LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez de Oller v. Transamerica Occidental Life Insurance Company

2007 TSPR 98

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rodríguez de Oller v. Transamerica Occidental Life Insurance Company

CC-2006-0437

Seguros- Actuaciones del Agente General en representación de la compañía aseguradora; Doctrinas de renuncia e impedimento en contratos de seguros.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Rodríguez de Oller

Demandante-Peticionaria

Certiorari

vs.

2007 TSPR 98

Transamerica Occidental Life

Insurance Company

171 DPR ____

Demandada-Recurrida

Número del Caso: CC-2006-437

Fecha: 30 de mayo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Juez Ponente:

Hon. Pierre E. Vivoni del Valle

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. René Pinto-Lugo

Lcdo. Luis Ramón Ortiz Segura

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcda. Jorge Bermúdez Torregrosa

Materia: Sentencia Declaratoria e Incumplimiento de Contrato.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Rodríguez de Oller

Demandante-Peticionaria

vs.

CC-2006-437

Certiorari

Transamerica Occidental Life

Insurance Company

Demandada-Recurrida

Opinión del

BERLINGERI.

Tribunal

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.

I.

El 19 de julio de 1993 Transamerica Occidental

Life Insurance Company (en adelante Transamerica o

la aseguradora) emitió una póliza de seguro de vida

a favor de Rafael Oller Cestero (en adelante Oller),

con límites de $1,000,000 pagaderos a su viuda en la

eventualidad de la muerte del asegurado. Para esa

fecha, el señor Humberto Torres (en adelante Torres

o

el

agente)

fungía

como

agente

general

de

Transamerica.

El 21 de agosto de 1996 Oller cursó una misiva

a

Torres

cancelar

mediante

la

devolvieran

la

póliza

los

cual

expresó

referida

valores

y

su

deseo

de

que

acumulados

en

se

de

le

ésta.

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2

Torres le recomendó no cancelar la póliza sino, mas bien,

dejarla caducar con el transcurso del término dispuesto para

el pago de la prima del año 1996-97,1 pues ello le brindaría

aproximadamente un año adicional de protección. Oller acogió

la recomendación del agente, por lo que su póliza no fue

cancelada.

Durante el transcurso del año 1996-97, Transamerica le

envió varias cartas a Oller notificándole la falta de pago.

El 21 de julio de 1997 la aseguradora le envió una última

notificación y le indicó que, de no recibirse el pago de la

prima adeudada para el 21 de agosto de 1997, la póliza en

cuestión

caducaría.

No

obstante,

mediante

una

carta

recibida el 24 de julio de 1997 en las oficinas de Torres,

Transamerica le informó a Oller que la póliza tenía valores

acumulados de $2,571.58 al 18 de julio de 1997; y que desde

julio de 1996 a julio de 1997 se habían hecho pagos de la

prima mediante trece deducciones mensuales de los valores

que

existían

entonces,

de

$505.65

cada

una.

En

dicha

carta, además, se estableció un pago similar para el nuevo

año de la póliza de 1997-98.

Así

las

cosas,

el

21

de

octubre

de

1997

Oller

falleció, por lo que su viuda, Carmen Rodríguez de Oller

(en adelante la viuda o Rodríguez de Oller), procedió a

tramitar la reclamación de los beneficios de la póliza de

seguro referida antes.

Torres contestó la reclamación de

la viuda indicándole que creía que la póliza estaba vigente

1

El año 1996-97 comprendía desde el 19 de julio de

1996 hasta el 19 de julio de 1997.

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3

a la fecha en que Oller falleció.

Procedió entonces a

gestionar el pago de los beneficios correspondientes. Sin

embargo, Transamerica se negó a pagarlos, por entender que

la póliza había caducado previo al deceso del asegurado.

Ante la negativa de Transamerica de pagar los beneficios,

el 22 de abril de 1998, Torres, en su función de agente

general,

remitió

una

comunicación

en

papel

timbrado

de

Transamerica a Marilyn Platt, examinadora del Departamento

de Reclamaciones de Transamerica. Le indicó que, de acuerdo

con la carta de la compañía recibida el 24 de julio de

1997, entendía que la póliza en cuestión estaba vigente al

momento

de

la

muerte

de

Oller,

ya

que

dicha

póliza

reflejaba en ese momento un valor acumulado de $2,613.29,

lo

cual

permitiría

realizar

deducciones

mensuales

de

$505.65 para el pago de la prima por al menos cuatro meses

más. A pesar de los múltiples intentos de

Torres para

lograr que se honrara la póliza, Transamerica se negó a

pagar.

Rodríguez de Oller acudió entonces ante el Tribunal de

Primera

Instancia,

donde

presentó

una

demanda

sobre

sentencia declaratoria e incumplimiento de contrato contra

Transamerica. En ésta, alegó que Oller obtuvo una póliza de

seguro de vida de Transamerica con cubierta de $1,000,000;

que estaba vigente a la fecha de la muerte del asegurado, y

que la aseguradora se había negado a pagar los beneficios

correspondientes.

La

aseguradora

contestó

la

demanda

y

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adujo

4

como

defensa

que

Oller

había

incumplido

con

las

disposiciones de la póliza.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

Transamerica

presentó ante el foro primario una solicitud de sentencia

sumaria, mediante la cual argumentó que la póliza expedida

al asegurado contenía dos requisitos sobre su vigencia y

que el incumplimiento de cualquiera de ellos ocasionaba que

la

póliza

caducara

automáticamente,

a

saber:

1)

que

el

valor acumulado de la póliza se mantuviera siempre con un

balance suficiente para cubrir la deducción mensual (costo

o prima mensual de la póliza) que vencía cada mes2; y 2) el

pago de la prima anual requerida de $8,000 durante los

primeros diez años de la póliza, que tenía que hacerse

independientemente de que el valor acumulado fuese adecuado

o suficiente para cubrir las deducciones del costo mensual

de la póliza. Adujo también Transamerica que el 21 de julio

de 1997, le remitió una notificación final a Oller, en la

cual le informó que éste adeudaba $6,000 correspondientes

al balance de la prima anual requerida al final del cuarto

año de la póliza y que el pago por dicha cantidad tenía que

ser recibido por Transamerica en o antes del 21 de agosto

de 1997 para que la póliza no caducara.

Sostuvo que a

pesar

acumulado

de

cantidad

de

de

$2,571.58

que

y

la

que

se

póliza

estaba

tenía

un

valor

satisfaciendo

la

$505.65 para el pago única y exclusivamente de las primas

mensuales adeudadas –relacionadas éstas con la cubierta de

2

Para la fecha que aquí nos concierne, la deducción

mensual era de $505.65.

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5

la mortalidad de la póliza– la retención de los $505.65

estaba completamente separada y no tenía relación alguna

con la prima anual requerida de $8,000.3

Rodríguez de Oller presentó un escrito de oposición a

la petición de sentencia sumaria. En éste, argumentó que

las actuaciones de Torres y Transamerica habían modificado

las

condiciones

para

el

pago

de

la

póliza,

a

fin

de

mantenerla en vigor y cobrar las primas. Adujo que las

deducciones mensuales que la aseguradora estuvo haciendo

por más de un año, en adición a la fijación del pago para

el nuevo año de la póliza de 1997-98 evidenciaban dicha

modificación.

La viuda expuso que como consecuencia de la

modificación en los términos de la póliza, ésta se mantuvo

vigente a base de las deducciones mensuales de $505.65 que

Transamerica estuvo debitando contra el valor acumulado en

3

La aseguradora sustentó su moción de sentencia

sumaria con declaraciones juradas de Platt y Torres,

quienes adujeron que la póliza en contienda había caducado

por el incumplimiento de los términos expresos del

contrato. Valga resaltar que hasta ese momento, la posición

de Torres había sido sumamente firme en establecer que la

póliza estaba vigente a la fecha en que el asegurado murió.

No fue sino hasta que se presentó la demanda, que Torres

cambió de parecer a los efectos de asumir la misma posición

que su principal.

Además, el 28 de febrero de 2002, el

Tribunal de Primera Instancia emitió una Minuta-Resolución,

en la cual expresó: “El Tribunal ha examinado el expediente

en su totalidad y de la discusión de las mociones así como,

especialmente, de la declaración jurada suscrita por el

agente de Transamerica en apoyo de su solicitud de

sentencia sumaria vis-a-vis la comunicación efectuada por

dicho agente el día 22 de abril de 1998, el Tribunal

concluye

y

determina

que

en

esta

etapa

de

los

procedimientos como cuestión de hecho concluimos que

conforme a la antes referida comunicación, el señor Torres

hizo representaciones de agencia conforme la relación

contractual legítima existente”. La demandada no apeló esta

resolución.

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6

la póliza. Razonó que según surgía de la carta enviada por

Transamerica, la cual se recibió el 24 de julio de 1997, la

póliza tenía valores ascendientes a $2,571.58, cantidad que

representaba

por

lo

menos

cinco

meses

adicionales

de

cubierta, o sea, hasta aproximadamente el 19 de diciembre

de 1997, dos meses después de la muerte del asegurado.

En su escrito, la viuda hizo referencia también a las

actuaciones de Torres como agente general de Transamerica,

las cuales alegadamente obligaban a la compañía de seguros.

En específico, hizo referencia a la carta escrita en papel

timbrado de Transamerica y dirigida a Platt, en la cual

Torres expresó “it is my understanding that coverage for at

least the next four months will continue based on the fund

value”. Rodríguez de Oller argumentó que esta comunicación

constituía la opinión de la persona que en efecto diseñó y

explicó el programa de seguros a Oller, por lo cual debía

tener gran valor probatorio.

Luego de considerar ambas peticiones, el Tribunal de

Primera

Instancia

dictó

sentencia

sumaria

a

favor

de

Rodríguez de Oller, mediante la cual ordenó a Transamerica

satisfacer a la demandante $1,000,000. Dicho foro entendió

que

Torres,

como

agente

general,

había

modificado

los

términos y condiciones de la póliza al hacer deducciones de

sus

valores

acumulados

para

pagarla,

por

lo

cual

dicha

póliza estaba vigente al momento de la muerte de Oller.

Resolvió,

además,

que

las

actuaciones

y

expresiones

del

agente, al tramitar la reclamación luego de la muerte del

CC-2006-437

7

asegurado, impidieron que Transamerica alegara la caducidad

de la póliza por falta de pago de la prima anual requerida.

El foro primario determinó, además, que Transamerica fue

temeraria al negar su responsabilidad conforme la póliza

expedida, por lo que le impuso el pago de intereses, más

$50,000 por concepto de honorarios de abogado.

Inconforme

Transamerica

con

acudió

la

determinación

ante

el

del

Tribunal

foro

de

primario,

Apelaciones

mediante un escrito de apelación. El foro intermedio revocó

el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y dictó una

sentencia sumaria a favor de Transamerica.

Determinó que

los términos del contrato de seguro en cuestión eran claros

y que las actuaciones del agente de Transamerica no los

había modificado. Resolvió también que la aseguradora no

había sido temeraria, sino que había actuado conforme a

derecho.

De dicha determinación, Rodríguez de Oller acudió ante

nosotros y planteó lo siguiente:

1. Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

en

su

determinación de que la póliza contratada por

el señor Oller caducó en su cuarto año por éste

no haber pagado la prima de $8,000 anuales. La

compareciente

demostró

con

hechos

no

controvertidos que Transamerica mantuvo en todo

momento vigente la póliza, que desde agosto de

1996 dedujo mensualmente la cantidad de $505.65

contra el valor acumulado de la póliza de

$8,128.26 y que en julio de 1997 la aseguradora

estableció como pago para el nuevo año póliza

la

cantidad

de

$505.65.

Estos

actos

constituyeron una renuncia de la cláusula de

caducidad por falta de pago y una modificación

a los términos y condiciones de la póliza, las

cuales tuvieron el efecto de mantener vigente

la misma.

CC-2006-437

8

2. Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

en

su

determinación en cuanto a que del contrato

entre Transamerica y el agente Humberto Torres

surge claramente que el señor Torres es un

contratista independiente y de que no tenía

autoridad para alterar, modificar o cambiar los

términos y condiciones de la póliza. Las

representaciones realizadas por el señor Torres

obligan a la compañía de seguro por cuanto las

mismas fueron expresadas en su calidad de

agente general con autoridad en virtud de una

relación contractual legítima y existente con

Transamerica.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que la póliza, las declaraciones juradas y las

cartas emitidas por Transamerica establecen con

claridad la existencia de un derecho para

Transamerica. Consta de autos que estos hechos

fueron controvertidos por la demandante, quien

precisamente

estableció,

como

no

controvertidos, el hecho de que los términos y

condiciones de la póliza fueron modificados por

las

actuaciones

y

representaciones

de

Transamerica y su agente general Humberto

Torres.

4. Erró el Tribunal de Apelaciones al dictar

sentencia sumaria a favor de Transamerica. De

haber encontrado controversias de hechos entre

las aseveraciones del agente Humberto Torres en

sus

declaraciones

juradas

realizadas

en

atención al litigio y sus actuaciones coetáneas

a la reclamación, debió haber devuelto el caso

al TPI para trámites ulteriores y vista

evidenciaria.

5. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar

que el Tribunal de Primera Instancia abusó de

su discreción al concluir que Transamerica fue

temeraria e imponer intereses y honorarios de

abogado.

El

23

solicitado.

de

junio

de

2006

expedimos

el

recurso

Contando con la comparecencia de ambas partes,

pasamos a resolver.

CC-2006-437

9

II.

Por estar íntimamente relacionados, se discuten los

primeros tres señalamientos de error de manera conjunta.

A. Agente general

En Puerto Rico, la figura del agente de seguros está

reglamentada en el Código de Seguros, donde se define al

agente como la persona, razón social o corporación nombrada

por un asegurador para gestionar solicitudes de seguros o

negociar seguros en su nombre, y si fuere autorizada para

ello por el asegurador, para efectuar y refrendar contratos

de

seguros.

26

L.P.R.A.

sec.

901.

Dicho

agente

“es

el

asesor del asegurado, a quien guía... para la efectividad

de sus derechos, y en otras ocasiones es el hombre bueno

que

interviene

amistosamente

entre

la

compañía

y

el

asegurado para zanjar felizmente los reparos y reservas del

asegurador y aconsejar objetivamente al asegurado sobre el

alcance justo de su derecho”. L. Benítez de Lugo

Reymundo,

Tratado de Seguros, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955,

Vol. 1, pág. 204.

Por

otro

lado,

conforme

al

Código

de

Seguros,

agente general

“es una persona nombrada o contratada por un

asegurador como contratista independiente o por

comisión, total o parcialmente, con poderes o

deberes

generales

para

inspeccionar

el

otorgamiento y las operaciones de servicio de

pólizas del asegurador, nombrar agentes para el

asegurador y llevar a cabo otras funciones que

se confieran a agentes generales por la

costumbre de la clase o clases de seguros

hechos o el tipo de asegurador representado”.

26 L.P.R.A. sec. 334.

el

CC-2006-437

El

agente

10

general

posee

pleno

poder

para

vincular

al

asegurador debido a que su conducta, para todos los efectos

legales, equivale a la conducta de éste. 7 Holmes' Appleman

on Insurance 2d, sec. 46.1, págs. 186-90 (1998).

Un agente general se encuentra situado en los “zapatos

de

su

principal”

y,

de

ordinario,

tiene

autoridad

coextensiva con aquélla del asegurador. Como regla general,

está

autorizado

para

aceptar

riesgos,

establecer

los

términos de los contratos de seguro, cambiar y modificar

los

términos

pólizas,

de

las

renovar

modificativos

tanto

pólizas

viejas

en

existentes,

pólizas

pólizas

y

nuevas

emitir

hacer

como

en

nuevas

endosos

las

ya

existentes. Id. a la sec. 46.3, págs. 204-5.

La autoridad de un agente general para vincular al

asegurador puede ser tanto real como aparente. Es real si

el agente efectivamente está autorizado para llevar a cabo

las

actuaciones

agente

posee

razonablemente

que

pretende

autoridad

podría

realizar.

aparente

creer

que

En

si

dicho

cambio,

una

dicho

persona

agente

está

autorizado para llevar a cabo determinadas actuaciones o

para hacer determinadas declaraciones, aunque en realidad

no esté autorizado para ello. Id. a las págs. 218-9.

En

ausencia

de

notificación

al

asegurado

de

limitaciones impuestas a la autoridad del agente general,

sus actuaciones, acuerdos y representaciones

vincularán a

su principal, aunque éstas contravengan las instrucciones

dadas o restricciones impuestas a su autoridad, y aunque el

CC-2006-437

11

agente esté honestamente equivocado al hacerlas.

Id. a las

págs. 204-5; 8 Holmes' Appleman on Insurance 2d, sec. 50.7,

págs. 187-8 (1998).

B. Doctrinas de renuncia e impedimento

Como

se

sabe,

los

contratos

de

seguro,

por

ser

contratos de adhesión, se interpretan liberalmente a favor

del asegurado. Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R.,

95 D.P.R. 759, 765 (1968); Barreras v. Santana, 87 D.P.R.

227 (1963). Están sujetos, más que cualquier otro contrato

bilateral,

a

la

influencia

y

modificación

que

sobre

el

texto produce la intención y el propósito de las partes.

Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 D.P.R.

1 (1981).

Reconociendo

la

importancia

de

la

protección

que

brindan los seguros al bienestar de los ciudadanos, por

consideraciones

de

política

pública,

los

tribunales

no

favorecen la caducidad de los contratos de seguro. Tampoco

favorecen

la

caducidad

por

falta

de

pago

de

primas.

5

Holmes' Appleman on Insurance 2d, sec. 28.3, págs. 328-9

(1998); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.

Es

claro,

(waiver)

e

aplicación

además,

que

impedimento

en

el

las

doctrinas

(estoppel)

campo

de

los

son

seguros

de

renuncia

de

especial

debido

a

la

naturaleza de adhesión de estos contratos. Id.

La

doctrina

intencional

o

la

de

renuncia

cesión

implica

voluntaria

de

el

un

abandono

derecho

o

CC-2006-437

12

privilegio. Esta doctrina, la cual se basa en la conducta

del asegurador, conlleva el conocimiento de dicho derecho o

privilegio y la intención de abandonarlo. López v. Atlantic

Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Rosario v. Atl.

Southern

Ins.

Co.

of

P.R.,supra;

5

Holmes'

Appleman

on

Insurance 2d, supra a la sec. 28.2, pág. 322-7. La renuncia

referida puede ser tanto explícita como implícita, y puede

ser

manifestada

mediante

conducta

o

palabras,

ya

sea

de

impedimento

se

ha

verbalmente o por escrito. Id.

Por

otro

lado,

la

doctrina

definido como la abolición de derechos y privilegios del

asegurador cuando fuera contrario a la equidad permitir su

afirmación. Esta doctrina requiere demostrar que una de las

partes

en

la

transacción

ha

confiado

en

la

apariencia

creada por la otra y que resultaría en detrimento para la

primera permitir que la segunda renuncie a los efectos de

la apariencia creada. Id., a la pág. 322; López v. Atlantic

Southern Ins. Co.,supra.

En

materia

de

seguros,

el

ordenamiento

jurídico

ha

establecido que estas doctrinas se extienden prácticamente

a

cualquier

situación

responsabilidad.

en

Dichas

la

cual

el

asegurador

doctrinas

se

han

niegue

utilizado

en

diversas situaciones para demostrar que los aseguradores

han

renunciado

ellos

en

los

a

términos

contratos

Southern Ins. Co., supra.

y

de

condiciones

seguros.

estipuladas

López

v.

por

Atlantic

CC-2006-437

13

No sólo se han extendido estas doctrinas a condiciones

y

cláusulas

específicas

del

contrato

de

seguro,

sino

también a actos, costumbres y conducta realizada por el

asegurador y sus agentes. Así, las condiciones relativas a

la

caducidad

y

suspensión

de

las

pólizas

pueden

ser

entendidas renunciadas por los aseguradores en virtud de

estas

doctrinas,

a

través

de

sus

actos

o

los

de

sus

agentes. Esto impide que posteriormente los aseguradores

puedan

levantar

dichas

condiciones

contra

el

asegurado.

Id.; 5 Holmes' Appleman on Insurance 2d, supra a la sec.

28.2, pág. 322.

Con base a estas doctrinas, se ha resuelto que cuando

el asegurador o sus agentes establecen una costumbre sobre

el pago de primas distinta a lo expresado en el contrato

escrito, el asegurador no puede luego valerse de la letra

escrita

del

contrato

sobre

el

particular

en

contra

del

asegurado, aun cuando el contrato diga que los agentes no

están autorizados para variar los términos del contrato.

Esto, ya que dicha costumbre o práctica sobre el pago de

primas crea en el asegurado una expectativa razonable de

que ésta se seguirá observando. Id. a las págs. 340, 367; 8

Holmes' Appleman on Insurance 2d, supra

a la sec. 50.7,

pág. 191; Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.

C.

En

el

caso

de

autos,

basándose

en

las

doctrinas

referidas de renuncia e impedimento, la demandante alegó

CC-2006-437

14

que aunque Oller no realizó el pago de la prima de la forma

estipulada

póliza

en

el

contrato,

vigente

en

todo

Transamerica

momento

mediante

mantuvo

las

dicha

deducciones

mensuales que estuvo haciendo de los valores acumulados en

la misma. Le asiste la razón. Veamos.

El

contrato

de

seguro

ente

Transamerica

y

Oller

establecía claramente que este último tenía que pagar una

prima

anual

de

$8,000

por

los

primeros

diez

años

de

vigencia de la póliza o que de lo contrario, dicha póliza

caducaría. De esta cláusula se desprende indudablemente que

ante la falta de pago de dicha prima, Transamerica tenía el

derecho a dar por cancelada la póliza.

Mediante una misiva enviada a su agente de seguros,

Oller expresó su deseo de cancelar la póliza, ya que no

interesaba seguir pagando las primas en cuestión. Cónsono

con su interés, el asegurado dejó de pagar dichas primas.

Sin

embargo,

Transamerica,

por

conducto

de

su

agente

general Torres, en lugar de ejercer su derecho y dar por

cancelada la referida póliza, decidió mantenerla vigente a

base de un cambio en la forma en que ésta se pagaba. En vez

de mantener la póliza en vigor mediante el pago de la prima

anual requerida de $8,000 según estaba estipulado en el

contrato,

Transamerica

la

mantuvo

vigente

solamente

mediante las deducciones o débitos que por más de un año

estuvo haciendo de los valores acumulados. Al actuar así,

estableció un patrón sobre el pago de primas distinto a lo

expresado

en

el

contrato

escrito,

por

lo

cual

debe

CC-2006-437

15

estimarse que renunció a su derecho a invocar la caducidad

de la póliza por el incumplimiento de los términos y las

condiciones expresas del contrato.

Como consecuencia de esta modificación en la forma de

pagar la póliza, Transamerica siguió cobrando su prima de

los valores acumulados en la misma. Sin embargo, una vez

falleció el asegurado y su viuda reclamó los beneficios

bajo

la

póliza

referida,

la

aseguradora

pretendió

convenientemente invocar el derecho previamente renunciado

y aducir como defensa que el asegurado no se circunscribió

a lo expresamente estipulado en el contrato. Pero, por lo

señalado

antes,

la

invocar tal derecho.

doctrina

de

impedimento

le

impedía

Los valores acumulados en la póliza

al momento de la muerte de Oller eran suficientes para

cubrir el pago de la prima hasta dos meses posteriores a

tal fecha. El asegurado y la beneficiaria confiaron en la

apariencia creada por Transamerica de que el contrato de

seguros

se

mensuales

mantenía

que

ésta

vigente

a

base

de

las

deducciones

hacía.

Resultaría

en

un

injusto

detrimento a éstos permitirle a la aseguradora renunciar a

los efectos de la apariencia de vigencia que ella misma

creó.

Más aun, una vez enterado de la muerte del asegurado,

el agente general de Transamerica le facilitó a la viuda

todos los documentos necesarios para la tramitación de los

beneficios bajo la póliza. Torres, quien había diseñado la

referida póliza y trabajaba con otras similares a diario,

CC-2006-437

16

hizo expresiones a los efectos de aseverar que basándose en

las deducciones mensuales de $505.65, la póliza de Oller

debía haberse mantenido vigente hasta dos meses después de

su muerte. Actuando de acuerdo a su entender, éste, en

calidad de agente general, gestionó afirmativamente el pago

de los beneficios. Valga resaltar que la póliza de seguros

de Oller no contenía ninguna limitación en cuanto a la

autoridad del agente. Incluso, Transamerica nunca cuestionó

en el foro de instancia la autoridad de su agente general

ni

alegó

que

éste

actuó

de

forma

ultra

vires.

Por

el

contrario, de la deposición tomada a Torres surge que éste

estaba

plenamente

capacitado

para

hacer

determinaciones

sobre la vigencia de la póliza, conocía ampliamente los

términos y condiciones del contrato de autos y tenía la

autorización de su principal para hacer las expresiones que

hizo. De este modo, sus actuaciones como agente general de

Transamerica le son imputables a esta última por ser su

principal.

Por

consiguiente,

es

claro

en

derecho

que

procede resolver, con arreglo a las doctrinas de renuncia e

impedimento, que el contrato de seguro entre Transamerica y

Oller estaba vigente a la fecha en que este falleció.

Es importante destacar, además, que nuestra conclusión

de que la póliza de seguro de vida de Oller estaba vigente

a la fecha de su muerte está en sintonía con el hecho de

que

Transamerica

cancelación,

ni

nunca

devolvió

misma. Nos explicamos.

envió

los

una

valores

notificación

de

acumulados

la

en

CC-2006-437

17

En un sinnúmero de jurisdicciones se ha examinado el

lenguaje y

el momento en que se hace la notificación de

cancelación para decidir si efectivamente las pólizas en

controversia han sido canceladas, o si en realidad no ha

habido

una

cancelación,

sino

un

simple

requerimiento

de

pago. De acuerdo a este reiterado análisis, se ha resuelto

que cuando la notificación de cancelación establece que la

póliza será cancelada en una fecha en específico a menos

que las primas adeudadas sean pagadas previo a esa fecha,

dicha notificación no se considerará como una notificación

de

cancelación,

pago.

Una

sino

meramente

notificación

de

como

un

cancelación

requerimiento

no

puede

de

expresar

simplemente una intención de cancelar dicha póliza en el

futuro, sino que la misma tiene que informarle al asegurado

de forma clara, inequívoca y con certeza que en efecto su

póliza ha sido cancelada. 6 Holmes' Appleman on Insurance

2d, supra a la sec. 40.24, pág. 512; Norman v. State Farm

Mut.

Auto.

National

Ins.

Mutual

Co.,

33

Casualty

P.3d

530

Insurance

(2001);

Pennsylvania

Co.

Person,

v.

297

S.E.2d 80 (1982); Travelers Ins. Co. v. Jenkins, 285 So.2d

839 (1973); Mitchell v. Burnett, 272 N.E.2d 393 (1971);

Ellzey v. Hardware Mutual Ins. Co. of Minnesota, 40 So.2d

24

(1st

Cir.)

(1949);

McNellis

v.

Aetna

Ins.

Co.,

176

Ill.App. 575 (1913).

En el presente caso, la última comunicación recibida

de la aseguradora antes del fallecimiento de Oller, fue la

carta

de

Transamerica

a

los

efectos

de

informarle

al

CC-2006-437

18

asegurado que debía $6,000 por concepto de la prima anual

requerida y que dicho pago debía ser recibido antes del 21

de agosto de 1997 o que de otro modo la póliza caducaría.

Esta

misiva

no

constituyó

otra

cosa

que

un

mero

requerimiento de pago. Se desprende de los hechos que la

intención de la aseguradora no era dar por terminado el

contrato, sino precisamente mantenerlo vigente e incitar al

asegurado a

pagar la prima anual. Esto se evidencia con el

lenguaje de la referida notificación, la cual expresaba:

Your

life

insurance

is

in

danger

of

lapsing...The premiums paid in to date (less

any

Partial

Surrenders

taken)

have

been

$26,000.00, leaving a minimum payment due of

$6,000.00.

Payment must be received in our

office by August 21, 1997, or your policy will

lapse.

Please take a few minutes to write us a

check...We appreciate your business.

Please

act now to keep your life insurance in full

force and effect.

Evidentemente esta última comunicación con Oller no

tuvo

el

efecto

Transamerica

de

nunca

cancelar

informó

la

que

póliza

la

en

póliza

contienda.

había

sido

efectivamente cancelada. No fue hasta que la viuda reclamó

los beneficios al amparo de dicha póliza que la aseguradora

convenientemente

expresó

por

primera

vez

que

ésta

había

sido cancelada.

La aseguradora tampoco devolvió los valores acumulados

ni

sus

intereses

a

la

fecha

en

que

ésta

adujo

que

el

CC-2006-437

19

contrato terminó.4 Esto, a pesar de que se ha establecido

claramente

que

cuando

la

cancelación

de

la

póliza

se

efectúa a iniciativa de la aseguradora, la devolución de

los

valores

validarla.

o

la

L.M.

prima

no

Villaronga,

devengada

es

Seguros,

Vol.

necesaria

para

62,

Jur.

Rev.

U.P.R., pág. 956 (1993). Ello nos reitera que la póliza no

fue

cancelada,

y

que

los

valores

acumulados

no

fueron

devueltos pues se utilizaron para efectuar las deducciones

mensuales

de

$505.65

que

mantuvieron

la

póliza

vigente

hasta por lo menos el mes de diciembre de 1997, cuando

dichos valores acumulados se debieron haber agotado. Estos

hechos,

pues,

demuestran

también

que

la

póliza

en

controversia estaba vigente para la fecha del deceso de

Oller.

III.

En su cuarto señalamiento de error, Rodríguez de Oller

alegó

que

erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

dictar

sentencia sumaria a favor de Transamerica. Le asiste la

razón.

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria se provee

un remedio rápido y eficaz por vía de sentencia cuando la

parte que la promueve puede acreditar ante el tribunal que

4

Aunque en uno de sus escritos Transamerica argumentó

que no se le devolvió ese dinero al asegurado ya que el

contrato de la póliza contenía una penalidad por concepto

de cancelación, ésta no presentó evidencia a tales efectos,

ni en momento alguno notificó al asegurado que estaría

reteniendo dichos valores por concepto de la referida

penalidad.

CC-2006-437

no

existe

hechos

20

una

controversia

materiales

del

genuina

litigio.

con

Por

relación

a

los

consiguiente,

la

celebración de un juicio en su fondo es innecesaria ya que

lo único que resta es aplicar el derecho. Consejo Tit. C.

Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538, 548 (1991).

Este

mecanismo

resulta

ser

de

gran

utilidad

en

el

descongestionamiento de los calendarios judiciales. Padín

v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971).

En el caso de autos, ambas partes adujeron ante el

Tribunal

de

Primera

Instancia

que

no

existía

una

controversia real sustancial de hechos, por lo que cada

cual solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.

Tanto

el

foro

primario

como

el

tribunal

intermedio

estuvieron de acuerdo en que el caso de autos no ameritaba

la

celebración

adjudicaron

de

sus

un

juicio

méritos

en

su

fondo,

basándose

en

las

por

lo

que

peticiones

de

sentencia sumaria. La diferencia de criterio entre dichos

foros surgió al determinar a que parte le favorecía el

derecho en este caso.

Aunque efectivamente en el presente caso no existía

una controversia sustancial de hechos que impidiera dictar

sentencia

de

forma

sumaria,

el

tribunal

a

quo

erró

al

aplicar el derecho y resolver a favor de la aseguradora. A

tenor

dictar

con

lo

antes

sentencia

Rodríguez de Oller.

expuesto

sumaria

a

en

esta

favor

opinión,

de

la

procedía

demandante,

CC-2006-437

21

IV.

Finalmente,

la

parte

demandante

señaló

que

erró

el

Tribunal de Apelaciones al determinar que el Tribunal de

Primera Instancia abusó de su discreción al concluir que

Transmerica fue temeraria. El referido error se cometió.

La

imposición

naturaleza

idéntica

de

a

honorarios

la

de

imposición

abogado

de

es

de

intereses

por

temeridad. Como es harto conocido, estos proceden cuando la

parte

perdidosa

penalizar

a

obstinación,

ha

aquel

sido

temeraria.

litigante

terquedad,

Ambos

perdidoso

contumacia

e

persiguen

que

insistencia

por

su

en

una

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e

inconveniencias de un pleito. O.E.G. v. Román, 159 D.P.R.

401, 418 (2003); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690,706

(2002).

La determinación de si una parte ha actuado o no con

temeridad descansa en la discreción del tribunal, por lo

que los tribunales revisores sólo intervendrán cuando surja

de tal actuación un claro abuso de discreción. P.R. Oil v.

Dayco, res. el 6 de abril de 2005, 164 D.P.R. ___ (2005),

2005 TSPR 41, 2005 JTS 47.

En el caso de autos la demandada fue temeraria en la

tramitación del presente caso. Del análisis de la póliza,

sus modificaciones y las actuaciones del agente general, se

desprende claramente que la póliza de Transamerica a nombre

del asegurado Oller estaba vigente a la muerte de éste.

CC-2006-437

22

Procedía que la aseguradora hubiese resuelto la reclamación

de la póliza dentro de los noventa días de la reclamación.5

Así lo determinó el foro primario, cuya determinación no

debió

haber

sido

alterada

ya

que

no

hubo

abuso

de

discreción de su parte.

V.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia

para

expedir

el

auto

solicitado

y

revocar

la

sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

5

Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico.

L.P.R.A. 2716(b).

26

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen Rodríguez de Oller

Demandante-Peticionaria

vs.

CC-2006-437

Certiorari

Transamerica Occidental Life

Insurance Company

Demandada-Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de la

presente Sentencia, se expide el auto solicitado y

se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de

Apelaciones, Región Judicial de San Juan.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo