Tribunal Supremo de Puerto Rico
García Hernández y otros v. Hormigonera Mayagüezana;Guirimar Construction Corp., y otros
2007 TSPR 145
Poder Judicial de Puerto Rico
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García Hernández y otros v. Hormigonera Mayagüezana;Guirimar Construction Corp., y otros
AC-2006-0071
Procedimiento Civil- Moción de determinaciones de hechos adicionales: interrupción del término para acudir al Tribunal de Apelaciones
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico representado por
el Departamento de Justicia,
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
Demandante-recurrido
Certiorari
2007 TSPR 145
171 DPR ____
v.
Saint James Security Services,
Inc.; Luis Maldonado Trinidad,
Como Presidente de Saint James
Security
Services,
Inc.;
National
Investigation
and
Protection
Group, Inc.; y
Héctor M. Rivera Serrano, como
Presidente
de
National
Investigation and Protection
Group, Inc.
Demandados-peticionarios
Puerto Rican Cement Company,
Inc.
Interventora
Número del Caso: CC-2000-995
Fecha: 31 de julio de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Edwin L. Bello Rivera
Lcda. Dora M. Peñagarícano
Oficina del Procurador General:
Lcda. Carmen A. Riera Cintrón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Mandamus
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico representado por
el Departamento de Justicia,
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
Demandante-recurrido
Certiorari
v.
Saint James Security Services,
Inc.; Luis Maldonado Trinidad,
como Presidente de Saint James
Security
Services,
Inc.;
Nacional
Investigation
and
Protection
Group,
Inc.;
y
Héctor M. Rivera Serrano, como
Presidente
de
Nacional
Investigation and Protection
Group, Inc.
Demandados-peticionarios
Puerto
Inc.
Rican
Cement
CC-2000-995
Company,
Interventora
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2007.
En el presente recurso atendemos la solicitud que nos
hacen
los
recurrentes
Saint
adelante
Saint
adelante
National,
y
Co.,
adelante
PRC,
en
dictada
por
James,
el
James
National
la
Security
Investigation
interventora
para
que
Tribunal
Services,
Puerto
revoquemos
de
Group,
Rican
la
en
en
Cement
sentencia
Apelaciones
que
2
CC-2000-995
confirmó
al
Tribunal
de
Primera
Instancia.
En
sus
respectivas sentencias, los foros inferiores validaron un
subpœna
duces
Oficina
de
tecum
Asuntos
et
ad
emitido
testificandum
Monopolísticos
del
por
la
Departamento
de
Justicia, en adelante OAM, y dirigido a los recurrentes
como parte de una investigación antimonopolística centrada
en PRC.
I
Como resultado de varias querellas presentadas ante la
OAM con relación a posibles prácticas monopolísticas en la
industria del cemento, dicha oficina comenzó a investigar a
la
PRC.
Estas
querellas
le
imputan
intentado
monopolizar
la
efectuado
actos
para
restringir
horizontal
el
comercio
intentar
dividir
el
industria
en
la
mercado
a
del
la
PRC
cemento
ilegalmente
industria
y
del
geográficamente
haber
y
haber
de
manera
cemento
y
al
mediante
carteles, hacer acuerdos de no competencia, fijar precios y
llevar a cabo otras conductas anticompetitivas de índole no
económica.
Las
imputaciones
que
se
le
hacen
a
la
PRC
implican posibles infracciones a los artículos 2 y 4 de la
Ley núm. 77 del 25 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs. 258
y 260.
El 18 de noviembre de 1997 la OAM cursó un subpœna
duces tecum et ad testificandum a Saint James, empresa que
se
dedica
a
brindar
servicios
de
seguridad.
Dicho
requerimiento fue reiterado el 8 de enero de 1998.
El 3 de
CC-2000-995
3
febrero de 1998 la OAM emitió un tercer subpœna, esta vez
más amplio que los primeros.[1]
El
2
recurrente,
de
marzo
de
National,
1998,
un
la
subpœna
OAM
envió
similar.
a
la
otra
Ante
la
renuencia de los recurrentes, la OAM acudió el 18 de junio
de 1998 al Tribunal de Primera Instancia y presentó un
recurso de Mandamus para que el tribunal les ordenara a
[1]
La OAM solicitó los siguientes documentos:
1. Contratos existentes en el período comprendido
de enero de 1994 al presente entre Saint James
Security y la Puerto Rican Cement, Ponce Cement o
directores,
oficiales
o
representantes
autorizados de éstas.
2. Fecha de duración de los contratos y cláusulas
establecidas en éstos.
3. Nombre, dirección y teléfono de las personas
que fueron asignadas al cumplimiento de dichos
contratos.
4.
Fotos,
memos,
grabaciones,
documentos
e
informes rendidos por sus empleados en el
cumplimiento de esos contratos con la Puerto
Rican Cement.
5. Indique si Saint James Security tiene o ha
tenido,
subsidiarias,
compañías
afiliadas,
entidades comerciales o acciones de capital en
otras compañías, personas naturales o jurídicas
y/o entidades comerciales que operen bajo otro
nombre y que provean o hayan brindado servicios
de
vigilancia,
seguridad,
detectivescos
o
policíacos a la Puerto Rican Cement en el período
comprendido de enero de 1994 al presente. Además
indique cualquier contrato o acuerdo para proveer
servicios, similares a los descritos en el
presente inciso, con persona jurídica o natural
que no sea propiedad, en todo o en parte o
afiliada a la Saint James Security.
6.
Cualquier
documento,
incluyendo
los
mencionados en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 de este
subpoena; archivo, comunicación y/o material
relacionado a servicios de vigilancia, seguridad,
detectivescos o policíacos, brindados a la Puerto
Rican Cement, por cualquier persona natural o
jurídica, propiedad o afiliada de la Saint James
Security, en el período comprendido de enero de
1994 al presente.
CC-2000-995
4
cumplir con el subpœna.
La OAM argumentó que emitió los
referidos subpœnas por entender que los recurrentes “tienen
conocimiento y poseen información, evidencia y documentos
como
agencias
de
seguridad
y
oficiales
autorizados
de
dichas agencias, que son necesarios en la investigación en
curso de la [OAM] sobre alegadas violaciones y practicas
injustas en la industria del cemento.”[2]
Estas razones no
fueron
La
expresadas
intervenir
en
el
en
los
pleito,
subpœnas.
a
lo
cual
el
PRC
foro
solicitó
de
primera
instancia accedió.
Luego de escuchar los argumentos de las partes, el
Tribunal
de
particularizar
Primera
y
Instancia
aclarar
cuál
solicitaba a los recurrentes.
ordenó
era
la
a
la
OAM
información
a
que
La OAM optó por emitir un
segundo subpœna duces tecum et ad testificandum el 5 de
octubre de 1998, ante el cual los recurrentes insistieron
en su negativa a comparecer.
La citación solicitó los siguientes documentos:
1. Contratos vigentes en los pasados (4) años
entre Saint James y la Puerto Rican Cement Company
(PRCC) o representantes autorizados de ésta.
2. Indique si Saint James tiene o ha tenido,
subsidiarias,
corporaciones,
compañías,
negocios,
entidades comerciales u otras personas naturales o
jurídicas en las que tiene o tuvo interés propietario
o de acciones de capital y que operan bajo otro nombre
y
que
provean
o
hayan
brindado
servicios
de
vigilancia, seguridad, detectivescos o policíacos a la
PRCC en el período comprendido de enero de 1994 al
presente.
Tomado de la Demanda y Petición de la OAM ante el Tribunal
de
Primera
Instancia. Estas
razones
no
han
sido
reproducidas en las subsiguientes comparecencias de la OAM,
incluyendo su comparecencia ante esta Curia.
[2]
CC-2000-995
5
3. Nombre, dirección y teléfono de empleados,
detectives, personas y supervisores; [sic] que sean o
hayan sido empleados de Saint James; [sic] y que
fueron asignados al cumplimiento de los contratos que
se mencionan en el inciso (1) de los documentos
requeridos.
4. Mencione cualquier instrucción u orden de
manera escrita u oral dada a Saint James, sus
empleados, detectives, personas o supervisores; [sic]
que sean o hayan sido empleados de Saint James; [sic]
en relación al cumplimiento de los contratos que se
mencionan
en
el
inciso
(1)
de
los
documentos
requeridos.
5. Fotos y/o videos tomados por empleados o
detectives; [sic] que sean o hayan sido empleados de
Saint James; [sic] en el cumplimiento de los contratos
que se mencionan en el inciso (1) de este Subpoena y
de los cuales haya sido sujeto:
(a) Cualquier competidor de la PRCC en el negocio
del cemento, hormigón o materia prima del
cemento.
(b) Cualquier empresa, corporación, negocio o
persona natural o jurídica por razón de sus
relaciones comerciales con un competidor de la
PRCC en el negocio del cemento, hormigón o
materia prima del cemento.
6. Memos e informes rendidos por empleados o
detectives; [sic] que sean o hayan sido empleados de
Saint James; [sic] en el cumplimiento de los contratos
que se mencionan en el inciso (1) de este Subpoena y
de los cuales haya sido sujeto:
(a) Cualquier competidor de la PRCC en el negocio
del cemento, hormigón o materia prima del
cemento.
(b) Cualquier empresa, corporación, negocio o
persona natural o jurídica por razón de sus
relaciones comerciales con un competidor de la
PRCC en el negocio del cemento, hormigón o
materia prima del cemento.
Los recurrentes alegaron que el subpœna atenta contra
la protección que establece nuestro régimen constitucional
en
la
Sección
10ma
del
artículo
II
del
texto
de
la
CC-2000-995
6
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por
no
informar
solicitud
los
de
información
hechos
concretos
información.
no
se
subpœna duces tecum.
puede
que
dan
base
a
Argumentaron
que
sin
dicha
evaluar
la
razonabilidad
la
del
Además, adujeron los recurrentes que
la Ley de detectives privados en Puerto Rico, Ley 108 del
29 de junio del 1965, en su artículo 18, 25 L.P.R.A. sec.
285q, establece una prohibición de divulgar información que
les impide cumplir con el subpœna duces tecum de la OAM. [3]
Por su parte, la OAM argumentó que no está obligada a
informar y divulgar a los demandados los hechos concretos
que dan base a su solicitud de información por encontrarse
la
pesquisa
en
la
etapa
investigativa.
Señaló
que
su
interés al emitir los subpœnas es indagar si se ha violado
la ley, y que no es hasta que se impute delito que surge la
obligación
de
violación,
pues
en
ese
invocar
las
garantías
pueden
informar
los
hechos
momento
es
constitutivos
que
los
de
la
recurrentes
constitucionales.
Además
señaló la OAM que la Ley de detectives privados, supra,
[3]
Prohibición de divulgar información
Ninguna
persona
que
sea
o
haya
sido
detective privado, o empleado de un detective
privado, o miembro o empleado de una agencia,
divulgará privada o públicamente la información
que viniere a su conocimiento en el curso de su
trabajo sin el consentimiento expreso por escrito
de la persona que contrató los servicios de dicha
persona o agencia, exceptuando toda información
relacionada con la comisión de delitos públicos y
los casos en que fuere requerido para ello por
ley. 25 L.P.R.A. 285q
CC-2000-995
7
establece una excepción a la prohibición de no divulgar que
aplica en el caso de autos.
Por último expresó que bajo el
poder
conferido
de
investigación
por
la
Asamblea
Legislativa en la Ley 77 del 25 de junio del 1964, 10
L.P.R.A.
sec. 272, particularmente en su artículo 15, el
subpœna duces tecum no adolece de vicio constitucional.
El
Tribunal
información
de
requerida
Primera
Instancia
decidió
en
incisos
2,
los
1,
3
y
que
la
5
del
subpœna impugnado era pertinente para determinar si la PRC
había incurrido en violaciones a la Ley de Monopolios.
No
obstante ordenó que se eliminara el inciso 4, por estar
dicha información protegida por el artículo 18 de la Ley de
detectives
privados.
resolvió
el
que
En
artículo
cuanto
18
a
de
los
la
incisos
Ley
de
restantes
detectives
privados no era un obstáculo para la producción de los
documentos solicitados pues dicho artículo establece que
ante una investigación gubernamental, se puede divulgar la
información protegida por el estatuto.
Los recurrentes acudieron en apelación al Tribunal de
Apelaciones.
Allí no objetaron la decisión del Tribunal de
Primera Instancia en cuanto a la aplicación de la excepción
de la Ley de detectives privados.
Su reclamo consistió en
que la falta de expresión de los hechos concretos en que se
basa la investigación no permite determinar la pertinencia
de
la
información
requerida
requerimiento de información.
o
la
legitimidad
del
El foro apelativo confirmó
la decisión del Tribunal de Primera Instancia y concluyó
CC-2000-995
que
de
8
acuerdo
requerimiento
al
de
argumento
información
de
los
recurrentes,
formulado
a
través
un
de
una
citación vendría obligado a cumplir con el requisito de
causa
probable
que
sólo
aplica
a
los
casos
en
que
sea
necesario una orden judicial de registro y allanamiento.
El Tribunal de Apelaciones recalcó en su sentencia que la
intervención
con
recibe
protección
una
un
ciudadano
menor
registros o allanamientos.
producida
que
la
por
un
requerida
subpœna
para
los
Por esas razones, dicho foro
confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
Los
recurrentes
comparecieron
ante
este
Tribunal
mediante recurso de Certiorari, y reiteraron los argumentos
expresados ante el Tribunal de Apelaciones en cuanto a que
la
OAM
no
incluyó
documentación
en
su
subpœna
la
los
hechos
solicitada,
pertinencia
de
concretos
la
que
motivaron su investigación a la PRC, ni los objetivos de la
misma.
Los recurridos plantearon que a pesar de que la OAM
indicó que existían unas querellas contra la PRC, éstas
nunca se presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia,
de
manera
que
éste
pudiera
conocer
naturaleza
de
las
mismas
para
el
contenido
la
si
la
investigación se llevaba a cabo conforme a derecho.
Los
recurrentes
haya
imputaron
como
error
determinar
y
el
que
no
se
solicitado a la OAM que demostrara la legitimidad de su
investigación.
En
cuanto
a
los
subpœnas
impugnados,
alegaron que éstos no expresaban violación alguna en la que
hubiese incurrido la PRC, tampoco contenían la fecha de la
CC-2000-995
9
ocurrencia de la alegada violación ni la fecha en que la
OAM se enteró de la supuesta violación.
Por estas razones
los recurrentes arguyeron que los foros inferiores erraron
al
no
exigirle
a
los
recurridos
que
subsanaran
dichas
faltas en los subpœnas y al fundamentar su negativa en que
por no tratarse de un registro o allanamiento, sino de un
requerimiento de información, la protección constitucional
es inferior.
Por
su
parte,
los
recurridos
argumentaron
que
de
acuerdo a la jurisprudencia que versa sobre los subpœnas
duces
tecum
et
ad
no
testificandum,
se
requiere
la
existencia previa de una querella o violación de ley, es
suficiente
que
propósito
la
autorizado
investigación
por
ley.
se
realice
Adujeron
que
para
un
tampoco
se
requiere mostrar causa probable como en el caso de los
registros y allanamientos, ya que según argumentaron, el
requisito
de
razonabilidad
registros
y
adecuada,
pero
requieren.
En fin, los recurridos alegaron que de acuerdo
allanamientos
no
requerido
se
en
los
casos
cumple
detallando
en
los
documentos
que
excesiva,
de
forma
se
a los amplios poderes investigativos de las agencias, y
según los límites constitucionales que la jurisprudencia ha
impuesto
a
dichas
facultades,
los
subpœnas
emitidos
cumplían con los requisitos de razonabilidad, pertinencia y
necesidad establecidos en la jurisprudencia.
El
30
Resolución
de
marzo
del
2001
este
denegando
el
recurso
de
Tribunal
emitió
Certiorari
de
una
los
CC-2000-995
10
recurrentes.
En Reconsideración decidimos expedir el auto
solicitado.
Tras un detenido examen del expediente y del
derecho
aplicable,
revocamos
la
sentencia
recurrida
y
anulamos los subpœnas expedidos por la Oficina de Asuntos
Monopolísticos.
Primera
Se ordena devolver el caso al Tribunal de
Instancia
para
la
continuación
de
los
procedimientos.
Lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Fiol Matta concurre con el resultado con opinión escrita.
El
Juez
asociado
Señor
opinión
escrita.
La
Fuster
Jueza
Berlingeri
Asociada
disiente
señora
sin
Rodríguez
Rodríguez no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico
representado
por
el
Departamento de Justicia, Oficina
de Asuntos Monopolísticos
Demandante-recurrido
Certiorari
v.
Saint James Security Services,
Inc.; Luis Maldonado Trinidad,
como Presidente de Saint James CC-2000-995
Security Services, Inc.; Nacional
Investigation
and
Protection
Group, Inc.; y Héctor M. Rivera
Serrano,
como
Presidente
de
Nacional
Investigation
and
Protection Group, Inc.
Demandados-peticionarios
Puerto Rican Cement Company, Inc.
Interventora
Opinión concurrente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA
FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2007.
El
recurso
controversia
ante
que
no
nuestra
ha
consideración
sido
atendida
presenta
una
expresamente
en
nuestro ordenamiento, a saber, si en el caso de un subpœna
duces tecum administrativo, dirigido a un tercero para que
divulgue información suya a pesar de no ser el objeto de la
investigación, se requiere explicitar la pertinencia de la
información requerida.
Por eso, si bien me parece atinada
la
este
disposición
que
de
caso
ha
hecho
la
Mayoría,
2
CC-2000-995
entiendo
que
debimos
examinar
a
fondo
los
criterios
aplicables a las investigaciones administrativas frente a
reclamos
de
terceros
constitucionales
contra
basados
en
las
citaciones,
garantías
allanamientos
y
registros irrazonables, con miras a elaborar las guías que
requiere dicha actuación gubernamental.
I
En
Puerto
Rico,
el
desarrollo
doctrinario
y
jurisprudencial en materia de derecho administrativo tiene
como
origen
la
estadounidense.
doctrina
y
la
jurisprudencia
A través de los años, éstas se han seguido
usando como referente por las posibles correspondencias que
un origen común pueda brindar, siempre que sean compatibles
con
nuestro
acervo
legal.
Resulta
útil
comparar
el
desarrollo jurídico de la doctrina sobre investigaciones
administrativas y el uso de subpœnas duces tecum en ambas
jurisdicciones.
El
explica
tratadista
la
norteamericano
importancia
de
la
Bernard
Schwartz,
información
para
nos
el
funcionamiento de las agencias administrativas con estas
palabras:
Information is the fuel without which the
administrative engine could not operate; the old
saw that knowledge is power has the widest
application in administrative law.
To exercise
its substantive powers of rule making and
adjudication intelligently, the agency must know
what is going on in the area committed to its
authority. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed.,
1991, p. 110,
3
CC-2000-995
Aunque es común que las agencias obtengan información
de manera voluntaria, con frecuencia se les delega mediante
legislación el poder de obligar a las personas a que les
suministren la información que necesiten.
H.M.C.A. (P.R.),
Inc., etc. v. Contralor, 133 D.P.R. 965, 968-969 (1993).
El poder de investigación es para Schwartz, op. cit., p.
178 el modo mediante el cual una agencia puede asegurar la
consecución
de
la
información
necesaria
para
el
uso
racional de sus poderes sustantivos.
El poder de requerir información de manera coercitiva
incluye el poder de citar testigos y el de requerir la
producción
de
documentos.
A
ese
poder
se
le
denomina
también como el poder de subpoena ad testificandum, cuando
se requiere meramente testimonio, o subpoena duces tecum,
cuando se requiere que se comparezca ante la agencia para
producir
documentos.
H.M.C.A.
(P.R.),
Inc.,
etc.
v.
Contralor, supra.
Las citaciones administrativas que se utilizan para
obtener información en el curso de una investigación son
instrumentos vitales para que las agencias puedan cumplir
las
funciones
que
se
les
encomiendan.
Inc., etc. v. Contralor, supra.
H.M.C.A.
(P.R.),
Schwartz recalca que sin
el poder para emitir subpœnas, el poder de investigación
administrativo
investigado.
queda
Sobre
subordinado
la
naturaleza
al
consentimiento
del
e
importancia
ese
de
instrumento investigativo el autor expresa lo siguiente:
The subpoena power differs materially… from
the power to gather data and make investigations.
4
CC-2000-995
Without the subpoena that power is in effect a
power of inspection at the employer’s place of
business to be exercised only on his consent…
[T]he subpoena is in form an official command,
and even though improvidently issued it has some
coercive tendency. Schwartz, Administrative Law:
A Case Book, 4ta ed., 1994, pág. 199.
A mediados del siglo pasado, en tiempos de guerra, las
agencias
administrativas
jugaron
un
papel
central
en
la
estabilización económica y social de los Estados Unidos,
regulando
la
producción
precios.
Ello,
según
industrial,
explica
constitucionales
profundos
estadounidense,
con
un
que
los
salarios
y
los
Davis,
requirió
cambios
el
Tribunal
Supremo
criterio
contrario
a
años
anteriores, no titubeó en realizar.[1] El caso de Endicott
Johnson v. Perkins, 317 U.S. 501 (1943), marcó una nueva
época para las agencias del ejecutivo.
En dicho caso, la
agencia gubernamental emitió un subpœna contra una compañía
alegando
tener
“razones
incurrido
en
agencia.
La compañía alegó que la información solicitada
violaciones
para
creer”
a
ley
la
que
ésta
custodiada
había
por
la
no era pertinente a las determinaciones que la Secretaria
de la agencia estaba facultada a hacer según el estatuto
orgánico. El
Tribunal
Supremo
resolvió
que
era
a
la
Secretaria a quien le competía determinar la pertinencia de
En palabras del tratadista:
[1]
… if the Constitution stood in the way, as
it unquestionably did, the Constitution would
have to be changed… The Justices of the Supreme
Court dutifully carried out the unmaking and the
remaking. Administrative Law Treatise, 2da ed.,
Vol. I, K.C. Davis Pub. Co., California, 1978,
págs. 228-299.
5
CC-2000-995
la información requerida.
medida
en
impertinente
que
la
Su discreción era amplia en la
evidencia
(plainly
no
incompetent
fuera
or
evidentemente
irrelevant)
a
los
fines que le estaban encomendados legalmente.
Inclusive,
el
apelado
Tribunal
Supremo
expresó
que
el
tribunal
no
tenía autoridad para dilucidar el asunto concerniente a la
envergadura de la investigación.[2]
La
opinión
Oklahoma
Press
(1946),
dejó
del
Tribunal
Publishing
claro
que
Supremo
Co.
la
v.
estadounidense
en
327
186
Walling,
norma
expuesta
U.S.
en
Endicott
Johnson v. Perkins, supra, era de aplicación general, y
constituía la nueva doctrina sobre el alcance del poder
investigativo
de
las
agencias
federales.
Además,
dicha
opinión manifestó que un subpœna no constituye un registro
o
un
allanamiento,
limitándose
por
tanto
la
protección
constitucional ofrecida por la Enmienda Cuarta a que el
requerimiento no sea demasiado indefinido o amplio, que la
agencia esté autorizada por ley a requerir información y
que la información requerida sea pertinente.
requerimiento
no
puede
ser
En fin, el
irrazonable. Oklahoma
Press
Publishing Co. v. Walling, supra, p. 195.
Los precedentes doctrinarios anteriores a Endicott y
Oklahoma Press, diametralmente contrarios a esta nueva
Este criterio era diametralmente opuesto al que sostuvo el
Tribunal Supremo estadounidense a principios del siglo
pasado, cuando resolvió que una orden para producir
información podría constituir un registro y allanamiento
irrazonable bajo la Constitución federal. Hale v. Henkel,
201 US 43, 76 (1906).
[2]
6
CC-2000-995
doctrina,
cortes
estaban
tan
firmemente
inferiores
se
rehusaron
establecidos
por
un
que
las
tiempo
a
descartarlos. Davis relata que para ello se requirió el
ejercicio pleno de la autoridad del Tribunal Supremo.
El
caso de United States v. Morton Salt, 338 US 632, 641-642,
652 (1950) puso fin al repudio que había manifestado el
Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos
en
décadas
anteriores en torno a las llamadas “expediciones de pesca”,
permitiéndolas incluso para satisfacer una “curiosidad” de
la agencia.
La
amplitud
conferida
jurisprudencialmente
a
la
facultad investigativa de las agencias eliminó cualquier
requisito de causa probable y dejó a discreción del jefe de
las
agencias
el
aspecto
de
la
pertinencia
información.
La
discreción
de
la
circunscrita
sólo
por
los
criterios
agencia
de
la
quedó
establecidos
en
Oklahoma Press Publishing Co., supra., es decir, que la
información sea pertinente a la investigación y el alcance
del requerimiento sea lo razonablemente necesario.[3]
La
determinación de pertinencia se basa en la relación de lo
[3]
Davis nos explica que:
An agency with power to investigate may make an
investigation that is as broad as it reasonably
finds to be appropriate, but a demand for
information must be relevant to the investigation
and may not be broader than is reasonably
necessary. The breadth of an investigation is for
the investigators to determine. The breadth of a
subpoena or of a search made in records may be
excessive, but the test is relevance to the
specific purpose, and the purpose is determined
by the investigators. Davis, op. cit., p. 271.
7
CC-2000-995
requerido al propósito de la investigación, el cual a su
vez, descansa en la sana discreción del investigador.
Según
Davis
el
cambio
en
la
connotación
de
los
conceptos “registro irrazonable” y “auto incriminación” en
el contexto de las investigaciones administrativas ocurrió
sin explicación alguna.
Por eso el tratadista alega que
los cambios doctrinales se basaron en cambios de política
pública para los cuales el Tribunal Supremo no acostumbra
brindar explicación: “the Supreme Court in its opinions on
the
administrative
power
of
investigation
customarily
avoids any discussion of broad reasons of policy.”
Davis,
op. cit, p. 236.
En el caso de Oklahoma Press Pub. Co. v. Walling,
supra,
se
estableció
producción
de
que
documentos,
un
a
requerimiento
pesar
para
de
ser
registro
implícito[4],
no
es
propiamente
un
allanamiento
bajo
el
significado
clásico
un
de
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
la
registro
o
la
un
Cuarta
Pero en
See v. City of Seattle, 387 U.S. 541, (1967), el Tribunal
Supremo
de
los
protecciones
subpœnas.
de
la
Estados
Unidos
determinó
Cuarta
Enmienda
se
que
extienden
las
a
los
El caso de U. S. v. Miller, 425 U.S. 435 (1976),
aclaró que una orden o subpœna para la producción de libros
y
papeles
puede
constituir
un
registro
o
allanamiento
irrazonable dentro de la Cuarta enmienda si el alcance de
dicha producción es demasiado amplio.
El Tribunal Supremo
“constructive search”.
[4]
de
los
Estados
Unidos
le
llama
8
CC-2000-995
En Puerto Rico, el desarrollo doctrinario sobre las
investigaciones administrativas a través de requerimientos
de información o subpœnas duces tecum, comenzó a forjarse a
la luz de lo resuelto por los tribunales estadounidenses.
En
Cooperativa
Cafeteros
de
Puerto
Rico
v.
Ramón
Colón
Torres, et al, 84 D.P.R. 278 (1961), adoptamos la norma
formulada jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de
los
Estados
Unidos
a
los
efectos
de
poderes de investigación a las agencias.
otorgarle
amplios
En ese caso, el
Inspector de Cooperativas solicitó de Cafeteros de Puerto
Rico
una
extensa
información
operaciones de esa cooperativa.
relacionada
con
las
La información solicitada
debía estar incluida en un informe requerido por la Ley de
Cooperativas que el demandado había dejado de completar.
Así lee la traducción que hiciéramos en ese caso de la
norma tomada de United States v. Morton Salt Co., 338 U. S.
632 (1950):
Aún
si
consideramos
la
información
solicitada en este caso como motivada meramente
por la curiosidad oficial... los organismos
llamados a hacer cumplir las leyes tienen el
legítimo derecho de cerciorarse de que las
corporaciones actúan de acuerdo con la ley y con
el
interés
público.
Desde
luego
una
investigación gubernamental de los asuntos de una
corporación puede ser de una naturaleza tan
abarcadora y tan no relacionada con la materia
bajo investigación que exceda el poder de
investigación. Federal Trade Comm'n v. American
Tobacco, supra.
Pero es suficiente si la
investigación está dentro de la autoridad de la
agencia,
el
requerimiento
no
es
demasiado
indefinido
y
la
información
solicitada
es
razonablemente pertinente. La esencia de la
9
CC-2000-995
protección consiste en el requisito, expresado en
forma concreta, de que la divulgación requerida
no sea irrazonable'. Oklahoma Press Publishing
Co. v. Walling, 327 U. S. 186, 208. Cooperativa
Cafeteros de Puerto Rico v. Colón, supra, 285.
Énfasis nuestro.
Luego de exponer el citado fragmento, aclaramos, que:
Desde luego, existen límites en cuanto a lo
que, bajo el color de informes, puede exigir la
Comisión. No intentamos definir en lo abstracto
exactamente cuáles son estos límites.
Pero
podemos decir con certeza que tales límites
impedirían que la Comisión llegara a los extremos
del ejemplo extravagante que utilizó uno de los
demandados para demostrar lo que teme que ocurra
si sostenemos la validez de esta orden--que la
Comisión puede requerir informes de las compañías
de
automóviles
que
incluyan
archivar
los
automóviles. Id.
Quedaron
asentados
considerados
en
controversia
acerca
del
poder
agencias,
saber,
que
la
a
nuestra
los
criterios
jurisdicción
de
al
a
ser
evaluar
una
investigación
información
de
las
solicitada
esté
dentro de la autoridad de la agencia, el requerimiento no
sea
demasiado
razonablemente
indefinido
y
pertinente.[5]
la
Un
información
sea
requerimiento
de
información impugnado será respaldado si cumple “con lo que
se
ha
sujeto
sostenido
a
es
razonable
investigación
administrativa.”
y
requerir
de
un
organismo
reglamentación
de
una
agencia
Cooperativa Cafeteros de Puerto Rico v.
Colón, supra, 286.
En Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21
(1969),
señalamos
que
lo
determinante
en cuanto a qué
Véase también P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741
(1976).
[5]
10
CC-2000-995
documentos,
récords,
archivos
y
cuentas
pueden
ser
examinados por una agencia es su pertinencia al asunto que
es objeto de una investigación autorizada por la ley.
[6]
Indicamos
que
no
es
necesaria
una
querella
formal,
de
una
criminal,
ya
el
propósito
precisamente
resultado
que
averiguar
de
la
si
la
demanda
se
investigación
o
de
ha
presentación
la
de
acusación
investigación
violado
puede
una
de
la
ley.
depender
si
es
Del
el
organismo público concernido procede o no a la formulación
de una querella, demanda o acusación. [7]
En esa opinión añadimos que la determinación sobre la
pertinencia
de
la
información
requerida
corresponde
inicialmente al funcionario que realiza la investigación,
por lo que concluimos que una persona o una corporación que
está bajo investigación no puede colocarse en la posición
de dar solamente la información que ella elija ofrecer.
[8]
Por otro lado, hemos precisado que son los tribunales,
como intérpretes últimos de la compatibilidad del ejercicio
del poder investigativo gubernamental con los postulados
constitucionales, los llamados a dirimir las controversias
[6]
Para fundamentar dicho dictamen
Bros. v. Walling, 157 F.2d 841,
denegado 330 U.S. 819 (1947).
recurrimos a Detweiler
843 (1946), certiorari
En esta ocasión decidimos como en Link v. N.L.R.B., 330
F.2d 437 (1964) donde se dijo que “es irrazonable en
extremo insistir en que el resultado esté disponible antes
de comenzarse la investigación.”
[7]
Hemos reconocido que, por lo general, es la información
que no se ofrece la que es de mayor pertinencia cuando se
ha incurrido en prácticas ilegales. Comisionado de Seguros
[8]
11
CC-2000-995
sobre asuntos de pertinencia.
De esa forma, en virtud de
los poderes que la Constitución nos ha conferido, nos hemos
preservado la facultad suprema para dirimir controversias
sobre este asunto, como salvaguarda contra el amplio poder
investigativo que hemos reconocido.
Así aunque una agencia
administrativa puede expedir una citación sin obtener antes
una orden judicial, el requerido tiene derecho a cuestionar
su razonabilidad en un tribunal antes de ser penalizado por
incumplimiento[9].
su
H.M.C.A.
(P.R.),
Inc.,
etc.
v.
Contralor, supra, págs. 970-971.
El poder inquisitivo de las agencias administrativas,
sin
dudas,
puede
convertirse
en
un
instrumento
de
hostigamiento y persecución. Ver Schwartz, op. cit, pág.
110.
Por eso aún cuando las agencias gocen de tan amplia
facultad investigativa, su ejercicio no queda al margen de
los
postulados
ordenamiento.
constitucionales
H.M.C.A.
que
informan
(P.R.),
Inc.,
etc.
hemos
reconocido
v.
nuestro
Contralor,
supra, pág. 970.
Reiteradamente
que
las
interpretaciones que hace el Tribunal Supremo federal sobre
el contenido de los derechos fundamentales conferidos por
la
Constitución
de
Estados
Unidos
sólo
constituyen
el
mínimo de protección que debemos brindar a esos derechos al
amparo de nuestra
propia
Constitución.
Por
eso,
dichas
v. Bradley, supra, p. 34. Doctrina adoptada de N.L.R.B. v.
United Aircraft Corp., 200 F.Supp. 48 (1961).
Doctrina de Donovan v. Lone Steer, Inc., 464 U.S. 408, 415
(1984).
[9]
12
CC-2000-995
interpretaciones no limitan nuestra facultad para reconocer
mayor amplitud a las garantías constitucionales conferidas
por la Constitución de Puerto Rico.
Así, hemos determinado
que nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la
Constitución federal con respecto a derechos tales como la
prohibición contra registros y allanamientos irrazonables.
Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc., v. Hermandad
Independiente
de
Empleados
Telefónicos,
150
D.P.R.
924,
948-949 (2000); H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor,
supra.[10]
Estado
La razón para ello es que la Constitución del
Libre
Asociado
"tiene
un
origen
y
un
historial
distinto a la Constitución de Estados Unidos... [n]uestra
Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales
con
una
visión
más
abarcadora
y
protectora
que
la
Constitución de Estados Unidos". Emp. Pur. Des., Inc. v. H.
I. E. Tel., supra; López Vives v. Policía de P.R., 118
D.P.R. 219, 226-227 (1987).
En
ocasiones
jurisprudencia
hemos
puesto
estadounidense,
en
de
manifiesto
cuanto
a
los
que
la
derechos
fundamentales, sólo tiene valor persuasivo, ilustrativo y
comparativo
ya
que
nuestra
involucrados
y
el
modo
de
percepción
de
conciliarlos
los
valores
pueden
ser
Véanse además Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R.
587 (1994); Pueblo v. Muñoz, Colón y Ocasio, 131 D.P.R. 965
(1992); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562
(1992); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991);
Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v.
Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, (1986); Pueblo v. Dolce, 105
D.P.R. 422 (1976).
[10]
13
CC-2000-995
enteramente distintos.
315 (1994).
las
Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR
Así lo hemos dispuesto al expresarnos sobre
garantías
irrazonables.
contra
registros
y
allanamientos
Pueblo v. Pérez Pérez, 115 DPR 827, (1984).
En H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. Contralor, supra,
reiteramos
el
principio
administrativas
están
de
que
las
investigaciones
sujetas,
por
norma
general,
a
la
garantía provista por la sección 10ma del artículo II de la
Constitución
de
Puerto
allanamientos,
registros
Rico
e
contra
citaciones,
incautaciones
irrazonables.
E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 206 (1984).
Es
incuestionable
el
hecho
de
que
una
investigación
administrativa constituye una intervención del estado en
los
asuntos
implica
el
de
las
acceso
jurisprudencia
personas
a
ha
sus
naturales
casas,
establecido
o
papeles
jurídicas
que
efectos.
La
entre
los
o
distinciones
diversos métodos investigativos para efectos de determinar
la
razonabilidad
inspección,
RDT
la
allanamiento,
Construction
Contralor
de
I,
intervención
intervención
entrega
Corporation
141,
está
de
estatal
(e.g.
documentos,
etc.).
v.
Ileana
D.P.R.
424,
433
limitada
por
los
Colón
Carlo,
(1996).
Dicha
criterios
de
razonabilidad que garantiza nuestro texto constitucional y
que
a
esos
desarrolladas
poder
efectos
a
partir
gubernamental
hemos
forjado.
Las
de
limitación
fundamental
esa
sustentan
la
norma
garantías
al
claramente
establecida que sujeta la razonabilidad de un requerimiento
14
CC-2000-995
administrativo o subpœna duces tecum a que concurran las
tres
circunstancias
identificadas
en
la
jurisprudencia
antes explicada: que la investigación esté dentro de la
autoridad
conferida
requerimiento
información
no
por
sea
ley
a
demasiado
solicitada
sea
la
agencia;
que
el
que
la
pertinente
al
indefinido,
razonablemente
y
asunto específico bajo investigación. H.M.C.A. P.R.), Inc.,
etc. v. Contralor, supra, pág. 970; E.L.A. v. P.R. Tel.
Co., supra, pág. 402; P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra,
págs. 747-748; Comisionado de Seguros v. Bradley, supra,
pág. 31.
Ha quedado establecido que la determinación de causa
probable no aplica al caso de requerimientos de documentos
o subpœnas; aplica, sin embargo, en circunstancias donde se
pretenda
inspeccionar,
incautar
necesaria
la
de
efectos.
Ya nos expresamos sobre ese particular en RDT
emisión
o
una
allanar,
orden
ya
judicial
que
a
es
tales
Construction v. Colón Carlo I, supra, págs. 433-434; ELA v.
Coca Cola Bottling, Co., supra.
En el caso de los subpœnas
duces tecum, como ya hemos mencionado, lo determinante es
que
la
agencia
u
organismo
inquisidor
pertinencia de la información solicitada.
demuestre
la
Dicho estándar
es menor que el de causa probable.
En
varias
interpretar
ocasiones
nuestra
hemos
Constitución
insistido
debemos
en
que
al
garantizar
la
continuada vigencia de sus valores fundamentales frente a
las
nuevas
realidades
del
país.
Debemos
evitar
que
15
CC-2000-995
interpretaciones inflexibles y el apego a viejos modelos
impidan su aplicabilidad a las eventualidades del futuro y
en
pocos
años
tornen
obsoleta
una
constitución
diseñada
para guiar la vida de un pueblo por varios siglos.
Al
interpretar
su
sus
contornos,
debemos
garantizar
vigorosidad y relevancia a los problemas socioeconómicos y
políticos de nuestro tiempo.
Emp. Pur. Des., Inc. v. H. I.
E. Tel., supra; Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R.
405, 411 (1990); Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R.
404, 410 (1988); P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580, 613
(1988); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 227
(1987).
mayor
Es una realidad de la vida contemporánea que la
parte
de
los
subpœnas
emitidos
para
obtener
documentación se dirigen a terceras partes que no son el
objeto
de
la
administrativa[11].
investigación
Por
esta
razón, en RDT Construction v. Ileana Colón Carlo I, supra,
rechazamos
sobre
la
aplicación
privacidad
donde
de
el
la
doctrina
criterio
estadounidense
aplicable
era
el
de
“posesión o propiedad” según United States v. Miller, 425
U.S. 435 (1976) y su progenie, y nos inclinamos por la
vertiente anterior expuesta en Katz v. United States, 389
U.S. 347 (1967) que estableció el criterio de “expectativa
razonable de intimidad”.
La
necesidad
de este enfoque se
Véase W. R. La Fave, Search and Seizure, A Treatise on
the Fourth Amendment, 1era ed., West, suppl. 2007, sec. 4.13
citando a Slobogin, Subpœnas and Privacy, 54 DePaul L.
Rev., 805 (2005).
[11]
16
CC-2000-995
hace cada vez más patente con el creciente uso cotidiano de
la tecnología informática por la ciudadanía.
En el caso de
RDT Construction v. Ileana Colón Carlo
I, supra, hicimos hincapié en la amplitud de los poderes
investigativos del Contralor, habida cuenta de que se trata
de una agencia que tiene rango constitucional con rasgos y
poderes
muy
particulares
que
agencias administrativas.[12]
la
distinguen
de
otras
H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v.
Contralor, supra, pág. 964; RDT Construction v. Colón Carlo
I, supra, pág. 445.
No obstante y a pesar de la amplitud
de
le
dichos
poderes
conferimos
una
protección
al
investigado cuando su información se encuentre en poder de
un tercero.
Carlo
Posteriormente, en RDT Construction v. Colón
II,
141
mecanismo
que
D.P.R.
861,
establecimos
863-864
en
RDT
(1996)
aclaramos
Construction
v.
el
Colón
Carlo I, supra, para asegurar que los tribunales tengan una
oportunidad
de
evaluar
la
razonabilidad
de
un
subpœna
dirigido a un tercero y determinar su procedencia, si quien
está siendo investigado decide impugnarlo.
Dicho mecanismo
consiste en notificar a la persona en quien se ha centrado
la investigación cuando se le requiriera a un tercero la
producción de documentos sobre los cuales el investigado
alberga
una
referencia
expectativa
se
requirió
de
intimidad. En
la
producción
el
de
caso
de
documentos
bancarios de una entidad corporativa.
Ver la sección 22 del artículo III de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
[12]
17
CC-2000-995
Al definir los poderes investigativos de la Asamblea
Legislativa, este Foro ha adoptado una postura similar a la
que asumimos en cuanto al Contralor.[13]
Por eso, en Rullán
v. Fas Alzamora, 2006 TSPR 5, recalcamos que la facultad
investigativa
necesaria
de
para
la
Legislatura
cumplir
la
es
tan
función
amplia
como
legislativa,
sea
pero
aclaramos, como antes lo hemos hecho, que no obstante su
amplitud, dicha facultad no es absoluta y corresponde a
este Foro demarcar sus contornos.[14] Aplicamos entonces el
requisito de notificación a la gestión investigativa de la
Asamblea
Legislativa,
y
como
discutiremos
más
adelante,
ampliamos la protección que dicha notificación brinda al
investigado.
Así, ante la presencia de un tercero en la gestión
investigativa de unos organismos ampliamente facultados por
la Constitución, hemos erigido protecciones adicionales a
las
desarrolladas
en
la
requerimientos de información.
doctrina
tradicional
sobre
De ello se desprende que en
el caso de agencias con poderes investigativos otorgados
estatutariamente podemos exigir salvaguardas más rigurosas
Véase H.M.C.A. (P.R.), Inc. v. Contralor, supra, pág.
964Allí reiteramos que en el ejercicio de su facultad y
deber de fiscalizar la ejecución de la política pública y a
los jefes de Departamento, la Asamblea Legislativa goza de
vastos poderes de investigación (…) Esos poderes son
inseparables de la facultad de legislar. Peña Clos v.
Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 590 (1983).
[13]
Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, pág. 591; Hernández
Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79, 82 (1986).
[14]
18
CC-2000-995
para
ceñir
la
acción
administrativa
a
los
imperativos
constitucionales que ya hemos expuesto.
Los
H.M.C.A.
hechos
que
(P.R.),
provocaron
Inc.
v.
nuestras
Contralor,
opiniones
y
supra,
en
RDT
Construction v. Colón Carlo I, supra, son distinguibles de
los del caso de autos, pues implicaban subpœnas requiriendo
a un tercero la divulgación de información perteneciente a
quienes
eran
el
objeto
de
la
investigación.
En
la
controversia que hoy nos ocupa, la OAM solicita la entrega
de documentos pertenecientes a los recurrentes, quienes son
terceros
en
la
investigación
sobre
la
PRC. Como
se
desprende de la marcada tendencia jurisprudencial, cuando
la
información
requerida
le
pertenece
a
un
tercero,
la
protección judicial ante la intervención gubernamental se
torna imperante.
En
nuestra
inquisitivos
jurisdicción
pueden
requerir
las
agencias
información
con
poderes
perteneciente
a
terceros en quienes no se ha centralizado la investigación
administrativa.
supra,
pág.
En
33,
Comisionado
habíamos
de
Seguros
indicado
v.
que
Bradley,
el
poder
investigativo del Comisionado de Seguros no se interpreta
restrictivamente para limitarlo a operaciones de seguros
propiamente
dichas,
ni
tampoco
se
limita
a
compañías
dedicadas a seguros, sino que, cuando las circunstancias lo
justifican, puede extenderse a otras entidades o empresas
19
CC-2000-995
que hayan tenido relaciones comerciales o económicas con
compañías de seguros.[15]
A
tales
efectos
declaramos
que
tratándose
de
una
investigación válidamente hecha por un organismo público
dentro del ámbito de la autoridad conferida por ley, el
hecho de que determinados papeles pertenezcan a un tercero
no los pone fuera del alcance de la investigación.[16]
Según
este razonamiento, establecimos que si un tercero no puede
oponerse a revelar datos que estén dentro del ámbito del
poder
investigativo
del
organismo
público
(por
estar
relacionados con el asunto o la materia sobre el cual el
organismo tiene jurisdicción), menos puede oponerse a ello
una
persona
o
jurisdicción
conferir
una
del
tal
entidad
organismo
amplitud
que
está
claramente
investigador.
investigativa
A
a
las
bajo
la
pesar
de
agencias
administrativas, no tuvimos la oportunidad de demarcar los
lindes
constitucionales
de
la
facultad
para
requerir
información a terceros que no son propiamente el objeto de
la investigación de la agencia.
En Rullán v. Fas Alzamora, supra, se le “notificó” al
investigado acerca de un subpœna expedido al Secretario de
Hacienda
requiriendo
sus
Resolvimos
que
notificación
dicha
documentos
no
contributivos.
cumplía
requisitos constitucionales de razonabilidad.
con
los
Establecimos
Bankers Life and Casualty Co. v. McCarthy, 137 N.E.2d 398
(1956) y Commissioner of Insurance v. The First National
Bank of Boston, 223 N.E.2d 684 (1967).
[15]
20
CC-2000-995
que era necesario explicitar en la notificación, de manera
específica
y
detallada,
las
razones
por
las
cuales
una
comisión creada para investigar a la WIPR necesitaba las
planillas contributivas de su ex asesor legal.
Respecto a
esto, nos hicimos la siguiente pregunta:
¿No
era
razonable
que
el
referido
requerimiento señalara al contribuyente en forma
específica y detallada las razones por las
cuales, la comisión legislativa diseñada y creada
con el propósito de investigar la situación
existente en la W.I.P.R., necesitaba copias de
sus planillas para lograr ese fin?
Entendemos
que no sólo era razonable, sino imprescindible,
por imperativo del derecho constitucional a un
debido proceso de ley… el Tribunal de Primera
Instancia debió exigir al Senado de Puerto Rico
que demostrara la razonabilidad y pertinencia del
requerimiento dirigido al Secretario de Hacienda
por una de sus comisiones.
A lo anterior debemos añadir que existe una distinción
entre
una
orden
de
producción
de
documentos
o
subpœna
emitido con fines puramente civiles y un subpœna con fines
penales.
Hemos establecido que cuando se trate de subpœnas
tendentes
a
conseguir
criminal,
se
debe
salvaguardas
la
cumplir
establecidas
constitucionales.
supra, pág. 445.
información
RDT
para
estrictamente
a
la
Construction
luz
v.
una
con
de
acusación
todas
las
Colón
las
normas
Carlo
I,
En el caso de un subpœna mediante el cual
se pretende conseguir información para hacer acusaciones
criminales,
es
imperativo
que
el
cumplimiento
de
los
Application of Waterfront Commission of New York Harbor,
160 A.2d 832 (1960) y Pope & Talbott, Inc. v. Smith, 340
P.2d 960 (1959).
[16]
21
CC-2000-995
requisitos
constitucionales
de
los
subpœnas
surja
protección
consagrada
claramente de su texto.
Cabe
recordar
que
la
en
la
sección 10ma del artículo II de la Constitución de Puerto
Rico
se
extiende
también
a
las
corporaciones
privadas,
aunque el ámbito de la intimidad reconocido a éstas es
menor que el de las personas naturales.
RDT Construction
Corporation v. Ileana Colón Carlo, Contralor I, supra, 435
(1996); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra, 209.[17]
ello,
entiendo
descubrir
que
cuando
información
el
subpœna
perteneciente
a
está
Por
dirigido
terceros
que
a
son
personas naturales, es imperativo considerar los asuntos
sobre
privacidad
requerimiento
pueda
y
auto
suscitar.
incriminación
Bajo
esas
que
dicho
circunstancias,
nuestra facultad revisora adquiere mayor rigurosidad, por
lo que si el tercero es una persona natural, la agencia
debe hacer alegaciones específicas que impliquen al tercero
con el objeto de la investigación administrativa.
subpœna
debe
estar
sujeto
a
un
escrutinio
más
Dicho
exigente
aquel que se dirija a una persona jurídica.
Aún cuando las corporaciones pueden y deben estar
protegidas de requerimientos ilegales hechos so pretexto de
una investigación pública, éstas no pueden reclamar que se
les equipare a los individuos en el disfrute del derecho a
la privacidad. Ellas poseen atributos públicos. Tienen un
impacto colectivo sobre la sociedad, de la cual derivan el
privilegio de actuar como entidades artificiales. Los
favores del Gobierno frecuentemente conllevan una mayor
medida de reglamentación. Cooperativa de Cafeteros v.
Colón, supra.
[17]
22
CC-2000-995
De
acuerdo
coyuntura
que
a
nos
lo
antes
brinda
expuesto,
este
caso
aprovecharía
la
establecer
que
para
cuando una entidad gubernamental con poderes inquisitivos
emita un subpœna duces tecum con fines penales a un tercero
en
quien
no
se
requerimiento
ha
centrado
deberá
exponer
la
en
investigación,
forma
el
específica
y
detallada, la pertinencia y la necesidad de los documentos
requeridos.
Es decir, cuando la información requerida en
un subpœna con fines penales pertenezca a un tercero que no
es el objeto de la investigación, no es suficiente que el
requerimiento
servirían
se
para
justifique
justificar
con
un
las
mismas
subpœna
con
razones
fines
que
penales
dirigido al objeto de investigación.
En la evaluación de
un
se
dirigido
subpœna
estándar
más
a
riguroso
un
tercero
que
el
de
debe
mera
aplicar
un
pertinencia.
El
tercero tiene derecho a conocer las razones por las cuales
se le está requiriendo una información que le pertenece en
el contexto de una investigación que no está centrada en su
figura,
o
que
al
menos
no
aparenta
estarlo.
En
esas
circunstancias, la agencia debe explicar las razones para
requerirle
la
información
objeto
del
dentro
del
industrialización
que
de
los
subpœna
marco de la investigación.
II
A
comenzó
tono
con
en
Puerto
la
política
Rico
a
de
finales
la
década
de
cuarenta para estimular la inversión privada, y ante la
consecuente
expansión
industrial
y
económica
que
se
23
CC-2000-995
manifestó a principios de la década de los sesenta[18], se
aprobó la Ley Núm. 77 del 25 de junio de 1964, conocida
como Ley para prohibir prácticas monopolísticas y proteger
la
justa
y
libre
competencia
en
los
negocios
y
el
comercio.
10 L.P.R.A. secs. 257 et seq.
Esta ley tiene
como
la
democrático
norte
asegure
la
concepción
libre
de
un
participación
decisiones colectivas.[19]
sistema
del
ciudadano
en
que
las
Según su exposición de motivos,
es incompatible con tal
Ver Henry Wells, La modernización de Puerto Rico, (Pedro
G. Salazar), 1era ed., México, Editorial Universitaria de la
UPR, 1972.
[18]
Nos parece pertinente, para fines de comprender el marco
histórico dentro del cual se promulgó dicha ley, recordar
las palabras de ELA v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 529, esc. 10
(1967) citando al Papa Juan XXIII, sobre la intervención
del poder público en el campo económico:
[19]
…[en] este campo deben estar activamente
presente los poderes públicos “a fin de promover
debidamente el desarrollo de la producción en
función del progreso social en beneficio de todos
los ciudadanos.” Su acción debe inspirarse en el
principio de su misión subsidiaria. Los poderes
públicos, responsables del bien común, deben
sentirse obligados “a desenvolver en el campo
económico una acción multiforme, más vasta, más
profunda y más orgánica, como también a ajustarse
a
este
fin
en
las
estructuras,
en
las
competencias, en los medios y en los métodos.”
Pero se afirma el principio que la presencia
del Estado en el campo económico, por dilatada y
profunda que sea, no se encamina a empequeñecer
la esfera de la libertad en la iniciativa de los
ciudadanos particulares, sino antes a garantizar
a
esa
esfera
la
mayor
amplitud
posible,
“tutelando efectivamente, para todos y cada uno,
los derechos esenciales” de la persona, lo cual
implica que en los sistemas económicos esté
permitido y facultado el libre desarrollo de las
actividades
de
producción.
Donde
falta
la
iniciativa personal de los particulares hay
estancamiento de los sectores económicos
24
CC-2000-995
…aspiración democrática la concentración del
poder
económico
en
unas
pocas
personas
y
entidades, en forma tal que éstas se coloquen en
posición de dominar áreas o sectores de la
economía puertorriqueña mediante manipulaciones
que desdeñen el bienestar del pueblo en aras del
lucro desmesurado de esas personas y entidades.
Tiene que asegurarse el pueblo de [sic] que no
han
de
germinar
en
Puerto
Rico
esas
concentraciones de poder económico, para no
correr el riesgo de que toda la vida económica
del país pueda quedar a merced de un grupo
reducido de personas que actúen movidas por un
interés privado.
Ante una situación de tal
naturaleza,
es
difícil
concebir
que
las
decisiones
colectivas
vayan
a
tomarse
verdaderamente a base de la libre participación
de todos los ciudadanos.
En torno a los valores que establece este enunciado,
la
Ley
núm.
77
protege
al
pueblo
beneficios de la libre competencia.
aplicación
de
la
“…deberá
tenerse
ley,
en
como
cuenta
asegurándole
Por tal razón en la
prescribe
que
su
los
el
legislador,
objetivo
final
es
proscribir males que amenazan la economía general de la
Isla…” Exposición de motivos, supra.
El Informe conjunto sobre el Sustitutivo P. de la C.
909 sometido por las Comisiones de lo Jurídico, de Hacienda
y
de
Comercio
e
Industria
de
la
Cámara
destinados a producir tanto los bienes de consumo
y de servicios de las necesidades materiales,
sino también los de las exigencias del espíritu.
“Por otro lado, donde falta o es defectuosa la
debida actuación del Estado, reina un desorden
irremediable, abuso de los débiles por parte de
los fuertes menos escrupulosos, que arraigan en
todas las tierras y en todos los tiempos, como la
cizaña entre el trigo.”
de
25
CC-2000-995
Representantes[20], recomendando la aprobación del proyecto
que se convirtió en la Ley Núm. 77 declara que se debe:
[p]roveer una base flexible para la propia
ejecución de la ley, basada en una norma de
razonabilidad que permita a nuestros tribunales
tomar en cuenta las características propias y las
necesidades de nuestra economía, así como los
planes gubernamentales y al acción privada para
fomentarla; es decir, queda abierta la función
creadora en la aplicación de la ley, tanto en la
rama ejecutiva como en la judicial en sentido
favorable a nuestro desarrollo económico, aún en
el caso de disposiciones con precedentes en la
legislación de los Estados Unidos.
En P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 149 DPR
691,
706-708
(1999)
explicamos
que
si
bien
nuestra
legislación antimonopolística se adoptó a la luz de la Ley
Sherman[21] y de la Ley Clayton[22], no estamos obligados a
seguir
ciegamente
la
interpretación
de
estas
leyes
elaboradas por los tribunales federales.
La doctrina que
hemos
respecto
reiterado
interpretación
foráneas
es,
en
de
como
nuestras
leyes
decisiones
copiadas
sabemos,
que
o
se
adoptadas
puede
de
acudir
a
la
otras
a
las
jurisdicciones de origen cuando ello es necesario para la
interpretación adecuada de las normas así adoptadas.
Este
Tribunal siempre puede escoger otra norma, extranjera o de
confección propia, que considere más equitativa, inclusive
puede expandir los derechos garantizados en la jurisdicción
de origen.
Por
sus
adecuadas
palabras,
nos
remitimos
18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1425
(1964).
[21] 15 U.S.C.A. secs. 1-7.
[20]
[22]
15 U.S.C.A. secs. 12- 19, 21-27; 29 U.S.C.A. secs. 52-53.
26
CC-2000-995
respecto
a
esta
doctrina
de
interpretación
a
nuestra
decisión en Berrocal v. Tribunal de Distrito, 76 D.P.R. 38
(1954), donde nos pronunciamos de la siguiente manera:
[A]parte de nuestra libertad de acción ante
precedentes que no son productos de nuestra
propia jurisprudencia, una decisión judicial no
es
exclusivamente
un
cotejo
más
o
menos
científico de los antecedentes judiciales.
Una
decisión judicial es además la creación de una
norma jurídica que se ajuste al estilo de vida de
un pueblo, entendiendo por estilo de vida el
sistema de superaciones individuales que van
integrando paulatinamente el ethos colectivo de
un pueblo.
En la jurisprudencia que interpreta la Ley núm. 77,
hemos sido enfáticos al expresar que fue la intención de la
Asamblea Legislativa que la Ley núm. 77 se interpretara
conforme a nuestra particular realidad económica y social.
Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497,
508 (1994).
Es por ello que, aunque es útil recurrir a la
jurisprudencia federal que interpreta las leyes orgánicas
de agencias federales análogas a las nuestras, no podemos
aplicarlas ciegamente, más bien tenemos que considerar la
naturaleza de la controversia y los derechos comprometidos,
pues es indispensable aclimatar a nuestro ambiente jurídico
los precedentes que otras jurisdicciones han formulado.
Como
apuntáramos
anteriormente,
en
nuestra
jurisdicción rige en materia constitucional una visión más
abarcadora y protectora que en la jurisdicción federal.
A
través
de
dicha
razonabilidad
de
“perspectiva
los
subpœnas
de
rigor”,
analizaremos
la
impugnados
atendiendo
los
aspectos que conforman la constitucionalidad del subpœna.
27
CC-2000-995
La Legislatura le proporcionó a la Oficina de Asuntos
Monopolísticos la facultad de expedir citaciones o requerir
información o documentos pertinentes a las investigaciones
que conduzca.
El Art. 15(2) de la Ley Núm. 77 de 25 de
junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 272, prescribe que:
Bajo la dirección del Secretario Auxiliar, la Oficina
de Asuntos Monopolísticos puede:
Compilar y ordenar información sobre las
prácticas competitivas en el mercado de Puerto
Rico y sobre la relación de éste con los mercados
de Estados Unidos y del extranjero, con el fin de
determinar
cuáles
prácticas
conllevan
restricciones al libre comercio y propenden a la
indebida concentración del poder económico, y
requerir de cualquier persona, según se define
dicho término en este capítulo, aquellos informes
que se consideren necesarios a tales fines,
debiéndose prescribir por reglamento los períodos
que cubrirán dichos informes, así como la forma y
el contenido de los mismos. Dichos informes
podrán requerir, no sólo información interna con
relación a la persona afectada, sino también
información
pertinente
a
las
relaciones
comerciales de ésta con otras personas (…)[23]
(Énfasis suplido.)
El
Reglamento
núm.
974
del
27
de
abril
de
1965,
conocido como Reglamento núm. 2 para ejecución de la Ley
núm. 77 de 25 de junio de 1964, se promulgó precisamente
para
…facilitar la compilación y ordenación de
información sobre las practicas competitivas en
el mercado de Puerto Rico y sobre la relación de
El artículo 12 de la Ley núm.77, 10 L.P.R.A. sec. 268, al
utilizar el término “persona perjudicada” se refiere a
“aquella persona natural o jurídica que sea perjudicada en
sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de
actos, prohibidos o declarados ilegales” por la Ley
núm.77. Es decir, de una lectura íntegra de los cuerpos
legales bajo estudio, el artículo 15(2), 10 L.P.R.A. 272,
sólo
autoriza
la
investigación
de
las
relaciones
comerciales de la persona afectada por las prácticas
monopolísticas del querellado.
[23]
28
CC-2000-995
éste con los mercados de Estados Unidos y del
extranjero, con el fin de determinar cuáles
practicas restringen o pueden restringir el libre
comercio y propenden a la indebida concentración
del poder económico. Id., artículo 2.
La sección 4 del Reglamento núm. 974 dispone que:
Toda persona deberá rendir los informes que
la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
del
Departamento de Justicia considere necesarios
para los fines descritos en el Artículo 2
precedente. 7 RPR sec. 120.582.
Por su parte, la sección 5 del Reglamento establece
que:
La Oficina de Asuntos Monopolísticos del
Departamento de Justicia podrá requerir no sólo
la información interna con relación a la persona
afectada[24] sino también información pertinente a
las relaciones comerciales de ésta con otras
personas.
La Oficina de Asuntos Monopolísticos podrá
interrogar acerca de la estructura de la empresa
de la empresa o negocio bajo estudio; naturaleza
del
producto;
estructura
y
rendimiento
del
mercado; conducta de la empresa y sobre cualquier
otro indicador necesario para determinar cuáles
prácticas restringen o pueden restringir el libre
comercio y propenden a la indebida concentración
del poder económico. 7 RPR sec. 120.583 (Énfasis
suplido.)
El
Reglamento
núm.
975
del
25
de
junio
de
1965,
también conocido como Reglamento núm. 3 para la ejecución
de la Ley núm. 77 del 25 de junio de 1964 presenta dos
tipos
de
citación
y
requerimiento
citación penal y la citación civil.
depende
de
las
violaciones
a
la
de
documentos,
la
El tipo de citación
Ley
que
se
pretenden
investigar y la naturaleza del castigo que proceda.
A
la
PRC
se
le
investiga
por
alegadamente
haber
incurrido en actos para restringir el comercio, que según
[24]
Ver nota al calce núm. 22, supra.
29
CC-2000-995
el artículo 2 de la Ley núm. 77 implica “[t]odo contrato,
combinación
en
forma
de
trust
o
en
otra
forma,
o
conspiración para restringir irrazonablemente los negocios
o el comercio en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o
en cualquier sector de éste”... art. 2 10 L.P.R.A. sec.
258 (bastardillas
nuestras). Según
la
misma
disposición
“…toda persona que haga tales contratos o se comprometa en
tales combinaciones o conspiraciones incurrirá en delito
menos grave.”
Las querellas presentadas en contra de PRC también
imputan infracción al artículo 4 sobre monopolios.
Según
éste:
Toda
persona
que
monopolice
o
intente
monopolizar o que se combine o conspire con
cualquier otra persona o cualesquiera otras
personas con el objeto de monopolizar cualquier
parte de los negocios o el comercio en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, o en cualquier
sector de éste, será considerada culpable de un
delito menos grave. 10 L.P.R.A. sec. 260.
El
artículo
penalidades
10
impuestas
de
la
Ley,
núm.
77
regula
por
las
violaciones
a
las
sus
disposiciones y prescribe que:
Cualquier persona que viole las secs. 258,
260, 263(f) o 264 de este título será culpable de
delito menos grave y convicta que fuere será
castigada con una multa que no será menor de
cinco mil (5,000) dólares ni mayor de cincuenta
mil (50,000) dólares, o con prisión que no
excederá de un (1) año o con ambas penas a
discreción del tribunal. 10 L.P.R.A. sec. 266.
Evidentemente el caso de autos trata sobre una
citación criminal pues las actividades imputadas a la PRC
son
castigadas
criminalmente
por
la
Ley
núm.
77.
Con
30
CC-2000-995
respecto a este tipo de citación, el Reglamento núm. 975,
en su artículo 5, manda lo siguiente:
Citación PenalLos abogados adscritos a la Oficina de
Asuntos Monopolísticos podrán citar como testigo
a cualquier persona. Toda persona citada por los
susodichos abogados estará obligada a comparecer
y a testificar o a presentar libros, archivos,
correspondencia,
documentos
y
todo
tipo
de
evidencia que se le requiera en cualquier
investigación, procedimiento o proceso criminal
relacionado con la Ley.
III
Ya
hemos
territorial,
resaltado
relación
que
debido
política
y
a
nuestro
vivencias
tamaño
sociales,
nuestra economía se ha caracterizado por ser relativamente
reglamentada y dirigida por el gobierno.
Supplies
D.P.R.
Corp.
869
v.
Shoring
(2001).
Aún
&
Forming
cuando
General Gases &
Systems,
el
Inc.,
devenir
153
histórico
trastoque el propósito e intensidad del intervencionismo
gubernamental con la empresa privada, no tenemos duda de lo
primordial que resulta ser una agencia ejecutiva dedicada a
la
auscultación
económico
comercial
liberal
como
el
y
económica
nuestro.
en
Por
un
sistema
ello,
hemos
afirmado que el tipo de economía que sirvió de contexto a
la aprobación de la Ley núm. 77 hace aún más necesario que
los tribunales diluciden de forma flexible los conflictos
que surjan bajo su cobertura.
General Gases & Supplies
Corp. v. Shoring & Forming Systems, Inc., supra.
parte,
el
que
se
haya
establecido
un
Por otra
criterio
de
interpretación flexible no significa que debemos ignorar
31
CC-2000-995
las
garantías
constitucionales
que
protegen
a
todas
las
personas, tanto naturales, como jurídicas.
Consideremos
constitucionales
cada
uno
de
aplicados
a
los
los
requisitos
requerimientos
información emitidos en el caso de autos.
de
De la exposición
de estatutos y reglamentos de la OAM reseñados se colige el
amplio poder delegado a esta oficina para llevar a cabo sus
funciones fiscalizadoras en nuestro comercio. El poder para
emitir
subpœnas
duces
y
tecum
subpœnas
ad
testificandum
surge claramente de la letra de la Ley núm. 77.
poder
expresamente
otorgado
se
ha
extendido
Dicho
mediante
reglamentos, creados por la propia agencia para ejecutar la
Ley núm. 77, al punto en que se dispone para el mecanismo
de los requerimientos de información a terceras personas
naturales o jurídicas.
Hemos
visto
que
información
Como anteriormente discutiéramos, la vaguedad o
en
el
requerimiento
debe
el
definida.
amplitud
Constitución,
en
según
excesiva
nuestra
requerida
subpœna,
la
manda
la
estar
constituyen
características que convierten al subpœna duces tecum en un
registro o incautación irrazonable.
En el presente caso, a
pesar de la amplitud del subpœna, no tenemos reparo en
declararlo lo suficientemente definido y particularizado.
En ello concuerdo con los foros de primera instancia y
apelativo.
Ahora
bien,
el
subpœna
también
información que sea pertinente al asunto bajo
debe
requerir
32
CC-2000-995
investigación.
La
OAM
ha
emitido
un
requerimiento
de
información en el que expresa que está llevando a cabo una
investigación sobre posibles prácticas monopolísticas en la
industria del cemento.
Esto no es suficiente. Cuando una
agencia investigativa requiera información perteneciente a
un tercero como parte de una inquisición con fines penales,
ésta
debería
expresar
en
el
subpœna
las
razones
para
hacerle dicho requerimiento.
No creo que sea suficiente
que
infracción
se
exprese
investiga
al
el
delito
objeto
de
o
la
por
el
investigación. No
cual
se
se
puede
pretender que el propósito de la investigación, así como la
pertinencia y materialidad de la información solicitada se
deduzca de la información requerida.
Los
recurrentes
son
compañías
que
han
brindado
sus
servicios de seguridad a la PRC, en ellos no se ha enfocado
la investigación, o al menos no surge del subpœna que éstos
estén bajo el escrutinio investigativo de la OAM. Como bien
señala
la
Mayoría,
al
examinar
detenidamente
el
subpœna
impugnado, no surge del mismo cuál es la pertinencia de la
información requerida.
El expediente tampoco revela de qué
manera la información requerida por la OAM es pertinente al
objetivo de su investigación.
Si bien es cierto que la
información requerida puede ser pertinente al asunto bajo
investigación por estar relacionada a la PRC, también es
cierto
que
descubrir
este
subpœna
información
con
fines
perteneciente
a
penales
los
quienes no son el objeto de la investigación.
pretende
recurrentes,
33
CC-2000-995
El Tribunal de Apelaciones concluyó que la petición de
los recurrentes, en cuanto a que la OAM expresara hechos
particulares
que
establecieran
la
pertinencia
del
requerimiento era improcedente, pues un requerimiento de
información no tiene que cumplir con el requisito de causa
probable.
No tiene razón.
Exigir que se expresen en un
subpœna con fines penales las razones por las cuales un
tercero, quien no es el objeto de la investigación de una
agencia,
debe
contratos[25],
someter
no
información
implica
una
propia,
determinación
entre
ésta
de
causa
probable.
A pesar de que, por norma general, los funcionarios
son quienes preliminarmente determinan la pertinencia de la
información requerida en una investigación administrativa,
somos
los
tribunales
quienes
por
mandato
constitucional
estamos llamados a evaluar dicha determinación ejecutiva.
Los subpœnas emitidos por la OAM no nos permiten ejercer
esta
facultad
atinentes
a
pues
la
carecen
de
los
elementos
mínimos
pertinencia
de
lo
solicitado
en
investigación administrativa.
la
Por tal razón, concurro con
el resultado que acordó la Mayoría.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
Como es sabido, un contrato contiene la expresión de la
voluntad de los contratantes. Aún cuando reconocemos que a
las corporaciones no les cobija el derecho a no auto
incriminarse contenido en la Sección 11 del Artículo II de
nuestra Constitución,
sólo estamos exigiendo la expresa
pertinencia de la información de un tercero que no ha sido
identificado
como
el
objeto
de
una
investigación
administrativa.
[25]