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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Luis A. Toro Goyco

2007 TSPR 58

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Luis A. Toro Goyco

CP-2004-0004

Conducta Profesional – Suspensión por comisión de delito que implica depravación moral

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 58

Luis A. Toro Goyco

170 DPR ____

Número del Caso: CP-2004-4

Fecha: 2 de marzo de 2007

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Héctor Clemente Delgado

Procurador General Auxiliar

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Querellada:

Lcdo. César A. Hernández Colón

Lcdo. Mariano Vidal Sáenz

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el

día 26 de marzo de 2007)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Luis A. Toro Goyco

CP-2004-4

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2007

El abogado Luis A. Toro Goyco fue admitido

a la práctica de la abogacía el 7 de junio de

1967 y juramentó como notario el 5 de febrero de

1970. Tras una investigación efectuada por el

Departamento

querellado

de

Hacienda,

deficiencias

en

se

le

sus

notificó

al

planillas

de

contribución sobre ingresos para los años 1988,

1989 y 1990. A raíz de ello, contra Toro Goyco

se presentaron denuncias, por delito grave, por

alegada violación a la Sección 425(b)(1) de la

Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de Puerto

Rico de 1954.1

1

Dicha Ley, ahora derogada, establecía:

Cualquier

persona

que

voluntariamente

hiciere

y

suscribiere cualquier planilla

(Continúa ...)

3

CP-2004-4

⋅

El 19 de mayo de 1994, y como consecuencia de una

alegación preacordada, Toro Goyco se declaró culpable de

tres

cargos

--todos

menos

grave--

por

violación

a

la

entonces vigente Sección 145(a) de la Ley de Contribuciones

Sobre

Ingresos

de

Puerto

Rico

de

19542.

Además,

se

planilla,

declaración

u

otro

documento

que

contuviere, o estuviere autenticada mediante, una

declaración escrita al efecto de que se rinde

bajo las penalidades de perjurio, la cual

planilla o declaración o el cual documento ella

no creyere ser ciertos y correctos en cuanto a

todo hecho pertinente, será culpable de delito

grave y castigada con multa no mayor de $2,000 o

reclusión por no más de 5 años en la institución

penal que designe el Secretario de Justicia, o

ambas penas.

⋅

2

En lo pertinente, dicha Ley disponía:

(a)

Omisión

de

Depositar

Contribuciones

Deducidas y Retenidas. Cualquier persona que,

en violación a lo dispuesto en la sec. 3421A de

este título, dejare de depositar cualquier

contribución

en

la

forma

y

fecha

allí

prescritas, será informada por el Secretario de

tal

omisión

mediante

notificación

escrita

enviada por correo cerificado con acuse de

recibo

o

entregada

personalmente

a

dicha

persona,

quien

deberá

cobrar

aquellas

contribuciones impuestas por la sec. 3141 de

este título que son exigibles después de la

entrega de tal notificación y depositar las

mismas, no más tarde del quinto día laborable

después de la fecha en que se cobre dicha

contribución, en las Colecturías de Rentas

Internas del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en el Negociado de Contribución sobre

Ingresos del Departamento de Hacienda o en

cualquiera

de

las

instituciones

bancarias

designadas como depositarias de fondos públicos

y que hayan sido autorizadas por el Secretario

a recibir tal contribución, según provee en la

sec. 3421B de este título. En el caso de una

corporación,

sociedad

o

fideicomiso,

una

notificación por correo certificado con acuse

de recibo o entregada personalmente a un

oficial,

socio

o

fiduciario

de

tales

le

4

CP-2004-4

requirió el pago de $350,000 en concepto de contribuciones

adeudadas

y

no

pagadas

en

relación

con

los

antes

mencionados años contributivos. Señalado el caso ante el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

el querellado fue condenado al pago de $300 de multa por

cada cargo. Toro Goyco cumplió con todas las sanciones

impuestas, incluyendo el pago adeudado por contribuciones.

El 23 de octubre de 1995, el Procurador General de

Puerto Rico presentó un informe ante este Tribunal en el

cual hizo referencia a los hechos antes relatados. Adujo

que las actuaciones de Toro Goyco constituían delitos que

implicaban depravación moral y conllevaban la suspensión o

destitución de la profesión de la abogacía y la notaría.

También

adujo

contravenía

lo

que

la

conducta

dispuesto

en

el

de

Canon

Toro

38

de

Goyco

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

El

4

contestación

de

al

marzo

de

informe

1996,

Toro

presentado

Goyco

por

el

radicó

su

Procurador

General. No obstante admitir los hechos correspondientes a

su

convicción,

negó

haber

incurrido

en

un

patrón

organizaciones será considerada, para fines de

esta sección, como si fuera entregada a la

corporación, sociedad o fideicomiso.

Cualquier persona que, habiendo

recibido una notificación del Secretario según

se provee en el apartado (a), dejare de cumplir

con los requisitos de dicho apartado, en

adición a otras penalidades provistas por ley,

incurrirá en delito menos grave y convicta que

fuere será castigada con multa no mayor de

$5,000 o reclusión por no más de 1 año, o ambas

penas, a discreción del tribunal.

(b) Penalidad.

de

5

CP-2004-4

conducta

constitutiva

menospreciado

la

ley

de

depravación

y

las

buenas

moral

o

de

haber

normas

de

conducta

profesional.

El 20 de abril de 2004, luego de examinar tanto el

informe del Procurador General, como la contestación de

Toro

Goyco,

instruimos

al

Procurador

General

para

que

radicara la correspondiente querella. El 29 de junio de

2004, el Procurador General presentó la querella contra

Toro Goyco. En ella se formularon dos cargos contra el

querellado.

En

el

primer

contributivas

conducta

en

revestida

cargo

se

aduce

que

las

deficiencias

que

Toro

Goyco

incurrió

constituyen

de

depravación

moral.

el

En

segundo

cargo se sostiene que Toro Goyco violó el Canon 38 de Ética

Profesional, ante, por haber incurrido en conducta impropia

y fraudulenta, lesionando así el honor y la dignidad de la

profesión legal. En su contestación a la querella, Toro

Goyco reiteró que el delito por el cual hizo alegación de

culpabilidad era uno menos grave que no implica depravación

moral.

Sostuvo,

además,

no

haber

incurrido

en

conducta

impropia a tenor con el Canon 38 de Ética Profesional,

ante.

Examinada la querella presentada por el Procurador

General y la contestación de Toro Goyco, designamos una

Comisionada Especial para que recibiera prueba y rindiera

un

informe

con

las

correspondientes

determinaciones

de

6

CP-2004-4

hechos y recomendaciones. Habiéndose rendido el informe por

la Comisionada Especial, resolvemos.

I

Reiteradamente

tiene

poder

hemos

inherente

establecido

para

que

regular

este

la

Tribunal

profesión

y

disciplinar a los miembros de la misma. En lo pertinente,

la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 L.P.R.A.

sec. 735, establece:

El abogado que fuere culpable de engaño,

conducta inmoral (malpractice), delito grave

(felony) o delito menos grave (misdemeanor), en

conexión con el ejercicio de su profesión o que

fuere culpable de cualquier delito que implicare

depravación

moral,

podrá

ser

suspendido

o

destituido de su profesión por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo

abogado fuere convicta de un delito grave

cometido en conexión con la práctica de su

profesión o que implique depravación moral,

cesará convicta que fuere, de ser abogado o de

ser competente para la práctica de su profesión.

A la presentación de una copia certificada de la

sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre

de la persona convicta será borrado, por orden

del Tribunal, del registro de abogados. Al ser

revocada dicha sentencia, o mediante el perdón

del Presidente de los Estados Unidos o del

Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo

estará facultada para dejar sin efecto o

modificar la orden de suspensión. (Énfasis

suplido.)

La referida Ley establece las instancias que ameritan

la separación de la profesión de un abogado. Vemos que no

sólo

la

conexión

abogacía,

comisión

de

con

profesión

la

sino

un

también

depravación moral.

delito

grave

acarrea

cualquier

la

o

menos

grave

separación

delito

que

de

en

la

conlleve

7

CP-2004-4

Este Tribunal ha tenido la oportunidad de interpretar

qué

conducta

ocasiones.

La

constituye

primera

depravación

vez

que

moral

en

diversas

definimos

el

término

“depravación moral” fue en el caso de Morales Merced v.

Tribunal

Superior,

93

D.P.R.

423

(1966).

En

éste

establecimos que:

“La depravación moral, tratándose de abogados,

consiste […] en hacer algo contrario a la justicia,

la honradez, los buenos principios o la moral, como

el delito de extorsión o el de defalco. En Jordan

v. De Gewge, 341 U.S. 223, 229 (1951), se resolvió

que todo delito en que el fraude era un ingrediente

básico siempre se había considerado que implicaba

torpeza moral. En general la consideramos como un

estado o condición del individuo, compuesto por una

deficiencia inherente de su sentido de la moral y

la rectitud; en que la persona ha dejado de

preocuparse por el respeto y la seguridad de la

vida humana y todo lo que hace es esencialmente

malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su

naturaleza y dañino en sus consecuencias.” (Énfasis

suplido.)

Véase también, In re Vega Morales, res. el 17 de marzo de

2006, 2006 TSPR 55; In re Piñero Martínez, res. el 10 de

febrero de 2004, 2004 TSPR 39; In re León Sánchez, res. el

27 de junio de 2003, 2003 TSPR 139; In re Calderón Nieves,

res. el 21 de junio de 2002, 2002 TSPR 107; In re García

Quintero, 138 D.P.R. 669,(1995).

Por otro lado, el Canon 38 de Ética Profesional, ante,

dispone que un abogado debe exaltar su profesión y “evitar

hasta la apariencia de conducta

3

profesional impropia”.3

En lo pertinente el Canon 38 dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de

8

CP-2004-4

Por ende, los abogados tienen la obligación de preservar el

honor

y

la

dignidad

de

su

profesión.

El

deber

de

comportarse conforme al Canon 38, ante, aplica tanto dentro

como fuera de la profesión. En otras palabras, un abogado

que

actúe

de

manera

impropia

no

podrá

justificar

su

conducta aduciendo que no se relaciona con la profesión de

la abogacía. Siempre que la actuación del abogado afecte su

condición moral, este Tribunal podrá sancionarlo. In re

Deynes Soto, res. el 23 de marzo de 2005, 2005 TSPR 40; In

re

Peña

Peña,

Caraballo,

149

153

D.P.R.

D.P.R.

790

642

(2001);

(1999);

In

In

re

Astacio

re

Belk

Arce

y

Serapión, 148 D.P.R 685 (1999); In re Martínez y Odell, 148

D.P.R

49

(1999);

In

re

Ramírez

Ferrer,

147

D.P.R.607

(1999); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983);

Colegio de Abogados v. Barney, 109 D.P.R 845 (1980).

II

Nos toca resolver si las actuaciones de Toro Goyco

constituyeron depravación moral y conducta impropia. Tras

una alegación preacordada con el Ministerio Público, el

su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales, y debe evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia. En su

conducta como funcionario del tribunal, deberá

interesarse en hacer su propia y cabal aportación

hacia la consecución de una mejor administración de

la justicia.

[…]

Por razón de la confianza en él depositada como

miembro de la ilustre profesión legal, todo

abogado, tanto en su vida privada como en el

desempeño de su profesión, debe conducirse de forma

digna y honorable.

9

CP-2004-4

querellado

se

declaró

culpable

y

fue

convicto

de

tres

cargos por infracción a la entonces vigente Sección 145 (a)

de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954. Como

parte

de

la

Departamento

alegación

de

Hacienda

preacordada,

pagar

acordó

$350,000.00,

con

el

suma

que

satisfizo.

Toro Goyco sostiene que, contrario a los casos de In

re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481 (1983), e In re Calderón

Nieves, ante, en donde se suspendió indefinidamente a los

abogados por no haber rendido planillas, su caso no es uno

de

delito

grave

que

implique

depravación

moral.

El

querellado enfatiza que el delito por el cual fue convicto

era menos grave. Explica que el ratio decidendi de las

decisiones

en

In

re

Rivera

Cintrón,

ante,

y

en

In

re

Calderón Nieves, ante, estribaron en que el delito era

grave y por ende “reflejan circunstancias distintas y mucho

más serias”. No estamos de acuerdo.

El ratio decidendi en las decisiones de In re Rivera

Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, no aluden

al grado del delito como razón para concluir si existe, o

no, depravación moral como argumenta el querellado. Más

bien,

el

razonamiento

esbozado

en

los

casos

enfoca

la

naturaleza deshonesta e implicaciones morales del delito.

Por ejemplo, en In re Calderón Nieves, ante, expusimos que:

“Estimamos que el delito grave de no radicar las

planillas de contribución sobre ingresos denota

‘depravación moral’. Así lo resolvimos en Rivera

Cintrón, ante. El mismo es uno que claramente

demuestra una deficiencia inherente del sentido de

10

CP-2004-4

la moral y la rectitud de parte de la persona que

así actúa, esto es, conlleva de parte de la

persona la intención de hacer algo contrario a la

honradez, los buenos principios y la moral,

actuación

que

ciertamente

es

fraudulenta.”

(Énfasis suplido.)

Como podemos notar, la alusión a que el delito era

grave se hizo como cuestión de hecho. Lo importante es que

de la cita se desprende que el análisis de lo que comprende

depravación moral está basado en la intención del actor y

en la naturaleza engañosa de la acción.

En In re Vega Morales, ante, resolvimos unos hechos

diferentes,

pero

relacionados

depravación

moral.

En

lo

a

lo

pertinente,

que

Vega

constituye

Morales

fue

convicta del delito menos grave de tentativa de apropiación

ilegal, el cual conllevó multa de $200. Ella, al igual que

Toro Goyco, alegó que su conducta no constituía depravación

moral.

No

obstante,

indefinidamente

fundamentos

de

fueron

la

Vega

Morales

fue

separada

profesión.

En

caso,

nuestros

similares

a

los

ese

esbozados

en

In

re

Rivera Cintrón, ante, y en In re Calderón Nieves, ante, en

cuanto a lo que implica depravación moral, no importando la

distinción entre delito grave o menos grave. Este Tribunal

sostuvo

que

su

“...

actuación

denota

un

comportamiento

contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios

y la moral. Su conducta tampoco fue sincera y honrada […]

demuestra claramente falta de honestidad de la licenciada

Vega Morales”. In re Vega Morales, ante.

11

CP-2004-4

No hay duda que el querellado fue convicto en tres

cargos por delitos menos grave. Tampoco hay duda de que, en

esencia,

dicho

delito

conducta

contraria

a

comprende

la

falta

honradez,

de

honestidad

cuestión

medular

y

al

concluir si existe depravación moral en la conducta del

abogado.

Toro

Goyco,

a

sabiendas,

dejó

de

someter

información en su planilla de contribución sobre ingresos

por tres años consecutivos, acción que ciertamente revela

conducta contraria a la honradez, los buenos principios y

la moral. Dichas actuaciones violan la Sección 9 de la Ley

de 11 de marzo de 1909, ante, como también el Canon 38 de

Ética Profesional, ante.

III

Por los fundamentos antes expuestos, procede ordenar

la separación inmediata e indefinida de Luis A. Toro Goyco

del ejercicio de la abogacía y de la notaría en Puerto

Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Luis A. Toro Goyco

CP-2004-4

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2007

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra

de

la

presente,

se

dicta

Sentencia

decretando la separación, inmediata e indefinida, de

Luis A. Toro Goyco del ejercicio de la abogacía y de

la notaría en Puerto Rico. Le imponemos a éste el

deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad de seguir representándolos e informar

oportunamente de su suspensión indefinida a los

foros judiciales y administrativos del País. Deberá,

además, certificarnos el cumplimiento de estos

deberes, dentro del término de treinta (30) días,

contados a partir de la notificación de la presente

Opinión

Per

Curiam,

notificando

también

al

Procurador General.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal

procederá, de inmediato, a incautarse de la obra y

sello notarial de Luis A. Toro Goyco, luego de lo

cual los entregará a la Oficina de Inspección de

Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri no intervino. El Juez

Asociado señor Rivera Pérez inhibido. Los Señores y

Señoras Jueces que intervienen lo hacen por Regla de

Necesidad.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo