Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Roberto Torres Viera
2007 TSPR 57
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Roberto Torres Viera
CP-2005-0010
Conducta Profesional – Suspensión de la Abogacía
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2007 TSPR 57
Roberto Torres Viera
170 DPR ____
Número del Caso: CP-2005-10
Fecha: 20 de febrero de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcda. Wanda I. Simons García
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. José Ramón Castro Acevedo
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el
día 26 de marzo de 2007)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Roberto Torres Viera
CP-2005-10
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.
El Lcdo. Roberto Torres Viera fue admitido
al ejercicio de la abogacía en 1989. El 9 de
septiembre de 2003 el Contralor de Puerto Rico
presentó una queja ante este Tribunal alegando
que el licenciado Torres Viera había incurrido en
conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del
Código de Ética Profesional.
La
alegada
conducta
violatoria
de
dichos
cánones consiste en que durante el tiempo que el
licenciado Torres Viera ejerció como asesor legal
del
Municipio
de
Juncos,
éste
presentó
una
demanda contra terceros en representación de la
parte demandada en un pleito civil, para traer
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como tercero demandado al Municipio. En ese pleito la parte
demandante alegó que la parte demandada le había privado
ilegalmente del uso y disfrute de determinada franja de
terreno
colindante
Municipio
de
a
su
Juncos
era
controversia
y
esto,
presentó
demanda
la
por
propiedad.
el
dueño
el
de
Alegadamente
el
los
en
licenciado
contra
terceros
terrenos
Torres
Viera
exigiéndole
al
Municipio que pusiera en vigor una ordenanza municipal que
requería la separación de colindancias entre los terrenos.
El
23
de
contestó
la
conducta
febrero
de
2004
el
Lcdo.
Torres
queja
alegando
que
sólo
había
incurrido
violatoria
del
38,
ya
Canon
que
la
Viera
en
demanda
presentada contra el Municipio no constituyó la divulgación
de
secretos
y
confidencias
compensación
económica
establecido
en
una
y
de
lo
ordenanza
su
cliente,
único
que
municipal.
no
reclamaba
exigía
era
lo
queja
fue
La
referida al Procurador General, quien posteriormente fue
autorizado a presentar una querella contra el Lcdo. Torres
Viera por conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del
Código de Ética Profesional.
En su contestación a la querella el licenciado Torres
Viera alegó lo mismo que en su primera comparecencia en
contestación a la queja, por lo que procedimos a nombrar un
Comisionado Especial para que rindiera un informe con las
determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara
pertinentes. El Comisionado rindió su informe y como parte
de sus determinaciones de hechos informó que desde el 15 de
abril de 1997 hasta el 22 de mayo de 2000, el licenciado
Torres Viera mantuvo contratos de servicios profesionales
con el Municipio de Juncos.1
Hay una discrepancia respecto a la fecha de duración de
los contratos de asesoría legal con el Municipio de Juncos
1
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4
El Comisionado determinó que el 1 de abril de 1997 se
presentó
una
demanda
civil
contestó
en
representación
que
de
el
la
Lcdo.
parte
Torres
Viera
demandada.
El
Comisionado añadió que el 7 de junio de 1999 y durante la
vigencia de su contrato de asesoría legal con el Municipio
de Juncos, el licenciado suscribió y presentó una demanda
contra terceros en la que el Municipio figuró como tercero
demandado. Finalmente, explicó que el caso aludido terminó
mediante sentencia dictada el 22 de mayo de 2000, por la
cual se desestimó la demanda y se ordenó el archivo de la
demanda contra terceros, ya que el licenciado Torres Viera
había anunciado que se desistía de la misma.
A base de los hechos determinados en su informe, el
Comisionado
Especial
concluyó
que
el
licenciado
Torres
Viera había violentado los Cánones 21 y 38 del Código de
Ética Profesional. No obstante, recomendó que al imponer la
sanción disciplinaria tomásemos en consideración que ésta
es la primera falta cometida por el querellado.
II
La
relación
naturaleza
abogado-cliente
fiduciaria
y
está
es
una
fundada
en
relación
la
de
honradez
absoluta. In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 309 (2000).
Con el propósito de proteger esta relación el Canon 21 del
Código de Ética Profesional dispone lo siguiente en sus
primeros tres párrafos:
El abogado tiene para con su cliente un deber de
lealtad completa. Este deber incluye la obligación
de divulgar al cliente todas las circunstancias de
entre la queja presentada por el Contralor y el Informe del
Comisionado Especial. En la queja se alegó que los contratos
de asesoría legal estuvieron vigentes desde el 1 de julio de
1996, hasta el 31 de diciembre de 2000. Sin embargo, según
el informe del Comisionado Especial, en la vista celebrada
el 13 de febrero de 2006 las partes admitieron el hecho de
que los contratos de asesoría legal tuvieron vigencia desde
el 15 de abril de 1997, hasta el 22 de mayo de 2000. Por
tanto, tomaremos en consideración lo admitido por las
partes.
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sus relaciones con las partes y con terceras
personas, y cualquier interés en la controversia
que pudiera influir en el cliente al seleccionar
su consejero. Ningún abogado debe aceptar una
representación legal cuando su juicio profesional
pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar
intereses encontrados. Dentro del significado de
esta
regla,
un
abogado
representa
intereses
encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es
su deber abogar por aquello a que debe oponerse en
cumplimiento de sus obligaciones para con otro
cliente.
La obligación de representar al cliente con
fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o
confidencias y la de adoptar medidas adecuadas
para evitar su divulgación. Un abogado no debe
aceptar la representación de un cliente en asuntos
que puedan afectar adversamente cualquier interés
de otro cliente anterior ni servir como árbitro,
especialmente cuando el cliente anterior le ha
hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro
cliente,
aun
cuando
ambos
clientes
así
lo
aprueban. Será altamente impropio de un abogado el
utilizar las confidencias o secretos de un cliente
en perjuicio de éste. (Énfasis suplido) 4 L.P.R.A.
Ap. IX, C. 21.
El Canon 21 impone un deber de lealtad absoluta a todo
abogado
para
con
sus
clientes.
incluye
el
deber
de
ejercer
Este
un
deber
criterio
de
lealtad
profesional
independiente y desligado de sus propios intereses, y el
deber de no divulgar secretos y confidencias que un cliente
le haya revelado como consecuencia de la relación abogadocliente. In re Vélez Barlucea, supra. Véase además, In re
Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684, 695 (2001), Liquilux Gas
Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R 850, 857-858 (1995).
Hemos
situaciones
señalado
que
el
Canon
21
que
abogados
deben
evitar
los
contempla
debido
tres
a
que
éstas representan un conflicto de intereses que quebranta
el
deber
de
lealtad
y
evita
que
el
representación libre y adecuada para
abogado
ejerza
una
su cliente. In re
Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743, 753 (1990). La primera, es
la representación simultánea adversa, donde en beneficio de
un cliente el abogado tiene que defender aquello a lo cual
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debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con
otro
cliente.
La
segunda,
es
la
representación
sucesiva
adversa, en la cual el abogado acepta la representación de
un cliente sobre asuntos que pueden afectar adversamente
los
intereses
de
un
cliente
anterior.
Finalmente
la
tercera, donde un abogado acepta la representación legal de
un
cliente,
o
profesional
continúa
puede
en
ser
ella,
afectado
cuando
por
sus
su
juicio
intereses
personales. In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523, 529-531
(1996). Véase además, In re Bonilla Rodríguez, supra, 692.
Ante cualquiera de estas tres situaciones bastará con que
el conflicto de intereses sea uno potencial para que el
abogado
vulnere
la
lealtad
cliente.
Sánchez
Rodríguez
absoluta
v.
López
que
le
debe
a
su
Jiménez,
116
D.P.R.
172, 190 (1985). Véase además, In re Bonilla Rodríguez,
supra, 694.
Respecto a la representación simultánea adversa, hemos
establecido que para que se active la prohibición del Canon
21 será necesario que exista una relación abogado cliente
dual. In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50, 55-56 (1997).
Cuando
un
abogado
se
enfrenta
a
una
representación
simultánea adversa, éste no podrá traer como defensa la
afirmación
de
que
no
utilizará
las
confidencias
de
sus
clientes en perjuicio de éstos y tampoco será posible que
los clientes consientan a la representación conflictiva. In
re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 784 y
793 (1984). Por esto, ante un potencial o actual conflicto
de intereses el abogado estará obligado a renunciar a ambas
representaciones. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza,
supra, 859. Véase además, Ortiz v. Soliván Miranda, 120
D.P.R. 559, 562 (1988).
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El Canon 38 del Código de Ética Profesional le impone
a todo abogado el deber de evitar la apariencia de una
conducta profesional impropia. El Canon 38 dispone, en lo
pertinente, que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo
de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de
su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia.” 4 L.P.R.A. Ap. IX C.38.
En
varias
ocasiones
hemos
relacionado
el
deber
impuesto por el Canon 38 al deber ético que impone el Canon
21. Los abogados tienen la obligación de evitar, tanto en
la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta
conflictiva y tienen el deber de lucir puro y libre de
influencias extrañas a su gestión profesional. In re Morell
Corrada y Alcover García, 158 D.P.R. 791, 811 (2003). Véase
además, In re Bonilla Rodríguez, supra, 696, In re Vélez
Barlucea, supra, 310. Por esto, cuando un abogado asume una
representación
potencial
simultánea
conflicto
adversa
de
que
intereses
implica
entre
un
dos
real
de
o
sus
representaciones legales, dicho abogado incurre en conducta
violatoria de los
Cánones 21 y 38 del Código de Ética
Profesional.
III
En este caso evidentemente existe una relación abogado
cliente dual que representa un conflicto de intereses. El
licenciado Torres Viera asumió la representación legal de
la parte demandada en un pleito civil, mientras ejercía
como asesor legal del Municipio de Juncos. A raíz de esta
representación el licenciado presentó una demanda contra
terceros
para
traer
cliente,
el
Municipio.
licenciado
tuvo
que
como
Al
tercero
demandado
presentar
defender
aquello
su
otro
dicha
demanda
el
a
cual
lo
a
debía
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oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con el
Municipio. Esta representación dual conflictiva evitó que
el licenciado ejerciera una representación libre y adecuada
para sus clientes.
El licenciado Torres Viera alega que no violentó el
Canon 21, ya que la demanda contra terceros no constituyó
la divulgación de secretos y confidencias del Municipio, no
reclamaba compensación económica y lo único que exigía era
lo establecido en una ordenanza municipal. No tiene razón.
Anteriormente establecimos que cuando un abogado representa
a un Municipio y a su vez es el abogado de causas en que el
Municipio puede ser llamado a responder, dicha conducta es
contraria al deber de lealtad impuesto por el Canon 21. Al
respecto expresamos:
Nos
parece
que,
en
el
caso
ante
nuestra
consideración, resulta impermisible, desde el
punto de vista de la ética profesional, que los
abogados Israel Roldán González y José J. Medina
Méndez continúen siendo abogados de la Asamblea
Municipal de Aguadilla y al mismo tiempo sean
abogados en causas en que el Municipio de
Aguadilla pueda ser llamado a responder. En las
circunstancias particulares de este caso, nos
parece inevitable que se desliguen de ambas
representaciones
profesionales.
In
re
Roldán
González, 113 D.P.R. 238, 243 (1982).
La afirmación del licenciado Torres Vieras de que la
demanda
no
constituyó
la
divulgación
de
secretos
y
confidencias del Municipio no es justificación para asumir
una
representación
Rovira
y
Suárez
justificación
el
simultánea
Zayas,
hecho
supra,
de
que
adversa.
784
la
In
(1984).
demanda
re
Carreras
Tampoco
no
es
reclamaba
compensación económica o que la misma exigía lo establecido
en una ordenanza municipal. El sólo acto de demandar a su
propio
cliente
en
representación
de
otro
es
conducta
suficiente para establecer un claro conflicto de intereses
entre ambas representaciones. Bien hemos dicho que bastará
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con que haya un conflicto de intereses potencial para que
el
abogado
quebrante
su
deber
de
lealtad.
In
re
Vélez
Barlucea, supra, 309-310. Véase además, Sánchez Rodríguez
v. López Jiménez, supra.
Concluimos que el licenciado Torres Viera asumió una
representación simultánea adversa quebrantadora del deber
de lealtad impuesto por el Canon 21 del Código de Ética
Profesional. Por eso, venía obligado a renunciar a ambas
representaciones. Según surge del expediente, el licenciado
no cesó de ejercer ambas representaciones hasta después de
terminar el pleito civil en el cual trajo como tercero
demandado al Municipio.
El licenciado Torres Viera aceptó haber incurrido en
conducta
violatoria
del
Canon
38
del
Código
de
Ética
Profesional. El presentar una demanda contra terceros en
perjuicio de su cliente constituyó una conducta profesional
conflictiva e impropia que ciertamente no exalta el honor
ni la dignidad de nuestra profesión. In re Morell Corrada y
Alcover García, supra, 811. Véase además, In re Bonilla
Rodríguez, supra, 696, In re Vélez Barlucea, supra, 310.
Tomando
en
consideración
que
ésta
es
su
primera
falta
profesional, se ordena la suspensión del licenciado Torres
Viera del ejercicio de la abogacía por el término de dos
(2) meses.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Roberto Torres Viera
CP-2005-10
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se ordena la
suspensión del Lcdo. Roberto Torres Viera del ejercicio
de la abogacía por el término de dos meses.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rebollo
López limitaría la sanción disciplinaria a una censura.
El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo