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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Municipio de San Juan v. Professional Research & Community Services

2007 TSPR 95

Poder Judicial de Puerto Rico

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Municipio de San Juan v. Professional Research & Community Services

CC-2005-0406

Municipios-Notificación y cobro de patentes municipales adeudadas; Obligaciones y Contratos-Contrato de Transacción, novación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de San Juan

Recurrido

Certiorari

v.

2007 TSPR 95

Professional Research &

Community Services

171 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2005-406

Fecha: 18 de mayo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Heriberto Sepúlveda Santiago

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor Lajara Alvarez

Lcdo. Eddie Ramírez Vale

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Mayra E. Domenech Román

Materia: Incumplimiento de Contrato de Transacción

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de San Juan

Recurrido

v.

CC-2005-406

Professional Research &

Community Services

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, 18 de mayo de 2007

Nos corresponde determinar si una estipulación

judicial que puso término a un pleito de cobro de

patentes municipales, tuvo el efecto de convertir la

deuda

legal

personal

del

de

patentes

municipales

cuyo

cumplimiento

adviene

término

prescriptivo

de

en

una

deuda

exigible

dentro

quince

(15)

años

dispuesto en el artículo 1864 del Código Civil. 31

L.P.R.A. sec. 5294.

Por entender que en virtud de dicha estipulación

judicial

la

obligación

legal

del

contribuyente

se

convirtió en una obligación personal, resolvemos que

se

puede

cobrar

dicha

deuda

prescriptivo de quince (15) años.

dentro

del

término

CC-2005-406

2

I.

El 27 de abril de 1992, el Municipio de San Juan (“el

Municipio”) le notificó a Professional Research & Community

Service, Inc. (“Professional”),

patentes

municipales.

La

deficiencias en el pago de

referida

notificación

incluyó

deficiencias correspondientes a los años fiscales 1979-80;

1980-1981; 1982-1983; 1983-1984; 1984- 1985; 1985-1986; 19861987;

1987-1988;

1988-1989;

1989-1990;

1990-1991;

y

1991-

1992.1

A

tenor

deficiencia

con

el

contenido

contributiva,

una

el

3

demanda

de

de

en

dicha

notificación

agosto

cobro

de

de

de

1992,

el

las

patentes

Municipio

presentó

vencidas.2

En su demanda, adujo que Professional adeudaba la

suma de $42, 652. 23, incluyendo penalidades, recargos e

intereses hasta el 27 de mayo de 1992, y que a pesar de

haberle

reclamado

cumplido.3

el

pago,

dicha

corporación

no

había

Posteriormente, en el mes de marzo de 1993, el

Municipio presentó una demanda enmendada.

En dicha demanda

alegó

notificación

que

había

emitido

una

segunda

de

deficiencias y que Professional adeudaba la suma adicional de

1

Apéndice del recurso de certiorari, págs. 134-135.

En su recurso de certiorari, Professional aceptó que no

utilizó los mecanismos provistos en la Ley de patentes

municipales, Ley núm. 113 del 20 de junio de 1974, según

enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 651(o) para impugnar dicha

notificación de deficiencia.

Es decir, no solicitó

reconsideración o vista oral para impugnar la notificación de

deficiencia cursada por el Municipio. Véase recurso de

certiorari pág. 9 y alegato de la parte peticionaria, pág.

18.

3

Según la demanda el principal adeudado era de $23, 329.91.

2

CC-2005-406

$46,911.05

3

por

concepto

de

patentes

municipales

vencidas

hasta el 31 de enero de 1993.4

En el transcurso del procedimiento judicial incoado por

el Municipio para cobrar las patentes municipales adeudadas,

las

partes

suscribieron

una

estipulación

en

la

que

Profesional reconoció sus deudas y se comprometió a pagarlas.

En una vista celebrada el 16 de marzo de 1994, el juez del

Tribunal de Distrito, sala de San Juan, hizo constar que la

parte demandada había aceptado la deuda y que acordaba pagar

el 30% de lo adeudado en treinta (30) días y el resto en

plazos mensuales por doce (12) meses. Véase apéndice del

recurso de certiorari, pág. 21.

Posteriormente, las partes sometieron una “estipulación

de transacción y solicitud de sentencia”.

En virtud de dicha

estipulación, Professional se comprometió a pagar sendos por

cientos de ambas deudas antes del 31 de marzo de 1994 y a

pagar el balance restante de ambas deudas en once plazos

consecutivos

que

comenzarían

el

1ro

culminarían el 1ro de marzo de 1995.5

de

abril

de

1994

y

Las partes acordaron

además que de “incumplir la parte demandada con la obligación

de pagar las sumas referidas en los plazos indicados, la

parte

demandante

podr[í]a

solicitar

la

reinstalación

pleito y solicitar la ejecución de la sentencia….”

del…

El 24 de

marzo de 1994, el foro primario dictó sentencia, acogió la

estipulación suscrita por las partes y la hizo formar parte

4

No obra en autos copia de dicha notificación de deficiencia

que se alega se emitió el 4 de enero de 1993.

5

El monto total de la deuda fue de $63, 754.98.

CC-2005-406

4

de su dictamen.

Dicha sentencia se notificó el 23 de junio

de 1994.

Tras

comprometerse

a

pagar

la

deuda,

Professional

incumplió con las estipulaciones y plazos de pago acordados.

Ante dicho incumplimiento, en el mes de octubre de 1994, el

Municipio presentó una moción de ejecución de sentencia en la

que solicitó se expidiera una orden y mandamiento de embargo

sin la prestación de fianza.

El 17 de noviembre de 1994, el

foro primario dictó una orden de ejecución de sentencia y

ordenó se expidiera el mandamiento de embargo.

Autorizó

entonces que se embargaran bienes suficientes para cubrir la

deuda de $63, 754.98.

A tenor con dicha orden, el secretario

del tribunal emitió el correspondiente mandamiento de embargo

el 30 de diciembre de 1994.

Sin embargo, no surge del

expediente que el Municipio ejecutara dicha orden de embargo.

Nueve años más tarde, en el mes de octubre de 2003, el

Municipio presentó demanda de incumplimiento de contrato de

transacción.

En

síntesis,

alegó

que

Professional

había

incumplido con los términos de la estipulación de transacción

suscrita por las partes en el año 1994.

Ante

la

incomparecencia

de

Professional,

el

primario le anotó la rebeldía el 26 de febrero de 2004.

foro

El

15 de marzo de 2004, Professional contestó la demanda pero el

tribunal de instancia se negó a levantar la anotación de

rebeldía.

El 11 de mayo de 2004, Professional presentó una

moción de sentencia sumaria.

En síntesis, alegó que mediante

la estipulación de transacción suscrita en el 1994, se tasó

CC-2005-406

la

deuda

5

contributiva

por

lo

que

el

Municipio

tenía

un

término de 5 años para cobrar las patentes tasadas a tenor

con las disposiciones de la Ley de patentes municipales.

21

L.P.R.A.

la

sec.

presentación

651(s).

de

la

Debido

demanda

de

a

que

al

momento

incumplimiento

de

de

contrato

habían transcurrido más de nueve (9) años desde la tasación

de la deuda contributiva, Professional solicitó que el foro

primario dictara sentencia a su favor y determinara que la

acción presentada por el Municipio para cobrar la deuda de

patentes municipales estaba prescrita.

El 6 de julio de 2004 el tribunal de instancia declaró

no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria.

Inconforme,

Professional presentó una moción de reconsideración y luego

una moción de desestimación de la demanda en la que alegó que

el tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia.

El

tribunal de instancia le concedió un término al Municipio

para responder a las mociones presentadas por Professional.

En su contestación, el Municipio adujo que había presentado

una acción personal de cumplimiento específico de contrato de

transacción.

Alegó además, que dicha acción personal estaba

sujeta al término prescriptivo de quince años dispuesto en el

artículo 1864 del Código Civil.

31 L.P.R.A. sec. 5295.

El

18 de noviembre de 2004, el tribunal de instancia declaró con

lugar la contestación presentada por el Municipio.

Inconforme

con

la

determinación

del

foro

primario,

Professional acudió ante el Tribunal de Apelaciones.

sentencia,

el

foro

apelativo

intermedio

En su

confirmó

la

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6

determinación del tribunal de instancia.

Apelaciones

determinó

que

en

el

año

El Tribunal de

1992

el

Municipio

presentó una acción judicial de cobro de patentes tasadas,

dentro del término prescriptivo de cinco años dispuesto en la

Ley

de

patentes

municipales.

21

L.P.R.A.

sec.

651s(c).

Debido a que la ley de patentes municipales no establece un

término para ejecutar una sentencia en la que se le impone al

contribuyente la obligación de pagar cierta suma de dinero,

dicho foro apelativo intermedio concluyó que el Municipio

tenía

un

término

prescriptivo

de

quince

(15)

años

para

ejecutar la sentencia.

Insatisfecho, Professional acudió ante nosotros mediante

recurso de certiorari.

En su único pero extenso señalamiento

de error, indicó que incidieron los foros apelados al negarse

a aplicar el término prescriptivo dispuesto en la Ley de

patentes municipales para cobrar contribuciones tasadas y al

permitir de esta forma que el Municipio presentara una acción

independiente que sólo pretende cobrar una deuda de patentes

municipales fuera del término prescriptivo aplicable.

Además,

adujo

que

los

foros

apelados

erraron

al

interpretar la estipulación de transacción del 1994 pues en

ésta,

las

partes

habían

acordado

que

en

caso

de

incumplimiento, el Municipio podría reactivar el pleito de

cobro de la patente, hecho que excluye la posibilidad de

presentar un pleito independiente de ejecución de sentencia.

Finalmente, resaltó que nuestra decisión en Igaravídez v.

CC-2005-406

Ricci,

7

147

D.P.R.

1

(1998)

impide

que

se

ejecute

una

sentencia fuera de la sala sentenciadora.

El 15 de julio de 2005 expedimos el auto solicitado.

Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos

a resolver.

II.

En

esencia,

Professional

alega

que

mediante

la

estipulación judicial de 1994, el Municipio tasó las patentes

municipales adeudadas.

Aduce entonces que el Municipio tenía

el deber de iniciar un procedimiento para cobrar la referida

deuda de patentes dentro de los cinco años siguientes a la

referida tasación de las patentes adeudadas según requiere la

sección 20 de la Ley de Patentes Municipales.

sec. 651s(c).

21 L.P.R.A.

Por entender que cualquier acción para el

cobro de las patentes municipales tasadas en el año 1994 está

prescrita, Professional alega que el Municipio está impedido

de

cobrar

las

referidas

independiente

de

transacción.

Sostiene

patentes

cumplimiento

que

en

mediante

un

específico

de

casos

cobro

de

pleito

contrato

de

de

deudas

contributivas como el presente, no procede aplicar el término

prescriptivo dispuesto en el Código Civil para las acciones

personales que no tienen un término especial.

A

la

luz

de

las

alegaciones

de

la

peticionaria,

procedemos a examinar el poder de los municipios de imponer y

cobrar patentes municipales.

CC-2005-406

8

A.

La facultad de imponer contribuciones es un atributo

esencial de la soberanía del estado y su ejercicio es una

función

propiamente

gubernamental.

McQuillin

Eugene,

Municipal Corporations,

Thomson West, 3era ed., 2003, Vol.

16, sec. 44.03, pág. 17.

Véase además Burlington Air Express

Inc.

v.

esquema

contributivo

jurisdicción,

patentes

154

Municipio,

la

D.P.R.

municipal

obligación

municipales

588,

emana

del

de

597

(2001).

vigente

Según

en

nuestra

contribuyente

los

preceptos

el

de

pagar

estatutarios

contenidos en la Ley de patentes municipales, Ley núm. 113

del

20

de

secciones.

legislativo,

junio

de

1974,

651(a)-652(y).

los

según

En

municipios

enmendada,

virtud

tienen

de

21

L.P.R.A.

dicho

mandato

“poder

inherente,

independiente del Estado, para imponer contribuciones.”6

HBA

Contractors, Inc. v. Municipio de Ceiba, 2005 TSPR 183, res.

6 de diciembre de 2005, 166 D.P.R. __; Levy, Hijo Inc. v.

Municipio de Manatí, 151 D.P.R. 292, 299 (2000).

Al examinar el poder del Estado de imponer y cobrar

contribuciones,

hemos

expresado

que

“[e]l

contribuciones por el Estado no es irrestricto.

cobro

de

Dicho poder

está sujeto a trámites mínimos de ‘debido proceso de ley’, a

la exigibilidad y validez de la deuda, y a los términos

6

El artículo VI, sec. 2 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dispone además que “[e]l poder del

Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y

autorizar su imposición y cobro por los municipios se

ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y

nunca será rendido o suspendido”.

Art. VI. sec. 2, Const.

E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

CC-2005-406

9

prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos.”

Carazo

v. Srio. de Hacienda, supra; Blás Díaz Rivera v. Srio. De

Hacienda, 2006 TSPR 85, res. 18 de mayo de 2006, 168 D.P.R.

__.

Estas

restricciones

al

poder

de

imponer

y

cobrar

contribuciones pretenden evitar que los municipios ejerzan

dicha

facultad

contribuyente

de

forma

ciertas

arbitraria

le

trámites de imposición y cobro de una deuda contributiva.

En

atención

a

vez

expirado

el

término

hemos

dispuesto

dentro

al

los

principios,

procesales

confieren

de

estos

garantías

y

indicado

por

ley

que

una

para

cobrar

contribuciones adeudadas y tasadas, el Estado está impedido

de cobrarlas.

Carazo v. Srio. de Hacienda, supra, pág.

312.

B.

En

síntesis,

el

procedimiento

contribución se rige por tres etapas:

para

cobrar

una

1) la notificación por

correo certificado de una deficiencia contributiva; 2) la

tasación de la contribución; y 3) el procedimiento de apremio

o

procedimiento

judicial

para

exigir

el

pago

de

las

contribuciones tasadas.

La notificación de una deficiencia contributiva es el

trámite

administrativo

mediante

el

cual

el

municipio

le

informa al contribuyente que se determinó una contribución

mayor a la que éste declaró.

Ingreso

Tributable:

Genovevo Meléndez Carruccini,

Inclusiones

y

Doctrinas,

Instituto

de

Contribuciones de Puerto Rico, 1991, Cap. 1, sec. 1.05, pág.

CC-2005-406

35.7

10

Por otra parte, “tasar un contribución es el acto[,] …

después de culminadas las notificaciones y demás trámites que

le

siguen,

de

requerir

del

deficiencia o contribución”.

el

municipio

tiene

la

contribuyente

Id.

el

pago

de

la

Una vez se tasa la deuda,

facultad

de

proceder

a

cobrarla

mediante procedimiento de apremio o procedimiento judicial a

esos efectos.

La

Ley

de

patentes

municipales

establece

un

término

prescriptivo para tasar la deuda y otro para cobrar la deuda

contributiva después de tasada.

Si el Municipio incumple con

dichos términos prescriptivos, corre el riesgo de perder su

derecho a cobrar una deficiencia por concepto de patentes

municipales mediante los mecanismos legales disponibles.

La

sección 19 de la Ley de patentes municipales dispone que el

municipio deberá tasar la contribución dentro de los cuatros

(4)

años

siguientes

a

la

presentación

de

la

planilla

declaración contributiva. 21 L.P.R.A. sec. 651(r).

o

Luego de

que expire dicho término de cuatro (4) años, el municipio no

podrá iniciar un “procedimiento en el tribunal sin tasación

para el cobro de dichas patentes.”

Id.

Por su parte, la

sección 20(c) de la Ley de patentes municipales dispone que

el municipio tendrá cinco (5) años contados a partir de la

tasación de la patente para cobrarla mediante procedimiento

7

Es

importante

señalar

que

los

procedimientos

administrativos y judiciales para tasar y cobrar una deuda

por concepto de patentes municipales son sustancialmente

similares

a

los

establecidos

en

nuestra

la

Ley

de

contribución sobre ingresos (Código de Rentas Internas).

Véase apéndice del Proyecto de la Cámara 1088, Ley Núm. 113

de 20 de junio de 1974.

CC-2005-406

11

de apremio o mediante procedimiento en el tribunal a esos

efectos.8

21 L.P.R.A. sec. 651(s). (énfasis suplido).

Antes de tasar una deficiencia contributiva y proceder a

iniciar un procedimiento de cobro por la vía de apremio o

mediante procedimiento judicial, el municipio debe remitirle

al contribuyente una notificación de deficiencia.

Sección

16(a)(1) de la Ley de patentes municipales, 21 L.P.R.A. sec.

651(o)(a)(1).

El

propósito

de

dicha

notificación

es

proveerle al contribuyente la oportunidad de solicitar una

reconsideración

deficiencia.

de

la

determinación

administrativa

de

Id.

A partir de la fecha del depósito en el correo de la

notificación de deficiencia, la Ley de patentes municipales

le concede al contribuyente un término de treinta (30) días

para

presentar

una

solicitud

de

reconsideración

de

la

notificación de deficiencia y solicitar que se celebre una

vista administrativa.9

Id.

Si el contribuyente opta por no

presentar una solicitud de reconsideración de la notificación

de deficiencia, o si en reconsideración el municipio confirma

el monto de ésta, el Director de Finanzas del municipio tiene

entonces

8

el

deber

de

emitir

una

notificación

final

de

Antes de que expire el período de cinco (5) años, el

Director de Finanzas del municipio puede prorrogar dicho

período mediante acuerdo escrito con el contribuyente.

“El

período así acorado podrá prorrogarse por acuerdos escritos

sucesivos hechos antes de la expiración del período

previamente acordado.” 21 L.P.R.A. sec. 651(s)(c).

9

El Director de Finanzas del municipio también tiene la

facultad de concederle una prórroga al contribuyente para

solicitar una reconsideración o que se celebre una vista

oral. 21 L.P.R.A sec. 551(o)(a)(1).

CC-2005-406

12

deficiencia.10

A

Id.

partir

de

dicha

notificación,

el

contribuyente tendrá un término de caducidad de treinta (30)

días

para

presentar

deficiencia.11

Id.

una

demanda

de

impugnación

de

Véase además Harland Co. v. Mun. de San

Juan, 139 D.P.R. 185, 189 (1995).

Por otro lado, el municipio está impedido de tasar la

patente o iniciar un procedimiento para su cobro antes de

enviar la notificación final de deficiencia y antes de que

expire

el

término

de

treinta

(30)

días

que

tiene

el

contribuyente para presentar una demanda de impugnación de

deficiencia.

21 L.P.R.A. sec. 651(o)(a)(10).

Además, quedan

interrumpidos los términos prescriptivos para la tasación y

el

procedimiento

de

cobro

de

la

patente

respectivamente,

durante el tiempo en que el contribuyente puede presentar una

demanda de impugnación (o hasta que la decisión del Tribunal

de Instancia advenga final y firme si se presenta demanda de

impugnación de deficiencia), y por los sesenta (60) días

siguientes.

21 L.P.R.A. sec. 651(t).

Finalmente,

cuando

no

se

presenta

una

demanda

de

impugnación de deficiencia, la Ley de patentes municipales

dispone que “la deficiencia será tasada y deberá pagarse

10

En dicha notificación, el Director de Finanzas debe

indicar el monto total de la fianza que el contribuyente

deberá prestar para presentar una demanda de impugnación de

deficiencia ante el Tribunal de Primera Instancia.

21

L.P.R.A. sec. 651(o)(a)(2).

11

Véase John Harland Co. v.

Municipio de San Juan, 139

D.P.R. 185.

En dicha ocasión resolvimos que el término de

treinta (30) días para impugnar en los tribunales las

notificaciones finales de deficiencias es un término de

caducidad.

CC-2005-406

mediante

13

notificación

y

requerimiento

21 L.P.R.A. sec. 651(o)(c).

Finanzas.”

del

Director

de

(énfasis suplido).

III.

Como indicamos en la exposición fáctica que antecede, en

el

presente

caso,

el

Municipio

deficiencia

de

San

Juan

contributiva

a

emitió

una

nombre

de

notificación

de

Professional.

No está en controversia que Professional optó

por no pedir reconsideración de dicha determinación.

Tampoco

presentó una demanda para impugnar dicha deficiencia.

Ante

esta situación, el Municipio procedió a presentar una demanda

de cobro de patentes municipales.

En dicho procedimiento, el

tribunal

sentencia

de

instancia

dictó

y

acogió

una

estipulación suscrita por las partes en la que Profesional

aceptó la deuda y se comprometió a pagarla en determinados

plazos.

Ante estos hechos, Professional aduce que la demanda

presentada por el Municipio de San Juan en el 1992 tuvo el

efecto de tasar las patentes adeudadas, no de cobrar patentes

tasadas.

Por tanto, aduce que el Municipio tenía que cobrar

dichas patentes dentro de los cinco años posteriores a dicha

tasación.

No nos persuade.

Un examen de las disposiciones de la Ley de patentes

municipales sobre el procedimiento para tasar y cobrar dichas

contribuciones, nos obliga a concluir que el Municipio de San

Juan inició un procedimiento ordinario de cobro de patentes

tasadas.

Luego de notificar a Professional su determinación

de deficiencia contributiva, ésta optó por no presentar una

CC-2005-406

14

demanda de impugnación de deficiencia.

Ante dicha inacción,

la sección 16 de la Ley de patentes municipales, 21 L.P.R.A.

sec. 651(o)(c), le permitía al Municipio tasar y cobrar la

deuda por concepto de patentes municipales.

A

la

luz

Professional

de

lo

anterior,

optó

por

no

pedir

resolvemos

que

reconsideración

una

vez

de

la

deficiencia y permitió que caducara su derecho de presentar

una demanda de impugnación de deficiencia, el Municipio de

San Juan podía proceder a tasar la deficiencia y cobrarla

mediante un procedimiento judicial ordinario.

Entendemos,

por tanto, que el Municipio presentó una acción judicial en

cobro

de

patentes

municipales,

dentro

de

los

cinco

años

posteriores a la tasación de las patentes municipales.12

12

Por otro lado, Professional alegó ante nosotros que en el

año 1992, el Municipio estaba impedido de notificar las

deficiencias contributivas correspondientes a los años

fiscales 1979-80; 1980-1981; 1982-1983; 1983-1984; 19841985; 1985-1986; 1986-1987.

Indica que la Ley de patentes

municipales prohíbe que un municipio inicie un procedimiento

de cobro de deficiencias luego de transcurridos cuatro años,

contados a partir de la fecha en que el contribuyente

presentó su declaración contributiva.

21 L.P.R.A. sec.

651(r).

A pesar de que de un examen de la notificación de

deficiencia contributiva surge que en el año 1992, el

Municipio notificó ciertas deficiencias fuera del término de

cuatro (4) contados a partir de la presentación de la

declaración contributiva, entendemos que en virtud de la

doctrina de cosa juzgada, Professional está impedido de

levantar planteamiento alguno sobre la prescripción de las

patentes.

Le competía a Professional levantar esos

planteamientos

en

el

procedimiento

administrativo

de

impugnación

de

deficiencias

contributivas

y,

en

el

procedimiento judicial de cobro de las patentes municipales

presentado por el Municipio en el 1992.

Sin embargo, en

dicho procedimiento judicial, Professional se comprometió a

pagar la suma reclamada por el Municipio.

De esta forma,

está impedido ahora de levantar cualquier asunto sobre la

prescripción

o

ilegalidad

de

dichas

deficiencias

contributivas. Véase sobre la aplicación de la doctrina de

cosa juzgada en controversias de índole contributiva, Daubón

CC-2005-406

15

IV.

Atendido

el

asunto

sobre

la

naturaleza

del

pleito

iniciado por el Municipio de San Juan en el 1992, nos resta

examinar si el Municipio estaba obligado a ejecutar dicha

sentencia y cobrar la suma estipulada por las partes, dentro

del término prescriptivo de cinco años dispuesto en la Ley de

patentes municipales.

21 L.P.R.A. sec. 651(s).

A.

Como indicamos, la Ley de patentes municipales dispone

que luego de tasar un patente, el municipio podrá cobrarla

mediante procedimiento judicial a esos efectos.

sec. 651(s).

21 L.P.R.A.

Empero, dicha ley guarda silencio sobre los

contornos de dicho procedimiento judicial, y sobre el modo de

ejecutar

la

sentencia

que

el

tribunal

dicte

en

dicho

procedimiento judicial de cobro de patentes.

El artículo 12 de nuestro Código Civil dispone que “en

las

materias

que

se

rijan

por

leyes

especiales,

la

deficiencia de éstas se suplirá

por las disposiciones de

este

12.

título.”

principio

de

31

L.P.R.A.

interpretación

sec.

Acorde

estatutaria,

en

con

dicho

diversas

ocasiones hemos expresado que una ley de carácter especial

prevalece sobre un estatuto de carácter general.

Simonpietri,

112

D.P.R.

797,

800

(1982);

Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 94 (1981);

Rosa

Córdova &

Resto

v.

Berrocales v.

_______________________

Belaval; v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400, 407 (1977);

Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Capó

Sánchez v. Srio. de Hacienda, 90 D.P.R. 149, 155 (1964);

Tesorero v. Tribunal de Contribuciones, 72 D.P.R. 617, 622-23

(1951).

CC-2005-406

16

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 224, 226 (1974); Rosario v.

Atl. Southern Ins. Co., 95 D.P.R. 759, 764-65 (1968).

Del

mismo modo, en materia de derecho contributivo hemos indicado

que

debe

acudirse

principios

en

primer

fundamentales

que

término

rigen

a

las

dicha

leyes

y

materia.

los

Sucn.

Evans v. Secretario de Hacienda, 108 D.P.R. 713, 718 (1979);

Ortiz Geraldino v. Secretario de Hacienda, 118 D.P.R. 571,

574 (1987); Albanese D'Imperio v. Secretario de Hacienda de

76

P.R.,

D.P.R.

324,

329

(1954);

Wood

v.

Tribunal

de

Contribuciones, 71 D.P.R. 233, 235 (1950).

Sin embargo, cuando una ley especial no contiene normas

aplicables a una situación en particular, se debe acudir al

Código Civil para suplir las deficiencias de dicho estatuto.

R.E.

Bernier

y

J.A.

Cuevas

Segarra,

Aprobación

e

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San

Juan,

Publicaciones

J.T.S.,

cap.

69,

pág.

441

Montañez v. U.P.R., 156 D.P.R. 395, 421 (2002)

Atl.

Southern

Ins.

Contribuciones,

supra;

D.P.R. 487 (1975).

Co.,

supra;

Dalmau

v.

Wood

(1987);

Rosario v.

v.

Tribunal

de

Hernández

Saldaña,

103

Por tanto, en ausencia de conflicto entre

una ley especial y una general, debemos recurrir a la segunda

para

suplir

las

lagunas

de

la

primera.

Córdova

&

Simonpietri, supra, Housing Investment Corp. v. Luna Quezada,

112 D.P.R. 173 177 (1982); Pueblo Ex Rel. López v. Pérez

Peña, 54 D.P.R. 804, 812 (1939).

En

el

presente

caso,

Professional

sostiene

que

la

presente controversia se rige exclusivamente por la Ley de

CC-2005-406

patentes

17

municipales.

Arguye

que

el

Municipio

tenía

un

término de cinco años, contados a partir de la fecha en que

se dictó la sentencia en el año 1994, para ejecutarla y

cobrar las patentes municipales.

No tiene razón.

Ante el silencio de la Ley de patentes municipales sobre

el procedimiento judicial que todo municipio debe seguir para

cobrar una deuda de patentes municipales tasadas, y ejecutar

una sentencia que se obtiene mediante estipulación en un

pleito

de

cobro

de

patentes

municipales,

la

pauta

de

interpretación estatutaria dispuesta en el artículo 12 del

Código Civil nos obliga a suplir la referida deficiencia de

la Ley de patentes municipales.

Por tanto, debemos recurrir

a las disposiciones de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A.

secs. 1-5305, y a nuestras Reglas de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap III, en materia de ejecución de sentencia, para

examinar

si

el

Municipio

está

impedido

de

presentar

una

acción para ejecutar la sentencia dictada en el año 1994.

B.

En

primer

lugar,

debemos

clarificar

que

estipulación no es sinónimo de transacción.

el

término

Por tanto, una

estipulación no implica necesariamente la existencia de un

contrato

de

Superior,

103

estipulación

transacción.

D.P.R.

cumpla

223,

con

P.R.

Glass

231

(1975).

los

elementos

Corp.

Sólo

v.

Tribunal

cuando

esenciales

de

una

un

contrato de transacción, podremos considerarla como tal.

Existen

tres

clases

de

estipulaciones:

1)

las

que

constituyen meras admisiones de hechos; 2) las que reconocen

CC-2005-406

18

derechos y tienen el alcance de una adjudicación sobre tales

derechos; y 3) las que proponen cierto curso de acción como,

por ejemplo, que se someta una controversia a un comisionado

especial o que se admita cierta prueba en un juicio.

Id.

pág. 230.

Al examinar la naturaleza de las estipulaciones hemos

expresado que “[l]a estipulación es una admisión judicial que

implica

un

desistimiento

contraria a ella”.

formal

de

cualquier

contención

Id. pág. 231; Pueblo. v. Suárez Alers,

2006 TSPR 83, res. 11 de mayo de 2006, 167 D.p.R.__; Díaz

Ayala et al. V. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 691 (2001). Éstas,

“persigue[n] evitar dilaciones, inconvenientes y gastos y su

uso debe alentarse para lograr el propósito de hacer justicia

rápida y económica”.

Id. pág. 230.

Como norma general, un

juez debe aceptar los convenios y estipulaciones que las

partes presenten.

Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133

D.P.R. 406, 410 (1993).

Una vez el tribunal aprueba una

estipulación mediante la cual se pone término a un pleito o

se resuelve un incidente dentro del mismo, ésta obliga a las

partes y tiene el efecto de cosa juzgada.

Id.

Por otro lado, el contrato de transacción es un “acuerdo

mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo

cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o

ponen fin a uno ya comenzado, con el propósito de evitar los

pesares

que

conllevaría

un

litigio.”

López

Tristani

v.

Maldonado Carrero, 2006 TSPR 143, res. 8 de septiembre de

2006, 168 D.P.R.__.

(citas omitidas); Artículo 1709, Código

CC-2005-406

19

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4821; Véase además

Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 2006 TSPR 103, res. 20 de

junio de 2006, 168 D.P.R. ___; Igaravidez v. Ricci, supra,

pág. 5.

Los

elementos

transacción

constitutivos

son:

1)

una

de

un

relación

contrato

jurídica

de

incierta

litigiosa; 2) la intención de los contratantes de componer el

litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e

incontestable; y 3) las recíprocas concesiones de las partes.

Artículo 1709, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec.

4821.

López

Tristani

v.

Maldonado

Carrero,

supra;

Neca

Mortg. Coorp. V. A & W. Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870

(1995); S. Tamayo Haya, El contrato de transacción, Thomson

Civitas,

Madrid,

España

generales,

toda

transacción

dudas

sobre

la

pág.

75

(2003).

supone

que

En

las

partes

validez

o

corrección

jurídica

respectivas

pretensiones

y

optan

resolver

diferencias

mediante

mutuas

por

concesiones.

términos

tienen

de

sus

dichas

Citibank

v.

Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 512 (1988); Suc.

Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 791 (1981).

Como

todo

contrato,

un

acuerdo

transaccional

debe

contener objeto, consentimiento y causa. Artículo 1213 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391.

Sobre la causa de un

contrato de transacción hemos expresado que “[e]n conjunto,

el

litigio

y

las

recíprocas

elementos de la causa”.

supra

(citando

a

E.

prestaciones

constituyen

los

López Tristani v. Maldonado Carrero,

López

de

Barba,

El

contrato

de

CC-2005-406

20

transacción,

su

resolución

por

Murcia,

incumplimiento,

España, Ediciones Laborum, 2001, pág. 78).

En

armonía

con

lo

anterior,

en

todo

contrato

de

transacción, “[e]s necesario que cada uno de los contratantes

reduzca

y

sacrifique

a

favor

de

otro

una

parte

de

sus

exigencias a cambio de recibir una parte de aquello objeto

del litigio ….”

Tamayo Haya, op. cit., pág. 141. Véase

además, E. López de Barba, op cit., pág. 89.

Sobre la

importancia de las recíprocas concesiones en el contrato de

transacción, hemos indicado que éstas “constituyen no tan

sólo el medio esencial para el desarrollo de la causa del

negocio transaccional, sino que éstas pasan a formar parte de

la causa”.

López Tristani v. Maldonado Carrero, supra.

En términos análogos, nos indica Santos Briz que la

“reciprocidad en las prestaciones es la base indispensable de

este contrato ….”

J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho

Civil, 1ra ed., Barcelona, Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo

IV, pág.583.13

Por tanto, es necesario que las partes en

este tipo de contrato “sacrifiquen y concedan al mismo tiempo

13

Del mismo modo, Castán Tobeñas indica sobre las recíprocas

prestaciones que “una transacción sin concesiones recíprocas

no puede existir, aun cuando nada obliga a que las

concesiones recíprocas sean perfectamente equivalentes”. J.

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, 14ta

ed., Madrid, Editorial Reus S.A., 1993, Tomo IV, pág. 823.

(cita omitida). Por su parte, Puig Brutau indica: “[l]o que

en definitiva caracteriza a la transacción es la eliminación

de las discrepancias entre las partes mediante concesiones

recíprocas. En otro caso, no existiría una transacción sino

una mera renuncia. Pero la reciprocidad en las concesiones

no significa que deba existir equivalencia entre ellas.” J.

Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,

Barcelona, Editorial Bosch S.A., 1982, Tomo II, volumen II,

pág. 629.

CC-2005-406

21

alguna cosa en función de la superación del litigio sobre la

cosa controvertida”.

Tamayo Haya, op. cit., pág. 210; López

Tristani v. Maldonado Carrero, supra.

Es por ello que “[l]a

consecuencia

falta

inmediata

será

que

a

de

recíprocas

concesiones no estaremos ante una transacción por falta de

causa….”14

Sin

Tamayo Haya, op. cit., pág. 144.

embargo,

prestaciones

sean

no

es

necesario

equivalentes

objetivamente equiparables”.

Vol. II, pág. 629.

Carrero, supra.

concesiones

moral.15

o

que

las

“respondan

recíprocas

a

valores

Puig Brutau, op cit., Tomo II,

Véase además López Tristani v. Maldonado

Ello así, puesto que los sacrificios o las

recíprocas

pueden

ser

de

orden

económico

o

Santos Briz, op cit., pág. 583; Tamayo Haya op

cit., pág 147; López de Barba, op cit., pág. 323.

En este

respecto, es menester aclarar que es posible constatar la

existencia de un contrato de transacción en el que no medien

recíprocas

prestaciones,

más

no

podrán

configurarse

los

elementos esenciales de dicho acuerdo si no median recíprocas

concesiones.

E. López de Barba, op cit., pág. 321; Tamayo

Haya, op cit., pág. 148.

En resumen, al emprender la tarea de determinar si una

estipulación

14

cumple

con

los

elementos

de

un

contrato

de

De igual modo, “[n]o es posible, pues, la exclusiva

satisfacción del interés de una de las partes de tal forma

que si la otra parte no dio nada, la concesión de la otra ha

de considerarse como una verdadera renuncia.”

Tamayo Haya,

op cit., pág. 144.

15

En este aspecto la profesora Tamayo Haya indica que “puede

existir una transacción sin paridad de concesiones ni

contenido económico, bastando, por el contrario, meros

sacrificios de orden moral. Tamayo Haya, op cit., pág. 147.

CC-2005-406

22

transacción,

es

esencial

examinar

si

las

partes

pusieron

término a un litigio mediante recíprocas concesiones. “Estas

concesiones…

pueden

ser

de

la

más

fundamental es que sean mutuas.”

contrato

de

transacción,

sus

diversa

índole;

lo

L. R. Rivera Rivera, El

efectos

en

situaciones

de

solidaridad, San Juan, Puerto Rico, Jurídica Editores, 1998,

pág. 55.

En ausencia de recíprocas concesiones, no existirá

un contrato de transacción.

En tal caso, estaríamos ante la

figura de una estipulación.

No empece los rasgos que distinguen una estipulación de

un contrato de transacción, en reiteradas ocasiones hemos

equiparado

una

estipulación

a

una

transacción.

En

este

aspecto, indicamos en Sucn. Román v. Shelga Corp, 111 D.P.R.

782, 786-87 (1981) que una estipulación es, en esencia, un

contrato de transacción.

Sin embargo, como ya discutimos,

para

una

poder

concluir

que

estipulación

constituye

un

contrato de transacción, es necesario examinar si la referida

estipulación

contrato.

contiene

los

elementos

esenciales

de

dicho

A estos efectos, en Amer. Col. Broad Corp. v.

Tribunal Superior, 94 D.P.R. 283 (1967) y en P.R. Glass Corp.

v. Tribunal Superior, supra, esbozamos las diferencias entre

una estipulación que pone fin a un pleito y un contrato de

transacción judicial.

En Amer. Col. Broad Corp. v. Tribunal Superior, supra,

estuvo en controversia una estipulación mediante la cual las

partes en un pleito de salarios acordaron la suma de dinero

que el patrono querellado debía a los querellantes.

Luego de

CC-2005-406

23

examinar los términos de dicha estipulación, resolvimos que a

pesar

de

que

“expresión

la

referida

consensual

de

estipulación

las

partes

no

incluyó

sobre

los

una

hechos

alrededor de los cuales gira[ba] la querella”, la diferencia

tan marcada entre la cuantía reclamada en la querella y la

finalmente

habían

acordada

mediado

pleito.

en

la

concesiones

estipulación,

para

mutuas

demostraba

poner

que

término

al

En atención a las recíprocas concesiones entre las

partes, resolvimos que la estipulación en controversia había

cumplido con los requisitos de un contrato de transacción.

Por

el

Superior,

contrario,

supra,

en

P.R.

Glass

Corp.

resolvimos

que

no

configuraron

se

v.

Tribunl

los

elementos de un contrato de transacción en una estipulación

mediante

la

cual

reclamación

de

recíprocas

entre

los

querellantes

desistieron

salarios.

En

las

entendimos

partes,

ausencia

de

que

de

una

concesiones

no

se

podía

interpretar que dicha moción de desistimiento era un contrato

de

transacción.

Indicamos

querellantes

“[n]o

desistimiento,

…

unilateral

voluntad.”

de

en

obtuvieron

[y]

su

Superior, supra, pág. 233.

dicha

nada

decisión

P.R.

a

ocasión

que

los

cambio

de

su

constituyó

Glass

Corp.

un

v.

acto

Tribunal

Sin embargo, aclaramos que la

moción de desistimiento fue una estipulación que una vez

hecha y aprobada por el tribunal, obligaba a las partes.

Id.

pág. 231.

En

el

consideración

presente

del

caso,

las

tribunal

partes

un

sometieron

escrito

a

la

intitulado

CC-2005-406

24

“estipulación de transacción y solicitud de sentencia”.

Sin

embargo, un examen de los términos allí acordados demuestra

que

dicha

estipulación

no

puede

ser

considerada

como

un

contrato de transacción.

Como

indicamos,

mediante

dicha

estipulación,

Professional aceptó la deuda de patentes municipales y se

comprometió a pagar la suma reclamada en plazos mensuales por

un período total de un año.

dicha

estipulación

que

el

Como vemos, no se deduce de

Municipio

Juan

hiciera

alguna,

o

acreedor.

Por

contrario,

pretendía:

una sentencia que condenó a Professional a pagar

la suma reclamada en la demanda.

el

sus

San

concesión

el

sacrificara

de

pretensiones

Municipio

obtuvo

lo

como

que

Professional, por su parte,

obtuvo la ventaja de pagar la suma reclamada por el Municipio

en plazos que vencerían en un período de un año.16

En fin, no surge de dicha estipulación que el Municipio

de San Juan le concediera un descuento a Professional en su

deuda con el fin de culminar el litigio.

Tampoco surge que

el Municipio sacrificara sus pretensiones a cambio de la

estipulación.

Por tanto, forzoso es concluir que, en el caso

de autos, las partes le pusieron término a un pleito de cobro

16

En este aspecto, el Tribunal Supremo español ha

determinado que no se configuran los elementos de un contrato

de transacción cuando se le concede al deudor la comodidad de

pagar su deuda en plazos.

STS 28 de noviembre de 1905,

Cuadernos de Jurisprudencia Civil, Tomo XX, pág. 716.

Específicamente, en dicha sentencia, el Tribunal Supremo

español determinó que no hubo una transacción cuando el

acreedor

ejecutante

suspendió

la

ejecución

en

un

procedimiento de subastas, a cambio de la promesa del deudor

de pagar la deuda en cierto plazo.

Tamayo Haya, op cit.,

pág. 138, nota 71.

CC-2005-406

de

dinero

25

en

virtud

de

un

acuerdo

bilateral

en

el

cual

Professional se comprometió a pagar la suma reclamada.

En

ausencia de sacrificios, o renuncias recíprocas, concluimos

que

la

estipulación

en

controversia

no

cumplió

con

los

se

hizo

elementos esenciales de un contrato de transacción.

Sin

formar

embargo,

parte

de

dicha

una

estipulación

sentencia,

válida

obliga

a

que

las

partes

y

constituye cosa juzgada.

V.

Conscientes

culminaron

estipulación

un

de

que

pleito

judicial,

en

de

el

caso

cobro

debemos

de

de

marras

dinero

determinar

qué

las

partes

mediante

una

efecto

tuvo

dicha sentencia en la obligación de Professional de pagar la

suma

adeudada

en

concepto

de

patentes

municipales.

En

específico, debemos examinar si la obligación que surgió al

amparo de dicha sentencia por estipulación tuvo el efecto de

novar la obligación primitiva que nació al amparo de la Ley

de patentes municipales.

A.

Tradicionalmente,

la

novación

consiste

en

“la

sustitución de una relación obligatoria por otra, destinada a

extinguir aquélla.”

F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil

español, 3era ed., Madrid, 1976, Tomo III,

316.

Cap. LXXVI, pág.

Es un “acto jurídico de doble función que, a la vez que

extingue, hace nacer en lugar de ella otra obligación nueva.”

J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, 11era

ed. Madrid, Reus S.A., 1988, Tomo III, pág. 429.

CC-2005-406

En

26

nuestro

ordenamiento,

la

novación

carácter modificativo o extintivo.

Brown

Boveri

Corp.,

114

D.P.R.

64

puede

tener

Marina Ind., Inc. v.

(1983).

Para

que

la

novación surta efectos extintivos, es necesario que así se

declare terminantemente, o que ambas obligaciones sean “de

todo punto incompatibles.”

Artículo 1158, Código Civil,

31

L.P.R.A. sec. 3242.

La

delimitación

entre

la

novación

extintiva

y

la

modificativa es materia ampliamente discutida en la doctrina

española.

En esta tarea, nos indica Santos Briz que “[e]l

deslinde entre la novación modificativa y la extintiva debe

realizarse tomando en consideración la voluntad de las partes

y la significación económica de la modificación….”

J. Santos

Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, 1ra ed., Barcelona,

Editorial Bosch, S.A., 2003, Tomo III, pág. 149.

Ausente la

voluntad de extinguir una obligación por otra, “se habrá

creado una nueva obligación pero no se habrá extinguido la

primitiva….”

D.

Espín

Cánovas,

Manual

de

Derecho

Civil

Español, 6ª ed., Madrid, Editorial de Revista de Derecho

Privado, Vol. III, Cap. II, pág. 153.

Por nuestra parte, al

examinar

hemos

la

figura

de

la

novación,

enfatizado

la

importancia del animus novandi o la voluntad de las partes al

momento

de

alterar

una

obligación.

González

Román

v.

Sucesión Cruz Cruz, 2004 TSPR 199, res. 10 de diciembre de

2004, 163 D.P.R.__; Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior,

101 D.P.R. 378, 389 (1973).

CC-2005-406

27

Por otro lado, es menester puntualizar que en nuestro

ordenamiento se presume la voluntad de novar cuando existe

total incompatibilidad entre dos obligaciones.

Artículo 1158

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3242; Santos Briz, op

cit., Tomo III, pag. 150.

Dicha incompatibilidad conlleva la

extinción una obligación primitiva y nacimiento de otra en su

lugar.

que

Sobre esta modalidad de novación, indica Puig Brutau

“la

incompatibilidad

existe

cuando

las

obligaciones

pertenecen a tipos distintos, como en el caso en el que el

arrendatario de un piso convenga con el arrendador que en lo

sucesivo

aplazado,

lo

ocupará

derecho

en

de

otro

concepto

habitación).”

(compra

J.

de

Puig

precio

Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil, 3era ed., Barcelona, Editorial

Bosch S.A., 1982, Tomo I, volumen II, pág. 390.

(citando a

L. Diez Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial,

Madrid, 1972, pág. 787).

En nuestro ordenamiento, las obligaciones se modifican

modificar variando su objeto o sus condiciones principales;

sustituyendo la persona del deudor; o subrogando a un tercero

en los derechos del acreedor.

31 L.P.R.A. sec. 3241.

Artículo 1157, Código Civil,

La novación objetiva puede tener

lugar cuando las partes cambian el objeto, la causa o las

condiciones principales de una obligación.

Sobre la novación

por mutación de causa expone el comentarista José R. Vélez

Torres que ésta ocurre “cuando se altera la razón de ser de

la obligación original….”

J. R. Vélez Torres, Derecho de

Obligaciones, 2da ed. San Juan, Puerto Rico, 1997, Cap. 3,

CC-2005-406

pág. 28.

28

Véase además, Diego Espín, op cit., pág. 156; Puig

Brutau, op cit., pág. 396.

A

pesar

expresamente

de

la

que

nuestro

mutación

de

Código

causa

Civil

como

un

no

reconoce

supuesto

de

novación, la doctrina española reconoce que el cambio de

causa es un supuesto de novación objetiva.

Véase STS 27 de

febrero de 1965 (A. 1.233); Castán, op cit., pág. 429; Sancho

Rebullida,

La

novación

de

las

obligaciones,

Ediciones Nauta, pág. 381 (1964).

Barcelona,

En este respecto, Diego

Espín expone que “[t]iene lugar la alteración causal por

mutación

del

propio

negocio

obligación,…

cuando

el

jurídico

precio

debido

que

da

lugar

en

virtud

a

de

la

una

compraventa o de un arrendamiento se conviene que se adeude

en concepto de préstamo.”

Espín, op cit., pág. 156.

Además,

podemos decir que “[e]xiste el cambio de causa cuando la

prestación debida queda sustituida por la que corresponde a

otro tipo de contrato”.

Puig Brutau, op cit., Tomo I, Vol.

II, pág. 396.

Sobre

la

novación

por

mutación

de

causa,

Manuel

Albadalejo y Sancho Rebullida entienden que siempre tiene

carácter extintivo puesto que no cabe hablar de modificación

de la causa de una obligación.17

M. Albadalejo, Derecho

Civil, 7ma ed., Barcelona, Librería Bosch, 1983, Tomo II.

Vol. I, págs. 323-24; Sancho Rebullida, op cit., págs. 38587.

17

Dichos autores concuerdan en que la mutación de causa no

Explica Albadalejo que “quien debía mil pesetas como

precio de una compra y continúa con ellas en concepto de

mutuo…, no sigue teniendo la misma obligación de antes.”

Albadalejo, op cit., pág. 324.

CC-2005-406

es

una

29

novación

en

sentido

estricto.

Empero,

indica

Albadalejo que podemos seguir hablando de novación objetiva

extintiva por cambio de causa. M. Albadalejo, op cit., pág.

325.

Véase además Vélez Torres op cit., pág. 229(“Puede

decirse que en un caso… en que ha habido cambio de causa, no

hay

realmente

un

caso

de

modificación

de

la

obligación

original, sino extinción de la misma y nacimiento de una

nueva obligación.”).

Como sabemos, en el caso de autos el Municipio de San

Juan inició un procedimiento judicial de cobro de patentes

municipales según autoriza la Ley de patentes municipales.

Dicho procedimiento culminó con una estipulación judicial en

la cual Professional reconoció su deuda y se comprometió a

pagarla.

En virtud de dicha estipulación que se hizo formar

parte de una sentencia, se concretó una mutación de causa en

la obligación de Professional.

En sus términos originarios,

Profesional tuvo una obligación legal de pagar una deuda por

concepto

de

patentes

municipales.

Una

vez

Professional

convino con el Municipio ponerle término al procedimiento

judicial de cobro de patentes, dicha obligación legal se

extinguió

y,

en

su

lugar,

nació

una

nueva

y

distinta

obligación de carácter personal.

A la luz de lo anterior, resolvemos que en virtud de

dicha estipulación y de la sentencia dictada por el tribunal

de instancia, Professional adquirió una deuda personal que se

liberó de los términos y limitaciones impuestos en la Ley de

patentes

municipales.

Resolvemos

además

que

esta

nueva

CC-2005-406

30

obligación de pagar la suma estipulada es una obligación

personal

cuyo

cumplimiento

adviene

exigible

dentro

del

término de 15 años dispuesto en el artículo 1864 del Código

Civil. 31 L.P.R.A. sec. 5294.18

Por tanto, el Municipio cuenta con un término de quince

años para ejecutar la sentencia que le impuso a Professional

la obligación de pagar la suma reclamada.

71

Vidal,

D.P.R.

517

(1950);

J.

Ma

Véase Padilla v.

Manresa

y

Navarro,

Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Reus S.A., 1973,

Tomo

XII,

pág.1210;

STS,

22

de

abril

de

1915,

núm.

31

(Cuadernos de Jurisprudencia Civil, Tomo 133, págs. 169-175).

En

virtud

de

lo

anterior,

concluimos

que

no

está

prescrita la acción presentada por el Municipio de San Juan

para

ejecutar

la

sentencia

dictada

por

el

tribunal

de

instancia en el 1994.

VI.

Finalmente, nos resta determinar si el Municipio de San

Juan puede ejecutar la sentencia en controversia mediante un

18

En términos análogos, al interpretar las disposiciones del

Código federal de Rentas Internas sobre tasación y cobro de

contribuciones, los tribunales federales han establecido que

luego de presentar oportunamente un procedimiento judicial

para cobrar contribuciones previamente tasadas, la entidad

gubernamental legitimada a cobrar la contribución puede

ejecutar dicha sentencia según las normas de ejecución de

sentencia dispuestas en el derecho del estado del que se

trate.

U.S. v. Wientraub, 613 F. 2d 612 (6th Cir. 1979);

Moyer v. Mathas, 458 F. 2d 431 (5th Cir 1972); Hector v.

U.S., 255 F. 2d 84 (5th Cir. 1958).

Véase además, Mertens

law of federal Income taxation, sec. 57:77 (westlaw database

1997). En dichos casos se entiende que la sentencia dictada

en contra del contribuyente extiende la vida de la deuda, no

empece las limitaciones impuestas por el Código federal de

Rentas Internas. Id.

CC-2005-406

pleito

31

independiente

transacción.

de

incumplimiento

de

contrato

de

Professional arguye que, en virtud de nuestra

decisión en Igaravidez v. Ricci, supra, el Municipio está

impedido de presentar un pleito independiente para cobrar la

deuda que surgió por gravamen judicial.

El procedimiento de ejecución de sentencia le imprime

continuidad

a

todo

proceso

judicial

que

culmina

con

una

sentencia.

Es necesario recurrir a la ejecución forzosa de

una sentencia cuando la parte obligada incumple los términos

de la sentencia.

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan, Michie de

Puerto Rico, 1997, Cap. 63, pág. 453.

Como norma general, las sentencias se ejecutan en la

sala

sentenciadora.

además

J.A.

Cuevas

Igaravidez

Segarra,

v.

Ricci,

Tratado

de

supra.

Derecho

Véase

Procesal

Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., Tomo. II pág. 805.

Sobre el procedimiento de ejecución de sentencia, la Regla

51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. R. 51.1,

dispone que la parte a cuyo favor se dictó una sentencia

puede ejecutarla dentro de los cinco años de ésta ser firme.

Transcurrido

dicho

término,

la

parte

debe

presentar

una

moción de ejecución de sentencia, previa notificación a todas

las partes. Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III, R. 51.1.

Sin embargo, a modo de excepción, hemos establecido que

en acciones de cobro de dinero, la parte a cuyo favor se

dictó una sentencia puede presentar un pleito independiente

CC-2005-406

32

para ejecutarla.

(1986)(“las

Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1, 8

sumas

de

dinero

adeudadas

por

concepto

de

pensiones alimenticias ya devengadas pueden ser objeto de una

acción

ordinaria

e

independiente

en

los

casos

de

cobro

de

dinero.”);

Hemos reconocido esta excepción

Padilla v. Vidal, supra.

porque

de

sentencias

que

le

imponen

a

una

persona el deber de satisfacer una suma de dinero, surge un

nuevo

crédito

que

se

puede

reclamar

por

vía

judicial.

Rodríguez v. Martínez, 68 D.P.R. 450, 453 (1948). J.A. Cuevas

Segarra,

Tratado

de

Derecho

Procesal

Civil,

San

Juan,

Publicaciones J.T.S., Tomo IV, Suplemento Acumulativo 20012005, pág. 274.

En el presente caso, el Municipio presentó una demanda

de

incumplimiento

de

contrato

de

transacción.

En

dicha

demanda solicitó el pago de la deuda impuesta a Professional

por mandato judicial en el 1994 más los intereses acumulados

desde esa fecha.

A pesar de que no cabe hablar en este caso

de la existencia de un contrato

de transacción, al presentar

su demanda, el Municipio solicitó el pago de la suma de

dinero impuesta en la sentencia dictada en el 1994.

Por

tanto,

un

resolvemos

que

no

erró

el

Municipio

al

instar

pleito independiente con el fin de ejecutar la sentencia

anterior que condenó a Professional a pagarle al Municipio de

San Juan una suma de dinero.

Resolvemos que el Municipio de

San Juan, como acreedor por sentencia, tiene la facultad de

ejecutarla mediante este pleito independiente.

CC-2005-406

33

En virtud de lo anterior, confirmamos la sentencia del

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

se

culminen

los

trámites

ejecución de sentencia conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio de San Juan

Recurrido

v.

CC-2005-406

Professional Research &

Community Services

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 18 de mayo de 2007

Por los fundamentos expresados en la Opinión que

antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la

presente, se dicta sentencia confirmando la sentencia del

Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que se culminen los trámites de

ejecución de sentencia conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez

Presidente señor Hernández Denton hace constar lo

siguiente:

“El Juez Presidente señor Hernández Denton

concurre con el resultado de la Opinión

del Tribunal por entender que procedía

confirmar el dictamen del Tribunal de

Apelaciones conforme a la doctrina pautada

por este Tribunal en los casos Padilla v.

Vidal, 71 D.P.R. 517 (1950), Rodríguez v.

Martínez,

68

D.P.R.

450

(1948)

y

Tettamanzi v. Zeno, 24 D.P.R. 775 (1917).

Aun cuando nuestro ordenamiento dispone el

remedio de ejecución de sentencia, ya

hemos reconocido el derecho a entablar una

acción

independiente

en

cobro

2

CC-2005-406

de sentencia, cuyo carácter es personal y de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1864

del Código Civil, prescribe a los quince

(15) años, contados a partir de la fecha en

que la sentencia quedó firme.”

La Juez Asociada señora Fiol Matta concurre en el

resultado sin opinión escrita.

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo