Tribunal Supremo de Puerto Rico
Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación
2007 TSPR 141
Poder Judicial de Puerto Rico
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Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación
CC-2005-0346
Derecho Administrativo- Revisión Judicial de decisiones de agencias administrativas; informes de Oficiales examinadores
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación
de
Vecinos
Tulip/Monteverde,
Inc.: Clara
Emilia Frontera De Guerra, Nilsa
Iris López de Laureano; Efrén de
Jesús
García;
Asociación de
Residentes Urb. Campiña; Comisión
De
Ciudadanos
al
Rescate de
Caimito, Inc., Etc.
Certiorari
2007 TSPR 141
171 DPR ____
Demandantes Recurridos
v.
Junta de Planificación de Puerto
Rico; José A. López Pérez, Rubén
Mercado Brignoni
Demandados Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-346
Fecha: 19 de julio de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Juez Ponente:
Hon. Carlos J. López Feliciano
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Bartolo Rodríguez
Lcda. Everlidys Rodríguez Pacheco
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. José Luis González Castañer
Lcdo. Denis D. Martínez Colón
Materia: Revisión Administrativa procedente de la Junta de
Planificación de Puerto Rico
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación
de
Vecinos
Tulip/Monteverde,
Inc.:
Clara
Emilia Frontera De Guerra, Nilsa
Iris López de Laureano; Efrén de
Jesús
García;
Asociación
de
Residentes Urb. Campiña; Comisión
de
Ciudadanos
al
Rescate
de
Caimito, Inc., Etc.
Demandantes Recurridos
CC-2005-346
v.
Junta de Planificación de Puerto
Rico; José A. López Pérez, Rubén
Mercado Brignoni
Demandados Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2007.
Se nos solicita la revisión de una Sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones,
Región
Judicial de San Juan, mediante la cual revocó una
Resolución emitida por la Junta de Planificación de
Puerto Rico, que aprobó una consulta de ubicación
para el proyecto propuesto por los peticionarios.
Veamos los hechos acaecidos que originan el presente
recurso.
I
En el año 2001, el señor José A. López Pérez,
en
adelante
señor
Jesús
señor
López
Conde,
en
Pérez,
por
adelante
conducto
señor
del
Conde,
2
CC-2005-346
sometieron a la consideración de la Junta de Planificación de
Puerto Rico, en adelante La Junta, la Consulta Número 200117-0371-JPU
para
la
ubicación
de
un
proyecto
residencial
multifamiliar en una finca con cabida de 2.3998 cuerdas que
radica en la Calle Tulip, Alturas de Borinquen Gardens en el
Municipio de San Juan.1 El 9 de enero de 2002, la Junta
emitió
Resolución
determinó
que:”…el
consulta.2
denegando
dicha
proyecto
propuesto
no
La
cumplía
Junta
con
los
Objetivos y Políticas Publicas del Plan de Uso de Terrenos de
Puerto Rico ni con la calificación y clasificación del Plan
de Ordenación de San Juan…”3
El
24
de
abril
de
2002,
el
señor
López
Pérez,
por
conducto del señor Rubén Mercado Brignoni, en conjunto la
parte proponente, sometió ante la consideración de la Junta
la Consulta número 2002-17-0363-JPU, para la ubicación del
mismo proyecto que había sido sometido en la Consulta número
2001-17-0371-JPU.4 Se utilizarían las mismas 2.3998 cuerdas
para ubicar un proyecto de desarrollo residencial de setenta
(70) apartamentos, distribuidos en cuatro (4) edificios.5
El 26 de junio de 2002, la Junta emitió una Resolución
mediante
la
cual
acordó
presentada por la parte
dejar
en
suspenso
proponente hasta
la
consulta
tanto dicha
1
Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 147-148.
2
Íd.
3
Íd.
4
Íd., pág. 149-158.
5
Íd.
parte
3
CC-2005-346
demostrara
la
diferencia
entre
el
nuevo
proyecto previo, ya evaluado y denegado.6
proyecto
y
el
El 29 de agosto de
2002, la Junta concedió a la parte proponente treinta (30)
días adicionales para que sometiera una serie de documentos
necesarios para la celebración de una vista pública.7
Ese
mismo día, la Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc.,
presentó su oposición al proyecto propuesto y solicitó que se
le
notificara
de
cualquier
relacionado con el proyecto.
trámite
de
vista
o
revisión
El 30 de octubre de 2002, la
Junta declaró con lugar la solicitud de intervención de la
Asociación de Vecinos de Tulip/Monteverde, Inc.8
El 24 de febrero de 2003 se celebró una vista pública en
la Junta, presidida por la Oficial Examinadora, licenciada
Vanesa García Quiñones, en la cual las partes interesadas
presentaron
sus
planteamientos
en
torno
al
propuesto
proyecto.9
La
Junta
permitió
que
la
Sra.
Haydee
Colón,
en
representación de la Comisión de Ciudadanos al Rescate de
Caimito, Inc., y los vecinos de la Urbanización La Campiña,
pudieran intervenir como partes interesadas en la consulta.10
El 15 de diciembre de 2003, la Oficina de Asuntos Legales de
la
Junta
emitió
un
informe
sobre
celebrada el 24 de febrero de 2003.
6
Íd., pág. 158.
7
Íd., págs. 164-165.
8
Íd., págs. 167-168.
9
Íd., pág. 169.
10
Íd., págs. 171-175.
la
audiencia
pública
La Oficial Examinadora
4
CC-2005-346
concluyó
en
dicho
informe,
entre
otras
cosas,
que
la
“Quebrada Cheo” ubicaba en el terreno del proyecto propuesto,
durante aguaceros fuertes, inundaba la marginal al fondo de
la calle Tulip.11
algunas
de
las
Sostenido por comentarios emitidos por
agencias
administrativas
que
evaluaron
el
proyecto se expresó lo siguiente:
1.
La Autoridad de Energía Eléctrica, en adelante A.E.E.,
indicó que no tenía objeción a que se aprobara el proyecto.
Indicó, además, que la parte proponente debía obtener el
endoso
de
la
División
de
Servicios
de
Riego,
Represas
y
Embalses de la A.E.E.12
2.
La
Autoridad
de
Acueductos
y
Alcantarillados,
en
adelante A.A.A., indicó que no endosaba el proyecto, ya que
la parte proponente nunca respondió a una comunicación que se
le envió.
En esa comunicación se le inquirió a que formara
parte
un
de
grupo
de
empresas
que
están
desarrollando
proyectos en la misma área para realizar mejoras al sistema
de acueductos del Barrio Caimito.13
3.
La
carta
del
Departamento
de
Recursos
Naturales
y
Ambientales, en adelante D.R.N.A., evaluó la primera consulta
del proyecto. Manifestó que el proyecto debía cumplir con el
Reglamento de Planificación #25 (Reglamento de Siembra, Corte
y Forestación de Puerto Rico).
Señaló, además, que debido a
que el proyecto colindaba con una quebrada, se debía dedicar
11
Íd., págs. 176-188.
12
Íd., pág. 394.
13
Íd., págs. 189-190.
5
CC-2005-346
a uso público una franja de terreno, más una adicional.
Se
requirió
en
obtener
de
la
Junta
de
Calidad
Ambiental,
adelante J.C.A., el permiso para el control de erosión y
sedimentación, y cualquier otro permiso requerido por dicha
agencia.
Se
consideración
D.R.N.A.
no
indicó,
las
tenía
además,
que
tomadas
en
antes
expuestas,
el
desarrollo
preliminar
del
recomendaciones
objeción
al
una
vez
proyecto propuesto. 14
4.
El
Instituto
de
Cultura
Puertorriqueña,
I.C.P.,
exhortó
la
parte
proponente
a
División
de
I.C.P.
una
a
Arqueología
del
en
adelante
radicar
en
la
solicitud
de
evaluación arqueológica y pagar la cuota correspondiente, a
tenor
con
el
Reglamento
para
la
Radicación
y
Evaluación
Arqueológica de Proyectos de Construcción y Desarrollo.15
5.
La Autoridad de Carreteras y Transportación, en adelante
A.C.T.,
indicó
que
el
proyecto
no
se
afectaba
por
vías
propuestas en el Plan Vial de la Región Metropolitana de San
Juan.
Se le requirió a la parte proponente que consultara al
Municipio de San Juan con relación a los accesos y mejoras a
las vías municipales.
conforme
lo
dispuesto
Se le solicitó, además, una aportación
bajo
el
Reglamento
de
las
Nuevas
Competencias para Viabilizar el Desarrollo Urbano (Reglamento
de Planificación Número 21).16
14
Íd., págs. 225-226.
15
Íd., pág. 191.
16
Íd., pág. 182.
6
CC-2005-346
6.
El Municipio de San Juan, indicó que ya había comentado
sobre
dicho
proyecto
en
la
consulta
número
2001-17-0371-
JPU.17
En su informe, la Oficial Examinadora determinó que el
proyecto
cumplió
Ordenación
con
el
Territorial
de
requisito
San
Juan18
del
que
Reglamento
dispone
que
de
los
terrenos del proyecto propuesto tengan que estar localizados
o colindar con el área desarrollada dentro del ámbito de
expansión urbana.19
También se determinó que el proyecto
cumplió con todo el trámite administrativo que se desprendía
del
expediente
Examinadora
administrativo.20
determinó
que
la
Sin
embargo,
topografía
del
la
Oficial
predio
era
accidentada, por lo que, durante la fase de construcción, se
podía anticipar movimiento de tierra.21
Dicha actividad, a
su
de
vez,
podría
ocasionar
el
arrastre
sedimentación,
erosión, generación de polvo, deforestación y problemas de
inundaciones en el sector.
Indicó, además, que la parte
proponente no sometió plan alguno de acción para atender
dicha posible situación.22
Conforme a estos señalamientos, la Oficial Examinadora
concluyó que la parte proponente no pudo demostrar ningún
17
Íd.
18
Reglamento de Ordenación Territorial
vigencia de 28 de marzo de 2003.
de
San
Juan,
19
Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 184-185.
20
Íd., pág. 185.
21
Íd., pág. 186.
22
Íd.
con
7
CC-2005-346
beneficio
significativo
desarrollo
del
Tomando
en
conclusiones
que
brindaría
o
la
infraestructura
del
consideración
las
determinaciones
de
no
recomendó
sector
de
derecho,
su
la
proyecto
al
mismo.23
hechos
aprobación
y
del
proyecto.24
El 21 de enero de 2004, la Junta refirió el documento de
evaluación ambiental, presentado por la parte proponente, a
la J.C.A. para su evaluación.25
El 20 de febrero de 2004, la J.C.A., notificó, mediante
carta, el cumplimento del proyecto con el Artículo 4(c) de la
Ley
Sobre
Política
Pública
Ambiental26
sujeto
a
que
se
acataran ciertas medidas de mitigación y requerimientos de
varias agencias.27
El 2 de marzo de 2004, la parte proponente sometió a la
Junta información adicional con respecto a la infraestructura
del proyecto. Acompaño además, planos en donde se reducía la
cantidad
de
apartamentos
a
sesenta
y
tres
(63)
y
se
modificaron el número de estacionamientos a setenta (70).28
El 3 de marzo de 2004, la Junta concedió treinta (30)
días a la parte proponente para que sometiera evidencia de
que
era
parte
del
grupo
de
empresas
que
se
disponían
23
Íd.
24
Íd., pág. 187.
25
Íd, págs. 192-239.
26
Ley Número 9, del 18 de junio de 1980, según enmendada.
27
Apéndice del Recurso de Certiorari, págs. 31-32.
28
Íd., págs. 243-268.
a
8
CC-2005-346
realizar proyectos para beneficio de la infraestructura de la
A.A.A.29
El 15 de marzo de 2004, la parte proponente sometió una
comunicación escrita a la A.A.A. relacionada al requisito de
pertenecer al combinado de desarrolladores de proyectos para
la A.A.A.30
En la misma, la parte proponente informa que el
ingeniero Ramón Flores de la A.A.A., le había indicado en el
pasado que el grupo de empresas ya tenían los proyectos en
etapas finales y era difícil entrar en ese momento en el
mismo.
También se informó que el ingeniero Flores, en ese
momento, solicitó los planos que ilustraran la toma de agua
más cercana al proyecto.
Se informó además, que la consulta
del proyecto estaba a la espera del visto bueno de la A.A.A.
El
26
de
abril
Tulip/Monteverde,
de
Inc.
oposición al proyecto.31
que
setenta
sesenta
y
(70)
tres
2004,
la
Asociación
sometió
a
la
Vecinos
una
segunda
Argumentaron, entre otras cosas,
estacionamientos
(63)
Junta
de
son
apartamentos.
insuficientes
Esto,
para
alegadamente
provocaría que se usara la vía pública como estacionamiento y
agravaría el ya existente problema de congestión vehicular.
El 17 de mayo de 2004, la Junta ordenó a la parte
proponente re-diseñar el proyecto de manera tal que cumpliera
con los estacionamientos requeridos.32
29
Íd., págs. 241-242.
30
Íd., págs. 269-270.
31
Íd., págs. 272-274.
32
Íd., págs. 292-294.
En
cumplimiento
con
9
CC-2005-346
dicha orden, el 2 de junio de 2004, la parte proponente
sometió
un
nuevo
diseño
del
proyecto
con
noventa
(90)
estacionamientos.33
El 4 de junio de 2004, la Junta emitió una resolución
mediante la cual determinó que era viable el desarrollo de
los terrenos para el uso propuesto, por lo que aprobó la
consulta para la ubicación del proyecto.34
los
incidentes
procesales,
la
Luego de todos
Junta
formuló
correspondientes determinaciones de hechos.
las
Determinó que
todas las agencias concernidas le impartieron su aprobación
al proyecto; que cumplía con los requisitos de zonificación
según el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San
Juan;
que
el
comportamiento
predio
objeto
con
marcada
de
la
consulta
tendencia
muestra
al
un
desarrollo
residencial; que los desperdicios sólidos serián recogidos
por una compañía privada durante la etapa de construcción y
el proyecto estaba fuera del área alegadamente inundable.
A
raíz de esto, la Junta determinó que el proyecto era uno
viable.
Sin
embargo,
emitió
una
serie
de
comentarios
y
recomendaciones que la parte proponente tendría que cumplir
para obtener la aprobación del proyecto de construcción de la
Autoridad de Reglamentos y Permisos, en adelante A.R.P.E.
Entre ellas, señaló que el proyecto tenía que cumplir con los
requerimientos
de
estacionamientos
aplicables;
las
recomendaciones de la J.C.A.; tomar medidas necesarias para
33
Íd., págs. 295-297.
34
Íd., págs. 298-311.
10
CC-2005-346
evitar que residuos de sustancias orgánicas e inorgánicas
tengan
acceso
pluvial;
a
cualquier
coordinar
con
la
cuerpo
de
agua
A.A.A.
para
o
la
al
sistema
conexión
del
proyecto y cumplir con las recomendaciones y requisitos de
varias agencias.
La Junta no adoptó las determinaciones ni
las conclusiones que formuló la Oficial Examinadora en su
informe.
Inconformes, el 8 de julio de 2004, la Asociación de
Vecinos
Tulip/Monteverde
presentó
reconsideración ante la Junta.35
un
escrito
de
En la misma, los vecinos le
advirtieron a la Junta, sobre la imposibilidad de que el
proyecto
pudiera
ser
construido
en
el
terreno
Alegaron,
entre
otras
cosas,
propuesto.
que
se
presentaron
planos
incorrectos; discrepancia en la ubicación de la quebrada y la
franja de diez (10) metros requeridas; la omisión de una
servidumbre
de
estacionamiento
cables
y
otras
eléctricos;
discrepancias
problemas
contenidas
en
de
la
autorización de la Junta.
El 14 de julio de 2004, la Junta determinó acoger la
solicitud de reconsideración presentada por los vecinos.36
El 23 de agosto de 2004, la parte proponente presentó una
oposición
argumentó,
a
la
solicitud
entre
otras
de
reconsideración.37
cosas,
que
muchas
preocupaciones de los vecinos ya fueron atendidas,
35
Íd., pág. 321-333.
36
Íd., pág. 334.
37
Íd., págs. 340-343.
En
ella
de
las
razón por
11
CC-2005-346
la cual la Junta aprobó el proyecto; que se dejaría un área
entre la quebrada y la construcción; que se levantaría un
muro de contención para evitar desprendimiento de tierra; que
se realizarían estudios técnicos para probar estabilidad del
suelo; que se había rediseñado el proyecto para atemperarlo a
las
condiciones
del
sector;
y
que
todos
los
vecinos
del
proyecto habían sido notificados como se exigía.
El
4
de
octubre
de
2004,
la
licenciada
Aida
Silver
Cintrón de la Oficina de Asuntos Legales de la Junta, emitió
una opinión legal en torno a la moción de reconsideración.38
Recomendó que se re-examinara por la unidad técnica de la
agencia los planteamientos de densidad y que se asegurara el
cumplimiento con lo aprobado.
Recomendó, además, celebrar
una
predio
inspección
ocular
del
para
aclarar
los
planteamientos de los vecinos y de la parte proponente.
El 8 de octubre de 2004, la Junta determinó prorrogar el
término
para
resolver
las
solicitudes
de
reconsideración
acogidas y mantener en suspenso la consulta hasta tanto la
parte proponente se expresara sobre las preocupaciones de los
vecinos.
Además,
se
ordenó
la
celebración
de
una
vista
ocular a la cual debían comparecer la Unidad de Hidrología y
la Oficina de Asesores Legales de la Junta.39
38
Íd., págs. 351-353.
39
Íd., págs. 47-48, 356-358.
12
CC-2005-346
El
25
de
cumplimiento
octubre
con
la
de
orden
2004,
la
parte
del
de
octubre
8
proponente,
de
2004,
en
se
expresó en torno a las preocupaciones de los vecinos.40
La vista ocular se realizó en los predios en cuestión el
21 de octubre de 2004.
El 27 de octubre de 2004, se redactó
el Acta de Inspección Ocular, en adelante “El Acta”, y se
presentó ante la Junta el 9 de noviembre de 200441
El 10 de noviembre de 2004 la Junta dictó una Resolución
mediante la cual denegó las solicitudes de reconsideración
presentadas por los opositores al proyecto, y se reafirmó en
la aprobación de la consulta.42
Ante
la
determinación
desfavorable,
los
vecinos
acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de
revisión.43
El 27 de enero de 2005, notificada el 7 de
febrero
2005,
de
el
foro
intermedio
apelativo
emitió
Sentencia revocando la Resolución de la Junta autorizando el
proyecto.
Determinó que a base de la prueba presentada no
procedía autorizar la consulta. En esencia, adoptó los datos
recogidos en el informe del 15 de diciembre de 2003 de la
Oficial Examinadora de la Junta.
había
endosado
el
proyecto
ya
Sostuvo que la A.A.A. no
que
no
se
contaba
con
la
infraestructura necesaria; que no se modificó el proyecto
para
cumplir
con
el
requisito
de
crear
una
franja
de
amortiguamiento de diez (10) metros entre la quebrada y él
40
Íd., págs. 359-363.
41
Íd., págs. 373-379.
42
Íd., págs. 398-401.
43
Íd., págs. 112-397.
13
CC-2005-346
mismo; que no se explicó la razón para descartar el informe
de la Oficial Examinadora en violación al debido proceso de
ley; que la parte proponente del proyecto no formó parte del
combinado de empresas y desarrolladores de la A.A.A.; que el
proyecto propuesto se aprobó en documentos relacionados a la
primera consulta que fue denegada; y que la Junta abusó de su
discreción al aprobar la consulta, ya que sus conclusiones no
estaban respaldadas por las determinaciones de hechos, como
tampoco sustentadas por los documentos y el informe de la
Oficial Examinadora.
Insatisfecho, el peticionario acude ante nos mediante recurso
de
Certiorari,
alegando
la
comisión
de
los
errores
siguientes:
A.
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES
REVOCAR LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA
PLANIFICACIÓN EL 4 DE JUNIO DE 2004.
AL
DE
B.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONCLUIR QUE EL
DICTAMEN DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN NO SE APOYÓ
EN LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE.
C.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DETERMINAR QUE
LAS CONCLUSIONES DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN NO
ESTÁN RESPALDADAS POR LAS DETERMINACIONES DE
HECHOS, COMO TAMPOCO ESTÁN SUSTENTADAS POR LOS
DOCUMENTOS.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
estamos en posición de resolver los asuntos traídos ante
nuestra consideración.
Veamos.
14
CC-2005-346
II
A.
La revisión judicial de las decisiones administrativas
tiene
como
agencias
y
fin
primordial
asegurarse
conformes a la ley.44
que
limitar
éstas
la
discreción
desempeñen
sus
de
las
funciones
Al evaluar la decisión de una agencia,
el tribunal debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal
o de forma tan irrazonable que sus actuaciones constituyeron
un
abuso
de
discreción.45
El
criterio
razonabilidad de la agencia recurrida.
rector
será
la
Así pues, al realizar
su función revisora el tribunal está obligado a tomar en
cuenta la especialización y experiencia de la agencia sobre
las cuestiones que tuviera ante sí.46 Al evaluar los casos,
es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación
estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, y
cuestiones
propias
administrativa.47
para
la
Cuando
discreción
una
agencia
o
pericia
interpreta
un
estatuto que viene llamada a poner en vigor de forma tal que
44
Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, 161
D.P.R. ____, 2004 T.S.P.R. 65, 2004 J.T.S. 71; Miranda v.
C.C.C., 141 D.P.R. 775, 786 (1996).
45
Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;
Franco v. Departamento de Educación, 148 D.P.R. 703, 710
(1988).
46
Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. _____
(2004), 2004 T.S.P.R. 2, 2004 J.T.S. 4.
47
Adorno Quiles V. Hernández, 126 D.P.R. 191, 195 (1990);
Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, supra.
15
CC-2005-346
produce resultados contrarios al propósito de esa ley, dicha
interpretación no prevalece.48
La
revisión
de
las
determinaciones
de
hechos
está
limitada por lo establecido en la sección 4.5 de la Ley de
Procedimiento Administrativos Uniforme, en adelante L.P.A.U.,
que dispone lo siguiente49:
“2175. Alcance
El Tribunal podrá conceder el remedio
apropiado
si
determina
que
el
peticionario
tiene
derecho
a
un
remedio.
Las determinaciones de hechos de las
decisiones
de
las
agencias
serán
sostenidas por el tribunal, si se basan
en evidencia sustancial que obra en el
expediente
administrativo.”
(Énfasis
Nuestro)
Siempre
y
cuando
sustancial50
que
obre
estén
en
el
sustentadas
récord
por
evidencia
administrativo,
las
determinaciones de hechos formuladas por la agencia serán
sostenidas.51
Esto es así, porque las decisiones de las
agencias administrativas tienen a su favor una presunción de
legalidad y corrección, la cual debe ser respetada por los
tribunales
48
mientras
la
parte
que
la
impugna
no
produzca
Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279-280 (1999).
49
Ley de Procedimiento Administrativos Uniforme, Ley Núm.
170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A.
secs. 2101 et seq.
50
“Evidencia Sustancial”
es aquella relevante que una
mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener
una conclusión. Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors,
supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., supra.
Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;
O.E.G. v. Rodríguez Martínez, 159 D.P.R.____ (2003), 2003
T.S.P.R. 48, 2003 J.T.S. 51, Rivera Concepción v. A.R.P.E.,
152 D.P.R. 116, 121.
51
16
CC-2005-346
suficiente evidencia como para derrotarla.52
No obstante,
las
en
conclusiones
de
derecho
son
revisables
todos
sus
aspectos.53 “Esto no significa, sin embargo, que al ejercer
su función revisora, el tribunal pueda descartar libremente
las
conclusiones
e
interpretaciones
de
la
agencia,
sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Al contrario
hemos
reiterado
consistentemente
antes
y
después
de
la
vigencia de la L.P.A.U.-que, de ordinario, los tribunales
deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los
organismos administrativos.”54
Si de la totalidad del récord
administrativo se sostienen las determinaciones adoptadas por
el foro administrativo, los tribunales no deben sustituirlas
por su propio criterio.55
El
áreas:
proceso
de
(1)
concesión
La
revisión
del
judicial
remedio
comprende
apropiado;
tres
(3)
(2)
la
revisión de las determinaciones de hecho conforme al criterio
de
evidencia
conclusiones
sustancial;
de
derecho.56
y
(3)
la
revisión
El
récord
de
las
administrativo
constituirá la base exclusiva para la acción de la agencia en
52
Henríquez
v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R.
194, 210 (1987); M.&B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118
D.P.R. 319 (1987).
53
Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;
O.E.G. v. Román González, 159 D.P.R.____ (2003), 2003
T.S.P.R. 70, 2003 J.T.S. 74.
54
Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, supra.
55
Íd.
56
Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra;
Mun. De San Juan v. J.C.A., supra.
17
CC-2005-346
un procedimiento adjudicativo y para la revisión judicial
ulterior.57
Finalmente,
sobre
este
tema,
el
foro
judicial
podrá
sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo en
aquellas ocasiones que no encuentre una base racional que
fundamente la actuación administrativa.58
“No obstante, es
axioma judicial que ante la prueba pericial y documental, el
tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro
recurrido y por tanto, está facultado para apreciar la prueba
apoyándose en su propio criterio.”59
B.
La Ley Orgánica de la Junta de Planificación autoriza a
la Junta a hacer determinaciones sobre los usos de terrenos
dentro de los límites territoriales de Puerto Rico.60
En
áreas
el
zonificadas,
la
consulta
de
ubicación
es
procedimiento mediante el cual la Junta pasa juicio sobre
propuestos
usos
de
terrenos
que
no
son
permitidos
ministerialmente por la reglamentación aplicable, pero que
las
disposiciones
consideren.61
reglamentarias
proveen
para
que
se
La consulta de ubicación es pública o privada
57
Mun. De San Juan v. J.C.A., supra.
58
Rebollo Vda. de Liciaga v. Yiyi Motors, supra.
59
Íd.; Dye Tex de P.R. v. Royal Ins. Co., 150 D.P.R. 658
(2000); Rodríguez Roldán v. Mun. De Caguas, 133 D.P.R. 694
(1993).
60
Ley Orgánica de la Junta de Planificación, Ley Núm. 76 de
24 de junio de 1975, 23 L.P.R.A. § 22 et seq.
61
Hernández v. Centro Unido de Detallistas, Etc., 168 D.P.R.
_____
(2006),
2006
T.S.P.R.
131,
2006
J.T.S.
140.
18
CC-2005-346
dependiendo de quién la origina, e incluye los proyectos de
desarrollo
extensos
a
considerarse
bajo
las
disposiciones
resolver
una
consulta
reglamentarias vigentes.62
Al
estudiar,
tramitar
y
de
ubicación, la Junta tomará en consideración los documentos
siguientes:
La
Ley
Orgánica
de
la
Junta63;
la
Ley
de
Municipios Autónomos64; planes regionales adoptados por la
Junta; los objetivos y políticas del Plan de Usos de Terrenos
de
Puerto
Rico;
los
mapas
de
zonificación
y
de
zonas
susceptibles a inundaciones; planes de usos de terrenos; los
planes de ordenación territorial; los usos existentes en el
sector; la situación de la infraestructura física y social en
el
lugar;
distancia
entre
los
terrenos
y
las
áreas
construidas y la importancia agrícola o ambiental de los
terrenos; rasgos topográficos; densidad poblacional; y otras
condiciones sociales, económicas y físicas análogas, entre
otros.65
La
sección
7.01
del
Reglamento
de
Procedimientos
Adjudicativos de la Junta, supra, dispone lo siguiente:
“La aprobación de una consulta pública
no
implica,
en
forma
alguna,
la
aprobación del proyecto de transacción
62
Sección 2.00 del Reglamento de Zonificación de Puerto
Rico, Reglamento Núm. 6211, efectivo el 5 de noviembre de
2000.
63
Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada.
64
Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada.
65
Sección
7.01
del
Adjudicativos, Reglamento
noviembre de 1999.
Reglamento
Núm. 6031,
de
Procedimientos
efectivo el 12 de
19
CC-2005-346
o de construcción en sí, el cual
deberá regirse por lo establecido en
este
Reglamento
y
por
cualquier
Resolución de la Junta, eximiendo de
la presentación a tal proyecto de
transacción o de construcción.
No
obstante, lo anterior, la Junta podrá
autorizar
conjuntamente
con
la
consulta de ubicación para el uso de
terrenos,
la
transacción
correspondiente a solicitud de agencia
proponente o podrá delegar en la
A.R.P.E. la transacción conjuntamente
con las etapas posteriores en la
A.R.P.E.”66
C.
La
Junta
puede
ordenar
la
celebración
de
vistas
administrativas a iniciativa propia o a petición de partes, o
vistas públicas en cualquier caso que entienda que merece
seguir
ese
procedimiento,
cuando
así
lo
establezca
la
reglamentación o legislación vigente.67
Sin
embargo,
las
agencias,
como
la
Junta,
no
están
obligadas a adoptar las conclusiones y recomendaciones de sus
oficiales
examinadores.68
La
función
de
un
oficial
examinador consiste en celebrar una vista pública a la cual
comparecen las partes y, una vez terminada la prueba, rendir
un
informe
detallado
recomendación.69
a
la
agencia
expresándole
su
La agencia tiene la facultad estatutaria
para dictaminar sobre las cuestiones en controversia a base
66
Íd.
67
Íd.
68
Henríquez v. Consejo de Educación Superior, supra.
69
Baudilio Rivera v. J.R.T., 70 D.P.R. 342, 345-346 (1949).
20
CC-2005-346
de su propia consideración del récord.70
El informe del
oficial examinador no pasa de ser una mera recomendación, la
cual la agencia, de acuerdo con la ley que la creó y con su
propio reglamento, tiene discreción para alterar.71
Esto no
quiere decir que las conclusiones del oficial examinador no
merecen consideración en la revisión judicial.
Esto es así,
ya
parte
del
récord
informe
del
oficial
que
dichas
conclusiones
administrativo.
Además,
forman
cuando
el
examinador es contrario e incompatible con el de la agencia,
particularmente
en
cuestiones
inmediato
la
prueba,
con
la
que
dependen
función
del
contacto
revisora
de
los
tribunales debe tornarse más rigurosa.72
III
Con el trasfondo normativo antes expuesto, pasamos a
resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la
resolución de la Junta aprobando el proyecto propuesto.
En su sentencia, el foro intermedio apelativo señaló que
la resolución de la Junta del 4 de junio de 2004, aprobando
el proyecto propuesto, descartó las recomendaciones de la
oficial examinadora del 15 de diciembre de 2003, sin detallar
las razones para tal curso de acción.
70
Diferimos. Veamos.
Henríquez v. Consejo de Educación Superior, supra.
71
Hernández
72
Eugenio
Baudilio Rivera v. J.R.T., supra;
J.R.T., 94 D.P.R. 22, 28 (1967).
Íd.; J.R.T. v. Escuela Cooperativa
Hostos, 107 D.P.R. 151, 157 (1978).
García
v.
María
de
21
CC-2005-346
En la resolución de la Junta del 4 de junio de 2004, la
Junta expuso un resumen de los hechos del caso, sus propias
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.
En sus
determinaciones de hechos, la Junta determinó, entre otras
cosas, lo siguiente: Que el proyecto ubicaría en un terreno
con cabida de 2.3998 cuerdas; que el área aledaña al predio
objeto
de
consulta
muestra
un
comportamiento
con
marcada
tendencia al desarrollo residencial; que los terrenos bajo
consulta
están
dentro
del
área
de
expansión
urbana
del
Municipio de San Juan; que el terreno está clasificado como
suelo
urbano
y
calificado
en
un
distrito
de
ordenación
residencial uno (R-1); que el acceso vehicular sería a través
de
la
Calle
recogidos
por
Tulip;
una
que
los
compañía
desperdicios
privada
sólidos
durante
la
serían
etapa
de
construcción; que el cuerpo de agua conocido como “Quebrada
Cheo” ubica en el fondo del terreno del proyecto propuesto;
que varias agencias sometieron sus comentarios al proyecto;
que
la
topografía
del
terreno
proyecto
propuesto
ubicaría
en
es
accidentada
el
lote
del
y
que
el
terreno
que
contiene una franja estrecha con el mismo nivel de la calle;
que el desarrollo propuesto tendría un costo aproximado de
$2,450,000 y generaría aproximadamente cien (100) empleos en
la
etapa
de
construcción
y
unos
diez
(10)
en
la
etapa
operacional; que el predio ubica fuera del área inundable; y
que la J.C.A. certificó el cumplimiento con la Ley sobre
Política Pública Ambiental, supra.
22
CC-2005-346
En sus conclusiones, la Junta determinó, entre otras
cosas, lo siguiente: Que el proyecto estaba en armonía con
varias metas y objetivos del Plan de Usos del Terreno de la
Región Metropolitana de San Juan; que el proyecto propuesto
se encontraba en una posición céntrica dentro de un área de
pleno
desarrollo;
que
el
proyecto
contaba
con
la
infraestructura necesaria para obtener acceso a la carretera
y obtener los servicios de energía eléctrica; que el proyecto
cumplía con la densidad poblacional establecida por el Plan
de
Ordenación
Territorial
y
que
se
cumplió
con
la
notificación a los dueños de terrenos colindantes.
La Junta acordó, entre otras cosas, lo siguiente: Que
A.R.P.E.
determinaría
cuál
será
la
trámite
del
que
previo
a
proyecto;
próxima
dar
etapa
en
el
comienzo
con
la
construcción se debía obtener de la J.C.A. permisos para el
polvo fugitivo, permiso para realizar una actividad generante
de desperdicios sólidos y permiso para el control de erosión
y prevención de sedimentación; que se deberían tomar medidas
necesarias para evitar que sustancias orgánicas e inorgánicas
ganaran acceso a cualquier cuerpo de agua o sistema pluvial;
que se debía cumplir con el Reglamento de Siembra, Corte y
Reforestación de Puerto Rico73; que se debía coordinar con la
A.A.A. para la conexión del proyecto; que se debía cumplir
con las recomendaciones del D.R.N.A. contenidas en su carta
fechada 26 de junio de 2001; que el almacenaje, manejo y
disposición de los desperdicios sólidos debía realizarse de
73
Reglamento de Siembra, Corte y Reforestación de Puerto
Rico, #5922, con vigencia el 24 de noviembre de 1998.
23
CC-2005-346
conformidad con la reglamentación vigente; y que se debía
cumplir
con
disposiciones
reglamentarias
de
la
Junta,
el
Reglamento de Ordenamiento Territorial de San Juan74 y la Ley
de Reciclaje75.
Las conclusiones y determinaciones de hechos a las que
llegó
la
Junta
en
su
resolución
detalladas, y minuciosas.
final
son
completas,
El sostener que la Junta descartó
las recomendaciones de la Oficial Examinadora sin base para
hacerlo es incorrecto.
La Junta emitió una resolución final
de trece (13) páginas detallando porqué aprobó el proyecto
propuesto.
Aunque fueron descartadas, entendemos que las
recomendaciones de la Oficial Examinadora fueron consideradas
por la Junta durante
la preparación de la resolución final.
El hecho que la resolución final de la Junta hizo referencia
a
señalamientos
Examinadora,
es
consideración
específicos
del
informe
de
la
Oficial
evidencia
de
por
sí,
que
se
tomó
en
de
la
Examinadora
al
del
informe
de
Oficial
momento de emitir la resolución final.
Además, no podemos
olvidar que el informe de la Oficial Examinadora no pasa de
ser
una
mera
recomendación,
la
cual
discreción de alterar o hasta ignorar.
la
Junta,
tiene
La Junta no está
obligada a adoptar las conclusiones y recomendaciones de sus
oficiales examinadores.76
74
Reglamento de Ordenación Territorial de San Juan, supra.
75
Ley para Reducción y Reciclaje de Puerto Rico, Ley Núm. 70
de 18 de septiembre de 1992, según enmendada.
76
Henríquez v. Consejo de Educación Superior, supra.
24
CC-2005-346
Repasemos
informe
algunas
divergencias
la
Oficial
Examinadora
informe
de
la
propuesto
no
de
específicas
y
la
entre
resolución
el
de
la
que
el
Junta.
El
proyecto
Oficial
Examinadora
contaba
con
la
indicó
infraestructura
necesaria, ya que en la carta de 14 de febrero de 2003 la
A.A.A.
indicó
reconoció
A.A.A.
en
que
su
no
endosaba
resolución
la
el
proyecto.
ausencia
del
La
endoso
Junta
de
la
La parte proponente explicó que cuando se le solicitó
que se uniera al Combinado de Desarrolladores de la A.A.A. ya
era muy tarde.
Sostuvo que era difícil unirse al grupo por
la etapa en que se encontraba el desarrollo de los proyectos.
Es evidente, que la Junta aceptó esta explicación y aprobó la
consulta.
Inclusive, en la resolución final, la Junta ordenó
a la parte proponente que previo al inicio de su construcción
realizara la coordinación correspondiente con la A.A.A. para
la conexión del proyecto propuesto.
El informe de la Oficial Examinadora, indicó además, que
la Calle Tulip es utilizada como acceso por al menos cuatro
(4) desarrollos, por lo que el proyecto agravaría el alegado
problema
resolución
de
congestión
final,
la
vehicular
Junta
tomó
ya
existente.
en
consideración
En
su
esta
recomendación, pero sostuvo que la Autoridad de Carreteras y
Transportación de Puerto Rico no tenía objeción al proyecto
propuesto y que la Calle Tulip tenía el acceso controlado.
La Junta tomó estos hechos en consideración al aprobar la
consulta.
25
CC-2005-346
El informe de la Oficial Examinadora señaló además, que
el área confronta un problema de inundación al final de la
Calle Tulip.
Sin embargo, después de tomar en consideración
el señalamiento de la Oficial Examinadora, la Junta sostuvo
que el predio del proyecto propuesto estaba ubicado fuera del
área inundable.
El informe de la Oficial Examinadora indicó además, que
la construcción del proyecto podría ocasionar el arrastre de
sedimentación,
erosión,
generación
de
causando mayores problemas de inundación.
polvo
fugitivo,
Después de tomar
en consideración este señalamiento de la Oficial Examinadora,
la Junta emitió una serie de instrucciones a la proponente
que tendría que seguir y permisos que tenía que obtener para
atemperar esta situación.
Luego
de
exponer
todas
sus
conclusiones
de
hecho
y
conclusiones de derecho la Junta llegó a su determinación de
aprobar la consulta.
Es menester señalar, que después de la
aprobación del proyecto, la Junta acogió unas mociones de
reconsideración de los opositores del proyecto, las cuales
atendió y denegó.
Por las razones antes descritas entendemos
que la Junta no actuó de forma arbitraria o irrazonable.
Por otro lado, el foro intermedio apelativo señala que
con
posterioridad
al
informe
emitido
por
la
Oficial
Examinadora, el 15 de diciembre 2003, la parte promovente
sometió un documento de evaluación ambiental a la J.C.A. que
estaba
acompañado
de
los
documentos
correspondientes
al
primer proyecto, Consulta Número 2001-17-0371-JPU, que fue
26
CC-2005-346
denegado el 9 de enero de 2002 y notificado el 20 de febrero
de
2002.
Primero,
tenemos
que
señalar
que
el
lugar
de
ubicación del proyecto inicial y el actual, es exactamente el
mismo lugar.
La única diferencia estriba en un re-diseño
conceptual, en donde se reduce el número de apartamentos.
Segundo, en el expediente del caso de marras, aparecen cartas
de varias agencias, con fecha posterior a febrero 2002, en
que
se
deniega
la
primera
consulta,
que
se
refieren
al
proyecto actual, donde manifiestan no tener objeción alguna
al
proyecto.
Juan77,
Ejemplo
D.R.N.A.78,
de
esto
I.C.P.79,
Desperdicios Sólidos81.
son,
el
Municipio
de
San
A.E.E.80
y
la
Autoridad
de
La Junta al tomar su determinación
contó con el beneficio de los comentarios y recomendaciones
de
las
agencias
gubernamentales
pertinentes.
Todos
esos
endosos, comentarios y recomendaciones eran favorables a la
aprobación de la consulta.
En conclusión, entendemos que el Tribunal de Apelaciones
erró al revocar la resolución de la Junta.
La Junta basó su
determinación en la totalidad de la evidencia que obra en el
expediente.
La Junta tomó en consideración las distintas
recomendaciones de las agencias consultadas.
Las inquietudes
señaladas en el informe de la Oficial Examinadora fueron
77
Apéndice del recurso de Certiorari, págs.
78
Íd., págs. 22-23.
79
Íd., pág. 20.
80
Íd., pág. 21.
81
Íd., págs. 33-35.
25-31.
27
CC-2005-346
consideradas y contempladas por la Junta.
Las conclusiones
de la Junta están sustentadas por lo documentos y el informe
de la Oficial Examinadora.
Al sustituir su criterio, por el
de
intermedio
la
Junta,
el
foro
apelativo
obvió
el
conocimiento técnico y especializado que dicha agencia tiene
sobre el uso de terrenos en Puerto Rico. Por ello, resulta
forzoso concluir que la Junta no abusó de su discreción al
aprobar
la
consulta,
ya
que
su
dictamen
se
apoyó
en
la
totalidad del expediente.
Concluimos que los errores señalados fueron cometidos
por el Tribunal de Apelaciones.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
revocamos
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos
el caso a la Junta de Planificación para que continúen los
procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal
Supremo.
La
Jueza
disiente con Opinión escrita.
Asociada
señora
Fiol
Matta
El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación
de
Vecinos
Tulip/Monteverde,
Inc.;
Clara
Emilia Frontera de Guerra; Nilsa
Iris López Laureano; Efrén de
Jesús
García;
Asociación
de
Residentes
Urb.
La
Capiña;
Comisión de Ciudadanos al Rescate
de Caimito, Inc.; Asociación de
Residentes Urb. Borinquen Gardens
Recurridos
Certiorari
CC-2005-346
v.
Junta de Planificación de Puerto
Rico; José A. López Pérez, Rubén
Mercado Brignoni
Peticionarios
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de julio de 2007.
La sentencia emitida por este Tribunal concluye
que
la
actuó
Junta
de
Planificación
arbitrariamente
al
de
aprobar
Puerto
la
Rico
no
consulta
de
ubicación de un proyecto residencial multifamiliar
ubicado en la Calle Tulip del Barrio Caimito en el
Municipio de San Juan. Sin embargo, la decisión de
la Junta de Planificación no está sustentada por el
expediente
Por
el
Junta
administrativo
contrario,
de
el
del
proyecto
expediente
Planificación
actuó
propuesto.
demuestra
que
la
arbitraria
e
irrazonablemente al aprobar dicha consulta. Por eso,
disiento.
2
CC-2005-1129
I
Reiteradamente hemos establecido que al revisar las
decisiones administrativas este Tribunal debe determinar si
la agencia actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente. El
Tribunal debe evaluar si las determinaciones de hechos de
la agencia se sustentan en evidencia sustancial que surja
del
expediente
derecho
son
administrativo
razonables
y
y
si
conforme
las
al
conclusiones
derecho
de
aplicable
según la totalidad de dicho expediente. Sección 4.5 de la
Ley
de
Procedimiento
Adjudicativo
Uniforme,
3
L.P.R.A.
2175. Véase además, Misión Industrial v. J.C.A., 145 D.P.R.
908, 929 (1998), Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R.
673,
707-708
(2000),
Rivera
Concepción
v.
A.R.P.E.,
152
D.P.R. 116, 121-124 (2000), Assoc. Ins. Agencies, Inc. v.
Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 435-438 (1997).
Respecto
examinador,
está
a
hemos
obligada
a
considerarlas,
pues
en
las
recomendaciones
reconocido
acogerlas,
analizarlas
estricto
derecho,
y
que
aunque
tiene
la
discutirlas
dichas
de
un
oficial
la
agencia
no
obligación
de
razonablemente,
recomendaciones
forman
parte del expediente administrativo. Misión Industrial v.
J.C.A.,
supra,
en
las
págs.
933-934.
Además,
cuando
la
decisión de la agencia es contraria a la recomendación de
un oficial examinador, particularmente en cuestiones que
dependen
del
contacto
inmediato
con
la
prueba,
función revisora debe ser más rigurosa. Henríquez v.
nuestra
3
CC-2005-1129
Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 208 (1984),
Oficina
del
Comisionado
de
Seguros
v.
A.E.E.L.A.,
2007
T.S.P.R. 112, J.R.T. v. Escuela Coop. E.M. de Hostos, 107
D.P.R. 151, 157 (1978).
II
La
Ley
Orgánica
de
la
Junta
de
Planificación
de
Puerto Rico, 23 L.P.R.A. sec. 62 et seq., le otorga la
facultad a la Junta de Planificación de adoptar Planes de
Usos
de
Terrenos
que
designen
la
distribución,
intensidad
de
los
localización,
extensión
e
terrenos
país.
ley
del
Esta
exige
que
exista
usos
de
estrecha
relación entre la designación de los usos del terreno
y
la
física
y
Junta
de
disponibilidad
social.
Además,
Planificación
proyecto
de
toda
la
establece
que
adopte
propuesto
un
Plan
deberá
infraestructura
una
de
Usos
estar
de
vez
de
la
Terrenos
acuerdo
con
todo
las
recomendaciones de dicho plan. 23 L.P.R.A. 62m.82
82
La Ley Orgánica de la Junta de Planificación dispone en
lo pertinente:
La Junta de Planificación preparará y adoptará
Planes de Usos de Terrenos y podrá adoptar
aquellos
que
preparen
los
organismos
gubernamentales y/o entidades que ésta designe.
La Junta de Planificación asesorará, coordinará
y asistirá a estos organismos y entidades en la
preparación de la metodología a utilizarse
en
la formulación de estos Planes de Usos de
Terrenos de manera que en términos físicos y
ambientales
estén
de
conformidad
con
las
políticas y estrategias de desarrollo de Puerto
Rico adoptadas por la Junta en el Plan de
Desarrollo Integral. Los Planes de Usos de
Terrenos, dependiendo de si son planes de
desarrollo regional, urbano,
rural,
municipal,
4
CC-2005-1129
De la misma forma, la Ley de Municipios
21
L.P.R.A.
sec.
4001
et.
seq.,
en
armonía
Autónomos,
con
la
Ley
Orgánica de la Junta de Planificación, 23 L.P.R.A. sec.
62j(14),83
le
Planificación
concede
de
propuestos
por
establecer
el
territoriales.
la
aprobar
los
uso
Estos
facultad
Planes
municipios
del
suelo
planes
de
a
la
Junta
Ordenación
con
dentro
deberán
el
de
Municipal
propósito
sus
cumplir
de
de
límites
con
las
políticas públicas, leyes, reglamentos u otros documentos
o
dependiendo
de
su
alcance
geográfico,
designarán
la
distribución,
localización,
extensión, e intensidad de los usos de los
terrenos
para
propósitos
urbanos,
rurales,
agrícolas,
de
explotación
minera,
bosques,
conservación
y
protección
de
los
recursos
naturales,
recreación,
transportación
y
comunicaciones, generación de energía, y para
actividades
residenciales,
comerciales,
industriales,
educativas,
públicas
e
institucionales. Deberá existir una estrecha
relación entre la designación de estos usos de
terrenos y la disponibilidad y programación de
toda
la
infraestructura
física
y
social,
incluyendo los sistemas de transportación y
comunicación. Los Planes de Usos de Terrenos, así
como la disponibilidad y programación de la
infraestructura física social, serán la base para
la preparación y revisión de los mapas de
zonificación.
Toda obra o proyecto a ser realizado por
cualquier persona o entidad deberá estar de
acuerdo con las recomendaciones de los Planes de
Usos de Terrenos, una vez adoptadas por la Junta
de Planificación y aprobados por el Gobernador.
(Énfasis suplido) 23 L.P.R.A. 62m.
83
La Junta tendrá las siguientes facultades y funciones:
Hacer determinaciones sobre usos de terrenos
dentro de los límites territoriales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, con sujeción a las
normas y requisitos consignados en este Capítulo,
o en cualquier otra ley aplicable, para tales
casos. 23 L.P.R.A. sec. 62j(14).
5
CC-2005-1129
del
gobierno
central
relacionados
con
la
ordenación
territorial de los municipios, entre estos los Planes de
Usos
de
Terrenos.
21
L.P.R.A.
sec.
4602.
Véase
además,
sección 5.01 del Reglamento sobre los Planes de Ordenación
Municipal
y
la
Facultades,
Transferencia
Reglamento
de
y
Administración
Planificación
de
Número
24,
Reglamento núm. 5087 de 20 de mayo de 1994 (en adelante,
Reglamento de Planificación núm. 24).
Hay tres tipos de Planes de Ordenación Municipal: Plan
Territorial,
Plan
pertinente
a
instrumento
de
de
este
Ensanche
caso,
ordenación
un
y
Plan
Plan
Área.
En
lo
Territorial
es
un
estratégico
del
integral
de
y
territorio municipal que define los elementos fundamentales
de tal ordenación. A su vez, un Plan Territorial consiste
de tres componentes: memorial, programa y reglamentación.
Un
Reglamento
de
Ordenación
Territorial
contiene
disposiciones sobre la clasificación del suelo municipal y
normas
sobre
el
uso,
los
niveles
de
intensidad
y
las
características de las estructuras y el espacio público.
Una
vez
la
Junta
de
Planificación
aprueba
un
Plan
Territorial con su reglamento, toda decisión sobre el uso
del
terreno
municipal
se
hará
conforme
al
mismo.
21
L.P.R.A. sec. 4603. Véase además, secciones 7.01, 2.00(37)
del Reglamento de Planificación núm. 24.
Una
consulta
de
ubicación
es
un
procedimiento
permite a la Junta de Planificación autorizar por vía de
que
6
CC-2005-1129
excepción, ciertos usos de terrenos que no son permitidos
ministerialmente por la reglamentación aplicable en áreas
zonificadas.
Además,
evalúan
de
usos
mediante
terrenos
desarrollos
extensos
propuestos
que
o
este
propuestos
regionales,
pueden
procedimiento
afectar
y
como
proyectos
usos
de
se
de
terrenos
significativamente
el
desarrollo de áreas no zonificadas. El propósito de este
procedimiento
es
evaluar
los
usos
que
se
proponen
y
determinar si éstos son cónsonos con la distribución de
usos
Junta
de
terrenos
de
planificada
Planificación
en
el
país.
requiere
Por
eso,
expresamente
información que le permita llevar a cabo la
la
cierta
evaluación.
Es en ese momento procesal que la Junta de Planificación
debe evaluar la información requerida, si es que ha de
cerciorarse, como lo requiere su ley orgánica, que el uso
propuesto no está en violación de la reglamentación que
establece los usos de terrenos planificados en el país.
Sólo así podrá cumplir con la función que le corresponde
en la etapa de consulta de ubicación. Esto sin
los
otros
elementos
Planificación
de
puede
juicio
considerar
que
al
la
limitar
Junta
evaluar
de
estas
consultas, tales como: los Mapas de Zonas Susceptibles a
Inundaciones
y
otra
reglamentación
Secciones 2.00(7), 7.01
del
ambiental
Reglamento
aplicable.
de Procedimientos
Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento de
CC-2005-1129
7
Planificación núm. 6031 del 12 de noviembre de 1999.84
84
El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta
de Planificación dispone en los pertinente:
La Junta de Planificación, estudiará, tramitará y
resolverá las consultas de ubicación, tomando en
consideración,
entre
otros,
los
siguientes
documentos y elementos de juicio: Ley Orgánica de
la Junta de Planificación (Ley Núm. 75 del 24 de
junio
de
1975,
según
enmendada),
Ley
de
Municipios Autónomos (Ley 81 del 30 de agosto de
1991,
según
enmendada);
Plan
de
Desarrollo
Integral, Objetivos y Políticas Públicas del Plan
de Usos de Terrenos de Puerto Rico; Planes de
Usos de Terrenos (incluye Mapas de Expansión
Urbana); Mapas de Zonificación; Mapas de Zonas
Susceptibles a Inundaciones; Planes de Ordenación
Territorial,
adoptados
por
la
Junta
de
Planificación y aprobados por el Gobernador;
Planes Regionales, adoptados por la Junta y
aprobados por el Gobernador; Reglamentos de
Planificación y otra reglamentación aplicable;
Programa
de
Inversiones
de
Cuatro
Años,
localización
específica
del
proyecto,
usos
existentes
en
el
sector,
situación
de
la
infraestructura física y social en el lugar
(calles, acueductos y alcantarillado, energía
eléctrica, transportación, recogido de basura,
servicio policíaco y otros); rasgos topográficos,
condición
de
inundabilidad,
condición
del
subsuelo,
densidad
poblacional,
grado
de
contaminación del ambiente, distancia entre los
terrenos y las áreas construidas, importancia
agrícola, ambiental o turística de los terrenos,
y
otras
condiciones
sociales,
económicas
y
físicas análogas.
Además de lo anterior, en las consultas públicas,
se tomará en consideración, entre otros: el costo
del proyecto, la disponibilidad y procedencia de
fondos,
programación
de
la
obra,
posibles
conflictos
con
obras
de
otros
organismos
gubernamentales.
Si
se
tratare
de
una
transacción, también se considerará la necesidad
de la misma, si la propiedad fue ofrecida a otros
organismos gubernamentales, conveniencia de que
la propiedad pase de pública a privada, y otras
leyes aplicables al tipo de transacción.
La
aprobación
de
una
consulta
pública
no
implica, en forma alguna, la aprobación del
proyecto de transacción o de construcción en
8
CC-2005-1129
III
En
este
establecen
caso,
los
usos
de
los
reglamentos
terrenos
aplicables
planificados
en
que
la
ubicación del proyecto propuesto son el Plan de Usos de
Terrenos de Puerto Rico y el Plan de Ordenación Territorial
del
Municipio
de
San
Juan.85
La
Junta
de
Planificación
determinó que el proyecto propuesto cumplía con las metas,
objetivos y estrategias del Plan de Usos de Terrenos de
Puerto Rico. Sin embargo, de forma arbitraria y contraria a
las exigencias legales, no consideró el cumplimiento con el
Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan
como factor pertinente a su decisión sino que se limitó a
imponer el cumplimiento con dicho plan, específicamente,
con el Reglamento de Ordenación Territorial del Municipio,
como
una
condición
futura,
cuando
del
expediente
sí, el cual deberá regirse por lo establecido en
este Reglamento y por cualquier Resolución de la
Junta, eximiendo de la presentación a tal
proyecto
de
transacción
o
de
construcción.
(Énfasis suplido) Sección 7.01 del Reglamento de
Procedimientos Adjudicativos de la Junta de
Planificación, Reglamento de Planificación núm.
6031 del 12 de noviembre de 1999.
85
El Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San
Juan fue aprobado por la Junta de Planificación mediante
Resolución el 9 de octubre de 2002, Núm. JP-PT-18-1,
aprobado por la Asamblea Municipal de San Juan mediante la
Ordenanza Municipal Núm. 73, serie 2001-2002, de 26 de
febrero de 2002, y aprobado mediante Orden Ejecutiva el 13
de marzo de 2003, OE-2003-16.
9
CC-2005-1129
administrativo
surge
que
el
proyecto
propuesto
está
en
clara violación del reglamento.86
El proyecto propuesto fue sometido y evaluado como un
desarrollo residencial extenso. El Reglamento de Ordenación
Territorial del Municipio establece los requisitos que la
Junta
de
Planificación
debe
considerar
al
momento
de
evaluar este tipo de desarrollo y especifica que sólo se
podrá dispensar de los mismos a aquellos proyectos que sean
para
vivienda
justifiquen.
pública
La
sección
o
cuyas
circunstancias
4.04(c)(2)
del
así
lo
Reglamento
de
Ordenación Territorial del Municipio dispone los siguientes
requisitos para los desarrollos residenciales extensos:
(a)
(b)
(c)
(d)
Los terrenos en los cuales se propone la
urbanización estarán localizados o colindando
con el área desarrollada dentro del ámbito de
expansión urbana.
La densidad propuesta alcanzará los mínimos y
no excederá los máximos establecidos en el
Plan de Usos de Terrenos vigente ni el Plan
de Ordenación Territorial.
Se celebrará vista pública con notificación a
los dueños de los terrenos circundantes
cuando el desarrollo residencial extenso
tenga acceso a una calle municipal con rodaje
menor de 8.00 metros por la cual acceden más
de diez (10) estructuras residenciales en una
distancia de 250 metros, medidos desde las
entradas al proyecto.
Si
la
infraestructura
necesaria
para
atender las necesidades del proyecto
86
En su resolución aprobando la consulta de ubicación la
Junta de Planificación impuso como condición al proyecto
propuesto lo siguiente:
6.
Deberá
Ordenamiento
de San Juan.
cumplir
con
el
Reglamento
de
Territorial del Municipio Autónomo
10
CC-2005-1129
(e)
(f)
propuesto y para mitigar sus efectos directos
e
indirectos
está
disponible
o
puede
proveerse.
El proyecto podrá incluir el desarrollo de
una o más estructuras principales en un mismo
solar si se propone segregar el mismo.
Se podrá dispensar de los requerimientos de
este
Reglamento
cuando
se
trate
de
desarrollos para vivienda pública y las
circunstancias así lo justifiquen. (Énfasis
suplido).
Respecto
necesaria
al
para
requisito
atender
de
las
tener
la
necesidades
infraestructura
del
proyecto
propuesto, la Junta de Planificación discutió el mismo en
sus
conclusiones
infraestructura
de
de
derecho
energía
haciendo
referencia
a
la
eléctrica
y
carreteras
e
ignorando por completo la necesidad de infraestructura de
agua. La Junta de Planificación expresó lo siguiente:
De la Determinación de Hechos Número 10 surge que
el proyecto cuenta con la infraestructura física
necesaria para obtener acceso a la carretera y
obtener el servicio de energía eléctrica o puede
proveerse con relativa facilidad, mediante mejoras
requerida por la agencia.
Según el expediente administrativo y el informe de la
oficial examinadora, el proyecto propuesto no cuenta con la
infraestructura de agua potable y descarga de aguas usadas
necesaria,
ya
que
la
Alcantarillados
(AAA)
no
87
Autoridad
ha
endosado
de
el
Acueductos
proyecto.87
En lo pertinente, la oficial examinadora señaló:
Por otro lado, tenemos que considerar que el
proyecto
no
cuenta
con
la
infraestructura
necesaria, toda vez que en carta de
14 de
febrero de 2003, la Autoridad de Acueductos y
y
La
11
CC-2005-1129
Junta de Planificación no exigió que se cumpliera con este
requisito antes de aprobarse la consulta de ubicación, sino
que
arbitrariamente
impuso,
como
condición
futura
al
proyecto, que los proponentes coordinasen con la AAA la
conexión a su infraestructura.88 Esta determinación de la
Junta
de
Planificación
no
sólo
es
contraria
a
la
reglamentación aplicable, sino también preocupante ya que
según
lo
exige
Planificación,
la
Ley
Orgánica
de
supra,
debe
haber
estrecha
una
la
Junta
de
relación
entre la designación de los usos del terreno del país y la
disponibilidad de toda la infraestructura física necesaria.
23 L.P.R.A. sec. 62m.
Según las determinaciones de hechos de la Junta de
Planificación,
la
terreno
proyecto
propuesto
y
pluviales
de
varias
del
escorrentías
“Quebrada
Alcantarillados
indicó
proyecto propuesto.
Cheo”
que
discurre
no
al
sur
del
dispone
de
las
urbanizaciones
endosaba
el
88
En la resolución aprobando la consulta de ubicación la
Junta de Planificación impuso como condición al proyecto
propuesto lo siguiente:
Previo al inicio de la construcción deberá
realizar la coordinación correspondiente con la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para la
conexión del proyecto propuesto (incluyendo la
disposición
de
las
aguas
de
la
piscina
propuesta),
de
manera
que
la
planta
de
tratamiento de aguas usadas
a la cual planean
conectarse, las líneas y troncales estén en
condiciones de aceptar la descarga de las aguas
usadas generadas durante la fase operacional del
proyecto. Esto incluye obtener todos los permisos
necesarios
de
dicha
agencia,
previo
a
su
conexión.
12
CC-2005-1129
adyacentes, incluyendo parte de las originadas en la Calle
Tulip.
Por
esto,
la
sección
5.03(g)
del
Reglamento
de
Ordenación Territorial del Municipio exige que se dedique a
uso público una franja de terreno con un ancho mínimo de
diez (10) metros lineales a ambos lados del cauce o lecho
de
dicha
reconoce
quebrada.
esta
Aunque
exigencia
la
Junta
de
reglamentaria,
Planificación
el
expediente
administrativo revela que el proyecto propuesto no cumple
con
dicha
exigencia.
En
primer
lugar,
en
la
Evaluación
Ambiental del proyecto propuesto los proponentes afirman
que sólo dejarán una franja de cinco (5) metros desde el
borde
de
la
quebrada.
En
segundo
lugar,
en
el
Acta
de
Inspección Ocular que llevó a cabo la propia agencia se
dispuso lo siguiente:
Se observó el predio del proyecto en cuestión
desde la parte de la quebrada. Auscultando con el
plano del proyecto aprobado, en algunas áreas se
desglosa una faja de 10 metros con la colindancia
con la quebrada, en otras se describe una faja
menor de (5 metros). De dejarse los diez metros en
toda la colindancia con la quebrada, interferiría
con la estructura que albergaría 40 apartamentos.
El proponente describió que en algunas áreas no se
estipula hacer muro de contención.89 (Énfasis
suplido).
89
Inclusive, el propio plano de ubicación sometido ante la
Junta de Planificación e incluido como apéndice en el
recurso de certiorari presentado ante este Tribunal
demuestra que el proyecto propuesto no deja una franja de
diez (10) metros en toda su colindancia con la “Quebrada
Cheo”. Lo que es peor, en su recurso de certiorari los
peticionarios erróneamente afirman que cumplen con este
requisito reglamentario y hacen referencia al plano de
ubicación aprobado por la Junta de Planificación que
contradice dicha afirmación.
13
CC-2005-1129
Contando
con
esta
evidencia
en
el
expediente
administrativo, la Junta de Planificación decidió aprobar
la consulta de ubicación del proyecto propuesto, en clara
violación
al
Reglamento
de
Ordenación
Territorial
del
oficial
examinadora
señaló
en
Municipio de San Juan.
Finalmente,
la
que
eventos de lluvia abundante el nivel de la “Quebrada Cheo”
causa inundaciones al final de la Calle Tulip, donde ubica
el
proyecto
propuesto.
Planificación
no
La
resolución
contradice
de
esta
la
Junta
de
significativa
determinación fáctica, sino que la despacha indicando que
el predio del proyecto propuesto se encuentra fuera del
área
inundable.
Esto,
sin
embargo,
no
es
pertinente
al
asunto de las inundaciones al final de la Calle Tulip. El
“razonamiento” de la Junta es más bien un non sequitur
puesto que el hecho de que el proyecto propuesto no esté
ubicado en zona inundable no implica razonablemente que su
impacto en la “Quebrada Cheo” no habrá de incrementar las
inundaciones al final de la Calle Tulip. Más aún cuando del
expediente
administrativo
franja
terreno
de
de
surge
diez
que
(10)
no
metros
se
ha
dejado
exigida
la
por
la
que
la
no
está
reglamentación aplicable.
IV
Por
todo
determinación
sustentada
lo
de
por
la
el
anterior
es
Junta
Planificación
de
expediente
evidente
administrativo
ni
es
conforme al derecho aplicable según la totalidad de dicho
14
CC-2005-1129
expediente.
3
L.P.R.A.
2175.
Véase
además,
Misión
Industrial v. J.C.A., supra, Mun. de San Juan v. J.C.A.,
supra, Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, Assoc. Ins.
Agencies,
Inc.
v.
Com.
Seg.
P.R.,
supra.
La
Junta
de
Planificación actuó arbitrariamente al aprobar la consulta
de ubicación del proyecto propuesto y no cumplió con su
función legal en la etapa de consulta de ubicación, ya que
al
evaluar
la
información
requerida
en
dicho
momento
procesal no se aseguró de que el uso propuesto no estuviera
en violación de lo requerido por el Plan de Ordenación
Territorial del Municipio de San Juan.
La Junta de Planificación y la sentencia mayoritaria
de
este
Tribunal
tratan
de
justificar
la
determinación
arbitraria de dicha agencia afirmando que en la próxima
etapa
del
Reglamentos
proyecto
propuesto
la
y
(A.R.P.E.)
deberá
Permisos
Administración
de
asegurarse
de
que se cumplan las condiciones impuestas por la Junta de
Planificación.
aunque
Este
A.R.P.E.
argumento
debe
exigir
no
tiene
mérito,
el
cumplimiento
pues
con
las
condiciones impuestas por la Junta de Planificación, las
leyes y
abdicar
la reglamentación aplicable, la Junta no puede
su
propia
obligación
de
el
reglamentación
que
propuesto
cumple
establece
los
usos
de
terrenos
del
país,
requerida
en
la
etapa
de
evaluación
ubicación.
En
el
caso
ante
consulta
de
la
que
proyecto
información
con
asegurarse
según
de
la
la
nuestra
15
CC-2005-1129
consideración
sucede
todo
lo
contrario.
No
es
que
el
proyecto propuesto no incluya información detallada y no
requerida
en
la
demuestre
su
cumplimiento
Territorial
del
etapa
de
Municipio
consulta
de
ubicación
con
el
Plan
de
de
San
Juan,
sino
que
Ordenación
que
la
información requerida en esta etapa revela que el proyecto
propuesto está en violación de dicho plan. Si permitimos
que
la
entonces
Junta
la
de
etapa
Planificación
actúe
de
de
consulta
de
esta
ubicación
manera,
resultaría
innecesaria y superflua, ya que A.R.P.E. podría adjudicar
la consulta de ubicación en la próxima etapa de evaluación
del proyecto.
Por
todas
estas
razones
disiento
de
la
sentencia
mayoritaria que revoca la sabia decisión del Tribunal de
Apelaciones.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada