Tribunal Supremo de Puerto Rico
Adventist Health System Corp. v. Mercado Ortiz
2007 TSPR 100
Poder Judicial de Puerto Rico
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Adventist Health System Corp. v. Mercado Ortiz
CC-2005-1229
Derecho Laboral-Cómputo de mesada de ex – empleados públicos de entidades adquiridas por la empresa privada bajo la Ley de Privatización (Ley 190 de 1996)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp.
Peticionaria
Certiorari
v.
2007 TSPR 100
Lourdes Mercado Ortiz
171 DPR ____
Recurrida
Número del Caso: CC-2005-1229
Fecha: 30 de mayo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce Panel X
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José A. Oliveras González
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Rafael Fabre Carrasquillo
Materia: Reclamación por Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp.
Peticionaria
v.
CC-2005-1229
Certiorari
Lourdes Mercado Ortiz
Recurrida
Opinión del Tribunal
Hernández Denton
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2007.
En
esta
ocasión,
debemos
determinar
si
los
empleados despedidos sin justa causa por una entidad
privada que adquirió una facilidad de salud dentro
del esquema contemplado en la Ley de Privatización
de Instituciones de Salud, Ley Núm. 190 de 5 de
septiembre de 1996, según enmendada, (en adelante,
Ley Núm. 190) tienen derecho a que se les tomen en
cuenta –para efectos del cómputo de la mesada- los
años de servicio prestados en el Departamento de
Salud
del
Estado
privatización.
Libre
Asociado
antes
de
la
Respondemos dicha interrogante en la
negativa.
I
La
Sra.
Lourdes
Mercado
Ortiz
(en
adelante,
señora Mercado Ortiz) trabajó para el Gobierno de
CC-2005-1229
2
Puerto Rico desde el año 1981 en el Hospital de Área Tito
Mattei de Yauco (en adelante, el Hospital).
En el año
1998, el Departamento de Salud le vendió las facilidades
del Hospital a Adventist Health System Corp., corporación
que se dedica, entre otras cosas, a la prestación de
servicios médico-hospitalarios.
Tras
celebrarse
el
contrato,
Adventist
Health
continuó operando el Hospital a través de la subsidiaria
Hospital Bella Vista del Suroeste, Inc. y reclutó algunos
de los empleados que trabajaban para el Departamento de
Salud,
entre
ellos,
la
señora
Mercado
Ortiz.
No
obstante, el 27 de septiembre de 2001, Adventist Health
despidió a esta última.
Así las cosas, la señora Mercado
Ortiz presentó una demanda contra Adventist Health sobre
despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30
de
mayo
de
1976,
correspondiente,
solicitando
en
cuyo
el
cómputo
pago
de
incluyó
la
mesada
los
años
trabajados para el Departamento de Salud.
Adventist Health contestó la demanda y, tras otros
incidentes procesales, presentó una moción de sentencia
sumaria
parcial.
Solicitó
que
se
dictase
sentencia
sumaria parcial a los fines de establecer que, en caso de
que
la
señora
Mercado
Ortiz
prevaleciera
en
su
reclamación de la mesada, no se tomarían en cuenta los
años que trabajó para el Departamento de Salud, toda vez
que la figura del patrono sucesor resulta inaplicable a
los hechos de este caso.
CC-2005-1229
3
La señora Mercado Ortiz, por su parte, se opuso a
los argumentos de Adventist Health.
En específico, alegó
que dicha entidad es patrono sucesor del Departamento de
Salud, por lo que aplica el Art. 6 de la Ley Núm. 80,
supra, que ordena que en el cómputo de la mesada se
acrediten los años de servicio prestados por un empleado
que
es
marcha.
retenido
por
el
adquirente
de
un
negocio
en
Asimismo, sostuvo que la Ley Núm. 190, supra,
que provee cierta inmunidad a favor de los adquirentes de
las
facilidades
privatizadas,
no
tiene
el
alcance
de
impedir que se consideren los años trabajados para el
Departamento de Salud.
El tribunal de instancia emitió una Resolución en la
que concluyó que, por imperativo de la Ley Núm. 190,
supra,
Adventist
Health
no
se
convirtió
en
patrono
sucesor del Departamento de Salud y que, por ende, el
Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no aplica a los hechos
de este caso.
En vista de ello, determinó que –para
efectos del cómputo de la mesada- no procede tomar en
cuenta los años que la señora Mercado Ortiz trabajó para
el Departamento de Salud.
Insatisfecha, la señora Mercado Ortiz acudió ante el
Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación.
Dicho foro concluyó que los años de servicio prestados
por un empleado a favor del Gobierno antes del proceso de
privatización, no constituyen el tipo de hecho o evento
por el cual la Ley Núm. 190, supra, le concede inmunidad
CC-2005-1229
al
adquirente
4
de
la
facilidad
privatizada.
El
foro
apelativo basó su dictamen, además, en el hecho de que la
Ley Núm. 80, supra, constituye un estatuto reparador que
debe ser interpretado liberalmente a favor del empleado,
ello en contraposición con la inmunidad concedida en la
Ley Núm. 190, supra.
Así, basándose en la jerarquía
entre ambos estatutos, el foro apelativo concluyó que
deben prevalecer las disposiciones de la Ley Núm. 80,
supra.
Adventist Health acude ante nos aduciendo que erró
el
foro
apelativo
al
determinar
que
un
ex-empleado
público, que fue retenido por una empresa privada que
compró una instalación de salud pública, retiene los años
de servicio que le brindó al Gobierno y que éstos son
oponibles ante el patrono privado para fines del cómputo
de la mesada.
Vista la petición, acordamos expedir.
La señora
Mercado Ortiz no ha comparecido a presentar su alegato.
Por
tanto,
resolvemos
sin
el
beneficio
de
su
comparecencia.
II
A
El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, dispone que
“[t]odo empleado de comercio, industria o cualquier otro
negocio
o
sitio
remuneración
de
de
empleo,[…]
alguna
clase
donde
trabaja
contratado
sin
mediante
tiempo
determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya
CC-2005-1229
mediado
5
justa
causa,
tendrá
derecho
a
recibir
de
su
patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado…” una
indemnización
computa
a
comúnmente
base
de
la
llamada
la
cantidad
de
mesada,
años
que
de
se
servicio
rendidos para el patrono. 29 L.P.R.A. Sec. 185a.
Por
su
parte,
el
Art.
6
del
referido
estatuto
dispone –en lo pertinente- que “[e]n el caso del traspaso
de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente continúa
utilizando los servicios de los empleados que estaban
trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a
éstos el tiempo que lleven trabajando en el negocio bajo
anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f.
Basándose
en
esta
última
disposición
y
en
la
doctrina del “patrono sucesor”, la señora Mercado Ortiz
alega que en el cómputo de la mesada a la que pudiera
tener derecho, se tiene que tomar en consideración los
años que ésta trabajó para el Departamento de Salud.
Por
su parte, Adventist Health sostiene que la disposición
aludida no aplica a los hechos de este caso, toda vez que
la inmunidad concedida en la Ley Núm. 190, supra, así lo
impide.
Veamos.
Primero,
conviene
tener
presente
que
las
protecciones concedidas por la Ley Núm. 80, supra, están
dirigidas esencialmente a los empleados de la empresa
privada.
Así surge del texto mismo del estatuto, en el
cual se hace referencia mayormente a entidades de índole
comercial y empresarial, tales como comercios, industrias
CC-2005-1229
y
negocios.
6
Véase
29
L.P.R.A.
Sec.
185a.
En
los
artículos subsiguientes se menciona, incluso, a “empresas
que
tienen
varias
oficinas,
fábricas,
sucursales
y
plantas […]” (Énfasis suplido), 29 L.P.R.A. Sec. 185c.
De hecho, el historial legislativo de la Ley Núm. 80,
supra, nos muestra que el legislador pretendía que las
disposiciones de la Ley protegieran a “los empleados de
comercio, industria o cualquier otro negocio lucrativo
que estén contratados sin tiempo determinado contra la
eventualidad
de
ser
despedidos
de
su
cargo
sin
justa
causa […]”. Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos
del Veterano de la Cámara de Representantes sobre P. del
S. 1112 de abril de 1976.
Si tomamos en consideración el lenguaje de la Ley,
el historial legislativo y, a su vez, tenemos presente
que el Departamento de Salud es una agencia de la Rama
Ejecutiva1 y no un negocio o empresa privada, debemos
concluir que las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra,
no se extienden a las relaciones laborales entre dicha
entidad y sus empleados2.
El Departamento de Salud es una agencia del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
tiene a su cargo todos los asuntos que por ley se le
encomienden
relacionados
a
la
salud,
sanidad
y
beneficencia pública. Véase Ley Núm. 81 de 14 de marzo de
1912, según enmendada, 3 L.P.R.A. Sec. 171 et seq.
1
2
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
también entiende que la Ley Núm. 80, supra, no cubre a
los empleados de Gobierno.
No obstante, considera que
las disposiciones de la Ley protegen a los empleados de
las corporaciones públicas que funcionan como empresas
privadas. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
CC-2005-1229
7
Ya desde Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R.
486 (1990), nos habíamos referido a dicho estatuto como
una
legislación
protectora
del
empleado
de
la
esfera
privada, de forma contrapuesta a la normativa que cobija
a los empleados públicos3.
Dicho análisis también lo
dimos por cierto recientemente en Prudencio v. Municipio
de San Juan, res. el 2 de febrero de 2007, 2007 TSPR 19,
nota núm. 7.
Y es que, precisamente, la distinción entre
el empleo público y el empleo privado es lo que explica
la inaplicabilidad de la Ley Núm. 80, supra, en contextos
como el que nos ocupa.
Dicha distinción está basada,
entre otras cosas, en el hecho de que el empleado público
tiene un reconocido interés en la retención de su empleo,
en tanto dicho interés esté protegido por ley (como el
caso
del
empleado
de
carrera4)
o
cuando
las
___________________
Guía Revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80, pág.
24. A pesar de ello, en esta ocasión no nos corresponde
expresarnos en cuanto a la extensión de la Ley Núm. 80,
supra, a ese tipo de entidad, toda vez que ese asunto no
se encuentra ahora ante nuestra consideración.
3
En específico, indicamos que “[…] a diferencia del
caso de la acción por razón de despido injustificado que
le concede al empleado de la empresa privada la Ley Núm.
80 de 30 de mayo de 1976 --al amparo de la cual el
remedio que, de ordinario, se concede lo es el pago de la
"mesada"-- aquí [situación de despido de un empleado
público] se trata de una conducta que viola un mandato
expreso de nuestra Constitución, con el agravante de que
es el Estado el violador, el cual se supone sea el
primero en defender los derechos constitucionales de
nuestra ciudadanía”, Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala,
supra, pág. 524, (énfasis suplido).
4
Los empleados de carrera “[s]on aquellos que han
ingresado al servicio público en cumplimiento cabal de lo
establecido por el ordenamiento jurídico vigente y
aplicable a los procesos de reclutamiento y selección del
CC-2005-1229
8
circunstancias
crean
una
expectativa
de
continuidad.
Giovannetti v. E.L.A., res. el 29 de marzo de 2004, 2004
TSPR 46; García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 750 (1996).
De existir tal interés, la entidad gubernamental de que
se trate tiene que seguir ciertos procedimientos para
privar al empleado de su puesto, de forma tal que se
cumpla con todas las garantías del debido proceso de ley.
Giovannetti v. E.L.A, supra.
Las
Personal
protecciones
del
aludidas
Servicio
emanan
Público,
de
hoy
la
Ley
de
Ley
de
la
Administración de Recursos Humanos, Ley Núm. 184 de 3 de
agosto
de
2004.
empleados
Conforme
públicos
son
a
dicha
legislación,
seleccionados,
los
ascendidos,
retenidos y tratados en todo lo referente a su empleo en
base al principio de mérito; esto es, sobre la base de su
capacidad, sin discrimen por razón de raza, color, sexo,
nacimiento,
edad,
origen,
políticas,
religiosas,
condición
condición
de
social,
ideas
veterano
o
impedimento físico o mental. 3 L.P.R.A. Sec. 1461(41).
A tenor con esta normativa, los empleados de carrera
gozan de seguridad en el empleo, siempre que satisfagan
los
criterios
de
productividad,
eficiencia,
hábitos,
actitudes, orden y disciplina que deben prevalecer en el
servicio público.
sólo
pueden
ser
En vista de ello, dichos empleados
destituidos
por
justa
causa,
previa
___________________
servicio de carrera al momento de su nombramiento. Tales
empleados tienen derecho a permanecer en el servicio
conforme se dispone en la sec. 1462e de este título”. 3
L.P.R.A. Sec. 1465(1).
CC-2005-1229
9
formulación de cargos y apercibimiento de su derecho a
solicitar
una
vista
previa.
3
L.P.R.A.
Sec.
1462,
1462e(4).
Además de lo anterior, los empleados cobijados
por esta Ley cuentan con un foro que revisa cualquier
determinación que afecte sus derechos al amparo de la
misma,
a
saber,
la
Comisión
Apelativa
del
Sistema
de
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público
[antes Junta Apelativa del Sistema de Administración de
Personal], la cual –entre otras cosas- puede ordenar su
reposición
en
el
3
empleo.
L.P.R.A.
Sec.1468(l),
1468h(9).
En vista de lo anterior, debemos concluir que el
legislador no extendió las protecciones de la Ley Núm.
80,
supra,
al
empleado
de
Gobierno
porque
dichos
empleados están debidamente protegidos por las garantías
que les concede el principio de mérito, al extremo de que
–en caso de despido injustificado- éstos tienen derecho a
ser reinstalados en sus puestos.
Eso explica que las
disposiciones de la Ley se hayan destinado esencialmente
al
empleado
de
la
empresa
privada
y
que
no
se
deba
extender su aplicación a la esfera gubernamental.
Aclarado lo anterior, debemos analizar el Art. 6 de
la Ley Núm. 80, supra, con el fin de determinar si dicha
disposición aplica en el contexto del traspaso de una
entidad gubernamental.
Como indicamos antes, el referido
artículo dispone que:
“En el caso del traspaso de un negocio en
marcha, si el nuevo adquirente continúa
CC-2005-1229
10
utilizando los servicios de los empleados
que estaban trabajando con el anterior
dueño, se les acreditará a éstos el tiempo
que lleven trabajando en el negocio bajo
anteriores dueños”. 29 L.P.R.A. Sec. 185f.
(Énfasis suplido).
En esencia, la disposición transcrita le concede al
empleado
retenido
por
el
adquirente
de
un
negocio
en
marcha el derecho a trasladar consigo los años trabajados
a
favor
del
patrono
embargo,
no
aplica
anterior.
en
todo
Ese
beneficio,
contexto.
sin
Más
bien,
entendemos que la posibilidad de trasladar esos años de
servicio
otras
constituye
cosas,
supone,
por
un
beneficio
de
antigüedad,
entre
complementario
al
pago
de
la
mesada
que
tanto,
empleado
que
lo
invoca
ya
que
el
estaba protegido por las disposiciones de la Ley.
En
vista de que la disposición aludida forma parte de las
medidas que viabilizan el pago de la mesada, lógicamente
debemos entender que la misma se refiere a un empleado
que ya estaba protegido por la Ley antes del traspaso del
negocio en marcha, y que ahora invoca esta disposición
para que la protección que ya poseía no se vea afectada
por
el
traspaso
en
cuestión.
Sólo
de
esa
forma
se
justifica que el empleado traslade consigo los años de
servicio ofrecidos al patrono anterior.
Concluir lo contrario produciría el contrasentido de
que un empleado que no tenía derecho al pago de la mesada
antes
del
traspaso,
tendría
un
beneficio
mayor
que
cualquier otro empleado, toda vez que podría ser acreedor
al pago de la mesada en el nuevo sitio de empleo y,
CC-2005-1229
11
adicional a eso, se vería favorecido por haber prestado
servicios en una entidad donde no tenía derecho al pago
de la mesada.
Así, el mero hecho del traspaso haría que
los empleados de Gobierno, que no tenían derecho al pago
de la mesada porque su status laboral les provee unas
garantías mayores, tengan acceso a ello por el período
que duró su permanencia en el Gobierno, pero de forma
retroactiva.
es
como
si
Entonces, para todos los fines prácticos,
siempre
hubieran
estado
cobijados
protecciones de la Ley Núm. 80, supra.
por
las
Claramente ese
resultado no es cónsono con el resto del ordenamiento ni
con los propósitos mismos de la Ley Núm. 80, supra.
Por otro lado, precisamente la inaplicabilidad de la
Ley Núm. 80, supra, en las relaciones laborales entre el
Gobierno y sus empleados, así como el hecho de que el
Departamento de Salud es una agencia del Gobierno y no un
negocio, nos ofrece otra razón para concluir que el Art.
6 de dicho estatuto resulta inaplicable a los hechos de
este caso.
Ello en vista de que, si la Ley Núm. 80,
supra, no le aplica al Gobierno y, además, dicha entidad
no constituye un negocio, entonces cuando se habla de
“traspaso de negocio en marcha”5, se hace referencia al
traspaso de un negocio privado, y no a la transferencia
de una entidad u organismo gubernamental, como lo era el
5
“Negocio en marcha” se ha definido como aquel que
se mantiene operando de forma continua y con la
expectativa
de
seguir
funcionando
indefinidamente.
Montalbán Ruiz v. Rodríguez Navarro, res. el 23 de marzo
de 2004, 2004 TSPR 42.
CC-2005-1229
12
Hospital Tito Mattei perteneciente a, y operado por, el
Departamento de Salud.
Siendo así, resolvemos que la norma contenida en el
Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no aplica a los hechos
de este caso.
Por lo tanto, la señora Mercado Ortiz no
puede ampararse en ella para solicitar que, en el cómputo
de la mesada a la que pudiera tener derecho, se tomen en
cuenta
los
años
que
trabajó
para
el
Departamento
de
Salud.
B
Ahora bien, el Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra, no
es la única fuente en la que se ampara la señora Mercado
Ortiz para solicitar que –en el cómputo de la mesada- se
tomen en cuenta los años trabajados para el Departamento
de Salud.
Su reclamo está basado también en la doctrina
del “patrono sucesor”.
Dicha doctrina nos ha servido en
ocasiones anteriores para atender situaciones donde una
operación
comercial
cambia
de
propietario
y
surgen
problemas respecto a los derechos de los empleados frente
al nuevo patrono. Bruno López v. Motorplan, 134 D.P.R.
111
(1993).
Conforme
a
la
misma,
cuando
un
patrono
sustituye a otro por fusión corporativa o transferencia
de activos, se estima que el nuevo patrono asumirá las
obligaciones pertinentes contraídas por el anterior. Id.
En
Puerto
Rico,
hemos
aplicado
patrono
sucesor
para
hacer
valer
los
la
doctrina
términos
de
del
un
convenio colectivo, Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93
CC-2005-1229
13
D.P.R. 509 (1966); J.R.T. v. Coop.
Azucarera, 98 D.P.R.
314 (1970); para imponer responsabilidad a un patrono
sucesor por las prácticas ilícitas del trabajo cometidas
por
el
D.P.R.
patrono
386
anterior,
(1969);
para
J.R.T.
v.
Club
Náutico,
imponer
responsabilidad
a
97
un
patrono sucesor por despidos discriminatorios realizados
por el predecesor, Bruno López v. Motorplan, supra; Belk
Arce v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998) y para imponerle
responsabilidad al nuevo adquirente de un negocio por
despidos
injustificados
cometidos
por
el
patrono
anterior, Piñero v. Int’l Air Serv. of. P.R., 140 D.P.R.
343 (1996); Rodríguez Oquendo v. Petrie Retail Inc., res.
el 11 de abril de 2006, 2006 TSPR 56.
A la luz de esta doctrina, hemos examinado si existe
una similaridad sustancial en la operación de la empresa
y continuidad en su identidad antes y después del cambio
corporativo. Piñero v. Int’l Air Serv. of. P.R., supra.
En específico, auscultamos la presencia de los siguientes
factores para determinar la aplicabilidad de la doctrina:
(1) la existencia de una continuación sustancial de la
misma actividad de negocios; (2) la utilización de la
misma planta para las operaciones; (3) el empleo de la
misma o sustancialmente la misma fuerza obrera; (4) la
conservación del mismo personal de supervisión; (5) la
utilización del mismo equipo y maquinaria y el empleo de
los mismos métodos de producción; (6) la producción de
los
mismos
productos
y
la
prestación
de
los
mismos
CC-2005-1229
14
servicios; (7) la retención del mismo nombre; y (8) la
operación del negocio durante el período de transición.
Rodríguez Oquendo v. Petrie Retail Inc., supra; Piñero v.
Int’l Air Serv. of P.R., supra.
Al amparo de la referida doctrina, la señora Mercado
Ortiz alega que Adventist Health advino patrono sucesor
del
Departamento
servicios,
la
de
Salud
ya
misma
planta
física
mismo personal.
que
trasladó
entidad.
que
mantuvo
y
los
mismos
esencialmente
el
Por consiguiente, la recurrida sostiene
consigo
los
años
trabajados
para
dicha
No podemos darle la razón.
Hasta el momento, hemos aplicado la doctrina del
patrono sucesor en casos particulares donde existe un
reclamo de un empleado que está basado en un acto u
obligación originalmente imputable al patrono predecesor.
Es
decir,
imponerle
sólo
hemos
utilizado
responsabilidad
a
dicha
un
nuevo
doctrina
patrono
para
que
ha
mantenido la continuidad del negocio adquirido, pero en
ocasiones en que se le reclama a ese nuevo patrono por un
acto
u
obligación
anterior.
del
que
debió
responder
el
patrono
De ahí la necesidad misma de recurrir a dicha
doctrina.
En este caso, sin embargo, se invoca la referida
doctrina, no para que se le imponga responsabilidad al
nuevo dueño por un acto u obligación imputable al patrono
predecesor,
sino
para
que
se
le
imponga
una
mayor
responsabilidad al nuevo patrono por un acto cometido por
CC-2005-1229
él mismo.
umbral
15
Así, en este caso no se cumple el requisito de
que
hasta
el
momento
ha
hecho
necesaria
la
aplicación de la doctrina del patrono sucesor, a saber,
la existencia de una reclamación basada en un acto u
obligación
contraída
por
el
patrono
predecesor
(Departamento de Salud) que pueda ser oponible ante el
nuevo
patrono
(Adventist
Health)
por
virtud
único
reclamo
de
esta
doctrina.
Por
Mercado
el
contrario,
Ortiz
es
el
contra
su
patrono
de
la
actual,
señora
Adventist
Health, y el mismo no está basado en un acto u obligación
atribuible al Departamento de Salud.
concluimos
que
la
doctrina
del
En vista de ello,
patrono
sucesor
no
es
aplicable a los hechos de este caso, toda vez que aquí no
se encuentran presentes los factores o circunstancias que
generalmente han dado lugar a su aplicación6.
Por otro lado, aún si se pudiera entender que la
doctrina del patrono sucesor se extiende a este tipo de
reclamación, entendemos que las disposiciones de la Ley
Núm. 190, supra, impiden su aplicación a los hechos de
este caso.
Dicha legislación se creó con el fin de
reglamentar
el
proceso
instalaciones
de
salud
desarrollando
bajo
el
de
privatización
gubernamentales
palio
de
la
que
de
se
Ley
las
estaba
de
la
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Ley
6
No estamos resolviendo –por no estar ante nuestra
consideración en esta ocasión- si en otro contexto podría
aplicar la doctrina del patrono sucesor cuando el patrono
predecesor es el Gobierno.
CC-2005-1229
16
Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 190, supra.
aprobación,
el
legislador
pretendió
Mediante su
crear
un
marco
estatutario para el desarrollo de la privatización, de
manera
que
se
pudieran
implementar
los
cambios
introducidos por la Ley Núm. 72, supra, a saber, (1)
permitirle
función
al
Gobierno
tradicional
de
de
Puerto
proveedor
Rico
de
abandonar
servicios,
su
para
convertirse en agente fiscalizador, evaluador y regulador
de los sistemas de salud y asumir el papel de promotor de
la salud y procurador del paciente; y (2) permitirle al
Gobierno
arrendar
o,
de
otra
forma,
transferir
a
entidades privadas las instalaciones de salud pública,
para
que
estas
entidades
privadas,
sujeto
a
las
las
leyes
operen
del
como
mercado
y
empresas
la
libre
competencia. Exposición de Motivos, Ley Núm. 190, supra.
A tono con esta política pública, se incluyó en la
Ley Núm. 190, supra, una disposición que impide que se
entablen reclamaciones en contra del adquirente de la
facilidad
privatizada
eventos
que
hubieran
Puerto
Rico.
En
que
estén
sido
imputables
específico,
basadas
el
al
en
hechos
o
Gobierno
de
Artículo
22
del
estatuto7, dispone –en lo pertinente- lo siguiente:
“La entidad contratante o intereses privados
que
adquieran
cualesquiera
de
las
instalaciones de salud en virtud de lo
dispuesto en este capítulo, estarán inmunes
7
Enmendado mediante la Ley Núm. 31 de 6 de julio de
1997 para incluir, entre otras cosas, la inmunidad
aludida.
CC-2005-1229
17
o exentos de reclamaciones de cualquier
índole que de otro modo ser[í]an atribuibles
al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero
no limitándose a reclamaciones laborales,
contractuales,
torticeras,
o
extra
contractuales
siempre
y
cuando
dichas
reclamaciones estuviesen relacionadas con
hechos o eventos ocurridos con anterioridad
a
la
firma
de
los
contratos
de
privatización”. 24 L.P.R.A. Sec. 3320.
Resulta evidente que mediante la introducción de esa
disposición el legislador quiso evitar reclamos laborales
cimentados,
sucesor.
precisamente,
en
la
doctrina
del
patrono
A esos fines, dispuso que el adquirente de la
facilidad privatizada no será responsable por hechos o
eventos atribuibles al Gobierno.
De esa forma, despejó
cualquier interrogante que pudiera surgir con respecto a
las responsabilidades que asumen los adquirentes de las
facilidades
de
salud
transferidas
dentro
del
esquema
contemplado en la Ley.
No cabe duda, por tanto, que el Art. 22 de la Ley
Núm.
190,
doctrina
supra,
del
establece
patrono
la
sucesor
procesos de privatización.
inaplicabilidad
en
el
contexto
de
la
de
los
Por consiguiente, y en vista
de que tampoco aplica en este contexto el Art. 6 de la
Ley Núm. 80, supra, resulta forzoso concluir que no se
pueden tomar en consideración, para efectos del cómputo
de la mesada a la que pueda tener derecho la señora
Mercado
Ortiz,
los
años
que
ésta
trabajó
para
el
Departamento de Salud antes de que el Hospital pasara a
manos de la empresa privada.
CC-2005-1229
18
III
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
revocamos
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su
lugar, reinstalamos el dictamen emitido por el Tribunal
de Primera Instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp.
Peticionaria
v.
CC-2005-1229
Certiorari
Lourdes Mercado Ortiz
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se revoca la Sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su
lugar, reinstalamos el dictamen emitido por el
Tribunal de Primera Instancia.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez Asociada señora Fiol Matta disiente con
Opinión escrita a la cual se une el Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Adventist Health System Corp.
Peticionaria
v.
CC-2005-1229
Lourdes Mercado Ortiz
Recurrida
Certiorari
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL
MATTA a la cual se une el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de
2007.
Para
el
trabajador,
partícipe menor en los frutos
de la empresa, para quien no
hay liquidación de dividendos,
ni beneficios, ni intereses
acumulados en la digna faena
de ganar con sus esfuerzos el
pan que parte en la mesa con
los
suyos,
para
quien
el
ahorro es ilusión devorada por
la estrechez, la indemnización
por despido injustificado es
importante
evento
de
la
justicia
social
debida
al
hombre
como
factor
de
producción.
—Secretario del Trabajo v.
I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547
(1979)
La decisión que toma hoy una mayoría de los
miembros de esta Curia cierra de forma lamentable
un capítulo en la vida de los empleados públicos
2
CC-2005-1229
que
se
han
distintos
Estado.
visto
afectados
por
servicios
prestados
hasta
hace
respecto
a
Nuestras
decisiones
la
privatización
poco
ellos
por
no
de
el
deben
socavar la política pública a favor de la clase trabajadora
puertorriqueña proclamada en nuestra legislación laboral y
respaldada por nuestra jurisprudencia.
Menos aún, cuando
ello resulta en una injusticia contra antiguos empleados
públicos que ya sufren los perjuicios de perder un trabajo
sobre el cual tenían un interés jurídicamente reconocido.
La Opinión de este Tribunal coloca a estos empleados en una
situación indudablemente desventajosa porque no solo han
perdido
los
beneficios
que
disfrutaban
como
empleados
públicos sino que se les niegan derechos reconocidos a los
demás
empleados
precedente
del
sentado
sector
privado.
Ante
este
Tribunal,
es
por
el
mi
sombrío
obligación
disentir vigorosamente. A continuación explico mis razones.
I
Desde
política
1930,
existe
pública
laboral
en
Puerto
Rico
a
favor
de
una
la
fuerte
protección
efectiva del empleo y de los trabajadores despedidos sin
justa causa o caprichosamente por sus
patronos.
Conforme
a esta política, se adoptó en 1949 la primera Ley de la
mesada, la Ley núm. 50 del 20 de abril de 1949, que fue
sustituida por la ley vigente actualmente, la Ley núm. 80
del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m. Ésta
provee un remedio de aturaleza económica,
conocido
como
la mesada, para que los empleados así despedidos reciban
3
CC-2005-1229
una compensación por los daños que les causa su patrono con
su acción injustificada. Por lo general, el patrono deberá
indemnizar al empleado despedido sin justa causa con una
mesada proporcional a los años de servicios rendidos para
su propio establecimiento o empresa. 29 L.P.R.A. sec. 185a.
Sin
embargo,
el
artículo
6
de
la
Ley
núm.
80
permite
transferir la responsabilidad de un patrono a otro, cuando
se transfiere un establecimiento en marcha y el segundo
patrono decide mantener en la nómina a los empleados del
anterior.
La
Ley
formula
esta
doctrina
de
la
siguiente
manera:
En el caso del traspaso de un negocio en
marcha, si el nuevo adquirente continúa
utilizando los servicios de los empleados
que estaban trabajando con el anterior
dueño, se les acreditará a éstos el tiempo
que lleven trabajando en el negocio bajo
anteriores dueños. 29 L.P.R.A. sec. 185f.
De esta forma, si el adquirente de un establecimiento que
retiene a empleados del patrono anterior despide sin justa
causa
a
alguno
de
estos
empleados,
se
incluirá
en
el
cálculo de la mesada los años que éstos trabajaron para el
patrono anterior.
La
Ley
constituye
núm.
un
80
“negocio
no
define
concretamente
en
marcha”
para
efectos
qué
de
la
mesada. La Opinión mayoritaria, por su parte, le niega esta
categoría
a
las
adquiridas
por
instalaciones
empresas
privadas
de
salud
mediante
del
el
Gobierno
esquema
de
privatización implementado por la Ley núm. 190 del 5 de
septiembre de 1996.
Concluye que los empleados que sean
4
CC-2005-1229
despedidos
sin
justa
naturaleza
no
tienen
consideración,
para
causa
de
una
derecho
a
computar
la
instalación
que
se
mesada,
los
de
esta
tomen
en
años
de
servicio prestados previamente al Departamento de Salud del
Estado Libre Asociado.
La mayoría razona que la Ley núm. 80 no cubre a los
empleados gubernamentales porque éstos ya están protegidos
por un interés jurídicamente reconocido en la retención de
su empleo y por las garantías que les concede el principio
del
mérito
y
la
legislación
aplicable
al
personal
del
servicio público. Entiende entonces que incluir los años de
servicio público en el cómputo de la mesada que debe pagar
el nuevo patrono brindaría a estos empleados un beneficio
mayor al de cualquier otro empleado de la empresa privada.
Por
eso,
concluye
que
cuando
una
entidad
pública
se
convierte en una empresa privada, el derecho a la mesada de
los
ex
empleados
públicos
que
sean
despedidos
injustificadamente por el nuevo patrono no debe incluir los
años de servicio público trabajados previamente en el mismo
establecimiento.
En
esencia,
la
Opinión
mayoritaria
resuelve que los años de servicios prestados a un patrono
anterior se tomarán en cuenta al computar la mesada sólo si
el empleado despedido sin justa causa estaba protegido por
la Ley núm. 80 antes que se traspasara la empresa al nuevo
patrono.
5
CC-2005-1229
Según
la
Opinión,
el
propósito
de
la
doctrina
del
negocio en marcha es evitar que las protecciones que provee
la
Ley
núm.
80
al
empleado
se
vean
afectadas
por
el
traspaso de titularidad de su lugar de empleo. Ello implica
que
si
la
Ley
núm.
80
no
cobija
inicialmente
a
estos
empleados, no hay protección estatutaria que se afecte por
la venta o transferencia de la empresa. De esta forma, el
empleado
de
gubernamental
una
que
institución
sea
perteneciente
privatizada
pierde
a
una
esos
agencia
años
de
servicio público para efectos de la mesada, al ser retenido
por
la
pública.
empresa
privada
que
adquirió
dicha
facilidad
Como a su lugar anterior de empleo no le aplicaba
la Ley núm. 80, el ex-empleado público no puede trasladar
los años de servicio ofrecidos a su patrono anterior.
Por otro lado, la Mayoría del Tribunal resuelve que
una entidad gubernamental no es ni puede ser un “negocio
en marcha” según se contempla en la Ley núm. 80.
la
mayoría
que
la
Ley
regula
Razona
“esencialmente”
las
relaciones laborales de las empresas privadas lucrativas,
y que las disposiciones de la Ley núm. 80 no se extienden
a las relaciones laborales entre el Departamento de Salud
y sus empleados. Al no aplicar la Ley a las agencias del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, éstas
tampoco pueden estar incluidas en el concepto de negocio
en marcha del artículo 6 de la Ley. Por consiguiente, la
doctrina del negocio en marcha solo puede referirse al
6
CC-2005-1229
traspaso de negocios privados y no a la transferencia de
entidades
vendidas
gubernamentales,
mediante
un
incluso
proceso
de
cuando
éstas
privatización.
sean
Cabe
señalar que se llega a esta conclusión sin examen alguno de
ese proceso.
Además de lo anterior, la Mayoría del Tribunal también
descarta la aplicación al caso de autos de la doctrina del
patrono
sucesor,
jurisprudencia.
establecida
y
desarrollada
en
nuestra
Véase, e.g., Piñeiro v. International Air
Services of Puerto Rico, Inc., 140 D.P.R. 343 (1996); Bruno
López v. Motorplan, Inc., 134 D.P.R. 111 (1993); Beaunit of
Puerto Rico v. Junta de Relaciones del Trabajo, 93 D.P.R.
509 (1966). Determina en cuanto a esta doctrina que en “los
hechos
de
este
caso...
no
se
encuentran
presentes
los
factores o circunstancias que generalmente han dado lugar a
su aplicación”. Opinión mayoritaria, pág. 15.
A su vez,
concluye que la inmunidad concedida por el artículo 22 de
la Ley núm. 190 contra reclamaciones laborales basadas en
hechos o eventos que sean imputables al Gobierno de Puerto
Rico
impide
sucesor
a
la
las
aplicación
empresas
que
de
la
doctrina
adquieran
alguna
del
instalación
pública de salud al amparo de esta Ley.8
8
patrono
El artículo 22 dispone en lo pertinente:
La entidad contratante o intereses privados
que
adquieran
cualesquiera
de
las
instalaciones de salud en virtud de lo
dispuesto en este capítulo, estarán inmunes o
7
CC-2005-1229
II
Esta interpretación de la Ley núm. 80, desvinculada
del
proceso
de
privatización
y
en
extremo
mecánica,
contradice la política pública ínsita a dicha Ley, además
de que trastoca las normas de hermenéutica aplicables a
reclamaciones laborales.
Hemos reconocido consistentemente
que las leyes laborales, al ser instrumentos de justicia
social, deben ser interpretadas liberalmente para cumplir
sus
propósitos
protección
de
reparadores
los
derechos
de
de
garantizar
la
clase
la
mayor
trabajadora.
El
efecto de esta norma liberal de interpretación es que toda
duda en cuanto a la aplicación de una disposición legal
laboral
debe
Marrero
v.
Cintrón
Díaz
resolverse
General
v.
a
favor
Instruments,
The
Ritz
del
Inc.,
Carlton
San
empleado.
Jiménez
2007
T.S.P.R.
Juan
Spa
13;
Hotel
&
Casino, 2004 T.S.P.R. 82; Piñero González v. A.A.A., 146
D.P.R.
890,
902
(1998);
Muñoz
Hernández
v.
Policía
de
Puerto Rico, 134 D.P.R. 486, 495-96 (1993). En el caso de
autos,
este
principio
exegético
mayoría de este Tribunal.
fue
desatendido
Veamos.
___________________
exentos de reclamaciones de cualquier índole
que de otro modo serán atribuibles al Gobierno
de
Puerto
Rico,
incluyendo,
pero
no
limitándose
a
reclamaciones
laborales,
contractuales,
torticeras,
o
extracontractuales siempre y cuando dichas
reclamaciones
estuviesen
relacionadas
con
hechos o eventos ocurridos con anterioridad a
la firma de los contratos de privatización.
24 L.P.R.A. sec. 3320.
por
la
8
CC-2005-1229
La aprobación de la Ley núm. 80 del 30 de mayo de 1976
representó
un
puertorriqueña
paso
significativo
de
protección
en
del
la
política
empleo.
Su
laboral
propósito
principal es proteger al trabajador en la tenencia de su
empleo y, a su vez, desalentar los despidos caprichosos e
injustificados.
Por eso, la Ley provee una indemnización a
los empleados que hayan sido despedidos injustificadamente,
siendo justa causa para el despido aquellas circunstancias
prescritas en el propio estatuto. El remedio de la mesada
sirve
de
resarcimiento
perjuicios
sufridos
al
empleado
a
por
consecuencia
los
del
daños
y
despido
injustificado, no constituye una remuneración o salarios
por servicios prestados.
Alvira v. SK & F Laboratorios
Co., 142 D.P.R. 803, 810 (1997). La mesada se estableció
como un alivio parcial a la situación de desamparo que
enfrenta
un
empleado
al
perder
su
medio
habitual
de
sustento, permitiéndole una ayuda económica para sostener a
su familia en la transición a un nuevo empleo sin tener que
convertirse en carga para el Estado. Secretario del Trabajo
v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 547 (1979).
La Ley núm. 80 es el estatuto general de
que
aplica
a
todo
despido
injustificado,
despido,
excepto
en
aquellas situaciones que están cobijadas por alguna otra
ley
laboral
contextos
específica
fácticos
de
carácter
protegidos
por
excluyente.
esas
otras
En
esos
leyes,
los
remedios provistos pueden ser superiores a los de la Ley
9
CC-2005-1229
núm. 80, ya que pueden incluir la reposición del trabajador
en su empleo.
Sin embargo, en situaciones no cubiertas por
alguna
legislación,
otra
la
mesada
es
el
remedio
estatutario para los empleados despedidos sin justa causa.
Véase Oficina del Procurador del Trabajo del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Guías para
la interpretación y aplicación de la Ley núm. 80, aprobada
el día 30 de mayo de 1976, 1979, pág. 6; Ruy N. Delgado
Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora
del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan,
2005, págs. 114-115.
Hemos visto que la Ley núm. 80 también protege a los
empleados de una empresa que son retenidos en su empleo por
un nuevo dueño, haciendo responsable a éste del pago de la
mesada
como
si
dichos
empleados
le
hubiesen
prestado
servicios desde que comenzaron a trabajar para el patrono
anterior.
Art. 6 Ley núm. 80, 29 L.P.R.A. sec. 185f; Guías
para la interpretación y aplicación de la Ley núm. 80, pág.
44.
Cuando el nuevo dueño adquiere el negocio en marcha,
los
empleados
del
patrono
anterior
que
sean
retenidos
mantienen el mismo estatus que tenían cuando se trasladó la
titularidad de su lugar de empleo. En otras palabras, si al
ser retenido por el adquirente el empleado tenía carácter
de
permanente
en
el
negocio
condición ante el nuevo patrono.
en
marcha,
mantendrá
Id., pág. 47.
esta
10
CC-2005-1229
La
razón
de
ser
de
esta
doctrina
es
que
estos
empleados retenidos, a través de su antigüedad y los años
de
trabajo
con
el
dueño
anterior,
han
adquirido
unos
derechos que no pueden ser ignorados cuando su patrono opta
por traspasar el lugar de empleo a un nuevo dueño. Véase
Charles Zeno Santiago & Víctor M. Bermúdez Pérez, Tratado
de Derecho del Trabajo, San Juan, Publicaciones JTS, 2003,
Tomo I, pág. 135.
nómina
de
la
Cuando el nuevo dueño mantiene en la
entidad
anterior,
se
específico
adquiridos
además
la
de
adquirida
beneficia
de
por
la
a
empleados
experiencia
éstos
a
y
del
dueño
conocimiento
través
de
los
años,
plusvalía
por
razón
de
su
trabajo.
Esto,
redunda
en
beneficio
del
negocio
y
indudablemente,
del
nuevo patrono, por lo que si éste despide a alguno de ellos
injustificadamente debe pagar la indemnización completa que
exige la Ley, tomando en consideración los años servidos al
patrono anterior.
Ahora
bien,
la
Ley
limitar
su
aplicación.
No
requiere
que
la
de
determinada
naturaleza.
La
Ley
empresa
para
entidad
adquirida
sea
no
distingue
entre
tipos
dispone escuetamente que se le acreditará en la
el
tiempo
que
[los
negocio
bajo
(énfasis
suplido).
patrono
anterior
mesada
ante
refiere
al
empleados]
anteriores
un
lleven
dueños”.
29
Específicamente,
tuviera
despido
“traspaso
la
no
de
un
negocio
legal
en
sec.
requiere
obligación
injustificado.
mesada “
trabajando
L.P.R.A.
de
185f
que
de
El
artículo
en
marcha”
el
el
pagar
6
se
sin
11
CC-2005-1229
precisar si dicho “negocio” traspasado debe ser privado,
lucrativo o comercial, ni prohibir expresamente que sea una
entidad pública de naturaleza privatizable.
Provoca
mayoritaria
confusión
al
el
interés
énfasis
que
da
la
“lucrativo”
que
deben
Opinión
tener
las
empresas a las cuales les aplica la Ley núm. 80. La Opinión
da a entender que las disposiciones de la Ley sólo aplican
a entidades de “índole comercial y empresarial” y alude a
la mención en la Ley de entidades de “comercio, industrias
y negocios”.
Para apoyar su conclusión, cita del historial
legislativo de la Ley núm. 80, que a su entender demuestra
que la Asamblea Legislativa pretendía, con este lenguaje,
que
las
disposiciones
de
la
Ley
sólo
protegieran
a
empleados de “comercio, industria o cualquier otro negocio
lucrativo”.
Opinión mayoritaria, pág. 6 (citando a Informe
de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P. del S.
1112).
Esta
es
una
interpretación
desafortunada
del
historial legislativo, pues la frase del Informe que cita
la Opinión mayoritaria no se refería a la Ley núm. 80. Lo
que se indica en el Informe citado es que la predecesora
de
la
Ley
empleados
núm.
de
80,
negocios
la
Ley
núm.
lucrativos,
50,
y
protegía
que
uno
a
los
de
los
propósitos de la nueva Ley era eliminar este requisito de
lucro sin el cual la Ley núm. 50 no aplicaba.
Véase
12
CC-2005-1229
Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P.
del S. 1112, pág. 2.9
50
sólo
cobijaba
al
Por eso, mientras que la Ley
empleado
“de
comercio,
núm.
industria
o
cualquier otro negocio lucrativo”, la Ley núm. 80 eliminó
la
condición
negocio
o
de
sitio
“lucrativo”
de
añadió
“cualquier
otro
empleo”.
29
L.P.R.A.
sec.
En
la
Opinión
mayoritaria
alcance
de
(énfasis
suplido).
restringe
excesivamente
el
“negocio”
sin
en
interpretación
y
tomar
fin,
teleológica,
la
consideración
es
decir,
185a
palabra
que
una
verdaderamente
guiada por el propósito de la Ley núm. 80, demuestra que
9
En el Informe presentado ante la Cámara de Representantes
sobre el Proyecto de Senado 1112, que se aprobaría como la Ley
núm. 80 del 30 de mayo de 1976, se señala:
La ley actual [Ley núm. 50] protege a los empleados
de comercio, industira o cualquier otro negocio
lucrativo que estén contratados sin tiempo determinado
contra la eventualidad de ser despedidos de su cargo
sin
justa
causa,
pero
solamente
concede
una
indemnización equivalente a un mes de sueldo en el
supuesto de que se produzca el despido bajo las
indicadas circunstancias.
El proyecto que estamos considerando elimina el
requisito de lucro sin el cual la ley actual no aplica
y establece por primera vez en nuestra jurisdicción la
indemnización progresiva por el despido injustificado,
consistente dicha indeminización progresiva en una
indemnización básica equivalente al sueldo de un mes y
una indemnización progresiva adicional equivalente a
una semana por cada año de servicios.
Informe de la
Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la
Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el P.
del S. 1112, págs. 1-2 (énfasis suplido).
13
CC-2005-1229
ésta
buscaba
expandir
el
ámbito
de
protección
laboral,
descartando el ánimo de lucro como medida de aplicación,
para
así
asegurar
la
protección
más
efectiva
a
los
empleados despedidos injustificadamente.
En el caso de autos, la Opinión mayoritaria desdeña el
principio
liberal
ordenamiento
laboral
Esta
de
que
la
nos
exégesis
obliga
forma
metodología
introducir
de
más
de
a
reconocido
y
interpretación
al
nuestro
todo
estatuto
remedial
posible.
interpretar
justiciera
restricciones
en
alcance
liberal
nos
de
disposición
una
impide
estatutaria laboral, cuando dichas limitaciones no están
contenidas expresamente en la propia Ley. La exclusión de
un empleado de los beneficios de la legislación laboral
debe
desprenderse
disposiciones,
de
y
restrictivamente.
forma
en
Muñoz
clara
todo
y
manifiesta
caso
Hernández
de
v.
de
sus
interpretarse
Policía
de
Puerto
Rico, supra, pág. 496; López Vega v. F. Vega Otero, Inc.,
103 D.P.R. 175, 177 (1974).
Para
resolver,
situaciones
como
la
del
doctrina
la
que
aquí
“traspaso
de
tenemos
un
negocio
que
en
marcha”, según estatuida en el artículo 6 de la Ley núm.
80,
expone
aplicación.
de
forma
clara
los
elementos
para
su
En primer lugar, tiene que haber un patrono
anterior,
dueño
de
trabajo
para
determinados
establecimiento
un
laboral
establecimiento
o
empleados.
“negocio
adquirido por un nuevo dueño.
que
en
sea
lugar
Luego,
marcha”
debe
de
el
ser
En tercer lugar, el nuevo
14
CC-2005-1229
adquirente debe optar por conservar en la empresa adquirida
a
los
empleados
del
dueño
anterior,
forma a ser su nuevo patrono.
adviniendo
de
esta
Por último, se requiere que
el nuevo patrono despida sin justa causa a alguno de estos
empleados
retenidos,
siendo
así
responsable
de
pagar
la
indemnización conforme lo requiere la Ley, incluyéndose en
el cómputo de la mesada los años de servicio prestados al
patrono anterior.
En
cuanto
al
patrono
anterior
la
Ley
no
establece
condición alguna. En particular, la disposición estatutaria
no requiere que el patrono anterior estuviera sujeto a la
Ley núm. 80. Sin embargo, la Opinión mayoritaria suple el
silencio legislativo en cuanto a este aspecto introduciendo
una limitación al alcance de la Ley.
los
principios
generales
de
Con ello se aparta de
interpretación
de
leyes
laborales, y adopta una interpretación que es contraria a
la política pública de la Ley, que aspira a brindar la
protección más eficaz posible a la seguridad del empleo de
los trabajadores en Puerto Rico. El resultado es añadir al
artículo 6 de la Ley núm. 80 algo que el legislador no
contempló, dos tipos de negocio en marcha para efectos de
la mesada: uno en el cual los empleados acreditan el tiempo
que trabajaron para el patrono anterior, y otro en el cual
los empleados simplemente pierden estos años de servicio.
Sin
embargo,
en
la
médula
del
razonamiento
Opinión mayoritaria se encuentra, realmente, su
de
la
15
CC-2005-1229
convencimiento de que una facilidad pública, aun cuando sea
vendida a un ente privado, no es ni puede ser un “negocio
en marcha” para efectos de la Ley núm. 80.
Como hemos
señalado,
un
llega
a
esta
conclusión
utilizando
método
contrario a los principios básicos de interpretación de la
legislación laboral.
Pero llama la atención también la
ausencia de un análisis de las particularidades del proceso
de privatización. Ese análisis, que me parece insoslayable,
demuestra que estas entidades privatizadas constituyen un
negocio en marcha para efectos de la Ley.
III
La
privatización
de
empresas
públicas
durante la segunda mitad del siglo XX.
cobró
auge
Particularmente,
los decenios finales del milenio pasado fueron testigos de
la
transferencia
activos
públicos
gubernamental
combinación
que
de
por
al
se
diversos
sector
privado.
conoce
fenómenos
y
estados
como
de
Esta
funciones
transformación
privatización
procesos
y
diferentes,
es
una
en
los
cuales se destaca la participación del sector privado en
campos
tradicionalmente
gubernamental,
participante
ocupados
disminuyéndose
del
Estado
en
de
los
por
esta
asuntos
la
forma
acción
el
rol
socioeconómicos.
Ramón J. Cao García, Planificación y Privatización, 1 (Núm.
2)
Ceteris
Socioeconómicas
Paribus:
113,
Revista
117
(1991).
de
Investigaciones
Por
tanto,
privatización funciona como un proceso de reorganización
la
16
CC-2005-1229
de las prioridades sociales de un gobierno, para someter
ciertas
actividades
gubernamentales
y
la
prestación
de
ciertos servicios públicos a las dinámicas económicas del
mercado.
De
esta
forma,
el
sistema
burocrático
gubernamental es reemplazado por empresas privadas, y los
favorecidos por estos servicios públicos son transformados
en clientela. Kevin R. Kosar, Privatization and the Federal
Government:
An
Introduction,
Congressional
Research
Service, 28 de diciembre de 2006, pág. 6.
Las teorías normativas que justifican la doctrina de
la privatización se originan en el siglo XVIII. La política
pública
que
apoya
el
proceso
de
privatizar
servicios
gubernamentales está inspirada en la visión individualista
del
laissez
faire
y
las
teorías
económicas
del
libre
mercado, que promueven la competencia en el mercado y la
disminución
de
promueve
privatización
la
la
intervención
el
gubernamental.
pensamiento
También
neoconservador,
desarrollado durante las últimas décadas del siglo XX, que
visualiza
para
la
reducir
privatización
la
llamada
como
una
estrategia
“sobrecarga”
del
política
Estado.
Paul
Starr, The Meaning of Privatization, 6 Yale L. & Pol’y Rev.
6, 20 (1988).
No
obstante,
la
privatización,
tal
y
como
se
ha
desarrollado actualmente, funciona como un instrumento de
ejecución del neoliberalismo y al igual que éste aspira a
17
CC-2005-1229
restablecer
plenamente
los
mecanismos
del
mercado,
disminuir el rol decisorio del Estado en los mercados de
bienes y servicios, encauzar la economía en manos privadas,
encontrar acceso al capital del comercio internacional, y
permitir
el
económica.
funcionamiento
Hernando
desarrollo
y
Agudelo
de
Villa,
privatización,
estatización?
una
Perspectivas
llamada
Estado,
en
de
libertad
política
de
¿Privatización
o
un
debate,
Bogotá,
Departamento de Publicaciones de la Cámara de Comercio de
Bogotá, 1989, págs. 42-44. La premisa clásica a favor de la
privatización es el argumento de que las empresas privadas,
compelidas por el ánimo del lucro y la maximización de
ganancias,
son
más
eficaces
que
servicios
a
la
ciudadanía.
el
Estado
Héctor
A.
para
ofrecer
Ríos
Maury,
Privatización: Formas, mitos y aspectos gerenciales, Puerto
Rico, Ediciones Nueva Aurora, 1998, pág. 47. Se basa, pues,
en una visión escéptica del Estado en su rol de proveedor
de
servicios
y
en
una
percepción
del
mismo
como
un
empresario incompetente e improductivo.
Son numerosas las explicaciones y justificaciones para
la adopción de la privatización como una opción para la
reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y el
sector
privado.
implantación
de
En
Puerto
Rico,
esta
política
se
basada
ha
en
defendido
las
condiciones
socioeconómicas prevalecientes desde las últimas décadas
del siglo pasado. Éstas, a su vez, se han
la
identificado
18
CC-2005-1229
por
algunos
economistas
como
resultado
de
políticas
gubernamentales intervencionistas adoptadas en respuesta a
la
desaceleración
sesenta.
Estas
de
la
economía
políticas,
a
partir
junto
a
de
otros
los
años
factores,
resultaron en una nómina pública abultada y recursos que se
percibían mal distribuidos y utilizados.10 Véase Cao García,
supra, págs. 127; Consejo de Planificación Estratégica del
Sector
Privado,
Informe
Final:
Privatización
de
los
Servicios Públicos (Fase 2), Cámara de Comercio de Puerto
Rico, 1989, págs. 7-9.
Como respuesta a esta situación, se ha planteado la
idea de redefinir el papel del Estado como proveedor de
servicios. Así, se propuso el proceso de privatización en
Puerto Rico como una forma de atraer recursos del sector
privado
para
incrementar
10
proveer
la
determinados
eficiencia
de
servicios
éstos,
además
públicos
de
e
proveer
Los economistas señalan que a pesar de que Puerto Rico
disfrutó de una tasa rápida de crecimiento económico
durante las décadas siguientes a la posguerra, a partir de
los años setenta, la economía registró una desaceleración
severa que llevó a un estancamiento recesivo. Cao García,
supra, págs. 121-122.
Recalcan que por ello, el sector
gubernamental
puertorriqueño
adquirió
una
importancia
creciente al intentar inyectarle dinamismo a la actividad
económica mediante la estimulación de la producción y la
creación de nuevos empleos.
También señalan una serie de
causas para que este rol protagónico llevara a hacer
atractiva,
décadas
después,
la
alternativa
de
la
privatización. En particular, destacan el aumento en gastos
corrientes
del
gobierno,
específicamente
en
empleos
públicos,
y
la
desatención
en
las
inversiones
de
infraestructura, lo que trajo como resultado una nómina
gubernamental abultada y recursos mal distribuidos y
utilizados. Cao García, supra, págs. 127; Informe Final:
Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,
págs. 7-9.
19
CC-2005-1229
métodos
alternos
recursos
de
fiscales
financiamiento
del
y
gobierno.
aumentos
en
los
Informe
Final:
Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,
pág. 9.
La privatización es un proceso que puede manifestarse
en
diversas
formas.11
De
los
numerosos
modelos
de
privatización disponibles, el más utilizado en Puerto Rico
y en la mayoría de los países que han optado por acogerse a
este
proceso
es
el
gubernamentales
al
sector
del
traspaso
privado
de
mediante
activos de una agencia o corporación pública.12
actividades
la
venta
de
En esencia,
la venta de una entidad gubernamental lo único que altera
es el estado legal de ésta, ya que pasa de ser propiedad
pública
a
propiedad
privada.
En
el
caso
de
la
11
Entre los modelos de privatización más utilizados se
encuentran: la subcontratación de actividades al sector
privado; el uso de cupones (vouchers); la responsabilidad
compartida del gobierno y el sector privado para ofrecer un
servicio, ya sea mediante empresas conjuntas, división de
fases o incluso la competencia directa en el mercado; la
liquidación de empresas o actividades gubernamentales; la
acción comunitaria con estímulo gubernamental, donde el
Estado dona activos, provee incentivos o traslada la
administración de una actividad a comunidades; y el
permitir que asociaciones voluntarias o filantrópicas
provean determinados servicios públicos.
Informe Final:
Privatización de los Servicios Públicos (Fase 2), op. cit.,
pág. 5. Véase también Consejo de Planificación Estratégica
del Sector Privado, Informe Final: Privatización de los
Servicios Públicos (Fase 1), Cámara de Comercio de Puerto
Rico, 1988, págs. 4-9.
12
Las alternativas dentro de este modelo son la venta
total o parcial de la empresa a una entidad privada, la
venta de acciones al público en general, o la venta o
donación de la empresa a empleados, para que estos la
administren. Informe Final: Privatización de los Servicios
Públicos (Fase 2), op. cit., pág. 5.
20
CC-2005-1229
venta
total
titularidad
de
una
indica
entidad
pública,
usualmente
sólo
administración
y
gerencia
estructura
en
ocasiones,
y,
de
la
el
un
entidad
tampoco
en
traspaso
de
cambio
en
la
pero
en
su
su
no
personalidad.
Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado,
Informe
Final:
Privatización
de
los
Servicios
Públicos
(Fase 1), Cámara de Comercio de Puerto Rico, 1988, pág. 5.
Ello se debe a que son precisamente la estructura y la
personalidad
de
una
entidad
pública
las
que
atraen
la
atención de los licitadores para su compra. De la misma
forma, éstos también buscan adquirir como clientela suya a
aquellos ciudadanos que utilizan estos servicios públicos.
En
la
situación
descrita,
y
como
cuestión
de
realidad, la entidad pública se vende como un negocio en
marcha
(ongoing
transfiriéndola
o
business
en
su
going
totalidad
concern),
o
como
unidad
una
sea
comerciable. Otra opción sería no venderla como un todo
sino disolverla como empresa, y, de esta forma,
sus bienes y activos de forma individual.
vender
Emmanuel S.
Savas, Privatization and Public-Private Partnerships, New
York,
Chatham
House
Publishers,
2000,
págs.
129-132;
Charles Vuylsteke, Techniques of Privatization of StateOwned
Enterprises:
impresión,
Washington,
Number
1989,
88,
Methods
and
D.C.,
World
Volumen
I,
págs.
Implementation,
Bank
Technical
20-21.
2da
Paper
Bajo
segunda opción, el organismo público se desintegra como
esta
21
CC-2005-1229
entidad, sus partes son vendidas de forma individual, y no
hay continuidad de servicios, sino una venta de bienes y
activos.13
Así, mientras en la opción de la venta como
negocio
marcha
en
se
traspasa
una
operación
para
su
continuación, en la segunda hay una desintegración total.
Es la venta de la entidad pública como negocio en
marcha
lo
que
permite
a
la
empresa
privada
adquirente
asumir la identidad del establecimiento vendido. En estos
casos, la nueva empresa continúa ofreciendo servicios de
igual o similar naturaleza a los ofrecidos por el Estado.
A su vez, utiliza la misma estructura para sus operaciones,
con
el
mismo
equipo
y
usualmente
métodos
de
producción
similares. En ocasiones, además, conserva la misma fuerza
obrera para la operación de la empresa, ahora manejada con
ánimo de lucro. Es precisamente por estas razones, que los
estudiosos del tema hablan de la entidad pública vendida
como un negocio en marcha.14
13
La liquidación de una empresa pública como una modalidad
de privatización es utilizada por el Estado cuando, entre
otras cosas, el propósito funcional de la entidad ya no es
relevante, inversionistas privados no están interesados en
la compra de la entidad como un negocio en marcha, o la
planta física de la empresa a ser vendida tiene mayor valor
comercial que el negocio como tal.
Emmanuel S. Savas,
Privatization and Public-Private Partnerships, New York,
Chatham House Publishers, 2000, pág. 217.
14
El concepto negocio en marcha, como going concern, se
usa también cuando el Estado vende todas o algunas de sus
acciones en una empresa gubernamental. Esta forma de
privatización requiere que el negocio en venta sea una
corporación
debidamente
incorporada.
Véase
Charles
Vuylsteke, Techniques of Privatization of State-Owned
Enterprises: Methods and Implementation, 2da impresión,
22
CC-2005-1229
IV
El sistema de servicios de salud público es uno de los
sectores gubernamentales que se ha privatizado en épocas
recientes. Como parte de la “reforma de salud” realizada en
la
década
del
noventa,
se
inició
un
proceso
de
privatización de algunos hospitales y facilidades de salud
operados por el Departamento de Salud y la Administración
de Facilidades y Servicios de Salud de Puerto Rico. Con
este
propósito
septiembre
de
se
aprobó
1996,
24
la
Ley
L.P.R.A.
núm.
190
secs.
del
5
3301-3325,
de
para
permitir y reglamentar la transferencia de titularidad de
las facilidades públicas de salud al sector privado para
que
sean
operadas
como
empresas
privadas.
Uno
de
los
objetivos primordiales de la Ley es permitir que la libre
competencia
en
la
prestación
de
los
servicios
de
salud
sirva de aliciente para mejorar su calidad. Otro objetivo
es retirar al Gobierno de su rol de proveedor de servicios,
para entonces fortalecer su función de agente fiscalizador,
evaluador
Informe
y
de
regulador
la
de
Comisión
los
de
sistemas
Gobierno
de
de
salud.
la
Véase
Cámara
de
Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 2479, 13
de junio de 1996; Informe de la Comisión de Gobierno del
Senado de Puerto Rico sobre el P. de la C. 2479, 21 de
junio de 1996.
___________________
Washington, D.C., World Bank
1989, Volumen I, págs. 11-20.
Technical
Paper
Number
88,
23
CC-2005-1229
A diferencia de legislaciones anteriores, la Ley núm.
190 permite delegar o ceder la operación de instalaciones
de
salud
a
traspasar
empresas
su
privadas,
titularidad.
Id.
así
como
La
Ley
arrendarlas
le
concede
o
al
Secretario de Salud la discreción necesaria para arrendar,
subarrendar,
vender,
ceder,
permutar
o
transferir
permanentemente las instalaciones de salud cuya titularidad
pertenezca al Gobierno, sus agencias o instrumentalidades.
24 L.P.R.A. sec. 3320. En la Ley se adopta como definición
de
“instalación
Facilidades
de
de
salud”,
Salud,
24
la
que
dispone
L.P.R.A.
secs.
la
Ley
de
331-334j.
El
concepto es tan amplio como para abarcar cualesquiera de
los
establecimientos
servicios
centros
de
de
salud,
que
se
sean
hospitales,
centros
de
salud,
tratamiento,
casas
de
salud,
diagnóstico
y
dedican
a
la
prestación
de
centros de rehabilitación, facilidades de cuidado de larga
duración, entre otros.
la
Ley
núm.
190
24 L.P.R.A. sec. 331a.
expande
esta
definición,
Ahora bien,
para
incluir
dentro del concepto de “instalación de salud” al “equipo y
el inventario instalado en, o utilizado en relación con la
operación de la misma”.
24 L.P.R.A. sec. 3301.
La Ley ordena que todo acuerdo de transferencia de
una
instalación
deberá
seguir
establece.
24
de
las
salud
pública
a
disposiciones
L.P.R.A.
sec.
3302.
una
entidad
que
la
misma
Ley
En
particular,
las
entidades privadas contratantes están obligadas
a
privada
24
CC-2005-1229
utilizar
las
instalaciones
cuidado
de
salud
adquiridas
dirigido
que
en
sea
un
ambiente
cónsono
con
de
los
propósitos de la Ley y la filosofía de la reforma de salud.
24 L.P.R.A. sec. 3305. En cuanto a la operación de las
facilidades
privatizadas,
las
disposiciones
estatutarias
son muy cuidadosas al disponer que los servicios médicos
que ofrecen las instalaciones de salud serán continuos y no
se
verán
afectados
por
el
proceso
de
transferencia
a
entidades privadas.
En primer lugar, la Ley indica que toda propuesta de
las entidades interesadas debe tomar en consideración la
organización estructural y funcional de los servicios de
salud de la instalación particular. A base de esto, se
hará
un
poder
plan
de
trabajo
implantar
la
divido
en
fases
para
entonces
organización
y
los
servicios
que
contemple establecer el licitador. 24 L.P.R.A. sec. 3307.
En
segundo
para
lugar,
adquirir
una
al
evaluar
instalación,
las
propuestas
el
Secretario
sometidas
de
Salud
debe determinar qué modelo de transferencia será el más
apropiado según la instalación de salud que se trate, las
circunstancias económicas de la región en que se ubique y
las
necesidades
y
características
de
la
población
que
sirve. 24 L.P.R.A. sec. 3308. Incluso, la Ley establece
expresamente que como único se podrá eximir a la entidad
contratante de continuar ofreciendo servicios de cuidado de
salud
en
la
determinación
instalación
del
adquirida
Secretario
de
es
Salud
mediante
y
del
una
Banco
25
CC-2005-1229
Gubernamental de Fomento a estos efectos y que indique que
la región en la que está localizada la instalación ya está
adecuadamente servida por otras facilidades de salud.
24
L.P.R.A. sec. 3305.
Cabe
destacar
otro
asunto
en
cuanto
al
proceso
de
privatización de las instalaciones de salud públicas. La Ley
núm.
190
precio
señalaba
mínimo
de
originalmente,
venta
de
la
en
su
artículo
facilidad
sería
21,
que
el
aquel
que
por
tasación dispusiera el Departamento de Hacienda o el de Salud.
No obstante, la Ley núm. 31 del 6 de julio de 1997 enmendó esta
disposición para establecer el valor de mercado como el precio
de venta de cada instalación.
24 L.P.R.A. sec. 3320. Tanto la
exposición
Ley
de
motivos
de
la
núm.
31
como
su
historial
legislativo muestran que la intención del legislador era que el
precio
de
la
facilidad
reemplazo de un inmueble.
no
fuese
un
valor
de
tasación
de
Por el contrario, se entendió que
durante la venta de las facilidades de salud deberían tomarse en
cuenta
otros
factores
adicionales,
entre
ellos
transferirse y otras variables del mercado.
las
Comisiones
de
Gobierno
y
de
Salud
el
equipo
a
Véase Informe de
de
la
Cámara
de
Representantes de Puerto Rico sobre el P. de la C. 691, 17 de
junio de 1997. Así, al momento de determinar el precio de venta
de
la
instalación
consideración
la
se
estimará
estructura,
otros factores ya mencionados.
su
valor
organización,
global,
tomando
potencial,
y
en
los
26
CC-2005-1229
Conforme a lo anterior, se colige forzosamente que las
disposiciones de la Ley núm. 190 disponen para la venta de
las facilidades de salud públicas como negocios en marcha.
Primeramente,
la
Ley
da
énfasis
a
que
la
entidad
contratante no interrumpa los servicios médicos que ofrece
la instalación vendida durante el proceso de privatización,
y que luego del traspaso su operación se mantenga ajustada
a las necesidades y características de la población servida
por cada instalación. El estatuto no le concede discreción
a la entidad contratante para darle otro uso a la facilidad
adquirida
que
no
sea
aquel
indicado
en
la
Ley,
salvo
autorización expresa del Secretario de Salud y el Banco
Gubernamental de Fomento. En otras palabras, la facilidad
que
sea
privatizada
deberá
continuar
ofrecer
servicios
de
cuidado
política
estatal
de
salud
de
utilizándose
salud
pública.
para
conforme
Ello
a
la
asegura
una
continuidad estable entre los servicios que antes ofrecía
el Gobierno y los que ofrecerá posteriormente la entidad
privada
adquirente,
asegurar
que
la
además
de
servir
operación
de
la
de
barómetro
facilidad
para
adelante
los
propósitos primordiales de la Ley y la filosofía de la
llamada reforma de salud.
Segundo, el proceso de privatización de la Ley núm.
190 no sólo incluye la venta de estructuras físicas sino
que
incluye
el
equipo
e
inventario
ya
instalado
facilidades para ofrecer los servicios de salud. A
en
esto
la
27
CC-2005-1229
se
le
puede
añadir
el
que
la
Ley
también
dispone
expresamente para la retención por la entidad contratante
de los empleados que trabajaban para el Gobierno en la
instalación
adquirida.
24
L.P.R.A.
sec.
3318.
Así,
la
venta de las facilidades que hace el Gobierno no es una de
activos o bienes individuales sino de un establecimiento,
con
todos
sus
componentes,
transferidos
como
una
unidad
integral.
Lo último, mas no menos importante, son los factores a
considerarse al determinar el precio de venta. Como parte
de esta determinación, no sólo se consideran los elementos
estructurales y operativos de la facilidad sino también el
valor en el mercado que posee dicha entidad. Fijar el valor
del
mercado
también
requiere
evaluar
otros
factores
de
índole económica, como son los rendimientos financieros que
genera o podría generar la actividad desde un punto de
vista
privado.
O
sea
para
obtener
el
máximo
valor
de
retorno, el precio se fija considerando la instalación como
una unidad comercial integra y como un negocio continuo.
La venta de una instalación de salud pública como un
negocio
en
ganancias
marcha
que
transacción.
asegura
puede
la
obtener
Precisamente,
en
maximización
de
las
el
en
la
Gobierno
Puerto
Rico,
una
de
las
razones de peso para privatizar es la de adquirir fondos
con
la
venta
de
crisis
fiscal
del
la
entidad
Estado.
para
Véase
intentar
Edwin
aliviar
Irizarry
la
Mora,
28
CC-2005-1229
Privatización
de
empresas
públicas:
Apuntes
teóricos
pertinentes al caso de Puerto Rico, 1 (Núm. 1) Ceteris
Paribus:
152
Revista
(1991).
de
Investigaciones
Debido
a
sus
Socioeconómicas
propósitos
151,
intrínsecamente
económicos, la privatización requiere la transformación de
funciones estatales de beneficencia y asistencia social en
servicios y productos comerciales. No nos debe extrañar,
por
tanto,
que
para
que
el
Gobierno
pueda
vender
una
entidad de servicios públicos tenga que mercadearla como un
negocio rentable. Aunque nos parezca incómodo asignarle un
valor
económico
a
servicios
de
naturaleza
benéfica
y
filantrópica, como lo son los servicios médicos primarios,
la privatización requiere adoptar una visión negociable de
estas instituciones.
V
Aplicando
situaciones
concluir
este
como
otra
marco
teórico
y
la
del
caso
de
autos,
cosa
que
no
sea
resolver
jurídico
no
a
podemos
que
una
instalación gubernamental de salud que ha estado sujeta a
un proceso de privatización es vendida, de hecho, como un
negocio en marcha. De otro modo, estaríamos hablando de
una venta pública de bienes gubernamentales.
Como hemos
discutido,
la
Ley
un
proceso
liquidación
de
entidades
vender
sus
núm.
190
no
establece
públicas
para
de
parte
como bienes o activos individualizados. Por el contrario,
la Ley formula una oferta de venta globalizada y obliga a
que
los
adquirentes
mantengan
una
continuidad
en
la
29
CC-2005-1229
prestación
de
servicios
de
la
facilidad
que
les
sea
transferida. La oferta de compra no sólo incluye el equipo
que
utilizaba
servicios,
el
sino
gobierno
que
para
permite
ofrecer
además
que
los
las
mismos
entidades
contratantes retengan en su nómina a los empleados públicos
que laboraban originalmente para el Departamento de Salud.
La entidad pública se traspasa al sector privado en
función de una unidad integral, o como apropiadamente lo
han
llamado
los
estudiosos
del
fenómeno
de
la
privatización, la venta de un negocio en marcha (ongoing
business). Es claro que bajo la Ley núm. 190 la entidad
contratante
al
adquirir
una
facilidad
de
salud
pública
asume su identidad como proveedor de servicios de cuidado
de
salud.
intención
Estos
de
establecimientos
continuar
proveyendo
se
adquieren
servicios
de
con
la
la
misma
naturaleza que los que ofrecía el Estado, porque así lo
requiere la Ley, y utilizando la misma estructura física,
con el mismo equipo e incluso la misma fuerza obrera en las
operaciones diarias de la entidad. En conclusión, la venta
de una instalación de salud pública presenta varios de los
factores
que
apoyan
la
aplicación
de
la
doctrina
del
traspaso de un negocio en marcha según dispuesta en el
artículo 6 de la Ley núm. 80.15
15
Tengo, además, grandes reparos en cuanto a la
conclusión mayoritaria respecto a la inmunidad
brindada
por el artículo 22 de la Ley núm. 190 y la doctrina del
patrono sucesor. Ello porque la controversia particular
30
CC-2005-1229
Por todo lo anterior, resolvería que al momento de
computar la mesada a la que pueda tener derecho la señora
Mercado Ortiz, se deben tomar en consideración los años que
esta empleada trabajó para el Departamento de Salud antes
que la facilidad de salud en la que laboraba pasara a manos
de
una
empresa
servidora
privada.
pública
por
La
casi
señora
dos
Mercado
décadas
Ortiz
antes
que
fue
el
Hospital de Área Tito Mattei de Yauco, que servía como su
lugar
de
empleo,
fuera
privatizado
en
1998,
según
lo
permite la Ley núm. 190. Al comprar el hospital, la entidad
contratante, Adventist Health System Corp., advino patrono
de la señora Mercado Ortiz, ya que retuvo sus servicios
junto a los de otros empleados del Departamento de Salud.
Sin
embargo,
Mercado
Ortiz
Health
se
en
el
la
despidió.
benefició
2001
de
el
la
nuevo
Antes
patrono
del
de
despido,
experiencia
y
la
señora
Adventist
conocimiento
especializado de la señora Mercado Ortiz, al igual que se
sirvió de su familiaridad con la instalación en la que
trabajaba y de la plusvalía que su labor representaba.
___________________
del caso autos se resuelve mediante la aplicación adecuada
de la Ley núm. 80 y nuestros principios básicos de
hermenéutica judicial y no requería, por tanto, que este
Tribunal se expresara en cuanto al efecto que tiene la Ley
núm. 190 sobre la posible aplicación de la doctrina del
patrono
sucesor
en
el
contexto
de
un
proceso
de
privatización. La Mayoría de este Tribunal se excedió en su
función adjudicadora al resolver que en cualquier contexto
de privatización de instalaciones de salud públicas la Ley
núm. 190 hace inaplicable la doctrina del patrono sucesor.
31
CC-2005-1229
Indudablemente,
y
como
explicamos
anteriormente,
al
utilizar el procedimiento de la Ley núm. 190, Adventist
Health adquirió del gobierno el Hospital Tito Mattei de
Yauco como un negocio en marcha.
Por tanto, le aplicaba el
artículo
Por
6
de
la
Ley
núm.
80.
tal
razón,
debimos
confirmar al Tribunal de Apelaciones en cuanto resolvió que
el legislador no excluyó la consideración de los servicios
prestados a patronos anteriores por un empleado que fue
retenido por la entidad adquirente de un hospital público
para los efectos de terminar su mesada bajo la Ley núm. 80.
En ausencia de una exclusión categórica, la señora Mercado
Ortiz tiene un derecho estatutario a que se le aplique la
fórmula de cálculo de la mesada tal y como está establecida
en la Ley núm. 80. Como la Opinión mayoritaria llega a un
resultado
que
ignora
estas
consideraciones
y
que
es
contrario a la naturaleza justiciera y remedial de nuestras
leyes laborales, me veo obligada a disentir.
VI
Por
último,
disenso.
No
podemos
privatización,
afecta
la
públicos.
debo
como
puntualizar
otra
razón
para
mi
perder
perspectiva
que
la
proceso
seguridad
de
Cuando
vende
se
de
político
empleo
una
de
y
miles
socioeconómico,
de
instalación
empleados
de
salud
pública, la entidad adquirente puede retener a todos, a
algunos
o
a
ninguno
de
los
empleados
públicos
laboraban en el establecimiento adquirido. Debemos
que
32
CC-2005-1229
reconocer
que
ante
privatización
el
el
acontecimiento
estatus
laboral
de
de
un
proceso
estos
de
empleados
públicos sufrirá un cambio drástico y es, cuando menos,
incierto.
De no ser retenidos por la empresa adquirente, estos
empleados
serán
cesanteados
con
promesa,
no
de
que
serán
reubicados
algún
otro
público
o
empresa
privada.16
L.P.R.A.
sec.
que
sean
reclutados por la entidad adquirente perderán su
estatus
garantizada,
organismo
3318.
Por
otro
lado,
los
la
sola
en
24
“afortunados”
de empleados públicos, con todo lo que ello
conlleva.
Estos
servicio
público
empleados
y
dejarán
perderán
las
de
ser
miembros
garantías
que
del
les
provee
el
principio de mérito y los beneficios y protecciones del
sistema
de
empleados
sector privado,
16
aun
del
Gobierno.
cuando
estén
Como
empleados
protegidos
por
del
otras
Los empleados públicos que no sean reclutados por el
nuevo patrono podrían ser cesanteados por el Gobierno.
Ante estas circunstancias, la Ley núm. 190 sólo ofrece como
salvaguarda la política pública observada en Puerto Rico en
los casos de reorganización y disolución de organismos
gubernamentales. Bajo esta política, el empleado así
cesanteado puede elegir entre acogerse a un retiro
temprano, solicitar alguna compensación por el tiempo de
servicio al Gobierno o solicitar su reubicación el servicio
público. Para aquellos empleados que ejerzan esta última
opción, la Ley núm. 190 sólo dispone que se creará un
registro especial para concederle preferencia a estos
servidores
públicos
para
ser
reubicados,
según
la
disponibilidad que permitan las plazas, a través de los
diferentes organismos gubernamentales y en la empresa
privada.
24
L.P.R.A.
sec.
3318.
Esta
disposición
estatutaria no garantiza a estos empleados cesanteados un
empleo seguro en el Gobierno, ni siquiera que serán
reclutados para cualquier otro trabajo.
33
CC-2005-1229
leyes laborales, estarán en una posición menos ventajosa
que antes en cuanto a la seguridad de su empleo.
La Opinión que suscribe una mayoría de este Tribunal
perjudica aún más a estos empleados retenidos al resolver
que
de
ser
despedidos
injustificadamente
por
su
nuevo
patrono, no tendrán acceso completo a la legislación social
que protege a los demás empleados del sector privado. En
otras palabras, estos otrora servidores públicos no estarán
cobijados
por
las
sistema
del
mérito,
pero
aquella
legislación
totalmente
por
garantías
y
derechos
tampoco
que
serán
que
le
provee
el
protegidos
aplica
a
la
empresa privada. Como la Opinión mayoritaria traza una ruta
decisoria
injusta
contraria
a
la
para
estos
legislación
ex-empleados
social
en
públicos
protección
trabajadores en Puerto Rico, yo disiento.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
de
y
los