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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos A. Vilches López

2007 TSPR 84

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carlos A. Vilches López

AB-2006-0083

Conducta Profesional-Suspensión temporera por infracción a los Cánones 9,12,18,19 y 35 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 84

Carlos A. Vilches López

170 DPR ____

Número del Caso: AB-2006-83

Fecha: 4 de abril de 2007

Abogado del Querellado:

Lcdo. Carlos Alberto Ruiz

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Reinaldo Camps Del Valle

Procurador General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el día

7 de mayo de 2007).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos A. Vilches López

AB-2006-83

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2007.

Nos

corresponde

atender

una

querella

contra un abogado que aceptó la representación

legal de unos clientes para instar una demanda

en daños y perjuicios, que posteriormente fue

desestimada

por

inactividad

e

incumplimiento

con las órdenes del tribunal, sin que tal hecho

fuera informado a sus clientes.

Por entender

que la actuación del querellado se apartó de

las normas éticas que rigen el ejercicio de la

profesión, resolvemos que su conducta infringió

los

Cánones

9,

12,

18,

19

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

y

35

de

Ética

AB-2006-83

2

I.

El querellado Carlos A. Vilches López (en adelante,

Vilches López) fue admitido al ejercicio de la abogacía

el 1 de noviembre de 1978 y al ejercicio del notariado el

22 de noviembre de 1978.

La señora Eneida Castillo Méndez y la señora Enid

Ortiz

Castillo

(en

adelante,

las

querellantes)

contrataron los servicios de Vilches López para que las

representara en una reclamación de daños y perjuicios a

causa de un accidente automovilístico en el que ellas y

un

menor

veintiséis

sufrieron

mil

daños

dólares

ascendentes

($726,000).

Al

a

setecientos

momento

de

la

contratación, las querellantes le adelantaron la cantidad

de mil dólares ($1,000) para dar inicio al litigio.

Vilches López presentó la demanda ante el tribunal y

diligenció

los

emplazamientos.

No

obstante,

no

hizo

ninguna gestión oficial adicional. Como consecuencia de

ello, el tribunal dictó una orden imponiéndole sanciones.

Al enterarse las querellantes de dicha orden, acudieron a

la oficina de Vilches López con el fin de obtener una

explicación. Éste les informó incorrectamente que todo

estaba

bien

y

que

sólo

se

trataba

de

una

sanción

económica que él mismo costearía. Posteriormente, y ante

el persistente abandono del caso por parte de Vilches

López, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso

al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A.

Ap.

III,

R.

39.2,

por

inactividad

e

AB-2006-83

3

incumplimiento

con

las

órdenes

del

tribunal.

Vilches

López no notificó a las querellantes de dicha sentencia

de archivo.

Así las cosas, las querellantes decidieron acudir al

tribunal

en

donde,

para

sorpresa,

advinieron

en

conocimiento de que su caso había sido desestimado. En

vista de ello, acudieron a la oficina de Vilches López

solicitando la entrega del expediente del caso. Ante la

insistencia de las querellantes, Vilches López entregó el

expediente

incompleto.

Finalmente,

pidió

disculpas

y

solicitó una oportunidad para radicar unas mociones.

En

atención

a

lo

anterior,

las

querellantes

presentaron la queja de epígrafe en la que alegaron que

Vilches

López

radicó

oficial

alguna,

una

dejándolas

demanda

sin

y

no

hizo

gestión

causa

de

acción

para

reclamar por los daños sufridos a causa del accidente

automovilístico. Además, sostuvieron que Vilches López no

las mantuvo informadas del status del caso y les creó

falsas

expectativas.

Por

otro

lado,

indicaron

que

Vilches López mintió ante este Tribunal al alegar que no

había

conseguido

representación

legal

para

el

procedimiento disciplinario, cuando en realidad sí tenía

abogado y éste estaba negociando un acuerdo transaccional

con las querellantes.

Por su parte, Vilches López compareció ante este

Tribunal aceptando haber cometido las faltas imputadas y

atribuyó el incumplimiento con su deber ético al hecho de

AB-2006-83

4

que su esposa había fallecido recientemente. Admitió que

no hizo ninguna gestión adicional a la de radicar la

demanda y gestionar los emplazamientos, por lo que la

demanda se desestimó exclusivamente por su negligencia;

que incumplió con su deber de mantener informadas a las

querellantes en todas las etapas del pleito; y que les

informó que su reclamación resultaría en indemnización

económica. Expresó, además, su disposición para someterse

al procedimiento disciplinario que este Tribunal estimare

conveniente.

El

Procurador

General

sometió

ante

nuestra

consideración el Informe relativo a la referida queja

contra

Vilches

López.

En

el

mismo,

concluyó

que

se

justificaba el inicio de un procedimiento disciplinario

por entender que la conducta de Vilches López violentó

los cánones 9, 12, 18, 19, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Sometido el caso, estamos en posición de resolver.

II.

El Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX

C.18., establece que es deber de todo abogado defender

los intereses de su cliente diligentemente, desplegando

en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando

en aquella forma que la profesión jurídica en general

estime adecuada y responsable. Justamente, el deber ético

exige

actuar

competencia

con

el

posible.

más

In

alto

re

grado

Ortiz

de

López,

diligencia

y

res.

de

22

AB-2006-83

5

diciembre de 2006, 2007 T.S.P.R.; In re Ortiz Morales,

res. el 8 de noviembre de 2005, 2005 T.S.P.R. 199. Por

ende, sostenemos que todo abogado tiene la obligación de

atender

los

intereses

de

sus

clientes

desplegando

la

mayor diligencia, celo y cuidado en los asuntos que le

han sido encomendados. In re Laborde Freyre, 149 D.P.R.

59 (1999). Así, por ejemplo, constituye una

violación a

los cánones 18 y 19 de Ética Profesional, supra, cuando

un abogado retiene una suma de dinero que se le entregó

en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la

cual se comprometió. In re Arroyo Ramos, res. 17 de abril

de 2003, 2003 T.S.P.R. 60; In re Rivera Carmona, 114

D.P.R. 390 (1983).

A

tenor

con

ello,

un

abogado

no

debe

asumir

la

representación legal de un cliente cuando está consciente

de que no puede rendir una labor idónea y competente.

Esto incluye las situaciones en las que el estado anímico

del abogado lo torna incapaz de atender el caso. In re

Díaz Alonso, 115 D.P.R. 755 (1984). En consecuencia, un

abogado

que

acepta

un

caso

y

luego

no

demuestra

la

competencia y diligencia que se le exige en el ejercicio

de la abogacía infringe su deber ético. Dicho de otro

modo,

la

desidia,

displicencia

como

disposiciones

del

despreocupación,

patrón

Código

de

de

conducta

Ética

inacción

y

violenta

las

Profesional.

In

re

Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994); In re Arana Arana,

112 D.P.R. 838 (1982).

AB-2006-83

6

Entre las conductas que contravienen los principios

del Canon 18 de Ética Profesional, supra, se encuentran:

(1) no comparecer a los señalamientos del tribunal; (2)

no

contestar

los

interrogatorios

sometidos;

(3)

no

informar a las partes sobre la presentación de un perito;

(4)

desatender

o

abandonar

el

caso;

(5)

permitir

que

expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una

acción; (6) cualquier tipo de actuación negligente que

pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación

o archivo del caso. In re Collazo I, res. el 3 de abril

de

2003,

2003

T.S.P.R.

76.

Así,

hemos

enfatizado

que

desatender o abandonar un caso infringe el principio de

diligencia recogido en el Canon 18, supra.

In re Ortiz

López, supra; In re Roca Roselli, res. el 1 de abril de

2005, 2005 T.S.P.R. 60; In re Diaz Santiago, res. el 4 de

marzo de 2005, 2005 T.S.P.R. 26. Por tanto, un abogado no

debe

desatender

un

litigio

al

extremo

de

que

por

su

inactividad se archive el mismo, lo cual, de ordinario,

acarrea

cuando menos una suspensión del ejercicio de la

profesión. In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985).

De

otra

parte,

no

mantener

informado

al

cliente

constituye uno de los ejemplos más claros de violación al

deber de representar al cliente con fidelidad, lealtad y

diligencia. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

Ap. IX, C. 19, en lo pertinente dispone que “el abogado

debe

mantener

a

su

cliente

siempre

informado

de

todo

AB-2006-83

7

asunto importante que surja en el desarrollo del caso que

le ha sido encomendado.” Tal deber es indispensable para

el bienestar de la relación abogado-cliente, la cual se

caracteriza por ser una de la mayor confianza. In re

Hernández

Nazario,

T.S.P.R.

45.

res.

28

Precisamente,

de

marzo

hemos

de

2003,

resuelto

que

2003

una

sentencia de archivo, que pone fin a la causa de acción,

es uno de los asuntos a ser informados por el abogado

inmediatamente a su cliente. In re Cardona Urbiñas, 146

D.P.R. 598 (1998); Colón Prieto v. Geigel, 115 D.P.R. 232

(1984). Tal omisión podría conllevar la suspensión del

ejercicio

de

la

abogacía.

In

re

Ortiz

Velázquez,

145

D.P.R. 308 (1998); In re Maduro Classen, 142 D.P.R. 611

(1997).

Cónsono con los deberes mencionados anteriormente,

el Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.35

requiere sinceridad y honradez en las actuaciones del

abogado ante los tribunales y para con sus clientes. Ello

se exige con el fin de preservar el honor y la dignidad

de la profesión, ya que el compromiso de un abogado con

la verdad debe ser siempre incondicional. In re Fernández

de Ruiz, res. 21 de abril de 2006, 2006 T.S.P.R. 73. Tal

deber se infringe con el simple hecho de faltar a la

verdad,

independiente

de

los

motivos

que

tenga

el

abogado. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999).

Por su parte, el Canon 9 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, C.9, obliga a los abogados a observar

AB-2006-83

8

una conducta hacia los tribunales que se caracterice por

el mayor respeto. Tal deber lleva consigo la obligación

de

atender

pronta

y

diligentemente

las

órdenes

del

tribunal y comparecer a los señalamientos judiciales con

respecto a la tramitación de las causas de sus clientes.

In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001). De igual forma,

el deber de comparecer y atender las órdenes del tribunal

lo requiere el Canon 12 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A.

Ap. IX C.12. Dicho deber es extensivo a todas las etapas

del litigio, con el fin de que no se causen dilaciones

indebidas en la tramitación y solución de los casos. In

re Rodríguez Villalba, res. 12 de diciembre de 2003, 2004

T.S.P.R. 23.

En conclusión, reiteramos que un abogado que acepta

un caso y no demuestra la competencia y diligencia que

exige la profesión, y no mantiene al cliente informado de

los desarrollos del caso, incurre en violación seria de

la ética profesional. In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83

(1998). Asimismo, el desatender las órdenes del tribunal

y

no

comparecer

a

las

vistas

pautadas

constituye

una

falta de respeto al tribunal lo que infringe los deberes

éticos consagrados en los cánones 9 y 12 del Código de

Ética Profesional.

III.

En el presente caso, Vilches López admitió que fue

negligente

en

la

tramitación

del

pleito

de

las

querellantes al no realizar ninguna gestión ulterior a la

AB-2006-83

9

radicación de la demanda y el diligenciamiento de los

emplazamientos. Asimismo, aceptó haberse ausentado de las

vistas y no haber contestado las órdenes del tribunal. En

adición, reconoció no haber informado a las querellantes

de la desestimación de su caso. No cabe duda que las

actuaciones de Vilches López se caracterizaron por un

alto grado de descuido y negligencia en el desempeño de

sus funciones como abogado, violando de esa manera los

deberes contemplados en los cánones 9, 12, 18, 19, y 35

del Código de Ética profesional.

Pese

a

lo

anterior,

hemos

reconocido

ciertos

criterios atenuantes que podemos tomar en consideración a

la hora de

hemos

disciplinar a un abogado. Así, por ejemplo,

señalado

que

la

reputación

del

abogado

en

la

comunidad, el historial previo, la aceptación de la falta

y

su

sincero

arrepentimiento

pueden

ser

factores

a

considerar para imponer una sanción menos severa. In re

Bryan

Picó,

150

D.P.R.

1

(2000).

En

este

caso,

precisamente, Vilches López pidió disculpas y expresó su

sincero arrepentimiento. Además, intentó indemnizar a las

querellantes por los daños que su negligencia les pudo

causar. Finalmente resulta importante el hecho de que la

acción

fue

radicada

nuevamente

y

culminó

en

una

transacción a favor del menor. Todos estos elementos, sin

duda, afectan nuestra determinación con respecto a la

medida disciplinaria aplicable a Vilches López. In re

AB-2006-83

Quiñónez

Ayala,

10

res.

el

30

de

junio

de

2005,

2005

T.S.P.R. 99, In re Pagan Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986).

En

atención

a

todo

lo

anterior,

suspendemos

a

Vilches López del ejercicio de la abogacía por el término

de tres (3) meses por su desidia en el ejercicio de la

profesión. Se le apercibe que su incumplimiento con los

deberes éticos en el futuro puede conllevar una sanción

más severa.

El Alguacil General de este Tribunal deberá incautar

la obra y sello notarial de Vilches López y entregarlos a

la Directora de la Oficina de Inspección de Notaría para

la correspondiente investigación e informe.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos A. Vilches López

AB-2006-83

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, se dicta

sentencia decretando la suspensión de Vilches

López del ejercicio de la abogacía por el

término de tres (3) meses por su desidia en el

ejercicio de la profesión. Se le apercibe que

su incumplimiento con los deberes éticos en el

futuro puede conllevar una sanción más severa.

El Alguacil General de este Tribunal

deberá incautar la obra y sello notarial de

Vilches López y entregarlos a la Directora de

la Oficina de Inspección de Notaría para la

correspondiente investigación e informe.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

hace constar que está sustancialmente de

acuerdo con la ponencia, pero estima que la

suspensión debe ser por solo un mes.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo