Tribunal Supremo de Puerto Rico
Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum Corporation, et al.; E.L.A. de P.R.
2007 TSPR 48
Poder Judicial de Puerto Rico
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Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum Corporation, et al.; E.L.A. de P.R.
AC-2006-0027
Derecho Constitucional – Acceso a documentos públicos; interés apremiante del Estado bajo la norma de confidencialidad de la Ley de Monopolios
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Augusto Colón Cabrera
Melba Correa Miranda
Demandantes-Apelados
v.
Certiorari
Caribbean Petroleum Corporation,
et al.
Demandados-Apelantes
2007 TSPR 48
170 DPR ____
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
Número del Caso: AC-2006-27
Fecha: 16 de marzo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón-Panel VII
Juez Ponente:
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Abogados de la Parte Apelante:
Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez
Lcda. Isabel Garcés Castro
Lcda. Eileen Landrón Guadiola
Abogados de la Parte Apelada:
Lcdo. Manuel A. Colón Cabrera
Lcdo. Andrés Díaz Nieves
Lcdo. Eduardo Goitía Rodríguez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Vanessa Ramírez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Mariana D. Negrón Vargas
Subprocuradora General
Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts
Procurador General
Materia: Injunction, Daños y Perjuicios por Violación a las
Leyes de Monopolio y por Incumplimiento de Contrato
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Augusto Colón Cabrera
Melba Correa Miranda
Demandantes-Apelados
v.
AC-2006-27
Caribbean Petroleum Corporation,
et al.
Demandados-Apelantes
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
Opinión del Tribunal
Hernández Denton
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2007.
Hemos reconocido un derecho liberal de acceso
a
información
pública
en
poder
del
Estado.
No
obstante, también hemos reiterado que tal derecho
no
es
absoluto
y
cede
en
casos
de
imperativo
interés público. En vista de ello, nos corresponde
resolver si la norma de
confidencialidad dispuesta
en el Artículo 15 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio
de
1964,
conocida
como
Ley
de
Monopolios
y
Restricción del Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 257 y
ss. (en adelante, Ley Núm. 77) para la información
obtenida durante una investigación efectuada por la
Oficina
de
Asuntos
Monopolísticos
adscrita
al
Departamento de Justicia (en adelante, Oficina de
AC-2006-27
2
Monopolios) responde a un interés apremiante del Estado y
si el alcance de dicha norma se justifica para proteger
tal interés.
El
apelante
Caribbean
Petroleum
Corporation
(en
adelante, Caribbean Petroleum) recurre de una sentencia
del Tribunal de Apelaciones que concluyó que Manuel Colón
Cabrera y Melba Correa Miranda (en adelante, señor Colón
Cabrera) tenían derecho a descubrir, tras un examen en
cámara,
la
efectuada
información
por
la
producto
Oficina
de
de
una
investigación
Monopolios
contra
varios
distribuidores de gasolina, entre los que figuraba el
demandado. Por entender que el Estado demostró tener un
interés
apremiante
en
investigar
y
procesar
las
violaciones a la Ley Núm. 77, modificamos la sentencia
recurrida
para
luego
un
de
partes,
que
el
Tribunal
de
examen
en
cámara,
y
del
expediente
y
investigación
realizada
por
ordene
la
divulgación
impertinente,
no
sea
de
de
el
la
la
Primera
Instancia,
en
ausencia
de
las
informe
producto
de
la
Oficina
de
información
naturaleza
Monopolios,
que
no
privilegiada
sea
y
no
revele las técnicas de investigación del Departamento de
Justicia
o
la
identidad
de
informantes.
Asimismo,
el
tribunal no podrá divulgar la información que haya sido
obtenida de las personas privadas sujetas al poder de
investigación de la Oficina de Monopolios bajo el palio
de confidencialidad. Resolvemos, por tanto, que el acceso
limitado al que tiene derecho Colón Cabrera responde a
AC-2006-27
3
los privilegios evidenciarios y al mandato legislativo
recogido en el Art. 15 de la Ley Núm. 77, supra.
I.
El señor Colón Cabrera arrendó a Caribbean Petroleum
una propiedad inmueble sobre la cual enclava una estación
de servicio de gasolina. Tras varias controversias entre
las partes, el
señor Colón Cabrera instó una acción por
daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra
Caribbean Petroleum. Entre las alegaciones, incluyó una
causa de acción al amparo de la Ley Núm. 77 por discrimen
en precios.
Estando
Tribunal
de
el
caso
pendiente
Primera
Instancia,
de
resolver
el
ante
el
Departamento
de
Justicia comunicó a los medios noticiosos del país que la
Oficina de Monopolios había realizado una investigación
sobre la industria de la gasolina. Dicha investigación
reveló
que
los
programas
de
de
gasolina
eran
distribuidores
incentivos
de
los
a
los
contrarios
intereses de los detallistas y violaban las disposiciones
de la Ley Núm. 77. En atención a ello, y en aras de
proteger el libre mercado, el Departamento de Justicia
emitió
órdenes
de
cese
y
desista
contra
los
distribuidores y, en adición, presentó una querella ante
el Departamento de Asuntos al Consumidor contra una de
las compañías investigadas.
Al
enterarse
de
estos
hallazgos,
el
señor
Colón
Cabrera solicitó al Tribunal de Primera Instancia que
AC-2006-27
4
ordenara al Departamento de Justicia entregarle copia del
estudio
y/o
informe
con
los
resultados
de
la
investigación, en particular lo concerniente a Caribbean
Petroleum. Fundamentó su solicitud en que la información
recopilada
era
pública
al
haber
sido
divulgada
a
los
medios y que, además, era fundamental para probar sus
alegaciones ante el tribunal.
Por
su
parte,
Cribbean
Petroleum
se
opuso
a
la
solicitud en base a lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley
Núm. 77 a los efectos de que toda información obtenida en
el
curso
Oficina
de
una
investigación
de
Monopolios
confidencialidad.
De
civil
debía
igual
efectuada
mantenerse
forma,
el
en
por
la
estricta
Departamento
de
Justicia se opuso mediante una comparecencia especial.
Adujo que el acceso a la información tendría el efecto de
obstaculizar la labor de investigación de la Oficina de
Monopolios,
ya
obtenida
privilegiada
es
que
la
mayor
y
parte
las
de
la
personas
información
la
entregan
voluntariamente bajo una expectativa de confidencialidad.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
acogió
los
presentó
una
planteamientos del Estado y denegó el acceso.
Inconforme,
el
señor
Colón
Cabrera
solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En
ella alegó que el foro de instancia debió permitirle el
acceso en consideración a su derecho constitucional a la
libertad
de
expresión.
Así
las
cosas,
y
luego
de
la
comparecencia de las partes, el Tribunal de Apelaciones
AC-2006-27
5
revocó la determinación recurrida y ordenó el acceso a
los documentos luego de efectuarse un examen en cámara
con el fin de proteger información privilegiada sobre
otras
compañías,
técnicas
de
la
identidad
investigación
de
informantes
criminal.
Sostuvo
y
las
que
en
nuestro ordenamiento rige una norma liberal en cuanto al
acceso a información pública en poder del Estado y que el
Estado no demostró un interés apremiante que justificase
la norma de confidencialidad dispuesta en la ley Núm. 77.
De esta determinación Caribbean Petroleum apela ante
nos y alega como único error que el señor Colón Cabrera
no tenía derecho a inspeccionar los documentos en cámara.
Sostiene que tal información es confidencial a tenor con
lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley Núm. 77 y está
cobijada por los privilegios evidenciarios establecidos
en las Reglas 30 y 31 de Evidencia, relativos a secretos
de negocio e información oficial.
32 L.P.R.A. R. 31, R.
30.
En
vista
de
que
el
recurso
plantea
una
cuestión
novel y de alto interés público, resolvimos acoger el
recurso
como
certiorari
y
acordamos
expedir.
Con
el
beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a
resolver.
II.
Consideramos,
en
primer
lugar,
si
la
información
objeto de la solicitud puede catalogarse como información
pública.
Es necesario hacer esa determinación preliminar
AC-2006-27
6
en vista de que, una vez un documento sea catalogado como
público, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar su
acceso sujeto a determinadas excepciones.
El Artículo 1(b) de la Ley de Documentos Públicos, 3
L.P.R.A.
1001(b),
define
un
documento
público
como
“[t]odo documento que se origine, conserve, o reciba en
cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de
los
asuntos
dispuesto
públicos
y
la
1002
en
sec.
que
de
de
conformidad
este
título
con
se
lo
haga
conservar permanentemente o temporalmente como prueba de
las transacciones o por su valor legal.” Conforme a ello,
resolvemos que la documentación recopilada y conservada
como parte de una investigación efectuada por la Oficina
de Monopolios satisface la definición antes transcrita.
Aclarado esto, concierne recordar que en Puerto Rico
existe un derecho general de acceso a información pública
en poder del Estado. Tal derecho surge en virtud del
Artículo del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A.
1781.
Dicha
disposición
establece
que
“todo
ciudadano
tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier
documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente
contrario
dispuesto
información
pública
derecho
la
a
conocimiento
de
en
ley.”
también
libertad
los
de
hechos
El
derecho
surge
como
hay
acceso
a
colorario
del
ya
que
sin
posibilidad
de
expresión,
no
de
expresión. Por tanto, resulta innegable que el acceso a
AC-2006-27
7
información constituye un componente importante de una
sociedad democrática en donde el ciudadano puede emitir
un juicio informado sobre las actuaciones del gobierno.
Pedro Juan Soto v. Miguel Giménez Muñoz, 112 D.P.R. 477
(1982); David Noriega Rodríguez v. Hon. Rafael Hernández
Colón, 130 D.P.R. 919 (1992).
En vista de la importancia que tiene el derecho a
obtener información pública,1 el Estado no puede negarse
caprichosamente
y
de
acceso.
Ligia
M.
Ortiz
D.P.R.
161;
Rolando
forma
v.
Silva
arbitraria
Mercedes
Iglesia
v.
a
permitir
su
Bauemeister,
152
Panel
sobre
el
Fiscal Especial Independiente, 137 D.P.R. 821 (1995); Sol
Luís López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R.
219
(1987);
Soto
v.
Giménez,
supra.
Por
tanto,
dicha
negativa debe estar fundamentada y justificada. De darse
estas circunstancias, el Estado estaría legitimado para
restringir el acceso de los ciudadanos a documentos de
carácter público.
Si bien hemos reconocido que- como norma general- se
debe hacer un análisis liberal al atender una solicitud
de acceso a información custodiada por el Estado, debemos
aclarar que tal derecho no puede ser absoluto. Id. A
tales efectos, hemos dejado abierta la puerta para que,
llegado
1
el
momento,
resolvamos
sostener
la
En la jurisdicción federal este derecho ha sido
incorporado mediante legislación federal con el fin de
someter a escrutinio público las operaciones de las
agencias federales. Freedom of Information Act, 5
U.S.C.A. 552 ss.
AC-2006-27
8
confidencialidad de cierta información dependiendo de los
intereses envueltos.
En
nuestro
ordenamiento
no
contamos
con
una
legislación especial que disponga las excepciones en las
que el Estado puede mantener ciertos documentos fuera del
escrutinio
público.
Sin
embargo,
este
Tribunal
ha
afirmado los supuestos en los que el estado válidamente
puede reclamar la confidencialidad, a saber: (1) cuando
una ley así lo declara; (2) cuando la comunicación está
protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que
pueden
invocar
información
terceros;
los
puede
(4)
ciudadanos;
lesionar
cuando
se
(3)
cuando
derechos
trate
de
la
revelar
la
fundamentales
de
identidad
un
de
confidente y (5) cuando sea información oficial conforme
la Regla 31 de Evidencia. Id.,
Angueira v. J.L.B.P., 150
D.P.R. 10 (2000). Para mantener la confidencialidad, el
Estado tiene la carga de probar que satisface cualquiera
de las excepciones antes enumeradas.
III.
En este caso, la confidencialidad surge precisamente
al
amparo
de
una
ley2.
Resulta
pertinente
recordar
2
De hecho, en la legislación federal se establece
como una de las excepciones a la divulgación, los casos
en los que se dispone la confidencialidad por virtud de
una ley. Freedom of Information Act, supra.
Además, es oportuno señalar que en uno de los
intentos por legislar sobre acceso a información pública,
proyecto del Senado Núm. 494 de 1973, se incluyó como
excepción a la divulgación aquella materia dispuesta por
orden ejecutiva o mandato expreso de ley. Efrén Rivera
AC-2006-27
nuestras
9
expresiones
en
el
caso
de
Davila
v.
Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 281 (1960),
a
los
efectos
de
que
para
resolver
que
el
derecho
reconocido en el art. 409 del Código de Enjuiciamiento
Civil
no
es
aplicable
a
una
clase
determinada
de
documentos no podemos menos que exigirle a la Asamblea
Legislativa una orden clara y terminante. Entendemos que
esta afirmación descansa en el hecho de que el legislador
realizó
un
balance
previo
entre
los
intereses
en
conflicto: por un lado, el acceso a información por un
ciudadano y, por el otro, los interés del estado en que
determinada información permanezca fuera del escrutinio
público.
Por
ende,
reiteramos
lo
expresado
en
Efraín
Santiago v. Maggie Bobb, 117 D.P.R. 153 (1986) a los
efectos de que el medio más efectivo para salvaguardar la
información
sensitiva
recopilada
por
el
Estado
en
su
gestión oficial es mediante legislación especial.
No
cabe
duda
que,
con
respecto
a
la
información
obtenida por la Oficina de Monopolios, el legislador dio
una orden inequívoca de que permanecieran en estricta
confidencialidad. A tales efectos, dispuso en el Artículo
15 de la Ley. Núm. 77, supra, que “…[l]a información
obtenida en el uso de las facultades otorgadas en esta
sección
se
mantendrá
en
estricta
confidencialidad,
excepto en tanto sea necesaria para usarla para fines de
_______________________
Ramos, La Libertad de Información: Necesidad de su
Reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67 (1975)
AC-2006-27
cualquier
10
acción
judicial
por
parte
del
estado.”
10
L.P.R.A. § 271 (énfasis suplido)
No
obstante,
en
nuestro
ordenamiento
la
clara
intención del legislador de mantener ciertos documentos
bajo el palio de la confidencialidad no es suficiente.
Así, toda etiqueta legislativa de confidencialidad debe
evaluarse
frente
al
derecho
de
acceso
a
información
invocado por el ciudadano. Soto v. Giménez, supra.
En
vista de que tal derecho es de carácter fundamental, la
legislación debe someterse a un análisis de escrutinio
estricto.
Al
mismo
tiempo,
debe
ser
interpretada
restrictivamente a favor del acceso. En síntesis, toda
ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo
el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a
plenitud. Ello se satisface si la legislación (1) cae
dentro
del
propulsa
poder
un
sustancial;
constitucional
interés
(3)
el
del
gobierno;
(2)
gubernamental
importante
o
interés
gubernamental
no
está
relacionado con la supresión de la libre expresión; y (4)
la
restricción
expresión
no
concomitante
es
mayor
que
del
la
derecho
esencial
a
para
la
libre
propulsar
dicho interés. Ortiz v. Bauemeister, supra; Angueira v.
J.L.B.P,
supra;
Soto
v.
Giménez,
supra.
Así
pues,
el
Estado puede invocar el manto de secretividad en casos de
imperativo interés público. Id.
Por tanto, debemos examinar si el interés del Estado
en
este
caso
es
lo
suficientemente
apremiante
para
AC-2006-27
11
justificar la norma de confidencialidad dispuesta en la
Ley Núm. 77, supra.
IV.
De una lectura de la exposición de motivos de la Ley
Núm.
77
se
desprende
que
su
objetivo
primordial
fue
evitar la concentración económica en un grupo reducido de
personas3.
principio
En
específico,
fundamental
de
se
la
establece
democracia
que
“[e]s
puertorriqueña-
como lo expresa la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico- que la voluntad del pueblo es la fuente
del poder público, concibiéndose el sistema democrático
como
aquel
que
asegura
la
libre
participación
del
ciudadano en las decisiones colectivas. No es compatible
con esa aspiración democrática la concentración del poder
económico en unas pocas personas y entidades, en forma
tal que éstas se coloquen en posición de dominar áreas o
sectores
de
la
economía
puertorriqueña[…]”
la
Ley
Núm.
se
(Énfasis
suplido).
Así,
77
promulgó
con
el
fin
de
“evitar la confabulación entre firmas para dominar el
mercado,
[el]
aumentos
indebidos
3
acaparamiento
en
los
de
materias
precios
primas,
resultantes
[los]
de
una
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, explicando
los propósitos de la legislación federal análoga,
expresó: “the Sherman Act[…]was a populist legislation
which reacted to the increasing concentrations of
economic power which followed on the heels of industrial
revolution. The Sherman Act was the first legislation to
deal with the problems of participation of small economic
units in an economy increasingly dominated by economic
titans.” National Broiler Marketing Ass’n v. U.S, 436
U.S. 816 (1978).
AC-2006-27
12
posición monopolística, [las] prácticas discriminatorias
en
las
relaciones
con
clientes
[y]
la
concentración
extrema de la actividad económica y de la riqueza en
algunos grandes consocios de empresas.”4
A esos fines, se delegó en la Oficina de Monopolios
la
labor
de
monopolísticas.
fiscalizar
e
investigar
las
prácticas
Mediante
esa
delegación,
el
legislador
quiso dotar al Estado con los instrumentos investigativos
necesarios para identificar y erradicar las violaciones a
la
Ley
Núm.
77.
No
cabe
duda
que
dichas
facultades
constituyen un componente fundamental en nuestra sociedad
democrática,
toda
vez
que
la
concentración
del
poder
económico resulta en la concentración del poder político
y
social,
lo
que,
indiscutiblemente,
contradice
la
aspiración de un sistema en el que haya participación
ciudadana en igualdad de condiciones. Así lo entendieron
los propulsores de la Ley Núm. 77 al expresar que “el
pueblo [tiene que asegurarse] de que no han de germinar
en
Puerto
Rico[…]
concentraciones
de
poder
económico,
para no correr el riesgo de que toda la vida económica
del país pueda quedar a merced de un grupo reducido de
personas que actúen movidas por su puro interés privado.
Ante una situación de tal naturaleza, es difícil concebir
que
las
decisiones
colectivas
vayan
a
tomarse
verdaderamente a base de la libre participación de todos
4
Vistas Públicas de la Ley Núm. 77, supra,
celebradas el 10 de marzo de 1964 sobre el P. de la C.
909, Monopolios, Pág. 2.
AC-2006-27
13
los ciudadanos.” 5
Tomando en cuenta la dimensión del
problema
que
quiso
resolver
mediante
la
aprobación
de
la
la
Asamblea
Legislativa
Ley
Núm.
y,
77
además,
considerando que se trata de un asunto que incide sobre
los
cimientos
entendemos
que
de
nuestra
sociedad
los
propósitos
que
democrática,
subyacen
dicha
legislación son de la más alta jerarquía y constituyen un
interés apremiante del Estado.
En su comparecencia, el Estado aduce como fundamento
para
oponerse
revelar
la
al
misma
reclamo
de
acceso
obstaculizaría
a
las
información
que
investigaciones
futuras de la Oficina de Monopolios. Sostiene que tal
conclusión
se
deriva
del
privadas,
de
ordinario,
hecho
de
someten
que
las
personas
voluntariamente
la
información, que de otra manera no estaría accesible por
ser en su mayoría
privilegiada, bajo la expectativa de
que
en
se
mantendrá
confidencia.
Entendemos
dicha
preocupación.
Consideramos
que
al
Estado
le
sería
sumamente
oneroso conseguir dicha información por otros medios. Sin
5
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 77, aprobada
el 25 de junio de 1964. A modo de comparación, muchos
tribunales federales han expresado que el propósito
principal de la legislación federal de monopolios es
preservar un sistema de libre mercado en donde haya igual
oportunidad
de
participación
ciudadana.
Véase
por
ejemplo, Glen Holly Entertainment, Inc. v. Tektronix
Inc., 343 F. 3d 1000 (2003); El Aguila Food Products,
Inc. v. Gruma Corp, 301 F. Supp. 2d 612 (2003); U.S. v.
Syufy Enterprises, 903 F.2d 659 (1990); Wei v. Bodner,
127 F.R.D. 91 (1989); O’Neill v. Coca-Cola Co., 669 F.
Supp. 217 (1987); Rosenberg v. Cleary, 598 F. Supp. 642
(1984).
AC-2006-27
14
la información que obtiene la Oficina de Monopolios como
parte
de
una
investigación,
no
se
pueden
lograr
los
objetivos de la Ley Núm. 77, los cuales -como mencionamos
anteriormente- son de la más alta jerarquía. En otras
palabras, un menoscabo a la facultad investigativa de la
Oficina de Monopolios, como el contemplado en este caso,
incide
sobre
el
interés
apremiante
de
evitar
la
concentración económica en nuestro país al no poder el
Estado poner en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 77
con la efectividad y rapidez que se requiere.
En
adición,
la
confidencialidad
se
sostiene
en
atención a que la información obtenida contiene datos
sensitivos sobre las prácticas y métodos de mercadeo de
las personas privadas sujetas al poder de investigación
de la Oficina de Monopolios que, como norma general, no
está
accesible
al
público.
En
otras
palabras,
dichas
personas revelan sus secretos de negocio bajo la certeza
de que se mantendrán en estricta confidencialidad. En
Fulana
de
Tal
v.
Demandado
A,
138
D.P.R.
610
(1995)
sostuvimos que la preservación de secretos de negocio
constituye un interés apremiante del Estado. Por ende, si
permitimos el acceso a la información obtenida por la
Oficina de Monopolios se vería menoscabado dicho interés.
En
vista
de
mantener
fuera
del
lo
anterior,
escrutinio
el
legislador
público
la
ordenó
información
obtenida por la Oficina de Monopolios en el curso de una
investigación. De una lectura del Art. 15, supra, surge
AC-2006-27
15
que la confidencialidad establecida por virtud de dicha
disposición
se
limita
a
la
información
que
voluntariamente someten personas privadas a la Oficina de
Monopolios bajo el palio de confidencialidad.
Ahora bien, en el expediente o informe producto de
una investigación efectuada por la Oficina de Monopolios
puede haber otro tipo de información, ya sea información
proveniente de otras fuentes o información elaborada por
la Oficina de Monopolios, que no está cobijada por la
confidencialidad
consiguiente,
debe
investigación
por
Art.
divulgable.
entenderse
como
del
el
Por
“información
o
por
Oficina
las
la
y
supra,
producto
efectuada
ejemplo,
15,
es,
elaborada”
resultado
de
conclusiones,
por
de
la
Monopolios,
impresiones
o
interpretaciones hechas a partir de ella. Es decir, la
información
contenida
en
cualquier
documento,
en
el
expediente o informe que sea resultado de un análisis
atribuible a la propia Oficina de Monopolios.
En
vista
de
lo
anterior,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia debe realizar un examen en cámara y en ausencia
de las partes con el fin de determinar lo que puede estar
sujeto
a
divulgación.
divulgación
de
toda
Así,
el
tribunal
información
permitirá
pertinente,
la
no
privilegiada y que no revele técnicas de investigación
del
Departamento
de
Justicia
o
la
identidad
de
informantes. El tribunal tampoco divulgará la información
que haya sido obtenida por la Oficina de Monopolios de
AC-2006-27
16
personas privadas bajo el palio de confidencialidad. En
el caso de que dicha
información conste en el informe
final o en el expediente producto de la investigación, el
tribunal deberá tomar las medidas cautelares necesarias
para salvaguardar la norma de confidencialidad que, como
mencionamos
anteriormente,
contribuye
a
lograr
los
objetivos de la legislación anti-monopolística.
En
conclusión,
resolvemos
que
el
objetivo
que
promueve la Ley Núm. 77 constituye un interés apremiante
capaz
de
sostener
la
norma
de
confidencialidad
con
respecto a la información obtenida de personas privadas
durante una investigación efectuada por la Oficina de
Monopolios.
V.
Por los fundamentos que anteceden, se modifica la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones a los fines de que
al
efectuar
el
examen
en
cámara,
en
ausencia
de
las
partes, también se excluya la información obtenida de las
personas privadas sujetas al poder de investigación de la
Oficina de Monopolios. Se devuelve el caso al Tribunal de
Primera
Instancia
para
que
continúe
con
los
procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Manuel Augusto Colón Cabrera
Melba Correa Miranda
Demandantes-Apelados
v.
AC-2006-27
Caribbean Petroleum Corporation,
et al.
Demandados-Apelantes
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se modifica la Sentencia
del Tribunal de Apelaciones a los fines de que al
efectuar el examen en cámara, en ausencia de las
partes,
también
se
excluya
la
información
obtenida de las personas privadas sujetas al
poder
de
investigación
de
la
Oficina
de
Monopolios. Se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúe con los
procedimientos de forma compatible con lo aquí
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.
La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez
inhibida.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo