Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Luis A. Toro Goyco
2007 TSPR 58
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Luis A. Toro Goyco
CP-2004-0004
Conducta Profesional – Suspensión por comisión de delito que implica depravación moral
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2007 TSPR 58
Luis A. Toro Goyco
170 DPR ____
Número del Caso: CP-2004-4
Fecha: 2 de marzo de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Héctor Clemente Delgado
Procurador General Auxiliar
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Querellada:
Lcdo. César A. Hernández Colón
Lcdo. Mariano Vidal Sáenz
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el
día 26 de marzo de 2007)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Luis A. Toro Goyco
CP-2004-4
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2007
El abogado Luis A. Toro Goyco fue admitido
a la práctica de la abogacía el 7 de junio de
1967 y juramentó como notario el 5 de febrero de
1970. Tras una investigación efectuada por el
Departamento
querellado
de
Hacienda,
deficiencias
en
se
le
sus
notificó
al
planillas
de
contribución sobre ingresos para los años 1988,
1989 y 1990. A raíz de ello, contra Toro Goyco
se presentaron denuncias, por delito grave, por
alegada violación a la Sección 425(b)(1) de la
Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de Puerto
Rico de 1954.1
1
Dicha Ley, ahora derogada, establecía:
Cualquier
persona
que
voluntariamente
hiciere
y
suscribiere cualquier planilla
(Continúa ...)
3
CP-2004-4
⋅
El 19 de mayo de 1994, y como consecuencia de una
alegación preacordada, Toro Goyco se declaró culpable de
tres
cargos
--todos
menos
grave--
por
violación
a
la
entonces vigente Sección 145(a) de la Ley de Contribuciones
Sobre
Ingresos
de
Puerto
Rico
de
19542.
Además,
se
planilla,
declaración
u
otro
documento
que
contuviere, o estuviere autenticada mediante, una
declaración escrita al efecto de que se rinde
bajo las penalidades de perjurio, la cual
planilla o declaración o el cual documento ella
no creyere ser ciertos y correctos en cuanto a
todo hecho pertinente, será culpable de delito
grave y castigada con multa no mayor de $2,000 o
reclusión por no más de 5 años en la institución
penal que designe el Secretario de Justicia, o
ambas penas.
⋅
2
En lo pertinente, dicha Ley disponía:
(a)
Omisión
de
Depositar
Contribuciones
Deducidas y Retenidas. Cualquier persona que,
en violación a lo dispuesto en la sec. 3421A de
este título, dejare de depositar cualquier
contribución
en
la
forma
y
fecha
allí
prescritas, será informada por el Secretario de
tal
omisión
mediante
notificación
escrita
enviada por correo cerificado con acuse de
recibo
o
entregada
personalmente
a
dicha
persona,
quien
deberá
cobrar
aquellas
contribuciones impuestas por la sec. 3141 de
este título que son exigibles después de la
entrega de tal notificación y depositar las
mismas, no más tarde del quinto día laborable
después de la fecha en que se cobre dicha
contribución, en las Colecturías de Rentas
Internas del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, en el Negociado de Contribución sobre
Ingresos del Departamento de Hacienda o en
cualquiera
de
las
instituciones
bancarias
designadas como depositarias de fondos públicos
y que hayan sido autorizadas por el Secretario
a recibir tal contribución, según provee en la
sec. 3421B de este título. En el caso de una
corporación,
sociedad
o
fideicomiso,
una
notificación por correo certificado con acuse
de recibo o entregada personalmente a un
oficial,
socio
o
fiduciario
de
tales
le
4
CP-2004-4
requirió el pago de $350,000 en concepto de contribuciones
adeudadas
y
no
pagadas
en
relación
con
los
antes
mencionados años contributivos. Señalado el caso ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
el querellado fue condenado al pago de $300 de multa por
cada cargo. Toro Goyco cumplió con todas las sanciones
impuestas, incluyendo el pago adeudado por contribuciones.
El 23 de octubre de 1995, el Procurador General de
Puerto Rico presentó un informe ante este Tribunal en el
cual hizo referencia a los hechos antes relatados. Adujo
que las actuaciones de Toro Goyco constituían delitos que
implicaban depravación moral y conllevaban la suspensión o
destitución de la profesión de la abogacía y la notaría.
También
adujo
contravenía
lo
que
la
conducta
dispuesto
en
el
de
Canon
Toro
38
de
Goyco
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.
El
4
contestación
de
al
marzo
de
informe
1996,
Toro
presentado
Goyco
por
el
radicó
su
Procurador
General. No obstante admitir los hechos correspondientes a
su
convicción,
negó
haber
incurrido
en
un
patrón
organizaciones será considerada, para fines de
esta sección, como si fuera entregada a la
corporación, sociedad o fideicomiso.
Cualquier persona que, habiendo
recibido una notificación del Secretario según
se provee en el apartado (a), dejare de cumplir
con los requisitos de dicho apartado, en
adición a otras penalidades provistas por ley,
incurrirá en delito menos grave y convicta que
fuere será castigada con multa no mayor de
$5,000 o reclusión por no más de 1 año, o ambas
penas, a discreción del tribunal.
(b) Penalidad.
de
5
CP-2004-4
conducta
constitutiva
menospreciado
la
ley
de
depravación
y
las
buenas
moral
o
de
haber
normas
de
conducta
profesional.
El 20 de abril de 2004, luego de examinar tanto el
informe del Procurador General, como la contestación de
Toro
Goyco,
instruimos
al
Procurador
General
para
que
radicara la correspondiente querella. El 29 de junio de
2004, el Procurador General presentó la querella contra
Toro Goyco. En ella se formularon dos cargos contra el
querellado.
En
el
primer
contributivas
conducta
en
revestida
cargo
se
aduce
que
las
deficiencias
que
Toro
Goyco
incurrió
constituyen
de
depravación
moral.
el
En
segundo
cargo se sostiene que Toro Goyco violó el Canon 38 de Ética
Profesional, ante, por haber incurrido en conducta impropia
y fraudulenta, lesionando así el honor y la dignidad de la
profesión legal. En su contestación a la querella, Toro
Goyco reiteró que el delito por el cual hizo alegación de
culpabilidad era uno menos grave que no implica depravación
moral.
Sostuvo,
además,
no
haber
incurrido
en
conducta
impropia a tenor con el Canon 38 de Ética Profesional,
ante.
Examinada la querella presentada por el Procurador
General y la contestación de Toro Goyco, designamos una
Comisionada Especial para que recibiera prueba y rindiera
un
informe
con
las
correspondientes
determinaciones
de
6
CP-2004-4
hechos y recomendaciones. Habiéndose rendido el informe por
la Comisionada Especial, resolvemos.
I
Reiteradamente
tiene
poder
hemos
inherente
establecido
para
que
regular
este
la
Tribunal
profesión
y
disciplinar a los miembros de la misma. En lo pertinente,
la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 L.P.R.A.
sec. 735, establece:
El abogado que fuere culpable de engaño,
conducta inmoral (malpractice), delito grave
(felony) o delito menos grave (misdemeanor), en
conexión con el ejercicio de su profesión o que
fuere culpable de cualquier delito que implicare
depravación
moral,
podrá
ser
suspendido
o
destituido de su profesión por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo
abogado fuere convicta de un delito grave
cometido en conexión con la práctica de su
profesión o que implique depravación moral,
cesará convicta que fuere, de ser abogado o de
ser competente para la práctica de su profesión.
A la presentación de una copia certificada de la
sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre
de la persona convicta será borrado, por orden
del Tribunal, del registro de abogados. Al ser
revocada dicha sentencia, o mediante el perdón
del Presidente de los Estados Unidos o del
Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo
estará facultada para dejar sin efecto o
modificar la orden de suspensión. (Énfasis
suplido.)
La referida Ley establece las instancias que ameritan
la separación de la profesión de un abogado. Vemos que no
sólo
la
conexión
abogacía,
comisión
de
con
profesión
la
sino
un
también
depravación moral.
delito
grave
acarrea
cualquier
la
o
menos
grave
separación
delito
que
de
en
la
conlleve
7
CP-2004-4
Este Tribunal ha tenido la oportunidad de interpretar
qué
conducta
ocasiones.
La
constituye
primera
depravación
vez
que
moral
en
diversas
definimos
el
término
“depravación moral” fue en el caso de Morales Merced v.
Tribunal
Superior,
93
D.P.R.
423
(1966).
En
éste
establecimos que:
“La depravación moral, tratándose de abogados,
consiste […] en hacer algo contrario a la justicia,
la honradez, los buenos principios o la moral, como
el delito de extorsión o el de defalco. En Jordan
v. De Gewge, 341 U.S. 223, 229 (1951), se resolvió
que todo delito en que el fraude era un ingrediente
básico siempre se había considerado que implicaba
torpeza moral. En general la consideramos como un
estado o condición del individuo, compuesto por una
deficiencia inherente de su sentido de la moral y
la rectitud; en que la persona ha dejado de
preocuparse por el respeto y la seguridad de la
vida humana y todo lo que hace es esencialmente
malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su
naturaleza y dañino en sus consecuencias.” (Énfasis
suplido.)
Véase también, In re Vega Morales, res. el 17 de marzo de
2006, 2006 TSPR 55; In re Piñero Martínez, res. el 10 de
febrero de 2004, 2004 TSPR 39; In re León Sánchez, res. el
27 de junio de 2003, 2003 TSPR 139; In re Calderón Nieves,
res. el 21 de junio de 2002, 2002 TSPR 107; In re García
Quintero, 138 D.P.R. 669,(1995).
Por otro lado, el Canon 38 de Ética Profesional, ante,
dispone que un abogado debe exaltar su profesión y “evitar
hasta la apariencia de conducta
3
profesional impropia”.3
En lo pertinente el Canon 38 dispone:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de
8
CP-2004-4
Por ende, los abogados tienen la obligación de preservar el
honor
y
la
dignidad
de
su
profesión.
El
deber
de
comportarse conforme al Canon 38, ante, aplica tanto dentro
como fuera de la profesión. En otras palabras, un abogado
que
actúe
de
manera
impropia
no
podrá
justificar
su
conducta aduciendo que no se relaciona con la profesión de
la abogacía. Siempre que la actuación del abogado afecte su
condición moral, este Tribunal podrá sancionarlo. In re
Deynes Soto, res. el 23 de marzo de 2005, 2005 TSPR 40; In
re
Peña
Peña,
Caraballo,
149
153
D.P.R.
D.P.R.
790
642
(2001);
(1999);
In
In
re
Astacio
re
Belk
Arce
y
Serapión, 148 D.P.R 685 (1999); In re Martínez y Odell, 148
D.P.R
49
(1999);
In
re
Ramírez
Ferrer,
147
D.P.R.607
(1999); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983);
Colegio de Abogados v. Barney, 109 D.P.R 845 (1980).
II
Nos toca resolver si las actuaciones de Toro Goyco
constituyeron depravación moral y conducta impropia. Tras
una alegación preacordada con el Ministerio Público, el
su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales, y debe evitar hasta la
apariencia de conducta profesional impropia. En su
conducta como funcionario del tribunal, deberá
interesarse en hacer su propia y cabal aportación
hacia la consecución de una mejor administración de
la justicia.
[…]
Por razón de la confianza en él depositada como
miembro de la ilustre profesión legal, todo
abogado, tanto en su vida privada como en el
desempeño de su profesión, debe conducirse de forma
digna y honorable.
9
CP-2004-4
querellado
se
declaró
culpable
y
fue
convicto
de
tres
cargos por infracción a la entonces vigente Sección 145 (a)
de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954. Como
parte
de
la
Departamento
alegación
de
Hacienda
preacordada,
pagar
acordó
$350,000.00,
con
el
suma
que
satisfizo.
Toro Goyco sostiene que, contrario a los casos de In
re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481 (1983), e In re Calderón
Nieves, ante, en donde se suspendió indefinidamente a los
abogados por no haber rendido planillas, su caso no es uno
de
delito
grave
que
implique
depravación
moral.
El
querellado enfatiza que el delito por el cual fue convicto
era menos grave. Explica que el ratio decidendi de las
decisiones
en
In
re
Rivera
Cintrón,
ante,
y
en
In
re
Calderón Nieves, ante, estribaron en que el delito era
grave y por ende “reflejan circunstancias distintas y mucho
más serias”. No estamos de acuerdo.
El ratio decidendi en las decisiones de In re Rivera
Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, no aluden
al grado del delito como razón para concluir si existe, o
no, depravación moral como argumenta el querellado. Más
bien,
el
razonamiento
esbozado
en
los
casos
enfoca
la
naturaleza deshonesta e implicaciones morales del delito.
Por ejemplo, en In re Calderón Nieves, ante, expusimos que:
“Estimamos que el delito grave de no radicar las
planillas de contribución sobre ingresos denota
‘depravación moral’. Así lo resolvimos en Rivera
Cintrón, ante. El mismo es uno que claramente
demuestra una deficiencia inherente del sentido de
10
CP-2004-4
la moral y la rectitud de parte de la persona que
así actúa, esto es, conlleva de parte de la
persona la intención de hacer algo contrario a la
honradez, los buenos principios y la moral,
actuación
que
ciertamente
es
fraudulenta.”
(Énfasis suplido.)
Como podemos notar, la alusión a que el delito era
grave se hizo como cuestión de hecho. Lo importante es que
de la cita se desprende que el análisis de lo que comprende
depravación moral está basado en la intención del actor y
en la naturaleza engañosa de la acción.
En In re Vega Morales, ante, resolvimos unos hechos
diferentes,
pero
relacionados
depravación
moral.
En
lo
a
lo
pertinente,
que
Vega
constituye
Morales
fue
convicta del delito menos grave de tentativa de apropiación
ilegal, el cual conllevó multa de $200. Ella, al igual que
Toro Goyco, alegó que su conducta no constituía depravación
moral.
No
obstante,
indefinidamente
fundamentos
de
fueron
la
Vega
Morales
fue
separada
profesión.
En
caso,
nuestros
similares
a
los
ese
esbozados
en
In
re
Rivera Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, en
cuanto a lo que implica depravación moral, no importando la
distinción entre delito grave o menos grave. Este Tribunal
sostuvo
que
su
“...
actuación
denota
un
comportamiento
contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios
y la moral. Su conducta tampoco fue sincera y honrada […]
demuestra claramente falta de honestidad de la licenciada
Vega Morales”. In re Vega Morales, ante.
11
CP-2004-4
No hay duda que el querellado fue convicto en tres
cargos por delitos menos grave. Tampoco hay duda de que, en
esencia,
dicho
delito
conducta
contraria
a
comprende
la
falta
honradez,
de
honestidad
cuestión
medular
y
al
concluir si existe depravación moral en la conducta del
abogado.
Toro
Goyco,
a
sabiendas,
dejó
de
someter
información en su planilla de contribución sobre ingresos
por tres años consecutivos, acción que ciertamente revela
conducta contraria a la honradez, los buenos principios y
la moral. Dichas actuaciones violan la Sección 9 de la Ley
de 11 de marzo de 1909, ante, como también el Canon 38 de
Ética Profesional, ante.
III
Por los fundamentos antes expuestos, procede ordenar
la separación inmediata e indefinida de Luis A. Toro Goyco
del ejercicio de la abogacía y de la notaría en Puerto
Rico.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Luis A. Toro Goyco
CP-2004-4
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2007
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra
de
la
presente,
se
dicta
Sentencia
decretando la separación, inmediata e indefinida, de
Luis A. Toro Goyco del ejercicio de la abogacía y de
la notaría en Puerto Rico. Le imponemos a éste el
deber de notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad de seguir representándolos e informar
oportunamente de su suspensión indefinida a los
foros judiciales y administrativos del País. Deberá,
además, certificarnos el cumplimiento de estos
deberes, dentro del término de treinta (30) días,
contados a partir de la notificación de la presente
Opinión
Per
Curiam,
notificando
también
al
Procurador General.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal
procederá, de inmediato, a incautarse de la obra y
sello notarial de Luis A. Toro Goyco, luego de lo
cual los entregará a la Oficina de Inspección de
Notarías para su examen e informe a este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez
Asociado señor Rivera Pérez inhibido. Los Señores y
Señoras Jueces que intervienen lo hacen por Regla de
Necesidad.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo