Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez de Oller v. Transamerica Occidental Life Insurance Company
2007 TSPR 98
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rodríguez de Oller v. Transamerica Occidental Life Insurance Company
CC-2006-0437
Seguros- Actuaciones del Agente General en representación de la compañía aseguradora; Doctrinas de renuncia e impedimento en contratos de seguros.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Rodríguez de Oller
Demandante-Peticionaria
Certiorari
vs.
2007 TSPR 98
Transamerica Occidental Life
Insurance Company
171 DPR ____
Demandada-Recurrida
Número del Caso: CC-2006-437
Fecha: 30 de mayo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Juez Ponente:
Hon. Pierre E. Vivoni del Valle
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. René Pinto-Lugo
Lcdo. Luis Ramón Ortiz Segura
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Jorge Bermúdez Torregrosa
Materia: Sentencia Declaratoria e Incumplimiento de Contrato.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Rodríguez de Oller
Demandante-Peticionaria
vs.
CC-2006-437
Certiorari
Transamerica Occidental Life
Insurance Company
Demandada-Recurrida
Opinión del
BERLINGERI.
Tribunal
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.
I.
El 19 de julio de 1993 Transamerica Occidental
Life Insurance Company (en adelante Transamerica o
la aseguradora) emitió una póliza de seguro de vida
a favor de Rafael Oller Cestero (en adelante Oller),
con límites de $1,000,000 pagaderos a su viuda en la
eventualidad de la muerte del asegurado. Para esa
fecha, el señor Humberto Torres (en adelante Torres
o
el
agente)
fungía
como
agente
general
de
Transamerica.
El 21 de agosto de 1996 Oller cursó una misiva
a
Torres
cancelar
mediante
la
devolvieran
la
póliza
los
cual
expresó
referida
valores
y
su
deseo
de
que
acumulados
en
se
de
le
ésta.
CC-2006-437
2
Torres le recomendó no cancelar la póliza sino, mas bien,
dejarla caducar con el transcurso del término dispuesto para
el pago de la prima del año 1996-97,1 pues ello le brindaría
aproximadamente un año adicional de protección. Oller acogió
la recomendación del agente, por lo que su póliza no fue
cancelada.
Durante el transcurso del año 1996-97, Transamerica le
envió varias cartas a Oller notificándole la falta de pago.
El 21 de julio de 1997 la aseguradora le envió una última
notificación y le indicó que, de no recibirse el pago de la
prima adeudada para el 21 de agosto de 1997, la póliza en
cuestión
caducaría.
No
obstante,
mediante
una
carta
recibida el 24 de julio de 1997 en las oficinas de Torres,
Transamerica le informó a Oller que la póliza tenía valores
acumulados de $2,571.58 al 18 de julio de 1997; y que desde
julio de 1996 a julio de 1997 se habían hecho pagos de la
prima mediante trece deducciones mensuales de los valores
que
existían
entonces,
de
$505.65
cada
una.
En
dicha
carta, además, se estableció un pago similar para el nuevo
año de la póliza de 1997-98.
Así
las
cosas,
el
21
de
octubre
de
1997
Oller
falleció, por lo que su viuda, Carmen Rodríguez de Oller
(en adelante la viuda o Rodríguez de Oller), procedió a
tramitar la reclamación de los beneficios de la póliza de
seguro referida antes.
Torres contestó la reclamación de
la viuda indicándole que creía que la póliza estaba vigente
1
El año 1996-97 comprendía desde el 19 de julio de
1996 hasta el 19 de julio de 1997.
CC-2006-437
3
a la fecha en que Oller falleció.
Procedió entonces a
gestionar el pago de los beneficios correspondientes. Sin
embargo, Transamerica se negó a pagarlos, por entender que
la póliza había caducado previo al deceso del asegurado.
Ante la negativa de Transamerica de pagar los beneficios,
el 22 de abril de 1998, Torres, en su función de agente
general,
remitió
una
comunicación
en
papel
timbrado
de
Transamerica a Marilyn Platt, examinadora del Departamento
de Reclamaciones de Transamerica. Le indicó que, de acuerdo
con la carta de la compañía recibida el 24 de julio de
1997, entendía que la póliza en cuestión estaba vigente al
momento
de
la
muerte
de
Oller,
ya
que
dicha
póliza
reflejaba en ese momento un valor acumulado de $2,613.29,
lo
cual
permitiría
realizar
deducciones
mensuales
de
$505.65 para el pago de la prima por al menos cuatro meses
más. A pesar de los múltiples intentos de
Torres para
lograr que se honrara la póliza, Transamerica se negó a
pagar.
Rodríguez de Oller acudió entonces ante el Tribunal de
Primera
Instancia,
donde
presentó
una
demanda
sobre
sentencia declaratoria e incumplimiento de contrato contra
Transamerica. En ésta, alegó que Oller obtuvo una póliza de
seguro de vida de Transamerica con cubierta de $1,000,000;
que estaba vigente a la fecha de la muerte del asegurado, y
que la aseguradora se había negado a pagar los beneficios
correspondientes.
La
aseguradora
contestó
la
demanda
y
CC-2006-437
adujo
4
como
defensa
que
Oller
había
incumplido
con
las
disposiciones de la póliza.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
Transamerica
presentó ante el foro primario una solicitud de sentencia
sumaria, mediante la cual argumentó que la póliza expedida
al asegurado contenía dos requisitos sobre su vigencia y
que el incumplimiento de cualquiera de ellos ocasionaba que
la
póliza
caducara
automáticamente,
a
saber:
1)
que
el
valor acumulado de la póliza se mantuviera siempre con un
balance suficiente para cubrir la deducción mensual (costo
o prima mensual de la póliza) que vencía cada mes2; y 2) el
pago de la prima anual requerida de $8,000 durante los
primeros diez años de la póliza, que tenía que hacerse
independientemente de que el valor acumulado fuese adecuado
o suficiente para cubrir las deducciones del costo mensual
de la póliza. Adujo también Transamerica que el 21 de julio
de 1997, le remitió una notificación final a Oller, en la
cual le informó que éste adeudaba $6,000 correspondientes
al balance de la prima anual requerida al final del cuarto
año de la póliza y que el pago por dicha cantidad tenía que
ser recibido por Transamerica en o antes del 21 de agosto
de 1997 para que la póliza no caducara.
Sostuvo que a
pesar
acumulado
de
cantidad
de
de
$2,571.58
que
y
la
que
se
póliza
estaba
tenía
un
valor
satisfaciendo
la
$505.65 para el pago única y exclusivamente de las primas
mensuales adeudadas –relacionadas éstas con la cubierta de
2
Para la fecha que aquí nos concierne, la deducción
mensual era de $505.65.
CC-2006-437
5
la mortalidad de la póliza– la retención de los $505.65
estaba completamente separada y no tenía relación alguna
con la prima anual requerida de $8,000.3
Rodríguez de Oller presentó un escrito de oposición a
la petición de sentencia sumaria. En éste, argumentó que
las actuaciones de Torres y Transamerica habían modificado
las
condiciones
para
el
pago
de
la
póliza,
a
fin
de
mantenerla en vigor y cobrar las primas. Adujo que las
deducciones mensuales que la aseguradora estuvo haciendo
por más de un año, en adición a la fijación del pago para
el nuevo año de la póliza de 1997-98 evidenciaban dicha
modificación.
La viuda expuso que como consecuencia de la
modificación en los términos de la póliza, ésta se mantuvo
vigente a base de las deducciones mensuales de $505.65 que
Transamerica estuvo debitando contra el valor acumulado en
3
La aseguradora sustentó su moción de sentencia
sumaria con declaraciones juradas de Platt y Torres,
quienes adujeron que la póliza en contienda había caducado
por el incumplimiento de los términos expresos del
contrato. Valga resaltar que hasta ese momento, la posición
de Torres había sido sumamente firme en establecer que la
póliza estaba vigente a la fecha en que el asegurado murió.
No fue sino hasta que se presentó la demanda, que Torres
cambió de parecer a los efectos de asumir la misma posición
que su principal.
Además, el 28 de febrero de 2002, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una Minuta-Resolución,
en la cual expresó: “El Tribunal ha examinado el expediente
en su totalidad y de la discusión de las mociones así como,
especialmente, de la declaración jurada suscrita por el
agente de Transamerica en apoyo de su solicitud de
sentencia sumaria vis-a-vis la comunicación efectuada por
dicho agente el día 22 de abril de 1998, el Tribunal
concluye
y
determina
que
en
esta
etapa
de
los
procedimientos como cuestión de hecho concluimos que
conforme a la antes referida comunicación, el señor Torres
hizo representaciones de agencia conforme la relación
contractual legítima existente”. La demandada no apeló esta
resolución.
CC-2006-437
6
la póliza. Razonó que según surgía de la carta enviada por
Transamerica, la cual se recibió el 24 de julio de 1997, la
póliza tenía valores ascendientes a $2,571.58, cantidad que
representaba
por
lo
menos
cinco
meses
adicionales
de
cubierta, o sea, hasta aproximadamente el 19 de diciembre
de 1997, dos meses después de la muerte del asegurado.
En su escrito, la viuda hizo referencia también a las
actuaciones de Torres como agente general de Transamerica,
las cuales alegadamente obligaban a la compañía de seguros.
En específico, hizo referencia a la carta escrita en papel
timbrado de Transamerica y dirigida a Platt, en la cual
Torres expresó “it is my understanding that coverage for at
least the next four months will continue based on the fund
value”. Rodríguez de Oller argumentó que esta comunicación
constituía la opinión de la persona que en efecto diseñó y
explicó el programa de seguros a Oller, por lo cual debía
tener gran valor probatorio.
Luego de considerar ambas peticiones, el Tribunal de
Primera
Instancia
dictó
sentencia
sumaria
a
favor
de
Rodríguez de Oller, mediante la cual ordenó a Transamerica
satisfacer a la demandante $1,000,000. Dicho foro entendió
que
Torres,
como
agente
general,
había
modificado
los
términos y condiciones de la póliza al hacer deducciones de
sus
valores
acumulados
para
pagarla,
por
lo
cual
dicha
póliza estaba vigente al momento de la muerte de Oller.
Resolvió,
además,
que
las
actuaciones
y
expresiones
del
agente, al tramitar la reclamación luego de la muerte del
CC-2006-437
7
asegurado, impidieron que Transamerica alegara la caducidad
de la póliza por falta de pago de la prima anual requerida.
El foro primario determinó, además, que Transamerica fue
temeraria al negar su responsabilidad conforme la póliza
expedida, por lo que le impuso el pago de intereses, más
$50,000 por concepto de honorarios de abogado.
Inconforme
Transamerica
con
acudió
la
determinación
ante
el
del
Tribunal
foro
de
primario,
Apelaciones
mediante un escrito de apelación. El foro intermedio revocó
el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y dictó una
sentencia sumaria a favor de Transamerica.
Determinó que
los términos del contrato de seguro en cuestión eran claros
y que las actuaciones del agente de Transamerica no los
había modificado. Resolvió también que la aseguradora no
había sido temeraria, sino que había actuado conforme a
derecho.
De dicha determinación, Rodríguez de Oller acudió ante
nosotros y planteó lo siguiente:
1. Erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
en
su
determinación de que la póliza contratada por
el señor Oller caducó en su cuarto año por éste
no haber pagado la prima de $8,000 anuales. La
compareciente
demostró
con
hechos
no
controvertidos que Transamerica mantuvo en todo
momento vigente la póliza, que desde agosto de
1996 dedujo mensualmente la cantidad de $505.65
contra el valor acumulado de la póliza de
$8,128.26 y que en julio de 1997 la aseguradora
estableció como pago para el nuevo año póliza
la
cantidad
de
$505.65.
Estos
actos
constituyeron una renuncia de la cláusula de
caducidad por falta de pago y una modificación
a los términos y condiciones de la póliza, las
cuales tuvieron el efecto de mantener vigente
la misma.
CC-2006-437
8
2. Erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
en
su
determinación en cuanto a que del contrato
entre Transamerica y el agente Humberto Torres
surge claramente que el señor Torres es un
contratista independiente y de que no tenía
autoridad para alterar, modificar o cambiar los
términos y condiciones de la póliza. Las
representaciones realizadas por el señor Torres
obligan a la compañía de seguro por cuanto las
mismas fueron expresadas en su calidad de
agente general con autoridad en virtud de una
relación contractual legítima y existente con
Transamerica.
3. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar
que la póliza, las declaraciones juradas y las
cartas emitidas por Transamerica establecen con
claridad la existencia de un derecho para
Transamerica. Consta de autos que estos hechos
fueron controvertidos por la demandante, quien
precisamente
estableció,
como
no
controvertidos, el hecho de que los términos y
condiciones de la póliza fueron modificados por
las
actuaciones
y
representaciones
de
Transamerica y su agente general Humberto
Torres.
4. Erró el Tribunal de Apelaciones al dictar
sentencia sumaria a favor de Transamerica. De
haber encontrado controversias de hechos entre
las aseveraciones del agente Humberto Torres en
sus
declaraciones
juradas
realizadas
en
atención al litigio y sus actuaciones coetáneas
a la reclamación, debió haber devuelto el caso
al TPI para trámites ulteriores y vista
evidenciaria.
5. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar
que el Tribunal de Primera Instancia abusó de
su discreción al concluir que Transamerica fue
temeraria e imponer intereses y honorarios de
abogado.
El
23
solicitado.
de
junio
de
2006
expedimos
el
recurso
Contando con la comparecencia de ambas partes,
pasamos a resolver.
CC-2006-437
9
II.
Por estar íntimamente relacionados, se discuten los
primeros tres señalamientos de error de manera conjunta.
A. Agente general
En Puerto Rico, la figura del agente de seguros está
reglamentada en el Código de Seguros, donde se define al
agente como la persona, razón social o corporación nombrada
por un asegurador para gestionar solicitudes de seguros o
negociar seguros en su nombre, y si fuere autorizada para
ello por el asegurador, para efectuar y refrendar contratos
de
seguros.
26
L.P.R.A.
sec.
901.
Dicho
agente
“es
el
asesor del asegurado, a quien guía... para la efectividad
de sus derechos, y en otras ocasiones es el hombre bueno
que
interviene
amistosamente
entre
la
compañía
y
el
asegurado para zanjar felizmente los reparos y reservas del
asegurador y aconsejar objetivamente al asegurado sobre el
alcance justo de su derecho”. L. Benítez de Lugo
Reymundo,
Tratado de Seguros, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955,
Vol. 1, pág. 204.
Por
otro
lado,
conforme
al
Código
de
Seguros,
agente general
“es una persona nombrada o contratada por un
asegurador como contratista independiente o por
comisión, total o parcialmente, con poderes o
deberes
generales
para
inspeccionar
el
otorgamiento y las operaciones de servicio de
pólizas del asegurador, nombrar agentes para el
asegurador y llevar a cabo otras funciones que
se confieran a agentes generales por la
costumbre de la clase o clases de seguros
hechos o el tipo de asegurador representado”.
26 L.P.R.A. sec. 334.
el
CC-2006-437
El
agente
10
general
posee
pleno
poder
para
vincular
al
asegurador debido a que su conducta, para todos los efectos
legales, equivale a la conducta de éste. 7 Holmes' Appleman
on Insurance 2d, sec. 46.1, págs. 186-90 (1998).
Un agente general se encuentra situado en los “zapatos
de
su
principal”
y,
de
ordinario,
tiene
autoridad
coextensiva con aquélla del asegurador. Como regla general,
está
autorizado
para
aceptar
riesgos,
establecer
los
términos de los contratos de seguro, cambiar y modificar
los
términos
pólizas,
de
las
renovar
modificativos
tanto
pólizas
viejas
en
existentes,
pólizas
pólizas
y
nuevas
emitir
hacer
como
en
nuevas
endosos
las
ya
existentes. Id. a la sec. 46.3, págs. 204-5.
La autoridad de un agente general para vincular al
asegurador puede ser tanto real como aparente. Es real si
el agente efectivamente está autorizado para llevar a cabo
las
actuaciones
agente
posee
razonablemente
que
pretende
autoridad
podría
realizar.
aparente
creer
que
En
si
dicho
cambio,
una
dicho
persona
agente
está
autorizado para llevar a cabo determinadas actuaciones o
para hacer determinadas declaraciones, aunque en realidad
no esté autorizado para ello. Id. a las págs. 218-9.
En
ausencia
de
notificación
al
asegurado
de
limitaciones impuestas a la autoridad del agente general,
sus actuaciones, acuerdos y representaciones
vincularán a
su principal, aunque éstas contravengan las instrucciones
dadas o restricciones impuestas a su autoridad, y aunque el
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11
agente esté honestamente equivocado al hacerlas.
Id. a las
págs. 204-5; 8 Holmes' Appleman on Insurance 2d, sec. 50.7,
págs. 187-8 (1998).
B. Doctrinas de renuncia e impedimento
Como
se
sabe,
los
contratos
de
seguro,
por
ser
contratos de adhesión, se interpretan liberalmente a favor
del asegurado. Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R.,
95 D.P.R. 759, 765 (1968); Barreras v. Santana, 87 D.P.R.
227 (1963). Están sujetos, más que cualquier otro contrato
bilateral,
a
la
influencia
y
modificación
que
sobre
el
texto produce la intención y el propósito de las partes.
Banco de la Vivienda v. Pagán Ins. Underwriters, 111 D.P.R.
1 (1981).
Reconociendo
la
importancia
de
la
protección
que
brindan los seguros al bienestar de los ciudadanos, por
consideraciones
de
política
pública,
los
tribunales
no
favorecen la caducidad de los contratos de seguro. Tampoco
favorecen
la
caducidad
por
falta
de
pago
de
primas.
5
Holmes' Appleman on Insurance 2d, sec. 28.3, págs. 328-9
(1998); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.
Es
claro,
(waiver)
e
aplicación
además,
que
impedimento
en
el
las
doctrinas
(estoppel)
campo
de
los
son
seguros
de
renuncia
de
especial
debido
a
la
naturaleza de adhesión de estos contratos. Id.
La
doctrina
intencional
o
la
de
renuncia
cesión
implica
voluntaria
de
el
un
abandono
derecho
o
CC-2006-437
12
privilegio. Esta doctrina, la cual se basa en la conducta
del asegurador, conlleva el conocimiento de dicho derecho o
privilegio y la intención de abandonarlo. López v. Atlantic
Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Rosario v. Atl.
Southern
Ins.
Co.
of
P.R.,supra;
5
Holmes'
Appleman
on
Insurance 2d, supra a la sec. 28.2, pág. 322-7. La renuncia
referida puede ser tanto explícita como implícita, y puede
ser
manifestada
mediante
conducta
o
palabras,
ya
sea
de
impedimento
se
ha
verbalmente o por escrito. Id.
Por
otro
lado,
la
doctrina
definido como la abolición de derechos y privilegios del
asegurador cuando fuera contrario a la equidad permitir su
afirmación. Esta doctrina requiere demostrar que una de las
partes
en
la
transacción
ha
confiado
en
la
apariencia
creada por la otra y que resultaría en detrimento para la
primera permitir que la segunda renuncie a los efectos de
la apariencia creada. Id., a la pág. 322; López v. Atlantic
Southern Ins. Co.,supra.
En
materia
de
seguros,
el
ordenamiento
jurídico
ha
establecido que estas doctrinas se extienden prácticamente
a
cualquier
situación
responsabilidad.
en
Dichas
la
cual
el
asegurador
doctrinas
se
han
niegue
utilizado
en
diversas situaciones para demostrar que los aseguradores
han
renunciado
ellos
en
los
a
términos
contratos
Southern Ins. Co., supra.
y
de
condiciones
seguros.
estipuladas
López
v.
por
Atlantic
CC-2006-437
13
No sólo se han extendido estas doctrinas a condiciones
y
cláusulas
específicas
del
contrato
de
seguro,
sino
también a actos, costumbres y conducta realizada por el
asegurador y sus agentes. Así, las condiciones relativas a
la
caducidad
y
suspensión
de
las
pólizas
pueden
ser
entendidas renunciadas por los aseguradores en virtud de
estas
doctrinas,
a
través
de
sus
actos
o
los
de
sus
agentes. Esto impide que posteriormente los aseguradores
puedan
levantar
dichas
condiciones
contra
el
asegurado.
Id.; 5 Holmes' Appleman on Insurance 2d, supra a la sec.
28.2, pág. 322.
Con base a estas doctrinas, se ha resuelto que cuando
el asegurador o sus agentes establecen una costumbre sobre
el pago de primas distinta a lo expresado en el contrato
escrito, el asegurador no puede luego valerse de la letra
escrita
del
contrato
sobre
el
particular
en
contra
del
asegurado, aun cuando el contrato diga que los agentes no
están autorizados para variar los términos del contrato.
Esto, ya que dicha costumbre o práctica sobre el pago de
primas crea en el asegurado una expectativa razonable de
que ésta se seguirá observando. Id. a las págs. 340, 367; 8
Holmes' Appleman on Insurance 2d, supra
a la sec. 50.7,
pág. 191; Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., supra.
C.
En
el
caso
de
autos,
basándose
en
las
doctrinas
referidas de renuncia e impedimento, la demandante alegó
CC-2006-437
14
que aunque Oller no realizó el pago de la prima de la forma
estipulada
póliza
en
el
contrato,
vigente
en
todo
Transamerica
momento
mediante
mantuvo
las
dicha
deducciones
mensuales que estuvo haciendo de los valores acumulados en
la misma. Le asiste la razón. Veamos.
El
contrato
de
seguro
ente
Transamerica
y
Oller
establecía claramente que este último tenía que pagar una
prima
anual
de
$8,000
por
los
primeros
diez
años
de
vigencia de la póliza o que de lo contrario, dicha póliza
caducaría. De esta cláusula se desprende indudablemente que
ante la falta de pago de dicha prima, Transamerica tenía el
derecho a dar por cancelada la póliza.
Mediante una misiva enviada a su agente de seguros,
Oller expresó su deseo de cancelar la póliza, ya que no
interesaba seguir pagando las primas en cuestión. Cónsono
con su interés, el asegurado dejó de pagar dichas primas.
Sin
embargo,
Transamerica,
por
conducto
de
su
agente
general Torres, en lugar de ejercer su derecho y dar por
cancelada la referida póliza, decidió mantenerla vigente a
base de un cambio en la forma en que ésta se pagaba. En vez
de mantener la póliza en vigor mediante el pago de la prima
anual requerida de $8,000 según estaba estipulado en el
contrato,
Transamerica
la
mantuvo
vigente
solamente
mediante las deducciones o débitos que por más de un año
estuvo haciendo de los valores acumulados. Al actuar así,
estableció un patrón sobre el pago de primas distinto a lo
expresado
en
el
contrato
escrito,
por
lo
cual
debe
CC-2006-437
15
estimarse que renunció a su derecho a invocar la caducidad
de la póliza por el incumplimiento de los términos y las
condiciones expresas del contrato.
Como consecuencia de esta modificación en la forma de
pagar la póliza, Transamerica siguió cobrando su prima de
los valores acumulados en la misma. Sin embargo, una vez
falleció el asegurado y su viuda reclamó los beneficios
bajo
la
póliza
referida,
la
aseguradora
pretendió
convenientemente invocar el derecho previamente renunciado
y aducir como defensa que el asegurado no se circunscribió
a lo expresamente estipulado en el contrato. Pero, por lo
señalado
antes,
la
invocar tal derecho.
doctrina
de
impedimento
le
impedía
Los valores acumulados en la póliza
al momento de la muerte de Oller eran suficientes para
cubrir el pago de la prima hasta dos meses posteriores a
tal fecha. El asegurado y la beneficiaria confiaron en la
apariencia creada por Transamerica de que el contrato de
seguros
se
mensuales
mantenía
que
ésta
vigente
a
base
de
las
deducciones
hacía.
Resultaría
en
un
injusto
detrimento a éstos permitirle a la aseguradora renunciar a
los efectos de la apariencia de vigencia que ella misma
creó.
Más aun, una vez enterado de la muerte del asegurado,
el agente general de Transamerica le facilitó a la viuda
todos los documentos necesarios para la tramitación de los
beneficios bajo la póliza. Torres, quien había diseñado la
referida póliza y trabajaba con otras similares a diario,
CC-2006-437
16
hizo expresiones a los efectos de aseverar que basándose en
las deducciones mensuales de $505.65, la póliza de Oller
debía haberse mantenido vigente hasta dos meses después de
su muerte. Actuando de acuerdo a su entender, éste, en
calidad de agente general, gestionó afirmativamente el pago
de los beneficios. Valga resaltar que la póliza de seguros
de Oller no contenía ninguna limitación en cuanto a la
autoridad del agente. Incluso, Transamerica nunca cuestionó
en el foro de instancia la autoridad de su agente general
ni
alegó
que
éste
actuó
de
forma
ultra
vires.
Por
el
contrario, de la deposición tomada a Torres surge que éste
estaba
plenamente
capacitado
para
hacer
determinaciones
sobre la vigencia de la póliza, conocía ampliamente los
términos y condiciones del contrato de autos y tenía la
autorización de su principal para hacer las expresiones que
hizo. De este modo, sus actuaciones como agente general de
Transamerica le son imputables a esta última por ser su
principal.
Por
consiguiente,
es
claro
en
derecho
que
procede resolver, con arreglo a las doctrinas de renuncia e
impedimento, que el contrato de seguro entre Transamerica y
Oller estaba vigente a la fecha en que este falleció.
Es importante destacar, además, que nuestra conclusión
de que la póliza de seguro de vida de Oller estaba vigente
a la fecha de su muerte está en sintonía con el hecho de
que
Transamerica
cancelación,
ni
nunca
devolvió
misma. Nos explicamos.
envió
los
una
valores
notificación
de
acumulados
la
en
CC-2006-437
17
En un sinnúmero de jurisdicciones se ha examinado el
lenguaje y
el momento en que se hace la notificación de
cancelación para decidir si efectivamente las pólizas en
controversia han sido canceladas, o si en realidad no ha
habido
una
cancelación,
sino
un
simple
requerimiento
de
pago. De acuerdo a este reiterado análisis, se ha resuelto
que cuando la notificación de cancelación establece que la
póliza será cancelada en una fecha en específico a menos
que las primas adeudadas sean pagadas previo a esa fecha,
dicha notificación no se considerará como una notificación
de
cancelación,
pago.
Una
sino
meramente
notificación
de
como
un
cancelación
requerimiento
no
puede
de
expresar
simplemente una intención de cancelar dicha póliza en el
futuro, sino que la misma tiene que informarle al asegurado
de forma clara, inequívoca y con certeza que en efecto su
póliza ha sido cancelada. 6 Holmes' Appleman on Insurance
2d, supra a la sec. 40.24, pág. 512; Norman v. State Farm
Mut.
Auto.
National
Ins.
Mutual
Co.,
33
Casualty
P.3d
530
Insurance
(2001);
Pennsylvania
Co.
Person,
v.
297
S.E.2d 80 (1982); Travelers Ins. Co. v. Jenkins, 285 So.2d
839 (1973); Mitchell v. Burnett, 272 N.E.2d 393 (1971);
Ellzey v. Hardware Mutual Ins. Co. of Minnesota, 40 So.2d
24
(1st
Cir.)
(1949);
McNellis
v.
Aetna
Ins.
Co.,
176
Ill.App. 575 (1913).
En el presente caso, la última comunicación recibida
de la aseguradora antes del fallecimiento de Oller, fue la
carta
de
Transamerica
a
los
efectos
de
informarle
al
CC-2006-437
18
asegurado que debía $6,000 por concepto de la prima anual
requerida y que dicho pago debía ser recibido antes del 21
de agosto de 1997 o que de otro modo la póliza caducaría.
Esta
misiva
no
constituyó
otra
cosa
que
un
mero
requerimiento de pago. Se desprende de los hechos que la
intención de la aseguradora no era dar por terminado el
contrato, sino precisamente mantenerlo vigente e incitar al
asegurado a
pagar la prima anual. Esto se evidencia con el
lenguaje de la referida notificación, la cual expresaba:
Your
life
insurance
is
in
danger
of
lapsing...The premiums paid in to date (less
any
Partial
Surrenders
taken)
have
been
$26,000.00, leaving a minimum payment due of
$6,000.00.
Payment must be received in our
office by August 21, 1997, or your policy will
lapse.
Please take a few minutes to write us a
check...We appreciate your business.
Please
act now to keep your life insurance in full
force and effect.
Evidentemente esta última comunicación con Oller no
tuvo
el
efecto
Transamerica
de
nunca
cancelar
informó
la
que
póliza
la
en
póliza
contienda.
había
sido
efectivamente cancelada. No fue hasta que la viuda reclamó
los beneficios al amparo de dicha póliza que la aseguradora
convenientemente
expresó
por
primera
vez
que
ésta
había
sido cancelada.
La aseguradora tampoco devolvió los valores acumulados
ni
sus
intereses
a
la
fecha
en
que
ésta
adujo
que
el
CC-2006-437
19
contrato terminó.4 Esto, a pesar de que se ha establecido
claramente
que
cuando
la
cancelación
de
la
póliza
se
efectúa a iniciativa de la aseguradora, la devolución de
los
valores
validarla.
o
la
L.M.
prima
no
Villaronga,
devengada
es
Seguros,
Vol.
necesaria
para
62,
Jur.
Rev.
U.P.R., pág. 956 (1993). Ello nos reitera que la póliza no
fue
cancelada,
y
que
los
valores
acumulados
no
fueron
devueltos pues se utilizaron para efectuar las deducciones
mensuales
de
$505.65
que
mantuvieron
la
póliza
vigente
hasta por lo menos el mes de diciembre de 1997, cuando
dichos valores acumulados se debieron haber agotado. Estos
hechos,
pues,
demuestran
también
que
la
póliza
en
controversia estaba vigente para la fecha del deceso de
Oller.
III.
En su cuarto señalamiento de error, Rodríguez de Oller
alegó
que
erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
dictar
sentencia sumaria a favor de Transamerica. Le asiste la
razón.
Mediante el mecanismo de sentencia sumaria se provee
un remedio rápido y eficaz por vía de sentencia cuando la
parte que la promueve puede acreditar ante el tribunal que
4
Aunque en uno de sus escritos Transamerica argumentó
que no se le devolvió ese dinero al asegurado ya que el
contrato de la póliza contenía una penalidad por concepto
de cancelación, ésta no presentó evidencia a tales efectos,
ni en momento alguno notificó al asegurado que estaría
reteniendo dichos valores por concepto de la referida
penalidad.
CC-2006-437
no
existe
hechos
20
una
controversia
materiales
del
genuina
litigio.
con
Por
relación
a
los
consiguiente,
la
celebración de un juicio en su fondo es innecesaria ya que
lo único que resta es aplicar el derecho. Consejo Tit. C.
Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538, 548 (1991).
Este
mecanismo
resulta
ser
de
gran
utilidad
en
el
descongestionamiento de los calendarios judiciales. Padín
v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971).
En el caso de autos, ambas partes adujeron ante el
Tribunal
de
Primera
Instancia
que
no
existía
una
controversia real sustancial de hechos, por lo que cada
cual solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.
Tanto
el
foro
primario
como
el
tribunal
intermedio
estuvieron de acuerdo en que el caso de autos no ameritaba
la
celebración
adjudicaron
de
sus
un
juicio
méritos
en
su
fondo,
basándose
en
las
por
lo
que
peticiones
de
sentencia sumaria. La diferencia de criterio entre dichos
foros surgió al determinar a que parte le favorecía el
derecho en este caso.
Aunque efectivamente en el presente caso no existía
una controversia sustancial de hechos que impidiera dictar
sentencia
de
forma
sumaria,
el
tribunal
a
quo
erró
al
aplicar el derecho y resolver a favor de la aseguradora. A
tenor
dictar
con
lo
antes
sentencia
Rodríguez de Oller.
expuesto
sumaria
a
en
esta
favor
opinión,
de
la
procedía
demandante,
CC-2006-437
21
IV.
Finalmente,
la
parte
demandante
señaló
que
erró
el
Tribunal de Apelaciones al determinar que el Tribunal de
Primera Instancia abusó de su discreción al concluir que
Transmerica fue temeraria. El referido error se cometió.
La
imposición
naturaleza
idéntica
de
a
honorarios
la
de
imposición
abogado
de
es
de
intereses
por
temeridad. Como es harto conocido, estos proceden cuando la
parte
perdidosa
penalizar
a
obstinación,
ha
aquel
sido
temeraria.
litigante
terquedad,
Ambos
perdidoso
contumacia
e
persiguen
que
insistencia
por
su
en
una
actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte,
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e
inconveniencias de un pleito. O.E.G. v. Román, 159 D.P.R.
401, 418 (2003); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690,706
(2002).
La determinación de si una parte ha actuado o no con
temeridad descansa en la discreción del tribunal, por lo
que los tribunales revisores sólo intervendrán cuando surja
de tal actuación un claro abuso de discreción. P.R. Oil v.
Dayco, res. el 6 de abril de 2005, 164 D.P.R. ___ (2005),
2005 TSPR 41, 2005 JTS 47.
En el caso de autos la demandada fue temeraria en la
tramitación del presente caso. Del análisis de la póliza,
sus modificaciones y las actuaciones del agente general, se
desprende claramente que la póliza de Transamerica a nombre
del asegurado Oller estaba vigente a la muerte de éste.
CC-2006-437
22
Procedía que la aseguradora hubiese resuelto la reclamación
de la póliza dentro de los noventa días de la reclamación.5
Así lo determinó el foro primario, cuya determinación no
debió
haber
sido
alterada
ya
que
no
hubo
abuso
de
discreción de su parte.
V.
Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia
para
expedir
el
auto
solicitado
y
revocar
la
sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
5
Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico.
L.P.R.A. 2716(b).
26
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Rodríguez de Oller
Demandante-Peticionaria
vs.
CC-2006-437
Certiorari
Transamerica Occidental Life
Insurance Company
Demandada-Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se expide el auto solicitado y
se revoca la sentencia dictada por el Tribunal de
Apelaciones, Región Judicial de San Juan.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo