LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Figueroa Agosto ; Delgado Colón

2007 TSPR 93

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Figueroa Agosto ; Delgado Colón

CC-2007-0218

Resolución con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

vs.

2007 TSPR 93

Moisés Figueroa Agosto

Luis Delgado Colón

171 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2007-218

Fecha: 17 de mayo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial Arecibo Panel VIII

Juez Ponente:

Hon. José Miranda De Hostos

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. César E. Cerezo Torres

Lcdo. José M. De León Pérez

Materia: Art. 401 (3 cargos) y Art. 412 Sustancias Controladas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2007-218

CERTIORARI

Moisés Figueroa Agosto

Luis Delgado Colón

Peticionarios

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2007

Examinada

la

solicitud

de

certiorari,

presentada por la parte peticionaria, se provee no

ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo

López emitió Opinión disidente. El Juez Asociado

señor Rivera Pérez expediría y disiente sin opinión

escrita del no ha lugar provisto.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2007-218

CERTIORARI

Moisés Figueroa Agosto

Luis Delgado Colón

Peticionarios

OPINIÓN

LÓPEZ

DISIDENTE

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

REBOLLO

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2007

Hace más de un cuarto de siglo, en Pueblo v.

Lebrón,

108

D.P.R.

324,

327-328

(1979),

este

Tribunal expresó, respecto a las disposiciones de

la Sección 10 del Artículo II de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que:

... el temor al crimen y el natural

deseo de combatirlo no debe oscurecer el

propósito central de la disposición.

Libremos el lenguaje original de su

glosa abultada. La garantía contra los

registros y allanamientos irrazonables

representa la voluntad de negarles a los

gobiernos mejor intencionados, en aras

de una libertad individual preciada,

medios eficaces y aun aparentemente

indispensables

para

lograr

objetivos

meritorios. Se estructuró precisamente

ese derecho para proteger al ciudadano

aun de los gobiernos democráticos más

escrupulosos. Amsterdam, Perspectives on

the

Fourth

Amendment,

58

Minn.

L.

2

CC-2007-218

Rev. 349, 353 81974). Por bueno que sea el

guardián, siempre existe el problema de quién lo

vigila. Quis custodiet custodiem. Cuando se

descuidan los medios, cuando se disminuyen los

derechos fundamentales a nombre de un ansiado

orden, lo que viene a perecer al cabo es la

libertad y con ella la democracia que se quiso

defender. Véase: McNabb v. United States, 318

U.S. 332, 347 (1943) (Frankfurter). (Énfasis

suplido.)

Dichas sabias --y hermosas- palabras cobran hoy mayor

importancia y relevancia al considerar el hecho de que la

alta jerarquía de la Policía de Puerto Rico recientemente

ha

requerido

de

diligenciamiento,

sus

de

miembros

cuotas

la

mensuales

obtención,

de

órdenes

y

de

registros y allanamientos.

Aparte de la consternación que en nuestro ánimo causa

dicha absurda e impropia acción, nos preguntamos cuántos

humildes

hogares

puertorriqueños

serán

--ilegal

e

irrazonablemente-- ultrajados o violados durante los meses

venideros. El transcurso del tiempo, seguramente, nos dará

la

contestación

precisamente,

a

dicha

radica

la

penosa

interrogante.

importancia

de

la

En

ello,

controversia

planteada en el recurso hoy ante nuestra consideración.

Debe señalarse que la referida controversia ya fue

resuelta por este Tribunal en el año 1989 en Pueblo v.

Rivera

Rodríguez,

123

D.P.R.

467,

mediante

una

Opinión

mayoritaria emitida por el entonces Juez Asociado de este

Tribunal --hoy, Juez Presidente-- Hon. Federico Hernández

Denton.

3

CC-2007-218

En

dicha

ocasión,

posición

asumida

por

entonces

integraban

disentimos

una

la

vehementemente

mayoría

plantilla

de

de

los

este

de

la

miembros

que

Tribunal.

Hoy,

creyendo firmemente que nuestra posición es la correcta y

con la esperanza de que los nuevos integrantes del Tribunal

corrigieran el error entonces cometido, decidimos plasmar

nuestra posición nuevamente por escrito, aun cuando en esta

ocasión, utilizando fundamentos distintos. Vana esperanza.

II

La

controversia

ante

nuestra

consideración

es

no

complicada: ¿es válida una orden de registro y allanamiento

expedida por un magistrado, cuando la misma esté fundada en

una declaración que fue juramentada anteriormente ante un

fiscal del Departamento de Justicia y no ante el magistrado

que expidió dicha orden?

En

Pueblo

v.

Rivera

Rodríguez,

resolvió

dicha

interrogante

en

la

ante,

este

afirmativa.

Tribunal

A

nuestro

juicio, dicha decisión mayoritaria es completamente errónea

en

derecho

disposiciones

ya

que

la

misma

de

la

Sección

10

es

violatoria

del

Artículo

de

II

las

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, en

particular, de las específicas y mandatorias disposiciones

de

la

Regla

231

de

Procedimiento

Criminal,

lo

cual

constituye una clara violación del debido procedimiento de

ley.

4

CC-2007-218

III

Nuestra Constitución, en el Artículo II, Sección 10,

de su Carta de Derechos establece:

No se violará el derecho del pueblo a la

protección de sus personas, casas, papeles y

efectos

contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos irrazonables.

No se interceptará la comunicación telefónica.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando

registros, allanamientos o arrestos por autoridad

judicial, y ello únicamente cuando exista causa

probable

apoyada

en

juramento

o

afirmación,

describiendo

particularmente

el

lugar

a

registrarse, y las personas a detenerse o las cosas

a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de

sección será inadmisible en los tribunales.

Al

momento

de

redactarse

esta

esta

disposición

constitucional quedó plasmado en el Diario de Sesiones de

la Convención Constituyente el interés de que nuestra Carta

de Derechos no fuera una que cumpliera en forma mínima con

los requisitos impuestos por la Ley Núm. 600, sino que, por

el contrario, se tratara de una de las cartas de derechos

más

liberales,

más

generosas

y

más

auténticamente

democráticas del mundo.

Es así como se llega a la conclusión de que:

La inviolabilidad de la persona se extiende

a todo lo que es necesario para el desarrollo y

expresión de la misma. El hogar, los muebles y

utensilios, los libros y papeles poseídos por un

ciudadano son como una prolongación de su

persona, pues constituyen el ámbito en que ésta

se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin

su permiso en ese círculo privado equivale para

todo hombre a una violación de su personalidad

... La lesión de la intimidad es en este sentido

5

CC-2007-218

el más penoso ataque a los derechos fundamentales

de la persona. (Énfasis suplido.)

Conscientes,

Convención

sin

embargo,

los

de

en

Constituyente

que

miembros

toda

de

la

democracia

hay

personas que no están en disposición de respetar las leyes

que se aprueban en beneficio de todos, lo que causa una

“confrontación” entre el interés común y el estrictamente

personal, los Constituyentes claramente establecieron que

la

inviolabilidad

de

esos

derechos

personales

fundamentales tendría su limite en la conducta criminal de

los ciudadanos. En consecuencia, tomaron providencias para

que ese pueblo democrático pudiera combatir efectivamente

la conducta criminal de algunos de sus ciudadanos. Entre

otros, se proveyó para la expedición de órdenes de arresto

y de registro y allanamiento. Ahora bien, se estableció

como

salvaguarda

procedentes

en

que

derecho

dichas

cuando

órdenes

únicamente

mediara,

a

serían

juicio

de

un

10

se

magistrado, “causa probable” para expedir las mismas.

Del

debate

referente

a

la

transcrita

Sec.

desprende con meridiana claridad que la intención de la

Asamblea Constituyente fue que se concediera el poder de

expedir

esas

órdenes

de

arresto

y

de

registro

y

allanamiento, con carácter de exclusividad, a la autoridad

judicial, privándose expresamente de esa facultad a los

fiscales y, ciertamente y con mayor razón, a los miembros

de la Policía de Puerto Rico.

6

CC-2007-218

A través de nuestra historia como máximo garantizador

de los derechos de nuestros conciudadanos, este Tribunal

ha expresado, en términos generales, que a los fines de

garantizar

el

cumplimiento

del

mandato

constitucional

contra registros y allanamientos ilegales e irrazonables

“se interpuso la figura independiente e imparcial del juez

entre los agentes del orden público y los ciudadanos...

Corresponde al magistrado hacer el delicado balance entre

los derechos del ciudadano y las necesidades del Estado de

investigar agresivamente los delitos cometidos.” Pueblo v.

Malavé González, 120 D.P.R. 470, 474 (1988).1

En Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500-501

(1988), afirmamos que la citada disposición constitucional

“tiene tres (3) objetivos básicos: ‘proteger

la intimidad

y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y

otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre

los

funcionarios

públicos

y

la

ciudadanía

para

ofrecer

mayor garantía de razonabilidad a la intrusión ...’ ... Al

enfrentarnos a este dilema [del conflicto entre el interés

público

en

combatir

la

criminalidad

y

los

derechos

individuales] debemos tener presente y ser conscientes de

1

Refiriéndose al proceso de expedición de órdenes de

allanamiento, nos señala el profesor LaFave que el mismo

“‘interposes an orderly procedure’ involving ‘judicial

impartiality’ whereby ‘a neutral and detached magistrate’

can make ‘informed and deliberate determinations’ on the

issue of probable cause”. (Énfasis suplido y escolios

omitidos.) W.L. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on

the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West

Publishing Co., 1987, Vol. 1, pág. 548.

7

CC-2007-218

que en el menoscabo de las garantías constitucionales ...

no

está

la

verdadera

solución

al

problema

de

la

criminalidad. Debe tenerse particular cuidado para que a

través

del

ocasione

proceso

una

adjudicativo

lamentable

de

erosión

controversias

de

los

no

se

derechos

garantizados por nuestra Constitución”. (Énfasis suplido.)

IV

En el presente caso, la declaración escrita en la

cual se basó la orden de registro y allanamiento expedida

por el magistrado no fue juramentada ante éste y sí, con

anterioridad a la expedición de la orden, ante un fiscal

del Departamento de Justicia. Ello en clara violación a

las

expresas

disposiciones

de

la

Regla

231

Procedimiento Criminal, la cual establece:

No se librará orden de allanamiento o

registro sino en virtud de declaración escrita,

prestada ante un magistrado bajo

juramento o

afirmación, que exponga los hechos que sirvan de

fundamento para librarla. Si de la declaración

jurada y del examen del declarante el magistrado

quedare convencido de que existe causa probable

para el allanamiento o registro, librará la orden

en la cual se nombrarán o describirán con

particularidad la persona o el lugar a ser

registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La

orden expresará los fundamentos habidos para

expedirla, y los nombres de las personas en cuyas

declaraciones juradas se basare. Ordenará al

funcionario a quien fuere dirigida registre

inmediatamente a la persona o sitio que en ella

se

indique,

en

busca

de

la

propiedad

especificada, y devuelva al magistrado la orden

diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La

orden dispondrá que será cumplimentada durante

las horas del día, a menos que el magistrado, por

razones de necesidad y urgencia, dispusiere que

de

8

CC-2007-218

se cumplimente a cualquier hora del día o de la

noche. (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia determinó --actuación que

fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones-- que dicha

actuación es una válida en derecho. Una mayoría de los

integrantes

de

este

Tribunal,

erróneamente,

a

nuestro

juicio, en el día de hoy avala dicha actuación al negarse

a expedir el recurso radicado en solicitud de revisión de

la referida determinación.

Expediríamos. Ello en vista de que somos del criterio

que dicha actuación es una ilegal por ser la misma -repetimos-- contraria a, y violatoria de, las expresas y

específicas disposiciones de la Regla 231 de Procedimiento

Criminal,

lo

cual

significa

que

la

actuación

en

controversia viola la cláusula constitucional sobre debido

procedimiento de ley. Veamos.

V

La Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución

--al

establecer

autorizando

que

sólo

registros,

“se

expedirán

allanamientos

o

mandamientos

arrestos

por

autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa

probable

apoyada

en

juramento

o

afirmación,

...”--

establece la norma general sustantiva que rige esta materia

en

nuestra

Criminal,

jurisdicción.

por

otro

La

lado,

Regla

al

231

de

implementar

Procedimiento

dicha

norma

general, regula o establece el procedimiento específico que

9

CC-2007-218

el Estado viene en la obligación de seguir en la obtención

de una orden de registro y allanamiento.

Dicho

de

otra

manera,

al

establecer

o

requerir

la

Regla 231 de Procedimiento Criminal --de manera expresa y

específica-- que no “se librará orden de allanamiento o

registro sino en virtud de declaración escrita, prestada

ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga

los hechos que sirvan de fundamento para librarla ...”, y

que

si

“...de

la

declaración

jurada

y

del

examen

del

declarante el magistrado quedare convencido de que existe

causa probable para el allanamiento o registro, ...”, se

establece

un

procedimiento

específico

que

le

concede

un

derecho a la persona que resulta acusada de la comisión de

delito como consecuencia de la expedición de dicha orden de

registro y allanamiento; derecho que, una vez concedido, el

Estado

viene

en

la

obligación

de

respetar

--y

los

tribunales de justicia vienen en la obligación de exigir-ya que la violación del mismo constituye una violación del

debido proceso de ley.

Así,

clara

y

específicamente,

lo

ha

resuelto

este

Tribunal en innumerables ocasiones en relación con otros

aspectos

del

procedimiento

criminal.

Dicho

en

palabras

sencillas, la norma a los efectos de que, una vez ciertos

derechos son incorporados al procedimiento criminal, éstos

se convierten en parte integral del debido proceso de ley,

y

por

lo

tanto

adquieren

una

categoría

cuasi-

constitucional, es una tan sólida y arraigada en nuestra

10

CC-2007-218

jurisdicción que, realmente, no cabe discusión al respecto.

Véase:

Pueblo

v.

Serbiá

Bonilla,

78

D.P.R.

788

(1955);

Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v.

Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. Vega

Rosario y otros, 148 D.P.R. 980 (1999).

Es más, y con el propósito de que nadie pueda tener

duda

alguna

sustentamos,

sobre

la

corrección

este

Tribunal

ha

de

la

resuelto

posición

que,

que

“...como

normativa de derecho administrativo, una vez una agencia ha

promulgado

unos

reglamentos

para

facilitar

su

proceso

decisional y limitar el alcance de su discreción, viene

obligada

a

observarlos

soberana

voluntad

estrictamente

reconocer

o

no

los

y

no

queda

derechos

que

a

su

ella

misma le ha extendido a sus empleados.” Véase: García Cabán

y otros v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987).2

Si ello es así en el campo de lo civil administrativo,

¿cómo es posible que este Tribunal haya resuelto, y se

reitere en ello, que en el campo de lo criminal el Estado

puede

decidir

--acorde

con

“su

soberana

voluntad”--

si

cumple o no con los requisitos, o derechos, que establece o

le reconoce la Regla 231 de Procedimiento Criminal a un

imputado de delito?

2

Véase, además, Berríos Rodríguez v. Comisión de Minería,

102 D.P.R. 228 (1974), a los efectos de que una “...vez

provisto por estatuto el recurso de apelación, tanto en lo

administrativo como en la litigación civil, es parte del

debido proceso de ley ...”.

11

CC-2007-218

Dicho con respeto, por más esfuerzo que realizamos,

realmente no lo alcanzamos a comprender. Es por ello que

disentimos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado