LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Adventist Health System Corp. v. Mercado Ortiz

2007 TSPR 100

Poder Judicial de Puerto Rico

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Adventist Health System Corp. v. Mercado Ortiz

CC-2005-1229

Derecho Laboral-Cómputo de mesada de ex – empleados públicos de entidades adquiridas por la empresa privada bajo la Ley de Privatización (Ley 190 de 1996)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adventist Health System Corp.

Peticionaria

Certiorari

v.

2007 TSPR 100

Lourdes Mercado Ortiz

171 DPR ____

Recurrida

Número del Caso: CC-2005-1229

Fecha: 30 de mayo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce Panel X

Juez Ponente:

Hon. German J. Brau Ramírez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José A. Oliveras González

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Rafael Fabre Carrasquillo

Materia: Reclamación por Despido Injustificado

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adventist Health System Corp.

Peticionaria

v.

CC-2005-1229

Certiorari

Lourdes Mercado Ortiz

Recurrida

Opinión del Tribunal

Hernández Denton

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2007.

En

esta

ocasión,

debemos

determinar

si

los

empleados despedidos sin justa causa por una entidad

privada que adquirió una facilidad de salud dentro

del esquema contemplado en la Ley de Privatización

de Instituciones de Salud, Ley Núm. 190 de 5 de

septiembre de 1996, según enmendada, (en adelante,

Ley Núm. 190) tienen derecho a que se les tomen en

cuenta –para efectos del cómputo de la mesada- los

años de servicio prestados en el Departamento de

Salud

del

Estado

privatización.

Libre

Asociado

antes

de

la

Respondemos dicha interrogante en la

negativa.

I

La

Sra.

Lourdes

Mercado

Ortiz

(en

adelante,

señora Mercado Ortiz) trabajó para el Gobierno de

CC-2005-1229

2

Puerto Rico desde el año 1981 en el Hospital de Área Tito

Mattei de Yauco (en adelante, el Hospital).

En el año

1998, el Departamento de Salud le vendió las facilidades

del Hospital a Adventist Health System Corp., corporación

que se dedica, entre otras cosas, a la prestación de

servicios médico-hospitalarios.

Tras

celebrarse

el

contrato,

Adventist

Health

continuó operando el Hospital a través de la subsidiaria

Hospital Bella Vista del Suroeste, Inc. y reclutó algunos

de los empleados que trabajaban para el Departamento de

Salud,

entre

ellos,

la

señora

Mercado

Ortiz.

No

obstante, el 27 de septiembre de 2001, Adventist Health

despidió a esta última.

Así las cosas, la señora Mercado

Ortiz presentó una demanda contra Adventist Health sobre

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30

de

mayo

de

1976,

correspondiente,

solicitando

en

cuyo

el

cómputo

pago

de

incluyó

la

mesada

los

años

trabajados para el Departamento de Salud.

Adventist Health contestó la demanda y, tras otros

incidentes procesales, presentó una moción de sentencia

sumaria

parcial.

Solicitó

que

se

dictase

sentencia

sumaria parcial a los fines de establecer que, en caso de

que

la

señora

Mercado

Ortiz

prevaleciera

en

su

reclamación de la mesada, no se tomarían en cuenta los

años que trabajó para el Departamento de Salud, toda vez

que la figura del patrono sucesor resulta inaplicable a

los hechos de este caso.

CC-2005-1229

3

La señora Mercado Ortiz, por su parte, se opuso a

los argumentos de Adventist Health.

En específico, alegó

que dicha entidad es patrono sucesor del Departamento de

Salud, por lo que aplica el Art. 6 de la Ley Núm. 80,

supra, que ordena que en el cómputo de la mesada se

acrediten los años de servicio prestados por un empleado

que

es

marcha.

retenido

por

el

adquirente

de

un

negocio

en

Asimismo, sostuvo que la Ley Núm. 190, supra,

que provee cierta inmunidad a favor de los adquirentes de

las

facilidades

privatizadas,

no

tiene

el

alcance

de

impedir que se consideren los años trabajados para el

Departamento de Salud.

El tribunal de instancia emitió una Resolución en la

que concluyó que, por imperativo de la Ley Núm. 190,

supra,

Adventist

Health

no

se

convirtió

en

patrono

sucesor del Departamento de Salud y que, por ende, el

Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no aplica a los hechos

de este caso.

En vista de ello, determinó que –para

efectos del cómputo de la mesada- no procede tomar en

cuenta los años que la señora Mercado Ortiz trabajó para

el Departamento de Salud.

Insatisfecha, la señora Mercado Ortiz acudió ante el

Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación.

Dicho foro concluyó que los años de servicio prestados

por un empleado a favor del Gobierno antes del proceso de

privatización, no constituyen el tipo de hecho o evento

por el cual la Ley Núm. 190, supra, le concede inmunidad

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al

adquirente

4

de

la

facilidad

privatizada.

El

foro

apelativo basó su dictamen, además, en el hecho de que la

Ley Núm. 80, supra, constituye un estatuto reparador que

debe ser interpretado liberalmente a favor del empleado,

ello en contraposición con la inmunidad concedida en la

Ley Núm. 190, supra.

Así, basándose en la jerarquía

entre ambos estatutos, el foro apelativo concluyó que

deben prevalecer las disposiciones de la Ley Núm. 80,

supra.

Adventist Health acude ante nos aduciendo que erró

el

foro

apelativo

al

determinar

que

un

ex-empleado

público, que fue retenido por una empresa privada que

compró una instalación de salud pública, retiene los años

de servicio que le brindó al Gobierno y que éstos son

oponibles ante el patrono privado para fines del cómputo

de la mesada.

Vista la petición, acordamos expedir.

La señora

Mercado Ortiz no ha comparecido a presentar su alegato.

Por

tanto,

resolvemos

sin

el

beneficio

de

su

comparecencia.

II

A

El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que

“[t]odo empleado de comercio, industria o cualquier otro

negocio

o

sitio

remuneración

de

de

empleo,[…]

alguna

clase

donde

trabaja

contratado

sin

mediante

tiempo

determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya

CC-2005-1229

mediado

5

justa

causa,

tendrá

derecho

a

recibir

de

su

patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado…” una

indemnización

computa

a

comúnmente

base

de

la

llamada

la

cantidad

de

mesada,

años

que

de

se

servicio

rendidos para el patrono. 29 L.P.R.A. Sec. 185a.

Por

su

parte,

el

Art.

6

del

referido

estatuto

dispone –en lo pertinente- que “[e]n el caso del traspaso

de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa

utilizando los servicios de los empleados que estaban

trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a

éstos el tiempo que lleven trabajando en el negocio bajo

anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f.

Basándose

en

esta

última

disposición

y

en

la

doctrina del “patrono sucesor”, la señora Mercado Ortiz

alega que en el cómputo de la mesada a la que pudiera

tener derecho, se tiene que tomar en consideración los

años que ésta trabajó para el Departamento de Salud.

Por

su parte, Adventist Health sostiene que la disposición

aludida no aplica a los hechos de este caso, toda vez que

la inmunidad concedida en la Ley Núm. 190, supra, así lo

impide.

Veamos.

Primero,

conviene

tener

presente

que

las

protecciones concedidas por la Ley Núm. 80, supra, están

dirigidas esencialmente a los empleados de la empresa

privada.

Así surge del texto mismo del estatuto, en el

cual se hace referencia mayormente a entidades de índole

comercial y empresarial, tales como comercios, industrias

CC-2005-1229

y

negocios.

6

Véase

29

L.P.R.A.

Sec.

185a.

En

los

artículos subsiguientes se menciona, incluso, a “empresas

que

tienen

varias

oficinas,

fábricas,

sucursales

y

plantas […]” (Énfasis suplido), 29 L.P.R.A. Sec. 185c.

De hecho, el historial legislativo de la Ley Núm. 80,

supra, nos muestra que el legislador pretendía que las

disposiciones de la Ley protegieran a “los empleados de

comercio, industria o cualquier otro negocio lucrativo

que estén contratados sin tiempo determinado contra la

eventualidad

de

ser

despedidos

de

su

cargo

sin

justa

causa […]”. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos

del Veterano de la Cámara de Representantes sobre P. del

S. 1112 de abril de 1976.

Si tomamos en consideración el lenguaje de la Ley,

el historial legislativo y, a su vez, tenemos presente

que el Departamento de Salud es una agencia de la Rama

Ejecutiva1 y no un negocio o empresa privada, debemos

concluir que las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra,

no se extienden a las relaciones laborales entre dicha

entidad y sus empleados2.

El Departamento de Salud es una agencia del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que

tiene a su cargo todos los asuntos que por ley se le

encomienden

relacionados

a

la

salud,

sanidad

y

beneficencia pública. Véase Ley Núm. 81 de 14 de marzo de

1912, según enmendada, 3 L.P.R.A. Sec. 171 et seq.

1

2

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

también entiende que la Ley Núm. 80, supra, no cubre a

los empleados de Gobierno.

No obstante, considera que

las disposiciones de la Ley protegen a los empleados de

las corporaciones públicas que funcionan como empresas

privadas. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,

CC-2005-1229

7

Ya desde Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R.

486 (1990), nos habíamos referido a dicho estatuto como

una

legislación

protectora

del

empleado

de

la

esfera

privada, de forma contrapuesta a la normativa que cobija

a los empleados públicos3.

Dicho análisis también lo

dimos por cierto recientemente en Prudencio v. Municipio

de San Juan, res. el 2 de febrero de 2007, 2007 TSPR 19,

nota núm. 7.

Y es que, precisamente, la distinción entre

el empleo público y el empleo privado es lo que explica

la inaplicabilidad de la Ley Núm. 80, supra, en contextos

como el que nos ocupa.

Dicha distinción está basada,

entre otras cosas, en el hecho de que el empleado público

tiene un reconocido interés en la retención de su empleo,

en tanto dicho interés esté protegido por ley (como el

caso

del

empleado

de

carrera4)

o

cuando

las

___________________

Guía Revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80, pág.

24. A pesar de ello, en esta ocasión no nos corresponde

expresarnos en cuanto a la extensión de la Ley Núm. 80,

supra, a ese tipo de entidad, toda vez que ese asunto no

se encuentra ahora ante nuestra consideración.

3

En específico, indicamos que “[…] a diferencia del

caso de la acción por razón de despido injustificado que

le concede al empleado de la empresa privada la Ley Núm.

80 de 30 de mayo de 1976 --al amparo de la cual el

remedio que, de ordinario, se concede lo es el pago de la

"mesada"-- aquí [situación de despido de un empleado

público] se trata de una conducta que viola un mandato

expreso de nuestra Constitución, con el agravante de que

es el Estado el violador, el cual se supone sea el

primero en defender los derechos constitucionales de

nuestra ciudadanía”, Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala,

supra, pág. 524, (énfasis suplido).

4

Los empleados de carrera “[s]on aquellos que han

ingresado al servicio público en cumplimiento cabal de lo

establecido por el ordenamiento jurídico vigente y

aplicable a los procesos de reclutamiento y selección del

CC-2005-1229

8

circunstancias

crean

una

expectativa

de

continuidad.

Giovannetti v. E.L.A., res. el 29 de marzo de 2004, 2004

TSPR 46; García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 750 (1996).

De existir tal interés, la entidad gubernamental de que

se trate tiene que seguir ciertos procedimientos para

privar al empleado de su puesto, de forma tal que se

cumpla con todas las garantías del debido proceso de ley.

Giovannetti v. E.L.A, supra.

Las

Personal

protecciones

del

aludidas

Servicio

emanan

Público,

de

hoy

la

Ley

de

Ley

de

la

Administración de Recursos Humanos, Ley Núm. 184 de 3 de

agosto

de

2004.

empleados

Conforme

públicos

son

a

dicha

legislación,

seleccionados,

los

ascendidos,

retenidos y tratados en todo lo referente a su empleo en

base al principio de mérito; esto es, sobre la base de su

capacidad, sin discrimen por razón de raza, color, sexo,

nacimiento,

edad,

origen,

políticas,

religiosas,

condición

condición

de

social,

ideas

veterano

o

impedimento físico o mental. 3 L.P.R.A. Sec. 1461(41).

A tenor con esta normativa, los empleados de carrera

gozan de seguridad en el empleo, siempre que satisfagan

los

criterios

de

productividad,

eficiencia,

hábitos,

actitudes, orden y disciplina que deben prevalecer en el

servicio público.

sólo

pueden

ser

En vista de ello, dichos empleados

destituidos

por

justa

causa,

previa

___________________

servicio de carrera al momento de su nombramiento. Tales

empleados tienen derecho a permanecer en el servicio

conforme se dispone en la sec. 1462e de este título”. 3

L.P.R.A. Sec. 1465(1).

CC-2005-1229

9

formulación de cargos y apercibimiento de su derecho a

solicitar

una

vista

previa.

3

L.P.R.A.

Sec.

1462,

1462e(4).

Además de lo anterior, los empleados cobijados

por esta Ley cuentan con un foro que revisa cualquier

determinación que afecte sus derechos al amparo de la

misma,

a

saber,

la

Comisión

Apelativa

del

Sistema

de

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público

[antes Junta Apelativa del Sistema de Administración de

Personal], la cual –entre otras cosas- puede ordenar su

reposición

en

el

3

empleo.

L.P.R.A.

Sec.1468(l),

1468h(9).

En vista de lo anterior, debemos concluir que el

legislador no extendió las protecciones de la Ley Núm.

80,

supra,

al

empleado

de

Gobierno

porque

dichos

empleados están debidamente protegidos por las garantías

que les concede el principio de mérito, al extremo de que

–en caso de despido injustificado- éstos tienen derecho a

ser reinstalados en sus puestos.

Eso explica que las

disposiciones de la Ley se hayan destinado esencialmente

al

empleado

de

la

empresa

privada

y

que

no

se

deba

extender su aplicación a la esfera gubernamental.

Aclarado lo anterior, debemos analizar el Art. 6 de

la Ley Núm. 80, supra, con el fin de determinar si dicha

disposición aplica en el contexto del traspaso de una

entidad gubernamental.

Como indicamos antes, el referido

artículo dispone que:

“En el caso del traspaso de un negocio en

marcha, si el nuevo adquirente continúa

CC-2005-1229

10

utilizando los servicios de los empleados

que estaban trabajando con el anterior

dueño, se les acreditará a éstos el tiempo

que lleven trabajando en el negocio bajo

anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f.

(Énfasis suplido).

En esencia, la disposición transcrita le concede al

empleado

retenido

por

el

adquirente

de

un

negocio

en

marcha el derecho a trasladar consigo los años trabajados

a

favor

del

patrono

embargo,

no

aplica

anterior.

en

todo

Ese

beneficio,

contexto.

sin

Más

bien,

entendemos que la posibilidad de trasladar esos años de

servicio

otras

constituye

cosas,

supone,

por

un

beneficio

de

antigüedad,

entre

complementario

al

pago

de

la

mesada

que

tanto,

empleado

que

lo

invoca

ya

que

el

estaba protegido por las disposiciones de la Ley.

En

vista de que la disposición aludida forma parte de las

medidas que viabilizan el pago de la mesada, lógicamente

debemos entender que la misma se refiere a un empleado

que ya estaba protegido por la Ley antes del traspaso del

negocio en marcha, y que ahora invoca esta disposición

para que la protección que ya poseía no se vea afectada

por

el

traspaso

en

cuestión.

Sólo

de

esa

forma

se

justifica que el empleado traslade consigo los años de

servicio ofrecidos al patrono anterior.

Concluir lo contrario produciría el contrasentido de

que un empleado que no tenía derecho al pago de la mesada

antes

del

traspaso,

tendría

un

beneficio

mayor

que

cualquier otro empleado, toda vez que podría ser acreedor

al pago de la mesada en el nuevo sitio de empleo y,

CC-2005-1229

11

adicional a eso, se vería favorecido por haber prestado

servicios en una entidad donde no tenía derecho al pago

de la mesada.

Así, el mero hecho del traspaso haría que

los empleados de Gobierno, que no tenían derecho al pago

de la mesada porque su status laboral les provee unas

garantías mayores, tengan acceso a ello por el período

que duró su permanencia en el Gobierno, pero de forma

retroactiva.

es

como

si

Entonces, para todos los fines prácticos,

siempre

hubieran

estado

cobijados

protecciones de la Ley Núm. 80, supra.

por

las

Claramente ese

resultado no es cónsono con el resto del ordenamiento ni

con los propósitos mismos de la Ley Núm. 80, supra.

Por otro lado, precisamente la inaplicabilidad de la

Ley Núm. 80, supra, en las relaciones laborales entre el

Gobierno y sus empleados, así como el hecho de que el

Departamento de Salud es una agencia del Gobierno y no un

negocio, nos ofrece otra razón para concluir que el Art.

6 de dicho estatuto resulta inaplicable a los hechos de

este caso.

Ello en vista de que, si la Ley Núm. 80,

supra, no le aplica al Gobierno y, además, dicha entidad

no constituye un negocio, entonces cuando se habla de

“traspaso de negocio en marcha”5, se hace referencia al

traspaso de un negocio privado, y no a la transferencia

de una entidad u organismo gubernamental, como lo era el

5

“Negocio en marcha” se ha definido como aquel que

se mantiene operando de forma continua y con la

expectativa

de

seguir

funcionando

indefinidamente.

Montalbán Ruiz v. Rodríguez Navarro, res. el 23 de marzo

de 2004, 2004 TSPR 42.

CC-2005-1229

12

Hospital Tito Mattei perteneciente a, y operado por, el

Departamento de Salud.

Siendo así, resolvemos que la norma contenida en el

Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no aplica a los hechos

de este caso.

Por lo tanto, la señora Mercado Ortiz no

puede ampararse en ella para solicitar que, en el cómputo

de la mesada a la que pudiera tener derecho, se tomen en

cuenta

los

años

que

trabajó

para

el

Departamento

de

Salud.

B

Ahora bien, el Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no

es la única fuente en la que se ampara la señora Mercado

Ortiz para solicitar que –en el cómputo de la mesada- se

tomen en cuenta los años trabajados para el Departamento

de Salud.

Su reclamo está basado también en la doctrina

del “patrono sucesor”.

Dicha doctrina nos ha servido en

ocasiones anteriores para atender situaciones donde una

operación

comercial

cambia

de

propietario

y

surgen

problemas respecto a los derechos de los empleados frente

al nuevo patrono. Bruno López v. Motorplan, 134 D.P.R.

111

(1993).

Conforme

a

la

misma,

cuando

un

patrono

sustituye a otro por fusión corporativa o transferencia

de activos, se estima que el nuevo patrono asumirá las

obligaciones pertinentes contraídas por el anterior. Id.

En

Puerto

Rico,

hemos

aplicado

patrono

sucesor

para

hacer

valer

los

la

doctrina

términos

de

del

un

convenio colectivo, Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93

CC-2005-1229

13

D.P.R. 509 (1966); J.R.T. v. Coop.

Azucarera, 98 D.P.R.

314 (1970); para imponer responsabilidad a un patrono

sucesor por las prácticas ilícitas del trabajo cometidas

por

el

D.P.R.

patrono

386

anterior,

(1969);

para

J.R.T.

v.

Club

Náutico,

imponer

responsabilidad

a

97

un

patrono sucesor por despidos discriminatorios realizados

por el predecesor, Bruno López v. Motorplan, supra; Belk

Arce v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998) y para imponerle

responsabilidad al nuevo adquirente de un negocio por

despidos

injustificados

cometidos

por

el

patrono

anterior, Piñero v. Int’l Air Serv. of. P.R., 140 D.P.R.

343 (1996); Rodríguez Oquendo v. Petrie Retail Inc., res.

el 11 de abril de 2006, 2006 TSPR 56.

A la luz de esta doctrina, hemos examinado si existe

una similaridad sustancial en la operación de la empresa

y continuidad en su identidad antes y después del cambio

corporativo. Piñero v. Int’l Air Serv. of. P.R., supra.

En específico, auscultamos la presencia de los siguientes

factores para determinar la aplicabilidad de la doctrina:

(1) la existencia de una continuación sustancial de la

misma actividad de negocios; (2) la utilización de la

misma planta para las operaciones; (3) el empleo de la

misma o sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la

conservación del mismo personal de supervisión; (5) la

utilización del mismo equipo y maquinaria y el empleo de

los mismos métodos de producción; (6) la producción de

los

mismos

productos

y

la

prestación

de

los

mismos

CC-2005-1229

14

servicios; (7) la retención del mismo nombre; y (8) la

operación del negocio durante el período de transición.

Rodríguez Oquendo v. Petrie Retail Inc., supra; Piñero v.

Int’l Air Serv. of P.R., supra.

Al amparo de la referida doctrina, la señora Mercado

Ortiz alega que Adventist Health advino patrono sucesor

del

Departamento

servicios,

la

de

Salud

ya

misma

planta

física

mismo personal.

que

trasladó

entidad.

que

mantuvo

y

los

mismos

esencialmente

el

Por consiguiente, la recurrida sostiene

consigo

los

años

trabajados

para

dicha

No podemos darle la razón.

Hasta el momento, hemos aplicado la doctrina del

patrono sucesor en casos particulares donde existe un

reclamo de un empleado que está basado en un acto u

obligación originalmente imputable al patrono predecesor.

Es

decir,

imponerle

sólo

hemos

utilizado

responsabilidad

a

dicha

un

nuevo

doctrina

patrono

para

que

ha

mantenido la continuidad del negocio adquirido, pero en

ocasiones en que se le reclama a ese nuevo patrono por un

acto

u

obligación

anterior.

del

que

debió

responder

el

patrono

De ahí la necesidad misma de recurrir a dicha

doctrina.

En este caso, sin embargo, se invoca la referida

doctrina, no para que se le imponga responsabilidad al

nuevo dueño por un acto u obligación imputable al patrono

predecesor,

sino

para

que

se

le

imponga

una

mayor

responsabilidad al nuevo patrono por un acto cometido por

CC-2005-1229

él mismo.

umbral

15

Así, en este caso no se cumple el requisito de

que

hasta

el

momento

ha

hecho

necesaria

la

aplicación de la doctrina del patrono sucesor, a saber,

la existencia de una reclamación basada en un acto u

obligación

contraída

por

el

patrono

predecesor

(Departamento de Salud) que pueda ser oponible ante el

nuevo

patrono

(Adventist

Health)

por

virtud

único

reclamo

de

esta

doctrina.

Por

Mercado

el

contrario,

Ortiz

es

el

contra

su

patrono

de

la

actual,

señora

Adventist

Health, y el mismo no está basado en un acto u obligación

atribuible al Departamento de Salud.

concluimos

que

la

doctrina

del

En vista de ello,

patrono

sucesor

no

es

aplicable a los hechos de este caso, toda vez que aquí no

se encuentran presentes los factores o circunstancias que

generalmente han dado lugar a su aplicación6.

Por otro lado, aún si se pudiera entender que la

doctrina del patrono sucesor se extiende a este tipo de

reclamación, entendemos que las disposiciones de la Ley

Núm. 190, supra, impiden su aplicación a los hechos de

este caso.

Dicha legislación se creó con el fin de

reglamentar

el

proceso

instalaciones

de

salud

desarrollando

bajo

el

de

privatización

gubernamentales

palio

de

la

que

de

se

Ley

las

estaba

de

la

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley

6

No estamos resolviendo –por no estar ante nuestra

consideración en esta ocasión- si en otro contexto podría

aplicar la doctrina del patrono sucesor cuando el patrono

predecesor es el Gobierno.

CC-2005-1229

16

Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 190, supra.

aprobación,

el

legislador

pretendió

Mediante su

crear

un

marco

estatutario para el desarrollo de la privatización, de

manera

que

se

pudieran

implementar

los

cambios

introducidos por la Ley Núm. 72, supra, a saber, (1)

permitirle

función

al

Gobierno

tradicional

de

de

Puerto

proveedor

Rico

de

abandonar

servicios,

su

para

convertirse en agente fiscalizador, evaluador y regulador

de los sistemas de salud y asumir el papel de promotor de

la salud y procurador del paciente; y (2) permitirle al

Gobierno

arrendar

o,

de

otra

forma,

transferir

a

entidades privadas las instalaciones de salud pública,

para

que

estas

entidades

privadas,

sujeto

a

las

las

leyes

operen

del

como

mercado

y

empresas

la

libre

competencia. Exposición de Motivos, Ley Núm. 190, supra.

A tono con esta política pública, se incluyó en la

Ley Núm. 190, supra, una disposición que impide que se

entablen reclamaciones en contra del adquirente de la

facilidad

privatizada

eventos

que

hubieran

Puerto

Rico.

En

que

estén

sido

imputables

específico,

basadas

el

al

en

hechos

o

Gobierno

de

Artículo

22

del

estatuto7, dispone –en lo pertinente- lo siguiente:

“La entidad contratante o intereses privados

que

adquieran

cualesquiera

de

las

instalaciones de salud en virtud de lo

dispuesto en este capítulo, estarán inmunes

7

Enmendado mediante la Ley Núm. 31 de 6 de julio de

1997 para incluir, entre otras cosas, la inmunidad

aludida.

CC-2005-1229

17

o exentos de reclamaciones de cualquier

índole que de otro modo ser[í]an atribuibles

al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero

no limitándose a reclamaciones laborales,

contractuales,

torticeras,

o

extra

contractuales

siempre

y

cuando

dichas

reclamaciones estuviesen relacionadas con

hechos o eventos ocurridos con anterioridad

a

la

firma

de

los

contratos

de

privatización”. 24 L.P.R.A. Sec. 3320.

Resulta evidente que mediante la introducción de esa

disposición el legislador quiso evitar reclamos laborales

cimentados,

sucesor.

precisamente,

en

la

doctrina

del

patrono

A esos fines, dispuso que el adquirente de la

facilidad privatizada no será responsable por hechos o

eventos atribuibles al Gobierno.

De esa forma, despejó

cualquier interrogante que pudiera surgir con respecto a

las responsabilidades que asumen los adquirentes de las

facilidades

de

salud

transferidas

dentro

del

esquema

contemplado en la Ley.

No cabe duda, por tanto, que el Art. 22 de la Ley

Núm.

190,

doctrina

supra,

del

establece

patrono

la

sucesor

procesos de privatización.

inaplicabilidad

en

el

contexto

de

la

de

los

Por consiguiente, y en vista

de que tampoco aplica en este contexto el Art. 6 de la

Ley Núm. 80, supra, resulta forzoso concluir que no se

pueden tomar en consideración, para efectos del cómputo

de la mesada a la que pueda tener derecho la señora

Mercado

Ortiz,

los

años

que

ésta

trabajó

para

el

Departamento de Salud antes de que el Hospital pasara a

manos de la empresa privada.

CC-2005-1229

18

III

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

revocamos

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su

lugar, reinstalamos el dictamen emitido por el Tribunal

de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adventist Health System Corp.

Peticionaria

v.

CC-2005-1229

Certiorari

Lourdes Mercado Ortiz

Recurrida

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se revoca la Sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su

lugar, reinstalamos el dictamen emitido por el

Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Fiol Matta disiente con

Opinión escrita a la cual se une el Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Adventist Health System Corp.

Peticionaria

v.

CC-2005-1229

Lourdes Mercado Ortiz

Recurrida

Certiorari

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL

MATTA a la cual se une el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de

2007.

Para

el

trabajador,

partícipe menor en los frutos

de la empresa, para quien no

hay liquidación de dividendos,

ni beneficios, ni intereses

acumulados en la digna faena

de ganar con sus esfuerzos el

pan que parte en la mesa con

los

suyos,

para

quien

el

ahorro es ilusión devorada por

la estrechez, la indemnización

por despido injustificado es

importante

evento

de

la

justicia

social

debida

al

hombre

como

factor

de

producción.

—Secretario del Trabajo v.

I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547

(1979)

La decisión que toma hoy una mayoría de los

miembros de esta Curia cierra de forma lamentable

un capítulo en la vida de los empleados públicos

2

CC-2005-1229

que

se

han

distintos

Estado.

visto

afectados

por

servicios

prestados

hasta

hace

respecto

a

Nuestras

decisiones

la

privatización

poco

ellos

por

no

de

el

deben

socavar la política pública a favor de la clase trabajadora

puertorriqueña proclamada en nuestra legislación laboral y

respaldada por nuestra jurisprudencia.

Menos aún, cuando

ello resulta en una injusticia contra antiguos empleados

públicos que ya sufren los perjuicios de perder un trabajo

sobre el cual tenían un interés jurídicamente reconocido.

La Opinión de este Tribunal coloca a estos empleados en una

situación indudablemente desventajosa porque no solo han

perdido

los

beneficios

que

disfrutaban

como

empleados

públicos sino que se les niegan derechos reconocidos a los

demás

empleados

precedente

del

sentado

sector

privado.

Ante

este

Tribunal,

es

por

el

mi

sombrío

obligación

disentir vigorosamente. A continuación explico mis razones.

I

Desde

política

1930,

existe

pública

laboral

en

Puerto

Rico

a

favor

de

una

la

fuerte

protección

efectiva del empleo y de los trabajadores despedidos sin

justa causa o caprichosamente por sus

patronos.

Conforme

a esta política, se adoptó en 1949 la primera Ley de la

mesada, la Ley núm. 50 del 20 de abril de 1949, que fue

sustituida por la ley vigente actualmente, la Ley núm. 80

del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m. Ésta

provee un remedio de aturaleza económica,

conocido

como

la mesada, para que los empleados así despedidos reciban

3

CC-2005-1229

una compensación por los daños que les causa su patrono con

su acción injustificada. Por lo general, el patrono deberá

indemnizar al empleado despedido sin justa causa con una

mesada proporcional a los años de servicios rendidos para

su propio establecimiento o empresa. 29 L.P.R.A. sec. 185a.

Sin

embargo,

el

artículo

6

de

la

Ley

núm.

80

permite

transferir la responsabilidad de un patrono a otro, cuando

se transfiere un establecimiento en marcha y el segundo

patrono decide mantener en la nómina a los empleados del

anterior.

La

Ley

formula

esta

doctrina

de

la

siguiente

manera:

En el caso del traspaso de un negocio en

marcha, si el nuevo adquirente continúa

utilizando los servicios de los empleados

que estaban trabajando con el anterior

dueño, se les acreditará a éstos el tiempo

que lleven trabajando en el negocio bajo

anteriores dueños. 29 L.P.R.A. sec. 185f.

De esta forma, si el adquirente de un establecimiento que

retiene a empleados del patrono anterior despide sin justa

causa

a

alguno

de

estos

empleados,

se

incluirá

en

el

cálculo de la mesada los años que éstos trabajaron para el

patrono anterior.

La

Ley

constituye

núm.

un

80

“negocio

no

define

concretamente

en

marcha”

para

efectos

qué

de

la

mesada. La Opinión mayoritaria, por su parte, le niega esta

categoría

a

las

adquiridas

por

instalaciones

empresas

privadas

de

salud

mediante

del

el

Gobierno

esquema

de

privatización implementado por la Ley núm. 190 del 5 de

septiembre de 1996.

Concluye que los empleados que sean

4

CC-2005-1229

despedidos

sin

justa

naturaleza

no

tienen

consideración,

para

causa

de

una

derecho

a

computar

la

instalación

que

se

mesada,

los

de

esta

tomen

en

años

de

servicio prestados previamente al Departamento de Salud del

Estado Libre Asociado.

La mayoría razona que la Ley núm. 80 no cubre a los

empleados gubernamentales porque éstos ya están protegidos

por un interés jurídicamente reconocido en la retención de

su empleo y por las garantías que les concede el principio

del

mérito

y

la

legislación

aplicable

al

personal

del

servicio público. Entiende entonces que incluir los años de

servicio público en el cómputo de la mesada que debe pagar

el nuevo patrono brindaría a estos empleados un beneficio

mayor al de cualquier otro empleado de la empresa privada.

Por

eso,

concluye

que

cuando

una

entidad

pública

se

convierte en una empresa privada, el derecho a la mesada de

los

ex

empleados

públicos

que

sean

despedidos

injustificadamente por el nuevo patrono no debe incluir los

años de servicio público trabajados previamente en el mismo

establecimiento.

En

esencia,

la

Opinión

mayoritaria

resuelve que los años de servicios prestados a un patrono

anterior se tomarán en cuenta al computar la mesada sólo si

el empleado despedido sin justa causa estaba protegido por

la Ley núm. 80 antes que se traspasara la empresa al nuevo

patrono.

5

CC-2005-1229

Según

la

Opinión,

el

propósito

de

la

doctrina

del

negocio en marcha es evitar que las protecciones que provee

la

Ley

núm.

80

al

empleado

se

vean

afectadas

por

el

traspaso de titularidad de su lugar de empleo. Ello implica

que

si

la

Ley

núm.

80

no

cobija

inicialmente

a

estos

empleados, no hay protección estatutaria que se afecte por

la venta o transferencia de la empresa. De esta forma, el

empleado

de

gubernamental

una

que

institución

sea

perteneciente

privatizada

pierde

a

una

esos

agencia

años

de

servicio público para efectos de la mesada, al ser retenido

por

la

pública.

empresa

privada

que

adquirió

dicha

facilidad

Como a su lugar anterior de empleo no le aplicaba

la Ley núm. 80, el ex-empleado público no puede trasladar

los años de servicio ofrecidos a su patrono anterior.

Por otro lado, la Mayoría del Tribunal resuelve que

una entidad gubernamental no es ni puede ser un “negocio

en marcha” según se contempla en la Ley núm. 80.

la

mayoría

que

la

Ley

regula

Razona

“esencialmente”

las

relaciones laborales de las empresas privadas lucrativas,

y que las disposiciones de la Ley núm. 80 no se extienden

a las relaciones laborales entre el Departamento de Salud

y sus empleados. Al no aplicar la Ley a las agencias del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, éstas

tampoco pueden estar incluidas en el concepto de negocio

en marcha del artículo 6 de la Ley. Por consiguiente, la

doctrina del negocio en marcha solo puede referirse al

6

CC-2005-1229

traspaso de negocios privados y no a la transferencia de

entidades

vendidas

gubernamentales,

mediante

un

incluso

proceso

de

cuando

éstas

privatización.

sean

Cabe

señalar que se llega a esta conclusión sin examen alguno de

ese proceso.

Además de lo anterior, la Mayoría del Tribunal también

descarta la aplicación al caso de autos de la doctrina del

patrono

sucesor,

jurisprudencia.

establecida

y

desarrollada

en

nuestra

Véase, e.g., Piñeiro v. International Air

Services of Puerto Rico, Inc., 140 D.P.R. 343 (1996); Bruno

López v. Motorplan, Inc., 134 D.P.R. 111 (1993); Beaunit of

Puerto Rico v. Junta de Relaciones del Trabajo, 93 D.P.R.

509 (1966). Determina en cuanto a esta doctrina que en “los

hechos

de

este

caso...

no

se

encuentran

presentes

los

factores o circunstancias que generalmente han dado lugar a

su aplicación”. Opinión mayoritaria, pág. 15.

A su vez,

concluye que la inmunidad concedida por el artículo 22 de

la Ley núm. 190 contra reclamaciones laborales basadas en

hechos o eventos que sean imputables al Gobierno de Puerto

Rico

impide

sucesor

a

la

las

aplicación

empresas

que

de

la

doctrina

adquieran

alguna

del

instalación

pública de salud al amparo de esta Ley.8

8

patrono

El artículo 22 dispone en lo pertinente:

La entidad contratante o intereses privados

que

adquieran

cualesquiera

de

las

instalaciones de salud en virtud de lo

dispuesto en este capítulo, estarán inmunes o

7

CC-2005-1229

II

Esta interpretación de la Ley núm. 80, desvinculada

del

proceso

de

privatización

y

en

extremo

mecánica,

contradice la política pública ínsita a dicha Ley, además

de que trastoca las normas de hermenéutica aplicables a

reclamaciones laborales.

Hemos reconocido consistentemente

que las leyes laborales, al ser instrumentos de justicia

social, deben ser interpretadas liberalmente para cumplir

sus

propósitos

protección

de

reparadores

los

derechos

de

de

garantizar

la

clase

la

mayor

trabajadora.

El

efecto de esta norma liberal de interpretación es que toda

duda en cuanto a la aplicación de una disposición legal

laboral

debe

Marrero

v.

Cintrón

Díaz

resolverse

General

v.

a

favor

Instruments,

The

Ritz

del

Inc.,

Carlton

San

empleado.

Jiménez

2007

T.S.P.R.

Juan

Spa

13;

Hotel

&

Casino, 2004 T.S.P.R. 82; Piñero González v. A.A.A., 146

D.P.R.

890,

902

(1998);

Muñoz

Hernández

v.

Policía

de

Puerto Rico, 134 D.P.R. 486, 495-96 (1993). En el caso de

autos,

este

principio

exegético

mayoría de este Tribunal.

fue

desatendido

Veamos.

___________________

exentos de reclamaciones de cualquier índole

que de otro modo serán atribuibles al Gobierno

de

Puerto

Rico,

incluyendo,

pero

no

limitándose

a

reclamaciones

laborales,

contractuales,

torticeras,

o

extracontractuales siempre y cuando dichas

reclamaciones

estuviesen

relacionadas

con

hechos o eventos ocurridos con anterioridad a

la firma de los contratos de privatización.

24 L.P.R.A. sec. 3320.

por

la

8

CC-2005-1229

La aprobación de la Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976

representó

un

puertorriqueña

paso

significativo

de

protección

en

del

la

política

empleo.

Su

laboral

propósito

principal es proteger al trabajador en la tenencia de su

empleo y, a su vez, desalentar los despidos caprichosos e

injustificados.

Por eso, la Ley provee una indemnización a

los empleados que hayan sido despedidos injustificadamente,

siendo justa causa para el despido aquellas circunstancias

prescritas en el propio estatuto. El remedio de la mesada

sirve

de

resarcimiento

perjuicios

sufridos

al

empleado

a

por

consecuencia

los

del

daños

y

despido

injustificado, no constituye una remuneración o salarios

por servicios prestados.

Alvira v. SK & F Laboratorios

Co., 142 D.P.R. 803, 810 (1997). La mesada se estableció

como un alivio parcial a la situación de desamparo que

enfrenta

un

empleado

al

perder

su

medio

habitual

de

sustento, permitiéndole una ayuda económica para sostener a

su familia en la transición a un nuevo empleo sin tener que

convertirse en carga para el Estado. Secretario del Trabajo

v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547 (1979).

La Ley núm. 80 es el estatuto general de

que

aplica

a

todo

despido

injustificado,

despido,

excepto

en

aquellas situaciones que están cobijadas por alguna otra

ley

laboral

contextos

específica

fácticos

de

carácter

protegidos

por

excluyente.

esas

otras

En

esos

leyes,

los

remedios provistos pueden ser superiores a los de la Ley

9

CC-2005-1229

núm. 80, ya que pueden incluir la reposición del trabajador

en su empleo.

Sin embargo, en situaciones no cubiertas por

alguna

legislación,

otra

la

mesada

es

el

remedio

estatutario para los empleados despedidos sin justa causa.

Véase Oficina del Procurador del Trabajo del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Guías para

la interpretación y aplicación de la Ley núm. 80, aprobada

el día 30 de mayo de 1976, 1979, pág. 6; Ruy N. Delgado

Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora

del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan,

2005, págs. 114-115.

Hemos visto que la Ley núm. 80 también protege a los

empleados de una empresa que son retenidos en su empleo por

un nuevo dueño, haciendo responsable a éste del pago de la

mesada

como

si

dichos

empleados

le

hubiesen

prestado

servicios desde que comenzaron a trabajar para el patrono

anterior.

Art. 6 Ley núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185f; Guías

para la interpretación y aplicación de la Ley núm. 80, pág.

44.

Cuando el nuevo dueño adquiere el negocio en marcha,

los

empleados

del

patrono

anterior

que

sean

retenidos

mantienen el mismo estatus que tenían cuando se trasladó la

titularidad de su lugar de empleo. En otras palabras, si al

ser retenido por el adquirente el empleado tenía carácter

de

permanente

en

el

negocio

condición ante el nuevo patrono.

en

marcha,

mantendrá

Id., pág. 47.

esta

10

CC-2005-1229

La

razón

de

ser

de

esta

doctrina

es

que

estos

empleados retenidos, a través de su antigüedad y los años

de

trabajo

con

el

dueño

anterior,

han

adquirido

unos

derechos que no pueden ser ignorados cuando su patrono opta

por traspasar el lugar de empleo a un nuevo dueño. Véase

Charles Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado

de Derecho del Trabajo, San Juan, Publicaciones JTS, 2003,

Tomo I, pág. 135.

nómina

de

la

Cuando el nuevo dueño mantiene en la

entidad

anterior,

se

específico

adquiridos

además

la

de

adquirida

beneficia

de

por

la

a

empleados

experiencia

éstos

a

y

del

dueño

conocimiento

través

de

los

años,

plusvalía

por

razón

de

su

trabajo.

Esto,

redunda

en

beneficio

del

negocio

y

indudablemente,

del

nuevo patrono, por lo que si éste despide a alguno de ellos

injustificadamente debe pagar la indemnización completa que

exige la Ley, tomando en consideración los años servidos al

patrono anterior.

Ahora

bien,

la

Ley

limitar

su

aplicación.

No

requiere

que

la

de

determinada

naturaleza.

La

Ley

empresa

para

entidad

adquirida

sea

no

distingue

entre

tipos

dispone escuetamente que se le acreditará en la

el

tiempo

que

[los

negocio

bajo

(énfasis

suplido).

patrono

anterior

mesada

ante

refiere

al

empleados]

anteriores

un

lleven

dueños”.

29

Específicamente,

tuviera

despido

“traspaso

la

no

de

un

negocio

legal

en

sec.

requiere

obligación

injustificado.

mesada “

trabajando

L.P.R.A.

de

185f

que

de

El

artículo

en

marcha”

el

el

pagar

6

se

sin

11

CC-2005-1229

precisar si dicho “negocio” traspasado debe ser privado,

lucrativo o comercial, ni prohibir expresamente que sea una

entidad pública de naturaleza privatizable.

Provoca

mayoritaria

confusión

al

el

interés

énfasis

que

da

la

“lucrativo”

que

deben

Opinión

tener

las

empresas a las cuales les aplica la Ley núm. 80. La Opinión

da a entender que las disposiciones de la Ley sólo aplican

a entidades de “índole comercial y empresarial” y alude a

la mención en la Ley de entidades de “comercio, industrias

y negocios”.

Para apoyar su conclusión, cita del historial

legislativo de la Ley núm. 80, que a su entender demuestra

que la Asamblea Legislativa pretendía, con este lenguaje,

que

las

disposiciones

de

la

Ley

sólo

protegieran

a

empleados de “comercio, industria o cualquier otro negocio

lucrativo”.

Opinión mayoritaria, pág. 6 (citando a Informe

de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la

Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S.

1112).

Esta

es

una

interpretación

desafortunada

del

historial legislativo, pues la frase del Informe que cita

la Opinión mayoritaria no se refería a la Ley núm. 80. Lo

que se indica en el Informe citado es que la predecesora

de

la

Ley

empleados

núm.

de

80,

negocios

la

Ley

núm.

lucrativos,

50,

y

protegía

que

uno

a

los

de

los

propósitos de la nueva Ley era eliminar este requisito de

lucro sin el cual la Ley núm. 50 no aplicaba.

Véase

12

CC-2005-1229

Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P.

del S. 1112, pág. 2.9

50

sólo

cobijaba

al

Por eso, mientras que la Ley

empleado

“de

comercio,

núm.

industria

o

cualquier otro negocio lucrativo”, la Ley núm. 80 eliminó

la

condición

negocio

o

de

sitio

“lucrativo”

de

añadió

“cualquier

otro

empleo”.

29

L.P.R.A.

sec.

En

la

Opinión

mayoritaria

alcance

de

(énfasis

suplido).

restringe

excesivamente

el

“negocio”

sin

en

interpretación

y

tomar

fin,

teleológica,

la

consideración

es

decir,

185a

palabra

que

una

verdaderamente

guiada por el propósito de la Ley núm. 80, demuestra que

9

En el Informe presentado ante la Cámara de Representantes

sobre el Proyecto de Senado 1112, que se aprobaría como la Ley

núm. 80 del 30 de mayo de 1976, se señala:

La ley actual [Ley núm. 50] protege a los empleados

de comercio, industira o cualquier otro negocio

lucrativo que estén contratados sin tiempo determinado

contra la eventualidad de ser despedidos de su cargo

sin

justa

causa,

pero

solamente

concede

una

indemnización equivalente a un mes de sueldo en el

supuesto de que se produzca el despido bajo las

indicadas circunstancias.

El proyecto que estamos considerando elimina el

requisito de lucro sin el cual la ley actual no aplica

y establece por primera vez en nuestra jurisdicción la

indemnización progresiva por el despido injustificado,

consistente dicha indeminización progresiva en una

indemnización básica equivalente al sueldo de un mes y

una indemnización progresiva adicional equivalente a

una semana por cada año de servicios.

Informe de la

Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la

Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P.

del S. 1112, págs. 1-2 (énfasis suplido).

13

CC-2005-1229

ésta

buscaba

expandir

el

ámbito

de

protección

laboral,

descartando el ánimo de lucro como medida de aplicación,

para

así

asegurar

la

protección

más

efectiva

a

los

empleados despedidos injustificadamente.

En el caso de autos, la Opinión mayoritaria desdeña el

principio

liberal

ordenamiento

laboral

Esta

de

que

la

nos

exégesis

obliga

forma

metodología

introducir

de

más

de

a

reconocido

y

interpretación

al

nuestro

todo

estatuto

remedial

posible.

interpretar

justiciera

restricciones

en

alcance

liberal

nos

de

disposición

una

impide

estatutaria laboral, cuando dichas limitaciones no están

contenidas expresamente en la propia Ley. La exclusión de

un empleado de los beneficios de la legislación laboral

debe

desprenderse

disposiciones,

de

y

restrictivamente.

forma

en

Muñoz

clara

todo

y

manifiesta

caso

Hernández

de

v.

de

sus

interpretarse

Policía

de

Puerto

Rico, supra, pág. 496; López Vega v. F. Vega Otero, Inc.,

103 D.P.R. 175, 177 (1974).

Para

resolver,

situaciones

como

la

del

doctrina

la

que

aquí

“traspaso

de

tenemos

un

negocio

que

en

marcha”, según estatuida en el artículo 6 de la Ley núm.

80,

expone

aplicación.

de

forma

clara

los

elementos

para

su

En primer lugar, tiene que haber un patrono

anterior,

dueño

de

trabajo

para

determinados

establecimiento

un

laboral

establecimiento

o

empleados.

“negocio

adquirido por un nuevo dueño.

que

en

sea

lugar

Luego,

marcha”

debe

de

el

ser

En tercer lugar, el nuevo

14

CC-2005-1229

adquirente debe optar por conservar en la empresa adquirida

a

los

empleados

del

dueño

anterior,

forma a ser su nuevo patrono.

adviniendo

de

esta

Por último, se requiere que

el nuevo patrono despida sin justa causa a alguno de estos

empleados

retenidos,

siendo

así

responsable

de

pagar

la

indemnización conforme lo requiere la Ley, incluyéndose en

el cómputo de la mesada los años de servicio prestados al

patrono anterior.

En

cuanto

al

patrono

anterior

la

Ley

no

establece

condición alguna. En particular, la disposición estatutaria

no requiere que el patrono anterior estuviera sujeto a la

Ley núm. 80. Sin embargo, la Opinión mayoritaria suple el

silencio legislativo en cuanto a este aspecto introduciendo

una limitación al alcance de la Ley.

los

principios

generales

de

Con ello se aparta de

interpretación

de

leyes

laborales, y adopta una interpretación que es contraria a

la política pública de la Ley, que aspira a brindar la

protección más eficaz posible a la seguridad del empleo de

los trabajadores en Puerto Rico. El resultado es añadir al

artículo 6 de la Ley núm. 80 algo que el legislador no

contempló, dos tipos de negocio en marcha para efectos de

la mesada: uno en el cual los empleados acreditan el tiempo

que trabajaron para el patrono anterior, y otro en el cual

los empleados simplemente pierden estos años de servicio.

Sin

embargo,

en

la

médula

del

razonamiento

Opinión mayoritaria se encuentra, realmente, su

de

la

15

CC-2005-1229

convencimiento de que una facilidad pública, aun cuando sea

vendida a un ente privado, no es ni puede ser un “negocio

en marcha” para efectos de la Ley núm. 80.

Como hemos

señalado,

un

llega

a

esta

conclusión

utilizando

método

contrario a los principios básicos de interpretación de la

legislación laboral.

Pero llama la atención también la

ausencia de un análisis de las particularidades del proceso

de privatización. Ese análisis, que me parece insoslayable,

demuestra que estas entidades privatizadas constituyen un

negocio en marcha para efectos de la Ley.

III

La

privatización

de

empresas

públicas

durante la segunda mitad del siglo XX.

cobró

auge

Particularmente,

los decenios finales del milenio pasado fueron testigos de

la

transferencia

activos

públicos

gubernamental

combinación

que

de

por

al

se

diversos

sector

privado.

conoce

fenómenos

y

estados

como

de

Esta

funciones

transformación

privatización

procesos

y

diferentes,

es

una

en

los

cuales se destaca la participación del sector privado en

campos

tradicionalmente

gubernamental,

participante

ocupados

disminuyéndose

del

Estado

en

de

los

por

esta

asuntos

la

forma

acción

el

rol

socioeconómicos.

Ramón J. Cao García, Planificación y Privatización, 1 (Núm.

2)

Ceteris

Socioeconómicas

Paribus:

113,

Revista

117

(1991).

de

Investigaciones

Por

tanto,

privatización funciona como un proceso de reorganización

la

16

CC-2005-1229

de las prioridades sociales de un gobierno, para someter

ciertas

actividades

gubernamentales

y

la

prestación

de

ciertos servicios públicos a las dinámicas económicas del

mercado.

De

esta

forma,

el

sistema

burocrático

gubernamental es reemplazado por empresas privadas, y los

favorecidos por estos servicios públicos son transformados

en clientela. Kevin R. Kosar, Privatization and the Federal

Government:

An

Introduction,

Congressional

Research

Service, 28 de diciembre de 2006, pág. 6.

Las teorías normativas que justifican la doctrina de

la privatización se originan en el siglo XVIII. La política

pública

que

apoya

el

proceso

de

privatizar

servicios

gubernamentales está inspirada en la visión individualista

del

laissez

faire

y

las

teorías

económicas

del

libre

mercado, que promueven la competencia en el mercado y la

disminución

de

promueve

privatización

la

la

intervención

el

gubernamental.

pensamiento

También

neoconservador,

desarrollado durante las últimas décadas del siglo XX, que

visualiza

para

la

reducir

privatización

la

llamada

como

una

estrategia

“sobrecarga”

del

política

Estado.

Paul

Starr, The Meaning of Privatization, 6 Yale L. & Pol’y Rev.

6, 20 (1988).

No

obstante,

la

privatización,

tal

y

como

se

ha

desarrollado actualmente, funciona como un instrumento de

ejecución del neoliberalismo y al igual que éste aspira a

17

CC-2005-1229

restablecer

plenamente

los

mecanismos

del

mercado,

disminuir el rol decisorio del Estado en los mercados de

bienes y servicios, encauzar la economía en manos privadas,

encontrar acceso al capital del comercio internacional, y

permitir

el

económica.

funcionamiento

Hernando

desarrollo

y

Agudelo

de

Villa,

privatización,

estatización?

una

Perspectivas

llamada

Estado,

en

de

libertad

política

de

¿Privatización

o

un

debate,

Bogotá,

Departamento de Publicaciones de la Cámara de Comercio de

Bogotá, 1989, págs. 42-44. La premisa clásica a favor de la

privatización es el argumento de que las empresas privadas,

compelidas por el ánimo del lucro y la maximización de

ganancias,

son

más

eficaces

que

servicios

a

la

ciudadanía.

el

Estado

Héctor

A.

para

ofrecer

Ríos

Maury,

Privatización: Formas, mitos y aspectos gerenciales, Puerto

Rico, Ediciones Nueva Aurora, 1998, pág. 47. Se basa, pues,

en una visión escéptica del Estado en su rol de proveedor

de

servicios

y

en

una

percepción

del

mismo

como

un

empresario incompetente e improductivo.

Son numerosas las explicaciones y justificaciones para

la adopción de la privatización como una opción para la

reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y el

sector

privado.

implantación

de

En

Puerto

Rico,

esta

política

se

basada

ha

en

defendido

las

condiciones

socioeconómicas prevalecientes desde las últimas décadas

del siglo pasado. Éstas, a su vez, se han

la

identificado

18

CC-2005-1229

por

algunos

economistas

como

resultado

de

políticas

gubernamentales intervencionistas adoptadas en respuesta a

la

desaceleración

sesenta.

Estas

de

la

economía

políticas,

a

partir

junto

a

de

otros

los

años

factores,

resultaron en una nómina pública abultada y recursos que se

percibían mal distribuidos y utilizados.10 Véase Cao García,

supra, págs. 127; Consejo de Planificación Estratégica del

Sector

Privado,

Informe

Final:

Privatización

de

los

Servicios Públicos (Fase 2), Cámara de Comercio de Puerto

Rico, 1989, págs. 7-9.

Como respuesta a esta situación, se ha planteado la

idea de redefinir el papel del Estado como proveedor de

servicios. Así, se propuso el proceso de privatización en

Puerto Rico como una forma de atraer recursos del sector

privado

para

incrementar

10

proveer

la

determinados

eficiencia

de

servicios

éstos,

además

públicos

de

e

proveer

Los economistas señalan que a pesar de que Puerto Rico

disfrutó de una tasa rápida de crecimiento económico

durante las décadas siguientes a la posguerra, a partir de

los años setenta, la economía registró una desaceleración

severa que llevó a un estancamiento recesivo. Cao García,

supra, págs. 121-122.

Recalcan que por ello, el sector

gubernamental

puertorriqueño

adquirió

una

importancia

creciente al intentar inyectarle dinamismo a la actividad

económica mediante la estimulación de la producción y la

creación de nuevos empleos.

También señalan una serie de

causas para que este rol protagónico llevara a hacer

atractiva,

décadas

después,

la

alternativa

de

la

privatización. En particular, destacan el aumento en gastos

corrientes

del

gobierno,

específicamente

en

empleos

públicos,

y

la

desatención

en

las

inversiones

de

infraestructura, lo que trajo como resultado una nómina

gubernamental abultada y recursos mal distribuidos y

utilizados. Cao García, supra, págs. 127; Informe Final:

Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,

págs. 7-9.

19

CC-2005-1229

métodos

alternos

recursos

de

fiscales

financiamiento

del

y

gobierno.

aumentos

en

los

Informe

Final:

Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,

pág. 9.

La privatización es un proceso que puede manifestarse

en

diversas

formas.11

De

los

numerosos

modelos

de

privatización disponibles, el más utilizado en Puerto Rico

y en la mayoría de los países que han optado por acogerse a

este

proceso

es

el

gubernamentales

al

sector

del

traspaso

privado

de

mediante

activos de una agencia o corporación pública.12

actividades

la

venta

de

En esencia,

la venta de una entidad gubernamental lo único que altera

es el estado legal de ésta, ya que pasa de ser propiedad

pública

a

propiedad

privada.

En

el

caso

de

la

11

Entre los modelos de privatización más utilizados se

encuentran: la subcontratación de actividades al sector

privado; el uso de cupones (vouchers); la responsabilidad

compartida del gobierno y el sector privado para ofrecer un

servicio, ya sea mediante empresas conjuntas, división de

fases o incluso la competencia directa en el mercado; la

liquidación de empresas o actividades gubernamentales; la

acción comunitaria con estímulo gubernamental, donde el

Estado dona activos, provee incentivos o traslada la

administración de una actividad a comunidades; y el

permitir que asociaciones voluntarias o filantrópicas

provean determinados servicios públicos.

Informe Final:

Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,

pág. 5. Véase también Consejo de Planificación Estratégica

del Sector Privado, Informe Final: Privatización de los

Servicios Públicos (Fase 1), Cámara de Comercio de Puerto

Rico, 1988, págs. 4-9.

12

Las alternativas dentro de este modelo son la venta

total o parcial de la empresa a una entidad privada, la

venta de acciones al público en general, o la venta o

donación de la empresa a empleados, para que estos la

administren. Informe Final: Privatización de los Servicios

Públicos (Fase 2), op. cit., pág. 5.

20

CC-2005-1229

venta

total

titularidad

de

una

indica

entidad

pública,

usualmente

sólo

administración

y

gerencia

estructura

en

ocasiones,

y,

de

la

el

un

entidad

tampoco

en

traspaso

de

cambio

en

la

pero

en

su

su

no

personalidad.

Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado,

Informe

Final:

Privatización

de

los

Servicios

Públicos

(Fase 1), Cámara de Comercio de Puerto Rico, 1988, pág. 5.

Ello se debe a que son precisamente la estructura y la

personalidad

de

una

entidad

pública

las

que

atraen

la

atención de los licitadores para su compra. De la misma

forma, éstos también buscan adquirir como clientela suya a

aquellos ciudadanos que utilizan estos servicios públicos.

En

la

situación

descrita,

y

como

cuestión

de

realidad, la entidad pública se vende como un negocio en

marcha

(ongoing

transfiriéndola

o

business

en

su

going

totalidad

concern),

o

como

unidad

una

sea

comerciable. Otra opción sería no venderla como un todo

sino disolverla como empresa, y, de esta forma,

sus bienes y activos de forma individual.

vender

Emmanuel S.

Savas, Privatization and Public-Private Partnerships, New

York,

Chatham

House

Publishers,

2000,

págs.

129-132;

Charles Vuylsteke, Techniques of Privatization of StateOwned

Enterprises:

impresión,

Washington,

Number

1989,

88,

Methods

and

D.C.,

World

Volumen

I,

págs.

Implementation,

Bank

Technical

20-21.

2da

Paper

Bajo

segunda opción, el organismo público se desintegra como

esta

21

CC-2005-1229

entidad, sus partes son vendidas de forma individual, y no

hay continuidad de servicios, sino una venta de bienes y

activos.13

Así, mientras en la opción de la venta como

negocio

marcha

en

se

traspasa

una

operación

para

su

continuación, en la segunda hay una desintegración total.

Es la venta de la entidad pública como negocio en

marcha

lo

que

permite

a

la

empresa

privada

adquirente

asumir la identidad del establecimiento vendido. En estos

casos, la nueva empresa continúa ofreciendo servicios de

igual o similar naturaleza a los ofrecidos por el Estado.

A su vez, utiliza la misma estructura para sus operaciones,

con

el

mismo

equipo

y

usualmente

métodos

de

producción

similares. En ocasiones, además, conserva la misma fuerza

obrera para la operación de la empresa, ahora manejada con

ánimo de lucro. Es precisamente por estas razones, que los

estudiosos del tema hablan de la entidad pública vendida

como un negocio en marcha.14

13

La liquidación de una empresa pública como una modalidad

de privatización es utilizada por el Estado cuando, entre

otras cosas, el propósito funcional de la entidad ya no es

relevante, inversionistas privados no están interesados en

la compra de la entidad como un negocio en marcha, o la

planta física de la empresa a ser vendida tiene mayor valor

comercial que el negocio como tal.

Emmanuel S. Savas,

Privatization and Public-Private Partnerships, New York,

Chatham House Publishers, 2000, pág. 217.

14

El concepto negocio en marcha, como going concern, se

usa también cuando el Estado vende todas o algunas de sus

acciones en una empresa gubernamental. Esta forma de

privatización requiere que el negocio en venta sea una

corporación

debidamente

incorporada.

Véase

Charles

Vuylsteke, Techniques of Privatization of State-Owned

Enterprises: Methods and Implementation, 2da impresión,

22

CC-2005-1229

IV

El sistema de servicios de salud público es uno de los

sectores gubernamentales que se ha privatizado en épocas

recientes. Como parte de la “reforma de salud” realizada en

la

década

del

noventa,

se

inició

un

proceso

de

privatización de algunos hospitales y facilidades de salud

operados por el Departamento de Salud y la Administración

de Facilidades y Servicios de Salud de Puerto Rico. Con

este

propósito

septiembre

de

se

aprobó

1996,

24

la

Ley

L.P.R.A.

núm.

190

secs.

del

5

3301-3325,

de

para

permitir y reglamentar la transferencia de titularidad de

las facilidades públicas de salud al sector privado para

que

sean

operadas

como

empresas

privadas.

Uno

de

los

objetivos primordiales de la Ley es permitir que la libre

competencia

en

la

prestación

de

los

servicios

de

salud

sirva de aliciente para mejorar su calidad. Otro objetivo

es retirar al Gobierno de su rol de proveedor de servicios,

para entonces fortalecer su función de agente fiscalizador,

evaluador

Informe

y

de

regulador

la

de

Comisión

los

de

sistemas

Gobierno

de

de

salud.

la

Véase

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 2479, 13

de junio de 1996; Informe de la Comisión de Gobierno del

Senado de Puerto Rico sobre el P. de la C. 2479, 21 de

junio de 1996.

___________________

Washington, D.C., World Bank

1989, Volumen I, págs. 11-20.

Technical

Paper

Number

88,

23

CC-2005-1229

A diferencia de legislaciones anteriores, la Ley núm.

190 permite delegar o ceder la operación de instalaciones

de

salud

a

traspasar

empresas

su

privadas,

titularidad.

Id.

así

como

La

Ley

arrendarlas

le

concede

o

al

Secretario de Salud la discreción necesaria para arrendar,

subarrendar,

vender,

ceder,

permutar

o

transferir

permanentemente las instalaciones de salud cuya titularidad

pertenezca al Gobierno, sus agencias o instrumentalidades.

24 L.P.R.A. sec. 3320. En la Ley se adopta como definición

de

“instalación

Facilidades

de

de

salud”,

Salud,

24

la

que

dispone

L.P.R.A.

secs.

la

Ley

de

331-334j.

El

concepto es tan amplio como para abarcar cualesquiera de

los

establecimientos

servicios

centros

de

de

salud,

que

se

sean

hospitales,

centros

de

salud,

tratamiento,

casas

de

salud,

diagnóstico

y

dedican

a

la

prestación

de

centros de rehabilitación, facilidades de cuidado de larga

duración, entre otros.

la

Ley

núm.

190

24 L.P.R.A. sec. 331a.

expande

esta

definición,

Ahora bien,

para

incluir

dentro del concepto de “instalación de salud” al “equipo y

el inventario instalado en, o utilizado en relación con la

operación de la misma”.

24 L.P.R.A. sec. 3301.

La Ley ordena que todo acuerdo de transferencia de

una

instalación

deberá

seguir

establece.

24

de

las

salud

pública

a

disposiciones

L.P.R.A.

sec.

3302.

una

entidad

que

la

misma

Ley

En

particular,

las

entidades privadas contratantes están obligadas

a

privada

24

CC-2005-1229

utilizar

las

instalaciones

cuidado

de

salud

adquiridas

dirigido

que

en

sea

un

ambiente

cónsono

con

de

los

propósitos de la Ley y la filosofía de la reforma de salud.

24 L.P.R.A. sec. 3305. En cuanto a la operación de las

facilidades

privatizadas,

las

disposiciones

estatutarias

son muy cuidadosas al disponer que los servicios médicos

que ofrecen las instalaciones de salud serán continuos y no

se

verán

afectados

por

el

proceso

de

transferencia

a

entidades privadas.

En primer lugar, la Ley indica que toda propuesta de

las entidades interesadas debe tomar en consideración la

organización estructural y funcional de los servicios de

salud de la instalación particular. A base de esto, se

hará

un

poder

plan

de

trabajo

implantar

la

divido

en

fases

para

entonces

organización

y

los

servicios

que

contemple establecer el licitador. 24 L.P.R.A. sec. 3307.

En

segundo

para

lugar,

adquirir

una

al

evaluar

instalación,

las

propuestas

el

Secretario

sometidas

de

Salud

debe determinar qué modelo de transferencia será el más

apropiado según la instalación de salud que se trate, las

circunstancias económicas de la región en que se ubique y

las

necesidades

y

características

de

la

población

que

sirve. 24 L.P.R.A. sec. 3308. Incluso, la Ley establece

expresamente que como único se podrá eximir a la entidad

contratante de continuar ofreciendo servicios de cuidado de

salud

en

la

determinación

instalación

del

adquirida

Secretario

de

es

Salud

mediante

y

del

una

Banco

25

CC-2005-1229

Gubernamental de Fomento a estos efectos y que indique que

la región en la que está localizada la instalación ya está

adecuadamente servida por otras facilidades de salud.

24

L.P.R.A. sec. 3305.

Cabe

destacar

otro

asunto

en

cuanto

al

proceso

de

privatización de las instalaciones de salud públicas. La Ley

núm.

190

precio

señalaba

mínimo

de

originalmente,

venta

de

la

en

su

artículo

facilidad

sería

21,

que

el

aquel

que

por

tasación dispusiera el Departamento de Hacienda o el de Salud.

No obstante, la Ley núm. 31 del 6 de julio de 1997 enmendó esta

disposición para establecer el valor de mercado como el precio

de venta de cada instalación.

24 L.P.R.A. sec. 3320. Tanto la

exposición

Ley

de

motivos

de

la

núm.

31

como

su

historial

legislativo muestran que la intención del legislador era que el

precio

de

la

facilidad

reemplazo de un inmueble.

no

fuese

un

valor

de

tasación

de

Por el contrario, se entendió que

durante la venta de las facilidades de salud deberían tomarse en

cuenta

otros

factores

adicionales,

entre

ellos

transferirse y otras variables del mercado.

las

Comisiones

de

Gobierno

y

de

Salud

el

equipo

a

Véase Informe de

de

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 691, 17 de

junio de 1997. Así, al momento de determinar el precio de venta

de

la

instalación

consideración

la

se

estimará

estructura,

otros factores ya mencionados.

su

valor

organización,

global,

tomando

potencial,

y

en

los

26

CC-2005-1229

Conforme a lo anterior, se colige forzosamente que las

disposiciones de la Ley núm. 190 disponen para la venta de

las facilidades de salud públicas como negocios en marcha.

Primeramente,

la

Ley

da

énfasis

a

que

la

entidad

contratante no interrumpa los servicios médicos que ofrece

la instalación vendida durante el proceso de privatización,

y que luego del traspaso su operación se mantenga ajustada

a las necesidades y características de la población servida

por cada instalación. El estatuto no le concede discreción

a la entidad contratante para darle otro uso a la facilidad

adquirida

que

no

sea

aquel

indicado

en

la

Ley,

salvo

autorización expresa del Secretario de Salud y el Banco

Gubernamental de Fomento. En otras palabras, la facilidad

que

sea

privatizada

deberá

continuar

ofrecer

servicios

de

cuidado

política

estatal

de

salud

de

utilizándose

salud

pública.

para

conforme

Ello

a

la

asegura

una

continuidad estable entre los servicios que antes ofrecía

el Gobierno y los que ofrecerá posteriormente la entidad

privada

adquirente,

asegurar

que

la

además

de

servir

operación

de

la

de

barómetro

facilidad

para

adelante

los

propósitos primordiales de la Ley y la filosofía de la

llamada reforma de salud.

Segundo, el proceso de privatización de la Ley núm.

190 no sólo incluye la venta de estructuras físicas sino

que

incluye

el

equipo

e

inventario

ya

instalado

facilidades para ofrecer los servicios de salud. A

en

esto

la

27

CC-2005-1229

se

le

puede

añadir

el

que

la

Ley

también

dispone

expresamente para la retención por la entidad contratante

de los empleados que trabajaban para el Gobierno en la

instalación

adquirida.

24

L.P.R.A.

sec.

3318.

Así,

la

venta de las facilidades que hace el Gobierno no es una de

activos o bienes individuales sino de un establecimiento,

con

todos

sus

componentes,

transferidos

como

una

unidad

integral.

Lo último, mas no menos importante, son los factores a

considerarse al determinar el precio de venta. Como parte

de esta determinación, no sólo se consideran los elementos

estructurales y operativos de la facilidad sino también el

valor en el mercado que posee dicha entidad. Fijar el valor

del

mercado

también

requiere

evaluar

otros

factores

de

índole económica, como son los rendimientos financieros que

genera o podría generar la actividad desde un punto de

vista

privado.

O

sea

para

obtener

el

máximo

valor

de

retorno, el precio se fija considerando la instalación como

una unidad comercial integra y como un negocio continuo.

La venta de una instalación de salud pública como un

negocio

en

ganancias

marcha

que

transacción.

asegura

puede

la

obtener

Precisamente,

en

maximización

de

las

el

en

la

Gobierno

Puerto

Rico,

una

de

las

razones de peso para privatizar es la de adquirir fondos

con

la

venta

de

crisis

fiscal

del

la

entidad

Estado.

para

Véase

intentar

Edwin

aliviar

Irizarry

la

Mora,

28

CC-2005-1229

Privatización

de

empresas

públicas:

Apuntes

teóricos

pertinentes al caso de Puerto Rico, 1 (Núm. 1) Ceteris

Paribus:

152

Revista

(1991).

de

Investigaciones

Debido

a

sus

Socioeconómicas

propósitos

151,

intrínsecamente

económicos, la privatización requiere la transformación de

funciones estatales de beneficencia y asistencia social en

servicios y productos comerciales. No nos debe extrañar,

por

tanto,

que

para

que

el

Gobierno

pueda

vender

una

entidad de servicios públicos tenga que mercadearla como un

negocio rentable. Aunque nos parezca incómodo asignarle un

valor

económico

a

servicios

de

naturaleza

benéfica

y

filantrópica, como lo son los servicios médicos primarios,

la privatización requiere adoptar una visión negociable de

estas instituciones.

V

Aplicando

situaciones

concluir

este

como

otra

marco

teórico

y

la

del

caso

de

autos,

cosa

que

no

sea

resolver

jurídico

no

a

podemos

que

una

instalación gubernamental de salud que ha estado sujeta a

un proceso de privatización es vendida, de hecho, como un

negocio en marcha. De otro modo, estaríamos hablando de

una venta pública de bienes gubernamentales.

Como hemos

discutido,

la

Ley

un

proceso

liquidación

de

entidades

vender

sus

núm.

190

no

establece

públicas

para

de

parte

como bienes o activos individualizados. Por el contrario,

la Ley formula una oferta de venta globalizada y obliga a

que

los

adquirentes

mantengan

una

continuidad

en

la

29

CC-2005-1229

prestación

de

servicios

de

la

facilidad

que

les

sea

transferida. La oferta de compra no sólo incluye el equipo

que

utilizaba

servicios,

el

sino

gobierno

que

para

permite

ofrecer

además

que

los

las

mismos

entidades

contratantes retengan en su nómina a los empleados públicos

que laboraban originalmente para el Departamento de Salud.

La entidad pública se traspasa al sector privado en

función de una unidad integral, o como apropiadamente lo

han

llamado

los

estudiosos

del

fenómeno

de

la

privatización, la venta de un negocio en marcha (ongoing

business). Es claro que bajo la Ley núm. 190 la entidad

contratante

al

adquirir

una

facilidad

de

salud

pública

asume su identidad como proveedor de servicios de cuidado

de

salud.

intención

Estos

de

establecimientos

continuar

proveyendo

se

adquieren

servicios

de

con

la

la

misma

naturaleza que los que ofrecía el Estado, porque así lo

requiere la Ley, y utilizando la misma estructura física,

con el mismo equipo e incluso la misma fuerza obrera en las

operaciones diarias de la entidad. En conclusión, la venta

de una instalación de salud pública presenta varios de los

factores

que

apoyan

la

aplicación

de

la

doctrina

del

traspaso de un negocio en marcha según dispuesta en el

artículo 6 de la Ley núm. 80.15

15

Tengo, además, grandes reparos en cuanto a la

conclusión mayoritaria respecto a la inmunidad

brindada

por el artículo 22 de la Ley núm. 190 y la doctrina del

patrono sucesor. Ello porque la controversia particular

30

CC-2005-1229

Por todo lo anterior, resolvería que al momento de

computar la mesada a la que pueda tener derecho la señora

Mercado Ortiz, se deben tomar en consideración los años que

esta empleada trabajó para el Departamento de Salud antes

que la facilidad de salud en la que laboraba pasara a manos

de

una

empresa

servidora

privada.

pública

por

La

casi

señora

dos

Mercado

décadas

Ortiz

antes

que

fue

el

Hospital de Área Tito Mattei de Yauco, que servía como su

lugar

de

empleo,

fuera

privatizado

en

1998,

según

lo

permite la Ley núm. 190. Al comprar el hospital, la entidad

contratante, Adventist Health System Corp., advino patrono

de la señora Mercado Ortiz, ya que retuvo sus servicios

junto a los de otros empleados del Departamento de Salud.

Sin

embargo,

Mercado

Ortiz

Health

se

en

el

la

despidió.

benefició

2001

de

el

la

nuevo

Antes

patrono

del

de

despido,

experiencia

y

la

señora

Adventist

conocimiento

especializado de la señora Mercado Ortiz, al igual que se

sirvió de su familiaridad con la instalación en la que

trabajaba y de la plusvalía que su labor representaba.

___________________

del caso autos se resuelve mediante la aplicación adecuada

de la Ley núm. 80 y nuestros principios básicos de

hermenéutica judicial y no requería, por tanto, que este

Tribunal se expresara en cuanto al efecto que tiene la Ley

núm. 190 sobre la posible aplicación de la doctrina del

patrono

sucesor

en

el

contexto

de

un

proceso

de

privatización. La Mayoría de este Tribunal se excedió en su

función adjudicadora al resolver que en cualquier contexto

de privatización de instalaciones de salud públicas la Ley

núm. 190 hace inaplicable la doctrina del patrono sucesor.

31

CC-2005-1229

Indudablemente,

y

como

explicamos

anteriormente,

al

utilizar el procedimiento de la Ley núm. 190, Adventist

Health adquirió del gobierno el Hospital Tito Mattei de

Yauco como un negocio en marcha.

Por tanto, le aplicaba el

artículo

Por

6

de

la

Ley

núm.

80.

tal

razón,

debimos

confirmar al Tribunal de Apelaciones en cuanto resolvió que

el legislador no excluyó la consideración de los servicios

prestados a patronos anteriores por un empleado que fue

retenido por la entidad adquirente de un hospital público

para los efectos de terminar su mesada bajo la Ley núm. 80.

En ausencia de una exclusión categórica, la señora Mercado

Ortiz tiene un derecho estatutario a que se le aplique la

fórmula de cálculo de la mesada tal y como está establecida

en la Ley núm. 80. Como la Opinión mayoritaria llega a un

resultado

que

ignora

estas

consideraciones

y

que

es

contrario a la naturaleza justiciera y remedial de nuestras

leyes laborales, me veo obligada a disentir.

VI

Por

último,

disenso.

No

podemos

privatización,

afecta

la

públicos.

debo

como

puntualizar

otra

razón

para

mi

perder

perspectiva

que

la

proceso

seguridad

de

Cuando

vende

se

de

político

empleo

una

de

y

miles

socioeconómico,

de

instalación

empleados

de

salud

pública, la entidad adquirente puede retener a todos, a

algunos

o

a

ninguno

de

los

empleados

públicos

laboraban en el establecimiento adquirido. Debemos

que

32

CC-2005-1229

reconocer

que

ante

privatización

el

el

acontecimiento

estatus

laboral

de

de

un

proceso

estos

de

empleados

públicos sufrirá un cambio drástico y es, cuando menos,

incierto.

De no ser retenidos por la empresa adquirente, estos

empleados

serán

cesanteados

con

promesa,

no

de

que

serán

reubicados

algún

otro

público

o

empresa

privada.16

L.P.R.A.

sec.

que

sean

reclutados por la entidad adquirente perderán su

estatus

garantizada,

organismo

3318.

Por

otro

lado,

los

la

sola

en

24

“afortunados”

de empleados públicos, con todo lo que ello

conlleva.

Estos

servicio

público

empleados

y

dejarán

perderán

las

de

ser

miembros

garantías

que

del

les

provee

el

principio de mérito y los beneficios y protecciones del

sistema

de

empleados

sector privado,

16

aun

del

Gobierno.

cuando

estén

Como

empleados

protegidos

por

del

otras

Los empleados públicos que no sean reclutados por el

nuevo patrono podrían ser cesanteados por el Gobierno.

Ante estas circunstancias, la Ley núm. 190 sólo ofrece como

salvaguarda la política pública observada en Puerto Rico en

los casos de reorganización y disolución de organismos

gubernamentales. Bajo esta política, el empleado así

cesanteado puede elegir entre acogerse a un retiro

temprano, solicitar alguna compensación por el tiempo de

servicio al Gobierno o solicitar su reubicación el servicio

público. Para aquellos empleados que ejerzan esta última

opción, la Ley núm. 190 sólo dispone que se creará un

registro especial para concederle preferencia a estos

servidores

públicos

para

ser

reubicados,

según

la

disponibilidad que permitan las plazas, a través de los

diferentes organismos gubernamentales y en la empresa

privada.

24

L.P.R.A.

sec.

3318.

Esta

disposición

estatutaria no garantiza a estos empleados cesanteados un

empleo seguro en el Gobierno, ni siquiera que serán

reclutados para cualquier otro trabajo.

33

CC-2005-1229

leyes laborales, estarán en una posición menos ventajosa

que antes en cuanto a la seguridad de su empleo.

La Opinión que suscribe una mayoría de este Tribunal

perjudica aún más a estos empleados retenidos al resolver

que

de

ser

despedidos

injustificadamente

por

su

nuevo

patrono, no tendrán acceso completo a la legislación social

que protege a los demás empleados del sector privado. En

otras palabras, estos otrora servidores públicos no estarán

cobijados

por

las

sistema

del

mérito,

pero

aquella

legislación

totalmente

por

garantías

y

derechos

tampoco

que

serán

que

le

provee

el

protegidos

aplica

a

la

empresa privada. Como la Opinión mayoritaria traza una ruta

decisoria

injusta

contraria

a

la

para

estos

legislación

ex-empleados

social

en

públicos

protección

trabajadores en Puerto Rico, yo disiento.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

de

y

los