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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Liza Ferrer García v. Juan Alberto González

2007 TSPR 66

Poder Judicial de Puerto Rico

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Liza Ferrer García v. Juan Alberto González

AC-2002-0032

Resolución con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Liza Ferrer García

Demandante-recurrida

Certiorari

v.

2007 TSPR 66

Juan Alberto González

170 DPR ____

Demandado-peticionario

Número del Caso: AC-2002-32

Fecha: 2 de abril de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón II-Panel I

Juez Ponente:

Hon. Jeannette Ramos Buonomo

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcdo. María de Lourdes Guzmán

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Maritza Miranda López

Materia: Filiación y Alimentos

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Liza Ferrer García

Demandante-recurrida

v.

AC-2002-32

CERTIORARI

Juan Alberto González

Demandado-peticionario

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2007

Examinada

la

moción

de

reconsideración,

presentada por la parte demandante-recurrida, se

provee no ha lugar.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

señor

Hernández

Denton

se

reitera

en

las

expresiones hechas en la Sentencia emitida el 15 de

junio de 2004. El Juez Asociado señor Rebollo López

emitió

Opinión

disidente,

en

etapa

de

reconsideración.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Liza Ferrer García

Demandante-recurrida

v.

AC-2002-32

CERTIORARI

Juan Alberto González

Demandado-peticionario

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA, EN ETAPA DE RECONSIDERACIÓN, POR EL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2007

La

controversia

a

la

que

se

enfrentó

la

Mayoría de este Tribunal al resolver el presente

recurso es secuela de los casos Chévere v. Levis I,

150 D.P.R. 525 (2000) y Chévere v. Levis II, 152

D.P.R. 525 (2000).

En el primero de estos casos este Tribunal

resolvió

que

“un

alimentante

queda

exento

del

requisito de someter información sobre sus ingresos

en la Planilla de Información Personal y Económica

si

acepta

que

tiene

capacidad

económica

para

proveer alimentos, quedando pendiente de resolver

solamente

las

necesidades

económicas

del

alimentista para así fijar la pensión alimentaria

2

AC-2002-32

[que corresponde].”1 Véase: Chévere v. Levis I, ante a las

págs.

544-45.

Al

explicar

los

fundamentos

de

su

determinación, el Tribunal fue enfático al señalar que la

obligación

del

alimentante

económica

o

divulgar

de

descubrir

sus

ingresos

su

se

situación

activa

afirmativamente únicamente cuando el obligado a alimentar

se niega a aceptar o está en duda su capacidad económica.

Ibid.

A

tono

“cuando

el

económica,

con

lo

anterior

el

Tribunal

concluyó

su

padre

alimentante

acepta

hace

innecesario

el

se

que

capacidad

descubrimiento

de

prueba, según dispuesto por ley” y “sólo resta que el

tribunal determine la suma justa y razonable por concepto

de pensión alimentaria para los menores”. Ibid. Finalmente

dispuso que esta determinación debe realizarse “a la luz

de la evidencia presentada por los menores con relación a

sus necesidades y la situación económica de la madre.”2

A pocos meses de resuelto el caso antes reseñado, las

partes

presentaron

un

nuevo

recurso

de

certiorari

ante

este Tribunal. Esta vez la controversia giró en torno a

los

criterios

que

deben

considerarse

al

momento

de

determinar las necesidades del menor alimentista. Ello en

vista

1

2

de

que

el

foro

de

instancia

consideró

las

Énfasis suplido.

Se aclaró, sin embargo, que esta norma no exime al

alimentante

de

descubrir

cualquier

prueba

que

sea

necesaria para que el tribunal pueda cumplir con su deber

de fijar la pensión alimentaria que proceda.

3

AC-2002-32

aportaciones

realizadas

a

los

menores

previo

a

la

presentación de la demanda y el estilo de vida a que éstos

fueron

acostumbrados

aportaciones.

Esto

como

resultó

en

consecuencia

de

una

alimentaria

pensión

tales

provisional ascendente a nueve mil dólares mensuales, lo

que provocó que el alimentante acudiera al Tribunal de

Apelaciones y lograra la modificación de dicha cuantía.

Enfrentado a esta nueva controversia, este Tribunal

acogió el análisis realizado por el foro de instancia al

concluir

que

capacidad

económica

controversia

parte

de

cuando

el

respecto

la

llamado

a

alimentar

y,

por

consiguiente,

a

ésta,

podrán

determinación

de

acepta

no

existe

analizarse,

como

necesidades

del

las

alimentista: (i) las actuaciones pasadas del alimentante

con

respecto

a

los

alimentos

de

los

menores;

(ii)

el

“estilo de vida” que a otros hijos menores proporciona el

alimentante

menores

y

(iii)

incluyendo

las

el

peculiares

“estilo

de

necesidades

vida”

al

de

cual

los

éstos

fueron acostumbrados. Véase: Chévere v. Levis II, ante, a

las págs. 504-05.

Ahora bien, no conforme con lo antes expresado, y en

su afán por proteger --y restaurar-- la suma de $9,000

originalmente adjudicada, el Tribunal amplió el análisis

realizado por el foro de instancia para incluir como uno

de los criterios a ser considerado el “estilo de vida” que

lleva el padre o madre alimentante. Ello sin advertir que,

con su actuación, abría las puertas al descubrimiento de

4

AC-2002-32

prueba de un criterio que está íntimamente relacionado a

la

condición

económica

del

alimentante

no

custodio,

la

cual, según se reiteró en la propia Opinión, no debe ser

objeto de análisis en este tipo de caso.

Tal y como era de esperarse esta equivocada decisión

provocó que --como un “boomerang”-- el asunto regresara a

este

Tribunal

en

el

caso

que

hoy

nos

ocupa.

En

esta

ocasión se cuestionó la corrección de una orden emitida

por

el

foro

de

descubrimiento

de

instancia

los

donde

estados

se

ordenaba

bancarios

de

el

cualquier

cuenta perteneciente al padre alimentante y de todos los

retiros

en

efectivo

y

cheques

girados

contra

estas

cuentas, a los fines de determinar su “estilo de vida”.

Como señaláramos anteriormente, en el presente caso

el Tribunal se negó a permitir el descubrimiento de prueba

solicitado

al

señalar

que

“[h]abiendo

el

alimentante

aceptado que tiene capacidad económica para proveer una

pensión alimentaria razonable al menor, no es necesario

brindar

información

capacidad”.

Explicó

adicional

que

para

determinar

aceptar

este

dicha

tipo

de

descubrimiento sería “permitir que [el alimentante] someta

información

sobre

sus

ingresos,

dejando

sin

efectos

la

doctrina establecida en Chévere v. Levis I, supra.”

De

esta

los

forma,

efectos

de

confirmó

lo

que

estas

en

descubrir

prueba

alimentante

y

sobre

que

sólo

expresado

previamente

circunstancias

la

capacidad

resta

por

no

a

procede

económica

del

determinar

las

5

AC-2002-32

necesidades del menor y la suficiencia económica de la

madre para fijar la cuantía de la pensión alimentaria.

Si

la

Mayoría

hubiese

limitado

su

Opinión

a

las

determinaciones antes mencionadas, definitivamente habría

corregido el lamentable error incurrido por este Tribunal

al resolver el segundo caso de esta saga, donde incluyó el

estilo de vida del alimentante en la determinación de las

necesidades del alimentista. No lo hizo. En su lugar la

Mayoría

optó

por

reiterar

los

argumentos

esbozados

anteriormente en cuanto a la viabilidad de utilizar dicho

criterio en este tipo de caso. Ello con la única salvedad

que

de

ahora

en

adelante

el

escrutinio

no

deberá

realizarse mediante descubrimiento de prueba, sino que el

mismo podrá ser “inferido” o “determinado” de la capacidad

económica del alimentante.

Como

vemos,

al

resolver

el

presente

recurso

nuevamente el Tribunal ignoró el hecho de que el criterio

del “estilo de vida” debe aplicar sólo a aquellos casos en

que

el

padre

o

voluntariamente

madre

su

alimentante

capacidad

se

niega

a

aceptar

por

lo

que

económica,

se

activan los mecanismos dispuestos por la Ley Especial de

Sustento

Menores,3

de

relacionada

a

los

para

ingresos

descubrir

y

así

poder

la

información

determinar

su

suficiencia de pago.

3

Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8

L.P.R.A. sec. 501 et seq.

6

AC-2002-32

Un

análisis

de

la

jurisprudencia

anterior

de

este

Tribunal en torno a este tema así lo refleja. En López v.

Rodríguez,

121

D.P.R.

alimentante

no

había

23,

33

(1988)

aceptado

--caso

capacidad

en

que

el

económica--,

expresamos que “al determinar la capacidad económica de un

alimentante para proveer alimentos, [un tribunal] no está

limitado a considerar únicamente evidencia, testifical y

documental, sobre ingresos”, sino que “[p]uede, al fijar

la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales como

el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad

para

generar

ingresos,

la

naturaleza

y

cantidad

de

propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o

profesión

y

sus

otras

suplido.)

En

Argüello

fuentes

v.

de

Argüello,

ingreso.”

(Énfasis

155

62,

D.P.R.

74

(2001) --caso en el que, igualmente, el alimentante no

aceptó

capacidad

económica--

expresamos

que,

para

imputarle ingresos al alimentante, más allá de lo que éste

alegue o intente probar sobre el particular, el foro de

instancia puede tomar en cuenta el estilo de vida del

alimentante, sus propiedades, su profesión y preparación

académica,

su

historial

de

empleo

y

de

ingresos,

su

experiencia laboral, su capacidad y aptitud para generar

ingresos y otros factores similares.

Vemos,

pues,

que

utilizado

el

criterio

alimentos,

lo

ha

controversia

la

siempre

del

hecho

en

capacidad

estilo

que

este

Tribunal

ha

de

vida

en

casos

de

que

está

en

situaciones

económica

del

en

padre

o

madre

7

AC-2002-32

alimentante.

Recurrir a dicho criterio, como ha hecho la

Mayoría,

casos

en

aceptado

en

que

suficiencia

el

llamado

económica,

a

alimentar

constituye

ha

una

interpretación equivocada y confusa que, lejos de ayudar a

resolver controversias de alimentos, lo que provocará será

arduos y escabrosos litigios que terminarán afectando no

sólo al menor alimentista, sino la política pública en

general. Un error de este tipo, que impacta negativamente

un

asunto

revestido

del

más

alto

interés

público,

definitivamente, debería ser corregido en esta etapa de

reconsideración.

Somos del criterio que el Tribunal --de una vez y por

todas y de forma clara y que no deje lugar a dudas-- debe

establecer que, en una situación de hechos en que el padre

acepta

capacidad

económica

suficiente

para

proveer

una

pensión alimentaria razonable a sus hijos menores de edad,

no

es

permisible

--de

ninguna

forma

y

para

ningún

propósito-- descubrimiento de prueba sobre el “estilo de

vida” del padre o madre alimentante.

Ello

no

significa,

sin

embargo,

que

la

parte

que

solicita los alimentos esté impedida de presentar prueba

aliunde

sobre

ese

“estilo

de

vida”,

esto

es,

mediante

evidencia independiente que resulta evidente y fácilmente

demostrable, para la cual no necesita utilizar los métodos

de descubrimiento de prueba.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado