Tribunal Supremo de Puerto Rico
CMI Hospital Equipment Corp. v. Depto . de Salud
2007 TSPR 99
Poder Judicial de Puerto Rico
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CMI Hospital Equipment Corp. v. Depto . de Salud
CC-2005-0434
Doctrina de Equidad-Doctrina aplicada a situación en que el Gobierno asumió control de instalaciones de salud sujetos a proceso de quiebra
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CMI Hospital Equipment
Corp.
Recurrido
Certiorari
vs.
2007 TSPR 99
Departamento de Salud,
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; Etc.
171 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-434
Fecha: 30 de mayo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rivera Martínez
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Guillermo A. Mangual Amador
Procurador General Auxilair
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Roberto Corretjer Piquer
Materia: Cobro de Dinero y Enriquecimiento Injusto
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CMI Hospital Equipment
Corp.
Recurrido
vs.
CC-2005-434
Certiorari
Departamento de Salud,
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; Etc.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER
BERLINGERI
San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.
Tenemos la ocasión de aplicar la normativa
sobre la equidad, en el contexto de una singular
acción gubernamental, a saber, cuando el Gobierno
actúa en virtud de una autorización del Tribunal de
Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico.
I
El 26 de marzo de 1998 CMI Hospital Equipment
Corp. (en adelante CMI) y Servicios Integrados de
Medicina
Avanzada
de
Humacao,
Inc.
(en
adelante
SIMAH) suscribieron un contrato de arrendamiento de
maquinaria
y
equipo
perteneciente
a
CMI.
La
propiedad en cuestión sería instalada y utilizada en
CC-2005-434
el
Hospital
Centros
de
2
de
Medicina
Medicina
Integrada
Integrada
de
de
Humacao
Juncos,
y
en
los
Yabucoa,
Las
Piedras y Naguabo. En el referido contrato SIMAH se obligó a
pagar a CMI un canon de arrendamiento de $17,000 mensuales
por un término de 5 años.1
A menos de 3 meses después de firmado el contrato, el
9 de junio de 1998, SIMAH presentó ante el Tribunal de
Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto
Rico (en adelante Tribunal de Quiebras) una petición al
amparo
del
Capítulo
11
del
Código
Quiebras.2
de
Posteriormente, SIMAH solicitó la liquidación total de sus
activos bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebras.
Tanto CMI como el Departamento de Salud (en adelante
el Departamento) comparecieron como acreedores de SIMAH en
el procedimiento ante el Tribunal de Quiebras. El 10 de
julio de 1998, a solicitud del Departamento, el Tribunal de
Quiebras
ordenó
como
remedio
provisional
urgente
que
se
realizara un inventario de todo el equipo en posesión de
SIMAH
y
que
se
prohibiera
su
remoción
sin
previa
autorización judicial. Además, autorizó al Departamento a
proveer
servicios
médico-hospitalarios
de
emergencia
en
todos los centros que eran administrados por SIMAH.
El 22 de julio de 1998, con el propósito de continuar
prestando los servicios referidos, el Departamento y SIMAH
1
En el contrato se pactó que dicho término comenzaría a
contarse a partir del 5 de abril de 1998.
2
In the Matter of: Servicios Integrados de Medicina
Avanzada de Humacao, Inc., caso núm. 98-07676.
CC-2005-434
3
solicitaron
conjuntamente
que
el
Tribunal
de
Quiebras
permitiera al Departamento tomar el control, sin limitación
de
alguna,
las
administradas
por
facilidades
SIMAH,
médico-hospitalarias
incluyendo
aquellas
donde
se
encontraban instalados los equipos de CMI. CMI no fue parte
del acuerdo entre SIMAH y el Departamento. El 23 de julio
de 1998 el Tribunal de Quiebras emitió una orden mediante
la cual concedió lo solicitado, con fecha retroactiva al 17
de julio de 1998. Como consecuencia de esto, los equipos de
CMI
pasaron
a
ser
usados
exclusivamente
por
el
febrero
de
1999
SIMAH
ante
el
Quiebras
una
moción
“Motion
for
Departamento.
El
4
Tribunal
de
de
presentó
titulada
Rejection of Executory Contract”. El 11 de febrero de 1999
ese tribunal emitió una orden mediante la cual determinó
que el contrato entre CMI y SIMAH había sido rechazado y el
equipo de CMI fue abandonado, según permite la sección 365
del Código de Quiebras.
El 22 de junio de 2001, luego de que el Departamento
no pagara ningún canon de arrendamiento por el uso de los
equipos
en
cuestión,
ni
devolviera
éstos
a
pesar
de
habérsele requerido en varias ocasiones, CMI presentó una
demanda
sobre
contra
el
cobro
de
dinero
Departamento,
el
y
enriquecimiento
Estado
Libre
injusto
Asociado
(en
adelante ELA) y sus respectivas compañías aseguradoras ante
el
Tribunal
Juan.
En
su
de
Primera
demanda,
Instancia,
Sala
CMI
que
alegó
Superior
debido
a
de
San
que
el
CC-2005-434
4
Departamento era quien ahora estaba en control, posesión y
uso de los equipos, estaba también llamado a responder por
las rentas adeudadas. El Departamento a su vez adujo, entre
otras defensas, que la deuda en cuestión no era exigible
debido a que no existía ningún contrato escrito sobre el
particular entre el Departamento y CMI.
Después
enero
de
sumaria.
de
2003,
El
diversos
CMI
ELA,
a
trámites
procesales,
presentó
una
su
presentó
vez,
moción
el
de
una
10
de
sentencia
moción
de
desestimación y solicitó que se dictara sentencia sumaria a
su favor. El 24 de abril de 2003 el Tribunal de Primera
Instancia emitió una sentencia sumaria parcial mediante la
cual desestimó la demanda y ordenó a CMI a pagar las costas
y los honorarios de abogado. El foro de instancia basó su
determinación
en
la
inexistencia
de
un
contrato
escrito
entre el Departamento y CMI y en que el equipo reclamado
formaba parte del caudal de quiebras, por lo cual aplicaba
la
paralización
automática
que
establece
el
Código
de
Quiebras.
El 29 de mayo de 2003 CMI presentó una solicitud de
determinaciones
de
hechos
adicionales
y
pidió
que
se
dictara una sentencia sumaria a su favor. El Tribunal de
Primera
Instancia
celebró
una
vista
argumentativa
a
solicitud de las partes. El 9 de marzo de 2004, después de
evaluar
los
instancia
planteamientos
dictó
una
de
ambas
sentencia
partes,
parcial
el
foro
de
enmendada
en
reconsideración, mediante la cual concedió lo solicitado
CC-2005-434
5
por CMI. El tribunal expresó en su dictamen que no era de
aplicación aquí la paralización automática porque el equipo
había
quedado
fuera
del
caudal
de
quiebras,
al
ser
abandonado por SIMAH en el proceso ante el Tribunal de
Quiebras.
Además,
determinó
que
el
Departamento
había
asumido las obligaciones que tenía SIMAH con CMI cuando
solicitó
y
obtuvo
el
control
de
las
facilidades
sin
limitaciones. Por estas razones, el tribunal de instancia
le
impuso
responsabilidad
al
Departamento
por
el
equipo
desde el 17 de julio de 1998, momento en que asumió el
control
referido,
correspondiente
y
hasta
le
el
ordenó
a
momento
en
pagar
que
la
renta
devolviese
el
determinación
del
equipo a CMI.
Por
no
estar
de
acuerdo
con
la
Tribunal de Primera Instancia, el Departamento solicitó su
reconsideración
mediante
una
ante
dicho
Resolución
foro,
del
15
la
de
cual
abril
fue
del
denegada
2004.
Aún
inconforme, el 20 de mayo de 2004 el Departamento presentó
un escrito de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,
en el que le imputó al foro de instancia haber errado al
dictar una sentencia sumaria a favor de CMI cuando no había
controversia en cuanto a que no existía contrato escrito
alguno que impusiere responsabilidad al Estado, y el Estado
no había asumido dicha obligación de modo alguno.
El Tribunal de Apelaciones, en una sentencia del 17 de
febrero
de
Instancia
y
2005,
confirmó
determinó
(1)
la
del
que
la
Tribunal
orden
de
emitida
Primera
por
el
CC-2005-434
6
Tribunal de Quiebras, mediante la que concedió la solicitud
de rechazo del contrato entre SIMAH y CMI, tuvo el efecto
de
que
el
quiebras,
equipo
dejando
paralización
solicitó
de
CMI
inoperante
automática;3
operar
quedara
las
(2)
fuera
la
que
facilidades
caudal
de
de
la
aplicación
cuando
sin
del
el
Departamento
limitaciones,
no
se
opuso ni rechazó el contrato de arrendamiento vigente;4 y
(3)
que
en
este
caso
se
daban
los
elementos
para
la
aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto.
Inconforme
Apelaciones,
el
con
la
determinación
Departamento
presentó
del
una
Tribunal
de
moción
de
reconsideración ante dicho foro, la cual fue declarada No
Ha Lugar mediante una Resolución del 13 de abril de 2005.
No conforme tampoco con esta determinación, el 12 de mayo
de 2005 el Departamento presentó ante nuestra consideración
un recurso de certiorari. En éste planteó, en síntesis, que
el Tribunal de Apelaciones había errado: (1) al no revocar
3
En cuanto a este punto, el foro apelativo señaló que,
al
rechazar
el
contrato,
se
creó
una
reclamación
administrativa no asegurada de CMI contra SIMAH por
incumplimiento de contrato. Esta reclamación comprende el
periodo desde que SIMAH y CMI suscribieron el contrato
hasta que SIMAH presentó su petición de quiebras. Esta
reclamación es independiente a la reclamación por los
cánones de arrendamiento adeudados por el Departamento
desde que obtuvo la posesión, uso, disfrute y control del
equipo.
4
En cuanto a este punto, el Tribunal de Apelaciones
explicó que no solamente el Departamento no se opuso al
contrato, sino que usó el equipo ya que éste era necesario
para operar las facilidades. El tribunal apelativo concluyó
que al igual que el Departamento paga la renta de las
facilidades y el salario de los empleados porque éstos son
gastos indispensables para operar las facilidades, debe
pagar por el uso de equipo considerado indispensable.
CC-2005-434
la
7
sentencia
recurrida
y
desestimar
sumariamente
la
demanda, a pesar de la inexistencia de un contrato escrito
que
vinculara
al
Estado;
(2)
al
resolver
que
era
de
aplicación la doctrina de enriquecimiento injusto, a pesar
de que la reclamación de CMI no dimanaba de un contrato
escrito con el Estado; y, (3) al resolver que la moción de
rechazo del contrato y abandono del equipo presentada por
SIMAH tuvo el efecto de excluir dicho contrato del caudal
en quiebra.
El 5 de agosto de 2005 denegamos el recurso referido.
El
24
de
agosto
de
2005
el
Departamento
solicitó
la
reconsideración de esa denegatoria, y el 4 de noviembre de
2005 reconsideramos y expedimos el recurso solicitado. El
31 de enero de 2006 notificamos a las partes que el caso
había
quedado
beneficio
de
sometido
la
para
comparecencia
su
de
adjudicación.
éstas,
Con
procedemos
el
a
resolver.
II.
El artículo 1 de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de
1975, 2 L.P.R.A. sec. 97 et seq, según enmendada por la Ley
Núm. 127 del 31 de mayo de 2004, dispone que:
Las entidades gubernamentales y las entidades
municipales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
sin
excepción
alguna,
mantendrán
un
registro de todos los contratos que otorguen,
incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán
remitir copia de éstos a la Oficina de Contralor
dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda.
CC-2005-434
En
Ocasio
8
v.
interpretamos
Alcalde
Mun.
de
dicha
disposición
D.P.R.
37,
establecimos
los
Maunabo,
y
121
requisitos formales a seguirse al momento de contratar con
un ente gubernamental, a saber, que:
...(1) [los contratos] se reduzcan a escrito; (2)
se mantenga un registro fiel con miras a prima
facie establecer su existencia; (3) se remita
copia a la Oficina del Contralor como medio de
una doble constancia de su otorgamiento, términos
y existencias, y (4) se acredite la certeza de
tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado
quince (15) días antes. (Énfasis suprimido.)
Reiteradamente
hemos
expresado
que
estos
preceptos
demuestran la intención legislativa de crear un mecanismo
de cotejo y publicidad de los contratos gubernamentales.
Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824,
830. La rigurosidad que se refleja en estas disposiciones
responde al gran interés del Estado en promover una sana y
recta
administración
pública
despilfarro,
la
corrupción
contratación
gubernamental.
mediante
la
y
amiguismo
Las
el
Marías
prevención
v.
del
en
la
Municipio
San
Juan, 159 D.P.R. 868, 875 (2003); Fernández & Gutiérrez v.
Mun. San Juan, supra, pág. 829.
Los
principios
previamente
mencionados
han
sido
aplicados en casos en que partes privadas contratan con
municipios. Hemos señalado que se presume que las partes
que así contratan, conocen la necesidad de conducirse de
acuerdo
con
las
especificaciones
de
la
ley.
Ocasio
v.
Alcalde Mun. de Maunabo, supra; Hatton v. Mun. de Ponce,
134 D.P.R. 1001 (1994); Fernández & Gutiérrez v. Mun. San
CC-2005-434
9
Juan, supra; Las Marías v. Municipio San Juan, supra; Ríos
v. Municipio Isabela, 159 D.P.R. 839 (2003). El propósito
que se persigue es que las partes privadas ejerzan un rol
más activo al contratar con los municipios y exijan “prueba
fehaciente de que el Gobierno cumplió con su deber”. Las
Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 880.
En el caso de autos, el Departamento ha alegado que no
procedía la reclamación instada por CMI, ya que no estaba
apoyada en un contrato por escrito y no se siguieron las
formalidades aplicables a la contratación gubernamental. El
Departamento ha citado, en apoyo de su planteamiento, los
principios antes esbozados. No le asiste la razón.
Según
señaláramos
anteriormente,
CMI
suscribió
un
contrato de arrendamiento de maquinaria con SIMAH para que
ésta instalara y usara dicho equipo en las facilidades que
administraba. Es luego, mediante la solicitud conjunta del
Departamento y SIMAH y a consecuencia de la orden emitida
por
el
Tribunal
de
Quiebras,
que
el
equipo
pasó
a
ser
controlado y administrado por el Departamento, por decisión
propia de éste. Como puede deducirse de lo anterior, CMI
nunca tuvo la intención de contratar con el Departamento.
El uso del equipo por parte del Departamento no surgió de
una negociación entre CMI y éste, sino que fue el resultado
de un procedimiento judicial formal ante el Tribunal de
Quiebras. Debido a que CMI nunca llevó a cabo un contrato
gubernamental, no tenía que cumplir con las formalidades
establecidas
para
éstos.
Por
lo
tanto,
tratándose
de
CC-2005-434
circunstancias
10
como
extraordinarias
las
descritas
anteriormente, no es de aplicación en el caso de autos la
jurisprudencia citada por el Departamento.
III.
El Departamento también nos ha planteado que erró el
Tribunal de Apelaciones al determinar que el equipo de CMI
quedó fuera del caudal de quiebras cuando se concedió la
solicitud de rechazo del contrato entre SIMAH y CMI. No
tiene razón el Departamento en su planteamiento. Veamos.
Al
presentar
una
petición
de
quiebra,
se
crea
inmediatamente un “bankruptcy estate” o caudal en quiebra,
el cual consiste de toda la propiedad que estará sujeta a
la
jurisdicción
del
Tribunal
de
Quiebras.
Para
poder
determinar los bienes que compondrán el caudal referido, el
deudor tiene la obligación de incluir junto a la petición
de quiebra un listado actualizado de sus activos y pasivos,
y de sus ingresos y gastos. 11 U.S.C. sec. 362(a)(B).
La presentación de dicha petición también conlleva la
paralización automática de diversos procedimientos contra
dicha parte. La paralización automática es una orden para
cesar todas las gestiones de cobro, retención, embargo o
ejecución de hipoteca contra una persona que ha solicitado
acogerse a la protección de la ley de quiebras. Dentro de
los procedimientos a los cuales aplicará la paralización
automática se encuentra “cualquier acción para obtener la
posesión de una propiedad que pertenezca al caudal o que
CC-2005-434
provenga
del
11
caudal,
o
para
ejercer
control
sobre
la
propiedad del caudal”. 11 U.S.C. sec. 362(a)(3).
El Código de Quiebras, en su sección 365, le da la
facultad
al
síndico
de
rechazar
ciertos
contratos,
si
estimare que no son de provecho para el caudal. Por su
parte, la sección 1107(a) le otorga esta misma facultad al
deudor. La decisión de rechazar un contrato se encuentra en
la
sana
discreción
del
deudor.
W.L.
Norton,
Norton
Bankruptcy Law and Practice 2d, Deerfield, Clark Boardman
Callaghan, 1994, Vol. 3, Sec. 39:32, págs. 39-68. Si un
contrato
es
rechazado,
beneficio
derivado
de
el
caudal
éste.
Es
pierde
decir,
todo
ese
interés
o
contrato
es
excluido y no forma parte del caudal.5
Cónsono con lo anterior, la sección 554 del Código de
Quiebras establece el derecho del síndico (o del deudor) de
abandonar una propiedad que considere una carga o que no
sea
beneficiosa
para
el
caudal.
El
abandono
de
una
propiedad ocurre después de que se celebre una vista, en la
cual las partes tienen oportunidad de expresarse en cuanto
a dicho abandono. Abandonar una propiedad tiene el efecto
de excluirla del caudal en quiebra.6
5
...[S]uch lease is deemed rejected, and the trustee
shall
immediately
surrender
such
nonresidential
real
property to the lessor. 11 U.S.C. 365(d)(4)(A).
6
...[U]pon the abandonment under section 554, the
trustee is simply divested of control of the property
because it is no longer part of the estate. Thus, the
abandonment constitutes a divesture of all of the estate’s
interest in the property. W.M. Collier, Collier on
Bankruptcy (A.N. Resnick y H.J. Sommers), 15th ed., New
York, Matthew
Bender,
2001,
Vol. 5, sec. 554.02, Págs.
554-5.
CC-2005-434
12
Sobre el concepto de abandono de una propiedad, en el
proceso de quiebra, el destacado tratadista William Miller
Collier expresa que:
Although section 554 does not especify to whom
property is abandoned, property may be abandoned
by the trustee, to any party with possessory
interest. Normally, the debtor is the party with
possessory interest. However, in some cases, it
may be some other party [...]. W.M. Collier,
Collier on Bankruptcy (A.N. Resnick y H.J.
Sommers), 15th ed., New York, Matthew Bender,
2001, Vol. 5, sec. 554.02, págs. 554-5.
En el caso ante nuestra consideración, SIMAH presentó
una moción para rechazar el contrato suscrito con CMI. En
dicha moción expresó que el referido contrato no era de
ningún valor para el caudal y por tanto, lo rechazaba.7
Además, SIMAH señaló que la propiedad sobre la cual versaba
el contrato debía ser considerada abandonada. Por último,
recalcó que ellos sólo tenían la posesión mediata de la
propiedad,
ya
que
la
posesión
inmediata
la
tenía
el
Departamento. Luego de analizar esta moción, el Tribunal de
Quiebras emitió una orden concediendo la petición referida.
Al
conceder
la
solicitud
de
arrendamiento
y
el
objeto
equipo
rechazo,
del
el
contrato
contrato
de
quedaron
fuera del caudal y por lo tanto, fuera de la jurisdicción
del Tribunal de Quiebras. Por esta razón, la paralización
automática no procede en cuanto a este contrato y equipo.
7
Como expresamos anteriormente, al rechazar el
contrato, SIMAH incumplió con el mismo. De esta manera se
creó una reclamación administrativa no asegurada de CMI
contra SIMAH, la cual comprende el periodo desde que
suscribieron el contrato hasta que SIMAH radicó su petición
de quiebras.
CC-2005-434
13
Aparentemente
consciente
de
lo
anterior,
el
Departamento argumentó que cuando un síndico abandona una
propiedad, la misma revierte al deudor. Sin embargo, los
casos a los cuales el Departamento ha hecho referencia no
son de aplicación aquí, ya que en el caso de autos fue el
mismo deudor quien solicitó que se considerada la propiedad
como
abandonada.
Además,
es
un
hecho
probado
que
la
posesión inmediata del equipo, residía en el Departamento.
Por lo tanto, no se cometió el error señalado.
IV
En
Tribunal
múltiples
tiene
ocasiones,
la
hemos
obligación
de
expresado
llenar
que
las
este
lagunas
existentes en la ley, conforme al mandato del artículo 7
del Código Civil. Dicho artículo dispone que
“[e]l Tribunal que rehúse fallar a pretexto de
silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley,
o por cualquier otro motivo, incurrirá en
responsabilidad.
Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal
resolverá conforme a equidad, que quiere decir
que se tendrá en cuenta la razón natural de
acuerdo con los principios generales del derecho,
y
los
usos
y
costumbres
aceptados
y
establecidos”. 31 L.P.R.A. sec. 7.
Véase, Rodríguez v. Pérez Santiago, supra; E.L.A. v. Cole,
res. el 13 de abril de 2005, 164 D.P.R. ___ (2005), 2005
TSPR 46, 2005 JTS 55; Colón v. Glamourous Nails, res. el 3
de febrero de 2006, 167 D.P.R. ___ (2006), 2006 TSPR 16,
2006
JTS
25;
Ortiz
Andújar
v.
E.L.A.,
122
D.P.R.
817
CC-2005-434
14
(1988); Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 157 D.P.R. 76
(2002).
El concepto de equidad en nuestro sistema de Derecho
se
encuentra
recogido
en
el
artículo
antes
mencionado.
“[L]a equidad implica más que una justicia estrictamente
legal, una justicia de tipo natural y moral”. J. Castán
Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Floral, 11ma Ed.,
Madrid, Editorial Reus S.A., 1975, Tomo 1, Vol. 1, pág.
483.
El
principio
de
equidad
en
nuestro
derecho
se
ha
basado en el concepto aristotélico de la mitigación de la
ley mediante la equidad para hacer la ley justa. Silva v.
Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 900 (1965). La equidad
nació precisamente de la necesidad de atemperar el rigor de
la norma mediante recurso a la conciencia del juzgador.
Rodríguez v. Pérez Santiago, res. el 14 de abril de 2004,
161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 57, 2004 JTS 66, citando a Banco
Metropolitano
v.
Berríos,
110
D.P.R.
721
(1981).
Reiteradamente hemos expresado que “la equidad remite el
proceso decisional al mundo puro de los valores en busca de
la recta razón y del tuétano racional y moral del Derecho
donde reside el valor supremo de justicia”. Cruz Cruz v.
Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655, 660 (1978).
Con
relación
al
principio
de
equidad,
José
Castán
Tobeñas expresa que
[l]as ideas de justicia y equidad son esenciales
y consustanciales a la noción del Derecho, el
cual dejaría de cumplir sus finalidades morales y
sociales si no aspirase a realizar la justicia, y
no una justicia abstracta y teórica, sino una
justicia
realista
y
humana.
El
juez
debe
CC-2005-434
15
obediencia a la ley, y la mejor manera de
servirla
es
la
de
realizarla
en
su
idea
animadora, esto es en la justicia, que constituye
su más profundo contenido. J. Castán Tobeñas, La
formulación judicial del derecho: jurisprudencia
y arbitrio de equidad, Segunda Ed. Revisada,
Madrid, Ed. Reus, 1954, pág. 2527.8
Como señalamos anteriormente, en el singular caso que
tenemos
ante
nuestra
consideración,
el
Departamento
solicitó voluntariamente que se le concediera el control
absoluto
y
sin
limitaciones
de
las
facilidades
médico-
hospitalarias que administraba SIMAH. Para el momento en
que se presentó esta petición, tanto el Departamento como
CMI habían comparecido como acreedores de SIMAH ante el
Tribunal de Quiebras y el Departamento estaba al tanto del
contrato de arrendamiento vigente. Conociendo la obligación
que representaba dicho contrato, el Departamento continuó
administrando y controlando las facilidades, sin oponerse
al mismo.
Surge del expediente que CMI solicitó al Departamento
que
le
devolviera
los
equipos
o
le
pagara
el
correspondiente canon de arrendamiento. Dicha solicitud fue
ignorada,
a
pesar
de
que
el
Departamento
continuó
utilizando la maquinaria. Por otra parte, surge además que
el
Departamento
continúo
pagando
la
renta
de
las
facilidades y el salario de los empleados que trabajaban
allí
por
ser
indispensables
médico-hospitalarios
en
para
cuestión.
operar
En
los
sintonía
servicios
con
lo
8 Véase, además, López v. Atlantic Southern Ins. Co.,
158 D.P.R. 562, 579-80 (2003).
CC-2005-434
16
anterior, es claro que debía pagar también la renta del
equipo, por ser éste igualmente indispensable para lograr
los fines procurados por el Departamento. Debe recordarse
que
el
equipo
referido
pertenecía
a
CMI,
cuyo
negocio
consistía precisamente de alquilar dicho equipo a entidades
como SIMAH o como el Departamento.
Claro
está,
Departamento
cuestión,
proveer
es
menester
solicitó
procurando
servicios
tomar
administrar
promover
médicos
el
en
las
cuenta
que
el
facilidades
en
bienestar
esenciales
a
las
común,
para
comunidades
afectadas. Fue también motivo sustancial de su actuación
evitar
que
federales,
se
perdieran
como
por
las
ejemplo
licencias
la
de
y
certificaciones
Medicare.
Además,
es
importante recalcar que la transferencia del equipo se hizo
como parte del procedimiento judicial ante el Tribunal de
Quiebras. Tomando estos factores en consideración, forzoso
es
concluir
responsabilidad
que,
de
aunque
pagar
el
una
Departamento
renta
por
el
tiene
la
equipo,
no
podemos imponerle el mismo canon establecido en el contrato
entre SIMAH y CMI, que era de $17,000 mensuales, y que
resultó de las negociaciones puramente comerciales entre
dichas partes. No sólo sería excesivamente oneroso para el
ELA pagar tal canon, sino que debe considerarse también que
a CMI le conviene que el Departamento se haga cargo de
continuar el arriendo del equipo en cuestión.
Por los fundamentos expuestos, procede confirmar en
parte la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto al
CC-2005-434
deber
17
del
Departamento
de
pagar
algún
canon
de
arrendamiento razonable por el uso del equipo en cuestión y
revocar
en
parte
en
cuanto
al
monto
de
los
cánones
adeudados. Procede devolver el caso al Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, para que determine la
cantidad a desembolsar tomando en consideración cuál sería
el
canon
que
el
Departamento
hubiese
acordado
pagar
de
haber negociado dicho contrato, el estado de depreciación
de los equipos, y otras consideraciones pertinentes.
Se dictará una sentencia conforme a lo resuelto aquí.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CMI Hospital Equipment
Corp.
Recurrido
vs.
CC-2005-434
Certiorari
Departamento de Salud,
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; Etc.
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente
Sentencia,
se
confirma
en
parte
la
sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región
Judicial de San Juan, en cuanto al deber del
Departamento de pagar algún canon de arrendamiento
razonable por el uso del equipo en cuestión y
revocar en parte en cuanto al monto de los cánones
adeudados.
Se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, para que
determine la cantidad a desembolsar tomando en
consideración
cuál
sería
el
canon
que
el
Departamento
hubiese
acordado
pagar
de
haber
negociado dicho contrato, el estado de depreciación
de los equipos, y otras consideraciones pertinentes.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Rebollo López y la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez concurren sin opinión escrita.
El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo