LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

García Hernández y otros v. Hormigonera Mayagüezana;Guirimar Construction Corp., y otros

2007 TSPR 145

Poder Judicial de Puerto Rico

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García Hernández y otros v. Hormigonera Mayagüezana;Guirimar Construction Corp., y otros

AC-2006-0071

Procedimiento Civil- Moción de determinaciones de hechos adicionales: interrupción del término para acudir al Tribunal de Apelaciones

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico representado por

el Departamento de Justicia,

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

Demandante-recurrido

Certiorari

2007 TSPR 145

171 DPR ____

v.

Saint James Security Services,

Inc.; Luis Maldonado Trinidad,

Como Presidente de Saint James

Security

Services,

Inc.;

National

Investigation

and

Protection

Group, Inc.; y

Héctor M. Rivera Serrano, como

Presidente

de

National

Investigation and Protection

Group, Inc.

Demandados-peticionarios

Puerto Rican Cement Company,

Inc.

Interventora

Número del Caso: CC-2000-995

Fecha: 31 de julio de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Edwin L. Bello Rivera

Lcda. Dora M. Peñagarícano

Oficina del Procurador General:

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Mandamus

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico representado por

el Departamento de Justicia,

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

Demandante-recurrido

Certiorari

v.

Saint James Security Services,

Inc.; Luis Maldonado Trinidad,

como Presidente de Saint James

Security

Services,

Inc.;

Nacional

Investigation

and

Protection

Group,

Inc.;

y

Héctor M. Rivera Serrano, como

Presidente

de

Nacional

Investigation and Protection

Group, Inc.

Demandados-peticionarios

Puerto

Inc.

Rican

Cement

CC-2000-995

Company,

Interventora

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2007.

En el presente recurso atendemos la solicitud que nos

hacen

los

recurrentes

Saint

adelante

Saint

adelante

National,

y

Co.,

adelante

PRC,

en

dictada

por

James,

el

James

National

la

Security

Investigation

interventora

para

que

Tribunal

Services,

Puerto

revoquemos

de

Group,

Rican

la

en

en

Cement

sentencia

Apelaciones

que

2

CC-2000-995

confirmó

al

Tribunal

de

Primera

Instancia.

En

sus

respectivas sentencias, los foros inferiores validaron un

subpœna

duces

Oficina

de

tecum

Asuntos

et

ad

emitido

testificandum

Monopolísticos

del

por

la

Departamento

de

Justicia, en adelante OAM, y dirigido a los recurrentes

como parte de una investigación antimonopolística centrada

en PRC.

I

Como resultado de varias querellas presentadas ante la

OAM con relación a posibles prácticas monopolísticas en la

industria del cemento, dicha oficina comenzó a investigar a

la

PRC.

Estas

querellas

le

imputan

intentado

monopolizar

la

efectuado

actos

para

restringir

horizontal

el

comercio

intentar

dividir

el

industria

en

la

mercado

a

del

la

PRC

cemento

ilegalmente

industria

y

del

geográficamente

haber

y

haber

de

manera

cemento

y

al

mediante

carteles, hacer acuerdos de no competencia, fijar precios y

llevar a cabo otras conductas anticompetitivas de índole no

económica.

Las

imputaciones

que

se

le

hacen

a

la

PRC

implican posibles infracciones a los artículos 2 y 4 de la

Ley núm. 77 del 25 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs. 258

y 260.

El 18 de noviembre de 1997 la OAM cursó un subpœna

duces tecum et ad testificandum a Saint James, empresa que

se

dedica

a

brindar

servicios

de

seguridad.

Dicho

requerimiento fue reiterado el 8 de enero de 1998.

El 3 de

CC-2000-995

3

febrero de 1998 la OAM emitió un tercer subpœna, esta vez

más amplio que los primeros.[1]

El

2

recurrente,

de

marzo

de

National,

1998,

un

la

subpœna

OAM

envió

similar.

a

la

otra

Ante

la

renuencia de los recurrentes, la OAM acudió el 18 de junio

de 1998 al Tribunal de Primera Instancia y presentó un

recurso de Mandamus para que el tribunal les ordenara a

[1]

La OAM solicitó los siguientes documentos:

1. Contratos existentes en el período comprendido

de enero de 1994 al presente entre Saint James

Security y la Puerto Rican Cement, Ponce Cement o

directores,

oficiales

o

representantes

autorizados de éstas.

2. Fecha de duración de los contratos y cláusulas

establecidas en éstos.

3. Nombre, dirección y teléfono de las personas

que fueron asignadas al cumplimiento de dichos

contratos.

4.

Fotos,

memos,

grabaciones,

documentos

e

informes rendidos por sus empleados en el

cumplimiento de esos contratos con la Puerto

Rican Cement.

5. Indique si Saint James Security tiene o ha

tenido,

subsidiarias,

compañías

afiliadas,

entidades comerciales o acciones de capital en

otras compañías, personas naturales o jurídicas

y/o entidades comerciales que operen bajo otro

nombre y que provean o hayan brindado servicios

de

vigilancia,

seguridad,

detectivescos

o

policíacos a la Puerto Rican Cement en el período

comprendido de enero de 1994 al presente. Además

indique cualquier contrato o acuerdo para proveer

servicios, similares a los descritos en el

presente inciso, con persona jurídica o natural

que no sea propiedad, en todo o en parte o

afiliada a la Saint James Security.

6.

Cualquier

documento,

incluyendo

los

mencionados en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 de este

subpoena; archivo, comunicación y/o material

relacionado a servicios de vigilancia, seguridad,

detectivescos o policíacos, brindados a la Puerto

Rican Cement, por cualquier persona natural o

jurídica, propiedad o afiliada de la Saint James

Security, en el período comprendido de enero de

1994 al presente.

CC-2000-995

4

cumplir con el subpœna.

La OAM argumentó que emitió los

referidos subpœnas por entender que los recurrentes “tienen

conocimiento y poseen información, evidencia y documentos

como

agencias

de

seguridad

y

oficiales

autorizados

de

dichas agencias, que son necesarios en la investigación en

curso de la [OAM] sobre alegadas violaciones y practicas

injustas en la industria del cemento.”[2]

Estas razones no

fueron

La

expresadas

intervenir

en

el

en

los

pleito,

subpœnas.

a

lo

cual

el

PRC

foro

solicitó

de

primera

instancia accedió.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el

Tribunal

de

particularizar

Primera

y

Instancia

aclarar

cuál

solicitaba a los recurrentes.

ordenó

era

la

a

la

OAM

información

a

que

La OAM optó por emitir un

segundo subpœna duces tecum et ad testificandum el 5 de

octubre de 1998, ante el cual los recurrentes insistieron

en su negativa a comparecer.

La citación solicitó los siguientes documentos:

1. Contratos vigentes en los pasados (4) años

entre Saint James y la Puerto Rican Cement Company

(PRCC) o representantes autorizados de ésta.

2. Indique si Saint James tiene o ha tenido,

subsidiarias,

corporaciones,

compañías,

negocios,

entidades comerciales u otras personas naturales o

jurídicas en las que tiene o tuvo interés propietario

o de acciones de capital y que operan bajo otro nombre

y

que

provean

o

hayan

brindado

servicios

de

vigilancia, seguridad, detectivescos o policíacos a la

PRCC en el período comprendido de enero de 1994 al

presente.

Tomado de la Demanda y Petición de la OAM ante el Tribunal

de

Primera

Instancia. Estas

razones

no

han

sido

reproducidas en las subsiguientes comparecencias de la OAM,

incluyendo su comparecencia ante esta Curia.

[2]

CC-2000-995

5

3. Nombre, dirección y teléfono de empleados,

detectives, personas y supervisores; [sic] que sean o

hayan sido empleados de Saint James; [sic] y que

fueron asignados al cumplimiento de los contratos que

se mencionan en el inciso (1) de los documentos

requeridos.

4. Mencione cualquier instrucción u orden de

manera escrita u oral dada a Saint James, sus

empleados, detectives, personas o supervisores; [sic]

que sean o hayan sido empleados de Saint James; [sic]

en relación al cumplimiento de los contratos que se

mencionan

en

el

inciso

(1)

de

los

documentos

requeridos.

5. Fotos y/o videos tomados por empleados o

detectives; [sic] que sean o hayan sido empleados de

Saint James; [sic] en el cumplimiento de los contratos

que se mencionan en el inciso (1) de este Subpoena y

de los cuales haya sido sujeto:

(a) Cualquier competidor de la PRCC en el negocio

del cemento, hormigón o materia prima del

cemento.

(b) Cualquier empresa, corporación, negocio o

persona natural o jurídica por razón de sus

relaciones comerciales con un competidor de la

PRCC en el negocio del cemento, hormigón o

materia prima del cemento.

6. Memos e informes rendidos por empleados o

detectives; [sic] que sean o hayan sido empleados de

Saint James; [sic] en el cumplimiento de los contratos

que se mencionan en el inciso (1) de este Subpoena y

de los cuales haya sido sujeto:

(a) Cualquier competidor de la PRCC en el negocio

del cemento, hormigón o materia prima del

cemento.

(b) Cualquier empresa, corporación, negocio o

persona natural o jurídica por razón de sus

relaciones comerciales con un competidor de la

PRCC en el negocio del cemento, hormigón o

materia prima del cemento.

Los recurrentes alegaron que el subpœna atenta contra

la protección que establece nuestro régimen constitucional

en

la

Sección

10ma

del

artículo

II

del

texto

de

la

CC-2000-995

6

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por

no

informar

solicitud

los

de

información

hechos

concretos

información.

no

se

subpœna duces tecum.

puede

que

dan

base

a

Argumentaron

que

sin

dicha

evaluar

la

razonabilidad

la

del

Además, adujeron los recurrentes que

la Ley de detectives privados en Puerto Rico, Ley 108 del

29 de junio del 1965, en su artículo 18, 25 L.P.R.A. sec.

285q, establece una prohibición de divulgar información que

les impide cumplir con el subpœna duces tecum de la OAM. [3]

Por su parte, la OAM argumentó que no está obligada a

informar y divulgar a los demandados los hechos concretos

que dan base a su solicitud de información por encontrarse

la

pesquisa

en

la

etapa

investigativa.

Señaló

que

su

interés al emitir los subpœnas es indagar si se ha violado

la ley, y que no es hasta que se impute delito que surge la

obligación

de

violación,

pues

en

ese

invocar

las

garantías

pueden

informar

los

hechos

momento

es

constitutivos

que

los

de

la

recurrentes

constitucionales.

Además

señaló la OAM que la Ley de detectives privados, supra,

[3]

Prohibición de divulgar información

Ninguna

persona

que

sea

o

haya

sido

detective privado, o empleado de un detective

privado, o miembro o empleado de una agencia,

divulgará privada o públicamente la información

que viniere a su conocimiento en el curso de su

trabajo sin el consentimiento expreso por escrito

de la persona que contrató los servicios de dicha

persona o agencia, exceptuando toda información

relacionada con la comisión de delitos públicos y

los casos en que fuere requerido para ello por

ley. 25 L.P.R.A. 285q

CC-2000-995

7

establece una excepción a la prohibición de no divulgar que

aplica en el caso de autos.

Por último expresó que bajo el

poder

conferido

de

investigación

por

la

Asamblea

Legislativa en la Ley 77 del 25 de junio del 1964, 10

L.P.R.A.

sec. 272, particularmente en su artículo 15, el

subpœna duces tecum no adolece de vicio constitucional.

El

Tribunal

información

de

requerida

Primera

Instancia

decidió

en

incisos

2,

los

1,

3

y

que

la

5

del

subpœna impugnado era pertinente para determinar si la PRC

había incurrido en violaciones a la Ley de Monopolios.

No

obstante ordenó que se eliminara el inciso 4, por estar

dicha información protegida por el artículo 18 de la Ley de

detectives

privados.

resolvió

el

que

En

artículo

cuanto

18

a

de

los

la

incisos

Ley

de

restantes

detectives

privados no era un obstáculo para la producción de los

documentos solicitados pues dicho artículo establece que

ante una investigación gubernamental, se puede divulgar la

información protegida por el estatuto.

Los recurrentes acudieron en apelación al Tribunal de

Apelaciones.

Allí no objetaron la decisión del Tribunal de

Primera Instancia en cuanto a la aplicación de la excepción

de la Ley de detectives privados.

Su reclamo consistió en

que la falta de expresión de los hechos concretos en que se

basa la investigación no permite determinar la pertinencia

de

la

información

requerida

requerimiento de información.

o

la

legitimidad

del

El foro apelativo confirmó

la decisión del Tribunal de Primera Instancia y concluyó

CC-2000-995

que

de

8

acuerdo

requerimiento

al

de

argumento

información

de

los

recurrentes,

formulado

a

través

un

de

una

citación vendría obligado a cumplir con el requisito de

causa

probable

que

sólo

aplica

a

los

casos

en

que

sea

necesario una orden judicial de registro y allanamiento.

El Tribunal de Apelaciones recalcó en su sentencia que la

intervención

con

recibe

protección

una

un

ciudadano

menor

registros o allanamientos.

producida

que

la

por

un

requerida

subpœna

para

los

Por esas razones, dicho foro

confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Los

recurrentes

comparecieron

ante

este

Tribunal

mediante recurso de Certiorari, y reiteraron los argumentos

expresados ante el Tribunal de Apelaciones en cuanto a que

la

OAM

no

incluyó

documentación

en

su

subpœna

la

los

hechos

solicitada,

pertinencia

de

concretos

la

que

motivaron su investigación a la PRC, ni los objetivos de la

misma.

Los recurridos plantearon que a pesar de que la OAM

indicó que existían unas querellas contra la PRC, éstas

nunca se presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia,

de

manera

que

éste

pudiera

conocer

naturaleza

de

las

mismas

para

el

contenido

la

si

la

investigación se llevaba a cabo conforme a derecho.

Los

recurrentes

haya

imputaron

como

error

determinar

y

el

que

no

se

solicitado a la OAM que demostrara la legitimidad de su

investigación.

En

cuanto

a

los

subpœnas

impugnados,

alegaron que éstos no expresaban violación alguna en la que

hubiese incurrido la PRC, tampoco contenían la fecha de la

CC-2000-995

9

ocurrencia de la alegada violación ni la fecha en que la

OAM se enteró de la supuesta violación.

Por estas razones

los recurrentes arguyeron que los foros inferiores erraron

al

no

exigirle

a

los

recurridos

que

subsanaran

dichas

faltas en los subpœnas y al fundamentar su negativa en que

por no tratarse de un registro o allanamiento, sino de un

requerimiento de información, la protección constitucional

es inferior.

Por

su

parte,

los

recurridos

argumentaron

que

de

acuerdo a la jurisprudencia que versa sobre los subpœnas

duces

tecum

et

ad

no

testificandum,

se

requiere

la

existencia previa de una querella o violación de ley, es

suficiente

que

propósito

la

autorizado

investigación

por

ley.

se

realice

Adujeron

que

para

un

tampoco

se

requiere mostrar causa probable como en el caso de los

registros y allanamientos, ya que según argumentaron, el

requisito

de

razonabilidad

registros

y

adecuada,

pero

requieren.

En fin, los recurridos alegaron que de acuerdo

allanamientos

no

requerido

se

en

los

casos

cumple

detallando

en

los

documentos

que

excesiva,

de

forma

se

a los amplios poderes investigativos de las agencias, y

según los límites constitucionales que la jurisprudencia ha

impuesto

a

dichas

facultades,

los

subpœnas

emitidos

cumplían con los requisitos de razonabilidad, pertinencia y

necesidad establecidos en la jurisprudencia.

El

30

Resolución

de

marzo

del

2001

este

denegando

el

recurso

de

Tribunal

emitió

Certiorari

de

una

los

CC-2000-995

10

recurrentes.

En Reconsideración decidimos expedir el auto

solicitado.

Tras un detenido examen del expediente y del

derecho

aplicable,

revocamos

la

sentencia

recurrida

y

anulamos los subpœnas expedidos por la Oficina de Asuntos

Monopolísticos.

Primera

Se ordena devolver el caso al Tribunal de

Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos.

Lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora

Fiol Matta concurre con el resultado con opinión escrita.

El

Juez

asociado

Señor

opinión

escrita.

La

Fuster

Jueza

Berlingeri

Asociada

disiente

señora

sin

Rodríguez

Rodríguez no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

representado

por

el

Departamento de Justicia, Oficina

de Asuntos Monopolísticos

Demandante-recurrido

Certiorari

v.

Saint James Security Services,

Inc.; Luis Maldonado Trinidad,

como Presidente de Saint James CC-2000-995

Security Services, Inc.; Nacional

Investigation

and

Protection

Group, Inc.; y Héctor M. Rivera

Serrano,

como

Presidente

de

Nacional

Investigation

and

Protection Group, Inc.

Demandados-peticionarios

Puerto Rican Cement Company, Inc.

Interventora

Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA

FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2007.

El

recurso

controversia

ante

que

no

nuestra

ha

consideración

sido

atendida

presenta

una

expresamente

en

nuestro ordenamiento, a saber, si en el caso de un subpœna

duces tecum administrativo, dirigido a un tercero para que

divulgue información suya a pesar de no ser el objeto de la

investigación, se requiere explicitar la pertinencia de la

información requerida.

Por eso, si bien me parece atinada

la

este

disposición

que

de

caso

ha

hecho

la

Mayoría,

2

CC-2000-995

entiendo

que

debimos

examinar

a

fondo

los

criterios

aplicables a las investigaciones administrativas frente a

reclamos

de

terceros

constitucionales

contra

basados

en

las

citaciones,

garantías

allanamientos

y

registros irrazonables, con miras a elaborar las guías que

requiere dicha actuación gubernamental.

I

En

Puerto

Rico,

el

desarrollo

doctrinario

y

jurisprudencial en materia de derecho administrativo tiene

como

origen

la

estadounidense.

doctrina

y

la

jurisprudencia

A través de los años, éstas se han seguido

usando como referente por las posibles correspondencias que

un origen común pueda brindar, siempre que sean compatibles

con

nuestro

acervo

legal.

Resulta

útil

comparar

el

desarrollo jurídico de la doctrina sobre investigaciones

administrativas y el uso de subpœnas duces tecum en ambas

jurisdicciones.

El

explica

tratadista

la

norteamericano

importancia

de

la

Bernard

Schwartz,

información

para

nos

el

funcionamiento de las agencias administrativas con estas

palabras:

Information is the fuel without which the

administrative engine could not operate; the old

saw that knowledge is power has the widest

application in administrative law.

To exercise

its substantive powers of rule making and

adjudication intelligently, the agency must know

what is going on in the area committed to its

authority. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed.,

1991, p. 110,

3

CC-2000-995

Aunque es común que las agencias obtengan información

de manera voluntaria, con frecuencia se les delega mediante

legislación el poder de obligar a las personas a que les

suministren la información que necesiten.

H.M.C.A. (P.R.),

Inc., etc. v. Contralor, 133 D.P.R. 965, 968-969 (1993).

El poder de investigación es para Schwartz, op. cit., p.

178 el modo mediante el cual una agencia puede asegurar la

consecución

de

la

información

necesaria

para

el

uso

racional de sus poderes sustantivos.

El poder de requerir información de manera coercitiva

incluye el poder de citar testigos y el de requerir la

producción

de

documentos.

A

ese

poder

se

le

denomina

también como el poder de subpoena ad testificandum, cuando

se requiere meramente testimonio, o subpoena duces tecum,

cuando se requiere que se comparezca ante la agencia para

producir

documentos.

H.M.C.A.

(P.R.),

Inc.,

etc.

v.

Contralor, supra.

Las citaciones administrativas que se utilizan para

obtener información en el curso de una investigación son

instrumentos vitales para que las agencias puedan cumplir

las

funciones

que

se

les

encomiendan.

Inc., etc. v. Contralor, supra.

H.M.C.A.

(P.R.),

Schwartz recalca que sin

el poder para emitir subpœnas, el poder de investigación

administrativo

investigado.

queda

Sobre

subordinado

la

naturaleza

al

consentimiento

del

e

importancia

ese

de

instrumento investigativo el autor expresa lo siguiente:

The subpoena power differs materially… from

the power to gather data and make investigations.

4

CC-2000-995

Without the subpoena that power is in effect a

power of inspection at the employer’s place of

business to be exercised only on his consent…

[T]he subpoena is in form an official command,

and even though improvidently issued it has some

coercive tendency. Schwartz, Administrative Law:

A Case Book, 4ta ed., 1994, pág. 199.

A mediados del siglo pasado, en tiempos de guerra, las

agencias

administrativas

jugaron

un

papel

central

en

la

estabilización económica y social de los Estados Unidos,

regulando

la

producción

precios.

Ello,

según

industrial,

explica

constitucionales

profundos

estadounidense,

con

un

que

los

salarios

y

los

Davis,

requirió

cambios

el

Tribunal

Supremo

criterio

contrario

a

años

anteriores, no titubeó en realizar.[1] El caso de Endicott

Johnson v. Perkins, 317 U.S. 501 (1943), marcó una nueva

época para las agencias del ejecutivo.

En dicho caso, la

agencia gubernamental emitió un subpœna contra una compañía

alegando

tener

“razones

incurrido

en

agencia.

La compañía alegó que la información solicitada

violaciones

para

creer”

a

ley

la

que

ésta

custodiada

había

por

la

no era pertinente a las determinaciones que la Secretaria

de la agencia estaba facultada a hacer según el estatuto

orgánico. El

Tribunal

Supremo

resolvió

que

era

a

la

Secretaria a quien le competía determinar la pertinencia de

En palabras del tratadista:

[1]

… if the Constitution stood in the way, as

it unquestionably did, the Constitution would

have to be changed… The Justices of the Supreme

Court dutifully carried out the unmaking and the

remaking. Administrative Law Treatise, 2da ed.,

Vol. I, K.C. Davis Pub. Co., California, 1978,

págs. 228-299.

5

CC-2000-995

la información requerida.

medida

en

impertinente

que

la

Su discreción era amplia en la

evidencia

(plainly

no

incompetent

fuera

or

evidentemente

irrelevant)

a

los

fines que le estaban encomendados legalmente.

Inclusive,

el

apelado

Tribunal

Supremo

expresó

que

el

tribunal

no

tenía autoridad para dilucidar el asunto concerniente a la

envergadura de la investigación.[2]

La

opinión

Oklahoma

Press

(1946),

dejó

del

Tribunal

Publishing

claro

que

Supremo

Co.

la

v.

estadounidense

en

327

186

Walling,

norma

expuesta

U.S.

en

Endicott

Johnson v. Perkins, supra, era de aplicación general, y

constituía la nueva doctrina sobre el alcance del poder

investigativo

de

las

agencias

federales.

Además,

dicha

opinión manifestó que un subpœna no constituye un registro

o

un

allanamiento,

limitándose

por

tanto

la

protección

constitucional ofrecida por la Enmienda Cuarta a que el

requerimiento no sea demasiado indefinido o amplio, que la

agencia esté autorizada por ley a requerir información y

que la información requerida sea pertinente.

requerimiento

no

puede

ser

En fin, el

irrazonable. Oklahoma

Press

Publishing Co. v. Walling, supra, p. 195.

Los precedentes doctrinarios anteriores a Endicott y

Oklahoma Press, diametralmente contrarios a esta nueva

Este criterio era diametralmente opuesto al que sostuvo el

Tribunal Supremo estadounidense a principios del siglo

pasado, cuando resolvió que una orden para producir

información podría constituir un registro y allanamiento

irrazonable bajo la Constitución federal. Hale v. Henkel,

201 US 43, 76 (1906).

[2]

6

CC-2000-995

doctrina,

cortes

estaban

tan

firmemente

inferiores

se

rehusaron

establecidos

por

un

que

las

tiempo

a

descartarlos. Davis relata que para ello se requirió el

ejercicio pleno de la autoridad del Tribunal Supremo.

El

caso de United States v. Morton Salt, 338 US 632, 641-642,

652 (1950) puso fin al repudio que había manifestado el

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

en

décadas

anteriores en torno a las llamadas “expediciones de pesca”,

permitiéndolas incluso para satisfacer una “curiosidad” de

la agencia.

La

amplitud

conferida

jurisprudencialmente

a

la

facultad investigativa de las agencias eliminó cualquier

requisito de causa probable y dejó a discreción del jefe de

las

agencias

el

aspecto

de

la

pertinencia

información.

La

discreción

de

la

circunscrita

sólo

por

los

criterios

agencia

de

la

quedó

establecidos

en

Oklahoma Press Publishing Co., supra., es decir, que la

información sea pertinente a la investigación y el alcance

del requerimiento sea lo razonablemente necesario.[3]

La

determinación de pertinencia se basa en la relación de lo

[3]

Davis nos explica que:

An agency with power to investigate may make an

investigation that is as broad as it reasonably

finds to be appropriate, but a demand for

information must be relevant to the investigation

and may not be broader than is reasonably

necessary. The breadth of an investigation is for

the investigators to determine. The breadth of a

subpoena or of a search made in records may be

excessive, but the test is relevance to the

specific purpose, and the purpose is determined

by the investigators. Davis, op. cit., p. 271.

7

CC-2000-995

requerido al propósito de la investigación, el cual a su

vez, descansa en la sana discreción del investigador.

Según

Davis

el

cambio

en

la

connotación

de

los

conceptos “registro irrazonable” y “auto incriminación” en

el contexto de las investigaciones administrativas ocurrió

sin explicación alguna.

Por eso el tratadista alega que

los cambios doctrinales se basaron en cambios de política

pública para los cuales el Tribunal Supremo no acostumbra

brindar explicación: “the Supreme Court in its opinions on

the

administrative

power

of

investigation

customarily

avoids any discussion of broad reasons of policy.”

Davis,

op. cit, p. 236.

En el caso de Oklahoma Press Pub. Co. v. Walling,

supra,

se

estableció

producción

de

que

documentos,

un

a

requerimiento

pesar

para

de

ser

registro

implícito[4],

no

es

propiamente

un

allanamiento

bajo

el

significado

clásico

un

de

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

la

registro

o

la

un

Cuarta

Pero en

See v. City of Seattle, 387 U.S. 541, (1967), el Tribunal

Supremo

de

los

protecciones

subpœnas.

de

la

Estados

Unidos

determinó

Cuarta

Enmienda

se

que

extienden

las

a

los

El caso de U. S. v. Miller, 425 U.S. 435 (1976),

aclaró que una orden o subpœna para la producción de libros

y

papeles

puede

constituir

un

registro

o

allanamiento

irrazonable dentro de la Cuarta enmienda si el alcance de

dicha producción es demasiado amplio.

El Tribunal Supremo

“constructive search”.

[4]

de

los

Estados

Unidos

le

llama

8

CC-2000-995

En Puerto Rico, el desarrollo doctrinario sobre las

investigaciones administrativas a través de requerimientos

de información o subpœnas duces tecum, comenzó a forjarse a

la luz de lo resuelto por los tribunales estadounidenses.

En

Cooperativa

Cafeteros

de

Puerto

Rico

v.

Ramón

Colón

Torres, et al, 84 D.P.R. 278 (1961), adoptamos la norma

formulada jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de

los

Estados

Unidos

a

los

efectos

de

poderes de investigación a las agencias.

otorgarle

amplios

En ese caso, el

Inspector de Cooperativas solicitó de Cafeteros de Puerto

Rico

una

extensa

información

operaciones de esa cooperativa.

relacionada

con

las

La información solicitada

debía estar incluida en un informe requerido por la Ley de

Cooperativas que el demandado había dejado de completar.

Así lee la traducción que hiciéramos en ese caso de la

norma tomada de United States v. Morton Salt Co., 338 U. S.

632 (1950):

Aún

si

consideramos

la

información

solicitada en este caso como motivada meramente

por la curiosidad oficial... los organismos

llamados a hacer cumplir las leyes tienen el

legítimo derecho de cerciorarse de que las

corporaciones actúan de acuerdo con la ley y con

el

interés

público.

Desde

luego

una

investigación gubernamental de los asuntos de una

corporación puede ser de una naturaleza tan

abarcadora y tan no relacionada con la materia

bajo investigación que exceda el poder de

investigación. Federal Trade Comm'n v. American

Tobacco, supra.

Pero es suficiente si la

investigación está dentro de la autoridad de la

agencia,

el

requerimiento

no

es

demasiado

indefinido

y

la

información

solicitada

es

razonablemente pertinente. La esencia de la

9

CC-2000-995

protección consiste en el requisito, expresado en

forma concreta, de que la divulgación requerida

no sea irrazonable'. Oklahoma Press Publishing

Co. v. Walling, 327 U. S. 186, 208. Cooperativa

Cafeteros de Puerto Rico v. Colón, supra, 285.

Énfasis nuestro.

Luego de exponer el citado fragmento, aclaramos, que:

Desde luego, existen límites en cuanto a lo

que, bajo el color de informes, puede exigir la

Comisión. No intentamos definir en lo abstracto

exactamente cuáles son estos límites.

Pero

podemos decir con certeza que tales límites

impedirían que la Comisión llegara a los extremos

del ejemplo extravagante que utilizó uno de los

demandados para demostrar lo que teme que ocurra

si sostenemos la validez de esta orden--que la

Comisión puede requerir informes de las compañías

de

automóviles

que

incluyan

archivar

los

automóviles. Id.

Quedaron

asentados

considerados

en

controversia

acerca

del

poder

agencias,

saber,

que

la

a

nuestra

los

criterios

jurisdicción

de

al

a

ser

evaluar

una

investigación

información

de

las

solicitada

esté

dentro de la autoridad de la agencia, el requerimiento no

sea

demasiado

razonablemente

indefinido

y

pertinente.[5]

la

Un

información

sea

requerimiento

de

información impugnado será respaldado si cumple “con lo que

se

ha

sujeto

sostenido

a

es

razonable

investigación

administrativa.”

y

requerir

de

un

organismo

reglamentación

de

una

agencia

Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico v.

Colón, supra, 286.

En Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21

(1969),

señalamos

que

lo

determinante

en cuanto a qué

Véase también P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741

(1976).

[5]

10

CC-2000-995

documentos,

récords,

archivos

y

cuentas

pueden

ser

examinados por una agencia es su pertinencia al asunto que

es objeto de una investigación autorizada por la ley.

[6]

Indicamos

que

no

es

necesaria

una

querella

formal,

de

una

criminal,

ya

el

propósito

precisamente

resultado

que

averiguar

de

la

si

la

demanda

se

investigación

o

de

ha

presentación

la

de

acusación

investigación

violado

puede

una

de

la

ley.

depender

si

es

Del

el

organismo público concernido procede o no a la formulación

de una querella, demanda o acusación. [7]

En esa opinión añadimos que la determinación sobre la

pertinencia

de

la

información

requerida

corresponde

inicialmente al funcionario que realiza la investigación,

por lo que concluimos que una persona o una corporación que

está bajo investigación no puede colocarse en la posición

de dar solamente la información que ella elija ofrecer.

[8]

Por otro lado, hemos precisado que son los tribunales,

como intérpretes últimos de la compatibilidad del ejercicio

del poder investigativo gubernamental con los postulados

constitucionales, los llamados a dirimir las controversias

[6]

Para fundamentar dicho dictamen

Bros. v. Walling, 157 F.2d 841,

denegado 330 U.S. 819 (1947).

recurrimos a Detweiler

843 (1946), certiorari

En esta ocasión decidimos como en Link v. N.L.R.B., 330

F.2d 437 (1964) donde se dijo que “es irrazonable en

extremo insistir en que el resultado esté disponible antes

de comenzarse la investigación.”

[7]

Hemos reconocido que, por lo general, es la información

que no se ofrece la que es de mayor pertinencia cuando se

ha incurrido en prácticas ilegales. Comisionado de Seguros

[8]

11

CC-2000-995

sobre asuntos de pertinencia.

De esa forma, en virtud de

los poderes que la Constitución nos ha conferido, nos hemos

preservado la facultad suprema para dirimir controversias

sobre este asunto, como salvaguarda contra el amplio poder

investigativo que hemos reconocido.

Así aunque una agencia

administrativa puede expedir una citación sin obtener antes

una orden judicial, el requerido tiene derecho a cuestionar

su razonabilidad en un tribunal antes de ser penalizado por

incumplimiento[9].

su

H.M.C.A.

(P.R.),

Inc.,

etc.

v.

Contralor, supra, págs. 970-971.

El poder inquisitivo de las agencias administrativas,

sin

dudas,

puede

convertirse

en

un

instrumento

de

hostigamiento y persecución. Ver Schwartz, op. cit, pág.

110.

Por eso aún cuando las agencias gocen de tan amplia

facultad investigativa, su ejercicio no queda al margen de

los

postulados

ordenamiento.

constitucionales

H.M.C.A.

que

informan

(P.R.),

Inc.,

etc.

hemos

reconocido

v.

nuestro

Contralor,

supra, pág. 970.

Reiteradamente

que

las

interpretaciones que hace el Tribunal Supremo federal sobre

el contenido de los derechos fundamentales conferidos por

la

Constitución

de

Estados

Unidos

sólo

constituyen

el

mínimo de protección que debemos brindar a esos derechos al

amparo de nuestra

propia

Constitución.

Por

eso,

dichas

v. Bradley, supra, p. 34. Doctrina adoptada de N.L.R.B. v.

United Aircraft Corp., 200 F.Supp. 48 (1961).

Doctrina de Donovan v. Lone Steer, Inc., 464 U.S. 408, 415

(1984).

[9]

12

CC-2000-995

interpretaciones no limitan nuestra facultad para reconocer

mayor amplitud a las garantías constitucionales conferidas

por la Constitución de Puerto Rico.

Así, hemos determinado

que nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la

Constitución federal con respecto a derechos tales como la

prohibición contra registros y allanamientos irrazonables.

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc., v. Hermandad

Independiente

de

Empleados

Telefónicos,

150

D.P.R.

924,

948-949 (2000); H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor,

supra.[10]

Estado

La razón para ello es que la Constitución del

Libre

Asociado

"tiene

un

origen

y

un

historial

distinto a la Constitución de Estados Unidos... [n]uestra

Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales

con

una

visión

más

abarcadora

y

protectora

que

la

Constitución de Estados Unidos". Emp. Pur. Des., Inc. v. H.

I. E. Tel., supra; López Vives v. Policía de P.R., 118

D.P.R. 219, 226-227 (1987).

En

ocasiones

jurisprudencia

hemos

puesto

estadounidense,

en

de

manifiesto

cuanto

a

los

que

la

derechos

fundamentales, sólo tiene valor persuasivo, ilustrativo y

comparativo

ya

que

nuestra

involucrados

y

el

modo

de

percepción

de

conciliarlos

los

valores

pueden

ser

Véanse además Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R.

587 (1994); Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965

(1992); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562

(1992); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991);

Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v.

Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, (1986); Pueblo v. Dolce, 105

D.P.R. 422 (1976).

[10]

13

CC-2000-995

enteramente distintos.

315 (1994).

las

Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR

Así lo hemos dispuesto al expresarnos sobre

garantías

irrazonables.

contra

registros

y

allanamientos

Pueblo v. Pérez Pérez, 115 DPR 827, (1984).

En H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, supra,

reiteramos

el

principio

administrativas

están

de

que

las

investigaciones

sujetas,

por

norma

general,

a

la

garantía provista por la sección 10ma del artículo II de la

Constitución

de

Puerto

allanamientos,

registros

Rico

e

contra

citaciones,

incautaciones

irrazonables.

E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 206 (1984).

Es

incuestionable

el

hecho

de

que

una

investigación

administrativa constituye una intervención del estado en

los

asuntos

implica

el

de

las

acceso

jurisprudencia

personas

a

ha

sus

naturales

casas,

establecido

o

papeles

jurídicas

que

efectos.

La

entre

los

o

distinciones

diversos métodos investigativos para efectos de determinar

la

razonabilidad

inspección,

RDT

la

allanamiento,

Construction

Contralor

de

I,

intervención

intervención

entrega

Corporation

141,

está

de

estatal

(e.g.

documentos,

etc.).

v.

Ileana

D.P.R.

424,

433

limitada

por

los

Colón

Carlo,

(1996).

Dicha

criterios

de

razonabilidad que garantiza nuestro texto constitucional y

que

a

esos

desarrolladas

poder

efectos

a

partir

gubernamental

hemos

forjado.

Las

de

limitación

fundamental

esa

sustentan

la

norma

garantías

al

claramente

establecida que sujeta la razonabilidad de un requerimiento

14

CC-2000-995

administrativo o subpœna duces tecum a que concurran las

tres

circunstancias

identificadas

en

la

jurisprudencia

antes explicada: que la investigación esté dentro de la

autoridad

conferida

requerimiento

información

no

por

sea

ley

a

demasiado

solicitada

sea

la

agencia;

que

el

que

la

pertinente

al

indefinido,

razonablemente

y

asunto específico bajo investigación. H.M.C.A. P.R.), Inc.,

etc. v. Contralor, supra, pág. 970; E.L.A. v. P.R. Tel.

Co., supra, pág. 402; P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra,

págs. 747-748; Comisionado de Seguros v. Bradley, supra,

pág. 31.

Ha quedado establecido que la determinación de causa

probable no aplica al caso de requerimientos de documentos

o subpœnas; aplica, sin embargo, en circunstancias donde se

pretenda

inspeccionar,

incautar

necesaria

la

de

efectos.

Ya nos expresamos sobre ese particular en RDT

emisión

o

una

allanar,

orden

ya

judicial

que

a

es

tales

Construction v. Colón Carlo I, supra, págs. 433-434; ELA v.

Coca Cola Bottling, Co., supra.

En el caso de los subpœnas

duces tecum, como ya hemos mencionado, lo determinante es

que

la

agencia

u

organismo

inquisidor

pertinencia de la información solicitada.

demuestre

la

Dicho estándar

es menor que el de causa probable.

En

varias

interpretar

ocasiones

nuestra

hemos

Constitución

insistido

debemos

en

que

al

garantizar

la

continuada vigencia de sus valores fundamentales frente a

las

nuevas

realidades

del

país.

Debemos

evitar

que

15

CC-2000-995

interpretaciones inflexibles y el apego a viejos modelos

impidan su aplicabilidad a las eventualidades del futuro y

en

pocos

años

tornen

obsoleta

una

constitución

diseñada

para guiar la vida de un pueblo por varios siglos.

Al

interpretar

su

sus

contornos,

debemos

garantizar

vigorosidad y relevancia a los problemas socioeconómicos y

políticos de nuestro tiempo.

Emp. Pur. Des., Inc. v. H. I.

E. Tel., supra; Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R.

405, 411 (1990); Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R.

404, 410 (1988); P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580, 613

(1988); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 227

(1987).

mayor

Es una realidad de la vida contemporánea que la

parte

de

los

subpœnas

emitidos

para

obtener

documentación se dirigen a terceras partes que no son el

objeto

de

la

administrativa[11].

investigación

Por

esta

razón, en RDT Construction v. Ileana Colón Carlo I, supra,

rechazamos

sobre

la

aplicación

privacidad

donde

de

el

la

doctrina

criterio

estadounidense

aplicable

era

el

de

“posesión o propiedad” según United States v. Miller, 425

U.S. 435 (1976) y su progenie, y nos inclinamos por la

vertiente anterior expuesta en Katz v. United States, 389

U.S. 347 (1967) que estableció el criterio de “expectativa

razonable de intimidad”.

La

necesidad

de este enfoque se

Véase W. R. La Fave, Search and Seizure, A Treatise on

the Fourth Amendment, 1era ed., West, suppl. 2007, sec. 4.13

citando a Slobogin, Subpœnas and Privacy, 54 DePaul L.

Rev., 805 (2005).

[11]

16

CC-2000-995

hace cada vez más patente con el creciente uso cotidiano de

la tecnología informática por la ciudadanía.

En el caso de

RDT Construction v. Ileana Colón Carlo

I, supra, hicimos hincapié en la amplitud de los poderes

investigativos del Contralor, habida cuenta de que se trata

de una agencia que tiene rango constitucional con rasgos y

poderes

muy

particulares

que

agencias administrativas.[12]

la

distinguen

de

otras

H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v.

Contralor, supra, pág. 964; RDT Construction v. Colón Carlo

I, supra, pág. 445.

No obstante y a pesar de la amplitud

de

le

dichos

poderes

conferimos

una

protección

al

investigado cuando su información se encuentre en poder de

un tercero.

Carlo

Posteriormente, en RDT Construction v. Colón

II,

141

mecanismo

que

D.P.R.

861,

establecimos

863-864

en

RDT

(1996)

aclaramos

Construction

v.

el

Colón

Carlo I, supra, para asegurar que los tribunales tengan una

oportunidad

de

evaluar

la

razonabilidad

de

un

subpœna

dirigido a un tercero y determinar su procedencia, si quien

está siendo investigado decide impugnarlo.

Dicho mecanismo

consiste en notificar a la persona en quien se ha centrado

la investigación cuando se le requiriera a un tercero la

producción de documentos sobre los cuales el investigado

alberga

una

referencia

expectativa

se

requirió

de

intimidad. En

la

producción

el

de

caso

de

documentos

bancarios de una entidad corporativa.

Ver la sección 22 del artículo III de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

[12]

17

CC-2000-995

Al definir los poderes investigativos de la Asamblea

Legislativa, este Foro ha adoptado una postura similar a la

que asumimos en cuanto al Contralor.[13]

Por eso, en Rullán

v. Fas Alzamora, 2006 TSPR 5, recalcamos que la facultad

investigativa

necesaria

de

para

la

Legislatura

cumplir

la

es

tan

función

amplia

como

legislativa,

sea

pero

aclaramos, como antes lo hemos hecho, que no obstante su

amplitud, dicha facultad no es absoluta y corresponde a

este Foro demarcar sus contornos.[14] Aplicamos entonces el

requisito de notificación a la gestión investigativa de la

Asamblea

Legislativa,

y

como

discutiremos

más

adelante,

ampliamos la protección que dicha notificación brinda al

investigado.

Así, ante la presencia de un tercero en la gestión

investigativa de unos organismos ampliamente facultados por

la Constitución, hemos erigido protecciones adicionales a

las

desarrolladas

en

la

requerimientos de información.

doctrina

tradicional

sobre

De ello se desprende que en

el caso de agencias con poderes investigativos otorgados

estatutariamente podemos exigir salvaguardas más rigurosas

Véase H.M.C.A. (P.R.), Inc. v. Contralor, supra, pág.

964Allí reiteramos que en el ejercicio de su facultad y

deber de fiscalizar la ejecución de la política pública y a

los jefes de Departamento, la Asamblea Legislativa goza de

vastos poderes de investigación (…) Esos poderes son

inseparables de la facultad de legislar. Peña Clos v.

Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 590 (1983).

[13]

Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, pág. 591; Hernández

Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79, 82 (1986).

[14]

18

CC-2000-995

para

ceñir

la

acción

administrativa

a

los

imperativos

constitucionales que ya hemos expuesto.

Los

H.M.C.A.

hechos

que

(P.R.),

provocaron

Inc.

v.

nuestras

Contralor,

opiniones

y

supra,

en

RDT

Construction v. Colón Carlo I, supra, son distinguibles de

los del caso de autos, pues implicaban subpœnas requiriendo

a un tercero la divulgación de información perteneciente a

quienes

eran

el

objeto

de

la

investigación.

En

la

controversia que hoy nos ocupa, la OAM solicita la entrega

de documentos pertenecientes a los recurrentes, quienes son

terceros

en

la

investigación

sobre

la

PRC. Como

se

desprende de la marcada tendencia jurisprudencial, cuando

la

información

requerida

le

pertenece

a

un

tercero,

la

protección judicial ante la intervención gubernamental se

torna imperante.

En

nuestra

inquisitivos

jurisdicción

pueden

requerir

las

agencias

información

con

poderes

perteneciente

a

terceros en quienes no se ha centralizado la investigación

administrativa.

supra,

pág.

En

33,

Comisionado

habíamos

de

Seguros

indicado

v.

que

Bradley,

el

poder

investigativo del Comisionado de Seguros no se interpreta

restrictivamente para limitarlo a operaciones de seguros

propiamente

dichas,

ni

tampoco

se

limita

a

compañías

dedicadas a seguros, sino que, cuando las circunstancias lo

justifican, puede extenderse a otras entidades o empresas

19

CC-2000-995

que hayan tenido relaciones comerciales o económicas con

compañías de seguros.[15]

A

tales

efectos

declaramos

que

tratándose

de

una

investigación válidamente hecha por un organismo público

dentro del ámbito de la autoridad conferida por ley, el

hecho de que determinados papeles pertenezcan a un tercero

no los pone fuera del alcance de la investigación.[16]

Según

este razonamiento, establecimos que si un tercero no puede

oponerse a revelar datos que estén dentro del ámbito del

poder

investigativo

del

organismo

público

(por

estar

relacionados con el asunto o la materia sobre el cual el

organismo tiene jurisdicción), menos puede oponerse a ello

una

persona

o

jurisdicción

conferir

una

del

tal

entidad

organismo

amplitud

que

está

claramente

investigador.

investigativa

A

a

las

bajo

la

pesar

de

agencias

administrativas, no tuvimos la oportunidad de demarcar los

lindes

constitucionales

de

la

facultad

para

requerir

información a terceros que no son propiamente el objeto de

la investigación de la agencia.

En Rullán v. Fas Alzamora, supra, se le “notificó” al

investigado acerca de un subpœna expedido al Secretario de

Hacienda

requiriendo

sus

Resolvimos

que

notificación

dicha

documentos

no

contributivos.

cumplía

requisitos constitucionales de razonabilidad.

con

los

Establecimos

Bankers Life and Casualty Co. v. McCarthy, 137 N.E.2d 398

(1956) y Commissioner of Insurance v. The First National

Bank of Boston, 223 N.E.2d 684 (1967).

[15]

20

CC-2000-995

que era necesario explicitar en la notificación, de manera

específica

y

detallada,

las

razones

por

las

cuales

una

comisión creada para investigar a la WIPR necesitaba las

planillas contributivas de su ex asesor legal.

Respecto a

esto, nos hicimos la siguiente pregunta:

¿No

era

razonable

que

el

referido

requerimiento señalara al contribuyente en forma

específica y detallada las razones por las

cuales, la comisión legislativa diseñada y creada

con el propósito de investigar la situación

existente en la W.I.P.R., necesitaba copias de

sus planillas para lograr ese fin?

Entendemos

que no sólo era razonable, sino imprescindible,

por imperativo del derecho constitucional a un

debido proceso de ley… el Tribunal de Primera

Instancia debió exigir al Senado de Puerto Rico

que demostrara la razonabilidad y pertinencia del

requerimiento dirigido al Secretario de Hacienda

por una de sus comisiones.

A lo anterior debemos añadir que existe una distinción

entre

una

orden

de

producción

de

documentos

o

subpœna

emitido con fines puramente civiles y un subpœna con fines

penales.

Hemos establecido que cuando se trate de subpœnas

tendentes

a

conseguir

criminal,

se

debe

salvaguardas

la

cumplir

establecidas

constitucionales.

supra, pág. 445.

información

RDT

para

estrictamente

a

la

Construction

luz

v.

una

con

de

acusación

todas

las

Colón

las

normas

Carlo

I,

En el caso de un subpœna mediante el cual

se pretende conseguir información para hacer acusaciones

criminales,

es

imperativo

que

el

cumplimiento

de

los

Application of Waterfront Commission of New York Harbor,

160 A.2d 832 (1960) y Pope & Talbott, Inc. v. Smith, 340

P.2d 960 (1959).

[16]

21

CC-2000-995

requisitos

constitucionales

de

los

subpœnas

surja

protección

consagrada

claramente de su texto.

Cabe

recordar

que

la

en

la

sección 10ma del artículo II de la Constitución de Puerto

Rico

se

extiende

también

a

las

corporaciones

privadas,

aunque el ámbito de la intimidad reconocido a éstas es

menor que el de las personas naturales.

RDT Construction

Corporation v. Ileana Colón Carlo, Contralor I, supra, 435

(1996); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra, 209.[17]

ello,

entiendo

descubrir

que

cuando

información

el

subpœna

perteneciente

a

está

Por

dirigido

terceros

que

a

son

personas naturales, es imperativo considerar los asuntos

sobre

privacidad

requerimiento

pueda

y

auto

suscitar.

incriminación

Bajo

esas

que

dicho

circunstancias,

nuestra facultad revisora adquiere mayor rigurosidad, por

lo que si el tercero es una persona natural, la agencia

debe hacer alegaciones específicas que impliquen al tercero

con el objeto de la investigación administrativa.

subpœna

debe

estar

sujeto

a

un

escrutinio

más

Dicho

exigente

aquel que se dirija a una persona jurídica.

Aún cuando las corporaciones pueden y deben estar

protegidas de requerimientos ilegales hechos so pretexto de

una investigación pública, éstas no pueden reclamar que se

les equipare a los individuos en el disfrute del derecho a

la privacidad. Ellas poseen atributos públicos. Tienen un

impacto colectivo sobre la sociedad, de la cual derivan el

privilegio de actuar como entidades artificiales. Los

favores del Gobierno frecuentemente conllevan una mayor

medida de reglamentación. Cooperativa de Cafeteros v.

Colón, supra.

[17]

22

CC-2000-995

De

acuerdo

coyuntura

que

a

nos

lo

antes

brinda

expuesto,

este

caso

aprovecharía

la

establecer

que

para

cuando una entidad gubernamental con poderes inquisitivos

emita un subpœna duces tecum con fines penales a un tercero

en

quien

no

se

requerimiento

ha

centrado

deberá

exponer

la

en

investigación,

forma

el

específica

y

detallada, la pertinencia y la necesidad de los documentos

requeridos.

Es decir, cuando la información requerida en

un subpœna con fines penales pertenezca a un tercero que no

es el objeto de la investigación, no es suficiente que el

requerimiento

servirían

se

para

justifique

justificar

con

un

las

mismas

subpœna

con

razones

fines

que

penales

dirigido al objeto de investigación.

En la evaluación de

un

se

dirigido

subpœna

estándar

más

a

riguroso

un

tercero

que

el

de

debe

mera

aplicar

un

pertinencia.

El

tercero tiene derecho a conocer las razones por las cuales

se le está requiriendo una información que le pertenece en

el contexto de una investigación que no está centrada en su

figura,

o

que

al

menos

no

aparenta

estarlo.

En

esas

circunstancias, la agencia debe explicar las razones para

requerirle

la

información

objeto

del

dentro

del

industrialización

que

de

los

subpœna

marco de la investigación.

II

A

comenzó

tono

con

en

Puerto

la

política

Rico

a

de

finales

la

década

de

cuarenta para estimular la inversión privada, y ante la

consecuente

expansión

industrial

y

económica

que

se

23

CC-2000-995

manifestó a principios de la década de los sesenta[18], se

aprobó la Ley Núm. 77 del 25 de junio de 1964, conocida

como Ley para prohibir prácticas monopolísticas y proteger

la

justa

y

libre

competencia

en

los

negocios

y

el

comercio.

10 L.P.R.A. secs. 257 et seq.

Esta ley tiene

como

la

democrático

norte

asegure

la

concepción

libre

de

un

participación

decisiones colectivas.[19]

sistema

del

ciudadano

en

que

las

Según su exposición de motivos,

es incompatible con tal

Ver Henry Wells, La modernización de Puerto Rico, (Pedro

G. Salazar), 1era ed., México, Editorial Universitaria de la

UPR, 1972.

[18]

Nos parece pertinente, para fines de comprender el marco

histórico dentro del cual se promulgó dicha ley, recordar

las palabras de ELA v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 529, esc. 10

(1967) citando al Papa Juan XXIII, sobre la intervención

del poder público en el campo económico:

[19]

…[en] este campo deben estar activamente

presente los poderes públicos “a fin de promover

debidamente el desarrollo de la producción en

función del progreso social en beneficio de todos

los ciudadanos.” Su acción debe inspirarse en el

principio de su misión subsidiaria. Los poderes

públicos, responsables del bien común, deben

sentirse obligados “a desenvolver en el campo

económico una acción multiforme, más vasta, más

profunda y más orgánica, como también a ajustarse

a

este

fin

en

las

estructuras,

en

las

competencias, en los medios y en los métodos.”

Pero se afirma el principio que la presencia

del Estado en el campo económico, por dilatada y

profunda que sea, no se encamina a empequeñecer

la esfera de la libertad en la iniciativa de los

ciudadanos particulares, sino antes a garantizar

a

esa

esfera

la

mayor

amplitud

posible,

“tutelando efectivamente, para todos y cada uno,

los derechos esenciales” de la persona, lo cual

implica que en los sistemas económicos esté

permitido y facultado el libre desarrollo de las

actividades

de

producción.

Donde

falta

la

iniciativa personal de los particulares hay

estancamiento de los sectores económicos

24

CC-2000-995

…aspiración democrática la concentración del

poder

económico

en

unas

pocas

personas

y

entidades, en forma tal que éstas se coloquen en

posición de dominar áreas o sectores de la

economía puertorriqueña mediante manipulaciones

que desdeñen el bienestar del pueblo en aras del

lucro desmesurado de esas personas y entidades.

Tiene que asegurarse el pueblo de [sic] que no

han

de

germinar

en

Puerto

Rico

esas

concentraciones de poder económico, para no

correr el riesgo de que toda la vida económica

del país pueda quedar a merced de un grupo

reducido de personas que actúen movidas por un

interés privado.

Ante una situación de tal

naturaleza,

es

difícil

concebir

que

las

decisiones

colectivas

vayan

a

tomarse

verdaderamente a base de la libre participación

de todos los ciudadanos.

En torno a los valores que establece este enunciado,

la

Ley

núm.

77

protege

al

pueblo

beneficios de la libre competencia.

aplicación

de

la

“…deberá

tenerse

ley,

en

como

cuenta

asegurándole

Por tal razón en la

prescribe

que

su

los

el

legislador,

objetivo

final

es

proscribir males que amenazan la economía general de la

Isla…” Exposición de motivos, supra.

El Informe conjunto sobre el Sustitutivo P. de la C.

909 sometido por las Comisiones de lo Jurídico, de Hacienda

y

de

Comercio

e

Industria

de

la

Cámara

destinados a producir tanto los bienes de consumo

y de servicios de las necesidades materiales,

sino también los de las exigencias del espíritu.

“Por otro lado, donde falta o es defectuosa la

debida actuación del Estado, reina un desorden

irremediable, abuso de los débiles por parte de

los fuertes menos escrupulosos, que arraigan en

todas las tierras y en todos los tiempos, como la

cizaña entre el trigo.”

de

25

CC-2000-995

Representantes[20], recomendando la aprobación del proyecto

que se convirtió en la Ley Núm. 77 declara que se debe:

[p]roveer una base flexible para la propia

ejecución de la ley, basada en una norma de

razonabilidad que permita a nuestros tribunales

tomar en cuenta las características propias y las

necesidades de nuestra economía, así como los

planes gubernamentales y al acción privada para

fomentarla; es decir, queda abierta la función

creadora en la aplicación de la ley, tanto en la

rama ejecutiva como en la judicial en sentido

favorable a nuestro desarrollo económico, aún en

el caso de disposiciones con precedentes en la

legislación de los Estados Unidos.

En P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 DPR

691,

706-708

(1999)

explicamos

que

si

bien

nuestra

legislación antimonopolística se adoptó a la luz de la Ley

Sherman[21] y de la Ley Clayton[22], no estamos obligados a

seguir

ciegamente

la

interpretación

de

estas

leyes

elaboradas por los tribunales federales.

La doctrina que

hemos

respecto

reiterado

interpretación

foráneas

es,

en

de

como

nuestras

leyes

decisiones

copiadas

sabemos,

que

o

se

adoptadas

puede

de

acudir

a

la

otras

a

las

jurisdicciones de origen cuando ello es necesario para la

interpretación adecuada de las normas así adoptadas.

Este

Tribunal siempre puede escoger otra norma, extranjera o de

confección propia, que considere más equitativa, inclusive

puede expandir los derechos garantizados en la jurisdicción

de origen.

Por

sus

adecuadas

palabras,

nos

remitimos

18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1425

(1964).

[21] 15 U.S.C.A. secs. 1-7.

[20]

[22]

15 U.S.C.A. secs. 12- 19, 21-27; 29 U.S.C.A. secs. 52-53.

26

CC-2000-995

respecto

a

esta

doctrina

de

interpretación

a

nuestra

decisión en Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38

(1954), donde nos pronunciamos de la siguiente manera:

[A]parte de nuestra libertad de acción ante

precedentes que no son productos de nuestra

propia jurisprudencia, una decisión judicial no

es

exclusivamente

un

cotejo

más

o

menos

científico de los antecedentes judiciales.

Una

decisión judicial es además la creación de una

norma jurídica que se ajuste al estilo de vida de

un pueblo, entendiendo por estilo de vida el

sistema de superaciones individuales que van

integrando paulatinamente el ethos colectivo de

un pueblo.

En la jurisprudencia que interpreta la Ley núm. 77,

hemos sido enfáticos al expresar que fue la intención de la

Asamblea Legislativa que la Ley núm. 77 se interpretara

conforme a nuestra particular realidad económica y social.

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497,

508 (1994).

Es por ello que, aunque es útil recurrir a la

jurisprudencia federal que interpreta las leyes orgánicas

de agencias federales análogas a las nuestras, no podemos

aplicarlas ciegamente, más bien tenemos que considerar la

naturaleza de la controversia y los derechos comprometidos,

pues es indispensable aclimatar a nuestro ambiente jurídico

los precedentes que otras jurisdicciones han formulado.

Como

apuntáramos

anteriormente,

en

nuestra

jurisdicción rige en materia constitucional una visión más

abarcadora y protectora que en la jurisdicción federal.

A

través

de

dicha

razonabilidad

de

“perspectiva

los

subpœnas

de

rigor”,

analizaremos

la

impugnados

atendiendo

los

aspectos que conforman la constitucionalidad del subpœna.

27

CC-2000-995

La Legislatura le proporcionó a la Oficina de Asuntos

Monopolísticos la facultad de expedir citaciones o requerir

información o documentos pertinentes a las investigaciones

que conduzca.

El Art. 15(2) de la Ley Núm. 77 de 25 de

junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 272, prescribe que:

Bajo la dirección del Secretario Auxiliar, la Oficina

de Asuntos Monopolísticos puede:

Compilar y ordenar información sobre las

prácticas competitivas en el mercado de Puerto

Rico y sobre la relación de éste con los mercados

de Estados Unidos y del extranjero, con el fin de

determinar

cuáles

prácticas

conllevan

restricciones al libre comercio y propenden a la

indebida concentración del poder económico, y

requerir de cualquier persona, según se define

dicho término en este capítulo, aquellos informes

que se consideren necesarios a tales fines,

debiéndose prescribir por reglamento los períodos

que cubrirán dichos informes, así como la forma y

el contenido de los mismos. Dichos informes

podrán requerir, no sólo información interna con

relación a la persona afectada, sino también

información

pertinente

a

las

relaciones

comerciales de ésta con otras personas (…)[23]

(Énfasis suplido.)

El

Reglamento

núm.

974

del

27

de

abril

de

1965,

conocido como Reglamento núm. 2 para ejecución de la Ley

núm. 77 de 25 de junio de 1964, se promulgó precisamente

para

…facilitar la compilación y ordenación de

información sobre las practicas competitivas en

el mercado de Puerto Rico y sobre la relación de

El artículo 12 de la Ley núm.77, 10 L.P.R.A. sec. 268, al

utilizar el término “persona perjudicada” se refiere a

“aquella persona natural o jurídica que sea perjudicada en

sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de

actos, prohibidos o declarados ilegales” por la Ley

núm.77. Es decir, de una lectura íntegra de los cuerpos

legales bajo estudio, el artículo 15(2), 10 L.P.R.A. 272,

sólo

autoriza

la

investigación

de

las

relaciones

comerciales de la persona afectada por las prácticas

monopolísticas del querellado.

[23]

28

CC-2000-995

éste con los mercados de Estados Unidos y del

extranjero, con el fin de determinar cuáles

practicas restringen o pueden restringir el libre

comercio y propenden a la indebida concentración

del poder económico. Id., artículo 2.

La sección 4 del Reglamento núm. 974 dispone que:

Toda persona deberá rendir los informes que

la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

del

Departamento de Justicia considere necesarios

para los fines descritos en el Artículo 2

precedente. 7 RPR sec. 120.582.

Por su parte, la sección 5 del Reglamento establece

que:

La Oficina de Asuntos Monopolísticos del

Departamento de Justicia podrá requerir no sólo

la información interna con relación a la persona

afectada[24] sino también información pertinente a

las relaciones comerciales de ésta con otras

personas.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos podrá

interrogar acerca de la estructura de la empresa

de la empresa o negocio bajo estudio; naturaleza

del

producto;

estructura

y

rendimiento

del

mercado; conducta de la empresa y sobre cualquier

otro indicador necesario para determinar cuáles

prácticas restringen o pueden restringir el libre

comercio y propenden a la indebida concentración

del poder económico. 7 RPR sec. 120.583 (Énfasis

suplido.)

El

Reglamento

núm.

975

del

25

de

junio

de

1965,

también conocido como Reglamento núm. 3 para la ejecución

de la Ley núm. 77 del 25 de junio de 1964 presenta dos

tipos

de

citación

y

requerimiento

citación penal y la citación civil.

depende

de

las

violaciones

a

la

de

documentos,

la

El tipo de citación

Ley

que

se

pretenden

investigar y la naturaleza del castigo que proceda.

A

la

PRC

se

le

investiga

por

alegadamente

haber

incurrido en actos para restringir el comercio, que según

[24]

Ver nota al calce núm. 22, supra.

29

CC-2000-995

el artículo 2 de la Ley núm. 77 implica “[t]odo contrato,

combinación

en

forma

de

trust

o

en

otra

forma,

o

conspiración para restringir irrazonablemente los negocios

o el comercio en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o

en cualquier sector de éste”... art. 2 10 L.P.R.A. sec.

258 (bastardillas

nuestras). Según

la

misma

disposición

“…toda persona que haga tales contratos o se comprometa en

tales combinaciones o conspiraciones incurrirá en delito

menos grave.”

Las querellas presentadas en contra de PRC también

imputan infracción al artículo 4 sobre monopolios.

Según

éste:

Toda

persona

que

monopolice

o

intente

monopolizar o que se combine o conspire con

cualquier otra persona o cualesquiera otras

personas con el objeto de monopolizar cualquier

parte de los negocios o el comercio en el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, o en cualquier

sector de éste, será considerada culpable de un

delito menos grave. 10 L.P.R.A. sec. 260.

El

artículo

penalidades

10

impuestas

de

la

Ley,

núm.

77

regula

por

las

violaciones

a

las

sus

disposiciones y prescribe que:

Cualquier persona que viole las secs. 258,

260, 263(f) o 264 de este título será culpable de

delito menos grave y convicta que fuere será

castigada con una multa que no será menor de

cinco mil (5,000) dólares ni mayor de cincuenta

mil (50,000) dólares, o con prisión que no

excederá de un (1) año o con ambas penas a

discreción del tribunal. 10 L.P.R.A. sec. 266.

Evidentemente el caso de autos trata sobre una

citación criminal pues las actividades imputadas a la PRC

son

castigadas

criminalmente

por

la

Ley

núm.

77.

Con

30

CC-2000-995

respecto a este tipo de citación, el Reglamento núm. 975,

en su artículo 5, manda lo siguiente:

Citación PenalLos abogados adscritos a la Oficina de

Asuntos Monopolísticos podrán citar como testigo

a cualquier persona. Toda persona citada por los

susodichos abogados estará obligada a comparecer

y a testificar o a presentar libros, archivos,

correspondencia,

documentos

y

todo

tipo

de

evidencia que se le requiera en cualquier

investigación, procedimiento o proceso criminal

relacionado con la Ley.

III

Ya

hemos

territorial,

resaltado

relación

que

debido

política

y

a

nuestro

vivencias

tamaño

sociales,

nuestra economía se ha caracterizado por ser relativamente

reglamentada y dirigida por el gobierno.

Supplies

D.P.R.

Corp.

869

v.

Shoring

(2001).

Aún

&

Forming

cuando

General Gases &

Systems,

el

Inc.,

devenir

153

histórico

trastoque el propósito e intensidad del intervencionismo

gubernamental con la empresa privada, no tenemos duda de lo

primordial que resulta ser una agencia ejecutiva dedicada a

la

auscultación

económico

comercial

liberal

como

el

y

económica

nuestro.

en

Por

un

sistema

ello,

hemos

afirmado que el tipo de economía que sirvió de contexto a

la aprobación de la Ley núm. 77 hace aún más necesario que

los tribunales diluciden de forma flexible los conflictos

que surjan bajo su cobertura.

General Gases & Supplies

Corp. v. Shoring & Forming Systems, Inc., supra.

parte,

el

que

se

haya

establecido

un

Por otra

criterio

de

interpretación flexible no significa que debemos ignorar

31

CC-2000-995

las

garantías

constitucionales

que

protegen

a

todas

las

personas, tanto naturales, como jurídicas.

Consideremos

constitucionales

cada

uno

de

aplicados

a

los

los

requisitos

requerimientos

información emitidos en el caso de autos.

de

De la exposición

de estatutos y reglamentos de la OAM reseñados se colige el

amplio poder delegado a esta oficina para llevar a cabo sus

funciones fiscalizadoras en nuestro comercio. El poder para

emitir

subpœnas

duces

y

tecum

subpœnas

ad

testificandum

surge claramente de la letra de la Ley núm. 77.

poder

expresamente

otorgado

se

ha

extendido

Dicho

mediante

reglamentos, creados por la propia agencia para ejecutar la

Ley núm. 77, al punto en que se dispone para el mecanismo

de los requerimientos de información a terceras personas

naturales o jurídicas.

Hemos

visto

que

información

Como anteriormente discutiéramos, la vaguedad o

en

el

requerimiento

debe

el

definida.

amplitud

Constitución,

en

según

excesiva

nuestra

requerida

subpœna,

la

manda

la

estar

constituyen

características que convierten al subpœna duces tecum en un

registro o incautación irrazonable.

En el presente caso, a

pesar de la amplitud del subpœna, no tenemos reparo en

declararlo lo suficientemente definido y particularizado.

En ello concuerdo con los foros de primera instancia y

apelativo.

Ahora

bien,

el

subpœna

también

información que sea pertinente al asunto bajo

debe

requerir

32

CC-2000-995

investigación.

La

OAM

ha

emitido

un

requerimiento

de

información en el que expresa que está llevando a cabo una

investigación sobre posibles prácticas monopolísticas en la

industria del cemento.

Esto no es suficiente. Cuando una

agencia investigativa requiera información perteneciente a

un tercero como parte de una inquisición con fines penales,

ésta

debería

expresar

en

el

subpœna

las

razones

para

hacerle dicho requerimiento.

No creo que sea suficiente

que

infracción

se

exprese

investiga

al

el

delito

objeto

de

o

la

por

el

investigación. No

cual

se

se

puede

pretender que el propósito de la investigación, así como la

pertinencia y materialidad de la información solicitada se

deduzca de la información requerida.

Los

recurrentes

son

compañías

que

han

brindado

sus

servicios de seguridad a la PRC, en ellos no se ha enfocado

la investigación, o al menos no surge del subpœna que éstos

estén bajo el escrutinio investigativo de la OAM. Como bien

señala

la

Mayoría,

al

examinar

detenidamente

el

subpœna

impugnado, no surge del mismo cuál es la pertinencia de la

información requerida.

El expediente tampoco revela de qué

manera la información requerida por la OAM es pertinente al

objetivo de su investigación.

Si bien es cierto que la

información requerida puede ser pertinente al asunto bajo

investigación por estar relacionada a la PRC, también es

cierto

que

descubrir

este

subpœna

información

con

fines

perteneciente

a

penales

los

quienes no son el objeto de la investigación.

pretende

recurrentes,

33

CC-2000-995

El Tribunal de Apelaciones concluyó que la petición de

los recurrentes, en cuanto a que la OAM expresara hechos

particulares

que

establecieran

la

pertinencia

del

requerimiento era improcedente, pues un requerimiento de

información no tiene que cumplir con el requisito de causa

probable.

No tiene razón.

Exigir que se expresen en un

subpœna con fines penales las razones por las cuales un

tercero, quien no es el objeto de la investigación de una

agencia,

debe

contratos[25],

someter

no

información

implica

una

propia,

determinación

entre

ésta

de

causa

probable.

A pesar de que, por norma general, los funcionarios

son quienes preliminarmente determinan la pertinencia de la

información requerida en una investigación administrativa,

somos

los

tribunales

quienes

por

mandato

constitucional

estamos llamados a evaluar dicha determinación ejecutiva.

Los subpœnas emitidos por la OAM no nos permiten ejercer

esta

facultad

atinentes

a

pues

la

carecen

de

los

elementos

mínimos

pertinencia

de

lo

solicitado

en

investigación administrativa.

la

Por tal razón, concurro con

el resultado que acordó la Mayoría.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

Como es sabido, un contrato contiene la expresión de la

voluntad de los contratantes. Aún cuando reconocemos que a

las corporaciones no les cobija el derecho a no auto

incriminarse contenido en la Sección 11 del Artículo II de

nuestra Constitución,

sólo estamos exigiendo la expresa

pertinencia de la información de un tercero que no ha sido

identificado

como

el

objeto

de

una

investigación

administrativa.

[25]