LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación

2007 TSPR 141

Poder Judicial de Puerto Rico

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Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación

CC-2005-0346

Derecho Administrativo- Revisión Judicial de decisiones de agencias administrativas; informes de Oficiales examinadores

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Vecinos

Tulip/Monteverde,

Inc.: Clara

Emilia Frontera De Guerra, Nilsa

Iris López de Laureano; Efrén de

Jesús

García;

Asociación de

Residentes Urb. Campiña; Comisión

De

Ciudadanos

al

Rescate de

Caimito, Inc., Etc.

Certiorari

2007 TSPR 141

171 DPR ____

Demandantes Recurridos

v.

Junta de Planificación de Puerto

Rico; José A. López Pérez, Rubén

Mercado Brignoni

Demandados Peticionarios

Número del Caso: CC-2005-346

Fecha: 19 de julio de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Carlos J. López Feliciano

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Bartolo Rodríguez

Lcda. Everlidys Rodríguez Pacheco

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. José Luis González Castañer

Lcdo. Denis D. Martínez Colón

Materia: Revisión Administrativa procedente de la Junta de

Planificación de Puerto Rico

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Vecinos

Tulip/Monteverde,

Inc.:

Clara

Emilia Frontera De Guerra, Nilsa

Iris López de Laureano; Efrén de

Jesús

García;

Asociación

de

Residentes Urb. Campiña; Comisión

de

Ciudadanos

al

Rescate

de

Caimito, Inc., Etc.

Demandantes Recurridos

CC-2005-346

v.

Junta de Planificación de Puerto

Rico; José A. López Pérez, Rubén

Mercado Brignoni

Demandados Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2007.

Se nos solicita la revisión de una Sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones,

Región

Judicial de San Juan, mediante la cual revocó una

Resolución emitida por la Junta de Planificación de

Puerto Rico, que aprobó una consulta de ubicación

para el proyecto propuesto por los peticionarios.

Veamos los hechos acaecidos que originan el presente

recurso.

I

En el año 2001, el señor José A. López Pérez,

en

adelante

señor

Jesús

señor

López

Conde,

en

Pérez,

por

adelante

conducto

señor

del

Conde,

2

CC-2005-346

sometieron a la consideración de la Junta de Planificación de

Puerto Rico, en adelante La Junta, la Consulta Número 200117-0371-JPU

para

la

ubicación

de

un

proyecto

residencial

multifamiliar en una finca con cabida de 2.3998 cuerdas que

radica en la Calle Tulip, Alturas de Borinquen Gardens en el

Municipio de San Juan.1 El 9 de enero de 2002, la Junta

emitió

Resolución

determinó

que:”…el

consulta.2

denegando

dicha

proyecto

propuesto

no

La

cumplía

Junta

con

los

Objetivos y Políticas Publicas del Plan de Uso de Terrenos de

Puerto Rico ni con la calificación y clasificación del Plan

de Ordenación de San Juan…”3

El

24

de

abril

de

2002,

el

señor

López

Pérez,

por

conducto del señor Rubén Mercado Brignoni, en conjunto la

parte proponente, sometió ante la consideración de la Junta

la Consulta número 2002-17-0363-JPU, para la ubicación del

mismo proyecto que había sido sometido en la Consulta número

2001-17-0371-JPU.4 Se utilizarían las mismas 2.3998 cuerdas

para ubicar un proyecto de desarrollo residencial de setenta

(70) apartamentos, distribuidos en cuatro (4) edificios.5

El 26 de junio de 2002, la Junta emitió una Resolución

mediante

la

cual

acordó

presentada por la parte

dejar

en

suspenso

proponente hasta

la

consulta

tanto dicha

1

Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 147-148.

2

Íd.

3

Íd.

4

Íd., pág. 149-158.

5

Íd.

parte

3

CC-2005-346

demostrara

la

diferencia

entre

el

nuevo

proyecto previo, ya evaluado y denegado.6

proyecto

y

el

El 29 de agosto de

2002, la Junta concedió a la parte proponente treinta (30)

días adicionales para que sometiera una serie de documentos

necesarios para la celebración de una vista pública.7

Ese

mismo día, la Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc.,

presentó su oposición al proyecto propuesto y solicitó que se

le

notificara

de

cualquier

relacionado con el proyecto.

trámite

de

vista

o

revisión

El 30 de octubre de 2002, la

Junta declaró con lugar la solicitud de intervención de la

Asociación de Vecinos de Tulip/Monteverde, Inc.8

El 24 de febrero de 2003 se celebró una vista pública en

la Junta, presidida por la Oficial Examinadora, licenciada

Vanesa García Quiñones, en la cual las partes interesadas

presentaron

sus

planteamientos

en

torno

al

propuesto

proyecto.9

La

Junta

permitió

que

la

Sra.

Haydee

Colón,

en

representación de la Comisión de Ciudadanos al Rescate de

Caimito, Inc., y los vecinos de la Urbanización La Campiña,

pudieran intervenir como partes interesadas en la consulta.10

El 15 de diciembre de 2003, la Oficina de Asuntos Legales de

la

Junta

emitió

un

informe

sobre

celebrada el 24 de febrero de 2003.

6

Íd., pág. 158.

7

Íd., págs. 164-165.

8

Íd., págs. 167-168.

9

Íd., pág. 169.

10

Íd., págs. 171-175.

la

audiencia

pública

La Oficial Examinadora

4

CC-2005-346

concluyó

en

dicho

informe,

entre

otras

cosas,

que

la

“Quebrada Cheo” ubicaba en el terreno del proyecto propuesto,

durante aguaceros fuertes, inundaba la marginal al fondo de

la calle Tulip.11

algunas

de

las

Sostenido por comentarios emitidos por

agencias

administrativas

que

evaluaron

el

proyecto se expresó lo siguiente:

1.

La Autoridad de Energía Eléctrica, en adelante A.E.E.,

indicó que no tenía objeción a que se aprobara el proyecto.

Indicó, además, que la parte proponente debía obtener el

endoso

de

la

División

de

Servicios

de

Riego,

Represas

y

Embalses de la A.E.E.12

2.

La

Autoridad

de

Acueductos

y

Alcantarillados,

en

adelante A.A.A., indicó que no endosaba el proyecto, ya que

la parte proponente nunca respondió a una comunicación que se

le envió.

En esa comunicación se le inquirió a que formara

parte

un

de

grupo

de

empresas

que

están

desarrollando

proyectos en la misma área para realizar mejoras al sistema

de acueductos del Barrio Caimito.13

3.

La

carta

del

Departamento

de

Recursos

Naturales

y

Ambientales, en adelante D.R.N.A., evaluó la primera consulta

del proyecto. Manifestó que el proyecto debía cumplir con el

Reglamento de Planificación #25 (Reglamento de Siembra, Corte

y Forestación de Puerto Rico).

Señaló, además, que debido a

que el proyecto colindaba con una quebrada, se debía dedicar

11

Íd., págs. 176-188.

12

Íd., pág. 394.

13

Íd., págs. 189-190.

5

CC-2005-346

a uso público una franja de terreno, más una adicional.

Se

requirió

en

obtener

de

la

Junta

de

Calidad

Ambiental,

adelante J.C.A., el permiso para el control de erosión y

sedimentación, y cualquier otro permiso requerido por dicha

agencia.

Se

consideración

D.R.N.A.

no

indicó,

las

tenía

además,

que

tomadas

en

antes

expuestas,

el

desarrollo

preliminar

del

recomendaciones

objeción

al

una

vez

proyecto propuesto. 14

4.

El

Instituto

de

Cultura

Puertorriqueña,

I.C.P.,

exhortó

la

parte

proponente

a

División

de

I.C.P.

una

a

Arqueología

del

en

adelante

radicar

en

la

solicitud

de

evaluación arqueológica y pagar la cuota correspondiente, a

tenor

con

el

Reglamento

para

la

Radicación

y

Evaluación

Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo.15

5.

La Autoridad de Carreteras y Transportación, en adelante

A.C.T.,

indicó

que

el

proyecto

no

se

afectaba

por

vías

propuestas en el Plan Vial de la Región Metropolitana de San

Juan.

Se le requirió a la parte proponente que consultara al

Municipio de San Juan con relación a los accesos y mejoras a

las vías municipales.

conforme

lo

dispuesto

Se le solicitó, además, una aportación

bajo

el

Reglamento

de

las

Nuevas

Competencias para Viabilizar el Desarrollo Urbano (Reglamento

de Planificación Número 21).16

14

Íd., págs. 225-226.

15

Íd., pág. 191.

16

Íd., pág. 182.

6

CC-2005-346

6.

El Municipio de San Juan, indicó que ya había comentado

sobre

dicho

proyecto

en

la

consulta

número

2001-17-0371-

JPU.17

En su informe, la Oficial Examinadora determinó que el

proyecto

cumplió

Ordenación

con

el

Territorial

de

requisito

San

Juan18

del

que

Reglamento

dispone

que

de

los

terrenos del proyecto propuesto tengan que estar localizados

o colindar con el área desarrollada dentro del ámbito de

expansión urbana.19

También se determinó que el proyecto

cumplió con todo el trámite administrativo que se desprendía

del

expediente

Examinadora

administrativo.20

determinó

que

la

Sin

embargo,

topografía

del

la

Oficial

predio

era

accidentada, por lo que, durante la fase de construcción, se

podía anticipar movimiento de tierra.21

Dicha actividad, a

su

de

vez,

podría

ocasionar

el

arrastre

sedimentación,

erosión, generación de polvo, deforestación y problemas de

inundaciones en el sector.

Indicó, además, que la parte

proponente no sometió plan alguno de acción para atender

dicha posible situación.22

Conforme a estos señalamientos, la Oficial Examinadora

concluyó que la parte proponente no pudo demostrar ningún

17

Íd.

18

Reglamento de Ordenación Territorial

vigencia de 28 de marzo de 2003.

de

San

Juan,

19

Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 184-185.

20

Íd., pág. 185.

21

Íd., pág. 186.

22

Íd.

con

7

CC-2005-346

beneficio

significativo

desarrollo

del

Tomando

en

conclusiones

que

brindaría

o

la

infraestructura

del

consideración

las

determinaciones

de

no

recomendó

sector

de

derecho,

su

la

proyecto

al

mismo.23

hechos

aprobación

y

del

proyecto.24

El 21 de enero de 2004, la Junta refirió el documento de

evaluación ambiental, presentado por la parte proponente, a

la J.C.A. para su evaluación.25

El 20 de febrero de 2004, la J.C.A., notificó, mediante

carta, el cumplimento del proyecto con el Artículo 4(c) de la

Ley

Sobre

Política

Pública

Ambiental26

sujeto

a

que

se

acataran ciertas medidas de mitigación y requerimientos de

varias agencias.27

El 2 de marzo de 2004, la parte proponente sometió a la

Junta información adicional con respecto a la infraestructura

del proyecto. Acompaño además, planos en donde se reducía la

cantidad

de

apartamentos

a

sesenta

y

tres

(63)

y

se

modificaron el número de estacionamientos a setenta (70).28

El 3 de marzo de 2004, la Junta concedió treinta (30)

días a la parte proponente para que sometiera evidencia de

que

era

parte

del

grupo

de

empresas

que

se

disponían

23

Íd.

24

Íd., pág. 187.

25

Íd, págs. 192-239.

26

Ley Número 9, del 18 de junio de 1980, según enmendada.

27

Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 31-32.

28

Íd., págs. 243-268.

a

8

CC-2005-346

realizar proyectos para beneficio de la infraestructura de la

A.A.A.29

El 15 de marzo de 2004, la parte proponente sometió una

comunicación escrita a la A.A.A. relacionada al requisito de

pertenecer al combinado de desarrolladores de proyectos para

la A.A.A.30

En la misma, la parte proponente informa que el

ingeniero Ramón Flores de la A.A.A., le había indicado en el

pasado que el grupo de empresas ya tenían los proyectos en

etapas finales y era difícil entrar en ese momento en el

mismo.

También se informó que el ingeniero Flores, en ese

momento, solicitó los planos que ilustraran la toma de agua

más cercana al proyecto.

Se informó además, que la consulta

del proyecto estaba a la espera del visto bueno de la A.A.A.

El

26

de

abril

Tulip/Monteverde,

de

Inc.

oposición al proyecto.31

que

setenta

sesenta

y

(70)

tres

2004,

la

Asociación

sometió

a

la

Vecinos

una

segunda

Argumentaron, entre otras cosas,

estacionamientos

(63)

Junta

de

son

apartamentos.

insuficientes

Esto,

para

alegadamente

provocaría que se usara la vía pública como estacionamiento y

agravaría el ya existente problema de congestión vehicular.

El 17 de mayo de 2004, la Junta ordenó a la parte

proponente re-diseñar el proyecto de manera tal que cumpliera

con los estacionamientos requeridos.32

29

Íd., págs. 241-242.

30

Íd., págs. 269-270.

31

Íd., págs. 272-274.

32

Íd., págs. 292-294.

En

cumplimiento

con

9

CC-2005-346

dicha orden, el 2 de junio de 2004, la parte proponente

sometió

un

nuevo

diseño

del

proyecto

con

noventa

(90)

estacionamientos.33

El 4 de junio de 2004, la Junta emitió una resolución

mediante la cual determinó que era viable el desarrollo de

los terrenos para el uso propuesto, por lo que aprobó la

consulta para la ubicación del proyecto.34

los

incidentes

procesales,

la

Luego de todos

Junta

formuló

correspondientes determinaciones de hechos.

las

Determinó que

todas las agencias concernidas le impartieron su aprobación

al proyecto; que cumplía con los requisitos de zonificación

según el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San

Juan;

que

el

comportamiento

predio

objeto

con

marcada

de

la

consulta

tendencia

muestra

al

un

desarrollo

residencial; que los desperdicios sólidos serián recogidos

por una compañía privada durante la etapa de construcción y

el proyecto estaba fuera del área alegadamente inundable.

A

raíz de esto, la Junta determinó que el proyecto era uno

viable.

Sin

embargo,

emitió

una

serie

de

comentarios

y

recomendaciones que la parte proponente tendría que cumplir

para obtener la aprobación del proyecto de construcción de la

Autoridad de Reglamentos y Permisos, en adelante A.R.P.E.

Entre ellas, señaló que el proyecto tenía que cumplir con los

requerimientos

de

estacionamientos

aplicables;

las

recomendaciones de la J.C.A.; tomar medidas necesarias para

33

Íd., págs. 295-297.

34

Íd., págs. 298-311.

10

CC-2005-346

evitar que residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas

tengan

acceso

pluvial;

a

cualquier

coordinar

con

la

cuerpo

de

agua

A.A.A.

para

o

la

al

sistema

conexión

del

proyecto y cumplir con las recomendaciones y requisitos de

varias agencias.

La Junta no adoptó las determinaciones ni

las conclusiones que formuló la Oficial Examinadora en su

informe.

Inconformes, el 8 de julio de 2004, la Asociación de

Vecinos

Tulip/Monteverde

presentó

reconsideración ante la Junta.35

un

escrito

de

En la misma, los vecinos le

advirtieron a la Junta, sobre la imposibilidad de que el

proyecto

pudiera

ser

construido

en

el

terreno

Alegaron,

entre

otras

cosas,

propuesto.

que

se

presentaron

planos

incorrectos; discrepancia en la ubicación de la quebrada y la

franja de diez (10) metros requeridas; la omisión de una

servidumbre

de

estacionamiento

cables

y

otras

eléctricos;

discrepancias

problemas

contenidas

en

de

la

autorización de la Junta.

El 14 de julio de 2004, la Junta determinó acoger la

solicitud de reconsideración presentada por los vecinos.36

El 23 de agosto de 2004, la parte proponente presentó una

oposición

argumentó,

a

la

solicitud

entre

otras

de

reconsideración.37

cosas,

que

muchas

preocupaciones de los vecinos ya fueron atendidas,

35

Íd., pág. 321-333.

36

Íd., pág. 334.

37

Íd., págs. 340-343.

En

ella

de

las

razón por

11

CC-2005-346

la cual la Junta aprobó el proyecto; que se dejaría un área

entre la quebrada y la construcción; que se levantaría un

muro de contención para evitar desprendimiento de tierra; que

se realizarían estudios técnicos para probar estabilidad del

suelo; que se había rediseñado el proyecto para atemperarlo a

las

condiciones

del

sector;

y

que

todos

los

vecinos

del

proyecto habían sido notificados como se exigía.

El

4

de

octubre

de

2004,

la

licenciada

Aida

Silver

Cintrón de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta, emitió

una opinión legal en torno a la moción de reconsideración.38

Recomendó que se re-examinara por la unidad técnica de la

agencia los planteamientos de densidad y que se asegurara el

cumplimiento con lo aprobado.

Recomendó, además, celebrar

una

predio

inspección

ocular

del

para

aclarar

los

planteamientos de los vecinos y de la parte proponente.

El 8 de octubre de 2004, la Junta determinó prorrogar el

término

para

resolver

las

solicitudes

de

reconsideración

acogidas y mantener en suspenso la consulta hasta tanto la

parte proponente se expresara sobre las preocupaciones de los

vecinos.

Además,

se

ordenó

la

celebración

de

una

vista

ocular a la cual debían comparecer la Unidad de Hidrología y

la Oficina de Asesores Legales de la Junta.39

38

Íd., págs. 351-353.

39

Íd., págs. 47-48, 356-358.

12

CC-2005-346

El

25

de

cumplimiento

octubre

con

la

de

orden

2004,

la

parte

del

de

octubre

8

proponente,

de

2004,

en

se

expresó en torno a las preocupaciones de los vecinos.40

La vista ocular se realizó en los predios en cuestión el

21 de octubre de 2004.

El 27 de octubre de 2004, se redactó

el Acta de Inspección Ocular, en adelante “El Acta”, y se

presentó ante la Junta el 9 de noviembre de 200441

El 10 de noviembre de 2004 la Junta dictó una Resolución

mediante la cual denegó las solicitudes de reconsideración

presentadas por los opositores al proyecto, y se reafirmó en

la aprobación de la consulta.42

Ante

la

determinación

desfavorable,

los

vecinos

acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de

revisión.43

El 27 de enero de 2005, notificada el 7 de

febrero

2005,

de

el

foro

intermedio

apelativo

emitió

Sentencia revocando la Resolución de la Junta autorizando el

proyecto.

Determinó que a base de la prueba presentada no

procedía autorizar la consulta. En esencia, adoptó los datos

recogidos en el informe del 15 de diciembre de 2003 de la

Oficial Examinadora de la Junta.

había

endosado

el

proyecto

ya

Sostuvo que la A.A.A. no

que

no

se

contaba

con

la

infraestructura necesaria; que no se modificó el proyecto

para

cumplir

con

el

requisito

de

crear

una

franja

de

amortiguamiento de diez (10) metros entre la quebrada y él

40

Íd., págs. 359-363.

41

Íd., págs. 373-379.

42

Íd., págs. 398-401.

43

Íd., págs. 112-397.

13

CC-2005-346

mismo; que no se explicó la razón para descartar el informe

de la Oficial Examinadora en violación al debido proceso de

ley; que la parte proponente del proyecto no formó parte del

combinado de empresas y desarrolladores de la A.A.A.; que el

proyecto propuesto se aprobó en documentos relacionados a la

primera consulta que fue denegada; y que la Junta abusó de su

discreción al aprobar la consulta, ya que sus conclusiones no

estaban respaldadas por las determinaciones de hechos, como

tampoco sustentadas por los documentos y el informe de la

Oficial Examinadora.

Insatisfecho, el peticionario acude ante nos mediante recurso

de

Certiorari,

alegando

la

comisión

de

los

errores

siguientes:

A.

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES

REVOCAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA

PLANIFICACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2004.

AL

DE

B.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE EL

DICTAMEN DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN NO SE APOYÓ

EN LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE.

C.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE

LAS CONCLUSIONES DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN NO

ESTÁN RESPALDADAS POR LAS DETERMINACIONES DE

HECHOS, COMO TAMPOCO ESTÁN SUSTENTADAS POR LOS

DOCUMENTOS.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

estamos en posición de resolver los asuntos traídos ante

nuestra consideración.

Veamos.

14

CC-2005-346

II

A.

La revisión judicial de las decisiones administrativas

tiene

como

agencias

y

fin

primordial

asegurarse

conformes a la ley.44

que

limitar

éstas

la

discreción

desempeñen

sus

de

las

funciones

Al evaluar la decisión de una agencia,

el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal

o de forma tan irrazonable que sus actuaciones constituyeron

un

abuso

de

discreción.45

El

criterio

razonabilidad de la agencia recurrida.

rector

será

la

Así pues, al realizar

su función revisora el tribunal está obligado a tomar en

cuenta la especialización y experiencia de la agencia sobre

las cuestiones que tuviera ante sí.46 Al evaluar los casos,

es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación

estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, y

cuestiones

propias

administrativa.47

para

la

Cuando

discreción

una

agencia

o

pericia

interpreta

un

estatuto que viene llamada a poner en vigor de forma tal que

44

Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, 161

D.P.R. ____, 2004 T.S.P.R. 65, 2004 J.T.S. 71; Miranda v.

C.C.C., 141 D.P.R. 775, 786 (1996).

45

Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;

Franco v. Departamento de Educación, 148 D.P.R. 703, 710

(1988).

46

Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. _____

(2004), 2004 T.S.P.R. 2, 2004 J.T.S. 4.

47

Adorno Quiles V. Hernández, 126 D.P.R. 191, 195 (1990);

Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, supra.

15

CC-2005-346

produce resultados contrarios al propósito de esa ley, dicha

interpretación no prevalece.48

La

revisión

de

las

determinaciones

de

hechos

está

limitada por lo establecido en la sección 4.5 de la Ley de

Procedimiento Administrativos Uniforme, en adelante L.P.A.U.,

que dispone lo siguiente49:

“2175. Alcance

El Tribunal podrá conceder el remedio

apropiado

si

determina

que

el

peticionario

tiene

derecho

a

un

remedio.

Las determinaciones de hechos de las

decisiones

de

las

agencias

serán

sostenidas por el tribunal, si se basan

en evidencia sustancial que obra en el

expediente

administrativo.”

(Énfasis

Nuestro)

Siempre

y

cuando

sustancial50

que

obre

estén

en

el

sustentadas

récord

por

evidencia

administrativo,

las

determinaciones de hechos formuladas por la agencia serán

sostenidas.51

Esto es así, porque las decisiones de las

agencias administrativas tienen a su favor una presunción de

legalidad y corrección, la cual debe ser respetada por los

tribunales

48

mientras

la

parte

que

la

impugna

no

produzca

Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-280 (1999).

49

Ley de Procedimiento Administrativos Uniforme, Ley Núm.

170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A.

secs. 2101 et seq.

50

“Evidencia Sustancial”

es aquella relevante que una

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener

una conclusión. Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors,

supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra.

Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;

O.E.G. v. Rodríguez Martínez, 159 D.P.R.____ (2003), 2003

T.S.P.R. 48, 2003 J.T.S. 51, Rivera Concepción v. A.R.P.E.,

152 D.P.R. 116, 121.

51

16

CC-2005-346

suficiente evidencia como para derrotarla.52

No obstante,

las

en

conclusiones

de

derecho

son

revisables

todos

sus

aspectos.53 “Esto no significa, sin embargo, que al ejercer

su función revisora, el tribunal pueda descartar libremente

las

conclusiones

e

interpretaciones

de

la

agencia,

sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Al contrario

hemos

reiterado

consistentemente

antes

y

después

de

la

vigencia de la L.P.A.U.-que, de ordinario, los tribunales

deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los

organismos administrativos.”54

Si de la totalidad del récord

administrativo se sostienen las determinaciones adoptadas por

el foro administrativo, los tribunales no deben sustituirlas

por su propio criterio.55

El

áreas:

proceso

de

(1)

concesión

La

revisión

del

judicial

remedio

comprende

apropiado;

tres

(3)

(2)

la

revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio

de

evidencia

conclusiones

sustancial;

de

derecho.56

y

(3)

la

revisión

El

récord

de

las

administrativo

constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en

52

Henríquez

v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R.

194, 210 (1987); M.&B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118

D.P.R. 319 (1987).

53

Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;

O.E.G. v. Román González, 159 D.P.R.____ (2003), 2003

T.S.P.R. 70, 2003 J.T.S. 74.

54

Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, supra.

55

Íd.

56

Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;

Mun. De San Juan v. J.C.A., supra.

17

CC-2005-346

un procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial

ulterior.57

Finalmente,

sobre

este

tema,

el

foro

judicial

podrá

sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo en

aquellas ocasiones que no encuentre una base racional que

fundamente la actuación administrativa.58

“No obstante, es

axioma judicial que ante la prueba pericial y documental, el

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro

recurrido y por tanto, está facultado para apreciar la prueba

apoyándose en su propio criterio.”59

B.

La Ley Orgánica de la Junta de Planificación autoriza a

la Junta a hacer determinaciones sobre los usos de terrenos

dentro de los límites territoriales de Puerto Rico.60

En

áreas

el

zonificadas,

la

consulta

de

ubicación

es

procedimiento mediante el cual la Junta pasa juicio sobre

propuestos

usos

de

terrenos

que

no

son

permitidos

ministerialmente por la reglamentación aplicable, pero que

las

disposiciones

consideren.61

reglamentarias

proveen

para

que

se

La consulta de ubicación es pública o privada

57

Mun. De San Juan v. J.C.A., supra.

58

Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, supra.

59

Íd.; Dye Tex de P.R. v. Royal Ins. Co., 150 D.P.R. 658

(2000); Rodríguez Roldán v. Mun. De Caguas, 133 D.P.R. 694

(1993).

60

Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 76 de

24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. § 22 et seq.

61

Hernández v. Centro Unido de Detallistas, Etc., 168 D.P.R.

_____

(2006),

2006

T.S.P.R.

131,

2006

J.T.S.

140.

18

CC-2005-346

dependiendo de quién la origina, e incluye los proyectos de

desarrollo

extensos

a

considerarse

bajo

las

disposiciones

resolver

una

consulta

reglamentarias vigentes.62

Al

estudiar,

tramitar

y

de

ubicación, la Junta tomará en consideración los documentos

siguientes:

La

Ley

Orgánica

de

la

Junta63;

la

Ley

de

Municipios Autónomos64; planes regionales adoptados por la

Junta; los objetivos y políticas del Plan de Usos de Terrenos

de

Puerto

Rico;

los

mapas

de

zonificación

y

de

zonas

susceptibles a inundaciones; planes de usos de terrenos; los

planes de ordenación territorial; los usos existentes en el

sector; la situación de la infraestructura física y social en

el

lugar;

distancia

entre

los

terrenos

y

las

áreas

construidas y la importancia agrícola o ambiental de los

terrenos; rasgos topográficos; densidad poblacional; y otras

condiciones sociales, económicas y físicas análogas, entre

otros.65

La

sección

7.01

del

Reglamento

de

Procedimientos

Adjudicativos de la Junta, supra, dispone lo siguiente:

“La aprobación de una consulta pública

no

implica,

en

forma

alguna,

la

aprobación del proyecto de transacción

62

Sección 2.00 del Reglamento de Zonificación de Puerto

Rico, Reglamento Núm. 6211, efectivo el 5 de noviembre de

2000.

63

Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada.

64

Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada.

65

Sección

7.01

del

Adjudicativos, Reglamento

noviembre de 1999.

Reglamento

Núm. 6031,

de

Procedimientos

efectivo el 12 de

19

CC-2005-346

o de construcción en sí, el cual

deberá regirse por lo establecido en

este

Reglamento

y

por

cualquier

Resolución de la Junta, eximiendo de

la presentación a tal proyecto de

transacción o de construcción.

No

obstante, lo anterior, la Junta podrá

autorizar

conjuntamente

con

la

consulta de ubicación para el uso de

terrenos,

la

transacción

correspondiente a solicitud de agencia

proponente o podrá delegar en la

A.R.P.E. la transacción conjuntamente

con las etapas posteriores en la

A.R.P.E.”66

C.

La

Junta

puede

ordenar

la

celebración

de

vistas

administrativas a iniciativa propia o a petición de partes, o

vistas públicas en cualquier caso que entienda que merece

seguir

ese

procedimiento,

cuando

así

lo

establezca

la

reglamentación o legislación vigente.67

Sin

embargo,

las

agencias,

como

la

Junta,

no

están

obligadas a adoptar las conclusiones y recomendaciones de sus

oficiales

examinadores.68

La

función

de

un

oficial

examinador consiste en celebrar una vista pública a la cual

comparecen las partes y, una vez terminada la prueba, rendir

un

informe

detallado

recomendación.69

a

la

agencia

expresándole

su

La agencia tiene la facultad estatutaria

para dictaminar sobre las cuestiones en controversia a base

66

Íd.

67

Íd.

68

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, supra.

69

Baudilio Rivera v. J.R.T., 70 D.P.R. 342, 345-346 (1949).

20

CC-2005-346

de su propia consideración del récord.70

El informe del

oficial examinador no pasa de ser una mera recomendación, la

cual la agencia, de acuerdo con la ley que la creó y con su

propio reglamento, tiene discreción para alterar.71

Esto no

quiere decir que las conclusiones del oficial examinador no

merecen consideración en la revisión judicial.

Esto es así,

ya

parte

del

récord

informe

del

oficial

que

dichas

conclusiones

administrativo.

Además,

forman

cuando

el

examinador es contrario e incompatible con el de la agencia,

particularmente

en

cuestiones

inmediato

la

prueba,

con

la

que

dependen

función

del

contacto

revisora

de

los

tribunales debe tornarse más rigurosa.72

III

Con el trasfondo normativo antes expuesto, pasamos a

resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la

resolución de la Junta aprobando el proyecto propuesto.

En su sentencia, el foro intermedio apelativo señaló que

la resolución de la Junta del 4 de junio de 2004, aprobando

el proyecto propuesto, descartó las recomendaciones de la

oficial examinadora del 15 de diciembre de 2003, sin detallar

las razones para tal curso de acción.

70

Diferimos. Veamos.

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, supra.

71

Hernández

72

Eugenio

Baudilio Rivera v. J.R.T., supra;

J.R.T., 94 D.P.R. 22, 28 (1967).

Íd.; J.R.T. v. Escuela Cooperativa

Hostos, 107 D.P.R. 151, 157 (1978).

García

v.

María

de

21

CC-2005-346

En la resolución de la Junta del 4 de junio de 2004, la

Junta expuso un resumen de los hechos del caso, sus propias

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

En sus

determinaciones de hechos, la Junta determinó, entre otras

cosas, lo siguiente: Que el proyecto ubicaría en un terreno

con cabida de 2.3998 cuerdas; que el área aledaña al predio

objeto

de

consulta

muestra

un

comportamiento

con

marcada

tendencia al desarrollo residencial; que los terrenos bajo

consulta

están

dentro

del

área

de

expansión

urbana

del

Municipio de San Juan; que el terreno está clasificado como

suelo

urbano

y

calificado

en

un

distrito

de

ordenación

residencial uno (R-1); que el acceso vehicular sería a través

de

la

Calle

recogidos

por

Tulip;

una

que

los

compañía

desperdicios

privada

sólidos

durante

la

serían

etapa

de

construcción; que el cuerpo de agua conocido como “Quebrada

Cheo” ubica en el fondo del terreno del proyecto propuesto;

que varias agencias sometieron sus comentarios al proyecto;

que

la

topografía

del

terreno

proyecto

propuesto

ubicaría

en

es

accidentada

el

lote

del

y

que

el

terreno

que

contiene una franja estrecha con el mismo nivel de la calle;

que el desarrollo propuesto tendría un costo aproximado de

$2,450,000 y generaría aproximadamente cien (100) empleos en

la

etapa

de

construcción

y

unos

diez

(10)

en

la

etapa

operacional; que el predio ubica fuera del área inundable; y

que la J.C.A. certificó el cumplimiento con la Ley sobre

Política Pública Ambiental, supra.

22

CC-2005-346

En sus conclusiones, la Junta determinó, entre otras

cosas, lo siguiente: Que el proyecto estaba en armonía con

varias metas y objetivos del Plan de Usos del Terreno de la

Región Metropolitana de San Juan; que el proyecto propuesto

se encontraba en una posición céntrica dentro de un área de

pleno

desarrollo;

que

el

proyecto

contaba

con

la

infraestructura necesaria para obtener acceso a la carretera

y obtener los servicios de energía eléctrica; que el proyecto

cumplía con la densidad poblacional establecida por el Plan

de

Ordenación

Territorial

y

que

se

cumplió

con

la

notificación a los dueños de terrenos colindantes.

La Junta acordó, entre otras cosas, lo siguiente: Que

A.R.P.E.

determinaría

cuál

será

la

trámite

del

que

previo

a

proyecto;

próxima

dar

etapa

en

el

comienzo

con

la

construcción se debía obtener de la J.C.A. permisos para el

polvo fugitivo, permiso para realizar una actividad generante

de desperdicios sólidos y permiso para el control de erosión

y prevención de sedimentación; que se deberían tomar medidas

necesarias para evitar que sustancias orgánicas e inorgánicas

ganaran acceso a cualquier cuerpo de agua o sistema pluvial;

que se debía cumplir con el Reglamento de Siembra, Corte y

Reforestación de Puerto Rico73; que se debía coordinar con la

A.A.A. para la conexión del proyecto; que se debía cumplir

con las recomendaciones del D.R.N.A. contenidas en su carta

fechada 26 de junio de 2001; que el almacenaje, manejo y

disposición de los desperdicios sólidos debía realizarse de

73

Reglamento de Siembra, Corte y Reforestación de Puerto

Rico, #5922, con vigencia el 24 de noviembre de 1998.

23

CC-2005-346

conformidad con la reglamentación vigente; y que se debía

cumplir

con

disposiciones

reglamentarias

de

la

Junta,

el

Reglamento de Ordenamiento Territorial de San Juan74 y la Ley

de Reciclaje75.

Las conclusiones y determinaciones de hechos a las que

llegó

la

Junta

en

su

resolución

detalladas, y minuciosas.

final

son

completas,

El sostener que la Junta descartó

las recomendaciones de la Oficial Examinadora sin base para

hacerlo es incorrecto.

La Junta emitió una resolución final

de trece (13) páginas detallando porqué aprobó el proyecto

propuesto.

Aunque fueron descartadas, entendemos que las

recomendaciones de la Oficial Examinadora fueron consideradas

por la Junta durante

la preparación de la resolución final.

El hecho que la resolución final de la Junta hizo referencia

a

señalamientos

Examinadora,

es

consideración

específicos

del

informe

de

la

Oficial

evidencia

de

por

sí,

que

se

tomó

en

de

la

Examinadora

al

del

informe

de

Oficial

momento de emitir la resolución final.

Además, no podemos

olvidar que el informe de la Oficial Examinadora no pasa de

ser

una

mera

recomendación,

la

cual

discreción de alterar o hasta ignorar.

la

Junta,

tiene

La Junta no está

obligada a adoptar las conclusiones y recomendaciones de sus

oficiales examinadores.76

74

Reglamento de Ordenación Territorial de San Juan, supra.

75

Ley para Reducción y Reciclaje de Puerto Rico, Ley Núm. 70

de 18 de septiembre de 1992, según enmendada.

76

Henríquez v. Consejo de Educación Superior, supra.

24

CC-2005-346

Repasemos

informe

algunas

divergencias

la

Oficial

Examinadora

informe

de

la

propuesto

no

de

específicas

y

la

entre

resolución

el

de

la

que

el

Junta.

El

proyecto

Oficial

Examinadora

contaba

con

la

indicó

infraestructura

necesaria, ya que en la carta de 14 de febrero de 2003 la

A.A.A.

indicó

reconoció

A.A.A.

en

que

su

no

endosaba

resolución

la

el

proyecto.

ausencia

del

La

endoso

Junta

de

la

La parte proponente explicó que cuando se le solicitó

que se uniera al Combinado de Desarrolladores de la A.A.A. ya

era muy tarde.

Sostuvo que era difícil unirse al grupo por

la etapa en que se encontraba el desarrollo de los proyectos.

Es evidente, que la Junta aceptó esta explicación y aprobó la

consulta.

Inclusive, en la resolución final, la Junta ordenó

a la parte proponente que previo al inicio de su construcción

realizara la coordinación correspondiente con la A.A.A. para

la conexión del proyecto propuesto.

El informe de la Oficial Examinadora, indicó además, que

la Calle Tulip es utilizada como acceso por al menos cuatro

(4) desarrollos, por lo que el proyecto agravaría el alegado

problema

resolución

de

congestión

final,

la

vehicular

Junta

tomó

ya

existente.

en

consideración

En

su

esta

recomendación, pero sostuvo que la Autoridad de Carreteras y

Transportación de Puerto Rico no tenía objeción al proyecto

propuesto y que la Calle Tulip tenía el acceso controlado.

La Junta tomó estos hechos en consideración al aprobar la

consulta.

25

CC-2005-346

El informe de la Oficial Examinadora señaló además, que

el área confronta un problema de inundación al final de la

Calle Tulip.

Sin embargo, después de tomar en consideración

el señalamiento de la Oficial Examinadora, la Junta sostuvo

que el predio del proyecto propuesto estaba ubicado fuera del

área inundable.

El informe de la Oficial Examinadora indicó además, que

la construcción del proyecto podría ocasionar el arrastre de

sedimentación,

erosión,

generación

de

causando mayores problemas de inundación.

polvo

fugitivo,

Después de tomar

en consideración este señalamiento de la Oficial Examinadora,

la Junta emitió una serie de instrucciones a la proponente

que tendría que seguir y permisos que tenía que obtener para

atemperar esta situación.

Luego

de

exponer

todas

sus

conclusiones

de

hecho

y

conclusiones de derecho la Junta llegó a su determinación de

aprobar la consulta.

Es menester señalar, que después de la

aprobación del proyecto, la Junta acogió unas mociones de

reconsideración de los opositores del proyecto, las cuales

atendió y denegó.

Por las razones antes descritas entendemos

que la Junta no actuó de forma arbitraria o irrazonable.

Por otro lado, el foro intermedio apelativo señala que

con

posterioridad

al

informe

emitido

por

la

Oficial

Examinadora, el 15 de diciembre 2003, la parte promovente

sometió un documento de evaluación ambiental a la J.C.A. que

estaba

acompañado

de

los

documentos

correspondientes

al

primer proyecto, Consulta Número 2001-17-0371-JPU, que fue

26

CC-2005-346

denegado el 9 de enero de 2002 y notificado el 20 de febrero

de

2002.

Primero,

tenemos

que

señalar

que

el

lugar

de

ubicación del proyecto inicial y el actual, es exactamente el

mismo lugar.

La única diferencia estriba en un re-diseño

conceptual, en donde se reduce el número de apartamentos.

Segundo, en el expediente del caso de marras, aparecen cartas

de varias agencias, con fecha posterior a febrero 2002, en

que

se

deniega

la

primera

consulta,

que

se

refieren

al

proyecto actual, donde manifiestan no tener objeción alguna

al

proyecto.

Juan77,

Ejemplo

D.R.N.A.78,

de

esto

I.C.P.79,

Desperdicios Sólidos81.

son,

el

Municipio

de

San

A.E.E.80

y

la

Autoridad

de

La Junta al tomar su determinación

contó con el beneficio de los comentarios y recomendaciones

de

las

agencias

gubernamentales

pertinentes.

Todos

esos

endosos, comentarios y recomendaciones eran favorables a la

aprobación de la consulta.

En conclusión, entendemos que el Tribunal de Apelaciones

erró al revocar la resolución de la Junta.

La Junta basó su

determinación en la totalidad de la evidencia que obra en el

expediente.

La Junta tomó en consideración las distintas

recomendaciones de las agencias consultadas.

Las inquietudes

señaladas en el informe de la Oficial Examinadora fueron

77

Apéndice del recurso de Certiorari, págs.

78

Íd., págs. 22-23.

79

Íd., pág. 20.

80

Íd., pág. 21.

81

Íd., págs. 33-35.

25-31.

27

CC-2005-346

consideradas y contempladas por la Junta.

Las conclusiones

de la Junta están sustentadas por lo documentos y el informe

de la Oficial Examinadora.

Al sustituir su criterio, por el

de

intermedio

la

Junta,

el

foro

apelativo

obvió

el

conocimiento técnico y especializado que dicha agencia tiene

sobre el uso de terrenos en Puerto Rico. Por ello, resulta

forzoso concluir que la Junta no abusó de su discreción al

aprobar

la

consulta,

ya

que

su

dictamen

se

apoyó

en

la

totalidad del expediente.

Concluimos que los errores señalados fueron cometidos

por el Tribunal de Apelaciones.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos

el caso a la Junta de Planificación para que continúen los

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

La

Jueza

disiente con Opinión escrita.

Asociada

señora

Fiol

Matta

El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación

de

Vecinos

Tulip/Monteverde,

Inc.;

Clara

Emilia Frontera de Guerra; Nilsa

Iris López Laureano; Efrén de

Jesús

García;

Asociación

de

Residentes

Urb.

La

Capiña;

Comisión de Ciudadanos al Rescate

de Caimito, Inc.; Asociación de

Residentes Urb. Borinquen Gardens

Recurridos

Certiorari

CC-2005-346

v.

Junta de Planificación de Puerto

Rico; José A. López Pérez, Rubén

Mercado Brignoni

Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2007.

La sentencia emitida por este Tribunal concluye

que

la

actuó

Junta

de

Planificación

arbitrariamente

al

de

aprobar

Puerto

la

Rico

no

consulta

de

ubicación de un proyecto residencial multifamiliar

ubicado en la Calle Tulip del Barrio Caimito en el

Municipio de San Juan. Sin embargo, la decisión de

la Junta de Planificación no está sustentada por el

expediente

Por

el

Junta

administrativo

contrario,

de

el

del

proyecto

expediente

Planificación

actuó

propuesto.

demuestra

que

la

arbitraria

e

irrazonablemente al aprobar dicha consulta. Por eso,

disiento.

2

CC-2005-1129

I

Reiteradamente hemos establecido que al revisar las

decisiones administrativas este Tribunal debe determinar si

la agencia actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente. El

Tribunal debe evaluar si las determinaciones de hechos de

la agencia se sustentan en evidencia sustancial que surja

del

expediente

derecho

son

administrativo

razonables

y

y

si

conforme

las

al

conclusiones

derecho

de

aplicable

según la totalidad de dicho expediente. Sección 4.5 de la

Ley

de

Procedimiento

Adjudicativo

Uniforme,

3

L.P.R.A.

2175. Véase además, Misión Industrial v. J.C.A., 145 D.P.R.

908, 929 (1998), Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R.

673,

707-708

(2000),

Rivera

Concepción

v.

A.R.P.E.,

152

D.P.R. 116, 121-124 (2000), Assoc. Ins. Agencies, Inc. v.

Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 435-438 (1997).

Respecto

examinador,

está

a

hemos

obligada

a

considerarlas,

pues

en

las

recomendaciones

reconocido

acogerlas,

analizarlas

estricto

derecho,

y

que

aunque

tiene

la

discutirlas

dichas

de

un

oficial

la

agencia

no

obligación

de

razonablemente,

recomendaciones

forman

parte del expediente administrativo. Misión Industrial v.

J.C.A.,

supra,

en

las

págs.

933-934.

Además,

cuando

la

decisión de la agencia es contraria a la recomendación de

un oficial examinador, particularmente en cuestiones que

dependen

del

contacto

inmediato

con

la

prueba,

función revisora debe ser más rigurosa. Henríquez v.

nuestra

3

CC-2005-1129

Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 208 (1984),

Oficina

del

Comisionado

de

Seguros

v.

A.E.E.L.A.,

2007

T.S.P.R. 112, J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. de Hostos, 107

D.P.R. 151, 157 (1978).

II

La

Ley

Orgánica

de

la

Junta

de

Planificación

de

Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq., le otorga la

facultad a la Junta de Planificación de adoptar Planes de

Usos

de

Terrenos

que

designen

la

distribución,

intensidad

de

los

localización,

extensión

e

terrenos

país.

ley

del

Esta

exige

que

exista

usos

de

estrecha

relación entre la designación de los usos del terreno

y

la

física

y

Junta

de

disponibilidad

social.

Además,

Planificación

proyecto

de

toda

la

establece

que

adopte

propuesto

un

Plan

deberá

infraestructura

una

de

Usos

estar

de

vez

de

la

Terrenos

acuerdo

con

todo

las

recomendaciones de dicho plan. 23 L.P.R.A. 62m.82

82

La Ley Orgánica de la Junta de Planificación dispone en

lo pertinente:

La Junta de Planificación preparará y adoptará

Planes de Usos de Terrenos y podrá adoptar

aquellos

que

preparen

los

organismos

gubernamentales y/o entidades que ésta designe.

La Junta de Planificación asesorará, coordinará

y asistirá a estos organismos y entidades en la

preparación de la metodología a utilizarse

en

la formulación de estos Planes de Usos de

Terrenos de manera que en términos físicos y

ambientales

estén

de

conformidad

con

las

políticas y estrategias de desarrollo de Puerto

Rico adoptadas por la Junta en el Plan de

Desarrollo Integral. Los Planes de Usos de

Terrenos, dependiendo de si son planes de

desarrollo regional, urbano,

rural,

municipal,

4

CC-2005-1129

De la misma forma, la Ley de Municipios

21

L.P.R.A.

sec.

4001

et.

seq.,

en

armonía

Autónomos,

con

la

Ley

Orgánica de la Junta de Planificación, 23 L.P.R.A. sec.

62j(14),83

le

Planificación

concede

de

propuestos

por

establecer

el

territoriales.

la

aprobar

los

uso

Estos

facultad

Planes

municipios

del

suelo

planes

de

a

la

Junta

Ordenación

con

dentro

deberán

el

de

Municipal

propósito

sus

cumplir

de

de

límites

con

las

políticas públicas, leyes, reglamentos u otros documentos

o

dependiendo

de

su

alcance

geográfico,

designarán

la

distribución,

localización,

extensión, e intensidad de los usos de los

terrenos

para

propósitos

urbanos,

rurales,

agrícolas,

de

explotación

minera,

bosques,

conservación

y

protección

de

los

recursos

naturales,

recreación,

transportación

y

comunicaciones, generación de energía, y para

actividades

residenciales,

comerciales,

industriales,

educativas,

públicas

e

institucionales. Deberá existir una estrecha

relación entre la designación de estos usos de

terrenos y la disponibilidad y programación de

toda

la

infraestructura

física

y

social,

incluyendo los sistemas de transportación y

comunicación. Los Planes de Usos de Terrenos, así

como la disponibilidad y programación de la

infraestructura física social, serán la base para

la preparación y revisión de los mapas de

zonificación.

Toda obra o proyecto a ser realizado por

cualquier persona o entidad deberá estar de

acuerdo con las recomendaciones de los Planes de

Usos de Terrenos, una vez adoptadas por la Junta

de Planificación y aprobados por el Gobernador.

(Énfasis suplido) 23 L.P.R.A. 62m.

83

La Junta tendrá las siguientes facultades y funciones:

Hacer determinaciones sobre usos de terrenos

dentro de los límites territoriales del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, con sujeción a las

normas y requisitos consignados en este Capítulo,

o en cualquier otra ley aplicable, para tales

casos. 23 L.P.R.A. sec. 62j(14).

5

CC-2005-1129

del

gobierno

central

relacionados

con

la

ordenación

territorial de los municipios, entre estos los Planes de

Usos

de

Terrenos.

21

L.P.R.A.

sec.

4602.

Véase

además,

sección 5.01 del Reglamento sobre los Planes de Ordenación

Municipal

y

la

Facultades,

Transferencia

Reglamento

de

y

Administración

Planificación

de

Número

24,

Reglamento núm. 5087 de 20 de mayo de 1994 (en adelante,

Reglamento de Planificación núm. 24).

Hay tres tipos de Planes de Ordenación Municipal: Plan

Territorial,

Plan

pertinente

a

instrumento

de

de

este

Ensanche

caso,

ordenación

un

y

Plan

Plan

Área.

En

lo

Territorial

es

un

estratégico

del

integral

de

y

territorio municipal que define los elementos fundamentales

de tal ordenación. A su vez, un Plan Territorial consiste

de tres componentes: memorial, programa y reglamentación.

Un

Reglamento

de

Ordenación

Territorial

contiene

disposiciones sobre la clasificación del suelo municipal y

normas

sobre

el

uso,

los

niveles

de

intensidad

y

las

características de las estructuras y el espacio público.

Una

vez

la

Junta

de

Planificación

aprueba

un

Plan

Territorial con su reglamento, toda decisión sobre el uso

del

terreno

municipal

se

hará

conforme

al

mismo.

21

L.P.R.A. sec. 4603. Véase además, secciones 7.01, 2.00(37)

del Reglamento de Planificación núm. 24.

Una

consulta

de

ubicación

es

un

procedimiento

permite a la Junta de Planificación autorizar por vía de

que

6

CC-2005-1129

excepción, ciertos usos de terrenos que no son permitidos

ministerialmente por la reglamentación aplicable en áreas

zonificadas.

Además,

evalúan

de

usos

mediante

terrenos

desarrollos

extensos

propuestos

que

o

este

propuestos

regionales,

pueden

procedimiento

afectar

y

como

proyectos

usos

de

se

de

terrenos

significativamente

el

desarrollo de áreas no zonificadas. El propósito de este

procedimiento

es

evaluar

los

usos

que

se

proponen

y

determinar si éstos son cónsonos con la distribución de

usos

Junta

de

terrenos

de

planificada

Planificación

en

el

país.

requiere

Por

eso,

expresamente

información que le permita llevar a cabo la

la

cierta

evaluación.

Es en ese momento procesal que la Junta de Planificación

debe evaluar la información requerida, si es que ha de

cerciorarse, como lo requiere su ley orgánica, que el uso

propuesto no está en violación de la reglamentación que

establece los usos de terrenos planificados en el país.

Sólo así podrá cumplir con la función que le corresponde

en la etapa de consulta de ubicación. Esto sin

los

otros

elementos

Planificación

de

puede

juicio

considerar

que

al

la

limitar

Junta

evaluar

de

estas

consultas, tales como: los Mapas de Zonas Susceptibles a

Inundaciones

y

otra

reglamentación

Secciones 2.00(7), 7.01

del

ambiental

Reglamento

aplicable.

de Procedimientos

Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento de

CC-2005-1129

7

Planificación núm. 6031 del 12 de noviembre de 1999.84

84

El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta

de Planificación dispone en los pertinente:

La Junta de Planificación, estudiará, tramitará y

resolverá las consultas de ubicación, tomando en

consideración,

entre

otros,

los

siguientes

documentos y elementos de juicio: Ley Orgánica de

la Junta de Planificación (Ley Núm. 75 del 24 de

junio

de

1975,

según

enmendada),

Ley

de

Municipios Autónomos (Ley 81 del 30 de agosto de

1991,

según

enmendada);

Plan

de

Desarrollo

Integral, Objetivos y Políticas Públicas del Plan

de Usos de Terrenos de Puerto Rico; Planes de

Usos de Terrenos (incluye Mapas de Expansión

Urbana); Mapas de Zonificación; Mapas de Zonas

Susceptibles a Inundaciones; Planes de Ordenación

Territorial,

adoptados

por

la

Junta

de

Planificación y aprobados por el Gobernador;

Planes Regionales, adoptados por la Junta y

aprobados por el Gobernador; Reglamentos de

Planificación y otra reglamentación aplicable;

Programa

de

Inversiones

de

Cuatro

Años,

localización

específica

del

proyecto,

usos

existentes

en

el

sector,

situación

de

la

infraestructura física y social en el lugar

(calles, acueductos y alcantarillado, energía

eléctrica, transportación, recogido de basura,

servicio policíaco y otros); rasgos topográficos,

condición

de

inundabilidad,

condición

del

subsuelo,

densidad

poblacional,

grado

de

contaminación del ambiente, distancia entre los

terrenos y las áreas construidas, importancia

agrícola, ambiental o turística de los terrenos,

y

otras

condiciones

sociales,

económicas

y

físicas análogas.

Además de lo anterior, en las consultas públicas,

se tomará en consideración, entre otros: el costo

del proyecto, la disponibilidad y procedencia de

fondos,

programación

de

la

obra,

posibles

conflictos

con

obras

de

otros

organismos

gubernamentales.

Si

se

tratare

de

una

transacción, también se considerará la necesidad

de la misma, si la propiedad fue ofrecida a otros

organismos gubernamentales, conveniencia de que

la propiedad pase de pública a privada, y otras

leyes aplicables al tipo de transacción.

La

aprobación

de

una

consulta

pública

no

implica, en forma alguna, la aprobación del

proyecto de transacción o de construcción en

8

CC-2005-1129

III

En

este

establecen

caso,

los

usos

de

los

reglamentos

terrenos

aplicables

planificados

en

que

la

ubicación del proyecto propuesto son el Plan de Usos de

Terrenos de Puerto Rico y el Plan de Ordenación Territorial

del

Municipio

de

San

Juan.85

La

Junta

de

Planificación

determinó que el proyecto propuesto cumplía con las metas,

objetivos y estrategias del Plan de Usos de Terrenos de

Puerto Rico. Sin embargo, de forma arbitraria y contraria a

las exigencias legales, no consideró el cumplimiento con el

Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan

como factor pertinente a su decisión sino que se limitó a

imponer el cumplimiento con dicho plan, específicamente,

con el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio,

como

una

condición

futura,

cuando

del

expediente

sí, el cual deberá regirse por lo establecido en

este Reglamento y por cualquier Resolución de la

Junta, eximiendo de la presentación a tal

proyecto

de

transacción

o

de

construcción.

(Énfasis suplido) Sección 7.01 del Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos de la Junta de

Planificación, Reglamento de Planificación núm.

6031 del 12 de noviembre de 1999.

85

El Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San

Juan fue aprobado por la Junta de Planificación mediante

Resolución el 9 de octubre de 2002, Núm. JP-PT-18-1,

aprobado por la Asamblea Municipal de San Juan mediante la

Ordenanza Municipal Núm. 73, serie 2001-2002, de 26 de

febrero de 2002, y aprobado mediante Orden Ejecutiva el 13

de marzo de 2003, OE-2003-16.

9

CC-2005-1129

administrativo

surge

que

el

proyecto

propuesto

está

en

clara violación del reglamento.86

El proyecto propuesto fue sometido y evaluado como un

desarrollo residencial extenso. El Reglamento de Ordenación

Territorial del Municipio establece los requisitos que la

Junta

de

Planificación

debe

considerar

al

momento

de

evaluar este tipo de desarrollo y especifica que sólo se

podrá dispensar de los mismos a aquellos proyectos que sean

para

vivienda

justifiquen.

pública

La

sección

o

cuyas

circunstancias

4.04(c)(2)

del

así

lo

Reglamento

de

Ordenación Territorial del Municipio dispone los siguientes

requisitos para los desarrollos residenciales extensos:

(a)

(b)

(c)

(d)

Los terrenos en los cuales se propone la

urbanización estarán localizados o colindando

con el área desarrollada dentro del ámbito de

expansión urbana.

La densidad propuesta alcanzará los mínimos y

no excederá los máximos establecidos en el

Plan de Usos de Terrenos vigente ni el Plan

de Ordenación Territorial.

Se celebrará vista pública con notificación a

los dueños de los terrenos circundantes

cuando el desarrollo residencial extenso

tenga acceso a una calle municipal con rodaje

menor de 8.00 metros por la cual acceden más

de diez (10) estructuras residenciales en una

distancia de 250 metros, medidos desde las

entradas al proyecto.

Si

la

infraestructura

necesaria

para

atender las necesidades del proyecto

86

En su resolución aprobando la consulta de ubicación la

Junta de Planificación impuso como condición al proyecto

propuesto lo siguiente:

6.

Deberá

Ordenamiento

de San Juan.

cumplir

con

el

Reglamento

de

Territorial del Municipio Autónomo

10

CC-2005-1129

(e)

(f)

propuesto y para mitigar sus efectos directos

e

indirectos

está

disponible

o

puede

proveerse.

El proyecto podrá incluir el desarrollo de

una o más estructuras principales en un mismo

solar si se propone segregar el mismo.

Se podrá dispensar de los requerimientos de

este

Reglamento

cuando

se

trate

de

desarrollos para vivienda pública y las

circunstancias así lo justifiquen. (Énfasis

suplido).

Respecto

necesaria

al

para

requisito

atender

de

las

tener

la

necesidades

infraestructura

del

proyecto

propuesto, la Junta de Planificación discutió el mismo en

sus

conclusiones

infraestructura

de

de

derecho

energía

haciendo

referencia

a

la

eléctrica

y

carreteras

e

ignorando por completo la necesidad de infraestructura de

agua. La Junta de Planificación expresó lo siguiente:

De la Determinación de Hechos Número 10 surge que

el proyecto cuenta con la infraestructura física

necesaria para obtener acceso a la carretera y

obtener el servicio de energía eléctrica o puede

proveerse con relativa facilidad, mediante mejoras

requerida por la agencia.

Según el expediente administrativo y el informe de la

oficial examinadora, el proyecto propuesto no cuenta con la

infraestructura de agua potable y descarga de aguas usadas

necesaria,

ya

que

la

Alcantarillados

(AAA)

no

87

Autoridad

ha

endosado

de

el

Acueductos

proyecto.87

En lo pertinente, la oficial examinadora señaló:

Por otro lado, tenemos que considerar que el

proyecto

no

cuenta

con

la

infraestructura

necesaria, toda vez que en carta de

14 de

febrero de 2003, la Autoridad de Acueductos y

y

La

11

CC-2005-1129

Junta de Planificación no exigió que se cumpliera con este

requisito antes de aprobarse la consulta de ubicación, sino

que

arbitrariamente

impuso,

como

condición

futura

al

proyecto, que los proponentes coordinasen con la AAA la

conexión a su infraestructura.88 Esta determinación de la

Junta

de

Planificación

no

sólo

es

contraria

a

la

reglamentación aplicable, sino también preocupante ya que

según

lo

exige

Planificación,

la

Ley

Orgánica

de

supra,

debe

haber

estrecha

una

la

Junta

de

relación

entre la designación de los usos del terreno del país y la

disponibilidad de toda la infraestructura física necesaria.

23 L.P.R.A. sec. 62m.

Según las determinaciones de hechos de la Junta de

Planificación,

la

terreno

proyecto

propuesto

y

pluviales

de

varias

del

escorrentías

“Quebrada

Alcantarillados

indicó

proyecto propuesto.

Cheo”

que

discurre

no

al

sur

del

dispone

de

las

urbanizaciones

endosaba

el

88

En la resolución aprobando la consulta de ubicación la

Junta de Planificación impuso como condición al proyecto

propuesto lo siguiente:

Previo al inicio de la construcción deberá

realizar la coordinación correspondiente con la

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para la

conexión del proyecto propuesto (incluyendo la

disposición

de

las

aguas

de

la

piscina

propuesta),

de

manera

que

la

planta

de

tratamiento de aguas usadas

a la cual planean

conectarse, las líneas y troncales estén en

condiciones de aceptar la descarga de las aguas

usadas generadas durante la fase operacional del

proyecto. Esto incluye obtener todos los permisos

necesarios

de

dicha

agencia,

previo

a

su

conexión.

12

CC-2005-1129

adyacentes, incluyendo parte de las originadas en la Calle

Tulip.

Por

esto,

la

sección

5.03(g)

del

Reglamento

de

Ordenación Territorial del Municipio exige que se dedique a

uso público una franja de terreno con un ancho mínimo de

diez (10) metros lineales a ambos lados del cauce o lecho

de

dicha

reconoce

quebrada.

esta

Aunque

exigencia

la

Junta

de

reglamentaria,

Planificación

el

expediente

administrativo revela que el proyecto propuesto no cumple

con

dicha

exigencia.

En

primer

lugar,

en

la

Evaluación

Ambiental del proyecto propuesto los proponentes afirman

que sólo dejarán una franja de cinco (5) metros desde el

borde

de

la

quebrada.

En

segundo

lugar,

en

el

Acta

de

Inspección Ocular que llevó a cabo la propia agencia se

dispuso lo siguiente:

Se observó el predio del proyecto en cuestión

desde la parte de la quebrada. Auscultando con el

plano del proyecto aprobado, en algunas áreas se

desglosa una faja de 10 metros con la colindancia

con la quebrada, en otras se describe una faja

menor de (5 metros). De dejarse los diez metros en

toda la colindancia con la quebrada, interferiría

con la estructura que albergaría 40 apartamentos.

El proponente describió que en algunas áreas no se

estipula hacer muro de contención.89 (Énfasis

suplido).

89

Inclusive, el propio plano de ubicación sometido ante la

Junta de Planificación e incluido como apéndice en el

recurso de certiorari presentado ante este Tribunal

demuestra que el proyecto propuesto no deja una franja de

diez (10) metros en toda su colindancia con la “Quebrada

Cheo”. Lo que es peor, en su recurso de certiorari los

peticionarios erróneamente afirman que cumplen con este

requisito reglamentario y hacen referencia al plano de

ubicación aprobado por la Junta de Planificación que

contradice dicha afirmación.

13

CC-2005-1129

Contando

con

esta

evidencia

en

el

expediente

administrativo, la Junta de Planificación decidió aprobar

la consulta de ubicación del proyecto propuesto, en clara

violación

al

Reglamento

de

Ordenación

Territorial

del

oficial

examinadora

señaló

en

Municipio de San Juan.

Finalmente,

la

que

eventos de lluvia abundante el nivel de la “Quebrada Cheo”

causa inundaciones al final de la Calle Tulip, donde ubica

el

proyecto

propuesto.

Planificación

no

La

resolución

contradice

de

esta

la

Junta

de

significativa

determinación fáctica, sino que la despacha indicando que

el predio del proyecto propuesto se encuentra fuera del

área

inundable.

Esto,

sin

embargo,

no

es

pertinente

al

asunto de las inundaciones al final de la Calle Tulip. El

“razonamiento” de la Junta es más bien un non sequitur

puesto que el hecho de que el proyecto propuesto no esté

ubicado en zona inundable no implica razonablemente que su

impacto en la “Quebrada Cheo” no habrá de incrementar las

inundaciones al final de la Calle Tulip. Más aún cuando del

expediente

administrativo

franja

terreno

de

de

surge

diez

que

(10)

no

metros

se

ha

dejado

exigida

la

por

la

que

la

no

está

reglamentación aplicable.

IV

Por

todo

determinación

sustentada

lo

de

por

la

el

anterior

es

Junta

Planificación

de

expediente

evidente

administrativo

ni

es

conforme al derecho aplicable según la totalidad de dicho

14

CC-2005-1129

expediente.

3

L.P.R.A.

2175.

Véase

además,

Misión

Industrial v. J.C.A., supra, Mun. de San Juan v. J.C.A.,

supra, Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, Assoc. Ins.

Agencies,

Inc.

v.

Com.

Seg.

P.R.,

supra.

La

Junta

de

Planificación actuó arbitrariamente al aprobar la consulta

de ubicación del proyecto propuesto y no cumplió con su

función legal en la etapa de consulta de ubicación, ya que

al

evaluar

la

información

requerida

en

dicho

momento

procesal no se aseguró de que el uso propuesto no estuviera

en violación de lo requerido por el Plan de Ordenación

Territorial del Municipio de San Juan.

La Junta de Planificación y la sentencia mayoritaria

de

este

Tribunal

tratan

de

justificar

la

determinación

arbitraria de dicha agencia afirmando que en la próxima

etapa

del

Reglamentos

proyecto

propuesto

la

y

(A.R.P.E.)

deberá

Permisos

Administración

de

asegurarse

de

que se cumplan las condiciones impuestas por la Junta de

Planificación.

aunque

Este

A.R.P.E.

argumento

debe

exigir

no

tiene

mérito,

el

cumplimiento

pues

con

las

condiciones impuestas por la Junta de Planificación, las

leyes y

abdicar

la reglamentación aplicable, la Junta no puede

su

propia

obligación

de

el

reglamentación

que

propuesto

cumple

establece

los

usos

de

terrenos

del

país,

requerida

en

la

etapa

de

evaluación

ubicación.

En

el

caso

ante

consulta

de

la

que

proyecto

información

con

asegurarse

según

de

la

la

nuestra

15

CC-2005-1129

consideración

sucede

todo

lo

contrario.

No

es

que

el

proyecto propuesto no incluya información detallada y no

requerida

en

la

demuestre

su

cumplimiento

Territorial

del

etapa

de

Municipio

consulta

de

ubicación

con

el

Plan

de

de

San

Juan,

sino

que

Ordenación

que

la

información requerida en esta etapa revela que el proyecto

propuesto está en violación de dicho plan. Si permitimos

que

la

entonces

Junta

la

de

etapa

Planificación

actúe

de

de

consulta

de

esta

ubicación

manera,

resultaría

innecesaria y superflua, ya que A.R.P.E. podría adjudicar

la consulta de ubicación en la próxima etapa de evaluación

del proyecto.

Por

todas

estas

razones

disiento

de

la

sentencia

mayoritaria que revoca la sabia decisión del Tribunal de

Apelaciones.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada