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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Iván F. González Carmona

2007 TSPR 163

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Iván F. González Carmona

CP-2004-0005

Conducta Profesional- Censura por violación al Canon 21 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 163

Iván F. González Carmona

172 DPR ____

Número del Caso: CP-2004-5

Fecha: 27 de agosto de 2007

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Mariana Negrón Vargas

Subprocuradora General

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Efraín Guzmán Mollet

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Iván F. González Carmona

CP-2004-5

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2007.

El

10

de

mayo

Procurador

General

someter

la

a

de

2004,

la

Oficina

del

para

presentó

un

Informe

consideración

de

este

Tribunal

cierta conducta incurrida por el querellado en

su gestión profesional. Mediante Resolución del

12 de julio de 2004, ordenamos al Procurador

General presentar la querella con los cargos

correspondientes

a

fin

de

continuar

con

el

procedimiento disciplinario. Así se hizo el 22

de septiembre de 2004.

La querella presentada contra el Lcdo. Iván

F.

González

haber

Carmona

violado

el

en

Canon

este

21

caso

de

los

le

imputa

de

Ética

CP-2004-5

2

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21, el cual dispone,

entre otras cosas, que un profesional no debe representar

intereses encontrados.

Adujo

el

Procurador

que

el

querellado,

siendo

el

representante legal de uno de los miembros de una sociedad

legal

de

gananciales

en

liquidación,

aceptó

ser

y

compareció ante los tribunales como el representante legal

de posibles deudores de dicha sociedad. De esa forma,

incurrió

según el Procurador en un evidente conflicto de

intereses “en tanto su deber era abogar (en beneficio del

miembro de la extinta sociedad ganancial en liquidación)

por aquello a que debía oponerse (en beneficio de los

posibles deudores de la sociedad)”. El licenciado González

Carmona

negó

la

violación

ética

imputada.

Adujo

que

contrario a lo alegado sus representados tenían intereses

en

común

y

reclamos

similares,

no

habiendo

pues

el

conflicto de intereses contemplado por el Canon.

El 10 de febrero de 2005 designamos a la Lcda. Igrí

Rivera

de

Martínez,

ex

Jueza

de

Apelaciones,

como

Comisionada Especial para recibir la prueba del caso y

rendir un informe con las determinaciones de hechos y

recomendaciones pertinentes.

I

El proceso judicial que dio origen a la queja que

inició el presente procedimiento disciplinario comenzó con

una demanda de fecha 11 de febrero de 1999 en el caso de

Teresa López v. Arturo Núñez Salgado, Civil Núm. DAC-99-

CP-2004-5

3

0165, (406) Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de

Bayamón.

El

licenciado

González

Carmona

asumió

la

representación legal de la demandante, Sra. Teresa López,

después de comenzado el caso. En este proceso, la señora

López

solicitaba

la

liquidación

de

los

bienes

de

la

sociedad de bienes gananciales habida con el Sr. Arturo

Núñez Salgado, que se había extinguido por sentencia de

divorcio decretado el 8 de junio de 1998. Específicamente,

la

señora

López

reclamó

la

división

de

los

haberes

gananciales consistentes en su interés pecuniario en dos

(2) bienes inmuebles.

El señor Núñez Salgado contestó la demanda el 10 de

mayo de 1999. En agosto de 2002, presentó demandas contra

el

tercero

demandada”,

demandado

Paul

Luz

Rodríguez

María

Parson,

contra

García,

y

la

“cuarta

contra

la

“quinta demandada”, Natalia Teresa Marín López.

Respecto

al

señor

Parson,

quien

era

compañero

consensual de la señora López, el señor Núñez reclamó una

deuda

por

el

alegado

pertenecientes

a

cuanto

señora

a

la

la

uso

sociedad

Rodríguez

de

legal

bienes

de

García,

inmuebles

gananciales.

denominada

En

como

cuarta demandada, el señor Núñez alegó que ésta adeudaba a

la sociedad legal de gananciales, veintiún mil (21,000.00)

dólares de un supuesto pagaré que se otorgó en el año 1988

como

resultado

de

la

compraventa

de

una

propiedad

ganancial. A la “quinta demandada”, Natalia Teresa Marín

López, hija de la demandante Teresa López Reyes, el señor

CP-2004-5

4

Núñez

le

reclamó

un

ella,

perteneciente

dinero

alegadamente

a

sociedad

la

apropiado

legal

de

por

bienes

gananciales.

El

Lcdo.

representación

Iván

legal

de

González

Carmona

asumió

la

todas

partes

demandadas

y

las

contestó las tres demandas de forma separada. En dichas

contestaciones

el

licenciado

González

planteó

que

las

deudas y reclamaciones alegadas por el señor Núñez eran

inexistentes, irreales y sin fundamento alguno. En vista

celebrada el 11 de abril de 2003 se informaron al tribunal

unos acuerdos entre las partes que de forma definitiva

pusieron fin a las demandas tercera y quinta. Acorde a

ello,

el

foro

de

instancia

dictó

sentencia

el

17

de

septiembre de 2003, notificada el 7 de octubre de 2003,

archivando

con

Parson

Natalia

y

perjuicio

Marín.

las

reclamaciones

La

reclamación

contra

contra

Paul

Luz

M.

Rodríguez García quedó pendiente.

Una vez advino final y firme la sentencia aludida, y

mientras se dilucidaban en el foro de instancia otros

asuntos relativos a la custodia de una menor hija de la

señora López y el señor Núñez, se presentó la queja que ha

motivado el presente procedimiento disciplinario el 25 de

noviembre de 2003. Posteriormente, el 16 de junio de 2004,

el

licenciado

representación

González

legal

en

el

Carmona

caso

renunció

sobre

a

liquidación

la

de

bienes, mencionado anteriormente. También lo hizo en el

caso de divorcio, dentro del cual se estaba dilucidando lo

CP-2004-5

5

relativo a la custodia de la menor hija del señor Núñez y

la señora López.

El señor Núñez ya había solicitado la descalificación

del licenciado González Carmona, durante el proceso de

divorcio,

imputando

violación

al

Canon

21

de

Ética

Profesional. El Tribunal de Primera Instancia, mediante

Resolución de fecha 3 de marzo de 2004, determinó que ello

no procedía.

II

El Canon 21 de Ética Profesional dispone como sigue:

El abogado tiene para con su cliente un deber

de lealtad completa. Este deber incluye la

obligación de divulgar al cliente todas las

circunstancias de sus relaciones con las

partes y con terceras personas, y cualquier

interés

en

la

controversia

que

pudiera

influir en el cliente al seleccionar su

consejero. Ningún abogado debe aceptar una

representación

legal

cuando

su

juicio

profesional

pueda

ser

afectado

por

sus

intereses personales.

No es propio de un profesional el representar

intereses encontrados. Dentro del significado

de

esta

regla,

un

abogado

representa

intereses encontrados cuando, en beneficio de

un cliente, es su deber abogar por aquello a

que debe oponerse en cumplimiento de sus

obligaciones para con otro cliente.

La obligación de representar al cliente con

fidelidad incluye la de no divulgar sus

secretos o confidencias y la de adoptar

medidas adecuadas para evitar su divulgación.

Un abogado no debe aceptar la representación

de un cliente en asuntos que puedan afectar

adversamente

cualquier

interés

de

otro

cliente anterior ni servir como árbitro,

especialmente cuando el cliente anterior le

ha hecho confidencias que puedan afectar a

una o otro cliente, aún cuando ambos clientes

así lo aprueben. Será altamente impropio de

un abogado el utilizar las confidencias o

CP-2004-5

6

secretos de un cliente en perjuicio de éste.

(Énfasis suplido).

. . .

En In re: Avilés Cordero, Tosado Arocho, 157 D.P.R.

867, 882 (2002), citando a In re: Sepúlveda Gión, 155

D.P.R. 345, 355 (2001), expresamos lo siguiente:

El conflicto de intereses contemplado en el

Canon 21 de Ética Profesional, presenta tres

(3) situaciones que deben ser evitadas por todo

abogado: “... que en beneficio de un cliente se

abogue por aquello a lo que el letrado debe

oponerse en cumplimiento de sus obligaciones

para con otro cliente; que un abogado acepte la

representación de un cliente en asuntos que

puedan afectarse adversamente cualquier interés

de un cliente anterior; y que un abogado acepte

una representación legal, o que continúe en

ella, cuando su juicio profesional pueda ser

afectado por sus intereses personales”. Es

decir, dicha norma ética pretende evitar

conducta profesional que mine el principio

cardinal de confianza en que debe fundamentarse

toda relación fiduciaria entre un abogado y su

cliente. (Énfasis suplido).

En

Otaño

v.

Vélez,

141

D.P.R.

820,

826

(1996),

indicamos que:

El citado Canon 21 le impone a todo abogado

el deber de evitar tres situaciones básicas,

a saber: (1) aceptar la representación legal

cuando a su juicio ésta puede verse afectada

por sus expectativas o intereses personales;

(2)

aceptar

la

representación

legal

simultánea de dos clientes distintos con

intereses contrapuestos, y (3) aceptar la

representación de un cliente en asuntos que

puedan

afectar

cualquier

interés

de

un

cliente anterior. (Énfasis suplido).

Hemos

explicado

que

para

que

entre

en

vigor

la

prohibición sobre conflicto de intereses del Canon 21 se

requiere la existencia de una relación de abogado-cliente

dual.

In

re:

Soto

Cardona,

143

D.P.R.

50

(1997).

CP-2004-5

7

Existente

ésta

se

debe

determinar

si

ello

implica

representar intereses encontrados o incompatibles, In re:

Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986), o que puedan

serlo potencialmente, Sánchez Rodríguez v. López Jiménez,

16 D.P.R. 172 (1985). Cabe recordar que la representación

simultánea de partes con potencial conflicto de intereses

es éticamente impermisible. Ibid.

En el caso de autos, el licenciado González Carmona

aceptó la representación legal de clientes con intereses

contrapuestos. Representaba a la señora López y a varias

de

las

personas

concederse

demandadas

lo

solicitado

por

el

señor

en

dichas

Núñez.

De

demandas

se

acrecentaría el caudal de la extinta sociedad legal de

gananciales, lo cual sería negativo para los demandados

que él representaba pero beneficiaría a la señora López.

Por

el

contrario,

representaba,

comunidad

se

post

de

triunfar

reduciría

el

matrimonial

los

demandados

caudal

potencial

perjudicando

a

la

que

él

de

la

señora

López. Esta era la realidad procesal, inalterada por la

falta de interés de la señora López en reclamarle pago

alguno a dichos demandados ni el convencimiento moral del

abogado de que éstos nada adeudaban.

La realidad del conflicto de intereses en que se

ubicó el licenciado González Carmona se hace más patente

en

la

situación

Rodríguez.

Rodríguez

El

no

de

la

querellado

adeudaba

cuarta

demandada,

insistió

ningún

dinero

en

que

a

la

Sra.

la

Luz

señora

sociedad

de

CP-2004-5

8

gananciales; que el pagaré que ésta suscribió a favor de

la

sociedad

favorecerla

de

en

gananciales

un

proceso

se

hizo

en

de

quiebra

ánimo

de

con

el

y

consentimiento tanto del señor Núñez y como de la señora

López. Esa reclamación a la fecha en que se presenta la

querella y se emite el Informe de la Comisionada Especial

estaba aún pendiente de adjudicación ante el Tribunal de

Primera Instancia. Es decir, la señora Rodríguez sigue

siendo,

potencialmente,

deudora

de

la

sociedad

de

gananciales una vez compuesta por la señora López y el

señor Núñez. Más aún, a quien único le compete resolver

si

la

señora

representados

Rodríguez

por

el

y

los

licenciado

demás

demandados

González

Carmona

realmente debían algo a la sociedad de gananciales es al

Tribunal

de

Primera

Instancia,

a

base

de

la

prueba

presentada por un abogado libre de conflictos. En vez,

basándose

en

la

información

que

le

ofreció

la

señora

López, el querellado decidió, él mismo, que los señores

Parson, Marín y Rodríguez no debían nada a la sociedad de

gananciales, lo cual le permitía asumir la representación

de todos ellos y continuar con la de la señora López sin

conflictos de interés.

III

En su oposición al Informe de la Comisionada Especial

el

licenciado

vertidos

a

lo

González

largo

Carmona

del

reitera

proceso

los

argumentos

disciplinario.

Expone

primeramente que nunca representó a la sociedad legal de

CP-2004-5

9

gananciales compuesta por la señora López y el querellante

señor Núñez, sino que siempre fue representante de la

señora López. Indica que no hubo prueba respecto a si

“existía

o

podía

existir

acreencias

que

causaban

el

conflicto de interés” y cuestiona el que la Comisionada

haya arribado a conclusiones respecto a ello “a base de

meras alegaciones”.

A

pesar

del

énfasis

que

da

a

ese

argumento,

no

encontramos en el Informe de la Comisionada Especial que

se hubiera concluido que el Lcdo. González Carmona fuera

en algún momento representante legal de la sociedad de

gananciales. Tampoco resulta pertinente al cargo imputado.

En cuanto a las “acreencias”, la Comisionada no llegó a

otra

conclusión

quienes

podían

que

no

fuera

determinar

si

que

éstas

eran

los

existían

tribunales

y

no

el

licenciado González Carmona, y que precisamente por esa

razón éste no debió haber asumido la representación de las

partes “tercera, cuarta y quinta demandadas”, confiado en

su certeza personal de que no había tales deudas. Por otra

parte, no es en el procedimiento disciplinario que debe

litigarse la existencia de las deudas alegadas por el

señor Núñez, sino en el Tribunal de Primera Instancia.

Tampoco

resulta

determinante

en

cuanto

a

la

violación ética imputada el que la parte representada por

el licenciado González Carmona no reclamara nada a sus

otros

representados.

Lo

importante,

según

hemos

explicado, es que si ellos efectivamente debían algo a la

CP-2004-5

10

extinta sociedad legal de gananciales, como alegaba el

señor Núñez y sólo podía resolver el tribunal, el pago de

lo

adeudado

beneficiaría

a

la

señora

López,

dado

el

interés que esta tenía en los bienes aún no liquidados de

dicha sociedad. Por eso, el verse obligado a alegar que

sus

nuevos

clientes

no

adeudaban

nada

a

la

extinta

sociedad de gananciales confligía potencialmente con el

interés de su primera cliente.

El

licenciado

González

Carmona

reitera

en

varias

ocasiones que la sentencia en la cual se archivaron con

perjuicio las reclamaciones en cuanto a los demandados

tercero

y

alegadas

quinto

deudas

demuestra

de

éstos

que

nunca

para

con

existieron

la

las

sociedad

de

gananciales. Ello no es pertinente. La violación al Canon

21

de

Ética

Profesional

no

dependía

de

que

no

se

archivaran las reclamaciones contra los posibles deudores

de la sociedad de gananciales. Esto no cambia la realidad

de que se incurre en conflicto de interés al representar

a un miembro de una sociedad ganancial en liquidación y

al mismo tiempo representar a presuntos deudores de dicha

sociedad.

Como

hemos

señalado,

tampoco

es

pertinente

a

la

evaluación de un posible conflicto de intereses el que

todos los clientes hayan consentido a ser representados

simultáneamente por el Lcdo. González Carmona. El que las

partes den sus consentimientos para que el abogado los

represente a todos no elimina el conflicto de interés ni

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11

le permite a éste aceptar dicha representación. Otaño v.

Vélez, supra. Al momento en que el licenciado González

Carmona

aceptó

la

representación

legal

del

tercero,

cuarto y quinto demandado, la controversia en torno a la

existencia de deudas de éstos a favor de la sociedad de

gananciales de la cual su clienta formó parte, y cuya

liquidación

estaba

consideración

del

pendiente,

Tribunal.

Al

se

encontraba

así

actuar

el

ante

la

abogado

violó el Canon 21 de Ética Profesional.

IV

En su informe la Comisionada Especial nos señala,

como atenuantes, los siguientes:

(1)

El querellado no ha tenido nunca queja

alguna, por lo que no se había visto en

al situación de enfrentar un proceso

disciplinario, siendo ésta la primera

vez.

(2)

No hay prueba de que los motivos del

querellado

hayan

sido

lucrarse

indebidamente o cualquier otro propósito

que no fuere lo que equivocadamente

consideró

era

su

deber,

ante

la

convicción íntima y moral de que lo que

le indicaron sus clientes sobre la

falsedad de las deudas, era cierto.

(3)

No hay prueba de que su actuación haya

causado daño a ninguna de las partes,

por

lo

que

no

existe

reclamación

judicial alguna de la cual tengamos

conocimiento al día de hoy contra el

licenciado González Carmona. De hecho,

como parte del acuerdo transaccional de

las partes, según consta en la sentencia

de fecha 17 de septiembre de 2003, el

quejoso y allí demandado, Sr. Arturo

Núñez, desistió, con perjuicio, de su

demanda contra el tercero demandado y la

“quinta” demandada.

CP-2004-5

12

A tenor con nuestros pronunciamientos, y tomando en

consideración todas la circunstancias del presente caso,

en

especial

haber

que

la

perjudicado

impuesta

al

conducta

a

licenciado

del

querellado

no

parece

terceros,

limitamos

la

sanción

González

Carmona

una

censura

a

severa y le apercibimos que, en el futuro, debe ejercer

mayor

cautela

al

evaluar

las

situaciones

que

pudieran

generar un conflicto de intereses o una apariencia de

impropiedad.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Iván F. González Carmona

CP-2004-5

Certiorari

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente Sentencia, se le impone como sanción al

licenciado González Carmona una censura severa y le

apercibimos que, en el futuro, debe ejercer mayor cautela

al evaluar las situaciones que pudieran generar un

conflicto de intereses o una apariencia de impropiedad.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

del

Tribunal.

La

Jueza

Asociada

señora

Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo