Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Lcdo. Hernand Cruz Mateo
2007 TSPR 136
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Lcdo. Hernand Cruz Mateo
CP-2003-0008
Conducta Profesional-Amonestación por violación a los Cánones 18 y 35 de Ética Profesional y los Artículos 58 y 60 de la Ley Notarial
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2007 TSPR 136
Lcdo. Hernand Cruz Mateo
171 DPR ____
Número del Caso: CP-2003-8
Fecha: 28 de junio de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcda. Yvonne Casanova Pelosi
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Mariana D. Negrón Vargas
Subprocuradora General
Lcda.. Wanda I. Simona García
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jesús M. Jiménez
Materia: Conducta Profesional
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Lcdo. Hernand Cruz Mateo
CP-2003-8
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2007.
I
El licenciado Hernand Cruz Mateo (en adelante el
licenciado Cruz Mateo) fue admitido al ejercicio de
la abogacía y del notariado los días 2 de enero y 9
de
febrero
del
año
1990,
respectivamente.
Fue
separado temporalmente de la abogacía y la notaría
el 27 de junio de 2002. Luego, el 21 de noviembre de
2005, fue separado indefinidamente de la abogacía
por hechos distintos a los que nos ocupan en el
presente
caso.
El
9
de
febrero
de
2007
fue
reinstalado a la abogacía, pero no a la notaría, la
cual no ejerce desde el 27 de junio de 2002.
El 17 de marzo de 2003 el Procurador General
nos presentó una querella en la que formuló cuatro
CP-2003-8
2
cargos en contra del licenciado Cruz Mateo por entender que
éste había violentado: (1) el artículo 58 de la Ley Notarial
de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2093, al no asignarle el
número correspondiente a un testimonio autenticado por él;
(2) el artículo 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4
L.P.R.A. sec. 2095, al no incluir el testimonio autenticado
en
el
índice
notarial,
ni
inscribirlo
en
el
Registro
de
Testimonios; (3) el canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.
Ap.
IX
C.
diligente
18,
y
al
no
asesorar
competente;
y,
a
(4)
sus
el
clientes
canon
35
de
forma
de
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35, al no ajustarse a la
verdad en la redacción de documentos.
El 30 de junio de 2003 ordenamos al ex Juez Superior
Enrique Rivera Santana a que, en presencia de las partes y en
calidad de Comisionado Especial, recibiera prueba y rindiera
un
informe
con
sus
determinaciones
recomendaciones
que
encomienda,
Comisionado
el
estimase
de
hecho
pertinentes.
Especial
y
las
Terminada
su
presentó
el
informe
requerido. El licenciado Cruz Mateo presentó posteriormente
una
moción
de
reconsideración
al
informe
del
Comisionado
Especial. El caso quedó sometido para nuestra adjudicación.
Pasamos a resolver.
II
Relataremos
los
acontecimientos
determinaciones
de
hecho
Especial.
del
según
Informe
surgen
del
de
las
Comisionado
CP-2003-8
3
Don Neftalí Colón falleció el 21 de octubre de 1992,
dejando como únicos y universales herederos a sus tres hijos:
Jeffrey Neftalí Colón, Miguel Ángel Colón Morales y María de
Lourdes
Colón
Morales
(en
adelante
y
en
conjunto
la
Sucesión). Al momento de su muerte, don Neftalí era dueño de
una
estructura,
presente
objeto
del
contrato
que
controversia.
Esta
estructura
dio
pasó,
lugar
a
la
entonces,
a
manos de la Sucesión.
El 4 de enero de 1998 se otorgaron dos escrituras de
protocolización
de
poder,
a
través
de
las
cuales
Julio
Enrique Colón Santos (en adelante Colón Santos) protocolizó
sendos poderes concedidos a su favor por Miguel Ángel y María
de
Lourdes
Colón
Morales.
Mediante
estos
poderes,
ambos
hermanos autorizaron a Colón Santos para que vendiera la
mencionada
estructura.
Aunque
no
existe
un
poder
protocolizado en lo que respecta a Jeffrey Neftalí Colón,
quien al momento de los hechos era menor de edad, su madre
(la quejosa en este caso) también autorizó a Colón Santos
para que representara a su hijo en la venta de la propiedad.
De esta forma, el 31 de diciembre de 1999, Colón Santos, en
representación
de
la
Sucesión,
y
José
Luis
Díaz
Vázquez
suscribieron un documento intitulado “Contrato de compromiso
de compraventa” sobre la referida estructura. El documento
fue preparado por el licenciado Cruz Mateo y suscrito ante
éste.
El
testimonio
licenciado
a
este
Cruz
Mateo
documento,
no
no
le
asignó
lo
incluyó
en
número
el
notarial, ni lo registró en el Registro de Testimonios.
de
índice
CP-2003-8
4
Sustantivamente,
por
sus
propios
términos
y
por
las
circunstancias que lo rodearon, el “Contrato de compromiso de
compraventa” era en realidad un contrato de compraventa, pues
surge que el comprador entró en la posesión inmediata del
inmueble
y
que
la
parte
correspondiente,
el
cual
vendedora
fue
recibió
depositado
en
el
dinero
una
cuenta
bancaria a su favor. En este negocio no medió la autorización
judicial requerida por el artículo 159 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 616, para la enajenación de
bienes inmuebles pertenecientes a menores de edad (o en los
que menores de edad tengan alguna participación). Ver Zayas
v. Reaxch Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 190 (1974). No surge
del documento ni de la prueba presentada que el licenciado
Cruz
Mateo
haya
advertido
a
las
partes
envueltas
en
el
contrato sobre la obligación de procurar esta autorización
judicial o sobre las consecuencias de no hacerlo.
III
Consistentemente
hemos
resuelto
que
la
función
del
notario es dual. “Por un lado, sirve como agente instrumental
del documento notarial, por el otro, es un profesional del
Derecho con el deber de asesorar y aconsejar legalmente a los
otorgantes”. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746, 759 (2003),
citando In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993). Así, la
función notarial debe ejercerse con “cuidado y [...] sumo
esmero y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la
CP-2003-8
5
Ley Notarial de Puerto Rico y los cánones del Código de Ética
Profesional”. In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 105 (2000).
El artículo 58 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley
Núm. 75 del 2 de julio de 1987, establece que:
[l]os testimonios llevarán una numeración sucesiva y
continua y serán encabezados por el número que
corresponda,
que
será
correlativo
al
de
la
inscripción en el Registro que más adelante se
establece [el Registro de Testimonios]. 4 L.P.R.A.
sec. 2093.
En
cuanto
al
deber
de
inscribirlos
en
el
Registro
de
Testimonios, el artículo 60 de la Ley decreta la nulidad de
cualquier “testimonio no incluido en el índice [...] o que no
se haya inscrito en el Registro de Testimonios”. 4 L.P.R.A.
sec. 2095.
El canon 18 de Ética Profesional, sobre el deber de
competencia del abogado, establece, en lo pertinente al caso
que
nos
ocupa,
intereses
del
que
“[e]s
cliente
deber
del
diligentemente,
abogado
defender
desplegando
en
los
cada
caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella
forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y
responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18. En In re González
Vélez,
156
D.P.R.
580
(2002),
establecimos
que
había
violentado esta disposición del Código de Ética Profesional
una notaria que no informó a los otorgantes de un contrato de
compraventa sobre las consecuencias de no tener en escritura
pública una cesión de derechos hereditarios. In re González
Vélez, supra, pág. 583. De igual modo, en In re Raya, 117
D.P.R. 797 (1986), advertimos que había faltado a su deber de
competencia y diligencia un notario que no orientó a sus
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clientes
6
sobre
escrituras
de
los
problemas
compraventa
que
sobre
surgirían
unos
al
predios,
suscribir
cuando
no
mediaba el permiso de segregación de A.R.P.E. In re Raya,
supra, pág. 803.
Por su parte, el canon 35 de Ética Profesional, sobre la
sinceridad y honradez en el ejercicio de la profesión legal,
claramente dispone que “[e]l abogado debe ajustarse a la
sinceridad
redactar
de
los
affidávit
hechos
u
al
otros
examinar
los
documentos,
y
testigos,
al
al
presentar
causas”. 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35. En cuanto a la aplicación
de este precepto a la función notarial, hemos enunciado que
“es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y
honestidad en el descargo de la fe pública notarial”. In re
Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999).
Según surge de las determinaciones de hecho contenidas
en el Informe del Comisionado Especial, ya relatadas, el
licenciado Cruz Mateo no enumeró el testimonio, ni lo incluyó
en su índice notarial ni en el Registro de Testimonios. El
licenciado Cruz Mateo, por su parte,
aceptó haber incurrido
en
falta
estas
inadvertencias.
No
hace
mayor
análisis.
Coincidimos, entonces, con el Comisionado Especial en cuanto
a que el licenciado Cruz Mateo violó los artículos 58 y 60 de
la Ley Notarial de Puerto Rico.
En cuanto a los otros dos cargos presentados por el
Procurador General, observamos que, en el presente caso, la
omisión del licenciado Cruz Mateo al no indagar, advertir y
orientar a los otorgantes del contrato sobre la necesidad de
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7
una autorización judicial para poder efectuar la enajenación
del
inmueble
constituye,
al
igual
que
en
los
casos
ya
reseñados, una falta al deber de competencia que establece el
canon 18 de Ética Profesional. El licenciado Cruz Mateo falló
al no actuar de la forma que la profesión legal estima más
responsable
y
al
no
demostrar
el
conocimiento
jurídico
adecuado para la gestión para la cual fue contratado. De la
misma forma, faltó al deber de sinceridad en la redacción de
documentos que impone el canon 35 de Ética Profesional al
titular el documento aquí concernido “Contrato de compromiso
de
compraventa”,
cuando
de
los
propios
términos
por
él
redactados surgía que lo pactado era una compraventa. Por
tanto, coincidimos con el Comisionado Especial y concluimos
que el licenciado Cruz Mateo violó los cánones 18 y 35 de
Ética Profesional.
IV
Por todo lo anterior, resolvemos que el licenciado Cruz
Mateo violó los artículos 58 y 60 de la Ley Notarial de
Puerto
Rico
y
los
cánones
18
y
35
del
Código
de
Ética
Profesional. Sin embargo, conscientes de que las faltas aquí
cometidas lo fueron dentro del ámbito de la función notarial
del licenciado Cruz Mateo, y en vista de que no es notario
desde el 27 de junio de 2002 y que nos ha manifestado su
intención
de
no
volver
a
serlo,
lo
amonestamos
y
lo
apercibimos que, de volver a incurrir en faltas éticas o
CP-2003-8
8
profesionales, seremos mucho más severos en la imposición de
sanciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Lcdo. Hernand Cruz Mateo
CP-2003-8
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de
2007.
Por las razones expuestas en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se amonesta al
Lcdo. Hernand Cruz Mateo y le apercibimos que,
de volver a incurrir en faltas éticas o
profesionales, seremos mucho más severos en la
imposición de sanciones.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces
Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez
no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo