Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Iván F. González Carmona
2007 TSPR 163
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Iván F. González Carmona
CP-2004-0005
Conducta Profesional- Censura por violación al Canon 21 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2007 TSPR 163
Iván F. González Carmona
172 DPR ____
Número del Caso: CP-2004-5
Fecha: 27 de agosto de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera De León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Mariana Negrón Vargas
Subprocuradora General
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Efraín Guzmán Mollet
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Iván F. González Carmona
CP-2004-5
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2007.
El
10
de
mayo
Procurador
General
someter
la
a
de
2004,
la
Oficina
del
para
presentó
un
Informe
consideración
de
este
Tribunal
cierta conducta incurrida por el querellado en
su gestión profesional. Mediante Resolución del
12 de julio de 2004, ordenamos al Procurador
General presentar la querella con los cargos
correspondientes
a
fin
de
continuar
con
el
procedimiento disciplinario. Así se hizo el 22
de septiembre de 2004.
La querella presentada contra el Lcdo. Iván
F.
González
haber
Carmona
violado
el
en
Canon
este
21
caso
de
los
le
imputa
de
Ética
CP-2004-5
2
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.21, el cual dispone,
entre otras cosas, que un profesional no debe representar
intereses encontrados.
Adujo
el
Procurador
que
el
querellado,
siendo
el
representante legal de uno de los miembros de una sociedad
legal
de
gananciales
en
liquidación,
aceptó
ser
y
compareció ante los tribunales como el representante legal
de posibles deudores de dicha sociedad. De esa forma,
incurrió
según el Procurador en un evidente conflicto de
intereses “en tanto su deber era abogar (en beneficio del
miembro de la extinta sociedad ganancial en liquidación)
por aquello a que debía oponerse (en beneficio de los
posibles deudores de la sociedad)”. El licenciado González
Carmona
negó
la
violación
ética
imputada.
Adujo
que
contrario a lo alegado sus representados tenían intereses
en
común
y
reclamos
similares,
no
habiendo
pues
el
conflicto de intereses contemplado por el Canon.
El 10 de febrero de 2005 designamos a la Lcda. Igrí
Rivera
de
Martínez,
ex
Jueza
de
Apelaciones,
como
Comisionada Especial para recibir la prueba del caso y
rendir un informe con las determinaciones de hechos y
recomendaciones pertinentes.
I
El proceso judicial que dio origen a la queja que
inició el presente procedimiento disciplinario comenzó con
una demanda de fecha 11 de febrero de 1999 en el caso de
Teresa López v. Arturo Núñez Salgado, Civil Núm. DAC-99-
CP-2004-5
3
0165, (406) Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de
Bayamón.
El
licenciado
González
Carmona
asumió
la
representación legal de la demandante, Sra. Teresa López,
después de comenzado el caso. En este proceso, la señora
López
solicitaba
la
liquidación
de
los
bienes
de
la
sociedad de bienes gananciales habida con el Sr. Arturo
Núñez Salgado, que se había extinguido por sentencia de
divorcio decretado el 8 de junio de 1998. Específicamente,
la
señora
López
reclamó
la
división
de
los
haberes
gananciales consistentes en su interés pecuniario en dos
(2) bienes inmuebles.
El señor Núñez Salgado contestó la demanda el 10 de
mayo de 1999. En agosto de 2002, presentó demandas contra
el
tercero
demandada”,
demandado
Paul
Luz
Rodríguez
María
Parson,
contra
García,
y
la
“cuarta
contra
la
“quinta demandada”, Natalia Teresa Marín López.
Respecto
al
señor
Parson,
quien
era
compañero
consensual de la señora López, el señor Núñez reclamó una
deuda
por
el
alegado
pertenecientes
a
cuanto
señora
a
la
la
uso
sociedad
Rodríguez
de
legal
bienes
de
García,
inmuebles
gananciales.
denominada
En
como
cuarta demandada, el señor Núñez alegó que ésta adeudaba a
la sociedad legal de gananciales, veintiún mil (21,000.00)
dólares de un supuesto pagaré que se otorgó en el año 1988
como
resultado
de
la
compraventa
de
una
propiedad
ganancial. A la “quinta demandada”, Natalia Teresa Marín
López, hija de la demandante Teresa López Reyes, el señor
CP-2004-5
4
Núñez
le
reclamó
un
ella,
perteneciente
dinero
alegadamente
a
sociedad
la
apropiado
legal
de
por
bienes
gananciales.
El
Lcdo.
representación
Iván
legal
de
González
Carmona
asumió
la
todas
partes
demandadas
y
las
contestó las tres demandas de forma separada. En dichas
contestaciones
el
licenciado
González
planteó
que
las
deudas y reclamaciones alegadas por el señor Núñez eran
inexistentes, irreales y sin fundamento alguno. En vista
celebrada el 11 de abril de 2003 se informaron al tribunal
unos acuerdos entre las partes que de forma definitiva
pusieron fin a las demandas tercera y quinta. Acorde a
ello,
el
foro
de
instancia
dictó
sentencia
el
17
de
septiembre de 2003, notificada el 7 de octubre de 2003,
archivando
con
Parson
Natalia
y
perjuicio
Marín.
las
reclamaciones
La
reclamación
contra
contra
Paul
Luz
M.
Rodríguez García quedó pendiente.
Una vez advino final y firme la sentencia aludida, y
mientras se dilucidaban en el foro de instancia otros
asuntos relativos a la custodia de una menor hija de la
señora López y el señor Núñez, se presentó la queja que ha
motivado el presente procedimiento disciplinario el 25 de
noviembre de 2003. Posteriormente, el 16 de junio de 2004,
el
licenciado
representación
González
legal
en
el
Carmona
caso
renunció
sobre
a
liquidación
la
de
bienes, mencionado anteriormente. También lo hizo en el
caso de divorcio, dentro del cual se estaba dilucidando lo
CP-2004-5
5
relativo a la custodia de la menor hija del señor Núñez y
la señora López.
El señor Núñez ya había solicitado la descalificación
del licenciado González Carmona, durante el proceso de
divorcio,
imputando
violación
al
Canon
21
de
Ética
Profesional. El Tribunal de Primera Instancia, mediante
Resolución de fecha 3 de marzo de 2004, determinó que ello
no procedía.
II
El Canon 21 de Ética Profesional dispone como sigue:
El abogado tiene para con su cliente un deber
de lealtad completa. Este deber incluye la
obligación de divulgar al cliente todas las
circunstancias de sus relaciones con las
partes y con terceras personas, y cualquier
interés
en
la
controversia
que
pudiera
influir en el cliente al seleccionar su
consejero. Ningún abogado debe aceptar una
representación
legal
cuando
su
juicio
profesional
pueda
ser
afectado
por
sus
intereses personales.
No es propio de un profesional el representar
intereses encontrados. Dentro del significado
de
esta
regla,
un
abogado
representa
intereses encontrados cuando, en beneficio de
un cliente, es su deber abogar por aquello a
que debe oponerse en cumplimiento de sus
obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con
fidelidad incluye la de no divulgar sus
secretos o confidencias y la de adoptar
medidas adecuadas para evitar su divulgación.
Un abogado no debe aceptar la representación
de un cliente en asuntos que puedan afectar
adversamente
cualquier
interés
de
otro
cliente anterior ni servir como árbitro,
especialmente cuando el cliente anterior le
ha hecho confidencias que puedan afectar a
una o otro cliente, aún cuando ambos clientes
así lo aprueben. Será altamente impropio de
un abogado el utilizar las confidencias o
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6
secretos de un cliente en perjuicio de éste.
(Énfasis suplido).
. . .
En In re: Avilés Cordero, Tosado Arocho, 157 D.P.R.
867, 882 (2002), citando a In re: Sepúlveda Gión, 155
D.P.R. 345, 355 (2001), expresamos lo siguiente:
El conflicto de intereses contemplado en el
Canon 21 de Ética Profesional, presenta tres
(3) situaciones que deben ser evitadas por todo
abogado: “... que en beneficio de un cliente se
abogue por aquello a lo que el letrado debe
oponerse en cumplimiento de sus obligaciones
para con otro cliente; que un abogado acepte la
representación de un cliente en asuntos que
puedan afectarse adversamente cualquier interés
de un cliente anterior; y que un abogado acepte
una representación legal, o que continúe en
ella, cuando su juicio profesional pueda ser
afectado por sus intereses personales”. Es
decir, dicha norma ética pretende evitar
conducta profesional que mine el principio
cardinal de confianza en que debe fundamentarse
toda relación fiduciaria entre un abogado y su
cliente. (Énfasis suplido).
En
Otaño
v.
Vélez,
141
D.P.R.
820,
826
(1996),
indicamos que:
El citado Canon 21 le impone a todo abogado
el deber de evitar tres situaciones básicas,
a saber: (1) aceptar la representación legal
cuando a su juicio ésta puede verse afectada
por sus expectativas o intereses personales;
(2)
aceptar
la
representación
legal
simultánea de dos clientes distintos con
intereses contrapuestos, y (3) aceptar la
representación de un cliente en asuntos que
puedan
afectar
cualquier
interés
de
un
cliente anterior. (Énfasis suplido).
Hemos
explicado
que
para
que
entre
en
vigor
la
prohibición sobre conflicto de intereses del Canon 21 se
requiere la existencia de una relación de abogado-cliente
dual.
In
re:
Soto
Cardona,
143
D.P.R.
50
(1997).
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7
Existente
ésta
se
debe
determinar
si
ello
implica
representar intereses encontrados o incompatibles, In re:
Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986), o que puedan
serlo potencialmente, Sánchez Rodríguez v. López Jiménez,
16 D.P.R. 172 (1985). Cabe recordar que la representación
simultánea de partes con potencial conflicto de intereses
es éticamente impermisible. Ibid.
En el caso de autos, el licenciado González Carmona
aceptó la representación legal de clientes con intereses
contrapuestos. Representaba a la señora López y a varias
de
las
personas
concederse
demandadas
lo
solicitado
por
el
señor
en
dichas
Núñez.
De
demandas
se
acrecentaría el caudal de la extinta sociedad legal de
gananciales, lo cual sería negativo para los demandados
que él representaba pero beneficiaría a la señora López.
Por
el
contrario,
representaba,
comunidad
se
post
de
triunfar
reduciría
el
matrimonial
los
demandados
caudal
potencial
perjudicando
a
la
que
él
de
la
señora
López. Esta era la realidad procesal, inalterada por la
falta de interés de la señora López en reclamarle pago
alguno a dichos demandados ni el convencimiento moral del
abogado de que éstos nada adeudaban.
La realidad del conflicto de intereses en que se
ubicó el licenciado González Carmona se hace más patente
en
la
situación
Rodríguez.
Rodríguez
El
no
de
la
querellado
adeudaba
cuarta
demandada,
insistió
ningún
dinero
en
que
a
la
Sra.
la
Luz
señora
sociedad
de
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gananciales; que el pagaré que ésta suscribió a favor de
la
sociedad
favorecerla
de
en
gananciales
un
proceso
se
hizo
en
de
quiebra
ánimo
de
con
el
y
consentimiento tanto del señor Núñez y como de la señora
López. Esa reclamación a la fecha en que se presenta la
querella y se emite el Informe de la Comisionada Especial
estaba aún pendiente de adjudicación ante el Tribunal de
Primera Instancia. Es decir, la señora Rodríguez sigue
siendo,
potencialmente,
deudora
de
la
sociedad
de
gananciales una vez compuesta por la señora López y el
señor Núñez. Más aún, a quien único le compete resolver
si
la
señora
representados
Rodríguez
por
el
y
los
licenciado
demás
demandados
González
Carmona
realmente debían algo a la sociedad de gananciales es al
Tribunal
de
Primera
Instancia,
a
base
de
la
prueba
presentada por un abogado libre de conflictos. En vez,
basándose
en
la
información
que
le
ofreció
la
señora
López, el querellado decidió, él mismo, que los señores
Parson, Marín y Rodríguez no debían nada a la sociedad de
gananciales, lo cual le permitía asumir la representación
de todos ellos y continuar con la de la señora López sin
conflictos de interés.
III
En su oposición al Informe de la Comisionada Especial
el
licenciado
vertidos
a
lo
González
largo
Carmona
del
reitera
proceso
los
argumentos
disciplinario.
Expone
primeramente que nunca representó a la sociedad legal de
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9
gananciales compuesta por la señora López y el querellante
señor Núñez, sino que siempre fue representante de la
señora López. Indica que no hubo prueba respecto a si
“existía
o
podía
existir
acreencias
que
causaban
el
conflicto de interés” y cuestiona el que la Comisionada
haya arribado a conclusiones respecto a ello “a base de
meras alegaciones”.
A
pesar
del
énfasis
que
da
a
ese
argumento,
no
encontramos en el Informe de la Comisionada Especial que
se hubiera concluido que el Lcdo. González Carmona fuera
en algún momento representante legal de la sociedad de
gananciales. Tampoco resulta pertinente al cargo imputado.
En cuanto a las “acreencias”, la Comisionada no llegó a
otra
conclusión
quienes
podían
que
no
fuera
determinar
si
que
éstas
eran
los
existían
tribunales
y
no
el
licenciado González Carmona, y que precisamente por esa
razón éste no debió haber asumido la representación de las
partes “tercera, cuarta y quinta demandadas”, confiado en
su certeza personal de que no había tales deudas. Por otra
parte, no es en el procedimiento disciplinario que debe
litigarse la existencia de las deudas alegadas por el
señor Núñez, sino en el Tribunal de Primera Instancia.
Tampoco
resulta
determinante
en
cuanto
a
la
violación ética imputada el que la parte representada por
el licenciado González Carmona no reclamara nada a sus
otros
representados.
Lo
importante,
según
hemos
explicado, es que si ellos efectivamente debían algo a la
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10
extinta sociedad legal de gananciales, como alegaba el
señor Núñez y sólo podía resolver el tribunal, el pago de
lo
adeudado
beneficiaría
a
la
señora
López,
dado
el
interés que esta tenía en los bienes aún no liquidados de
dicha sociedad. Por eso, el verse obligado a alegar que
sus
nuevos
clientes
no
adeudaban
nada
a
la
extinta
sociedad de gananciales confligía potencialmente con el
interés de su primera cliente.
El
licenciado
González
Carmona
reitera
en
varias
ocasiones que la sentencia en la cual se archivaron con
perjuicio las reclamaciones en cuanto a los demandados
tercero
y
alegadas
quinto
deudas
demuestra
de
éstos
que
nunca
para
con
existieron
la
las
sociedad
de
gananciales. Ello no es pertinente. La violación al Canon
21
de
Ética
Profesional
no
dependía
de
que
no
se
archivaran las reclamaciones contra los posibles deudores
de la sociedad de gananciales. Esto no cambia la realidad
de que se incurre en conflicto de interés al representar
a un miembro de una sociedad ganancial en liquidación y
al mismo tiempo representar a presuntos deudores de dicha
sociedad.
Como
hemos
señalado,
tampoco
es
pertinente
a
la
evaluación de un posible conflicto de intereses el que
todos los clientes hayan consentido a ser representados
simultáneamente por el Lcdo. González Carmona. El que las
partes den sus consentimientos para que el abogado los
represente a todos no elimina el conflicto de interés ni
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le permite a éste aceptar dicha representación. Otaño v.
Vélez, supra. Al momento en que el licenciado González
Carmona
aceptó
la
representación
legal
del
tercero,
cuarto y quinto demandado, la controversia en torno a la
existencia de deudas de éstos a favor de la sociedad de
gananciales de la cual su clienta formó parte, y cuya
liquidación
estaba
consideración
del
pendiente,
Tribunal.
Al
se
encontraba
así
actuar
el
ante
la
abogado
violó el Canon 21 de Ética Profesional.
IV
En su informe la Comisionada Especial nos señala,
como atenuantes, los siguientes:
(1)
El querellado no ha tenido nunca queja
alguna, por lo que no se había visto en
al situación de enfrentar un proceso
disciplinario, siendo ésta la primera
vez.
(2)
No hay prueba de que los motivos del
querellado
hayan
sido
lucrarse
indebidamente o cualquier otro propósito
que no fuere lo que equivocadamente
consideró
era
su
deber,
ante
la
convicción íntima y moral de que lo que
le indicaron sus clientes sobre la
falsedad de las deudas, era cierto.
(3)
No hay prueba de que su actuación haya
causado daño a ninguna de las partes,
por
lo
que
no
existe
reclamación
judicial alguna de la cual tengamos
conocimiento al día de hoy contra el
licenciado González Carmona. De hecho,
como parte del acuerdo transaccional de
las partes, según consta en la sentencia
de fecha 17 de septiembre de 2003, el
quejoso y allí demandado, Sr. Arturo
Núñez, desistió, con perjuicio, de su
demanda contra el tercero demandado y la
“quinta” demandada.
CP-2004-5
12
A tenor con nuestros pronunciamientos, y tomando en
consideración todas la circunstancias del presente caso,
en
especial
haber
que
la
perjudicado
impuesta
al
conducta
a
licenciado
del
querellado
no
parece
terceros,
limitamos
la
sanción
González
Carmona
una
censura
a
severa y le apercibimos que, en el futuro, debe ejercer
mayor
cautela
al
evaluar
las
situaciones
que
pudieran
generar un conflicto de intereses o una apariencia de
impropiedad.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Iván F. González Carmona
CP-2004-5
Certiorari
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de
la presente Sentencia, se le impone como sanción al
licenciado González Carmona una censura severa y le
apercibimos que, en el futuro, debe ejercer mayor cautela
al evaluar las situaciones que pudieran generar un
conflicto de intereses o una apariencia de impropiedad.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria
del
Tribunal.
La
Jueza
Asociada
señora
Rodríguez Rodríguez concurre sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo