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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Lcdo. Hernand Cruz Mateo

2007 TSPR 136

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Lcdo. Hernand Cruz Mateo

CP-2003-0008

Conducta Profesional-Amonestación por violación a los Cánones 18 y 35 de Ética Profesional y los Artículos 58 y 60 de la Ley Notarial

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 136

Lcdo. Hernand Cruz Mateo

171 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-8

Fecha: 28 de junio de 2007

Oficina del Procurador General:

Lcda. Yvonne Casanova Pelosi

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Mariana D. Negrón Vargas

Subprocuradora General

Lcda.. Wanda I. Simona García

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jesús M. Jiménez

Materia: Conducta Profesional

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Lcdo. Hernand Cruz Mateo

CP-2003-8

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2007.

I

El licenciado Hernand Cruz Mateo (en adelante el

licenciado Cruz Mateo) fue admitido al ejercicio de

la abogacía y del notariado los días 2 de enero y 9

de

febrero

del

año

1990,

respectivamente.

Fue

separado temporalmente de la abogacía y la notaría

el 27 de junio de 2002. Luego, el 21 de noviembre de

2005, fue separado indefinidamente de la abogacía

por hechos distintos a los que nos ocupan en el

presente

caso.

El

9

de

febrero

de

2007

fue

reinstalado a la abogacía, pero no a la notaría, la

cual no ejerce desde el 27 de junio de 2002.

El 17 de marzo de 2003 el Procurador General

nos presentó una querella en la que formuló cuatro

CP-2003-8

2

cargos en contra del licenciado Cruz Mateo por entender que

éste había violentado: (1) el artículo 58 de la Ley Notarial

de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2093, al no asignarle el

número correspondiente a un testimonio autenticado por él;

(2) el artículo 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4

L.P.R.A. sec. 2095, al no incluir el testimonio autenticado

en

el

índice

notarial,

ni

inscribirlo

en

el

Registro

de

Testimonios; (3) el canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

Ap.

IX

C.

diligente

18,

y

al

no

asesorar

competente;

y,

a

(4)

sus

el

clientes

canon

35

de

forma

de

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35, al no ajustarse a la

verdad en la redacción de documentos.

El 30 de junio de 2003 ordenamos al ex Juez Superior

Enrique Rivera Santana a que, en presencia de las partes y en

calidad de Comisionado Especial, recibiera prueba y rindiera

un

informe

con

sus

determinaciones

recomendaciones

que

encomienda,

Comisionado

el

estimase

de

hecho

pertinentes.

Especial

y

las

Terminada

su

presentó

el

informe

requerido. El licenciado Cruz Mateo presentó posteriormente

una

moción

de

reconsideración

al

informe

del

Comisionado

Especial. El caso quedó sometido para nuestra adjudicación.

Pasamos a resolver.

II

Relataremos

los

acontecimientos

determinaciones

de

hecho

Especial.

del

según

Informe

surgen

del

de

las

Comisionado

CP-2003-8

3

Don Neftalí Colón falleció el 21 de octubre de 1992,

dejando como únicos y universales herederos a sus tres hijos:

Jeffrey Neftalí Colón, Miguel Ángel Colón Morales y María de

Lourdes

Colón

Morales

(en

adelante

y

en

conjunto

la

Sucesión). Al momento de su muerte, don Neftalí era dueño de

una

estructura,

presente

objeto

del

contrato

que

controversia.

Esta

estructura

dio

pasó,

lugar

a

la

entonces,

a

manos de la Sucesión.

El 4 de enero de 1998 se otorgaron dos escrituras de

protocolización

de

poder,

a

través

de

las

cuales

Julio

Enrique Colón Santos (en adelante Colón Santos) protocolizó

sendos poderes concedidos a su favor por Miguel Ángel y María

de

Lourdes

Colón

Morales.

Mediante

estos

poderes,

ambos

hermanos autorizaron a Colón Santos para que vendiera la

mencionada

estructura.

Aunque

no

existe

un

poder

protocolizado en lo que respecta a Jeffrey Neftalí Colón,

quien al momento de los hechos era menor de edad, su madre

(la quejosa en este caso) también autorizó a Colón Santos

para que representara a su hijo en la venta de la propiedad.

De esta forma, el 31 de diciembre de 1999, Colón Santos, en

representación

de

la

Sucesión,

y

José

Luis

Díaz

Vázquez

suscribieron un documento intitulado “Contrato de compromiso

de compraventa” sobre la referida estructura. El documento

fue preparado por el licenciado Cruz Mateo y suscrito ante

éste.

El

testimonio

licenciado

a

este

Cruz

Mateo

documento,

no

no

le

asignó

lo

incluyó

en

número

el

notarial, ni lo registró en el Registro de Testimonios.

de

índice

CP-2003-8

4

Sustantivamente,

por

sus

propios

términos

y

por

las

circunstancias que lo rodearon, el “Contrato de compromiso de

compraventa” era en realidad un contrato de compraventa, pues

surge que el comprador entró en la posesión inmediata del

inmueble

y

que

la

parte

correspondiente,

el

cual

vendedora

fue

recibió

depositado

en

el

dinero

una

cuenta

bancaria a su favor. En este negocio no medió la autorización

judicial requerida por el artículo 159 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 616, para la enajenación de

bienes inmuebles pertenecientes a menores de edad (o en los

que menores de edad tengan alguna participación). Ver Zayas

v. Reaxch Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 190 (1974). No surge

del documento ni de la prueba presentada que el licenciado

Cruz

Mateo

haya

advertido

a

las

partes

envueltas

en

el

contrato sobre la obligación de procurar esta autorización

judicial o sobre las consecuencias de no hacerlo.

III

Consistentemente

hemos

resuelto

que

la

función

del

notario es dual. “Por un lado, sirve como agente instrumental

del documento notarial, por el otro, es un profesional del

Derecho con el deber de asesorar y aconsejar legalmente a los

otorgantes”. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746, 759 (2003),

citando In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993). Así, la

función notarial debe ejercerse con “cuidado y [...] sumo

esmero y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la

CP-2003-8

5

Ley Notarial de Puerto Rico y los cánones del Código de Ética

Profesional”. In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 105 (2000).

El artículo 58 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley

Núm. 75 del 2 de julio de 1987, establece que:

[l]os testimonios llevarán una numeración sucesiva y

continua y serán encabezados por el número que

corresponda,

que

será

correlativo

al

de

la

inscripción en el Registro que más adelante se

establece [el Registro de Testimonios]. 4 L.P.R.A.

sec. 2093.

En

cuanto

al

deber

de

inscribirlos

en

el

Registro

de

Testimonios, el artículo 60 de la Ley decreta la nulidad de

cualquier “testimonio no incluido en el índice [...] o que no

se haya inscrito en el Registro de Testimonios”. 4 L.P.R.A.

sec. 2095.

El canon 18 de Ética Profesional, sobre el deber de

competencia del abogado, establece, en lo pertinente al caso

que

nos

ocupa,

intereses

del

que

“[e]s

cliente

deber

del

diligentemente,

abogado

defender

desplegando

en

los

cada

caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella

forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y

responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18. En In re González

Vélez,

156

D.P.R.

580

(2002),

establecimos

que

había

violentado esta disposición del Código de Ética Profesional

una notaria que no informó a los otorgantes de un contrato de

compraventa sobre las consecuencias de no tener en escritura

pública una cesión de derechos hereditarios. In re González

Vélez, supra, pág. 583. De igual modo, en In re Raya, 117

D.P.R. 797 (1986), advertimos que había faltado a su deber de

competencia y diligencia un notario que no orientó a sus

CP-2003-8

clientes

6

sobre

escrituras

de

los

problemas

compraventa

que

sobre

surgirían

unos

al

predios,

suscribir

cuando

no

mediaba el permiso de segregación de A.R.P.E. In re Raya,

supra, pág. 803.

Por su parte, el canon 35 de Ética Profesional, sobre la

sinceridad y honradez en el ejercicio de la profesión legal,

claramente dispone que “[e]l abogado debe ajustarse a la

sinceridad

redactar

de

los

affidávit

hechos

u

al

otros

examinar

los

documentos,

y

testigos,

al

al

presentar

causas”. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35. En cuanto a la aplicación

de este precepto a la función notarial, hemos enunciado que

“es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y

honestidad en el descargo de la fe pública notarial”. In re

Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999).

Según surge de las determinaciones de hecho contenidas

en el Informe del Comisionado Especial, ya relatadas, el

licenciado Cruz Mateo no enumeró el testimonio, ni lo incluyó

en su índice notarial ni en el Registro de Testimonios. El

licenciado Cruz Mateo, por su parte,

aceptó haber incurrido

en

falta

estas

inadvertencias.

No

hace

mayor

análisis.

Coincidimos, entonces, con el Comisionado Especial en cuanto

a que el licenciado Cruz Mateo violó los artículos 58 y 60 de

la Ley Notarial de Puerto Rico.

En cuanto a los otros dos cargos presentados por el

Procurador General, observamos que, en el presente caso, la

omisión del licenciado Cruz Mateo al no indagar, advertir y

orientar a los otorgantes del contrato sobre la necesidad de

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7

una autorización judicial para poder efectuar la enajenación

del

inmueble

constituye,

al

igual

que

en

los

casos

ya

reseñados, una falta al deber de competencia que establece el

canon 18 de Ética Profesional. El licenciado Cruz Mateo falló

al no actuar de la forma que la profesión legal estima más

responsable

y

al

no

demostrar

el

conocimiento

jurídico

adecuado para la gestión para la cual fue contratado. De la

misma forma, faltó al deber de sinceridad en la redacción de

documentos que impone el canon 35 de Ética Profesional al

titular el documento aquí concernido “Contrato de compromiso

de

compraventa”,

cuando

de

los

propios

términos

por

él

redactados surgía que lo pactado era una compraventa. Por

tanto, coincidimos con el Comisionado Especial y concluimos

que el licenciado Cruz Mateo violó los cánones 18 y 35 de

Ética Profesional.

IV

Por todo lo anterior, resolvemos que el licenciado Cruz

Mateo violó los artículos 58 y 60 de la Ley Notarial de

Puerto

Rico

y

los

cánones

18

y

35

del

Código

de

Ética

Profesional. Sin embargo, conscientes de que las faltas aquí

cometidas lo fueron dentro del ámbito de la función notarial

del licenciado Cruz Mateo, y en vista de que no es notario

desde el 27 de junio de 2002 y que nos ha manifestado su

intención

de

no

volver

a

serlo,

lo

amonestamos

y

lo

apercibimos que, de volver a incurrir en faltas éticas o

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8

profesionales, seremos mucho más severos en la imposición de

sanciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Lcdo. Hernand Cruz Mateo

CP-2003-8

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de

2007.

Por las razones expuestas en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se amonesta al

Lcdo. Hernand Cruz Mateo y le apercibimos que,

de volver a incurrir en faltas éticas o

profesionales, seremos mucho más severos en la

imposición de sanciones.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces

Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez

no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo