LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

CMI Hospital Equipment Corp. v. Depto . de Salud

2007 TSPR 99

Poder Judicial de Puerto Rico

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CMI Hospital Equipment Corp. v. Depto . de Salud

CC-2005-0434

Doctrina de Equidad-Doctrina aplicada a situación en que el Gobierno asumió control de instalaciones de salud sujetos a proceso de quiebra

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CMI Hospital Equipment

Corp.

Recurrido

Certiorari

vs.

2007 TSPR 99

Departamento de Salud,

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Etc.

171 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2005-434

Fecha: 30 de mayo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel II

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rivera Martínez

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Guillermo A. Mangual Amador

Procurador General Auxilair

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Roberto Corretjer Piquer

Materia: Cobro de Dinero y Enriquecimiento Injusto

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CMI Hospital Equipment

Corp.

Recurrido

vs.

CC-2005-434

Certiorari

Departamento de Salud,

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Etc.

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.

Tenemos la ocasión de aplicar la normativa

sobre la equidad, en el contexto de una singular

acción gubernamental, a saber, cuando el Gobierno

actúa en virtud de una autorización del Tribunal de

Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de

Puerto Rico.

I

El 26 de marzo de 1998 CMI Hospital Equipment

Corp. (en adelante CMI) y Servicios Integrados de

Medicina

Avanzada

de

Humacao,

Inc.

(en

adelante

SIMAH) suscribieron un contrato de arrendamiento de

maquinaria

y

equipo

perteneciente

a

CMI.

La

propiedad en cuestión sería instalada y utilizada en

CC-2005-434

el

Hospital

Centros

de

2

de

Medicina

Medicina

Integrada

Integrada

de

de

Humacao

Juncos,

y

en

los

Yabucoa,

Las

Piedras y Naguabo. En el referido contrato SIMAH se obligó a

pagar a CMI un canon de arrendamiento de $17,000 mensuales

por un término de 5 años.1

A menos de 3 meses después de firmado el contrato, el

9 de junio de 1998, SIMAH presentó ante el Tribunal de

Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto

Rico (en adelante Tribunal de Quiebras) una petición al

amparo

del

Capítulo

11

del

Código

Quiebras.2

de

Posteriormente, SIMAH solicitó la liquidación total de sus

activos bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebras.

Tanto CMI como el Departamento de Salud (en adelante

el Departamento) comparecieron como acreedores de SIMAH en

el procedimiento ante el Tribunal de Quiebras. El 10 de

julio de 1998, a solicitud del Departamento, el Tribunal de

Quiebras

ordenó

como

remedio

provisional

urgente

que

se

realizara un inventario de todo el equipo en posesión de

SIMAH

y

que

se

prohibiera

su

remoción

sin

previa

autorización judicial. Además, autorizó al Departamento a

proveer

servicios

médico-hospitalarios

de

emergencia

en

todos los centros que eran administrados por SIMAH.

El 22 de julio de 1998, con el propósito de continuar

prestando los servicios referidos, el Departamento y SIMAH

1

En el contrato se pactó que dicho término comenzaría a

contarse a partir del 5 de abril de 1998.

2

In the Matter of: Servicios Integrados de Medicina

Avanzada de Humacao, Inc., caso núm. 98-07676.

CC-2005-434

3

solicitaron

conjuntamente

que

el

Tribunal

de

Quiebras

permitiera al Departamento tomar el control, sin limitación

de

alguna,

las

administradas

por

facilidades

SIMAH,

médico-hospitalarias

incluyendo

aquellas

donde

se

encontraban instalados los equipos de CMI. CMI no fue parte

del acuerdo entre SIMAH y el Departamento. El 23 de julio

de 1998 el Tribunal de Quiebras emitió una orden mediante

la cual concedió lo solicitado, con fecha retroactiva al 17

de julio de 1998. Como consecuencia de esto, los equipos de

CMI

pasaron

a

ser

usados

exclusivamente

por

el

febrero

de

1999

SIMAH

ante

el

Quiebras

una

moción

“Motion

for

Departamento.

El

4

Tribunal

de

de

presentó

titulada

Rejection of Executory Contract”. El 11 de febrero de 1999

ese tribunal emitió una orden mediante la cual determinó

que el contrato entre CMI y SIMAH había sido rechazado y el

equipo de CMI fue abandonado, según permite la sección 365

del Código de Quiebras.

El 22 de junio de 2001, luego de que el Departamento

no pagara ningún canon de arrendamiento por el uso de los

equipos

en

cuestión,

ni

devolviera

éstos

a

pesar

de

habérsele requerido en varias ocasiones, CMI presentó una

demanda

sobre

contra

el

cobro

de

dinero

Departamento,

el

y

enriquecimiento

Estado

Libre

injusto

Asociado

(en

adelante ELA) y sus respectivas compañías aseguradoras ante

el

Tribunal

Juan.

En

su

de

Primera

demanda,

Instancia,

Sala

CMI

que

alegó

Superior

debido

a

de

San

que

el

CC-2005-434

4

Departamento era quien ahora estaba en control, posesión y

uso de los equipos, estaba también llamado a responder por

las rentas adeudadas. El Departamento a su vez adujo, entre

otras defensas, que la deuda en cuestión no era exigible

debido a que no existía ningún contrato escrito sobre el

particular entre el Departamento y CMI.

Después

enero

de

sumaria.

de

2003,

El

diversos

CMI

ELA,

a

trámites

procesales,

presentó

una

su

presentó

vez,

moción

el

de

una

10

de

sentencia

moción

de

desestimación y solicitó que se dictara sentencia sumaria a

su favor. El 24 de abril de 2003 el Tribunal de Primera

Instancia emitió una sentencia sumaria parcial mediante la

cual desestimó la demanda y ordenó a CMI a pagar las costas

y los honorarios de abogado. El foro de instancia basó su

determinación

en

la

inexistencia

de

un

contrato

escrito

entre el Departamento y CMI y en que el equipo reclamado

formaba parte del caudal de quiebras, por lo cual aplicaba

la

paralización

automática

que

establece

el

Código

de

Quiebras.

El 29 de mayo de 2003 CMI presentó una solicitud de

determinaciones

de

hechos

adicionales

y

pidió

que

se

dictara una sentencia sumaria a su favor. El Tribunal de

Primera

Instancia

celebró

una

vista

argumentativa

a

solicitud de las partes. El 9 de marzo de 2004, después de

evaluar

los

instancia

planteamientos

dictó

una

de

ambas

sentencia

partes,

parcial

el

foro

de

enmendada

en

reconsideración, mediante la cual concedió lo solicitado

CC-2005-434

5

por CMI. El tribunal expresó en su dictamen que no era de

aplicación aquí la paralización automática porque el equipo

había

quedado

fuera

del

caudal

de

quiebras,

al

ser

abandonado por SIMAH en el proceso ante el Tribunal de

Quiebras.

Además,

determinó

que

el

Departamento

había

asumido las obligaciones que tenía SIMAH con CMI cuando

solicitó

y

obtuvo

el

control

de

las

facilidades

sin

limitaciones. Por estas razones, el tribunal de instancia

le

impuso

responsabilidad

al

Departamento

por

el

equipo

desde el 17 de julio de 1998, momento en que asumió el

control

referido,

correspondiente

y

hasta

le

el

ordenó

a

momento

en

pagar

que

la

renta

devolviese

el

determinación

del

equipo a CMI.

Por

no

estar

de

acuerdo

con

la

Tribunal de Primera Instancia, el Departamento solicitó su

reconsideración

mediante

una

ante

dicho

Resolución

foro,

del

15

la

de

cual

abril

fue

del

denegada

2004.

Aún

inconforme, el 20 de mayo de 2004 el Departamento presentó

un escrito de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones,

en el que le imputó al foro de instancia haber errado al

dictar una sentencia sumaria a favor de CMI cuando no había

controversia en cuanto a que no existía contrato escrito

alguno que impusiere responsabilidad al Estado, y el Estado

no había asumido dicha obligación de modo alguno.

El Tribunal de Apelaciones, en una sentencia del 17 de

febrero

de

Instancia

y

2005,

confirmó

determinó

(1)

la

del

que

la

Tribunal

orden

de

emitida

Primera

por

el

CC-2005-434

6

Tribunal de Quiebras, mediante la que concedió la solicitud

de rechazo del contrato entre SIMAH y CMI, tuvo el efecto

de

que

el

quiebras,

equipo

dejando

paralización

solicitó

de

CMI

inoperante

automática;3

operar

quedara

las

(2)

fuera

la

que

facilidades

caudal

de

de

la

aplicación

cuando

sin

del

el

Departamento

limitaciones,

no

se

opuso ni rechazó el contrato de arrendamiento vigente;4 y

(3)

que

en

este

caso

se

daban

los

elementos

para

la

aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto.

Inconforme

Apelaciones,

el

con

la

determinación

Departamento

presentó

del

una

Tribunal

de

moción

de

reconsideración ante dicho foro, la cual fue declarada No

Ha Lugar mediante una Resolución del 13 de abril de 2005.

No conforme tampoco con esta determinación, el 12 de mayo

de 2005 el Departamento presentó ante nuestra consideración

un recurso de certiorari. En éste planteó, en síntesis, que

el Tribunal de Apelaciones había errado: (1) al no revocar

3

En cuanto a este punto, el foro apelativo señaló que,

al

rechazar

el

contrato,

se

creó

una

reclamación

administrativa no asegurada de CMI contra SIMAH por

incumplimiento de contrato. Esta reclamación comprende el

periodo desde que SIMAH y CMI suscribieron el contrato

hasta que SIMAH presentó su petición de quiebras. Esta

reclamación es independiente a la reclamación por los

cánones de arrendamiento adeudados por el Departamento

desde que obtuvo la posesión, uso, disfrute y control del

equipo.

4

En cuanto a este punto, el Tribunal de Apelaciones

explicó que no solamente el Departamento no se opuso al

contrato, sino que usó el equipo ya que éste era necesario

para operar las facilidades. El tribunal apelativo concluyó

que al igual que el Departamento paga la renta de las

facilidades y el salario de los empleados porque éstos son

gastos indispensables para operar las facilidades, debe

pagar por el uso de equipo considerado indispensable.

CC-2005-434

la

7

sentencia

recurrida

y

desestimar

sumariamente

la

demanda, a pesar de la inexistencia de un contrato escrito

que

vinculara

al

Estado;

(2)

al

resolver

que

era

de

aplicación la doctrina de enriquecimiento injusto, a pesar

de que la reclamación de CMI no dimanaba de un contrato

escrito con el Estado; y, (3) al resolver que la moción de

rechazo del contrato y abandono del equipo presentada por

SIMAH tuvo el efecto de excluir dicho contrato del caudal

en quiebra.

El 5 de agosto de 2005 denegamos el recurso referido.

El

24

de

agosto

de

2005

el

Departamento

solicitó

la

reconsideración de esa denegatoria, y el 4 de noviembre de

2005 reconsideramos y expedimos el recurso solicitado. El

31 de enero de 2006 notificamos a las partes que el caso

había

quedado

beneficio

de

sometido

la

para

comparecencia

su

de

adjudicación.

éstas,

Con

procedemos

el

a

resolver.

II.

El artículo 1 de la Ley Núm. 18 del 30 de octubre de

1975, 2 L.P.R.A. sec. 97 et seq, según enmendada por la Ley

Núm. 127 del 31 de mayo de 2004, dispone que:

Las entidades gubernamentales y las entidades

municipales del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

sin

excepción

alguna,

mantendrán

un

registro de todos los contratos que otorguen,

incluyendo enmiendas a los mismos, y deberán

remitir copia de éstos a la Oficina de Contralor

dentro de los quince (15) días siguientes a la

fecha de otorgamiento del contrato o la enmienda.

CC-2005-434

En

Ocasio

8

v.

interpretamos

Alcalde

Mun.

de

dicha

disposición

D.P.R.

37,

establecimos

los

Maunabo,

y

121

requisitos formales a seguirse al momento de contratar con

un ente gubernamental, a saber, que:

...(1) [los contratos] se reduzcan a escrito; (2)

se mantenga un registro fiel con miras a prima

facie establecer su existencia; (3) se remita

copia a la Oficina del Contralor como medio de

una doble constancia de su otorgamiento, términos

y existencias, y (4) se acredite la certeza de

tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado

quince (15) días antes. (Énfasis suprimido.)

Reiteradamente

hemos

expresado

que

estos

preceptos

demuestran la intención legislativa de crear un mecanismo

de cotejo y publicidad de los contratos gubernamentales.

Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, 147 D.P.R. 824,

830. La rigurosidad que se refleja en estas disposiciones

responde al gran interés del Estado en promover una sana y

recta

administración

pública

despilfarro,

la

corrupción

contratación

gubernamental.

mediante

la

y

amiguismo

Las

el

Marías

prevención

v.

del

en

la

Municipio

San

Juan, 159 D.P.R. 868, 875 (2003); Fernández & Gutiérrez v.

Mun. San Juan, supra, pág. 829.

Los

principios

previamente

mencionados

han

sido

aplicados en casos en que partes privadas contratan con

municipios. Hemos señalado que se presume que las partes

que así contratan, conocen la necesidad de conducirse de

acuerdo

con

las

especificaciones

de

la

ley.

Ocasio

v.

Alcalde Mun. de Maunabo, supra; Hatton v. Mun. de Ponce,

134 D.P.R. 1001 (1994); Fernández & Gutiérrez v. Mun. San

CC-2005-434

9

Juan, supra; Las Marías v. Municipio San Juan, supra; Ríos

v. Municipio Isabela, 159 D.P.R. 839 (2003). El propósito

que se persigue es que las partes privadas ejerzan un rol

más activo al contratar con los municipios y exijan “prueba

fehaciente de que el Gobierno cumplió con su deber”. Las

Marías v. Municipio San Juan, supra, pág. 880.

En el caso de autos, el Departamento ha alegado que no

procedía la reclamación instada por CMI, ya que no estaba

apoyada en un contrato por escrito y no se siguieron las

formalidades aplicables a la contratación gubernamental. El

Departamento ha citado, en apoyo de su planteamiento, los

principios antes esbozados. No le asiste la razón.

Según

señaláramos

anteriormente,

CMI

suscribió

un

contrato de arrendamiento de maquinaria con SIMAH para que

ésta instalara y usara dicho equipo en las facilidades que

administraba. Es luego, mediante la solicitud conjunta del

Departamento y SIMAH y a consecuencia de la orden emitida

por

el

Tribunal

de

Quiebras,

que

el

equipo

pasó

a

ser

controlado y administrado por el Departamento, por decisión

propia de éste. Como puede deducirse de lo anterior, CMI

nunca tuvo la intención de contratar con el Departamento.

El uso del equipo por parte del Departamento no surgió de

una negociación entre CMI y éste, sino que fue el resultado

de un procedimiento judicial formal ante el Tribunal de

Quiebras. Debido a que CMI nunca llevó a cabo un contrato

gubernamental, no tenía que cumplir con las formalidades

establecidas

para

éstos.

Por

lo

tanto,

tratándose

de

CC-2005-434

circunstancias

10

como

extraordinarias

las

descritas

anteriormente, no es de aplicación en el caso de autos la

jurisprudencia citada por el Departamento.

III.

El Departamento también nos ha planteado que erró el

Tribunal de Apelaciones al determinar que el equipo de CMI

quedó fuera del caudal de quiebras cuando se concedió la

solicitud de rechazo del contrato entre SIMAH y CMI. No

tiene razón el Departamento en su planteamiento. Veamos.

Al

presentar

una

petición

de

quiebra,

se

crea

inmediatamente un “bankruptcy estate” o caudal en quiebra,

el cual consiste de toda la propiedad que estará sujeta a

la

jurisdicción

del

Tribunal

de

Quiebras.

Para

poder

determinar los bienes que compondrán el caudal referido, el

deudor tiene la obligación de incluir junto a la petición

de quiebra un listado actualizado de sus activos y pasivos,

y de sus ingresos y gastos. 11 U.S.C. sec. 362(a)(B).

La presentación de dicha petición también conlleva la

paralización automática de diversos procedimientos contra

dicha parte. La paralización automática es una orden para

cesar todas las gestiones de cobro, retención, embargo o

ejecución de hipoteca contra una persona que ha solicitado

acogerse a la protección de la ley de quiebras. Dentro de

los procedimientos a los cuales aplicará la paralización

automática se encuentra “cualquier acción para obtener la

posesión de una propiedad que pertenezca al caudal o que

CC-2005-434

provenga

del

11

caudal,

o

para

ejercer

control

sobre

la

propiedad del caudal”. 11 U.S.C. sec. 362(a)(3).

El Código de Quiebras, en su sección 365, le da la

facultad

al

síndico

de

rechazar

ciertos

contratos,

si

estimare que no son de provecho para el caudal. Por su

parte, la sección 1107(a) le otorga esta misma facultad al

deudor. La decisión de rechazar un contrato se encuentra en

la

sana

discreción

del

deudor.

W.L.

Norton,

Norton

Bankruptcy Law and Practice 2d, Deerfield, Clark Boardman

Callaghan, 1994, Vol. 3, Sec. 39:32, págs. 39-68. Si un

contrato

es

rechazado,

beneficio

derivado

de

el

caudal

éste.

Es

pierde

decir,

todo

ese

interés

o

contrato

es

excluido y no forma parte del caudal.5

Cónsono con lo anterior, la sección 554 del Código de

Quiebras establece el derecho del síndico (o del deudor) de

abandonar una propiedad que considere una carga o que no

sea

beneficiosa

para

el

caudal.

El

abandono

de

una

propiedad ocurre después de que se celebre una vista, en la

cual las partes tienen oportunidad de expresarse en cuanto

a dicho abandono. Abandonar una propiedad tiene el efecto

de excluirla del caudal en quiebra.6

5

...[S]uch lease is deemed rejected, and the trustee

shall

immediately

surrender

such

nonresidential

real

property to the lessor. 11 U.S.C. 365(d)(4)(A).

6

...[U]pon the abandonment under section 554, the

trustee is simply divested of control of the property

because it is no longer part of the estate. Thus, the

abandonment constitutes a divesture of all of the estate’s

interest in the property. W.M. Collier, Collier on

Bankruptcy (A.N. Resnick y H.J. Sommers), 15th ed., New

York, Matthew

Bender,

2001,

Vol. 5, sec. 554.02, Págs.

554-5.

CC-2005-434

12

Sobre el concepto de abandono de una propiedad, en el

proceso de quiebra, el destacado tratadista William Miller

Collier expresa que:

Although section 554 does not especify to whom

property is abandoned, property may be abandoned

by the trustee, to any party with possessory

interest. Normally, the debtor is the party with

possessory interest. However, in some cases, it

may be some other party [...]. W.M. Collier,

Collier on Bankruptcy (A.N. Resnick y H.J.

Sommers), 15th ed., New York, Matthew Bender,

2001, Vol. 5, sec. 554.02, págs. 554-5.

En el caso ante nuestra consideración, SIMAH presentó

una moción para rechazar el contrato suscrito con CMI. En

dicha moción expresó que el referido contrato no era de

ningún valor para el caudal y por tanto, lo rechazaba.7

Además, SIMAH señaló que la propiedad sobre la cual versaba

el contrato debía ser considerada abandonada. Por último,

recalcó que ellos sólo tenían la posesión mediata de la

propiedad,

ya

que

la

posesión

inmediata

la

tenía

el

Departamento. Luego de analizar esta moción, el Tribunal de

Quiebras emitió una orden concediendo la petición referida.

Al

conceder

la

solicitud

de

arrendamiento

y

el

objeto

equipo

rechazo,

del

el

contrato

contrato

de

quedaron

fuera del caudal y por lo tanto, fuera de la jurisdicción

del Tribunal de Quiebras. Por esta razón, la paralización

automática no procede en cuanto a este contrato y equipo.

7

Como expresamos anteriormente, al rechazar el

contrato, SIMAH incumplió con el mismo. De esta manera se

creó una reclamación administrativa no asegurada de CMI

contra SIMAH, la cual comprende el periodo desde que

suscribieron el contrato hasta que SIMAH radicó su petición

de quiebras.

CC-2005-434

13

Aparentemente

consciente

de

lo

anterior,

el

Departamento argumentó que cuando un síndico abandona una

propiedad, la misma revierte al deudor. Sin embargo, los

casos a los cuales el Departamento ha hecho referencia no

son de aplicación aquí, ya que en el caso de autos fue el

mismo deudor quien solicitó que se considerada la propiedad

como

abandonada.

Además,

es

un

hecho

probado

que

la

posesión inmediata del equipo, residía en el Departamento.

Por lo tanto, no se cometió el error señalado.

IV

En

Tribunal

múltiples

tiene

ocasiones,

la

hemos

obligación

de

expresado

llenar

que

las

este

lagunas

existentes en la ley, conforme al mandato del artículo 7

del Código Civil. Dicho artículo dispone que

“[e]l Tribunal que rehúse fallar a pretexto de

silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley,

o por cualquier otro motivo, incurrirá en

responsabilidad.

Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal

resolverá conforme a equidad, que quiere decir

que se tendrá en cuenta la razón natural de

acuerdo con los principios generales del derecho,

y

los

usos

y

costumbres

aceptados

y

establecidos”. 31 L.P.R.A. sec. 7.

Véase, Rodríguez v. Pérez Santiago, supra; E.L.A. v. Cole,

res. el 13 de abril de 2005, 164 D.P.R. ___ (2005), 2005

TSPR 46, 2005 JTS 55; Colón v. Glamourous Nails, res. el 3

de febrero de 2006, 167 D.P.R. ___ (2006), 2006 TSPR 16,

2006

JTS

25;

Ortiz

Andújar

v.

E.L.A.,

122

D.P.R.

817

CC-2005-434

14

(1988); Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 157 D.P.R. 76

(2002).

El concepto de equidad en nuestro sistema de Derecho

se

encuentra

recogido

en

el

artículo

antes

mencionado.

“[L]a equidad implica más que una justicia estrictamente

legal, una justicia de tipo natural y moral”. J. Castán

Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Floral, 11ma Ed.,

Madrid, Editorial Reus S.A., 1975, Tomo 1, Vol. 1, pág.

483.

El

principio

de

equidad

en

nuestro

derecho

se

ha

basado en el concepto aristotélico de la mitigación de la

ley mediante la equidad para hacer la ley justa. Silva v.

Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 900 (1965). La equidad

nació precisamente de la necesidad de atemperar el rigor de

la norma mediante recurso a la conciencia del juzgador.

Rodríguez v. Pérez Santiago, res. el 14 de abril de 2004,

161 D.P.R. ___, 2004 TSPR 57, 2004 JTS 66, citando a Banco

Metropolitano

v.

Berríos,

110

D.P.R.

721

(1981).

Reiteradamente hemos expresado que “la equidad remite el

proceso decisional al mundo puro de los valores en busca de

la recta razón y del tuétano racional y moral del Derecho

donde reside el valor supremo de justicia”. Cruz Cruz v.

Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655, 660 (1978).

Con

relación

al

principio

de

equidad,

José

Castán

Tobeñas expresa que

[l]as ideas de justicia y equidad son esenciales

y consustanciales a la noción del Derecho, el

cual dejaría de cumplir sus finalidades morales y

sociales si no aspirase a realizar la justicia, y

no una justicia abstracta y teórica, sino una

justicia

realista

y

humana.

El

juez

debe

CC-2005-434

15

obediencia a la ley, y la mejor manera de

servirla

es

la

de

realizarla

en

su

idea

animadora, esto es en la justicia, que constituye

su más profundo contenido. J. Castán Tobeñas, La

formulación judicial del derecho: jurisprudencia

y arbitrio de equidad, Segunda Ed. Revisada,

Madrid, Ed. Reus, 1954, pág. 2527.8

Como señalamos anteriormente, en el singular caso que

tenemos

ante

nuestra

consideración,

el

Departamento

solicitó voluntariamente que se le concediera el control

absoluto

y

sin

limitaciones

de

las

facilidades

médico-

hospitalarias que administraba SIMAH. Para el momento en

que se presentó esta petición, tanto el Departamento como

CMI habían comparecido como acreedores de SIMAH ante el

Tribunal de Quiebras y el Departamento estaba al tanto del

contrato de arrendamiento vigente. Conociendo la obligación

que representaba dicho contrato, el Departamento continuó

administrando y controlando las facilidades, sin oponerse

al mismo.

Surge del expediente que CMI solicitó al Departamento

que

le

devolviera

los

equipos

o

le

pagara

el

correspondiente canon de arrendamiento. Dicha solicitud fue

ignorada,

a

pesar

de

que

el

Departamento

continuó

utilizando la maquinaria. Por otra parte, surge además que

el

Departamento

continúo

pagando

la

renta

de

las

facilidades y el salario de los empleados que trabajaban

allí

por

ser

indispensables

médico-hospitalarios

en

para

cuestión.

operar

En

los

sintonía

servicios

con

lo

8 Véase, además, López v. Atlantic Southern Ins. Co.,

158 D.P.R. 562, 579-80 (2003).

CC-2005-434

16

anterior, es claro que debía pagar también la renta del

equipo, por ser éste igualmente indispensable para lograr

los fines procurados por el Departamento. Debe recordarse

que

el

equipo

referido

pertenecía

a

CMI,

cuyo

negocio

consistía precisamente de alquilar dicho equipo a entidades

como SIMAH o como el Departamento.

Claro

está,

Departamento

cuestión,

proveer

es

menester

solicitó

procurando

servicios

tomar

administrar

promover

médicos

el

en

las

cuenta

que

el

facilidades

en

bienestar

esenciales

a

las

común,

para

comunidades

afectadas. Fue también motivo sustancial de su actuación

evitar

que

federales,

se

perdieran

como

por

las

ejemplo

licencias

la

de

y

certificaciones

Medicare.

Además,

es

importante recalcar que la transferencia del equipo se hizo

como parte del procedimiento judicial ante el Tribunal de

Quiebras. Tomando estos factores en consideración, forzoso

es

concluir

responsabilidad

que,

de

aunque

pagar

el

una

Departamento

renta

por

el

tiene

la

equipo,

no

podemos imponerle el mismo canon establecido en el contrato

entre SIMAH y CMI, que era de $17,000 mensuales, y que

resultó de las negociaciones puramente comerciales entre

dichas partes. No sólo sería excesivamente oneroso para el

ELA pagar tal canon, sino que debe considerarse también que

a CMI le conviene que el Departamento se haga cargo de

continuar el arriendo del equipo en cuestión.

Por los fundamentos expuestos, procede confirmar en

parte la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto al

CC-2005-434

deber

17

del

Departamento

de

pagar

algún

canon

de

arrendamiento razonable por el uso del equipo en cuestión y

revocar

en

parte

en

cuanto

al

monto

de

los

cánones

adeudados. Procede devolver el caso al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, para que determine la

cantidad a desembolsar tomando en consideración cuál sería

el

canon

que

el

Departamento

hubiese

acordado

pagar

de

haber negociado dicho contrato, el estado de depreciación

de los equipos, y otras consideraciones pertinentes.

Se dictará una sentencia conforme a lo resuelto aquí.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CMI Hospital Equipment

Corp.

Recurrido

vs.

CC-2005-434

Certiorari

Departamento de Salud,

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Etc.

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente

Sentencia,

se

confirma

en

parte

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región

Judicial de San Juan, en cuanto al deber del

Departamento de pagar algún canon de arrendamiento

razonable por el uso del equipo en cuestión y

revocar en parte en cuanto al monto de los cánones

adeudados.

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, para que

determine la cantidad a desembolsar tomando en

consideración

cuál

sería

el

canon

que

el

Departamento

hubiese

acordado

pagar

de

haber

negociado dicho contrato, el estado de depreciación

de los equipos, y otras consideraciones pertinentes.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Rebollo López y la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez concurren sin opinión escrita.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo