LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ortiz Muñoz y otros v. Rivera Martínez y otros

2007 TSPR 79

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ortiz Muñoz y otros v. Rivera Martínez y otros

CC-2005-1142

Procedimiento Civil- Oferta de Transacción bajo la Regla 35.1; Corporaciones-Responsabilidad Solidaria del Promotor

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Ortiz Muñoz y otros

Demandantes-recurridos

vs.

Certiorari

2007 TSPR 79

Jaime Rivera Martínez y otros

170 DPR ____

Demandado-peticionario

Número del Caso: CC-2005-1142

Fecha: 1 de mayo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas

Juez Ponente:

Hon. Jorge L. Escribano Medina

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José M. Ramírez Hernández

Lcdo. José Rafael Meléndez Mulero

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Carmen Aponte Vázquez

Materia: Incumplimiento de Contrato de Sociedad

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Ortiz Muñoz y otros

Demandantes-recurridos

vs.

CC-2005-1142

CERTIORARI

Jaime Rivera Martínez y otros

Demandado-peticionario

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2007

Para el año 1986, Jaime Rivera Martínez y

Luis

Ortiz

Muñoz

crearon

–-mediante

acuerdo

verbal-- una sociedad bajo el nombre de Equipos

Pro-Impedidos

de

Puerto

Rico,

cuyos

objetivos

eran prestar servicios de mecánica, instalación,

habilitación

y

modificación

de

automóviles

y

equipos para personas con impedimentos físicos.

Ambos

negocio

aportaron

y

participaría

adquiridas.1

capital

convinieron

del

Dos

50%

años

más

para

en

de

dar

que

cada

las

tarde,

inicio

al

socio

ganancias

Jaime

Rivera

Martínez y Luis Ortiz Muñoz decidieron incorporar

el negocio. Para ello, acordaron verbalmente que

1

Según surge de las determinaciones de hecho del

Tribunal de Primera Instancia, el señor Ortiz

aportó $6,000 y el señor Rivera $2,000.

2

CC-2005-1142

los

activos

de

la

sociedad

serían

transferidos

a

la

corporación, a cambio de que cada uno obtuviera el 50% de

las acciones que se emitieran de la misma. Se acordó,

además, que consumado dicho acuerdo, la sociedad quedaría

liquidada.

El negocio se incorporó bajo el nombre de Equipos

Pro-Impedidos,

obtuvo

el

Inc.2

control

Posterior

práctico

a

ello,

absoluto

de

Rivera

la

Martínez

corporación

debido a que Ortiz Muñoz se enfermó y tuvo que mudarse

fuera

de

Puerto

Rico

para

recibir

tratamiento

médico.

Ortiz Muñoz solicitó, en mayo de 1988, el cumplimiento del

acuerdo antes mencionado, esto es, la liquidación de la

sociedad originalmente constituida mediante la emisión de

acciones

a

su

favor

o

la

adjudicación

de

su

parte

en

efectivo. Rivera Martínez se negó a hacerlo, por lo cual,

la corporación siguió participando y beneficiándose de los

activos de la sociedad sin emitir acciones a favor de

Ortiz Muñoz.

Así las cosas, el 11 de mayo de 2000, Ortiz Muñoz, su

esposa y la sociedad de bienes gananciales compuesta por

ambos, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de Caguas, una demanda por incumplimiento de

2

Según surge del expediente, Equipos Pro Impedidos, Inc.,

fue incorporada como una corporación con fines de lucro el

13 de mayo de 1988. Del Certificado de Incorporación surge

que Jaime Rivera Martínez, Lesvia Rivera de Ortiz --esposa

de Luis Ortiz Muñoz-- y Francisco González Barreto

--contador de la empresa-- fungieron como incorporadores

de la corporación en cuestión.

3

CC-2005-1142

contrato de sociedad, disolución de contrato de sociedad,

liquidación de activos en sociedad e injunction permanente

en

contra

de

Jaime

Rivera

Martínez

y

Equipos

Pro

Impedidos, Inc., entre otros.3 Solicitaron, en síntesis, la

división y adjudicación de los activos pertenecientes a la

sociedad y transferidos a la Corporación por medio del

acuerdo

verbal

entre

Luis

Ortiz

Muñoz

y

Jaime

Rivera

Martínez.

Rivera

Martínez

contestó

la

demanda

y

reconvino,

solicitando una indemnización en daños de $200,000, costas

y

honorarios

de

abogado,

aduciendo

que

los

demandantes

actuaron dolosamente y le causaron múltiples daños con la

presentación e interposición de la demanda en cuestión. A

su vez, Equipos Pro Impedidos, Inc., contestó la demanda

alegando,

entre

corporación

es

sus

una

defensas

afirmativas,

institución

jurídica

que

separada

la

e

independiente de sus dueños y accionistas, a saber, Jaime

Rivera Martínez.

Tras varios incidentes procesales, el 30 de abril de

2004, el tribunal de instancia dictó sentencia en contra

de

Rivera

Martínez

y

Equipos

Pro

Impedidos,

Inc.

Les

impuso a ambos la responsabilidad solidaria de devolverle

3

Del epígrafe de la demanda surge que se incluyeron, como

partes demandadas, a la esposa de Jaime Rivera Martínez,

la sociedad de bienes gananciales compuesta por este

último y su esposa, y la sociedad civil Equipos Pro

Impedidos de Puerto Rico, la cual, según alegado, aún no

se había disuelto y liquidado al momento de presentarse la

demanda.

4

CC-2005-1142

a Luis Ortiz Muñoz y a su esposa, una suma equivalente a

los activos que les pertenecen y de la cual, tanto Jaime

Rivera

Martínez

como

la

Corporación,

se

beneficiaron

exclusivamente desde el 1988 al no liquidar la sociedad,

según convenido4. El referido foro ordenó, además, el pago

de

$2,500

en

temeridad,

a

reconvención

concepto

favor

de

de

honorarios

de

abogado,

por

los

demandantes

y

desestimó

la

presentada

por

Rivera

Martínez

por

insuficiencia de evidencia.

Oportunamente, Ortiz Muñoz presentó un memorando de

costas ante el Tribunal de Primera Instancia. Entre las

costas allí desglosadas, incluyó la suma de $3,443.75 por

concepto

de

posterioridad

honorarios

a

una

de

alegada

abogado

oferta

de

pagados

con

sentencia

hecha

conforme a la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil y

rechazada

por

la

parte

demandada.

Según

surge

del

expediente, el 29 de octubre de 2003 la parte demandante

le cursó una carta a la parte demandada informándole que

estaba en la disposición de transigir el caso si se le

pagaba la suma de $35,000.

Rivera

Martínez

y

Equipos

Pro

Impedidos,

Inc.,

se

opusieron aduciendo que la Regla 35.1 no es aplicable a

ofertas hechas por la parte demandante, pues la misma sólo

se encuentra disponible a la parte demandada o a la parte

4

Específicamente, les impuso el pago de $26,448, más

intereses desde mayo de 1988, fecha en que se registró la

corporación y se solicitó la liquidación, hasta que la

sentencia advenga final y firme.

5

CC-2005-1142

que se defiende de una reclamación. No obstante lo antes

señalado,

el

aprobando,

Tribunal

en

su

de

Primera

totalidad,

el

Instancia

dictó

orden

memorando

de

costas

presentado por la parte demandante.

Insatisfecha,

la

parte

demandada

acudió

ante

el

Tribunal de Apelaciones aduciendo, en lo pertinente, que

el

tribunal de instancia erró al conceder honorarios de

abogado en virtud de la Regla 35.1 de las de Procedimiento

Civil y al imponer responsabilidad solidaria entre Jaime

Rivera

Martínez

y

Equipos

dicha

responsabilidad

Pro

no

se

Impedidos,

presume

y

Inc.,

debe

cuando

pactarse

expresamente. El tribunal apelativo intermedio confirmó la

determinación

extremos,

del

tribunal

incluyendo,

la

de

instancia

aprobación

en

del

todos

sus

memorando

de

costas con las sumas allí incluidas.

El

foro

apelativo

intermedio

entendió

que

el

memorando de costas no se presentó al amparo de la Regla

35.1

de

las

de

imposición

de

Artículo

1802

solidaridad

Procedimiento

responsabilidad

del

legal

Código

como

Civil

y

que

procede

la

solidaria

en

virtud

del

supuesto

de

Civil

bajo

co-causantes

el

de

un

daño.

El

Tribunal de Apelaciones emitió la sentencia antes esbozada

sin

el

narrativa

juicio,

beneficio

estipulada

debido

al

de

de

la

transcripción

la

prueba

reiterado

oral

o

exposición

vertida

incumplimiento

de

en

el

Rivera

Martínez al no presentar dicha transcripción o exposición,

según le ordenara el tribunal.

6

CC-2005-1142

Inconformes, Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos,

Inc., acudieron –-mediante recurso de certiorari-- ante

este

Tribunal.

Aducen

que

procede

revocar

la

sentencia

emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste

incidió:

… al determinar en la Sentencia apelada que los

codemandados incurrieron en temeridad cuando el

monto de la Sentencia recaída fue mucho menor

que la oferta de transacción presentada.

… al determinar en la Sentencia apelada que

existe solidaridad extra-contractual ante el

demandante entre el co-demandado Jaime Rivera

Martínez y la corporación co-demandada Equipos

de Impedidos, Inc. [sic].

… al determinar que la parte apelante no cumplió

con

el

rigor

de

presentar

la

exposición

narrativa de la prueba conforme dispuesto por el

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver

el mismo, procedemos a así hacerlo.

I

Conforme

al

trasfondo

fáctico

expuesto,

nos

corresponde resolver las siguientes controversias:

A.

¿Aplican las disposiciones de la Regla 35.1

de las de Procedimiento Civil a ofertas de

transacción hechas por la parte demandante?

B.

¿Procede

la

solidaria

Equipos

imposición

entre

Pro

Jaime

Impedidos,

¿bajo qué supuesto?; y

de

responsabilidad

Rivera

Inc.?

Martínez

De

y

proceder,

7

CC-2005-1142

C.

Por

último,

Tribunal

de

¿abusó

de

su

discreción

el

Apelaciones

al

considerar

el

recurso sin el beneficio de la transcripción

o la exposición narrativa de la prueba oral

vertida en juicio?

II

La

oferta

dirigida

a

de

la

sentencia

parte

es

una

reclamante,

proposición

mediante

la

escrita

cual

el

demandado o la parte contra la cual se reclama se allana a

que se dicte sentencia en su contra bajo los términos

expuestos

en

la

oferta.

R.

Hernández

Colón,

Práctica

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, San Juan,

Michie

de

P.R.,

1997,

sec.

3804,

p.

268.

En

nuestro

ordenamiento jurídico, dicha figura se encuentra regulada

mediante las disposiciones de la Regla 35.1 de las de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la cual dispone

que:

[e]n cualquier momento antes de los diez (10)

días precedentes al comienzo del juicio, la

parte que se defiende de una reclamación podrá

notificar a la parte adversa una oferta para

consentir a que se dicte sentencia en su contra

por la cantidad o por la propiedad o en el

sentido especificado en su oferta, con las

costas devengadas hasta ese momento. Si dentro

de

los

diez

(10)

días

siguientes

a

la

notificación la parte adversa notificare por

escrito que acepta la oferta, cualquiera de las

partes

podrá

presentarla

junto

con

la

notificación de su aceptación y la prueba de su

notificación, y entonces el secretario del

tribunal dictará sentencia. Si no fuere así

aceptada, será considerada como retirada y la

misma no será admisible en evidencia, excepto en

8

CC-2005-1142

un procedimiento para determinar costas, gastos

y honorarios de abogado. Si la sentencia que

obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo

la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá

que pagar las costas, gastos y honorarios de

abogado

incurridos

con

posterioridad

a

la

oferta. El hecho de que se haga una oferta y

ésta no sea aceptada no impide que se haga otra

subsiguiente. Cuando la responsabilidad de una

parte haya sido adjudicada mediante sentencia

pero queda aún por resolverse en procedimientos

ulteriores la cuantía de los daños o extensión

de

dicha

responsabilidad,

la

parte

cuya

responsabilidad

se

haya

adjudicado

podrá

notificar una oferta de sentencia y la misma

tendrá el mismo efecto que una oferta hecha

antes de[l] juicio si se notifica dentro de un

término razonable no menor de diez (10) días

antes del comienzo de la vista. (Énfasis

suplido.)

Como

puede

principal

de

deducirse

esta

Regla

es

de

su

texto,

fomentar

las

el

propósito

transacciones.

H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711

(1984).

A

su

vez,

constituye

un

mecanismo

procesal

efectivo para reducir los costos de la litigación civil,

adelantar

la

pronta

disposición

de

las

reclamaciones

judiciales y reducir la carga de los tribunales. Ramallo

Brothers v. Federal Express Corp., 129 D.P.R. 499 (1991).

Sin embargo, no toda oferta de transacción constituye

una oferta de sentencia bajo los términos y condiciones de

la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil. De una simple

lectura de la referida Regla, podemos percatarnos que ésta

establece distintos requisitos para la configuración de

una oferta de sentencia, que conlleve, como consecuencia,

la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado

9

CC-2005-1142

para

cuando

se

rechaza

la

oferta

y

no

se

obtiene

una

sentencia más favorable.

Particularmente, la antes citada Regla sólo contempla

las

ofertas

que

oportunamente

hace

la

“parte

que

se

defiende de una reclamación”, entiéndase, de ordinario,

demandado, tercero demandado, demandado contra co-parte y

parte

reconvenida,

incluyendo,

la

parte

demandante-

reconvenida, mejor conocida como parte contra-demandada.5

Véase Morell Corrada v. Ojeda, 151 D.P.R. 864 (2000); y

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

Tomo I, Publicaciones JTS, 2000, p. 582.

Ello significa que una oferta formal de transacción

por

parte

del

demandante,

que

no

se

defiende

de

una

reclamación, no constituye una oferta de sentencia bajo

los términos de la Regla 35.1 de las de Procedimiento

Civil y, por ende, su rechazo no conlleva la imposición de

5

A manera de ejemplo, imaginemos que A y B sufrieron

daños por la negligencia comparada de ambos. B, a pesar de

que incurrió en un por ciento mayor de negligencia, fue

quien sufrió más daños. A presentó, entonces, una demanda

en contra de B en daños y perjuicios. Por su parte, B

presentó una reconvención en contra de A, en la cual

reclamó una indemnización en daños y perjuicios mayor a la

reclamada por A en su demanda. De proceder ambas

reclamaciones, A tendría que pagarle a B una suma mayor a

la reclamada por A en su demanda, independientemente de

que B incurrió en un por ciento mayor de negligencia. Ello

debido a que los daños sufridos por B sumarían a una cifra

mayor a los daños sufridos por A. A, parte demandantereconvenida, le cursa una oferta a B informándole que

estaría dispuesta a pagarle cierta suma de dinero para

ponerle fin al pleito. Dicha oferta cualificaría como una

oferta de sentencia, siempre y cuando, se cumplan los

demás requisitos de la Regla 35.1 de las de Procedimiento

Civil.

10

CC-2005-1142

las costas, gastos y honorarios de abogado dispuestos en

dicha Regla.

Tomando

en

consideración

lo

antes

expuesto,

entendemos que, en el caso de epígrafe, no se configuró

una oferta de sentencia bajo los términos y condiciones de

la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil. Aun cuando

de los hechos surge que Luis Ortiz Muñoz, parte que cursó

la oferta, es parte demandante-reconvenida en el caso de

epígrafe

--en

virtud

de

la

reconvención

presentada

por

Rivera Martínez en su contra-- y que ello la convirtió en

una

“parte

que

se

defiende

de

una

reclamación”,

dicho

calificativo no es suficiente para que la oferta cursada

sea una oferta de sentencia. Si una parte es considerada

como “parte que se defiende de una reclamación” en virtud

de una reconvención presentada en su contra, precisa que:

1. la suma incluida en su oferta vaya dirigida a poner fin

a la reclamación hecha en su contra mediante reconvención,

y,

sobre

todo,

que

2.

esté

dispuesta

a

pagar

la

suma

incluida en su oferta, por la cual se dictará sentencia en

su contra.

El texto de la Regla es claro al exponer que mediante

una oferta de sentencia la parte que se defiende de una

reclamación

consiente

a

que

se

dicte

sentencia

en

su

contra por la cantidad ofrecida. En el caso ante nuestra

consideración, la suma ofrecida por Ortiz Muñoz no iba

dirigida a poner fin a la reclamación en daños, hecha en

su

contra

mediante

reconvención.

En

ningún

momento

la

11

CC-2005-1142

parte

demandante

–-en

estuvo

dispuesta

a

calidad

pagar

de

$35,000

parte

para

reconvenida--

poner

fin

a

la

reclamación en daños presentada por Jaime Rivera Martínez

por medio de reconvención y, mucho menos, a que se dictase

sentencia en su contra por dicha reclamación.

La oferta cursada no fue más que una oferta formal de

transacción hecha por la parte demandante para poner fin

al pleito original instado por ella, si la parte demandada

pagaba

la

suma

incluida

en

la

oferta.

Por

lo

cual,

rechazarla no conlleva la imposición de las costas, gastos

y honorarios de abogado dispuestos en la Regla 35.1 de las

de Procedimiento Civil, para cuando se rechaza la oferta

de sentencia y no se obtiene una sentencia más favorable.6

Resolvemos, en consecuencia, que tanto el Tribunal de

Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones erraron

al aprobar el memorando de costas en su totalidad, en

vista

de

que

dicho

memorando

contenía

la

suma

de

$3,443.75, erróneamente reclamada por la parte demandante,

por

concepto

de

honorarios

de

abogado

pagados

con

posterioridad a la alegada oferta de sentencia rechazada

por la parte demandada. Por consiguiente, y en virtud de

6

Jaime Rivera Martínez también aduce que no procede la

imposición de honorarios de abogado en virtud de la Regla

35.1 de las de Procedimiento Civil debido a que la

sentencia obtenida fue más favorable. A su vez, la parte

recurrida alega que la sentencia emitida no es más

favorable si se toman en consideración los intereses

impuestos. Debido a que la oferta hecha no cualifica como

una oferta de sentencia, no discutiremos los señalamientos

hechos al respecto.

12

CC-2005-1142

lo antes resuelto, procede la eliminación de dicha suma de

dinero del memorando de costas presentado por la parte

demandante-recurrida.

III

En

su

segundo

señalamiento

de

error,

los

peticionarios sostienen que no procede la imposición de

responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y

Equipos

Pro

Impedidos,

Inc.,

bajo

el

supuesto

de

solidaridad legal como co-causantes de un daño. Entienden

que de haber alguna responsabilidad la misma es personal

de Jaime Rivera Martínez y no corporativa.

Luego

de

un

examen

minucioso

del

expediente,

no

podemos avalar la imposición de responsabilidad solidaria

entre Jaime Rivera Martínez y Equipos Pro Impedidos, Inc.,

como co-causantes de un daño. En ningún momento la parte

demandante reclamó indemnización en daños y perjuicios por

un acto culposo o negligente, ni surge del expediente que

haya

probado

los

elementos

necesarios

para

imponer

responsabilidad bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31

L.P.R.A. § 5141. Ni siquiera surge de la sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia que la imposición de

responsabilidad solidaria haya sido bajo dicho supuesto.

Tampoco

podemos

recurrir

al

Artículo

1090

de

nuestro

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3101,7 para reconocer vínculos

7

Dicho Artículo dispone: “[l]a concurrencia de dos o más

acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación

(Continúa . . .)

13

CC-2005-1142

de

solidaridad

entre

las

partes

involucradas,

pues

no

existe acuerdo alguno en que se haya pactado expresamente

la responsabilidad solidaria entre éstas.

Sin embargo, ello no significa que no exista otro

supuesto

de

responsabilidad

bajo

el

cual

ambas

partes

demandadas estén sujetas a responderle solidariamente a la

parte demandante por la suma concedida en la sentencia

emitida. Veamos.

IV

En el campo del derecho corporativo, los tribunales

han elaborado y desarrollado la figura de los promotores

como respuesta a las controversias que, de ordinario, se

suscitan en la etapa de promoción de una corporación que

aún no ha advenido a la vida jurídica. “La promoción de la

corporación se refiere a las gestiones que se llevan a

cabo antes de que la corporación sea incorporada, con el

fin y propósito de organizar, desarrollar, darle forma o

establecer el negocio y actividad a la que se va a dedicar

la

corporación.”

L.

M.

Negrón

Portillo,

Derecho

Corporativo Puertorriqueño, Segunda Edición, Puerto Rico,

1996, p. 34.

_________________________

no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir

ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas

objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la

obligación expresamente lo determine, constituyéndose con

el carácter de solidaria”.

14

CC-2005-1142

“[U]na

corporación

no

nace

a

la

vida

jurídica

espontáneamente, sino como resultado de los arreglos y las

gestiones de varias personas que con sus esfuerzos hacen

viable su creación.” C.E. Díaz Olivo, Derecho Corporativo:

Corporaciones,

1999,

p.20.

San

Son

constitución

de

Juan,

los

la

Publicaciones

promotores

Puertorriqueñas,

quienes

corporación

y

promueven

la

a

las

llevan

cabo

distintas gestiones preparatorias para dar comienzo a la

nueva

entidad

asunción

de

corporativa,

obligaciones.

usualmente,

C.E.

Díaz

mediante

Olivo,

la

Derecho

Corporativo: Corporaciones, ante, p.20. A modo de ejemplo,

podemos

mencionar,

adquisición

de

las

bienes

o

gestiones

activos

dirigidas

con

los

a

la

cuales

la

corporación comenzará a ejercer sus operaciones.

Ante la falta de legislación específica que regule la

etapa de promoción de una corporación y la figura de los

promotores,

los

doctrinas

para

tribunales

pautar

los

han

desarrollado

derechos,

varias

deberes

y

responsabilidades que surgen de los acuerdos o contratos

que los promotores pactan durante la etapa de promoción de

una corporación.8

8

Nuestra legislación corporativa --al igual que muchas

legislaciones corporativas de las distintas jurisdicciones

en los Estados Unidos-- no regula la etapa de promoción de

una corporación, ni la figura de los promotores. Por lo

cual, resulta necesario --para fines ilustrativos-- acudir

a la jurisprudencia y a las decisiones de distintos

tribunales para conocer el contorno de las doctrinas

establecidas y desarrolladas al respecto en el derecho de

las corporaciones.

15

CC-2005-1142

Como

regla

general,

el

promotor

es

el

único

responsable frente a las personas con las cuales contrató

en previsión de la incorporación de una futura entidad

corporativa. Una vez la entidad corporativa adviene a la

vida jurídica mediante el proceso de incorporación, ésta

puede

quedar

vinculada

por

los

acuerdos

hechos

por

el

promotor, si media un acto afirmativo de su parte mediante

el

cual

se

entienda

que

adoptó,

explícita

o

implícitamente, los referidos acuerdos. Al respecto, el

Profesor Carlos Díaz Olivo nos señala:

… la corporación será responsable siempre y

cuando adopte el contrato. La adopción puede ser

expresa o implícita. Será expresa cuando la

junta de directores de la corporación apruebe

una resolución en la que específicamente asuma

la responsabilidad y los beneficios del contrato

negociado por el promotor…. La aprobación será

implícita cuando, a pesar de no existir una

expresión especifica de algún cuerpo rector de

la corporación adoptando el contrato, la entidad

se aprovecha de sus beneficios con conocimiento

pleno del contrato y de los términos en que fue

negociado. C.E. Díaz Olivo, Derecho Corporativo:

Corporaciones, ante, p.22-23.9

9

Véase Villar & Co., Inc. v. Conde, 37 D.P.R. 706 (1928)

y Berrizbeitía v. The Times Publishing, Co., 42 D.P.R.799

(1931), en las que impusimos responsabilidad a las

corporaciones involucradas en virtud de sus actos,

mediante los cuales entendimos que la corporación aceptó,

ratificó o confirmó los contratos allí pactados. Igual

doctrina aplica en Delaware, estado del cual proviene

nuestra legislación corporativa. Véase Lorillard Tobacco

Co. v. American Legacy Foundation, 903 A.2d. 728 (2006),

en la cual la Corte Suprema de Delaware expresó que:

“[u]nder

Delaware

law,

if

the

subsequently

formed

corporation

expressly

adopts

the

preincorporation

agreement or implicitly adopts it by accepting its

benefits with knowledge of its terms, the corporation is

bound by it.”

16

CC-2005-1142

La posibilidad de una adopción implícita por parte de

la corporación se debe a que si la misma acepta y obtiene

los beneficios del contrato, ésta debe, de igual forma,

asumir

sus

obligaciones.

acepte

los

beneficios

Permitir

del

que

contrato

la

corporación

sin

asumir

las

responsabilidades que provienen del mismo sería consagrar

un

enriquecimiento

injusto.

W.

M.

Fletcher,

Fletcher

Cyclopedia of the Law of Private Corporations, Volume 1A,

West Group, 2002, § 212, p. 441-442.

Ahora

bien,

para

que

se

configure

la

adopción

implícita de un contrato no basta con que la corporación

obtenga

y

reciba

sus

beneficios.

Según

expresamos

anteriormente, es requisito indispensable que se le pueda

imputar

contrato

a

la

y

corporación

sus

términos.

el

conocimiento

pleno

del

El

cumplimiento

de

dicho

requisito dependerá de las circunstancias presentes caso a

caso.

No

obstante,

cuando

el

promotor

se

convierte,

eventualmente, en el único director y accionista de la

corporación, lo razonable es imputarle a la corporación el

conocimiento del contrato pactado por dicho promotor.10 W.

M. Fletcher, ante, § 210, p. 430. “[S]i los accionistas

controlantes

o

los

miembros

que

dominan

la

junta

de

directores de la corporación, son las mismas personas que

10

Véase además, Stevens v. Acadia Dairies, Inc., 15

Del.Ch. 248 (1927), en la que se determinó que:

“[k]nowledge of [the] organizer and promoter, who is sole

owner thereof, is knowledge of [the] corporation.”

17

CC-2005-1142

se

desempeñaron

como

promotores

y

que

tenían

pleno

conocimiento

de

lo

ocurrido,

tal

conocimiento

se

extensivo

la

corporación”.

C.E.

Díaz

Derecho

a

Olivo,

hará

Corporativo: Corporaciones, ante, p. 23.

Una

vez

establecida

la

adopción

del

contrato

por

parte de la corporación, el promotor no necesariamente se

libera de su responsabilidad para con las partes con las

cuales

contrató.

La

continuará

presente,

contrato

un

o

355

salvo

acuerdo

responsabilidad.11

Graziano,

responsabilidad

que

liberando

RKO-Stanley

A.2d

medie

820

(Pa.

del

una

promotor

novación

del

al

promotor

de

toda

Warner

Theatres,

Inc.

1976);

Illinois

Controls,

v.

Inc., v. Langham, 70 Ohio St. 3d 512 (1994); Herbert v.

Boardman, 349 A.2d 710 (Vt. 1975); Ratner v. Central Nat.

Bank of Miami, 414 So. 2d 210 (Fla. App. 1982); W. M.

Fletcher,

ante,

§

190,

p.

325-326;

C.E.

Díaz

Olivo,

Derecho Corporativo: Corporaciones, ante, p. 21; American

Law

Reports,

Personal

liability

of

promoter

to

third

person on or with respect to contract made for corporation

or in aid of promotion, 41 A.L.R. 2d 477.

De

promotor

no

mediar

como

la

dicha

novación

corporación,

son

o

acuerdo,

tanto

responsables

por

el

el

contrato pactado por el promotor y la parte afectada podrá

reclamarle a ambos por su incumplimiento. W. M. Fletcher,

11

Dicha norma es cónsona con lo establecido en el Artículo

1159 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 3243, el cual establece

que la sustitución de la persona del deudor no puede

hacerse sin el consentimiento del acreedor.

18

CC-2005-1142

ante, § 190 y § 215, p. 326, 459-460; Wolfe v. Warfield,

296 A.2d 158 (1972). Se trata de brindarles a aquellas

personas

que

contrataron

con

el

promotor

una

doble

seguridad ante un posible incumplimiento de contrato.

Así

lo afirma el Profesor Howard L. Oleck, en su obra “Modern

Corporation Law”, al expresar que:

… unless and until there is a novation, the

promoter is held to continue liable on his

contracts

made

on

behalf

of

proposed

corporations. Many cases in our own courts set

forth this principle with equal strictness. They

proceed upon the … premise that the law assures

persons dealing with promoters of corporations

to be formed the double security of the promoter

and of the corporation, unless a definite

intention to the contrary can be shown. H.L.

Oleck,

Modern

Corporation

Law,

Volume

1,

Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., Inc., 1958,

p.201.

Aceptada

la

responsabilidad

compartida

por

el

promotor y la corporación, ¿es ésta de carácter solidaria?

En distintas jurisdicciones de los Estados Unidos, donde

la figura de los promotores ha tenido un desarrollo más

amplio

que

en

nuestro

País,

se

ha

contestado

dicha

interrogante en la afirmativa. A modo de ejemplo, podemos

mencionar el Estado de Ohio donde la Corte Suprema de

dicho Estado precisamente resolvió, en Illinois Controls,

Inc. v. Langham, ante, que:

[w]here a corporation, with knowledge of the

agreement´s

terms,

benefits

from

a

preincorporation agreement executed on its behalf

by its promoters, the corporation and the

promoters are jointly and severally liable for

breach of the agreement unless the agreement

provides that the performance is solely the

responsibility of the corporation or, subsequent

19

CC-2005-1142

to the formation of the corporate entity, a

novation is executed whereby the corporation is

substituted for the promoters as a party to the

original agreement.

De igual forma, la Corte Apelativa para el Tercer

Circuito del Estado de la Florida, dispuso en Ratner v.

Central Nat. Bank of Miami, ante, que la responsabilidad

del

promotor

y

la

corporación

es

un

supuesto

de

solidaridad pasiva. A esos efectos, expresó:

[t]he later formation of the corporation and

subsequent adoption or ratification of the

contract by the corporation does not necessarily

release a promoter from liability, but may

result in joint liability of the promoter and

corporation,

absent

a

novation

or

express

release by the other party to the contract.12

Incluso,

así

lo

intimó

la

Corte

Federal

para

el

Distrito de Puerto Rico desde principios del siglo pasado

al resolver en Crane v. Bennett, 3 P.R. Federal Reports

185 (1907), que la parte demandante puede presentar su

reclamación

por

incumplimiento

de

contrato

ya

sea

en

contra de la corporación o en contra de los promotores,

debido

a

que

ambos

son

responsables

por

el

incumplimiento.13 Dicho derecho a elegir o a reclamarle a

12

Véase I. Rivera García, Diccionario de Términos

Jurídicos, Lexis, 2000, p. 698, en el cual se hace

referencia a que el término “joint liability by multiple

debtors” corresponde al término solidaridad pasiva.

13

Específicamente, la Corte Federal para el Distrito de

Puerto

Rico

resolvió

que:

“persons

dealing

with

[promoters] may, upon the incorporation of the company and

its ratification of the contracts made in its behalf,

elect to have their remedy either against the individuals

(Continúa . . .)

20

CC-2005-1142

sólo

uno

de

los

co-deudores

por

el

incumplimiento

del

contrato es una de las facultades que otorga el carácter

solidario

de

una

responsabilidad;

pues,

sólo

cuando

la

responsabilidad es solidaria puede el acreedor reclamarle

a

un

solo

co-deudor

el

cumplimiento

total

de

la

obligación.14

El Profesor Luis Negrón Portillo, en su obra Derecho

Corporativo Puertorriqueño, afirma que la responsabilidad

del

promotor

y

la

corporación

es

solidaria.

Éste,

al

mencionar la posibilidad de que la corporación adopte o

ratifique

expresamente

el

contrato

pactado

por

el

promotor, nos indica que dicha ratificación expresa puede

entenderse como un contrato entre el propio promotor y la

corporación, que faculta al promotor a reclamarle a la

corporación en caso de que éste responda totalmente por el

incumplimiento del contrato.15 Negrón Portillo es de la

_________________________

with whom the contract was made, or against the company,

unless, of course, plaintiffs had agreed to look to the

company alone, and the latter has assumed the liability.”

Véase además H.L. Oleck, Modern Corporation Law, ante, §

39, p.202; y American Law Reports, ante, 41 A.L.R. 2d 477.

14

Véase Artículo 1097 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §

3108, el cual dispone, en lo pertinente, que: “[e]l

acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores

solidarios o contra todos ellos simultáneamente”.

15

“En la ratificación expresa la corporación, mediante una

resolución o documento, decide ratificar y adoptar como

suyo cierto contrato en el que el promotor pactó. …

[D]icho acto aislado, sin el consentimiento del acreedor

no liberaría al promotor de responsabilidad. Sin embargo,

podría entenderse como un contrato entre la corporación y

el promotor, de forma que si el promotor paga la

obligación, tendrá una acción contra la corporación.” L. M.

(Continúa . . .)

21

CC-2005-1142

opinión

que,

en

casos

donde

media

una

ratificación

o

adopción expresa de la corporación y el promotor paga en

su totalidad la obligación, el promotor tiene derecho a

reclamarle

a

la

corporación

mediante

una

acción

de

nivelación. Dicha facultad también es característica única

de

la

responsabilidad

solidaria,

pues,

sólo

si

la

responsabilidad es de dicho carácter nace el derecho de

contribución o de nivelación para el caso en que un solo

co-deudor pague la totalidad de la deuda.16

Además, la solidaridad no es figura ajena o extraña

al derecho corporativo puertorriqueño. Es por ello que la

responsabilidad entre dos o más promotores es solidaria y

que, por disposición de ley, todas las personas que actúen

como

corporación

responsables

sin

autoridad

solidariamente

de

para

todas

ello,

las

serán

deudas

y

obligaciones incurridas o asumidas como resultado de dicha

actuación.

Véase

C.E.

Díaz

Olivo,

Derecho

Corporativo:

Corporaciones, ante, págs. 22 y 25; y Artículo 1.06 (c) de

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico de 1995, 14

L.P.R.A. § 2606.

_________________________

Negrón Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, ante,

p. 36.

16

Véase Artículo 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §

3109, el cual establece, en lo pertinente, que: [e]l pago

hecho por uno de los deudores solidarios extingue la

obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus

codeudores la parte que a cada uno corresponde, con los

intereses del anticipo”.

22

CC-2005-1142

Por todo lo cual, adoptamos, de forma definitiva en

nuestra

jurisdicción,

como

un

supuesto

de

solidaridad

legal, la responsabilidad compartida por el promotor y la

corporación

pactados

por

por

el

el

incumplimiento

promotor

y

de

los

adoptados,

contratos

explícita

o

implícitamente, por la corporación.17 Ello, claro está, si

coinciden

los

requisitos

antes

esbozados

para

la

configuración de una adopción por parte de la corporación

y no media una novación o acuerdo liberando al promotor de

toda responsabilidad.

Delimitar

cuando

la

la

responsabilidad

doctrina

aplicable

y

a

una

razones

mancomunada,

de

equidad

y

justicia favorecen lo contrario, sería limitar el derecho

de la parte afectada de reclamar y recibir la totalidad de

la

deuda,

a

pesar

de

que

tanto

el

promotor

como

la

corporación se beneficiaron del contrato e incumplieron

con el acuerdo con conocimiento de sus términos. Tampoco

podemos avalar en nuestra jurisdicción la ausencia total

de responsabilidad por parte de la corporación, por el

mero hecho de que ésta no existía al momento de pactarse

el

17

acuerdo.

Para

ello,

precisamente,

y

para

evitar

un

De hecho, no es la primera vez que reconocemos por vía

judicial el carácter solidario de una responsabilidad como

un supuesto de solidaridad legal. Véase Cruz v. Frau, 31

D.P.R. 92 (1922), Cubano v. Jiménez, 32 D.P.R. 167 (1923),

González v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 659

(1938), y Rivera v. Arundel Corp., 70 D.P.R. 825 (1950),

en las que establecimos, de forma definitiva en nuestra

jurisdicción, el carácter solidario de la responsabilidad

entre co-causantes de un daño, en virtud del Artículo 1802

del Código Civil, ante.

23

CC-2005-1142

enriquecimiento

injusto,

se

desarrolló

la

doctrina

de

adopción antes esbozada.

En fin, tanto el promotor como la corporación son

responsables solidariamente por el incumplimiento de un

contrato

pactado

por

el

promotor,

siempre

y

cuando

la

corporación haya adoptado, explícita o implícitamente, el

contrato

y

no

se

haya

liberado

al

promotor

de

responsabilidad por medio de una novación o acuerdo a esos

efectos.

V

En

Rivera

el

caso

hoy

ante

nuestra

consideración,

Martínez

y

Luis

Ortiz

Muñoz

transferencia

de

los

activos

de

la

Jaime

pactaron

sociedad

a

la

la

corporación, a cambio de que cada uno obtuviera el 50% de

las acciones que se emitieran de la corporación. Dicho

pacto

no

fue

más

que

formación

y

eventual

un

contrato

en

incorporación

previsión

de

a

Equipos

la

Pro

Impedidos, Inc., y, en éste, Jaime Rivera Martínez actuó

como promotor de la corporación, de la cual se convirtió

en

único director y accionista. Así lo reconoce la propia

doctrina al establecer que: “a member of a partnership who

is

instrumental

in

forming

a

corporation

of

which

the

member becomes an officer and director and who negotiates

for

the

transfer

of

the

partnership

assets

to

the

corporation is a promoter… .” W. M. Fletcher, ante, § 189,

p. 321-322.

24

CC-2005-1142

Aun cuando las partes convinieron en que, consumado

el

acuerdo,

todos

los

la

sociedad

efectos

se

entendería

liquidada,

para

el

constituyó

una

prácticos,

acuerdo

gestión preparatoria para dar comienzo a la corporación;

pues,

mediante

adquisición

de

éste,

los

Rivera

activos

con

Martínez

gestionó

la

los

Equipos

Pro

cuales

Impedidos, Inc., comenzó a ejercer operaciones.

Tampoco albergamos duda de que Equipos Pro Impedidos,

Inc.,

una

vez

advino

a

la

vida

jurídica,

adoptó

implícitamente el acuerdo entre Jaime Rivera Martínez y

Luis

Ortiz

Muñoz.

Equipos

Pro

Impedidos,

Inc.,

definitivamente, se aprovechó y se benefició del acuerdo

al comenzar operaciones y generar sus propias ganancias

mediante el uso de los activos que le fueron transferidos

en virtud de dicho acuerdo.

De igual forma, surge claramente de los hechos que

Equipos

Pro

Impedidos,

Inc.,

adoptó

el

contrato

en

cuestión con conocimiento pleno de éste y de sus términos.

Sabido es que dependiendo de las circunstancias es posible

imputarle el conocimiento del promotor a la corporación.

Aquí, Jaime Rivera Martínez fue quien llevó a cabo el

acuerdo en calidad de promotor, y quien, eventualmente, se

convirtió

en

el

único

director

y

accionista

de

la

corporación. Ante dichas circunstancias, el Derecho nos

permite hacerle extensivo a la corporación el conocimiento

que Jaime Rivera Martínez posee del contrato.

25

CC-2005-1142

En virtud de lo antes expuesto, y ante la ausencia de

una

novación

o

responsabilidad

Rivera

Martínez

responsables

acuerdo

pacto

en

liberando

calidad

Rivera

promotor,

Martínez

de

concluimos

que

Equipos

Pro

Impedidos,

solidariamente

por

el

pactado

y

de

a

con

Luis

Ortiz

Inc.,

son

incumplimiento

del

Muñoz.18

Ambos

deben

responder solidariamente por la suma concedida mediante

sentencia, la cual constituye el valor en efectivo de los

activos pertenecientes a Luis Ortiz Muñoz y transferidos a

la

corporación

mediante

el

acuerdo

incumplido,

más

los

intereses correspondientes. Ello, más bien, constituye una

resolución del acuerdo pactado, a la cual, sin duda, Luis

Ortiz Muñoz tiene derecho en virtud del Artículo 1077 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. 3052.19

18

Aún si consideramos a Luis Ortiz Muñoz como un copromotor de la corporación, el resultado es el mismo. Ante

el tipo de acuerdo pactado, mediante el cual las partes

convinieron en la proporción y división de las acciones a

ser emitidas, aplica la misma doctrina aquí analizada. “An

agreement among the promoters as to the proportions in

which the stock of the corporation shall be divided among

them is binding on the promoters, although not upon the

corporation as such, unless and until it legally adopts

the contract.” W. M. Fletcher, ante, § 191, p. 331.

19

Dicho artículo de ley, dispone, en lo pertinente, que:

[l]a facultad de resolver las obligaciones se entiende

implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de

los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El

perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o

la resolución de la obligación, con el resarcimiento de

daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá

pedir la resolución, aun después de haber optado por el

cumplimiento, cuando éste resultare imposible”.

Distinto

sería si el acuerdo hubiese estado dirigido a la formación

en sí de la corporación, debido a que los acuerdos o

convenios para formar una corporación, de ordinario, no se

(Continúa . . .)

26

CC-2005-1142

En

resumen,

confirmamos

la

imposición

de

responsabilidad solidaria entre Jaime Rivera Martínez y

Equipos

Pro

distintos

a

Impedidos,

los

Inc.,

aducidos

por

aunque

el

por

fundamentos

tribunal

apelativo

intermedio en su sentencia.

VI

Por

último,

nos

resta

determinar

si

el

tribunal

apelativo intermedio abusó de su discreción al considerar

el

recurso

sin

el

beneficio

de

la

transcripción

o

exposición narrativa de la prueba oral vertida en juicio.

Luego de un detenido examen de los sucesos ocurridos ante

el Tribunal de Apelaciones, respondemos en la negativa.

Del expediente surgen las múltiples órdenes emitidas

por el tribunal apelativo intermedio, dirigidas éstas a

que la parte aquí peticionaria presentara la transcripción

de

la

prueba

oral

vertida

en

juicio.

La

parte

aquí

peticionaria, no cumplió con las mismas y se limitó a

presentar

una

exposición

narrativa

de

la

prueba

sin

estipular. El Tribunal de Primera Instancia aprobó dicha

exposición sujeto a que ésta fuese fiel al contenido de la

transcripción

de

la

prueba

oral,

conforme

a

una

_________________________

harán cumplir específicamente, dependiendo de los factores

y circunstancias presentes en cada caso. Véase Vázquez v.

Tribunal Superior, 78 D.P.R. 744, 753 (1955), en la cual

expusimos que sería fútil ordenar la organización de una

corporación

que

tendría

que

ser

disuelta

casi

inmediatamente porque hay una controversia y división

irreconciliable entre los accionistas.

27

CC-2005-1142

regrabación

parte

solicitada.

No

surge

del

expediente

que

la

apelante-peticionaria

haya

cumplido

con

tribunal

apelativo

intermedio

dicha

condición.

Así

las

decidió

cosas,

resolver

el

el

recurso

sin

el

beneficio

de

la

transcripción o la exposición narrativa. Previo a ello, le

otorgó a la parte apelante-peticionaria múltiples términos

y oportunidades para cumplir con sus órdenes, le impuso

sanciones

económicas

apercibió sobre

Ante

a

su

representación

legal

y

le

la posible desestimación del recurso.

dicho

cuadro

fáctico,

no

podemos

avalar

la

posición de los peticionarios. La parte aquí peticionaria,

parte

interesada,

respecto

a

la

no

actuó

con

presentación

la

de

diligencia

la

requerida

transcripción

o

exposición narrativa de la prueba.

Siendo

así,

concluimos

que

el

tribunal

apelativo

intermedio no abusó de su discreción; máxime cuando de su

sentencia se deduce que no alteró las determinaciones de

hecho del tribunal de instancia y que –-ante el reiterado

incumplimiento de la parte peticionaria con sus órdenes-estaba,

incluso,

facultado

para

desestimar

el

recurso

presentado. Regla 83 (B) (3) y 83 (C) del Reglamento del

Tribunal de

Apelaciones.

VII

En mérito de todo lo antes expuesto, procede dictar

Sentencia, modificatoria de la emitida por el Tribunal de

28

CC-2005-1142

Apelaciones, y devolver el caso al Tribunal de Primera

Instancia para procedimientos ulteriores consistentes con

lo aquí expresado.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Luis Ortiz Muñoz y otros

Demandantes-recurridos

vs.

CC-2005-1142

CERTIORARI

Jaime Rivera Martínez y otros

Demandados-peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2007

Por los fundamentos expuestos, en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se dicta Sentencia modificatoria de

la emitida por el Tribunal de Apelaciones en el

presente caso; devolviéndose el mismo al Tribunal

de Primera Instancia para procedimientos ulteriores

consistentes con lo aquí expresado.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre en

el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez está “conforme con la

Parte II y Parte VI de dicha ponencia pero

disient[e] de la Parte IV.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo