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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Roberto Torres Viera

2007 TSPR 57

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Roberto Torres Viera

CP-2005-0010

Conducta Profesional – Suspensión de la Abogacía

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 57

Roberto Torres Viera

170 DPR ____

Número del Caso: CP-2005-10

Fecha: 20 de febrero de 2007

Oficina del Procurador General:

Lcda. Wanda I. Simons García

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. José Ramón Castro Acevedo

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el

día 26 de marzo de 2007)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Roberto Torres Viera

CP-2005-10

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

El Lcdo. Roberto Torres Viera fue admitido

al ejercicio de la abogacía en 1989. El 9 de

septiembre de 2003 el Contralor de Puerto Rico

presentó una queja ante este Tribunal alegando

que el licenciado Torres Viera había incurrido en

conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del

Código de Ética Profesional.

La

alegada

conducta

violatoria

de

dichos

cánones consiste en que durante el tiempo que el

licenciado Torres Viera ejerció como asesor legal

del

Municipio

de

Juncos,

éste

presentó

una

demanda contra terceros en representación de la

parte demandada en un pleito civil, para traer

CP-2005-10

3

como tercero demandado al Municipio. En ese pleito la parte

demandante alegó que la parte demandada le había privado

ilegalmente del uso y disfrute de determinada franja de

terreno

colindante

Municipio

de

a

su

Juncos

era

controversia

y

esto,

presentó

demanda

la

por

propiedad.

el

dueño

el

de

Alegadamente

el

los

en

licenciado

contra

terceros

terrenos

Torres

Viera

exigiéndole

al

Municipio que pusiera en vigor una ordenanza municipal que

requería la separación de colindancias entre los terrenos.

El

23

de

contestó

la

conducta

febrero

de

2004

el

Lcdo.

Torres

queja

alegando

que

sólo

había

incurrido

violatoria

del

38,

ya

Canon

que

la

Viera

en

demanda

presentada contra el Municipio no constituyó la divulgación

de

secretos

y

confidencias

compensación

económica

establecido

en

una

y

de

lo

ordenanza

su

cliente,

único

que

municipal.

no

reclamaba

exigía

era

lo

queja

fue

La

referida al Procurador General, quien posteriormente fue

autorizado a presentar una querella contra el Lcdo. Torres

Viera por conducta violatoria de los Cánones 21 y 38 del

Código de Ética Profesional.

En su contestación a la querella el licenciado Torres

Viera alegó lo mismo que en su primera comparecencia en

contestación a la queja, por lo que procedimos a nombrar un

Comisionado Especial para que rindiera un informe con las

determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara

pertinentes. El Comisionado rindió su informe y como parte

de sus determinaciones de hechos informó que desde el 15 de

abril de 1997 hasta el 22 de mayo de 2000, el licenciado

Torres Viera mantuvo contratos de servicios profesionales

con el Municipio de Juncos.1

Hay una discrepancia respecto a la fecha de duración de

los contratos de asesoría legal con el Municipio de Juncos

1

CP-2005-10

4

El Comisionado determinó que el 1 de abril de 1997 se

presentó

una

demanda

civil

contestó

en

representación

que

de

el

la

Lcdo.

parte

Torres

Viera

demandada.

El

Comisionado añadió que el 7 de junio de 1999 y durante la

vigencia de su contrato de asesoría legal con el Municipio

de Juncos, el licenciado suscribió y presentó una demanda

contra terceros en la que el Municipio figuró como tercero

demandado. Finalmente, explicó que el caso aludido terminó

mediante sentencia dictada el 22 de mayo de 2000, por la

cual se desestimó la demanda y se ordenó el archivo de la

demanda contra terceros, ya que el licenciado Torres Viera

había anunciado que se desistía de la misma.

A base de los hechos determinados en su informe, el

Comisionado

Especial

concluyó

que

el

licenciado

Torres

Viera había violentado los Cánones 21 y 38 del Código de

Ética Profesional. No obstante, recomendó que al imponer la

sanción disciplinaria tomásemos en consideración que ésta

es la primera falta cometida por el querellado.

II

La

relación

naturaleza

abogado-cliente

fiduciaria

y

está

es

una

fundada

en

relación

la

de

honradez

absoluta. In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 309 (2000).

Con el propósito de proteger esta relación el Canon 21 del

Código de Ética Profesional dispone lo siguiente en sus

primeros tres párrafos:

El abogado tiene para con su cliente un deber de

lealtad completa. Este deber incluye la obligación

de divulgar al cliente todas las circunstancias de

entre la queja presentada por el Contralor y el Informe del

Comisionado Especial. En la queja se alegó que los contratos

de asesoría legal estuvieron vigentes desde el 1 de julio de

1996, hasta el 31 de diciembre de 2000. Sin embargo, según

el informe del Comisionado Especial, en la vista celebrada

el 13 de febrero de 2006 las partes admitieron el hecho de

que los contratos de asesoría legal tuvieron vigencia desde

el 15 de abril de 1997, hasta el 22 de mayo de 2000. Por

tanto, tomaremos en consideración lo admitido por las

partes.

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sus relaciones con las partes y con terceras

personas, y cualquier interés en la controversia

que pudiera influir en el cliente al seleccionar

su consejero. Ningún abogado debe aceptar una

representación legal cuando su juicio profesional

pueda ser afectado por sus intereses personales.

No es propio de un profesional el representar

intereses encontrados. Dentro del significado de

esta

regla,

un

abogado

representa

intereses

encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es

su deber abogar por aquello a que debe oponerse en

cumplimiento de sus obligaciones para con otro

cliente.

La obligación de representar al cliente con

fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o

confidencias y la de adoptar medidas adecuadas

para evitar su divulgación. Un abogado no debe

aceptar la representación de un cliente en asuntos

que puedan afectar adversamente cualquier interés

de otro cliente anterior ni servir como árbitro,

especialmente cuando el cliente anterior le ha

hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro

cliente,

aun

cuando

ambos

clientes

así

lo

aprueban. Será altamente impropio de un abogado el

utilizar las confidencias o secretos de un cliente

en perjuicio de éste. (Énfasis suplido) 4 L.P.R.A.

Ap. IX, C. 21.

El Canon 21 impone un deber de lealtad absoluta a todo

abogado

para

con

sus

clientes.

incluye

el

deber

de

ejercer

Este

un

deber

criterio

de

lealtad

profesional

independiente y desligado de sus propios intereses, y el

deber de no divulgar secretos y confidencias que un cliente

le haya revelado como consecuencia de la relación abogadocliente. In re Vélez Barlucea, supra. Véase además, In re

Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684, 695 (2001), Liquilux Gas

Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 D.P.R 850, 857-858 (1995).

Hemos

situaciones

señalado

que

el

Canon

21

que

abogados

deben

evitar

los

contempla

debido

tres

a

que

éstas representan un conflicto de intereses que quebranta

el

deber

de

lealtad

y

evita

que

el

representación libre y adecuada para

abogado

ejerza

una

su cliente. In re

Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743, 753 (1990). La primera, es

la representación simultánea adversa, donde en beneficio de

un cliente el abogado tiene que defender aquello a lo cual

CP-2005-10

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debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con

otro

cliente.

La

segunda,

es

la

representación

sucesiva

adversa, en la cual el abogado acepta la representación de

un cliente sobre asuntos que pueden afectar adversamente

los

intereses

de

un

cliente

anterior.

Finalmente

la

tercera, donde un abogado acepta la representación legal de

un

cliente,

o

profesional

continúa

puede

en

ser

ella,

afectado

cuando

por

sus

su

juicio

intereses

personales. In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523, 529-531

(1996). Véase además, In re Bonilla Rodríguez, supra, 692.

Ante cualquiera de estas tres situaciones bastará con que

el conflicto de intereses sea uno potencial para que el

abogado

vulnere

la

lealtad

cliente.

Sánchez

Rodríguez

absoluta

v.

López

que

le

debe

a

su

Jiménez,

116

D.P.R.

172, 190 (1985). Véase además, In re Bonilla Rodríguez,

supra, 694.

Respecto a la representación simultánea adversa, hemos

establecido que para que se active la prohibición del Canon

21 será necesario que exista una relación abogado cliente

dual. In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50, 55-56 (1997).

Cuando

un

abogado

se

enfrenta

a

una

representación

simultánea adversa, éste no podrá traer como defensa la

afirmación

de

que

no

utilizará

las

confidencias

de

sus

clientes en perjuicio de éstos y tampoco será posible que

los clientes consientan a la representación conflictiva. In

re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 784 y

793 (1984). Por esto, ante un potencial o actual conflicto

de intereses el abogado estará obligado a renunciar a ambas

representaciones. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza,

supra, 859. Véase además, Ortiz v. Soliván Miranda, 120

D.P.R. 559, 562 (1988).

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El Canon 38 del Código de Ética Profesional le impone

a todo abogado el deber de evitar la apariencia de una

conducta profesional impropia. El Canon 38 dispone, en lo

pertinente, que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo

de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de

su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios

personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta

profesional impropia.” 4 L.P.R.A. Ap. IX C.38.

En

varias

ocasiones

hemos

relacionado

el

deber

impuesto por el Canon 38 al deber ético que impone el Canon

21. Los abogados tienen la obligación de evitar, tanto en

la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta

conflictiva y tienen el deber de lucir puro y libre de

influencias extrañas a su gestión profesional. In re Morell

Corrada y Alcover García, 158 D.P.R. 791, 811 (2003). Véase

además, In re Bonilla Rodríguez, supra, 696, In re Vélez

Barlucea, supra, 310. Por esto, cuando un abogado asume una

representación

potencial

simultánea

conflicto

adversa

de

que

intereses

implica

entre

un

dos

real

de

o

sus

representaciones legales, dicho abogado incurre en conducta

violatoria de los

Cánones 21 y 38 del Código de Ética

Profesional.

III

En este caso evidentemente existe una relación abogado

cliente dual que representa un conflicto de intereses. El

licenciado Torres Viera asumió la representación legal de

la parte demandada en un pleito civil, mientras ejercía

como asesor legal del Municipio de Juncos. A raíz de esta

representación el licenciado presentó una demanda contra

terceros

para

traer

cliente,

el

Municipio.

licenciado

tuvo

que

como

Al

tercero

demandado

presentar

defender

aquello

su

otro

dicha

demanda

el

a

cual

lo

a

debía

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oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con el

Municipio. Esta representación dual conflictiva evitó que

el licenciado ejerciera una representación libre y adecuada

para sus clientes.

El licenciado Torres Viera alega que no violentó el

Canon 21, ya que la demanda contra terceros no constituyó

la divulgación de secretos y confidencias del Municipio, no

reclamaba compensación económica y lo único que exigía era

lo establecido en una ordenanza municipal. No tiene razón.

Anteriormente establecimos que cuando un abogado representa

a un Municipio y a su vez es el abogado de causas en que el

Municipio puede ser llamado a responder, dicha conducta es

contraria al deber de lealtad impuesto por el Canon 21. Al

respecto expresamos:

Nos

parece

que,

en

el

caso

ante

nuestra

consideración, resulta impermisible, desde el

punto de vista de la ética profesional, que los

abogados Israel Roldán González y José J. Medina

Méndez continúen siendo abogados de la Asamblea

Municipal de Aguadilla y al mismo tiempo sean

abogados en causas en que el Municipio de

Aguadilla pueda ser llamado a responder. En las

circunstancias particulares de este caso, nos

parece inevitable que se desliguen de ambas

representaciones

profesionales.

In

re

Roldán

González, 113 D.P.R. 238, 243 (1982).

La afirmación del licenciado Torres Vieras de que la

demanda

no

constituyó

la

divulgación

de

secretos

y

confidencias del Municipio no es justificación para asumir

una

representación

Rovira

y

Suárez

justificación

el

simultánea

Zayas,

hecho

supra,

de

que

adversa.

784

la

In

(1984).

demanda

re

Carreras

Tampoco

no

es

reclamaba

compensación económica o que la misma exigía lo establecido

en una ordenanza municipal. El sólo acto de demandar a su

propio

cliente

en

representación

de

otro

es

conducta

suficiente para establecer un claro conflicto de intereses

entre ambas representaciones. Bien hemos dicho que bastará

CP-2005-10

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con que haya un conflicto de intereses potencial para que

el

abogado

quebrante

su

deber

de

lealtad.

In

re

Vélez

Barlucea, supra, 309-310. Véase además, Sánchez Rodríguez

v. López Jiménez, supra.

Concluimos que el licenciado Torres Viera asumió una

representación simultánea adversa quebrantadora del deber

de lealtad impuesto por el Canon 21 del Código de Ética

Profesional. Por eso, venía obligado a renunciar a ambas

representaciones. Según surge del expediente, el licenciado

no cesó de ejercer ambas representaciones hasta después de

terminar el pleito civil en el cual trajo como tercero

demandado al Municipio.

El licenciado Torres Viera aceptó haber incurrido en

conducta

violatoria

del

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional. El presentar una demanda contra terceros en

perjuicio de su cliente constituyó una conducta profesional

conflictiva e impropia que ciertamente no exalta el honor

ni la dignidad de nuestra profesión. In re Morell Corrada y

Alcover García, supra, 811. Véase además, In re Bonilla

Rodríguez, supra, 696, In re Vélez Barlucea, supra, 310.

Tomando

en

consideración

que

ésta

es

su

primera

falta

profesional, se ordena la suspensión del licenciado Torres

Viera del ejercicio de la abogacía por el término de dos

(2) meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Roberto Torres Viera

CP-2005-10

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se ordena la

suspensión del Lcdo. Roberto Torres Viera del ejercicio

de la abogacía por el término de dos meses.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rebollo

López limitaría la sanción disciplinaria a una censura.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo