LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Transamerica Occidental Life Insurance Company v. Rodríguez Febles y otros

2007 TSPR 67

Poder Judicial de Puerto Rico

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Transamerica Occidental Life Insurance Company v. Rodríguez Febles y otros

CC-2006-0176

Derecho de Sucesiones-Fideicomiso constituido mediante testamento; consignación judicial por el deudor

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Transamerica Occidental Life

Insurance Company

Demandante-recurrido

v.

Certiorari

Gabriel R. Rodríguez Febles,

menor de edad, representado

por su madre Vanya Febles

Gordián

Demandados-peticionarios

2007 TSPR 67

170 DPR ____

Orlando Rodríguez Álvarez

Demandante contra co-parte

Número del Caso: CC-2006-176

Fecha: 10 de abril de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel VI

Juez Ponente:

Hon.

José A. Morales Rodríguez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Isabel López Rivera

Lcdo. Edilberto Berríos Pérez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jorge Bermúdez Torregrosa

Abogado de la Parte Demandante contra-co parte:

Lcdo. José A. Cuevas Segarra

Materia: Acción Civil (bajo la Regla 19 de Procedimiento

Civil)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Transamerica Occidental Life

Insurance Company

Demandante-recurrido

vs.

Gabriel R. Rodríguez Febles,

menor de edad, representado

por su madre Vanya Febles

Gordián

Demandados-peticionarios

CC-2006-176

CERTIORARI

Orlando Rodríguez Álvarez

Demandante contra co-parte

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2007

En

contrato

1998,

de

Fernando

seguro

Rodríguez

con

suscribió

Transamerica

un

Occidental

Life Insurance Company --en adelante, “TOLIC”-para la adquisición de una póliza de seguro de

vida por un millón de dólares. En la referida

póliza,

Rodríguez

designó

como

beneficiario,

entre otros, a su hijo Gabriel Rodríguez en un

treinta y ocho por ciento (38%) del monto total

de la mencionada póliza. En la póliza se hizo la

salvedad

de

que

las

cantidades

que

correspondieran a beneficiarios menores de edad,

se

mantendrían

administrado

Álvarez,

en

por

el

hermano

del

un

Sr.

“trust”

Orlando

asegurado,

que

sería

Rodríguez

hasta

que

el

2

CC-2006-176

menor

alcanzara

los

25

años

edad.1

de

La

nota

lee

específicamente: “Children’s Benefit in trust with Orlando

Rodríguez

Álvarez,

brother

of

the

insured,

until

beneficiaries age 25”.

Antes

de

morir,

Fernando

Rodríguez

otorgó

un

testamento ológrafo donde reiteró su voluntad de que los

beneficios

de

la

póliza

fueran

mantenidos

en

un

fideicomiso, el cual sería administrado por la Sra. Neida

Pumarejo o, en su defecto, por el mismo fiduciario, esto

es, Orlando Rodríguez Álvarez, que nombró en la nota antes

mencionada.

En dicho documento dispuso, en lo pertinente,

que:

[e]n mi seguro de vida hay cuatro beneficiarios

con por cientos específicos del total de los

beneficios. La primera Neyda Pumarejo Cintrón,

recibirá su porción una sola vez. Los otros tres

beneficiarios,

mis

hijos

Gabriel

Fernando

Rodríguez Febles, Mayra Luz Rodríguez Lugo y

Fernando Roberto Rodríguez Lugo, recibirán su

porción del seguro como sigue: el dinero será

depositado

en

un

certificado

de

ahorros

garantizados por el F.D.I.C. cuya institución

emitidora será elegida por los administradores

que se designan más adelante. De los intereses

que generen la porción de cada cual, le será

pagado de la manera siguiente, mensualmente:

hasta los diez años: mil dólares, hasta los

quince años: mil trescientos dólares, hasta los

veinte años: mil quinientos dólares, hasta los

veinticinco años: mil ochocientos dólares. Si los

intereses no fueran suficientes, el faltante le

será pagado del principal disponible de su

porción. Si hubiere un sobrante de los intereses,

el mismo se reinvertirá a nombre del que tuvo el

sobrante. La administración de los dineros de los

seguros, su inversión y distribución, serían

administrados por Neyda Pumarejo Cintrón. Si ésta

se

incapacitara

o

renunciara

a

dicha

1

El “trust” es análogo al fideicomiso, según discutido más

adelante.

3

CC-2006-176

representación

o

muriera,

la

administración

pasará a Orlando Rodríguez Álvarez. El balance

que pueda haber en la cuenta de lo recibido por

el seguro de cualquiera de mis hijos, les será

entregado para ser usado a su sola discreción al

cumplir estos 25 años. La palabra seguros en este

testamento significa cualquier seguro que pague

beneficios por mi muerte, cuyas porciones en cada

póliza serán porcentualmente iguales a los mismos

beneficios, según consten designados en la póliza

que por un millón de dólares mantengo a esta

fecha y cuyo agente productor fue Ariano Valle

Poza, aunque en cualquier otro seguro no aparezca

designación de beneficiarios ni por cientos. Se

aclara

que

la

palabra

administrador,

como

utilizadas en las páginas uno, dos y tres de este

documento, significa además un fiduciario, que

tendrá, entre otras, la obligación de velar que

los dineros bajo su control no sean utilizados

como colateral para tomar préstamo alguno o para

cualquier otro uso que no sea el aquí designado.

Cuatro años más tarde, Fernando Rodríguez falleció. En

vista de ello, tanto Orlando Rodríguez como la madre del

menor, Sra. Vanya Febles Gordián, reclamaron los beneficios

de

la

póliza

del

seguro

de

vida

en

nombre

del

menor,

Gabriel Rodríguez Febles. El 13 de septiembre de 2002 TOLIC

presentó una demanda de “interpleader” bajo la Regla 19 de

Procedimiento Civil2, ante el Tribunal de Primera Instancia,

2

Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R

19:

Todas aquellas personas que tuvieren reclamaciones

contra el demandante podrán ser unidas como

demandadas y requerírseles para que litiguen entre

sí dichas reclamaciones, cuando las mismas fueren

de tal naturaleza que el demandante estaría o

podría estar expuesto a una doble o múltiple

responsabilidad. No será motivo para objetar a la

acumulación el que las reclamaciones de los

distintos reclamantes a los títulos en los cuales

descansan sus reclamaciones no tengan un origen

común o no sean idénticos sino adversos e

independientes entre sí, o que el demandante

asevere que no es responsable en todo o en parte

4

CC-2006-176

Sala Superior de San Juan, solicitando que se le ordenara a

los dos interesados litigar entre sí el derecho a recibir

el beneficio en nombre del menor y consignó en el tribunal

la suma de $388,043.51, la cual incluye el treinta y ocho

por ciento (38%) correspondiente al menor y los intereses

acumulados hasta ese momento.

El litigio conllevó una complicada serie de incidentes

que incluyeron una anterior comparecencia ante el Tribunal

de

Apelaciones.

Superior

de

Una

San

vez

Juan,

regresó

ésta

el

dictó

caso

una

ante

la

sentencia

Sala

sumaria

parcial en la cual determinó que el fideicomiso constituido

por Rodríguez era válido puesto que el mismo no se rige por

el Código Civil sino por la reglamentación concerniente al

área de los seguros. En vista de ello, el foro de instancia

entendió

que

las

instrucciones

allí

impartidas

eran

obligatorias para la compañía de seguro. Así, indicó que la

validez de las instrucciones del asegurado, relativas al

fideicomiso, no dependen de las normas del fideicomiso del

Código Civil. De igual forma, dicho foro declaró bien hecha

la

consignación

de

TOLIC,

pero

le

impuso

el

pago

del

interés legal desde el momento de la consignación hasta la

fecha de la sentencia.

de

lo

solicitado

por

cualquiera

de

los

reclamantes. Un demandado que se hallare expuesto

a una responsabilidad similar puede obtener el

mismo remedio a través de una reclamación contra

coparte o reconvención. Las disposiciones de esta

regla suplementan y no limitan la acumulación de

partes permitida en la Regla 17.

5

CC-2006-176

Insatisfecha con la decisión, Vanya Febles Gordián, a

nombre propio y en representación de su hijo menor de edad,

acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso de

apelación

señaló,

en

designa

Orlando

Rodríguez

a

síntesis,

que

el

Álvarez

como

inválido

por

no

haberse

establecido

pública.

Por

su

parte,

TOLIC

Apelaciones

cuestionando

la

fideicomiso

fiduciario

mediante

acudió

al

imposición

es

escritura

Tribunal

del

que

pago

de

de

intereses computados desde la consignación hasta la fecha

de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los

recursos.

El

foro

sentencia

Primera

apelativo

sumaria

Instancia.

intermedio

parcial

modificó

dictada

Resolvió,

en

por

el

síntesis,

en

parte

la

Tribunal

de

que

TOLIC

no

estaba obligada al pago de intereses desde la consignación

hasta

la

sentencia

y

confirmó

el

dictamen

recurrido

en

cuanto a los restantes extremos.

Inconforme con el dictamen anterior, Febles Gordián,

en

representación

--mediante

recurso

del

menor

Gabriel

de

certiorari--

Rodríguez

ante

este

acudió

Tribunal

imputándole al foro apelativo intermedio haber errado:

…al determinar que el fideicomiso en el seguro de

vida fue confirmado en el testamento ológrafo y

que éste fue oportuna y debidamente protocolizado

para establecer que el fideicomiso ya consta en

escritura pública.

…al establecer que la póliza y el testamento

ológrafo se complementaban y establecer que tal

complemento creó el fideicomiso, llamando al

testamento

“complemento

testamentario

del

seguro”.

6

CC-2006-176

…al determinar que el testamento podía disponer

del beneficio de la póliza de seguro ya que tal

beneficio es un bien como otro cualquiera.

…al determinar que la consignación de TOLIC

estuvo bien hecha desde el depósito de los

fondos.

El 5 de mayo de 2006 expedimos el recurso. Contando

con la comparecencia

de las partes y estando en posición

de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I

A

El Código Civil establece que “[e]l fideicomiso es un

mandato

irrevocable

[en]

virtud

del

cual

se

trasmiten

determinados bienes a una persona, llamada fiduciario, para

que

disponga

de

ellos

conforme

lo

ordene

la

que

los

trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo

o de un tercero llamado fideicomisario”. 31 L.P.R.A. Sec.

2541. Este mandato puede establecerse para cualquier fin

que no contravenga la ley o la moral pública. 31 L.P.R.A.

Sec.

2547.

clase

de

Un

fideicomiso

bienes

puede

muebles

e

constituirse

inmuebles,

sobre

toda

corporales

e

incorporales, presentes o futuros. 31 L.P.R.A. Sec. 2544.

El fideicomitente puede crear el fideicomiso para cualquier

fin

y

bajo

cualesquiera

términos

o

condiciones

que

no

infrinjan la ley o la moral pública o que no se prohíban

7

CC-2006-176

específicamente

fideicomiso

por

puede

la

ley.

31

constituirse

L.P.R.A.

por

Sec.

2562.

“El

testamento,

para

que

tenga efecto después de la muerte del fideicomitente, o por

acto inter vivos”. (Énfasis suplido) 31 L.P.R.A. Sec. 2542.

Contrario a lo anterior, el Código Civil especifica que

“[e]l

fideicomiso

escritura

inter

vivos

debe

pública”.

(Énfasis

nuestro)

contornos

de

la

figura

definidos.

La

dificultad

constituirse

por

31

L.P.R.A.

Sec.

fideicomiso

están

2543.

Los

claramente

del

que

encierra

la

referida figura estriba en el hecho de que el fideicomiso

puertorriqueño

es

incorpora

principios

los

una

institución

muy

del

anglosajón

trust

particular

e

que

intenta

armonizarlos con nuestra tradición civilista. Álvarez v.

Secretario de Hacienda, 78 D.P.R. 412 (1955); en recons.

Álvarez v. Secretario de Hacienda, 80 D.P.R. 16 (1957). No

obstante, las lagunas inherentes a la adopción en nuestra

jurisdicción

de

esta

figura

de

origen

mixto,

según

reconoció este Tribunal en Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549

(1986), permite que nos enriquezcamos de su acervo cultural

y jurídico. “Su armonización conforme a los preceptos del

Derecho civil no puede constreñir la institución que se

quiso

integrar”.

flexibilidad

que

Por

tanto,

caracteriza

debemos

al

nutrirla

trust

de

la

anglosajón,

abandonando los criterios de rigidez e inmovilidad de la

fiducia romana. Dávila v. Agrait, ante, pág. 565.

8

CC-2006-176

B

Una vez aclarados estos aspectos relativos a la figura

en

controversia,

debemos

destacar

algunos

principios

generales del derecho de seguros. El contrato o póliza de

seguro

de

vida

es

un

contrato

entre

una

persona

y

un

asegurador que provee para el pago de una suma específica

de dinero al beneficiario designado en la póliza al morir

el

asegurado.

El

interés

asegurable

es

la

vida

del

asegurado. M. Jasper, Insurance Law, Oceana Publications,

Ed. 1988, Cap. 2. Véase además, Art. 4.020 del Código de

Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 402.

Es menester señalar que el contrato de seguro, así

como

todo

tipo

de

contrato,

constituye

ley

entre

las

partes, siempre que concurran los elementos esenciales para

su

validez.

General

Accd.

Ins.

Co.

P.R.

v.

Ramos,

148

D.P.R. 523 (1999). El Art. 11.250 del Código de Seguros, 26

L.P.R.A Sec. 1125, dispone que los contratos o pólizas de

seguros deben interpretarse de forma global, a base de la

totalidad de los términos y condiciones. González Azcuy v.

Universal Solar Products, res. 7 de febrero de 2006, 2006

T.S.P.R. 18; Molina Texidor v. Plaza Acuática, res. 21 de

noviembre

de

2005,

2005

T.S.P.R.

172;

López

Castro

v.

Atlantic Southern Ins. Co., res. 11 de febrero de 2003,

2003 T.S.P.R. 12; S.L.G. v. Serrano, 145 D.P.R. 394 (1998);

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons, 129 D.P.R. 521 (1991).

Así,

cuando

los

términos

de

la

póliza

son

claros,

específicos y libres de ambigüedades, las partes tienen que

9

CC-2006-176

atenerse

a

lo

allí

dispuesto

y

no

se

admitirá

una

interpretación que vulnere el claro propósito y voluntad de

las partes. Molina Texidor v. Plaza Acuática, ante.

Para atender las controversias planteadas en el caso

ante

nuestra

consideración

resulta

pertinente

un

breve

análisis de cómo se han atendido situaciones similares en

el derecho anglosajón. En Broga v. Rome Trust Co. of Rome,

151

Misc.

641,

272

N.Y.S.

101

(1934)

se

consideró

testamentario un fideicomiso sobre el dinero de una póliza

de seguro de vida a pesar de que éste se creó mediante un

instrumento distinto a un testamento. Ello significa que en

el derecho anglosajón un fideicomiso testamentario puede

crearse cuando el propósito del mismo no es transferir la

propiedad del fideicomiso durante su vida, sino que tenga

efecto

al

momento

de

la

muerte,

independientemente

del

instrumento que se utilice para su constitución. Robert v.

Taylor, 300 F. 257, 260-261 (9th Cir.) (1924). Véase además

Vigil v. Sandoval, 106 N.M. 233, 741 P.2d 836 (App. 1987).

Las

disposiciones

en

fideicomisos

consideradas

testamentarias son las que no tienen intención de hacer una

transferencia en vida. Williams v. Thrasher, 62 F. 2d 944

(5th Cir) (1933).3

II

3

Véase, además, Scott, Trust and the Statute of Wills, 43

Harvard L. Rev. 521 (1930); Browder, Giving or Leaving –

What is a Will?, 75 Mich. L. Rev. 845 (1977); Ballantine,

When are Deeds Testamentary?, 18 Mich. L. Rev. 470 (1920).

10

CC-2006-176

A

Con el anterior marco doctrinal en mente, pasamos a

atender la controversia que nos atañe. En esencia, debemos

resolver

si

es

válido

el

fideicomiso

establecido

por

Rodríguez a favor del menor Gabriel Rodríguez.

Mediante

los

primeros

tres

señalamientos

de

error,

Febles Gordián --en representación de su hijo menor de edad

Gabriel Rodríguez-- alega que es inválido el fideicomiso

constituido por Rodríguez. Sostiene que el foro apelativo

erró al determinar que el testamento ológrafo confirmó la

validez del fideicomiso por haberse subsanado la falta de

escritura

pública

con

la

protocolización

del

documento.

Argumenta, además, que su validez no se puede basar en una

alegada

complementación

entre

el

seguro

de

vida

y

el

testamento. Asimismo, aduce que no es correcto en derecho

señalar que el monto del seguro de vida es un bien del que

Rodríguez podía disponer por medio de un testamento.

En específico, la peticionaria Febles Gordián alega

que el fideicomiso establecido por el padre de su hijo

Gabriel no tiene validez por tratarse de un fideicomiso

inter vivos que requería la forma de escritura pública.

Señala que, en todo caso, de tratarse de un fideicomiso

mortis

causa,

éste

tampoco

sería

válido

puesto

que

Rodríguez no podía disponer del monto de la póliza del

seguro de vida en el testamento, ya que el mismo no forma

parte de la herencia.

11

CC-2006-176

Debemos señalar, en primer lugar, que el Código de

Seguros no dispone nada sobre la validez de un fideicomiso

establecido

en

un

contrato

de

seguro.

En

consecuencia,

debemos acudir, de forma supletoria, a las disposiciones

del Código Civil que regulan la materia. Como vimos antes,

dicho

cuerpo

legal

requiere

que

los

fideicomisos

inter

vivos se constituyan mediante escritura pública. El Código

Civil

también

regula

los

fideicomisos

mortis

causa.

Al

respecto, el Código Civil establece que “puede constituirse

[un

fideicomiso]

por

testamento

para

que

tenga

efectos

después de la muerte”. [Énfasis nuestro.] 31 L.P.R.A. 2542.

En el caso de autos, aún cuando el fideicomiso se

constituyó inicialmente en la póliza del seguro de vida, lo

cierto es que Rodríguez reiteró su voluntad al respecto

mediante

un

testamento

ológrafo

válido.

El

testamento

otorgado contiene todos los elementos para que se entienda

configurado

el

(Rodríguez);

2)

fideicomiso:

que

transmite

1)

unos

un

bienes

fideicomitente

(monto

de

la

póliza); 3) a un fiduciario (Orlando Rodríguez, en ausencia

de la Sra. Neida Pumarejo); 4) para que los administre

conforme las instrucciones allí vertidas en beneficio de un

fideicomisario (sus hijos, entre ellos, Gabriel).

Contrario

a

lo

que

sostiene

la

peticionaria

Febles

Gordián, el hecho de que el monto de la póliza no forme

12

CC-2006-176

parte del caudal4, no impide que un causante disponga del

mismo en un testamento válido. En numerosas instancias se

ha reconocido la validez de disposiciones testamentarias no

relacionadas al patrimonio del causante. Así, por ejemplo,

Puig Brutau reconoce que la definición usual del término

“testamento”,

--el

acto

mediante

el

cual

una

persona

dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de

parte de ellos [Art. 616 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec.

2121]--, es apenas una elemental aproximación al concepto.

Puig

Brutau,

Barcelona,

Fundamentos

Ed.

Bosch,

de

Derecho

1977,

Vol.

Civil,

2,

pág.

Segunda

5.

Ed.,

Para

el

referido tratadista, el testamento “es preponderantemente,

aunque

no

exclusiva[mente],

un

acto

de

disposición

de

bienes;… sin embargo, también puede contener declaraciones

de carácter no patrimonial, incluso de manera exclusiva”.

Puig Brutau, ante, pág. 10. Puig Brutau, incluso, reconoce

que

el

testamento

puede

contener

una

disposición

para

variar la designación de un beneficiario de un seguro de

vida. Puig Brutau, ante, pág. 11.

El profesor Efraín González Tejera coincide con dicha

posición cuando expresa que “un testamento no sólo puede

referirse

a

disposiciones

patrimoniales,

sino

también

a

relaciones de carácter no patrimonial, como el nombramiento

de

tutores,

reconocimiento

4

de

de

albaceas,

hijos

de

contadores-partidores,

naturales,

instrucciones

Como bien es sabido, el producto de una póliza no es parte

del caudal relicto. Vélez Rivera v. Bristol-Myers Squidd,

res. 17 de septiembre de 2002, 2002 T.S.P.R. 123.

13

CC-2006-176

relacionadas con funerales y entierro, etc.”. E. González

Tejera, Derecho de Sucesiones, Primera Ed., San Juan, Ed.

UPR, 2002, Tomo 2, pág. 9.

Puede constituirse el fideicomiso “por testamento, sin

prescribir que éste deberá ser abierto,-el único que se

otorga por escritura pública- queda claramente implícito

que el fideicomiso puede constituirse por cualquier otra

clase de testamento…incluso cuando la particular clase no

requiera

la

escritura

pública”.

L.

Sánchez

Vilella,

El

Fideicomiso Puertorriqueño III, 37 Rev. Col. Abog. 417, 427

(1976).

Véase

además

García

v.

Rexach,

65

D.P.R.

526

(1945). En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir

que el fideicomiso en controversia, tal como se constituyó

en

el

testamento

ológrafo,

tiene

validez

en

nuestro

ordenamiento jurídico.

B

Ahora

bien,

el

recurso

ante

nos,

requiere

que

nos

pronunciemos en cuanto a la validez del fideicomiso tal

como se constituyó en la póliza del seguro de vida. En este

punto, debemos aclarar que --contrario a lo que concluyó el

foro apelativo-- de entenderse que el fideicomiso es inter

vivos,

de

ninguna

manera

se

hubiera

podido

subsanar

la

ausencia del requisito de escritura pública con la mera

protocolización

del

testamento

ológrafo.

El

acta

de

protocolización no es el vehículo correcto para elevar a

público un documento privado suscrito en Puerto Rico. Ponce

14

CC-2006-176

Real

Estate

ello,

se

v.

Registrador,

requiere

Reglamento

el

Notarial5,

87

D.P.R.

215

(1963).

Para

con

la

Regla

26

del

dispone

que

al

elevar

un

cumplimiento

la

cual

documento privado a público se tiene que acudir ante un

notario público y redactar nuevamente el contrato privado

haciendo constar la existencia previamente del documento,

lo cual aquí no ha ocurrido. En consecuencia, de entenderse

que el fideicomiso es de carácter inter vivos, no tendría

validez bajo nuestro ordenamiento.

No

obstante,

el

mandato

expresado

por

Fernando

Rodríguez en la póliza de seguro no puede ser considerado

5

Regla 26 del Reglamento Notarial:

El Notario podrá elevar a escritura pública

documento privado cuyo contenido es materia

contrato.

un

de

En tal caso, el Notario podrá optar por redactar

nuevamente el contrato privado, pero hará constar

en la escritura la existencia previa del documento

privado.

Podrá optar, además, por unir el contrato privado

a la escritura que autoriza sin redactarlo

nuevamente. En tal caso el Notario relacionará el

contrato privado, dará fe de haberlo leído, de

haber aceptado su redacción, del número de folios

de que consta éste, y de que su texto se incorpora

como si estuviere transcrito, de todo lo cual los

comparecientes en su presencia lo ratifican y

firman el original de la escritura.

En ambos casos será indispensable que comparezcan

al acto todas las partes que intervinieron en el

documento privado o, en su defecto, sus herederos,

representantes legales o voluntarios a prestar su

consentimiento.

El Notario cumplirá, además, con todas las formas

y solemnidades que requiere la autorización de una

escritura pública.

15

CC-2006-176

un

fideicomiso

inter

sino

vivos,

un

fideicomiso

mortis

causa, puesto que tendría efecto a su muerte. En vista de

ello, debemos aplicar las disposiciones aplicables a los

fideicomisos mortis causa.

Como antes señalado, el Código Civil dispone que el

fideicomiso

constituirse

puede

por

testamento

para

que

tenga efectos después de la muerte. 31 L.P.R.A. Sec. 2542.

(Énfasis

nuestro).

redacción

podemos

representa

una

De

la

naturaleza

colegir

que

limitación

a

la

permisiva

esta

de

esta

disposición

posibilidad

de

que

no

se

realice válidamente de otra forma que no sea un testamento,

sobre todo si tomamos en cuenta que acto seguido, el Código

establece con carácter mandatario el requisito de escritura

pública para los fideicomisos inter vivos. 31 L.P.R.A. Sec.

2543.

No existe nada en nuestro ordenamiento que impida que

el fideicomiso mortis causa, que se hace para que tenga

efectos después de la muerte del fideicomitente, se haga a

través de un mecanismo legal distinto al testamento. De

hecho,

ajustándonos

a

las

expresiones

de

la

doctrina,

entendemos que no se debe restringir el marco de aplicación

de

la

figura,

precisamente,

cuando

por

la

la

misma

valiosa

ha

sido

acogida,

que

se

le

estudiosos

de

la

flexibilidad

reconoce.

Más

aun,

no

que

hayan

anticipado

la

disposiciones

sobre

fideicomisos

puedan

materia

es

difícil

encontrar

posibilidad

incluirse

de

en

que

un

16

CC-2006-176

contrato

de

seguro

de

vida.

Se

puede

constituir

un

fideicomiso “cuando quien toma un seguro de vida y se ha

reservado la facultad de cambiar beneficiario, indica al ya

designado que conserve póliza e indemnización en trust a

favor de un tercero”. R. Batiza, El Fideicomiso, Cuarta

Ed.,

México,

Ed.

Porrúa,

Pág.

181.

De

hecho,

Batiza

entiende, que “[d]ebe estimarse además como testamentario

el fideicomiso constituido en acto que no sea precisamente

un testamento, pero cuyos efectos hayan de surtirse después

de

la

muerte

ilustra

la

del

constituyente”.

flexibilidad

que

la

R.

Batiza,

doctrina

ante.

es

capaz

Esto

de

otorgarle a la figura del fideicomiso.

Conforme a lo anterior, la naturaleza del seguro de

vida hace viable que se admita la validez de un fideicomiso

en él constituido, si cumple con las disposiciones legales

aplicables. Sabido es que este tipo de seguro constituye un

acuerdo en el que la compañía de seguros se obliga a pagar

cierta

como

cantidad

de

beneficiaria(s)

dinero

a

la

persona(as)

nombrada(as)

cuando

se

produzca

muerte

la

del

asegurado. Véase 26 L.P.R.A. Sec. 402 y 26 L.P.R.A. Sec.

102. Siendo así, no cabe duda de que el contrato de seguro

de vida representa el tipo de negocio que adquiere vida a

la

muerte

del

interesado.

Por

ende

y,

visto

que

la

disposición sobre fideicomisos mortis causa no parece ser

limitativa, entendemos que el fideicomiso constituido en la

póliza del seguro de vida en el presente caso es válido en

derecho.

17

CC-2006-176

C

Finalmente, atendemos el último señalamiento de error.

La peticionaria Febles Gordián aduce que no procedía eximir

a

TOLIC

del

pago

de

intereses

desde

la

fecha

de

la

consignación del dinero del menor hasta la fecha en que se

dictó la sentencia. Su argumento se basa en la disposición

del Código Civil que establece que la obligación subsiste

mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación o

no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien

hecha. Art. 1134 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 3184.

No le asiste la razón a la peticionaria.

La consignación es “el depósito judicial de la cosa

debida.

Se

judicial,

pone

que

la

la

cosa

bajo

retendrá

y

el

poder

pondrá

a

de

la

autoridad

disposición

del

acreedor”. J. Vélez Torres, ante, pág. 186. Esta figura

“produce la extinción de la obligación; [y] es una forma de

pago de la misma cuando no se cuenta con la voluntad del

acreedor”.

Rascón,

R.

Bercovitz,

Comentarios

al

Rodríguez

Código

Cano

y

E.

Valladares

Civil

y

Compilaciones

Forales, Madrid Edersa, 1991, Tomo XVI, Vol. 1, pág.297.

Dicha figura está regulada por los Artículos 1130 al

1135

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

3185

a

3189.

Mientras que el Artículo 1130 dispone que la consignación

libera de responsabilidad al deudor “cuando varias personas

pretendan tener derecho a cobrar”, el Artículo 1134 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. Sec. 3184, dispone que:

18

CC-2006-176

Hecha debidamente la consignación, podrá el

deudor pedir al tribunal o juez que mande

cancelar la obligación.

Mientras el acreedor no hubiere aceptado la

consignación, o no hubiere recaído la declaración

judicial de que está bien hecha, podrá el deudor

retirar la cosa o cantidad consignada, dejando

subsistente la obligación.

Si bien la referida disposición legal dispone que el

deudor

no

queda

declaración

liberado

judicial

de

de

su

corrección,

obligación

ello

no

hasta

la

implica

que

esté obligado al pago de intereses desde el momento de la

consignación hasta que recaiga dicha declaración. Una cosa

es la liberación formal de la obligación surgida en virtud

del contrato y otra, el requisito del pago de intereses.

“[L]a

doctrina

española

coincide

en

que

la

eficacia

retroactiva de la consignación bien hecha alcanza hasta el

momento en que tuvo lugar la práctica del depósito”. J.

Vélez Torres, ante, pág. 189.

El hecho de que el tribunal a quo haya tardado en

declarar correcta la consignación, no debe ser causa para

imponerle a un deudor el pago de intereses por una suma que

entregó conforme lo exige nuestro ordenamiento. Si, bajo

esas

circunstancias,

se

impusiera

desde

la

la

consignación,

fecha

de

el

pago

de

intereses

desvirtuaríamos

el

propósito mismo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, que

permite la litigación de partes adversas y que representa

una de las instancias de mayor utilidad de la figura de la

19

CC-2006-176

consignación.

Véase

el

Art.

1130

del

Código

Civil,

31

L.P.R.A. Sec. 3180.

La determinación judicial lo que hace “es declarar que

la consignación esta bien hecha, reconociéndole los efectos

liberatorios que perseguía el deudor desde que depósito la

cosa, por lo tanto debe surtir efecto desde ese momento”.

J.

Vélez

Torres,

ante,

pág.

189.

Concluimos,

pues,

que

aunque la liberación formal del deudor depende de que el

tribunal determine que la consignación está bien hecha, el

pago de intereses a partir de la consignación no procede

si, en efecto, se declara su corrección. Resolvemos que en

casos

como

el

consignación,

presente,

se

donde

”retrotraen

se

los

declara

efectos

correcta

del

pago

la

al

momento del depósito de la cosa…”. R. Bercovitz, Rodríguez

Cano y E. Valladares Rascón, ante, pág. 299.

III

A la luz de los fundamentos antes expresados, procede

la confirmación de la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones en el presente caso, aun cuando por fundamentos

distintos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Transamerica Occidental Life

Insurance Company

Demandante-recurrido

vs.

Gabriel R. Rodríguez Febles,

menor de edad, representado

por su madre Vanya Febles

Gordián

Demandados-peticionarios

CC-2006-176

CERTIORARI

Orlando Rodríguez Álvarez

Demandante contra co-parte

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2007

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta Sentencia

confirmatoria,

aun

cuando

por

fundamentos

distintos, de la emitida por el Tribunal de

Apelaciones en el presente caso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre

en el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo