantes-Recurridos

v.

CC-2004-275

CERTIORARI

Glamorous Nails & Boutique,

Inc., Marta Larissa Alvarado

de Silverio, et. als.

Demandados-Recurrentes

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2006.

La co-demandada recurrente, Marta Larissa Alvarado

de Silverio, nos solicita que revoquemos la sentencia

del Tribunal de Apelaciones fechada 30 de enero de

2004, que confirmó al Tribunal de Primera Instancia,

respecto a la existencia de daños bajo la doctrina

culpa in contrahendo. Examinado el expediente apelativo

y el derecho aplicable y por las razones que habremos

de exponer, modificamos la sentencia recurrida y así

modificada, se confirma.

I.

Los

hechos

medulares

del

presente

recurso

se

resumen a continuación. En el mes de enero de 2000, la

Sra.

Marta

Larissa

Alvarado,

Presidenta

de

2

CC-2004-275

Glamorous

Nails

&

1

Boutique,

Inc.,

se

comunicó

2

telefónicamente con la Sra. Dolores Colón para informarle

que tenía planificado vender su negocio de arreglo de uñas

y le preguntó si le interesaba comprarlo. En esta misma

conversación telefónica la señora Alvarado le comunicó a

la

señora

Colón

que

el

precio

de

compraventa

era

de

$350,000. La señora Colón manifestó interés en adquirir el

negocio y se comprometió a consultarlo con su esposo, el

Sr. Fidencio Aldamuy. Posteriormente, la señora Colón se

comunicó con la señora Alvarado para reiterarle su interés

en comprar el negocio y solicitó una reunión a los fines

de comenzar el proceso de negociación.

Así las cosas, en o alrededor del mes de marzo de

2000, la señora Alvarado nuevamente le ofreció a la señora

Colón venderle todos los activos de Glamorous Nails &

Boutique, Inc. por el precio de $350,000.00. Se reunieron

entonces para discutir la oferta. El Sr. Rafael Silverio,

esposo de la señora Alvarado participó en esa reunión.

Entre

otras

cosas,

la

señora

Colón

indagó

sobre

la

disposición de los esposos a financiar parte del precio de

compraventa.

Para el mes de febrero o marzo de 2000, la señora

Colón

contrató

a

la

Contadora

Pública

Autorizada

(“C.P.A.”) Carmen Román para que la orientara en cuanto a

la conveniencia de realizar el negocio y los planes para

materializar el mismo. La C.P.A. Román le indicó a la

1

Glamorous Nails & Boutique, Inc., es una corporación

creada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en la cual se proveen servicios para el cuidado de

uñas.

2

La señora Colón fue cliente de Glamorous Nails &

Boutique, Inc. por espacio de 15 años y conocía a la Sra.

Marta Larissa Alvarado desde entonces.

3

CC-2004-275

señora Colón que para ello necesitaba cierta información,

a saber: el volumen de ventas del negocio, los seguros que

poseía

y

los

gastos.

La

señora

Colón

solicitó

la

información y la señora Alvarado le entregó el libro de

apuntes relacionados con las ventas diarias del negocio,

que incluía, además de las ventas diarias, el resumen

mensual y anual de esas ventas y el pago a las empleadas y

técnicas de Glamorous Nails & Boutique, Inc. La señora

Colón

retuvo

el

libro

por

devolvérselo

a

la

persona

información

en

el

libro,

varios

días

antes

de

encargada

de

entrar

la

Carmen

Muñoz

de

la

Sra.

3

Alvarado.

En el mes de marzo de 2000 se reunieron la señora

Colón, el señor Silverio, la señora Alvarado y la C.P.A.

Román.

En

esa

reunión

se

discutió

el

precio

de

compraventa, el número de empleados del negocio, el canon

de arrendamiento, el pietaje del negocio, el nombre del

agente de seguros y las razones para la venta.Después de

la reunión, la C.P.A. Román preparó unas proyecciones de

flujo de efectivo del negocio desde el 2001 al 2010 y un

“Schedule of operation & cash flow” desde el año 1996 al

1999.

Estos

documentos

se

prepararon

a

base

de

la

información contenida en el libro de ventas diarias del

negocio,

así

como

información

provista

por

la

señora

Alvarado y la Sra. Carmen Muñoz de Alvarado.

La

ellas

señora Colón llevó a cabo otras gestiones, entre

las

siguientes:

solicitó

información

sobre

el

financiamiento en Eurobank, pero no llenó la solicitud

3

La señora Muñoz de Alvarado es la madre de la Sra.

Marta Larissa Alvarado y una de las accionistas de

Glamorous Nails & Boutique, Inc.

4

CC-2004-275

requerida;

obtuvo

Administration”;

compañía

información

acudió

Consultech,

al

del

Sr.

para

“Small

Rafael

Business

Rivera

asesorarse

de

sobre

la

el

financiamiento de la transacción y contrató los servicios

del Lcdo. Rafael Román Jiménez a los fines de crear una

4

corporación.

A finales del mes de mayo o principios del mes de

junio de 2000, la señora Colón se reunió con la señora

Alvarado.

Esta

fue

la

última

reunión

que

se

realizó

durante el proceso de negociación y sólo asistieron la

señora Colón y la señora Alvarado. En esta reunión, la

señora

Colón

le

solicitó

a

la

señora

Alvarado

más

información sobre el negocio, específicamente con relación

a las empleadas, el inventario y las deudas. También le

informó

a

la

señora

Alvarado

que

iba

a

solicitar

un

préstamo a la “Small Business Administration”.5

Ahora bien, las partes no acordaron la forma de pago

del precio de compraventa ni se hizo pago alguno por ese

concepto.

La

señora

Alvarado

alega

que

por

esa

razón

entendió que el negocio no era seguro y una semana después

de la reunión, le comunicó a la señora Colón que se había

arrepentido de vender Glamorous Nails & Boutique, Inc.

Surge de la transcripción de la prueba que la señora

Alvarado reconoció que la señora Colón aceptó su oferta de

venta y que ella (la vendedora) le dijo “está bien, no hay

4

Los demandantes no presentaron evidencia, durante la

vista en su fondo, de que se hubiera organizado una

corporación para adquirir los activos de Glamorous Nails &

Boutique, Inc.

5

Del expediente apelativo surge que los demandantes

nunca sometieron los documentos a Eurobank ni a la “Small

Business Administration” para solicitar el financiamiento

para la compraventa.

5

CC-2004-275

problema”, aunque dicha expresión en su fuero interno “no

significó nada para mi”.

Primera

Instancia

En su sentencia, el Tribunal de

recoge

este

incidente

en

su

determinación de hechos núm. 26. Ante las recriminaciones

de la señora Colón sobre el tiempo y dinero que ella había

invertido durante las negociaciones, la señora Alvarado se

comprometió

a

reembolsarle

los

gastos

y

darle

un

año

gratis de servicio en Glamorous Nails & Boutique, Inc.

Así las cosas, la señora Colón le envió las facturas

de

los

gastos

y

se

negó

abogado,

6

la

señora

a

Alvarado,

reembolsarlos

a

través

por

de

su

encontrarlos

El 24 de octubre de 2000, la señora Colón

excesivos.

instó demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y

perjuicios contra Glamorous Nails & Boutique, Inc., Marta

Larissa Alvarado de Silverio, su esposo Rafael Silverio y

la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos y

Carmen Muñoz de Alvarado, su esposo Héctor M. Alvarado y

la

sociedad

legal

de

bienes

gananciales

compuesta

por

ambos.

Durante

septiembre

la

de

vista

2001,

celebrada

los

señora

Alvarado

la

días

27

y

28

expresó,

de

entre

otras cosas, que una de las razones para desistir de

vender

su

negocio

fue

que

no

tomó

en

serio

las

negociaciones porque la señora Colón no había solicitado

el financiamiento a ninguna institución bancaria, a pesar

de que habían transcurrido de cinco a seis meses desde el

ofrecimiento de venta. Otra razón por la cual se había

6

En la factura aparecían las cantidades de $4,200.00 de

honorarios a la C.P.A. Carmen Román, y $4,200.00 de

honorarios al licenciado Román.

6

CC-2004-275

arrepentido de vender era que se había enterado que la

7

transacción tendría un impacto contributivo sustancial.

El 8 de octubre de 2001, el Tribunal de Primera

Instancia

ordenar

dictó

el

sentencia

cumplimiento

resolviendo

específico

del

que

no

procedía

contrato

ni

la

imposición de daños porque realmente no hubo entre las

partes un acuerdo de voluntades que generara un contrato.

Entendió

el

foro

de

instancia

que

no

existió

una

declaración completa y clara del oferente. No obstante,

luego de citar la jurisprudencia normativa pertinente a la

doctrina de culpa in contrahendo, el tribunal razonó que

procedía

imponerle

responsabilidad

a

la

co-demandada

Alvarado y la sociedad de bienes gananciales compuesta por

ella

y

el

Sr.

Rafael

Silverio

“por

el

rompimiento

negligente, injustificado y doloso de las negociaciones”.

En ese contexto, el foro de instancia ordenó a la codemandada

Alvarado

a

pagar

$8,400.00

por

los

gastos

incurridos por la señora Colón, y $10,000.00 por daños

emocionales, más las costas del litigio y honorarios de

abogado.

Inconforme con este dictamen,

la señora Alvarado

recurrió al Tribunal de Apelaciones y el 30 de enero de

2004 ese foro confirmó la sentencia apelada. Aunque el

foro

apelativo

derecho

del

revocó

foro

de

algunas

instancia,

de

las

éstas

conclusiones

de

no

la

afectaron

determinación de confirmar el dictamen apelado.8

7

Informó que la cantidad que hubiese tenido que pagar

al Departamento de Hacienda por concepto de contribuciones

resultaba onerosa, sin precisar la cantidad exacta.

8

El

Tribunal

de

Apelaciones

tuvo

ante

sí

una

transcripción de la vista en su fondo y una exposición

narrativa del testimonio de la Sra. Marta Larissa

7

CC-2004-275

Nuevamente inconforme con la sentencia emitida por el

foro

apelativo,

la

señora

Alvarado

recurre

ante

este

Tribunal, vía recurso de certiorari presentado el 5 de

abril de 2004. Aduce que el foro apelativo erró al “avalar

la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que la

retirada

de

las

negociaciones

contributivo

que

la

venta

culpa

in

contrahendo”,

al

foro

de

instancia

conceder

constituye

[sic]

determinación

del

por

del

razón

del

negocio

de

impacto

representaba

aceptar

la

daños

emocionales y al conceder la partida de gastos sin que

éstos

se

hubieran

demostrado

por

prueba

fehaciente.

Examinado el recurso, expedimos el auto. La señora Colón

no compareció, no obstante nuestra orden concediéndole

término

para

presentar

alegato,

por

lo

que

dimos

por

sometido el recurso, sin el beneficio de su comparecencia,

el 7 de febrero de 2005.

Está ante nuestra consideración, primeramente, si los

hechos probados constituyen base suficiente para aplicar

la doctrina de culpa in contrahendo. Si la respuesta es

afirmativa,

debemos

resolver

si

procede

compensar

los

daños alegados, en particular los que se refieren a

sufrimientos y angustias mentales. Examinado el expediente

apelativo y el derecho aplicable resolvemos.

II.

Es principio básico del derecho de obligaciones que

nadie

está

obligado

a

contratar.

J.

Puig

Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978,

T. II, Vol. I, pág. 226. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113

Alvarado, ya que porciones de la grabación original se

habían dañado.

8

CC-2004-275

DPR

517

(1982),

en

la

pág.

526.

Esto

“tiene

como

consecuencia que las partes no se encuentren obligadas a

proseguir

con

las

negociaciones

contrato,

sino

que

están

vínculo

o

retirarse,

hasta

perfeccionar

el

el

en

libertad

de

contraer

según

convenga

a

sus

mejores

intereses.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, citando a

Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., T.I, pág. 317.

No obstante, aun cuando no se hubiera perfeccionado

un

contrato,

negociaciones

carácter

nuestro

ordenamiento

preliminares

social

que

impone

reconoce

que

una

relación

de

el

de

generan

a

las

partes

“[l]as

deber

comportarse de acuerdo con la buena fe, que no impera

solamente en las relaciones jurídicas ya establecidas o

constituidas, sino también en las relaciones derivadas de

un simple contrato social.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,

supra, en las págs. 526 a 527 citando a Díez Picazo en

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed.

9

Tecnos, 1979, Vol. I, en la pág. 191 (énfasis nuestro).

En

palabras

de

Puig

Brutau,

esta

relación

“impone

determinados deberes, en el sentido de estar las partes

obligadas a comportarse con la buena fe necesaria y a

observar la lealtad exigida por las convicciones éticas

imperantes.”

J. Puig Brutau, supra, en la pág. 227. Se

La doctrina conoce esta etapa precontractual como la

de los “tratos preliminares.” Manuel Albaladejo, Tratado

de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. I,

(1989) pág. 226, define éstos como sigue: “Hay tratos

previos cuando a la emisión de la oferta precede un

período de tanteos preliminares, en los que ambas partes o

una de ellas (pues basta que la intervención de la otra se

limite a apreciar lo que somete a su consideración

aquélla) hacen cálculos y valoran posibilidades, para

señalar los eventuales términos en los que cabría o

convendría concluir el contrato; pero sin proponer en

firme una a la otra su conclusión en tales o cuales

condiciones definitivamente determinadas.”

9

9

CC-2004-275

trata,

como

señala

10

alemán Ihering,

comienzo

Moreno

Quesada,

citando

al

jurista

de un deber de diligencia que surge del

voluntario

de

“una

actividad

que

le

pone

en

relación directa, con el círculo de intereses de otro”.

Moreno Quesada, supra, en la pág. 200. (Énfasis nuestro).

Esto sujeta a las reglas de la culpa al que pone fin a la

interacción de forma intempestiva.

En su tratado titulado “La Doctrina de los Actos

Propios”, Díez Picazo señala que:

La buena fe, en el sentido que aquí importa, es

la lealtad en el tratar, el proceder honrado y

leal. Supone el guardar la fidelidad a la

palabra dada y no defraudar la confianza, ni

abusar de ella; supone un conducirse como cabe

esperar de cuantos, con pensamiento honrado,

intervienen en el tráfico como contratantes. Lo

que se aspira a conseguir, se ha dicho, es que

el

desenvolvimiento

de

las

relaciones

jurídicas, el ejercicio de los derechos y el

cumplimiento de las obligaciones, se produzca

conforme a una serie de principios que la

conciencia

jurídica

considera

necesarios,

aunque no hayan sido formulados. Díez Picazo,

La Doctrina de los Actos Propios, Barcelona,

1963, en la pág. 157. (Énfasis nuestro).

En Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, resolvimos que

la responsabilidad que genera el incumplimiento con el

deber de actuar de buena fe durante las negociaciones es

de

naturaleza

extracontractual.

Se

asienta

esta

responsabilidad en que la suspensión injustificada de las

negociaciones “constituye un quebrantamiento de la buena

fe que... penetra todo nuestro ordenamiento positivo...

que le impone a las partes un deber de lealtad recíproca

10

Von Ihering, De la culpa in contrahendo, en Oeuvres

choisies. II ed. Francesa, París, 1893, núm. 15, pág. 4.

10

CC-2004-275

en

las

11

Prods.

Tommy

la

culpa

in

negociaciones”.

Muñiz

v.

COPAN,

supra, en la pág. 528.

Hemos

reconocido

contrahendo

no

sólo

cuando una de las partes que interviene en el proceso de

formación de un contrato actúa intencionalmente, mediando

dolo, fraude o abuso del derecho, sino también cuando obra

negligentemente,

COPAN,

supra.

actuación

causando

Además,

culposa

daño.

como

o

Prods.

Tommy

Muñiz

v.

señala

Moreno

Quesada,

“la

negligente

que

provoca

la

responsabilidad, tanto puede ser positiva, consistir en

una

actuación

negativo,

del

traducirse

sujeto,

como

en

omisión.”

una

tener

un

contenido

Moreno

Quesada,

supra, en la pág. 208, énfasis nuestro.12 El Código alemán,

que regula la culpa in contrahendo, define la negligencia

que da lugar a ésta como “la falta de diligencia exigible

en

el

tráfico”.

Clara

I.

Asúa

González,

La

Culpa

in

11

“Una

razón

elemental

de

equidad

aconseja

sean

protegidas las actuaciones de buena fe frente a la

conducta culpable que les produzca una consecuencia

dañosa, y ello tanto si se ocasiona con motivo de la

ejecución

de relaciones previamente trabadas (culpa

contractual), como si es en la preparación de las mismas

(culpa in contrahendo)...”. Moreno Quesada, B., La Oferta

de Contrato, Barcelona, Colección Nereo, 1963, pág. 200.

Véase, Velilla v. Pueblo Supermarkets, 111 DPR 585 (1981),

en la pág. 588: “El contenido de eticidad de cada acto

deberá examinarse a la luz de sus circunstancias

particulares, pero el comportamiento conforme a la buena

fe es precepto general que abarca toda actividad

jurídica”. Además, Catalytic Ind. Saint. Co. v. F.S.E.,

121 DPR 98 (1988), en la pág. 113; Ramírez v. Club Cala de

Palmas, 123 DPR 339 (1989), en la pág. 346. Entenza

Escobar, La Responsabilidad Precontractual en Derecho

Puertorriqueño, 7 Rev. Der. Puertorriqueño 105 (1963).

12

Evidentemente,“... el lógico deseo de mantener una

esfera de libertad para que las partes negocien no puede

llevar a decir que sólo en caso de dolo deberán responder

por sus actos lesivos, sino que habrán de hacerlo siempre

que hayan vulnerado lo que la buena fe imponía para el

caso en concreto...”. Clara I. Asúa González, La Culpa in

contrahendo (Tratamiento en el Derecho Alemán y presencia

en otros ordenamientos), Universidad del País Vasco,

(1989), en la pág. 287.

11

CC-2004-275

contrahendo (Tratamiento en el Derecho Alemán y presencia

en

otros

ordenamientos),

Universidad

del

País

Vasco,

(1989), en la pág. 80. De acuerdo a esta definición, “la

presencia o ausencia de negligencia se constataría tomando

como

referencia

los

conocimientos

y

las

capacidades

típicas del ámbito social o profesional de que se trate”.

Ibid.

Hemos

resuelto

que

para

determinar

si

ha

mediado

culpa en la terminación de unos tratos preliminares “es

preciso

considerar

las

circunstancias

del

rompimiento,

específicamente: 1) el desarrollo de las negociaciones, 2)

cómo comenzaron, 3) el curso que siguieron, 4) la conducta

de las partes durante su transcurso, 5) la etapa en que se

produjo el rompimiento, y 6) las expectativas razonables

de las partes en la conclusión del contrato, así como

cualquier otra circunstancia pertinente conforme a los

hechos del caso sometidos a escrutinio judicial.” Prods.

Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 530; Torres v.

Gracia, 119 DPR 698, 705 (1987). Cabe señalar que estos

factores deben considerarse con una óptica restrictiva,

más bien que liberal. Torres v. Gracia, Id.

III.

Examinemos ahora el caso que nos ocupa. La señora

Alvarado aduce que se retiró de las negociaciones para la

venta de su negocio por una causa legítima y que por esa

razón no debe imponérsele el pago de los gastos incurridos

por los demandantes. Arguye, además, que siempre estuvo

disponible para reunirse con la señora Colón y ofrecerle

información sobre su negocio, que le proveyó un libro

12

CC-2004-275

donde se llevaban las cuentas del negocio y que “no tomó

las negociaciones en serio” porque la señora Colón nunca

le había entregado cantidad alguna de dinero ni había

solicitado el financiamiento necesario para llevar a cabo

la compra. Su explicación no nos persuade, pues la prueba

confirma todo lo contrario, es decir, el avanzado estado

de la negociación entre las partes.

Así, consta en autos

que hubo un acuerdo en cuanto al objeto (nombre, activos y

“goodwill” del negocio), al precio de $350,000 y a la

causa, es decir, a la transmisión de la titularidad sobre

el bien vendido. En este sentido, lo único que parece

haber faltado era el acuerdo sobre el plazo para pagar,

pues la compradora se obligó, inclusive y sin margen a

dudas, a entregar el dinero en su totalidad.

Fue

la

señora

Alvarado

quien

inició

las

negociaciones, ofreciendo el negocio en venta a la señora

Colón. Los tratos preliminares duraron de cinco a seis

meses, hasta que la señora Alvarado manifestó que había

desistido

de

sostuvieron

la

venta.

varias

Durante

ese

conversaciones

y

tiempo

las

reuniones,

partes

con

el

propósito de obtener la información necesaria para que se

pudiese materializar el acuerdo. La prueba documental y

testifical

presentada

cabalmente

que

relacionadas

a

ésta

la

por

la

realizó

compraventa

señora

Colón

distintas

del

negocio

sostiene

gestiones

que

eran

conocidas por la señora Alvarado y que significaban gastos

para la señora Colón.13 Cabe señalar que la expectativa de

la señora Colón nacía, en parte, de que la única persona

13

El foro de instancia tuvo la oportunidad de escuchar

el testimonio, tanto de la señora Colón como el de la

C.P.A. Carmen Román, con relación a las gestiones

realizadas por éstas y estos testimonios le merecieron

credibilidad.

13

CC-2004-275

con quien la señora Alvarado estaba negociando la venta

del negocio era con ella.

Durante esos meses y mientras se llevaban a cabo esas

gestiones, la señora Alvarado no indagó sobre las posibles

consecuencias contributivas de la venta del negocio. El

foro apelativo entendió, correctamente, que el hecho de

que la señora Alvarado no consultara anticipadamente con

un profesional sobre las consecuencias contributivas de la

transacción denota negligencia de su parte en el proceso

de negociación. Después de todo, se trataba de un negocio

que,

alegadamente,

le

dejaba

grandes

ganancias

y

cuyo

precio se estableció en $350,000.

La

única

mención

en

autos

sobre

el

impacto

contributivo de la transacción como motivo para el retiro

de

señora

Alvarado

de

las

negociaciones

surge

del

testimonio de la compradora, señora Colón, como algo que

la peticionaria le dijo de paso por teléfono cuando le

informó que retiraba la oferta de venta. Es de notar que

esta conversación concluyendo las negociaciones sucedió a

escasamente una semana de haberse reunido la vendedora con

la compradora y de ésta haber aceptado pagar el precio

requerido,

en

la

forma

requerida.

Según

determina

el

Tribunal de Primera Instancia (determinación de hechos

núm. 34), la peticionaria “no expuso razón alguna para

negarse

a

vender”.

Sencillamente,

como

no

se

había

concretado la fuente de financiamiento, entendió que “no

tenía compromiso y no tomó en serio las negociaciones.” La

propia vendedora afirma que cuando la compradora la volvió

a

llamar,

“yo

le

dije

que

no,

no

quería

vender

el

negocio”, sin más. (Véase pág. 196 de la transcripción).

Parece evidente que el Tribunal de Primera Instancia no

14

CC-2004-275

dio crédito a la alegación de impacto contributivo como

justificación para el cese abrupto de las negociaciones.

Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia

eliminó

toda

alegada

expresión

sobre

el

asunto

contributivo de la exposición narrativa que la vendedora

se

proponía

someter

ante

el

foro

apelativo.

En

la

exposición propuesta, en la que hubo que “reconstruir”

parte del testimonio de la vendedora

porque se habían

borrado algunas de las cintas del tribunal, la señora

Alvarado

informaba

que

se

había

enterado

del

alegado

impacto contributivo durante un juego de baloncesto de su

hijo, al hablar con el papá de un amiguito de éste y

comentarle

sobre

el

negocio.

Esa

“reconstrucción”

el

Tribunal de Primera Instancia la eliminó de la exposición

narrativa en su totalidad y concluyó, que la vendedora no

expuso razón alguna para negarse a vender.

En sus escritos de apelación ante el Tribunal de

Apelaciones y de certiorari ante nosotros, la peticionaria

no cuestiona que el trámite de compraventa se encontraba

en un estado avanzado. Las reuniones entre las partes, y

la información y documentos que solicitó y se entregaron a

la compradora, incluyendo el libro en el que se llevaba

constancia

de

todo

lo

sucedido

en

el

negocio.

La

transcripción de la prueba confirma la complejidad de la

negociación, la extensa participación de la contable de la

compradora y el envolvimiento de las personas con poder

decisional,

en

particular,

la

Presidenta

de

la

que

las

corporación, la vendedora, señora Alvarado.

A

tenor

con

lo

anterior,

concluimos

actuaciones negligentes de la señora Alvarado mantuvieron

las expectativas de la señora Colón de que el negocio se

15

CC-2004-275

realizaría y provocaron que ésta incurriera en gastos para

su consecución. Coincidimos con los foros de instancia y

apelativo

en

que

procede

responsabilizar

a

la

señora

Alvarado bajo la doctrina de culpa in contrahendo.

IV.

En

su

segundo

señalamiento

de

error,

la

señora

Alvarado sostiene que el foro apelativo erró al “aceptar

la

determinación

del

Tribunal

conceder daños emocionales...”.

Nuestro

ordenamiento

de

Primera

Instancia

de

Tiene razón.

jurídico

provee

compensación

para dos tipos de daños: los pecuniarios o económicos y

los morales, que incluyen, a su vez, los sufrimientos y

las angustias mentales. Cintrón Adorno v. Gómez 147 DPR

576 (1999), en la pág. 587.14 La obligación de compensar el

daño moral puede surgir como resultado del incumplimiento

de un contrato o del incumplimiento del deber general de

diligencia dispuesto en el artículo 1802 del Código Civil,

31 LPRA § 5141. En el ámbito extracontractual, nuestra

jurisprudencia nunca ha distinguido entre daños físicos,

materiales o morales para efectos de compensación. García

Según explicamos en Cintrón Adorno v. Gómez, supra, en

la pág. 589, citando a G. Ortiz Ricol,14 el daño moral es

“...[p]or exclusión, el daño no patrimonial,... el daño

que no recae directamente sobre el patrimonio de una

persona o que cayendo sobre bienes objetivos, ocasione o

no lesión material en los mismos, causa una perturbación

anímica en su titular, cualquiera que sea el derecho que

sobre ello se ostente.” (Énfasis nuestro). La finalidad

que se persigue al concederle al lesionado una partida de

daños

emocionales

es

“indemnizar

el

dolor,

los

sufrimientos y las angustias mentales que padece una

persona

como

consecuencia

de

un

acto

culposo

o

negligente.”Id., en la pág. 597.

14

16

CC-2004-275

15

Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193 (1988).

No

así en el campo contractual, en el que por muchos años nos

negamos a indemnizar los daños morales por incumplimiento

de contrato, hasta que en Camacho v. Iglesia Católica, 72

DPR

353

(1951),16

reconocimos

que

también

debían

ser

indemnizados éstos daños, siempre que fueran previsibles

al momento de constituirse la obligación.17

En

Tommy

Muñiz

v.

COPAN,

supra,

la

opinión

mayoritaria no analiza cuáles daños son compensables como

resultado de la culpa in contrahendo, aunque los votos

particulares abordan el tema.18 En RBR Const., S.E. v.

Por el contrario, hemos definido “daño”, como “todo

aquel menoscabo material o moral que sufre una persona, ya

en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en

su patrimonio, cansado en contravención a una norma

jurídica y por el cual ha de responder otra”. Cintrón

Adorno v. Gómez, supra, en la pág. ____.

15

16

Véanse, contrario sensu, González Mena v. Dannermiller

Coffee Co., 48 DPR 608 (1935); Díaz v. Cancel, 61 DPR 888

(1943); Díaz v. Palmer, 62 DPR 111 (1943).

17

Nuestro derecho de compensación del daño responde,

como sabemos, al principio de previsibilidad. Así, hemos

resuelto que “nadie viene obligado a responder de aquellos

sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos

fueran inevitables”. Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp.,

95 DPR 902 (1968), en la pág. 906. El deber de previsión

está atado, claro está, a la prudencia, pues excluye la

obligación de prever “sucesos totalmente insólitos y

extraordinarios”, aunque éstos sean previsibles en teoría.

Jiménez v. Peregrina Espinet, 112 DPR 700 (1982), en la

pág. 706. Los daños resarcibles por incumplimiento

contractual también están sujetos al requisito de

previsibilidad. Código Civil, artículo 1058, 31 LPRA 3022.

En atención a esta norma, hemos admitido la compensación

de aquellos daños morales que sean previsibles al momento

de constituirse la obligación y que sean consecuencia

necesaria de la falta de cumplimiento del contrato.

Artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA § 3024; Soc.

Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998), en la

pág. 523; Camacho v. Iglesia Católica, supra, en la pág.

360. Véanse, Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967);

González v. Centex Const. Co., etc., 103 DPR 82 (1974), en

la pág. 88; De Jesús v. Ponce Housing Corp., 104 DPR 885

(1976), en la pág. 889.

18

Así, la opinión disidente del Juez Asociado señor Díaz

Cruz coincide con Díez Picazo y Gullón, Sistema de Derecho

17

CC-2004-275

A.C.,

149

DPR

indemnización

836,

del

848

(1999),

licitador

con

perdidoso

relación

en

una

a

la

subasta

ilegalmente anulada o adjudicada, expresamos que los daños

extracontractuales que podría recuperar el licitador, ya

fuera por culpa in contrahendo o por abuso de derecho, son

limitados e incluyen, “por ejemplo, los costos en los que

se

incurrió

arbitrariamente

en

prepararse

anulada

y

para

otros

la

gastos

licitación

relacionados,

incluyendo los intereses desde que se incurre en éstos.”

No abundamos entonces, porque no era necesario, en las

fuentes doctrinales de esa limitación.

Explica Díez Picazo que “[l]a doctrina es pacífica en

el sentido de que el deber de resarcimiento por culpa in

contrahendo alcanza sólo al llamado ‘interés negativo’”.

Díez

Picazo,

supra,

en

la

pág.

192.

Coinciden

los

tratadistas en que éste, a su vez, comprende “los gastos y

desembolsos llevados a cabo en vista de la ejecución del

contrato proyectado”. Ibid. Véase Castán Tobeñas, Derecho

Civil Español, Común y Foral, Madrid, Reus, S.A. 1967,

Civil, Vol. II 3ra ed. (1980), en que “hay que indemnizar

a la parte que confiaba honestamente en la conclusión del

acuerdo los gastos en que haya incurrido (pago de

asesores, desplazamientos, interés del dinero conseguido

para cumplir la prestación a la que le obligaría el

contrato, etc.)”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en

la pág. 537 (Énfasis nuestro). Distingue igualmente entre:

“(1) responsabilidad limitada a gastos en caso de fundada

expectativa de final formación del contrato; y (2)

responsabilidad en daños y perjuicios de quien actúa de

mala fe, porque de exigir igual responsabilidad en uno y

otro caso se produciría un temor de riesgo en los

contratantes que frenaría y hasta enervaría la deseable

fluidez

y

libertad

de

acción

en

toda

la

etapa

precontractual”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la

pág. 538. Por su parte, el Juez Asociado señor Dávila

condiciona su voto de conformidad a que la culpa in

contrahendo se limite al retiro propiamente abusivo de la

negociación y a que se delimite su alcance a “los

perjuicios englobados en el llamado interés negativo”.

Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 540

(Énfasis nuestro).

18

CC-2004-275

Tomo 3, pág. 469 (Énfasis nuestro). Así mismo, Alonso

Pérez, citando a Faggella, explica que “quien, confiando

en la honorabilidad ajena, consintió en tratar, y en base

a tal confianza hizo gastos, elaboró proyectos, realizó

viajes, etc., ha sufrido una pérdida patrimonial que la

otra parte está obligado [sic] a reparar”. Mariano Alonso

Pérez, La responsabilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica

de Derecho Inmobiliario 859 (julio-diciembre 1971), pág.

891. (Énfasis nuestro).

Más específicamente, Moreno Quesada distingue entre

los “gastos-espontáneos” —aquellos que una persona realiza

para

atraer

la

atención

de

posibles

contratantes,

sin

depender ni descansar en representaciones o conducta de la

otra

parte

provocados”

(ej.

gastos

—“aquellos

en

anuncios)

—y

cuya

realización

los

“gastos

encuentran

su

razón de ser en el consentimiento del contratante” (ej.

los

necesarios

para

la

preparación

del

proyecto

de

contrato: viajes, planos, peritos, etc.). Estos últimos

serán resarcibles; los primeros no. Moreno Quesada, supra,

en las págs. 54-55.19

Ahora bien, resulta difícil justificar la limitación

impuesta por la doctrina a la responsabilidad por culpa in

contrahendo,

si

la

concebimos

estrictamente

como

una

modalidad de culpa extracontractual, sin considerar que,

19

Algunos estudiosos, entre estos Alonso Pérez, añaden

las pérdidas ocasionadas “por desaprovechar ocasiones

favorables de celebrar un contrato con otras personas.”

Alonso Pérez, supra, en la pág. 905. Díez Picazo, supra,

en la pág. 192, discrepa de esta interpretación de lo que

la doctrina alemana denomina “daños a la confianza”. En

esa misma corriente de pensamiento se encuentra Manuel

Albaladejo, quien señala que la obtención del beneficio

que

hubiera

producido

el

contrato

no

constituye,

propiamente, perjuicio compensable. M. Albaladejo, Derecho

Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. II. Vol. I,

pág. 402.

19

CC-2004-275

como señala el Profesor Godreau Robles “el valor y el

interés que pretende protegerse es el de la lealtad”.

Michel Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contratactual,

58

Rev.

Jur.

UPR

367,

394

(1989).

(Énfasis

en

el

original). En efecto, no podemos obviar que, distinto a

otros supuestos de responsabilidad extracontractual, la

responsabilidad

por

culpa

in

surge

contrahendo

como

consecuencia de una relación social preexistente entre las

partes negociantes, quienes por razón de esa relación, que

anteriormente hemos llamado “de carácter social”, vienen

obligados a actuar de acuerdo a los postulados de la buena

fe.20

Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 526; Torres

v. Gracia, supra, en la pág. 703.

La

dificultad

que

entraña

ubicar

la

culpa

in

contrahendo en una de la figuras jurídicas reconocidas por

nuestro ordenamiento civil no pasó desapercibida cuando

este Tribunal resolvió el caso medular de Prods. Tommy

Muñiz

v.

COPAN,

supra.

Consideramos

entonces

la

posibilidad de que se tratara de una responsabilidad sui

generis, antes de optar por ubicarla en el marco de la

responsabilidad extracontractual. Prods. Tommy Muñiz v.

COPAN, supra, en las págs. 525-529. Sin embargo, nuestra

decisión sobre la naturaleza jurídica de esta figura no

Según explica Puig Brutau: “Ha de tenerse en cuenta la

diferencia entre daño contractual y extracontractual. En

el primero hay una relación jurídica anterior al daño

entre el sujeto que lo causa y el que lo sufre, y su

objeto

sólo

se

modifica

al

quedar

sustituido

el

cumplimiento por el resarcimiento (id quod interest)

respecto a la prestación que era objeto de la obligación.

En el segundo hay incumplimiento de una obligación

genérica, que pesa sobre una generalidad de personas, con

el que se produce el daño extracontractual. La obligación

propiamente específica sólo nace a consecuencia de la

producción del daño”. José Puig Brutau, Fundamentos de

Derecho Civil, T. II, Vol. III en la pág. 181 (1984).

20

20

CC-2004-275

nos impidió reconocer que “la amplia gama de supuestos

sobre

los

cuales

precontractual

hace

puede

asentarse

necesario

que

la

en

responsabilidad

el

análisis

del

problema se considere qué figura jurídica -culpa, dolo,

fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios

generales del derecho- responde más adecuadamente como

fundamento jurídico para la solución del caso”. Prods.

Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en las págs. 529-530; Torres

v. Gracia, supra, en las págs. 704-705.21

No se trata, pues, de la obligación de diligencia

genérica y erga omnes impuesta por el artículo 1802 del

Código

Civil.

Es

una

obligación

hacia

una

persona

determinada, que surge en aquel momento en el curso de las

negociaciones en el cual

el ejercicio del derecho de una

parte a retirarse, corolario del principio de la autonomía

21

Los autores han reconocido las dificultades que

plantea determinar la naturaleza jurídica de esta figura.

Véase, por ejemplo, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág.

228: “…[a]l tratar de señalar el fundamento legal de la

responsabilidad han surgido dudas.

Por un lado, el

contrato no llegó a celebrarse y no puede tratarse, por

consiguiente, de responsabilidad contractual; por otro

lado, el apoyo exclusivo en el principio que impone la

responsabilidad

extracontractual...

parece

demasiado

vago....” Más adelante explica que la responsabilidad por

culpa in contrahendo no se basa “en la violación del deber

genérico alterum non laedere, sino en el quebrantamiento

de la lealtad y confianza que las partes se deben

recíprocamente por el hecho de entrar en negociación.”

Puig Brutau, supra, en la pág. 230.

Véase también M.A.

del Arco Torres y M. Pons González, Diccionario de Derecho

Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, T.1, en la pág. 404,

citado en Torres v. Gracia, supra, en la pág. 704, n. 2:

“A nuestro entender —y según Adriano De Cupis (op. Cit.,

p. 168)— a quien sustancialmente seguimos en la exposición

del presente epígrafe, se está en presencia de una

relación

obligacional

(precedente

a

la

que

será

establecida en el contrato) en cuanto [a]l vínculo

jurídico referido liga a una parte y a otra por el hecho

de haber principado los tratos. La iniciación de los

tratos es el hecho del que se deriva la obligación de una

parte para la otra, de tener un comportamiento concorde a

la buena fe”. (Énfasis nuestro).

21

CC-2004-275

de

la

voluntad,

activa

la

protección

de

la

confianza

depositada por la otra y resulta contrario al principio

inmanente de la buena fe.

La realidad es que al igual que otros supuestos de

responsabilidad que nacen por aplicación de los principios

derivados de la buena fe, la culpa in contrahendo carece

de regulación propia. Por eso, aunque la hemos ubicado,

por analogía, bajo la égida del artículo 1802 del Código

Civil,

venimos

caso,

los

obligados

vacíos

a

normativos

continuar

colmando,

subsistentes,

en

caso

a

aquellos

aspectos que no son del todo compatibles con los elementos

típicos

de

la

responsabilidad

extracontractual.22

Para

ello, el artículo 7 de nuestro Código Civil, que nos

prohíbe

rehusarnos

a

fallar

“a

pretexto

de

silencio,

obscuridad, o insuficiencia de la ley”, nos remite a la

equidad, como fuente para elaborar las normas necesarias.23

Surge una laguna cuando la ley no contiene una

disposición necesaria o conveniente para la protección de

los intereses de la comunidad o de sus miembros. Es en las

“lagunas” donde se manifiesta la iniciativa de jueces y

tribunales, que perfilan, moldean y adaptan la ley a

nuevas situaciones. Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez,

De las Lagunas de la Ley, págs. 39-40, Madrid, 1945.

22

23

A partir del reconocimiento expreso de la función

seminal de la equidad en nuestro sistema de derecho en

Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891 (1965), pasando

luego por la afirmación del valor normativo del contenido

ético del ordenamiento jurídico en Velilla v. Pueblo

Supermarkets, Inc., supra, hemos reconocido fuentes de

obligaciones extrañas a las categorías tradicionales

concretamente establecidas en nuestro ordenamiento civil.

Así, hemos admitido la fuerza generadora de obligaciones

que tienen los actos propios y hemos reiterado la

posibilidad vinculante de la declaración unilateral de

voluntad,(Int. General Electric v. Concrete Builders, 104

DPR 871 (1976); Ramírez v. Gautier, 87 DPR 497 (1963)),

del abuso del derecho, (Soriano Tavárez v. Rivera Anaya,

108 DPR 663 (1979)), del enriquecimiento injusto, (Silva

v. Com. Ind., supra; Ortiz Andujar v. ELA, 122 DPR 817

(1988)) y, en lo que aquí nos concierne, de la ruptura

culposa de los tratos contractuales preliminares. Todas

éstas

figuras

han

permitido

al

derecho

moderno

“contrarrestar

los

efectos

formalistas

del

sistema

22

CC-2004-275

Código Civil de Puerto Rico, artículo 7, 31 LPRA § 7. Olmo

v. Young Rubicam, 110 DPR 740 (1981); Asoc. de Condóminos

v.

Los

Frailes,

2001

TSPR

116

en

la

pág.

6.

Véanse

Corraliza v. Bco. Des. Eco., res. 9 de enero de 2001, 2001

TSPR 2, 153 DPR ___ (2001); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR

818 (1988). Flores v. Meyers Bros. of P.R., 101 DPR 689

(1973); Robles Ostolaza v. UPR, 96 DPR 583 (1968); Collazo

Cartagena v. Hernández Colón, 103 DPR 870 (1975). Véase

además,

Asociación

de

Farmacias

de

la

Comunidad

v.

Departamento de Salud, res. el 23 de mayo de 2002, 156 DPR

___ (2002).

El alcance limitado que la doctrina reconoce a la

indemnización por culpa in contrahendo responde, a nuestro

entender,

a

dos

fundamentos.

El

primero

surge,

precisamente, de la indubitada genealogía de la figura de

la culpa in contrahendo como hija de la equidad, cuyo

propósito es sancionar el quebrantamiento de la confianza.

Por eso, según afirma Ghersi, no es necesario forzarla en

una categoría jurídica predeterminada: “En efecto, frente

al quebrantamiento de la buena fe se impone el deber de

reparar el daño causado por esa sola circunstancia, sin

que

deba

requerirse

atribución,

ya

que

la

presencia

la

sola

de

otro

violación

del

factor

de

precepto

constituye fundamento suficiente para el nacimiento de la

obligación resarcitoria, sin perjuicio de que medien en el

caso otros factores subjetivos (dolo o culpa)”. Carlos

normativo legal, echando mano a los principios generales

de la buena fe... intentando la realización del ideal de

justicia...”. Carlos Alberto Ghersi, Teoría general de la

reparación del daño, 2da ed., Buenos Aires, en la pág.

223.

23

CC-2004-275

Alberto Ghersi, Teoría general de la reparación de daños,

2da. ed. Buenos Aires, en la pág. 234 (1999).

Como hija de la equidad, la doctrina de culpa in

contrahendo busca regresar a las partes a la situación en

la

que

se

fallidos.24

encontraban

Por

indemnización

de

comenzar

según

señala

Asúa

llamado

interés

negativo

eso,

del

antes

los

tratos

González,

la

“pretende

reponer, en términos económicos, las cosas al estado en

que estarían si el perjudicado nunca hubiera oído hablar

del contrato o no hubiera confiado en su validez; por ello

se le denomina también interés de la confianza”. Asúa

González, supra, en las págs. 67-68, énfasis nuestro.

La indemnización por culpa in contrahendo es, pues,

reparativa, basada en el principio de que quien vulnera la

confianza depositada por otro, debe devolver a esa persona

al

estado

en

que

estaría

circunstancias

que

González,

supra,

en

si

no

se

hubiesen

dan

lugar

a

la

la

página

69.

Se

dado

reparación.

cuida

las

Asúa

mucho

la

doctrina de permitir que a través de la indemnización la

parte

agraviada

obtenga

las

ventajas

económicas

que

hubiera representado llevar a feliz término el proceso de

negociación (interés positivo). En vez, el objetivo es

“colocar al perjudicado como si no hubiese emprendido los

25

contactos negociales”. Id., en la página 288.

24

Por definición, la equidad busca la justicia del caso

individual. Es el fiel de la balanza, la moderadora sin

par de la ley.

Véase, Aristóteles, Ética a Nicomaco,

Libro 5, Cap. 10, citado en James B. White, The Legal

Imagination, (1973) en la pág. 647.

25

En este sentido, la culpa in contrahendo guarda

analogía, por su origen y finalidad, con otra figura

nacida también de la equidad, la del enriquecimiento

injusto. Ésta también procura deshacer una situación y

restablecer un patrimonio al estado en que se encontraba

antes de ser desplazado a otro sin causa, es decir, sin

24

CC-2004-275

El segundo fundamento para limitar la indemnización

por culpa in contrahendo responde a la fuerte política

jurídica a favor del tráfico jurídico y la libertad de

contratación. Los tratadistas basan su conclusión sobre el

alcance

limitado

de

la

responsabilidad

por

culpa

in

contrahendo en la necesidad de no coartar la libertad de

contratar que fundamenta nuestro derecho contractual. Ello

dirigido,

claro

está,

a

proteger

la

estabilidad

que

requiere el desarrollo económico y el tráfico comercial. 26

Resulta

igualmente

necesario

y

tiene

igual

propósito

delimitar claramente los lindes entre la responsabilidad

que puede surgir de la ruptura de tratos preliminares y la

que corresponde a la oferta y su consideración. Todo ello

apunta

a

la

necesidad

de

sujetar

el

alcance

de

la

responsabilidad por culpa in contrahendo a consideraciones

de política pública que no están presentes usualmente en

la determinación de responsabilidad extracontractual. Por

eso explicamos en Torres v. Gracia, supra, en la página

explicación válida en derecho. Para ello se vale del

mecanismo de la al argumento analógico, Encarna Roca

Trías, restitución. Ortiz Andujar v. ELA, supra. Véase, en

cuanto en Albaladejo y Díaz Alabart, Comentarios al Código

Civil y Compilaciones Forales, T. I Vol. 1, en la pág.

598, Ed. Rev. Der. Priv., Madrid, 1992. La validez de la

solución que propone el método analógico la brinda el

convencimiento de que la semejanza entre los supuestos

regulados por la norma existente y los supuestos que

carecen de norma concreta justifica la aplicación a éstos

de la regla dispuesta para los primeros. A ello se refiere

el Código Civil español cuando requiere que entre uno y

otros “se aprecie identidad de razón.” Código Civil,

artículo 4, inciso 1, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1985.

Encontramos “identidad de razón” entre los supuestos

comprendidos en la acción por culpa in contrahendo y en la

acción por enriquecimiento injusto, por la similitud del

fundamento

a

la

que

responde

la

delimitación

de

responsabilidad en ambos casos.

Véase, por ej. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, T. II, Vol. I, Barcelona (1978), en la pág. 5: “El

derecho de contratos ha representado tradicionalmente el

área de más plena realización de la voluntad del

individuo”.

26

25

CC-2004-275

710, que la doctrina de culpa in contrahendo “de por sí

debe ser aplicada restrictivamente”.

A la luz de lo anterior, resolvemos que el deber de

indemnizar

por

el

rompimiento

culposo

de

los

tratos

preliminares alcanza, de ordinario, tan solo al llamado

“interés

negativo”,

es

decir,

a

la

reparación

de

los

gastos sufridos y pérdidas patrimoniales derivadas del

proceder arbitrario de la parte que incurre en culpa.

V.

Arguye, por último, la señora Alvarado, que la señora

Colón

no

presentó

prueba

fehaciente

de

los

gastos

alegadamente incurridos para la consecución del negocio,

por lo cual erró el foro apelativo al confirmar la partida

de

$8,400.00 por ese concepto. Recordemos que en su

testimonio, la señora Alvarado reconoció que la señora

Colón había incurrido en ciertos gastos con el objetivo de

que

se

materializara

el

acuerdo

y

que

se

ofreció

a

reembolsarle por dichos gastos. No obstante, al conocer la

cantidad que la señora Colón alegaba haber gastado la

encontró excesiva y se negó a pagarla.

La prueba documental y testifical recibida por el

foro de instancia en cuanto a los gastos incurridos por la

señora Colón le mereció a éste entera credibilidad.

numerosas

ocasiones

hemos

sostenido

que

un

En

tribunal

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de

instancia, salvo cuando estén presentes

extraordinarias

o

indicios

de

“circunstancias

pasión,

prejuicio,

parcialidad o error manifiesto.” Coop. Seguros Múltiples

de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203 (1994), en la pág. 208.

26

CC-2004-275

Examinado en su totalidad los autos del caso, resolvemos

que el foro de instancia no actuó movido por pasión,

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, por lo que no

intervendremos

con

su

apreciación.

intervendremos

con

la

imposición

De

que

igual

hizo

el

modo,

no

foro

de

instancia sobre costas y honorarios de abogados concedidos

a favor de la demandante.

Por

los

fundamentos

parcialmente

la

sentencia

Apelaciones,

a

los

concedida

por

daños

expresados,

dictada

efectos

de

emocionales

por

el

eliminar

y

así

modificamos

Tribunal

la

partida

modificada,

confirma dicha sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

de

se

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Colón

Demandantes-Recurridos

v.

CERTIORARI

CC-2004-275

Glamorous Nails & Boutique,

Inc., Marta Larissa Alvarado

de Silverio, et. als.

Demandados-Recurrentes

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2006.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente Sentencia, modificamos parcialmente la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones a

los fines de eliminar la partida concedida por daños

emocionales

y

así

modificada,

se

confirma

dicha

sentencia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

señora

Rodríguez

Rodríguez

resultado, sin opinión escrita.

La Jueza Asociada

concurre

con

el

El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita

y el Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo