LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: María del Rosario Pujol

2007 TSPR 190

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: María del Rosario Pujol

TS-000012701

Reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Popular de Puerto Rico

Recurrente

Certiorari

v.

2007 TSPR 190

Registrador de la Propiedad,

Sección de Aguadilla;

Hon. Frank Quiñones Vigo

172 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: RG-2006-2

Fecha: 30 de octubre de 2007

Abogados de la Parte Recurrente:

Lcda. Alondra M. Fraga Meléndez

Lcdo. Juan H. Soto Solá

Abogado de la Parte Recurrida:

Por Derecho Propio

Materia: Recurso Gubernativo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Popular de Puerto Rico

Recurrente

RG-2006-2

Recurso

Gubernativo

v.

Registrador de la Propiedad,

Sección

de

Aguadilla;

Hon. Frank Quiñones Vigo

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2007.

Para atender los hechos de este caso debemos

precisar

las

solemnidades

requeridas

para

la

validez de un contrato de donación en la República

Dominicana y en nuestro ordenamiento, con el fin de

determinar si un documento otorgado en aquel país

puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad

al amparo del artículo 46 de la Ley Hipotecaria de

1979, 30 L.P.R.A. sec. 2209.

I

El 30 de septiembre de 1985 el Sr. Jesús María

Felipe Rosario y la Sra. Miriam González Machado,

casados entre sí, adquirieron una propiedad ubicada

en

el

Barrio

Mora

del

Municipio

de

Isabela,

RG-2006-2

Puerto

2

Rico,

por

el

precio

de

$38,300.00

y

con

conocimiento de que dicha propiedad estaba gravada por una

hipoteca a favor del Banco Popular de Puerto Rico (Banco

Popular). El 18 de septiembre de 1987 se divorciaron por

consentimiento

mutuo

y

en

la

sentencia

de

divorcio

acordaron que el señor Felipe Rosario le vendería a la

señora

González

Machado

su

participación

sobre

la

propiedad situada en Isabela.

Según acordado, el 19 de noviembre de 1998 el señor

Felipe

Rosario

vendió,

cedió

y

transfirió

a

la

señora

González Machado todos sus derechos sobre el inmueble de

referencia

por

la

suma

de

cien

pesos

de

oro

de

la

República Dominicana. Esta venta se llevó a cabo ante un

notario

público

de

dicho

país,

a

través

del

documento

titulado “Contrato de Venta Bajo Firma Privada”, al cual

se le añadió la certificación del Consulado de los Estados

Unidos de América en República Dominicana.

El 17 de abril de 1999 la señora González Machado

suscribió la Escritura Núm. 53 sobre “Protocolización de

Contrato

de

Venta

público,

en

el

Bajo

Firma

Municipio

de

Privada”

ante

un

Isabela,

Puerto

notario

Rico.

El

notario transcribió en la escritura el “Contrato de Venta

Bajo

Firma

Privada”

otorgado

en

República

Dominicana.

Además, lo unió a la escritura e hizo constar que el

propósito de la protocolización era elevar el contrato

privado a un documento público en nuestra jurisdicción.

RG-2006-2

3

El 15 de junio de 1999 el Banco Popular presentó una

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra

el señor Felipe Rosario, la señora González Machado y la

sociedad

Durante

de

el

bienes

gananciales

proceso,

el

Banco

compuesta

Popular

por

se

éstos.

enteró

del

divorcio y de la Escritura Núm. 53, por lo que solicitó

que se continuara la acción sólo contra la señora González

Machado.

El Banco Popular presentó la Escritura Núm. 53 ante

el Registro de la Propiedad, para su inscripción, el 7 de

marzo

de

2006.

El

Registrador

se

negó

a

inscribir

el

documento. Indicó que la protocolización del documento de

compraventa no tiene el efecto de elevarlo a escritura

pública, ni le da acceso al Registro de la Propiedad.

Además, señaló que el documento de compraventa no incluía

una equivalencia del precio de venta en dólares, lo cual

era indispensable para fijar los aranceles notariales y

registrales.

El

Banco

Popular

presentó

un

escrito

de

recalificación, en el cual, entre otras cosas, informó que

la

equivalencia

inmueble

es

en

dólares

$6.26959.

El

del

precio

de

Registrador

venta

del

sostuvo

su

ante

este

denegatoria.

En

el

Recurso

Gubernativo

presentado

Tribunal el 1 de noviembre de 2006, el Banco Popular alega

que el Registrador erró al denegar la inscripción de la

Escritura Núm. 53 sin tomar en consideración lo dispuesto

en el Artículo 46 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec.

RG-2006-2

4

2209 y el Artículo 11 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

11. Posteriormente, el Registrador presentó su alegato en

respuesta al recurso. Con la comparecencia de ambas partes

pasamos a resolver.

II

El artículo 46 de la Ley Hipotecaria de 1979, 30

L.P.R.A. sec. 2209, dispone que los documentos otorgados

fuera de Puerto Rico podrán ser inscritos en el Registro

de la Propiedad si reúnen los siguientes requisitos:

Primero- Que el asunto o materia del acto o

contrato sea lícito o permitido por las leyes de

Puerto Rico.

Segundo- Que los otorgantes tengan la aptitud y

capacidad legal necesarias para el acto o

contrato con arreglo a las leyes de su país. Sin

embargo cuando se relacionen con bienes de

menores de edad y de incapacitados, deberá

haberse dado cumplimiento a las disposiciones

legales vigentes en Puerto Rico.

TerceroQue

en

el

otorgamiento

se

hayan

observado

las

formas

y

solemnidades

del

territorio o país donde se han verificado los

actos o contratos, o las de Puerto Rico.

Cuarto- Que el documento contenga la legalización

y

demás

requisitos

necesarios

para

su

autenticación en Puerto Rico.

QuintoQue

dicho

documento

haya

sido

protocolizado por un notario en Puerto Rico si

para su eficacia no requiere trámite judicial.

(Énfasis suplido) 30 L.P.R.A. sec. 2209.1

1

Respecto al artículo 46, el Informe a la Cámara de

Representantes sobre la Ley Hipotecaria de 1979 explica lo

siguiente:

Los Artículos 45, 46 y 47 contienen disposiciones

legales del campo del derecho internacional

privado “Conflicts of Law” en cuanto a documentos

otorgados fuera de Puerto Rico… Se persigue con

los mismos que los documentos provenientes de

otras jurisdicciones sean lo mas confiables

RG-2006-2

5

Según

el

tercer

requisito

del

artículo

46,

un

documento otorgado fuera de Puerto Rico tendrá acceso al

Registro

de

la

Propiedad

si

cumple

con

las

formas

y

solemnidades del país donde fue otorgado o las de nuestra

jurisdicción.

Esto

solemnidades

Puerto

Rico

nos

requiere

discutir

las

formas

y

requeridas

en

la

República

Dominicana

y

respecto

negocio

jurídico

al

ante

nuestra

consideración.

Para ello es necesario precisar cuál es el negocio

jurídico exacto que da lugar a este recurso. Se trata de

un

contrato

relativo

a

un

bien

inmueble

regulado,

por

ende, por el artículo 10 del Código Civil de Puerto Rico,

31 L.P.R.A. sec. 10, que dispone que los bienes inmuebles

se regirán por las leyes del país en que estén sitos.

Aplica,

por

tanto,

la

norma

conocida

en

el

Derecho

Internacional Privado como lex rei sitae, según la cual

los

actos

regirán

y

por

contratos

las

relativos

leyes

del

a

país

bienes

inmuebles

en

éstos

que

se

estén

ubicados. Sucn. Evans v. Srio. De Hacienda, 108 D.P.R.

713, 718 (1979). Véase además, Zarelli v. Registrador, 124

D.P.R. 543, 550 (1989).

El

documento

propósito

de

ante

traspasar

nuestra

la

consideración

titularidad

de

una

tiene

el

finca

en

Isabela, Puerto Rico, por el precio aproximado de seis

dólares.

El

precio

que

pagaron

los

contratantes

para

posible. Informe a Cámara de Representantes de

junio de 1979 sobre P. del S. 792, 8va. Asamblea

Legislativa, 3ra. Sesión Ordinaria.

RG-2006-2

adquirir

6

el

inmueble

sobrepasó

los

treinta

y

ocho

mil

dólares. Ante esta realidad debemos recordar la normativa

que

hemos

desarrollado

jurisprudencialmente

sobre

la

simulación relativa contractual. Ésta ocurre cuando los

contratantes llevan a cabo un negocio jurídico aparente

que

encubre

disimulado.

otro

En

real

con

específico,

causa

hemos

lícita,

resuelto

fingido

que

hay

o

una

donación disimulada en un contrato de compraventa cuando

la

causa

de

dicho

contrato

no

es

onerosa,

sino

que

responde a la mera liberalidad de uno de los contratantes,

el

donante.

Hernández

Usera

v.

Srio.

De

Hacienda,

86

D.P.R. 13 (1962). Véase además, La Costa Sanpedro v. La

Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9 (1982), Díaz García v. Aponte

Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989).

En la República Dominicana las donaciones de bienes

inmuebles son un acto jurídico solemne. El artículo 931

del Código Civil de la República Dominicana dispone:

Todo acto que contenga donación entre vivos, se

hará ante notario, en la forma ordinaria de los

contratos,

protocolizándose,

bajo

pena

de

nulidad. (Énfasis suplido) N. Soto Castillo,

Código

Civil

y

Compendio

de

Legislación

Complementaria, 13 ra. ed., Santo Domingo, D.N.,

2003, pág. 145.

Según este artículo, en el derecho común de la República

Dominicana las donaciones de bienes inmuebles son un acto

jurídico solemne que debe constar en forma auténtica o

acto

auténtico,

tratadista

de

no

en

Derecho

acto

Notarial

bajo

firma

dominicano,

privada.

Dr.

El

Manuel

Víctor Gómez Rodríguez, explica que el artículo 931 del

RG-2006-2

7

Código Civil de la República Dominicana requiere que las

donaciones de bienes inmuebles consten en acta notarial y

no en un acto bajo firma privada.

Tratado

de

Derecho

Notarial

M.V. Gómez Rodríguez,

Dominicano,

Santo

Domingo,

1997, pág. 66.2

Según Gómez Rodríguez, en un acta notarial el notario

da

fe

del

contenido

autenticación

y

del

clausura

documento.

En

del

“consiste

acta

particular,

de

la

la

declaración del notario mediante la cual él certifica y da

fe de que este documento ha sido elaborado y firmado por

él, de todo lo cual, él certifica y da fe, concediéndole

la autentificación inherente a los actos de la autoridad

pública, es decir la fe pública, por la cual tiene que ser

creído por si mismo y la plena fe de que se basta así

mismo como medio de prueba completo y por excelencia del

contenido

del

mismo…”.

M.V.

Gómez

Rodríguez,

op

cit.,

págs. 49-50.

2

Los artículos 1317 y 1322 del Código Civil de la

República Dominicana definen lo que son actos auténticos y

actos bajo firma privada de la siguiente manera:

Es acto auténtico el que ha sido otorgado por

ante [sic] oficiales públicos, que tienen derecho

a actuar en el lugar donde se otorgó el acto, y

con las solemnidades requeridas por la ley.

(Énfasis suplido) Art. 1317 del Código Civil de

la República Dominicana.

El acto bajo firma privada, reconocido por aquél

a quien se le opone, o tenido legalmente por

reconocido, tiene entre los que lo han suscrito y

entre sus herederos y causahabientes, la misma fe

que el acto auténtico. Art. 1322 del Código Civil

de la República Dominicana.

RG-2006-2

Sin

8

embargo,

en

un

acto

bajo

firma

privada,

el

notario sólo da fe sobre la autenticidad de las firmas y

no

del

contenido

del

documento.

Al

respecto

Gómez

Rodríguez explica:

[E]s conveniente explicar que el contenido del

acto bajo firma privada NO LIGA al notario, el

cual UNICAMENTE, tiene responsabilidad sobre las

firmas, si estas son las de las personas a las

que el acto se refiere y si la estamparon libre y

voluntariamente y en la fecha indicada, NO existe

ninguna responsabilidad notarial. M.V. Gómez

Rodríguez, op cit., págs. 121-122.

Respecto a la solemnidad de las donaciones de bienes

inmuebles,

el

tratadista

de

Derecho

Civil

dominicano,

Carlos Romero Butten, explica lo siguiente:

En principio, la donación es un acto solemne, que

debe ser pasado ante un Notario (Art. 391 C.

Civil). La solemnidad del acto se explica por su

gravedad: el Notario pondrá su atención sobre la

disposición y sobre el carácter definitivo de la

enajenación

que

consiente

el

donante.

Sin

embargo, de hecho, la regla de la solemnidad

concierne a las donaciones de inmuebles, por lo

que muchas donaciones se realizan sin acto

notarial,

o

mediante

actos

simulados

o

disfrazados. C. Romero Butten, Tratado Elemental

de Derecho Civil, Santo Domingo, D.N., 2001, pág.

346.

En

artículo

cuanto

189

al

de

la

Derecho

Inmobiliario

dominicano,

el

Ley

Registro

Tierras

la

de

de

de

República Dominicana establece los requisitos de redacción

de

los

actos

jurídicos.

Dicho

artículo

dispone,

en

pertinente:

Los actos o contratos traslativos de derechos

registrados,

así

como

aquellos

que

estén

destinados

a

constituir,

radiar,

reducir,

prorrogar o extinguir gravámenes sobre inmuebles

registrados, o que de cualquier forma afecten o

se relacionen con esos mismos derechos, podrán

redactarse en forma auténtica o bajo escritura

lo

RG-2006-2

9

privada. Art. 189, Ley 1542 de

Tierras, Santo Domingo, D.N., 1999.

Registro

de

El tratadista Rafael Ciprián explica que aunque el

artículo

189

de

la

Ley

de

Registro

de

Tierras

de

la

República Dominicana permite que los actos jurídicos que

recaigan sobre bienes inmuebles sean redactados en forma

auténtica

o

bajo

escritura

privada,

las

donaciones

de

inmuebles siempre tendrán que hacerse conforme al derecho

común, o sea, en la forma de los actos auténticos y no

bajo

firma

privada.

En

lo

pertinente,

Rafael

Ciprián

expresa lo siguiente:

El Artículo 189, modificado por las Leyes No.

1860, de fecha 18 de diciembre de 1948 y la No.

132, de fecha 20 de abril de 1961, de la Ley de

Registro de Tierras es la columna vertebral de

toda la serie de requisitos que impone el

Legislador para la redacción de los actos

jurídicos.

El referido texto legal establece que todos los

actos traslativos de derechos inmobiliarios, o

los que tengan por finalidad “constituir, radiar,

reducir, prorrogar o extinguir gravámenes sobre

inmuebles registrados, o que de cualquier forma

afecten o se relacionen con esos mismos derechos,

podrán redactarse en forma auténtica o bajo

escritura privada”.

La disposición que establece que los actos

jurídicos

que

se

refieran

a

derechos

inmobiliarios registrados podrán ser redactados

en forma auténtica o bajo escritura privada, es

muy

importante.

Primero

porque

reitera

el

carácter liberal de la Jurisdicción Catastral, y

el interés del Legislador por facilitar las

operaciones comerciales inmobiliarias y, segundo,

porque introduce modificaciones importantes al

derecho común. Sabemos que los actos de donación

o de hipoteca en terrenos registrados tienen que

hacerse en la forma de los actos auténticos,

conforme al derecho común.

Ya sea que el acto jurídico se redacte en la

forma auténtica o en la forma correspondiente a

los denominados actos bajo firma privada, se

tendrán

que

respetar

las

formalidades

que

establece el derecho común. (Énfasis suplido) R.

RG-2006-2

10

Ciprián, Tratado de Derecho Inmobiliario, 1ra.

ed., Santo Domingo, D.N., 2003, págs. 870-871.

De

igual

donaciones

de

forma,

bienes

en

nuestra

inmuebles

jurisdicción

son

un

acto

las

jurídico

solemne. En Hernández Usera v. Srio. De Hacienda, supra,

establecimos

que

una

donación

disimulada

de

un

bien

inmueble es válida si cumple con los requisitos de forma

ad solemnitatem de las donaciones de bienes inmuebles. En

lo pertinente, el artículo 575 del Código Civil dispone lo

siguiente:

Para que sea válida la donación de cosa inmueble

ha de hacerse en escritura pública, expresándose

en ella individualmente los bienes donados y el

valor de las cargas que deba satisfacer el

donatario.

La aceptación podrá hacerse en la misma escritura

de donación o en otra separada; pero no surtirá

efecto si no se hiciese en vida del donante. 31

L.P.R.A. sec. 2010.

Por lo tanto, el contrato simulado que encubre la donación

tiene que ser otorgado en escritura pública, describir los

bienes

donados

individualmente

y

hacer

constar

la

aceptación del donatario en la misma o en una escritura

separada, pudiendo deducirse tal aceptación de la firma

del documento simulado. En caso de una donación onerosa,

en la que se le impone al donatario un gravamen sobre el

valor de lo donado, el contrato simulado debe expresar las

cargas

que

el

donatario

asume.3

Id.,

en

la

pág.

3

25.

En lo pertinente, el artículo 560 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 1983, dispone lo siguiente:

Las

clases:

donaciones

entre

vivos

pueden

ser

de

tres

RG-2006-2

Véanse

11

además,

La

Costa

Sanpedro

v.

La

Costa

Bolívar,

supra, en la pág. 26 y Suc. Toro Morales v. Suc. Toro

Cruz, 2004 T.S.P.R. 41.

Los

tratadistas

Díez-Picazo

y

Gullón

Ballesteros

explican que las formalidades ad solemnitatem:

[S]on aquellas que necesitan una clase de

negocios

jurídicos

para

su

existencia

o

nacimiento. La forma en ellos es sustancia, de

tal modo que no existen como tales negocios si no

aparecen

celebrados

bajo

la

forma

ordenada

legalmente. Así, por ejemplo, la donación de

bienes inmuebles sin este requisito (v. gr., en

documento

privado)

es

radicalmente

nula

e

inexistente.

L.

Díez-Picazo

y

a.

Gullón

Ballesteros, Sistema de Derecho Civil, 9na ed.,

Madrid, Editorial Tecnos, 1997, Volumen I, pág.

512.

En

Hernández

Usera

v.

Srio.

De

Hacienda,

supra,

explicamos que la importancia de los requisitos de forma

de las donaciones disimuladas de bienes inmuebles radica

en su finalidad, que es proteger “al transferente contra

sus

desordenados

acreedores

régimen

contra

económico

impulsos,

las

a

lesiones

familiar,

su

cónyuge,

de

los

derechos

que

el

ley

sucesoria

o

el

la

herederos

y

principio patrimonial le confieren, y al donatario contra

los riesgos de una adquisición en apariencia precaria o

por

lo

menos

desprovista

de

las

defensas

que

(1) La donación puramente graciosa o la que se

hace sin condición y por mera liberalidad.

(2) La donación onerosa, o aquella en que se

impone al donatario un gravamen sobre el valor

de lo donado.

(3) La donación remuneratoria, o la que se hace a

una persona por sus méritos o por servicios

prestados

al

donante,

siempre

que

no

constituyan deudas exigibles. Énfasis suplido)

31 L.P.R.A. sec.1983.

(4)

las

RG-2006-2

obligaciones

12

recíprocas

y

los

actos

formales

ponen

en

juego”. Id., en la pág. 23 (citando la sentencia dictada

el 5 de noviembre de 1956 por el Tribunal Supremo de

España).4

4

En lo pertinente, la cita del Tribunal Supremo de España

expresa lo siguiente:

“[C]on arreglo a la tradición española, en el

campo de las donaciones puras y simples de

inmuebles, por reflejar los hechos inter vivos

más que un modo abstracto e independiente de

transferir la propiedad, un acto liberal que

atribuye el dominio al donatario gratuitamente y

que

por

significar

una

merma,

sin

contraprestación, del patrimonio del donante, y

su

enriquecimiento

sin

gravamen,

del

beneficiario, requiere requisitos y solemnidades

que

protejan

al

transferente

contra

sus

desordenados impulsos, a su cónyuge, herederos y

acreedores contra las lesiones de los derechos

que el régimen económico familiar, la ley

sucesoria

o

el

principio

patrimonial

le

confieren, y al donatario contra los riesgos de

una adquisición en apariencia precaria o por lo

menos desprovista de las defensas que las

obligaciones recíprocas y los actos formales

ponen en juego, habiendo de hacerse para que sea

válida la donación de cosa inmueble, a tenor del

art. 633 del Código Civil, en escritura pública,

con expresión de los bienes donados y el valor de

las cargas que deba satisfacer el donatario,

pudiendo formalizarse la aceptación en la misma

escritura u otra separada, y aunque con tales

preceptos no se cierra el paso de toda donación

que pretenda llevarse a cabo en un instrumento

público de compraventa, los intereses más arriba

mencionados no quedan a salvo, si los elementos

jurídicos que integran el acto disimulado y en

especial

el

elemento

de

voluntades

sobre

gratuitidad,

alcance

y

condiciones

de

la

transferencia, no son puestos de relieve de una

manera

indiscutible

y

auténtica”.

(Énfasis

suplido) Hernández Usera v. Srio. De Hacienda, 86

D.P.R. 13, 23 (1962), (citando la sentencia

dictada el 5 de noviembre de 1956 por el Tribunal

Supremo de España).

RG-2006-2

13

Finalmente

y

pertinente

a

este

caso,

hemos

establecido que la cuantía base para computar los derechos

de arancel debe ser fija y reconocible, sin necesidad de

ulterior

determinación

matemática.

Al

respecto,

en

Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50 (1978),

explicamos lo siguiente:

La cuantía base para computar los derechos de

arancel de un documento público notarial, sea

escritura, acta o de cualquier otra índole, de no

aparecer del propio documento, deberá tomarse de

las constancias, diligencias y anejos que se unen

al original permaneciendo en el protocolo y que

reflejen el valor envuelto en el acto o negocio

jurídico objeto del otorgamiento. Id., en las

págs. 64-65.

III

En este caso, el señor Felipe Rosario vendió, cedió y

transfirió a la señora González Machado todos sus derechos

sobre un bien inmueble sito en Puerto Rico, a través de un

contrato privado titulado “Contrato de Venta Bajo Firma

Privada”, por el precio aproximado de seis dólares. Del

precio

de

este

alegado

contrato

de

compraventa

se

desprende que el verdadero negocio jurídico llevado a cabo

entre las partes fue una donación onerosa disimulada, ya

que la señora González Machado asumió el gravamen sobre el

verdadero valor de lo donado, en este caso, la hipoteca a

favor del Banco Popular.

Luego de haberse protocolizado el contrato por un

notario en Puerto Rico a través de la Escritura Núm. 53,

el Banco Popular lo presentó al Registro de la Propiedad

para su inscripción, alegando que el documento cumple con

RG-2006-2

los

14

requisitos

del

artículo

46

de

la

Ley

Hipotecaria,

supra. No tiene razón. La Escritura Núm. 53 no satisface

el tercer requisito de dicho artículo, ya que no cumple

con las formas y solemnidades de la República Dominicana

ni las de Puerto Rico.

Según

las

formalidades

exigidas

en

la

República

Dominicana la donación del bien inmueble contenida en el

documento

en

controversia

debió

ser

otorgada

en

forma

auténtica y no en escritura bajo firma privada. Por esto,

el “Contrato de Venta Bajo Firma Privada” no cumplió con

las

formas

Prueba

de

y

solemnidades

esto

autenticidad

es

de

que

las

de

el

la

República

notario

sólo

dio

de

la

los

otorgantes.

En

firmas

de

Dominicana.

fe

específico el notario expresó:

Yo: LICDO. Nicanor Guillermo Ortega, Abogado y

Notario Publico de los del Numero del Distrito

Nacional, CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que

anteceden fueron puestas en mi presencia libre y

voluntariamente por los señores MIRIAM GONZALEZ

MACHADO Y LICDO. JESUS MARIA FELIPE ROSARIO, de

generales que constan, quienes me han declarado

bajo la fe del juramento, que esas son las mismas

con las cuales acostumbran firmar todos los actos

de sus vidas en los cuales son partes. En Santo

Domingo,

Distrito

Nacional,

Capital

de

la

República Dominicana, a los diecinueve (19) días

del mes de noviembre del año mil novecientos

noventa y ocho (1998).

De

Registro

igual

no

forma,

cumplió

el

con

documento

las

formas

presentado

y

ante

el

solemnidades

de

Puerto Rico, ya que no fue otorgado en escritura pública y

no expresa las cargas que la donataria asumió, según lo

requieren las formas ad solemnitatem de las donaciones de

bienes inmuebles en nuestra jurisdicción.

RG-2006-2

15

Debido a que hemos establecido que la Escritura Núm.

53 no cumple con el tercer requisito del artículo 46 de la

Ley Hipotecaria, no es necesario referirnos a los demás

requisitos de dicho artículo.

Finalmente, según lo requiere nuestro ordenamiento,

la Escritura Núm. 53 debió contener la cuantía base para

computar los derechos de arancel de forma tal que no fuera

necesario ulterior determinación matemática, o sea, que no

fuera necesario calcular su equivalencia en dólares.

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la

denegatoria del Registrador.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Banco Popular de Puerto Rico

Recurrente

RG-2006-2

Recurso

Gubernativo

v.

Registrador de la Propiedad,

Sección

de

Aguadilla;

Hon. Frank Quiñones Vigo

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se confirma la denegatoria del

Registrador.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no

intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo