Tribunal Supremo de Puerto Rico
Dolores Colón V. Glamorous Nails& Boutique, INC. Marta Larissa Alavarado de Silverio, ET. ALS.
2006 TSPR 16
Poder Judicial de Puerto Rico
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Dolores Colón V. Glamorous Nails& Boutique, INC. Marta Larissa Alavarado de Silverio, ET. ALS.
CC-2004-0275
Derecho de Contratos- doctrina de la culpa in contrahendo; indeminización bajo esta doctrina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dolores Colón
Demandantes-Recurridos
Certiorari
v.
2006 TSPR 16
Glamorous Nails & Boutique,
Inc., Marta Larissa Alvarado
de Silverio, et. als.
166 DPR ____
Demandados-Recurrentes
Número del Caso: CC-2004-275
Fecha: 3 de febrero de 2006
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Nydia Cotto Vives
Abogado de la Parte Recurrente:
Lcdo. Ramón L. WalKer Merino
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rafael Román Jiménez
Materia: Incumplimiento de Contrato
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dolores Colón
Demandantes-Recurridos
v.
CC-2004-275
CERTIORARI
Glamorous Nails & Boutique,
Inc., Marta Larissa Alvarado
de Silverio, et. als.
Demandados-Recurrentes
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2006.
La co-demandada recurrente, Marta Larissa Alvarado
de Silverio, nos solicita que revoquemos la sentencia
del Tribunal de Apelaciones fechada 30 de enero de
2004, que confirmó al Tribunal de Primera Instancia,
respecto a la existencia de daños bajo la doctrina
culpa in contrahendo. Examinado el expediente apelativo
y el derecho aplicable y por las razones que habremos
de exponer, modificamos la sentencia recurrida y así
modificada, se confirma.
I.
Los
hechos
medulares
del
presente
recurso
se
resumen a continuación. En el mes de enero de 2000, la
Sra.
Marta
Larissa
Alvarado,
Presidenta
de
2
CC-2004-275
Glamorous
Nails
&
1
Boutique,
Inc.,
se
comunicó
2
telefónicamente con la Sra. Dolores Colón para informarle
que tenía planificado vender su negocio de arreglo de uñas
y le preguntó si le interesaba comprarlo. En esta misma
conversación telefónica la señora Alvarado le comunicó a
la
señora
Colón
que
el
precio
de
compraventa
era
de
$350,000. La señora Colón manifestó interés en adquirir el
negocio y se comprometió a consultarlo con su esposo, el
Sr. Fidencio Aldamuy. Posteriormente, la señora Colón se
comunicó con la señora Alvarado para reiterarle su interés
en comprar el negocio y solicitó una reunión a los fines
de comenzar el proceso de negociación.
Así las cosas, en o alrededor del mes de marzo de
2000, la señora Alvarado nuevamente le ofreció a la señora
Colón venderle todos los activos de Glamorous Nails &
Boutique, Inc. por el precio de $350,000.00. Se reunieron
entonces para discutir la oferta. El Sr. Rafael Silverio,
esposo de la señora Alvarado participó en esa reunión.
Entre
otras
cosas,
la
señora
Colón
indagó
sobre
la
disposición de los esposos a financiar parte del precio de
compraventa.
Para el mes de febrero o marzo de 2000, la señora
Colón
contrató
a
la
Contadora
Pública
Autorizada
(“C.P.A.”) Carmen Román para que la orientara en cuanto a
la conveniencia de realizar el negocio y los planes para
materializar el mismo. La C.P.A. Román le indicó a la
1
Glamorous Nails & Boutique, Inc., es una corporación
creada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en la cual se proveen servicios para el cuidado de
uñas.
2
La señora Colón fue cliente de Glamorous Nails &
Boutique, Inc. por espacio de 15 años y conocía a la Sra.
Marta Larissa Alvarado desde entonces.
3
CC-2004-275
señora Colón que para ello necesitaba cierta información,
a saber: el volumen de ventas del negocio, los seguros que
poseía
y
los
gastos.
La
señora
Colón
solicitó
la
información y la señora Alvarado le entregó el libro de
apuntes relacionados con las ventas diarias del negocio,
que incluía, además de las ventas diarias, el resumen
mensual y anual de esas ventas y el pago a las empleadas y
técnicas de Glamorous Nails & Boutique, Inc. La señora
Colón
retuvo
el
libro
por
devolvérselo
a
la
persona
información
en
el
libro,
varios
días
antes
de
encargada
de
entrar
la
Carmen
Muñoz
de
la
Sra.
3
Alvarado.
En el mes de marzo de 2000 se reunieron la señora
Colón, el señor Silverio, la señora Alvarado y la C.P.A.
Román.
En
esa
reunión
se
discutió
el
precio
de
compraventa, el número de empleados del negocio, el canon
de arrendamiento, el pietaje del negocio, el nombre del
agente de seguros y las razones para la venta.Después de
la reunión, la C.P.A. Román preparó unas proyecciones de
flujo de efectivo del negocio desde el 2001 al 2010 y un
“Schedule of operation & cash flow” desde el año 1996 al
1999.
Estos
documentos
se
prepararon
a
base
de
la
información contenida en el libro de ventas diarias del
negocio,
así
como
información
provista
por
la
señora
Alvarado y la Sra. Carmen Muñoz de Alvarado.
La
ellas
señora Colón llevó a cabo otras gestiones, entre
las
siguientes:
solicitó
información
sobre
el
financiamiento en Eurobank, pero no llenó la solicitud
3
La señora Muñoz de Alvarado es la madre de la Sra.
Marta Larissa Alvarado y una de las accionistas de
Glamorous Nails & Boutique, Inc.
4
CC-2004-275
requerida;
obtuvo
Administration”;
compañía
información
acudió
Consultech,
al
del
Sr.
para
“Small
Rafael
Business
Rivera
asesorarse
de
sobre
la
el
financiamiento de la transacción y contrató los servicios
del Lcdo. Rafael Román Jiménez a los fines de crear una
4
corporación.
A finales del mes de mayo o principios del mes de
junio de 2000, la señora Colón se reunió con la señora
Alvarado.
Esta
fue
la
última
reunión
que
se
realizó
durante el proceso de negociación y sólo asistieron la
señora Colón y la señora Alvarado. En esta reunión, la
señora
Colón
le
solicitó
a
la
señora
Alvarado
más
información sobre el negocio, específicamente con relación
a las empleadas, el inventario y las deudas. También le
informó
a
la
señora
Alvarado
que
iba
a
solicitar
un
préstamo a la “Small Business Administration”.5
Ahora bien, las partes no acordaron la forma de pago
del precio de compraventa ni se hizo pago alguno por ese
concepto.
La
señora
Alvarado
alega
que
por
esa
razón
entendió que el negocio no era seguro y una semana después
de la reunión, le comunicó a la señora Colón que se había
arrepentido de vender Glamorous Nails & Boutique, Inc.
Surge de la transcripción de la prueba que la señora
Alvarado reconoció que la señora Colón aceptó su oferta de
venta y que ella (la vendedora) le dijo “está bien, no hay
4
Los demandantes no presentaron evidencia, durante la
vista en su fondo, de que se hubiera organizado una
corporación para adquirir los activos de Glamorous Nails &
Boutique, Inc.
5
Del expediente apelativo surge que los demandantes
nunca sometieron los documentos a Eurobank ni a la “Small
Business Administration” para solicitar el financiamiento
para la compraventa.
5
CC-2004-275
problema”, aunque dicha expresión en su fuero interno “no
significó nada para mi”.
Primera
Instancia
En su sentencia, el Tribunal de
recoge
este
incidente
en
su
determinación de hechos núm. 26. Ante las recriminaciones
de la señora Colón sobre el tiempo y dinero que ella había
invertido durante las negociaciones, la señora Alvarado se
comprometió
a
reembolsarle
los
gastos
y
darle
un
año
gratis de servicio en Glamorous Nails & Boutique, Inc.
Así las cosas, la señora Colón le envió las facturas
de
los
gastos
y
se
negó
abogado,
6
la
señora
a
Alvarado,
reembolsarlos
a
través
por
de
su
encontrarlos
El 24 de octubre de 2000, la señora Colón
excesivos.
instó demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y
perjuicios contra Glamorous Nails & Boutique, Inc., Marta
Larissa Alvarado de Silverio, su esposo Rafael Silverio y
la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos y
Carmen Muñoz de Alvarado, su esposo Héctor M. Alvarado y
la
sociedad
legal
de
bienes
gananciales
compuesta
por
ambos.
Durante
septiembre
la
de
vista
2001,
celebrada
los
señora
Alvarado
la
días
27
y
28
expresó,
de
entre
otras cosas, que una de las razones para desistir de
vender
su
negocio
fue
que
no
tomó
en
serio
las
negociaciones porque la señora Colón no había solicitado
el financiamiento a ninguna institución bancaria, a pesar
de que habían transcurrido de cinco a seis meses desde el
ofrecimiento de venta. Otra razón por la cual se había
6
En la factura aparecían las cantidades de $4,200.00 de
honorarios a la C.P.A. Carmen Román, y $4,200.00 de
honorarios al licenciado Román.
6
CC-2004-275
arrepentido de vender era que se había enterado que la
7
transacción tendría un impacto contributivo sustancial.
El 8 de octubre de 2001, el Tribunal de Primera
Instancia
ordenar
dictó
el
sentencia
cumplimiento
resolviendo
específico
del
que
no
procedía
contrato
ni
la
imposición de daños porque realmente no hubo entre las
partes un acuerdo de voluntades que generara un contrato.
Entendió
el
foro
de
instancia
que
no
existió
una
declaración completa y clara del oferente. No obstante,
luego de citar la jurisprudencia normativa pertinente a la
doctrina de culpa in contrahendo, el tribunal razonó que
procedía
imponerle
responsabilidad
a
la
co-demandada
Alvarado y la sociedad de bienes gananciales compuesta por
ella
y
el
Sr.
Rafael
Silverio
“por
el
rompimiento
negligente, injustificado y doloso de las negociaciones”.
En ese contexto, el foro de instancia ordenó a la codemandada
Alvarado
a
pagar
$8,400.00
por
los
gastos
incurridos por la señora Colón, y $10,000.00 por daños
emocionales, más las costas del litigio y honorarios de
abogado.
Inconforme con este dictamen,
la señora Alvarado
recurrió al Tribunal de Apelaciones y el 30 de enero de
2004 ese foro confirmó la sentencia apelada. Aunque el
foro
apelativo
derecho
del
revocó
foro
de
algunas
instancia,
de
las
éstas
conclusiones
de
no
la
afectaron
determinación de confirmar el dictamen apelado.8
7
Informó que la cantidad que hubiese tenido que pagar
al Departamento de Hacienda por concepto de contribuciones
resultaba onerosa, sin precisar la cantidad exacta.
8
El
Tribunal
de
Apelaciones
tuvo
ante
sí
una
transcripción de la vista en su fondo y una exposición
narrativa del testimonio de la Sra. Marta Larissa
7
CC-2004-275
Nuevamente inconforme con la sentencia emitida por el
foro
apelativo,
la
señora
Alvarado
recurre
ante
este
Tribunal, vía recurso de certiorari presentado el 5 de
abril de 2004. Aduce que el foro apelativo erró al “avalar
la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que la
retirada
de
las
negociaciones
contributivo
que
la
venta
culpa
in
contrahendo”,
al
foro
de
instancia
conceder
constituye
[sic]
determinación
del
por
del
razón
del
negocio
de
impacto
representaba
aceptar
la
daños
emocionales y al conceder la partida de gastos sin que
éstos
se
hubieran
demostrado
por
prueba
fehaciente.
Examinado el recurso, expedimos el auto. La señora Colón
no compareció, no obstante nuestra orden concediéndole
término
para
presentar
alegato,
por
lo
que
dimos
por
sometido el recurso, sin el beneficio de su comparecencia,
el 7 de febrero de 2005.
Está ante nuestra consideración, primeramente, si los
hechos probados constituyen base suficiente para aplicar
la doctrina de culpa in contrahendo. Si la respuesta es
afirmativa,
debemos
resolver
si
procede
compensar
los
daños alegados, en particular los que se refieren a
sufrimientos y angustias mentales. Examinado el expediente
apelativo y el derecho aplicable resolvemos.
II.
Es principio básico del derecho de obligaciones que
nadie
está
obligado
a
contratar.
J.
Puig
Brutau,
Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978,
T. II, Vol. I, pág. 226. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113
Alvarado, ya que porciones de la grabación original se
habían dañado.
8
CC-2004-275
DPR
517
(1982),
en
la
pág.
526.
Esto
“tiene
como
consecuencia que las partes no se encuentren obligadas a
proseguir
con
las
negociaciones
contrato,
sino
que
están
vínculo
o
retirarse,
hasta
perfeccionar
el
el
en
libertad
de
contraer
según
convenga
a
sus
mejores
intereses.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, citando a
Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., T.I, pág. 317.
No obstante, aun cuando no se hubiera perfeccionado
un
contrato,
negociaciones
carácter
nuestro
ordenamiento
preliminares
social
que
impone
reconoce
que
una
relación
de
el
de
generan
a
las
partes
“[l]as
deber
comportarse de acuerdo con la buena fe, que no impera
solamente en las relaciones jurídicas ya establecidas o
constituidas, sino también en las relaciones derivadas de
un simple contrato social.” Prods. Tommy Muñiz v. COPAN,
supra, en las págs. 526 a 527 citando a Díez Picazo en
Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed.
9
Tecnos, 1979, Vol. I, en la pág. 191 (énfasis nuestro).
En
palabras
de
Puig
Brutau,
esta
relación
“impone
determinados deberes, en el sentido de estar las partes
obligadas a comportarse con la buena fe necesaria y a
observar la lealtad exigida por las convicciones éticas
imperantes.”
J. Puig Brutau, supra, en la pág. 227. Se
La doctrina conoce esta etapa precontractual como la
de los “tratos preliminares.” Manuel Albaladejo, Tratado
de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. I,
(1989) pág. 226, define éstos como sigue: “Hay tratos
previos cuando a la emisión de la oferta precede un
período de tanteos preliminares, en los que ambas partes o
una de ellas (pues basta que la intervención de la otra se
limite a apreciar lo que somete a su consideración
aquélla) hacen cálculos y valoran posibilidades, para
señalar los eventuales términos en los que cabría o
convendría concluir el contrato; pero sin proponer en
firme una a la otra su conclusión en tales o cuales
condiciones definitivamente determinadas.”
9
9
CC-2004-275
trata,
como
señala
10
alemán Ihering,
comienzo
Moreno
Quesada,
citando
al
jurista
de un deber de diligencia que surge del
voluntario
de
“una
actividad
que
le
pone
en
relación directa, con el círculo de intereses de otro”.
Moreno Quesada, supra, en la pág. 200. (Énfasis nuestro).
Esto sujeta a las reglas de la culpa al que pone fin a la
interacción de forma intempestiva.
En su tratado titulado “La Doctrina de los Actos
Propios”, Díez Picazo señala que:
La buena fe, en el sentido que aquí importa, es
la lealtad en el tratar, el proceder honrado y
leal. Supone el guardar la fidelidad a la
palabra dada y no defraudar la confianza, ni
abusar de ella; supone un conducirse como cabe
esperar de cuantos, con pensamiento honrado,
intervienen en el tráfico como contratantes. Lo
que se aspira a conseguir, se ha dicho, es que
el
desenvolvimiento
de
las
relaciones
jurídicas, el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones, se produzca
conforme a una serie de principios que la
conciencia
jurídica
considera
necesarios,
aunque no hayan sido formulados. Díez Picazo,
La Doctrina de los Actos Propios, Barcelona,
1963, en la pág. 157. (Énfasis nuestro).
En Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, resolvimos que
la responsabilidad que genera el incumplimiento con el
deber de actuar de buena fe durante las negociaciones es
de
naturaleza
extracontractual.
Se
asienta
esta
responsabilidad en que la suspensión injustificada de las
negociaciones “constituye un quebrantamiento de la buena
fe que... penetra todo nuestro ordenamiento positivo...
que le impone a las partes un deber de lealtad recíproca
10
Von Ihering, De la culpa in contrahendo, en Oeuvres
choisies. II ed. Francesa, París, 1893, núm. 15, pág. 4.
10
CC-2004-275
en
las
11
Prods.
Tommy
la
culpa
in
negociaciones”.
Muñiz
v.
COPAN,
supra, en la pág. 528.
Hemos
reconocido
contrahendo
no
sólo
cuando una de las partes que interviene en el proceso de
formación de un contrato actúa intencionalmente, mediando
dolo, fraude o abuso del derecho, sino también cuando obra
negligentemente,
COPAN,
supra.
actuación
causando
Además,
culposa
daño.
como
o
Prods.
Tommy
Muñiz
v.
señala
Moreno
Quesada,
“la
negligente
que
provoca
la
responsabilidad, tanto puede ser positiva, consistir en
una
actuación
negativo,
del
traducirse
sujeto,
como
en
omisión.”
una
tener
un
contenido
Moreno
Quesada,
supra, en la pág. 208, énfasis nuestro.12 El Código alemán,
que regula la culpa in contrahendo, define la negligencia
que da lugar a ésta como “la falta de diligencia exigible
en
el
tráfico”.
Clara
I.
Asúa
González,
La
Culpa
in
11
“Una
razón
elemental
de
equidad
aconseja
sean
protegidas las actuaciones de buena fe frente a la
conducta culpable que les produzca una consecuencia
dañosa, y ello tanto si se ocasiona con motivo de la
ejecución
de relaciones previamente trabadas (culpa
contractual), como si es en la preparación de las mismas
(culpa in contrahendo)...”. Moreno Quesada, B., La Oferta
de Contrato, Barcelona, Colección Nereo, 1963, pág. 200.
Véase, Velilla v. Pueblo Supermarkets, 111 DPR 585 (1981),
en la pág. 588: “El contenido de eticidad de cada acto
deberá examinarse a la luz de sus circunstancias
particulares, pero el comportamiento conforme a la buena
fe es precepto general que abarca toda actividad
jurídica”. Además, Catalytic Ind. Saint. Co. v. F.S.E.,
121 DPR 98 (1988), en la pág. 113; Ramírez v. Club Cala de
Palmas, 123 DPR 339 (1989), en la pág. 346. Entenza
Escobar, La Responsabilidad Precontractual en Derecho
Puertorriqueño, 7 Rev. Der. Puertorriqueño 105 (1963).
12
Evidentemente,“... el lógico deseo de mantener una
esfera de libertad para que las partes negocien no puede
llevar a decir que sólo en caso de dolo deberán responder
por sus actos lesivos, sino que habrán de hacerlo siempre
que hayan vulnerado lo que la buena fe imponía para el
caso en concreto...”. Clara I. Asúa González, La Culpa in
contrahendo (Tratamiento en el Derecho Alemán y presencia
en otros ordenamientos), Universidad del País Vasco,
(1989), en la pág. 287.
11
CC-2004-275
contrahendo (Tratamiento en el Derecho Alemán y presencia
en
otros
ordenamientos),
Universidad
del
País
Vasco,
(1989), en la pág. 80. De acuerdo a esta definición, “la
presencia o ausencia de negligencia se constataría tomando
como
referencia
los
conocimientos
y
las
capacidades
típicas del ámbito social o profesional de que se trate”.
Ibid.
Hemos
resuelto
que
para
determinar
si
ha
mediado
culpa en la terminación de unos tratos preliminares “es
preciso
considerar
las
circunstancias
del
rompimiento,
específicamente: 1) el desarrollo de las negociaciones, 2)
cómo comenzaron, 3) el curso que siguieron, 4) la conducta
de las partes durante su transcurso, 5) la etapa en que se
produjo el rompimiento, y 6) las expectativas razonables
de las partes en la conclusión del contrato, así como
cualquier otra circunstancia pertinente conforme a los
hechos del caso sometidos a escrutinio judicial.” Prods.
Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 530; Torres v.
Gracia, 119 DPR 698, 705 (1987). Cabe señalar que estos
factores deben considerarse con una óptica restrictiva,
más bien que liberal. Torres v. Gracia, Id.
III.
Examinemos ahora el caso que nos ocupa. La señora
Alvarado aduce que se retiró de las negociaciones para la
venta de su negocio por una causa legítima y que por esa
razón no debe imponérsele el pago de los gastos incurridos
por los demandantes. Arguye, además, que siempre estuvo
disponible para reunirse con la señora Colón y ofrecerle
información sobre su negocio, que le proveyó un libro
12
CC-2004-275
donde se llevaban las cuentas del negocio y que “no tomó
las negociaciones en serio” porque la señora Colón nunca
le había entregado cantidad alguna de dinero ni había
solicitado el financiamiento necesario para llevar a cabo
la compra. Su explicación no nos persuade, pues la prueba
confirma todo lo contrario, es decir, el avanzado estado
de la negociación entre las partes.
Así, consta en autos
que hubo un acuerdo en cuanto al objeto (nombre, activos y
“goodwill” del negocio), al precio de $350,000 y a la
causa, es decir, a la transmisión de la titularidad sobre
el bien vendido. En este sentido, lo único que parece
haber faltado era el acuerdo sobre el plazo para pagar,
pues la compradora se obligó, inclusive y sin margen a
dudas, a entregar el dinero en su totalidad.
Fue
la
señora
Alvarado
quien
inició
las
negociaciones, ofreciendo el negocio en venta a la señora
Colón. Los tratos preliminares duraron de cinco a seis
meses, hasta que la señora Alvarado manifestó que había
desistido
de
sostuvieron
la
venta.
varias
Durante
ese
conversaciones
y
tiempo
las
reuniones,
partes
con
el
propósito de obtener la información necesaria para que se
pudiese materializar el acuerdo. La prueba documental y
testifical
presentada
cabalmente
que
relacionadas
a
ésta
la
por
la
realizó
compraventa
señora
Colón
distintas
del
negocio
sostiene
gestiones
que
eran
conocidas por la señora Alvarado y que significaban gastos
para la señora Colón.13 Cabe señalar que la expectativa de
la señora Colón nacía, en parte, de que la única persona
13
El foro de instancia tuvo la oportunidad de escuchar
el testimonio, tanto de la señora Colón como el de la
C.P.A. Carmen Román, con relación a las gestiones
realizadas por éstas y estos testimonios le merecieron
credibilidad.
13
CC-2004-275
con quien la señora Alvarado estaba negociando la venta
del negocio era con ella.
Durante esos meses y mientras se llevaban a cabo esas
gestiones, la señora Alvarado no indagó sobre las posibles
consecuencias contributivas de la venta del negocio. El
foro apelativo entendió, correctamente, que el hecho de
que la señora Alvarado no consultara anticipadamente con
un profesional sobre las consecuencias contributivas de la
transacción denota negligencia de su parte en el proceso
de negociación. Después de todo, se trataba de un negocio
que,
alegadamente,
le
dejaba
grandes
ganancias
y
cuyo
precio se estableció en $350,000.
La
única
mención
en
autos
sobre
el
impacto
contributivo de la transacción como motivo para el retiro
de
señora
Alvarado
de
las
negociaciones
surge
del
testimonio de la compradora, señora Colón, como algo que
la peticionaria le dijo de paso por teléfono cuando le
informó que retiraba la oferta de venta. Es de notar que
esta conversación concluyendo las negociaciones sucedió a
escasamente una semana de haberse reunido la vendedora con
la compradora y de ésta haber aceptado pagar el precio
requerido,
en
la
forma
requerida.
Según
determina
el
Tribunal de Primera Instancia (determinación de hechos
núm. 34), la peticionaria “no expuso razón alguna para
negarse
a
vender”.
Sencillamente,
como
no
se
había
concretado la fuente de financiamiento, entendió que “no
tenía compromiso y no tomó en serio las negociaciones.” La
propia vendedora afirma que cuando la compradora la volvió
a
llamar,
“yo
le
dije
que
no,
no
quería
vender
el
negocio”, sin más. (Véase pág. 196 de la transcripción).
Parece evidente que el Tribunal de Primera Instancia no
14
CC-2004-275
dio crédito a la alegación de impacto contributivo como
justificación para el cese abrupto de las negociaciones.
Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia
eliminó
toda
alegada
expresión
sobre
el
asunto
contributivo de la exposición narrativa que la vendedora
se
proponía
someter
ante
el
foro
apelativo.
En
la
exposición propuesta, en la que hubo que “reconstruir”
parte del testimonio de la vendedora
porque se habían
borrado algunas de las cintas del tribunal, la señora
Alvarado
informaba
que
se
había
enterado
del
alegado
impacto contributivo durante un juego de baloncesto de su
hijo, al hablar con el papá de un amiguito de éste y
comentarle
sobre
el
negocio.
Esa
“reconstrucción”
el
Tribunal de Primera Instancia la eliminó de la exposición
narrativa en su totalidad y concluyó, que la vendedora no
expuso razón alguna para negarse a vender.
En sus escritos de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones y de certiorari ante nosotros, la peticionaria
no cuestiona que el trámite de compraventa se encontraba
en un estado avanzado. Las reuniones entre las partes, y
la información y documentos que solicitó y se entregaron a
la compradora, incluyendo el libro en el que se llevaba
constancia
de
todo
lo
sucedido
en
el
negocio.
La
transcripción de la prueba confirma la complejidad de la
negociación, la extensa participación de la contable de la
compradora y el envolvimiento de las personas con poder
decisional,
en
particular,
la
Presidenta
de
la
que
las
corporación, la vendedora, señora Alvarado.
A
tenor
con
lo
anterior,
concluimos
actuaciones negligentes de la señora Alvarado mantuvieron
las expectativas de la señora Colón de que el negocio se
15
CC-2004-275
realizaría y provocaron que ésta incurriera en gastos para
su consecución. Coincidimos con los foros de instancia y
apelativo
en
que
procede
responsabilizar
a
la
señora
Alvarado bajo la doctrina de culpa in contrahendo.
IV.
En
su
segundo
señalamiento
de
error,
la
señora
Alvarado sostiene que el foro apelativo erró al “aceptar
la
determinación
del
Tribunal
conceder daños emocionales...”.
Nuestro
ordenamiento
de
Primera
Instancia
de
Tiene razón.
jurídico
provee
compensación
para dos tipos de daños: los pecuniarios o económicos y
los morales, que incluyen, a su vez, los sufrimientos y
las angustias mentales. Cintrón Adorno v. Gómez 147 DPR
576 (1999), en la pág. 587.14 La obligación de compensar el
daño moral puede surgir como resultado del incumplimiento
de un contrato o del incumplimiento del deber general de
diligencia dispuesto en el artículo 1802 del Código Civil,
31 LPRA § 5141. En el ámbito extracontractual, nuestra
jurisprudencia nunca ha distinguido entre daños físicos,
materiales o morales para efectos de compensación. García
Según explicamos en Cintrón Adorno v. Gómez, supra, en
la pág. 589, citando a G. Ortiz Ricol,14 el daño moral es
“...[p]or exclusión, el daño no patrimonial,... el daño
que no recae directamente sobre el patrimonio de una
persona o que cayendo sobre bienes objetivos, ocasione o
no lesión material en los mismos, causa una perturbación
anímica en su titular, cualquiera que sea el derecho que
sobre ello se ostente.” (Énfasis nuestro). La finalidad
que se persigue al concederle al lesionado una partida de
daños
emocionales
es
“indemnizar
el
dolor,
los
sufrimientos y las angustias mentales que padece una
persona
como
consecuencia
de
un
acto
culposo
o
negligente.”Id., en la pág. 597.
14
16
CC-2004-275
15
Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193 (1988).
No
así en el campo contractual, en el que por muchos años nos
negamos a indemnizar los daños morales por incumplimiento
de contrato, hasta que en Camacho v. Iglesia Católica, 72
DPR
353
(1951),16
reconocimos
que
también
debían
ser
indemnizados éstos daños, siempre que fueran previsibles
al momento de constituirse la obligación.17
En
Tommy
Muñiz
v.
COPAN,
supra,
la
opinión
mayoritaria no analiza cuáles daños son compensables como
resultado de la culpa in contrahendo, aunque los votos
particulares abordan el tema.18 En RBR Const., S.E. v.
Por el contrario, hemos definido “daño”, como “todo
aquel menoscabo material o moral que sufre una persona, ya
en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en
su patrimonio, cansado en contravención a una norma
jurídica y por el cual ha de responder otra”. Cintrón
Adorno v. Gómez, supra, en la pág. ____.
15
16
Véanse, contrario sensu, González Mena v. Dannermiller
Coffee Co., 48 DPR 608 (1935); Díaz v. Cancel, 61 DPR 888
(1943); Díaz v. Palmer, 62 DPR 111 (1943).
17
Nuestro derecho de compensación del daño responde,
como sabemos, al principio de previsibilidad. Así, hemos
resuelto que “nadie viene obligado a responder de aquellos
sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos
fueran inevitables”. Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp.,
95 DPR 902 (1968), en la pág. 906. El deber de previsión
está atado, claro está, a la prudencia, pues excluye la
obligación de prever “sucesos totalmente insólitos y
extraordinarios”, aunque éstos sean previsibles en teoría.
Jiménez v. Peregrina Espinet, 112 DPR 700 (1982), en la
pág. 706. Los daños resarcibles por incumplimiento
contractual también están sujetos al requisito de
previsibilidad. Código Civil, artículo 1058, 31 LPRA 3022.
En atención a esta norma, hemos admitido la compensación
de aquellos daños morales que sean previsibles al momento
de constituirse la obligación y que sean consecuencia
necesaria de la falta de cumplimiento del contrato.
Artículo 1060 del Código Civil, 31 LPRA § 3024; Soc.
Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998), en la
pág. 523; Camacho v. Iglesia Católica, supra, en la pág.
360. Véanse, Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967);
González v. Centex Const. Co., etc., 103 DPR 82 (1974), en
la pág. 88; De Jesús v. Ponce Housing Corp., 104 DPR 885
(1976), en la pág. 889.
18
Así, la opinión disidente del Juez Asociado señor Díaz
Cruz coincide con Díez Picazo y Gullón, Sistema de Derecho
17
CC-2004-275
A.C.,
149
DPR
indemnización
836,
del
848
(1999),
licitador
con
perdidoso
relación
en
una
a
la
subasta
ilegalmente anulada o adjudicada, expresamos que los daños
extracontractuales que podría recuperar el licitador, ya
fuera por culpa in contrahendo o por abuso de derecho, son
limitados e incluyen, “por ejemplo, los costos en los que
se
incurrió
arbitrariamente
en
prepararse
anulada
y
para
otros
la
gastos
licitación
relacionados,
incluyendo los intereses desde que se incurre en éstos.”
No abundamos entonces, porque no era necesario, en las
fuentes doctrinales de esa limitación.
Explica Díez Picazo que “[l]a doctrina es pacífica en
el sentido de que el deber de resarcimiento por culpa in
contrahendo alcanza sólo al llamado ‘interés negativo’”.
Díez
Picazo,
supra,
en
la
pág.
192.
Coinciden
los
tratadistas en que éste, a su vez, comprende “los gastos y
desembolsos llevados a cabo en vista de la ejecución del
contrato proyectado”. Ibid. Véase Castán Tobeñas, Derecho
Civil Español, Común y Foral, Madrid, Reus, S.A. 1967,
Civil, Vol. II 3ra ed. (1980), en que “hay que indemnizar
a la parte que confiaba honestamente en la conclusión del
acuerdo los gastos en que haya incurrido (pago de
asesores, desplazamientos, interés del dinero conseguido
para cumplir la prestación a la que le obligaría el
contrato, etc.)”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en
la pág. 537 (Énfasis nuestro). Distingue igualmente entre:
“(1) responsabilidad limitada a gastos en caso de fundada
expectativa de final formación del contrato; y (2)
responsabilidad en daños y perjuicios de quien actúa de
mala fe, porque de exigir igual responsabilidad en uno y
otro caso se produciría un temor de riesgo en los
contratantes que frenaría y hasta enervaría la deseable
fluidez
y
libertad
de
acción
en
toda
la
etapa
precontractual”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la
pág. 538. Por su parte, el Juez Asociado señor Dávila
condiciona su voto de conformidad a que la culpa in
contrahendo se limite al retiro propiamente abusivo de la
negociación y a que se delimite su alcance a “los
perjuicios englobados en el llamado interés negativo”.
Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 540
(Énfasis nuestro).
18
CC-2004-275
Tomo 3, pág. 469 (Énfasis nuestro). Así mismo, Alonso
Pérez, citando a Faggella, explica que “quien, confiando
en la honorabilidad ajena, consintió en tratar, y en base
a tal confianza hizo gastos, elaboró proyectos, realizó
viajes, etc., ha sufrido una pérdida patrimonial que la
otra parte está obligado [sic] a reparar”. Mariano Alonso
Pérez, La responsabilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica
de Derecho Inmobiliario 859 (julio-diciembre 1971), pág.
891. (Énfasis nuestro).
Más específicamente, Moreno Quesada distingue entre
los “gastos-espontáneos” —aquellos que una persona realiza
para
atraer
la
atención
de
posibles
contratantes,
sin
depender ni descansar en representaciones o conducta de la
otra
parte
provocados”
(ej.
gastos
—“aquellos
en
anuncios)
—y
cuya
realización
los
“gastos
encuentran
su
razón de ser en el consentimiento del contratante” (ej.
los
necesarios
para
la
preparación
del
proyecto
de
contrato: viajes, planos, peritos, etc.). Estos últimos
serán resarcibles; los primeros no. Moreno Quesada, supra,
en las págs. 54-55.19
Ahora bien, resulta difícil justificar la limitación
impuesta por la doctrina a la responsabilidad por culpa in
contrahendo,
si
la
concebimos
estrictamente
como
una
modalidad de culpa extracontractual, sin considerar que,
19
Algunos estudiosos, entre estos Alonso Pérez, añaden
las pérdidas ocasionadas “por desaprovechar ocasiones
favorables de celebrar un contrato con otras personas.”
Alonso Pérez, supra, en la pág. 905. Díez Picazo, supra,
en la pág. 192, discrepa de esta interpretación de lo que
la doctrina alemana denomina “daños a la confianza”. En
esa misma corriente de pensamiento se encuentra Manuel
Albaladejo, quien señala que la obtención del beneficio
que
hubiera
producido
el
contrato
no
constituye,
propiamente, perjuicio compensable. M. Albaladejo, Derecho
Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. II. Vol. I,
pág. 402.
19
CC-2004-275
como señala el Profesor Godreau Robles “el valor y el
interés que pretende protegerse es el de la lealtad”.
Michel Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contratactual,
58
Rev.
Jur.
UPR
367,
394
(1989).
(Énfasis
en
el
original). En efecto, no podemos obviar que, distinto a
otros supuestos de responsabilidad extracontractual, la
responsabilidad
por
culpa
in
surge
contrahendo
como
consecuencia de una relación social preexistente entre las
partes negociantes, quienes por razón de esa relación, que
anteriormente hemos llamado “de carácter social”, vienen
obligados a actuar de acuerdo a los postulados de la buena
fe.20
Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en la pág. 526; Torres
v. Gracia, supra, en la pág. 703.
La
dificultad
que
entraña
ubicar
la
culpa
in
contrahendo en una de la figuras jurídicas reconocidas por
nuestro ordenamiento civil no pasó desapercibida cuando
este Tribunal resolvió el caso medular de Prods. Tommy
Muñiz
v.
COPAN,
supra.
Consideramos
entonces
la
posibilidad de que se tratara de una responsabilidad sui
generis, antes de optar por ubicarla en el marco de la
responsabilidad extracontractual. Prods. Tommy Muñiz v.
COPAN, supra, en las págs. 525-529. Sin embargo, nuestra
decisión sobre la naturaleza jurídica de esta figura no
Según explica Puig Brutau: “Ha de tenerse en cuenta la
diferencia entre daño contractual y extracontractual. En
el primero hay una relación jurídica anterior al daño
entre el sujeto que lo causa y el que lo sufre, y su
objeto
sólo
se
modifica
al
quedar
sustituido
el
cumplimiento por el resarcimiento (id quod interest)
respecto a la prestación que era objeto de la obligación.
En el segundo hay incumplimiento de una obligación
genérica, que pesa sobre una generalidad de personas, con
el que se produce el daño extracontractual. La obligación
propiamente específica sólo nace a consecuencia de la
producción del daño”. José Puig Brutau, Fundamentos de
Derecho Civil, T. II, Vol. III en la pág. 181 (1984).
20
20
CC-2004-275
nos impidió reconocer que “la amplia gama de supuestos
sobre
los
cuales
precontractual
hace
puede
asentarse
necesario
que
la
en
responsabilidad
el
análisis
del
problema se considere qué figura jurídica -culpa, dolo,
fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios
generales del derecho- responde más adecuadamente como
fundamento jurídico para la solución del caso”. Prods.
Tommy Muñiz v. COPAN, supra, en las págs. 529-530; Torres
v. Gracia, supra, en las págs. 704-705.21
No se trata, pues, de la obligación de diligencia
genérica y erga omnes impuesta por el artículo 1802 del
Código
Civil.
Es
una
obligación
hacia
una
persona
determinada, que surge en aquel momento en el curso de las
negociaciones en el cual
el ejercicio del derecho de una
parte a retirarse, corolario del principio de la autonomía
21
Los autores han reconocido las dificultades que
plantea determinar la naturaleza jurídica de esta figura.
Véase, por ejemplo, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág.
228: “…[a]l tratar de señalar el fundamento legal de la
responsabilidad han surgido dudas.
Por un lado, el
contrato no llegó a celebrarse y no puede tratarse, por
consiguiente, de responsabilidad contractual; por otro
lado, el apoyo exclusivo en el principio que impone la
responsabilidad
extracontractual...
parece
demasiado
vago....” Más adelante explica que la responsabilidad por
culpa in contrahendo no se basa “en la violación del deber
genérico alterum non laedere, sino en el quebrantamiento
de la lealtad y confianza que las partes se deben
recíprocamente por el hecho de entrar en negociación.”
Puig Brutau, supra, en la pág. 230.
Véase también M.A.
del Arco Torres y M. Pons González, Diccionario de Derecho
Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, T.1, en la pág. 404,
citado en Torres v. Gracia, supra, en la pág. 704, n. 2:
“A nuestro entender —y según Adriano De Cupis (op. Cit.,
p. 168)— a quien sustancialmente seguimos en la exposición
del presente epígrafe, se está en presencia de una
relación
obligacional
(precedente
a
la
que
será
establecida en el contrato) en cuanto [a]l vínculo
jurídico referido liga a una parte y a otra por el hecho
de haber principado los tratos. La iniciación de los
tratos es el hecho del que se deriva la obligación de una
parte para la otra, de tener un comportamiento concorde a
la buena fe”. (Énfasis nuestro).
21
CC-2004-275
de
la
voluntad,
activa
la
protección
de
la
confianza
depositada por la otra y resulta contrario al principio
inmanente de la buena fe.
La realidad es que al igual que otros supuestos de
responsabilidad que nacen por aplicación de los principios
derivados de la buena fe, la culpa in contrahendo carece
de regulación propia. Por eso, aunque la hemos ubicado,
por analogía, bajo la égida del artículo 1802 del Código
Civil,
venimos
caso,
los
obligados
vacíos
a
normativos
continuar
colmando,
subsistentes,
en
caso
a
aquellos
aspectos que no son del todo compatibles con los elementos
típicos
de
la
responsabilidad
extracontractual.22
Para
ello, el artículo 7 de nuestro Código Civil, que nos
prohíbe
rehusarnos
a
fallar
“a
pretexto
de
silencio,
obscuridad, o insuficiencia de la ley”, nos remite a la
equidad, como fuente para elaborar las normas necesarias.23
Surge una laguna cuando la ley no contiene una
disposición necesaria o conveniente para la protección de
los intereses de la comunidad o de sus miembros. Es en las
“lagunas” donde se manifiesta la iniciativa de jueces y
tribunales, que perfilan, moldean y adaptan la ley a
nuevas situaciones. Felipe Clemente de Diego y Gutiérrez,
De las Lagunas de la Ley, págs. 39-40, Madrid, 1945.
22
23
A partir del reconocimiento expreso de la función
seminal de la equidad en nuestro sistema de derecho en
Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891 (1965), pasando
luego por la afirmación del valor normativo del contenido
ético del ordenamiento jurídico en Velilla v. Pueblo
Supermarkets, Inc., supra, hemos reconocido fuentes de
obligaciones extrañas a las categorías tradicionales
concretamente establecidas en nuestro ordenamiento civil.
Así, hemos admitido la fuerza generadora de obligaciones
que tienen los actos propios y hemos reiterado la
posibilidad vinculante de la declaración unilateral de
voluntad,(Int. General Electric v. Concrete Builders, 104
DPR 871 (1976); Ramírez v. Gautier, 87 DPR 497 (1963)),
del abuso del derecho, (Soriano Tavárez v. Rivera Anaya,
108 DPR 663 (1979)), del enriquecimiento injusto, (Silva
v. Com. Ind., supra; Ortiz Andujar v. ELA, 122 DPR 817
(1988)) y, en lo que aquí nos concierne, de la ruptura
culposa de los tratos contractuales preliminares. Todas
éstas
figuras
han
permitido
al
derecho
moderno
“contrarrestar
los
efectos
formalistas
del
sistema
22
CC-2004-275
Código Civil de Puerto Rico, artículo 7, 31 LPRA § 7. Olmo
v. Young Rubicam, 110 DPR 740 (1981); Asoc. de Condóminos
v.
Los
Frailes,
2001
TSPR
116
en
la
pág.
6.
Véanse
Corraliza v. Bco. Des. Eco., res. 9 de enero de 2001, 2001
TSPR 2, 153 DPR ___ (2001); Ortiz Andújar v. ELA, 122 DPR
818 (1988). Flores v. Meyers Bros. of P.R., 101 DPR 689
(1973); Robles Ostolaza v. UPR, 96 DPR 583 (1968); Collazo
Cartagena v. Hernández Colón, 103 DPR 870 (1975). Véase
además,
Asociación
de
Farmacias
de
la
Comunidad
v.
Departamento de Salud, res. el 23 de mayo de 2002, 156 DPR
___ (2002).
El alcance limitado que la doctrina reconoce a la
indemnización por culpa in contrahendo responde, a nuestro
entender,
a
dos
fundamentos.
El
primero
surge,
precisamente, de la indubitada genealogía de la figura de
la culpa in contrahendo como hija de la equidad, cuyo
propósito es sancionar el quebrantamiento de la confianza.
Por eso, según afirma Ghersi, no es necesario forzarla en
una categoría jurídica predeterminada: “En efecto, frente
al quebrantamiento de la buena fe se impone el deber de
reparar el daño causado por esa sola circunstancia, sin
que
deba
requerirse
atribución,
ya
que
la
presencia
la
sola
de
otro
violación
del
factor
de
precepto
constituye fundamento suficiente para el nacimiento de la
obligación resarcitoria, sin perjuicio de que medien en el
caso otros factores subjetivos (dolo o culpa)”. Carlos
normativo legal, echando mano a los principios generales
de la buena fe... intentando la realización del ideal de
justicia...”. Carlos Alberto Ghersi, Teoría general de la
reparación del daño, 2da ed., Buenos Aires, en la pág.
223.
23
CC-2004-275
Alberto Ghersi, Teoría general de la reparación de daños,
2da. ed. Buenos Aires, en la pág. 234 (1999).
Como hija de la equidad, la doctrina de culpa in
contrahendo busca regresar a las partes a la situación en
la
que
se
fallidos.24
encontraban
Por
indemnización
de
comenzar
según
señala
Asúa
llamado
interés
negativo
eso,
del
antes
los
tratos
González,
la
“pretende
reponer, en términos económicos, las cosas al estado en
que estarían si el perjudicado nunca hubiera oído hablar
del contrato o no hubiera confiado en su validez; por ello
se le denomina también interés de la confianza”. Asúa
González, supra, en las págs. 67-68, énfasis nuestro.
La indemnización por culpa in contrahendo es, pues,
reparativa, basada en el principio de que quien vulnera la
confianza depositada por otro, debe devolver a esa persona
al
estado
en
que
estaría
circunstancias
que
González,
supra,
en
si
no
se
hubiesen
dan
lugar
a
la
la
página
69.
Se
dado
reparación.
cuida
las
Asúa
mucho
la
doctrina de permitir que a través de la indemnización la
parte
agraviada
obtenga
las
ventajas
económicas
que
hubiera representado llevar a feliz término el proceso de
negociación (interés positivo). En vez, el objetivo es
“colocar al perjudicado como si no hubiese emprendido los
25
contactos negociales”. Id., en la página 288.
24
Por definición, la equidad busca la justicia del caso
individual. Es el fiel de la balanza, la moderadora sin
par de la ley.
Véase, Aristóteles, Ética a Nicomaco,
Libro 5, Cap. 10, citado en James B. White, The Legal
Imagination, (1973) en la pág. 647.
25
En este sentido, la culpa in contrahendo guarda
analogía, por su origen y finalidad, con otra figura
nacida también de la equidad, la del enriquecimiento
injusto. Ésta también procura deshacer una situación y
restablecer un patrimonio al estado en que se encontraba
antes de ser desplazado a otro sin causa, es decir, sin
24
CC-2004-275
El segundo fundamento para limitar la indemnización
por culpa in contrahendo responde a la fuerte política
jurídica a favor del tráfico jurídico y la libertad de
contratación. Los tratadistas basan su conclusión sobre el
alcance
limitado
de
la
responsabilidad
por
culpa
in
contrahendo en la necesidad de no coartar la libertad de
contratar que fundamenta nuestro derecho contractual. Ello
dirigido,
claro
está,
a
proteger
la
estabilidad
que
requiere el desarrollo económico y el tráfico comercial. 26
Resulta
igualmente
necesario
y
tiene
igual
propósito
delimitar claramente los lindes entre la responsabilidad
que puede surgir de la ruptura de tratos preliminares y la
que corresponde a la oferta y su consideración. Todo ello
apunta
a
la
necesidad
de
sujetar
el
alcance
de
la
responsabilidad por culpa in contrahendo a consideraciones
de política pública que no están presentes usualmente en
la determinación de responsabilidad extracontractual. Por
eso explicamos en Torres v. Gracia, supra, en la página
explicación válida en derecho. Para ello se vale del
mecanismo de la al argumento analógico, Encarna Roca
Trías, restitución. Ortiz Andujar v. ELA, supra. Véase, en
cuanto en Albaladejo y Díaz Alabart, Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, T. I Vol. 1, en la pág.
598, Ed. Rev. Der. Priv., Madrid, 1992. La validez de la
solución que propone el método analógico la brinda el
convencimiento de que la semejanza entre los supuestos
regulados por la norma existente y los supuestos que
carecen de norma concreta justifica la aplicación a éstos
de la regla dispuesta para los primeros. A ello se refiere
el Código Civil español cuando requiere que entre uno y
otros “se aprecie identidad de razón.” Código Civil,
artículo 4, inciso 1, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1985.
Encontramos “identidad de razón” entre los supuestos
comprendidos en la acción por culpa in contrahendo y en la
acción por enriquecimiento injusto, por la similitud del
fundamento
a
la
que
responde
la
delimitación
de
responsabilidad en ambos casos.
Véase, por ej. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, T. II, Vol. I, Barcelona (1978), en la pág. 5: “El
derecho de contratos ha representado tradicionalmente el
área de más plena realización de la voluntad del
individuo”.
26
25
CC-2004-275
710, que la doctrina de culpa in contrahendo “de por sí
debe ser aplicada restrictivamente”.
A la luz de lo anterior, resolvemos que el deber de
indemnizar
por
el
rompimiento
culposo
de
los
tratos
preliminares alcanza, de ordinario, tan solo al llamado
“interés
negativo”,
es
decir,
a
la
reparación
de
los
gastos sufridos y pérdidas patrimoniales derivadas del
proceder arbitrario de la parte que incurre en culpa.
V.
Arguye, por último, la señora Alvarado, que la señora
Colón
no
presentó
prueba
fehaciente
de
los
gastos
alegadamente incurridos para la consecución del negocio,
por lo cual erró el foro apelativo al confirmar la partida
de
$8,400.00 por ese concepto. Recordemos que en su
testimonio, la señora Alvarado reconoció que la señora
Colón había incurrido en ciertos gastos con el objetivo de
que
se
materializara
el
acuerdo
y
que
se
ofreció
a
reembolsarle por dichos gastos. No obstante, al conocer la
cantidad que la señora Colón alegaba haber gastado la
encontró excesiva y se negó a pagarla.
La prueba documental y testifical recibida por el
foro de instancia en cuanto a los gastos incurridos por la
señora Colón le mereció a éste entera credibilidad.
numerosas
ocasiones
hemos
sostenido
que
un
En
tribunal
revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de
instancia, salvo cuando estén presentes
extraordinarias
o
indicios
de
“circunstancias
pasión,
prejuicio,
parcialidad o error manifiesto.” Coop. Seguros Múltiples
de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203 (1994), en la pág. 208.
26
CC-2004-275
Examinado en su totalidad los autos del caso, resolvemos
que el foro de instancia no actuó movido por pasión,
prejuicio, parcialidad o error manifiesto, por lo que no
intervendremos
con
su
apreciación.
intervendremos
con
la
imposición
De
que
igual
hizo
el
modo,
no
foro
de
instancia sobre costas y honorarios de abogados concedidos
a favor de la demandante.
Por
los
fundamentos
parcialmente
la
sentencia
Apelaciones,
a
los
concedida
por
daños
expresados,
dictada
efectos
de
emocionales
por
el
eliminar
y
así
modificamos
Tribunal
la
partida
modificada,
confirma dicha sentencia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
de
se
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Dolores Colón
Demandantes-Recurridos
v.
CERTIORARI
CC-2004-275
Glamorous Nails & Boutique,
Inc., Marta Larissa Alvarado
de Silverio, et. als.
Demandados-Recurrentes
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 2006.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de
la presente Sentencia, modificamos parcialmente la
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones a
los fines de eliminar la partida concedida por daños
emocionales
y
así
modificada,
se
confirma
dicha
sentencia.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
señora
Rodríguez
Rodríguez
resultado, sin opinión escrita.
La Jueza Asociada
concurre
con
el
El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita
y el Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo