Tribunal Supremo de Puerto Rico
Liza Ferrer García v. Juan Alberto González
2007 TSPR 66
Poder Judicial de Puerto Rico
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Liza Ferrer García v. Juan Alberto González
AC-2002-0032
Resolución con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Liza Ferrer García
Demandante-recurrida
Certiorari
v.
2007 TSPR 66
Juan Alberto González
170 DPR ____
Demandado-peticionario
Número del Caso: AC-2002-32
Fecha: 2 de abril de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón II-Panel I
Juez Ponente:
Hon. Jeannette Ramos Buonomo
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcdo. María de Lourdes Guzmán
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Maritza Miranda López
Materia: Filiación y Alimentos
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Liza Ferrer García
Demandante-recurrida
v.
AC-2002-32
CERTIORARI
Juan Alberto González
Demandado-peticionario
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2007
Examinada
la
moción
de
reconsideración,
presentada por la parte demandante-recurrida, se
provee no ha lugar.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor
Hernández
Denton
se
reitera
en
las
expresiones hechas en la Sentencia emitida el 15 de
junio de 2004. El Juez Asociado señor Rebollo López
emitió
Opinión
disidente,
en
etapa
de
reconsideración.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Liza Ferrer García
Demandante-recurrida
v.
AC-2002-32
CERTIORARI
Juan Alberto González
Demandado-peticionario
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA, EN ETAPA DE RECONSIDERACIÓN, POR EL
JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2007
La
controversia
a
la
que
se
enfrentó
la
Mayoría de este Tribunal al resolver el presente
recurso es secuela de los casos Chévere v. Levis I,
150 D.P.R. 525 (2000) y Chévere v. Levis II, 152
D.P.R. 525 (2000).
En el primero de estos casos este Tribunal
resolvió
que
“un
alimentante
queda
exento
del
requisito de someter información sobre sus ingresos
en la Planilla de Información Personal y Económica
si
acepta
que
tiene
capacidad
económica
para
proveer alimentos, quedando pendiente de resolver
solamente
las
necesidades
económicas
del
alimentista para así fijar la pensión alimentaria
2
AC-2002-32
[que corresponde].”1 Véase: Chévere v. Levis I, ante a las
págs.
544-45.
Al
explicar
los
fundamentos
de
su
determinación, el Tribunal fue enfático al señalar que la
obligación
del
alimentante
económica
o
divulgar
de
descubrir
sus
ingresos
su
se
situación
activa
afirmativamente únicamente cuando el obligado a alimentar
se niega a aceptar o está en duda su capacidad económica.
Ibid.
A
tono
“cuando
el
económica,
con
lo
anterior
el
Tribunal
concluyó
su
padre
alimentante
acepta
hace
innecesario
el
se
que
capacidad
descubrimiento
de
prueba, según dispuesto por ley” y “sólo resta que el
tribunal determine la suma justa y razonable por concepto
de pensión alimentaria para los menores”. Ibid. Finalmente
dispuso que esta determinación debe realizarse “a la luz
de la evidencia presentada por los menores con relación a
sus necesidades y la situación económica de la madre.”2
A pocos meses de resuelto el caso antes reseñado, las
partes
presentaron
un
nuevo
recurso
de
certiorari
ante
este Tribunal. Esta vez la controversia giró en torno a
los
criterios
que
deben
considerarse
al
momento
de
determinar las necesidades del menor alimentista. Ello en
vista
1
2
de
que
el
foro
de
instancia
consideró
las
Énfasis suplido.
Se aclaró, sin embargo, que esta norma no exime al
alimentante
de
descubrir
cualquier
prueba
que
sea
necesaria para que el tribunal pueda cumplir con su deber
de fijar la pensión alimentaria que proceda.
3
AC-2002-32
aportaciones
realizadas
a
los
menores
previo
a
la
presentación de la demanda y el estilo de vida a que éstos
fueron
acostumbrados
aportaciones.
Esto
como
resultó
en
consecuencia
de
una
alimentaria
pensión
tales
provisional ascendente a nueve mil dólares mensuales, lo
que provocó que el alimentante acudiera al Tribunal de
Apelaciones y lograra la modificación de dicha cuantía.
Enfrentado a esta nueva controversia, este Tribunal
acogió el análisis realizado por el foro de instancia al
concluir
que
capacidad
económica
controversia
parte
de
cuando
el
respecto
la
llamado
a
alimentar
y,
por
consiguiente,
a
ésta,
podrán
determinación
de
acepta
no
existe
analizarse,
como
necesidades
del
las
alimentista: (i) las actuaciones pasadas del alimentante
con
respecto
a
los
alimentos
de
los
menores;
(ii)
el
“estilo de vida” que a otros hijos menores proporciona el
alimentante
menores
y
(iii)
incluyendo
las
el
peculiares
“estilo
de
necesidades
vida”
al
de
cual
los
éstos
fueron acostumbrados. Véase: Chévere v. Levis II, ante, a
las págs. 504-05.
Ahora bien, no conforme con lo antes expresado, y en
su afán por proteger --y restaurar-- la suma de $9,000
originalmente adjudicada, el Tribunal amplió el análisis
realizado por el foro de instancia para incluir como uno
de los criterios a ser considerado el “estilo de vida” que
lleva el padre o madre alimentante. Ello sin advertir que,
con su actuación, abría las puertas al descubrimiento de
4
AC-2002-32
prueba de un criterio que está íntimamente relacionado a
la
condición
económica
del
alimentante
no
custodio,
la
cual, según se reiteró en la propia Opinión, no debe ser
objeto de análisis en este tipo de caso.
Tal y como era de esperarse esta equivocada decisión
provocó que --como un “boomerang”-- el asunto regresara a
este
Tribunal
en
el
caso
que
hoy
nos
ocupa.
En
esta
ocasión se cuestionó la corrección de una orden emitida
por
el
foro
de
descubrimiento
de
instancia
los
donde
estados
se
ordenaba
bancarios
de
el
cualquier
cuenta perteneciente al padre alimentante y de todos los
retiros
en
efectivo
y
cheques
girados
contra
estas
cuentas, a los fines de determinar su “estilo de vida”.
Como señaláramos anteriormente, en el presente caso
el Tribunal se negó a permitir el descubrimiento de prueba
solicitado
al
señalar
que
“[h]abiendo
el
alimentante
aceptado que tiene capacidad económica para proveer una
pensión alimentaria razonable al menor, no es necesario
brindar
información
capacidad”.
Explicó
adicional
que
para
determinar
aceptar
este
dicha
tipo
de
descubrimiento sería “permitir que [el alimentante] someta
información
sobre
sus
ingresos,
dejando
sin
efectos
la
doctrina establecida en Chévere v. Levis I, supra.”
De
esta
los
forma,
efectos
de
confirmó
lo
que
estas
en
descubrir
prueba
alimentante
y
sobre
que
sólo
expresado
previamente
circunstancias
la
capacidad
resta
por
no
a
procede
económica
del
determinar
las
5
AC-2002-32
necesidades del menor y la suficiencia económica de la
madre para fijar la cuantía de la pensión alimentaria.
Si
la
Mayoría
hubiese
limitado
su
Opinión
a
las
determinaciones antes mencionadas, definitivamente habría
corregido el lamentable error incurrido por este Tribunal
al resolver el segundo caso de esta saga, donde incluyó el
estilo de vida del alimentante en la determinación de las
necesidades del alimentista. No lo hizo. En su lugar la
Mayoría
optó
por
reiterar
los
argumentos
esbozados
anteriormente en cuanto a la viabilidad de utilizar dicho
criterio en este tipo de caso. Ello con la única salvedad
que
de
ahora
en
adelante
el
escrutinio
no
deberá
realizarse mediante descubrimiento de prueba, sino que el
mismo podrá ser “inferido” o “determinado” de la capacidad
económica del alimentante.
Como
vemos,
al
resolver
el
presente
recurso
nuevamente el Tribunal ignoró el hecho de que el criterio
del “estilo de vida” debe aplicar sólo a aquellos casos en
que
el
padre
o
voluntariamente
madre
su
alimentante
capacidad
se
niega
a
aceptar
por
lo
que
económica,
se
activan los mecanismos dispuestos por la Ley Especial de
Sustento
Menores,3
de
relacionada
a
los
para
ingresos
descubrir
y
así
poder
la
información
determinar
su
suficiencia de pago.
3
Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8
L.P.R.A. sec. 501 et seq.
6
AC-2002-32
Un
análisis
de
la
jurisprudencia
anterior
de
este
Tribunal en torno a este tema así lo refleja. En López v.
Rodríguez,
121
D.P.R.
alimentante
no
había
23,
33
(1988)
aceptado
--caso
capacidad
en
que
el
económica--,
expresamos que “al determinar la capacidad económica de un
alimentante para proveer alimentos, [un tribunal] no está
limitado a considerar únicamente evidencia, testifical y
documental, sobre ingresos”, sino que “[p]uede, al fijar
la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales como
el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad
para
generar
ingresos,
la
naturaleza
y
cantidad
de
propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o
profesión
y
sus
otras
suplido.)
En
Argüello
fuentes
v.
de
Argüello,
ingreso.”
(Énfasis
155
62,
D.P.R.
74
(2001) --caso en el que, igualmente, el alimentante no
aceptó
capacidad
económica--
expresamos
que,
para
imputarle ingresos al alimentante, más allá de lo que éste
alegue o intente probar sobre el particular, el foro de
instancia puede tomar en cuenta el estilo de vida del
alimentante, sus propiedades, su profesión y preparación
académica,
su
historial
de
empleo
y
de
ingresos,
su
experiencia laboral, su capacidad y aptitud para generar
ingresos y otros factores similares.
Vemos,
pues,
que
utilizado
el
criterio
alimentos,
lo
ha
controversia
la
siempre
del
hecho
en
capacidad
estilo
que
este
Tribunal
ha
de
vida
en
casos
de
que
está
en
situaciones
económica
del
en
padre
o
madre
7
AC-2002-32
alimentante.
Recurrir a dicho criterio, como ha hecho la
Mayoría,
casos
en
aceptado
en
que
suficiencia
el
llamado
económica,
a
alimentar
constituye
ha
una
interpretación equivocada y confusa que, lejos de ayudar a
resolver controversias de alimentos, lo que provocará será
arduos y escabrosos litigios que terminarán afectando no
sólo al menor alimentista, sino la política pública en
general. Un error de este tipo, que impacta negativamente
un
asunto
revestido
del
más
alto
interés
público,
definitivamente, debería ser corregido en esta etapa de
reconsideración.
Somos del criterio que el Tribunal --de una vez y por
todas y de forma clara y que no deje lugar a dudas-- debe
establecer que, en una situación de hechos en que el padre
acepta
capacidad
económica
suficiente
para
proveer
una
pensión alimentaria razonable a sus hijos menores de edad,
no
es
permisible
--de
ninguna
forma
y
para
ningún
propósito-- descubrimiento de prueba sobre el “estilo de
vida” del padre o madre alimentante.
Ello
no
significa,
sin
embargo,
que
la
parte
que
solicita los alimentos esté impedida de presentar prueba
aliunde
sobre
ese
“estilo
de
vida”,
esto
es,
mediante
evidencia independiente que resulta evidente y fácilmente
demostrable, para la cual no necesita utilizar los métodos
de descubrimiento de prueba.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado