LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum Corporation, et al.; E.L.A. de P.R.

2007 TSPR 48

Poder Judicial de Puerto Rico

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Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum Corporation, et al.; E.L.A. de P.R.

AC-2006-0027

Derecho Constitucional – Acceso a documentos públicos; interés apremiante del Estado bajo la norma de confidencialidad de la Ley de Monopolios

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Augusto Colón Cabrera

Melba Correa Miranda

Demandantes-Apelados

v.

Certiorari

Caribbean Petroleum Corporation,

et al.

Demandados-Apelantes

2007 TSPR 48

170 DPR ____

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurrido

Número del Caso: AC-2006-27

Fecha: 16 de marzo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón-Panel VII

Juez Ponente:

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Abogados de la Parte Apelante:

Lcdo. Eduardo A. Vera Ramírez

Lcda. Isabel Garcés Castro

Lcda. Eileen Landrón Guadiola

Abogados de la Parte Apelada:

Lcdo. Manuel A. Colón Cabrera

Lcdo. Andrés Díaz Nieves

Lcdo. Eduardo Goitía Rodríguez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Vanessa Ramírez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Mariana D. Negrón Vargas

Subprocuradora General

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts

Procurador General

Materia: Injunction, Daños y Perjuicios por Violación a las

Leyes de Monopolio y por Incumplimiento de Contrato

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Augusto Colón Cabrera

Melba Correa Miranda

Demandantes-Apelados

v.

AC-2006-27

Caribbean Petroleum Corporation,

et al.

Demandados-Apelantes

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurrido

Opinión del Tribunal

Hernández Denton

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2007.

Hemos reconocido un derecho liberal de acceso

a

información

pública

en

poder

del

Estado.

No

obstante, también hemos reiterado que tal derecho

no

es

absoluto

y

cede

en

casos

de

imperativo

interés público. En vista de ello, nos corresponde

resolver si la norma de

confidencialidad dispuesta

en el Artículo 15 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio

de

1964,

conocida

como

Ley

de

Monopolios

y

Restricción del Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 257 y

ss. (en adelante, Ley Núm. 77) para la información

obtenida durante una investigación efectuada por la

Oficina

de

Asuntos

Monopolísticos

adscrita

al

Departamento de Justicia (en adelante, Oficina de

AC-2006-27

2

Monopolios) responde a un interés apremiante del Estado y

si el alcance de dicha norma se justifica para proteger

tal interés.

El

apelante

Caribbean

Petroleum

Corporation

(en

adelante, Caribbean Petroleum) recurre de una sentencia

del Tribunal de Apelaciones que concluyó que Manuel Colón

Cabrera y Melba Correa Miranda (en adelante, señor Colón

Cabrera) tenían derecho a descubrir, tras un examen en

cámara,

la

efectuada

información

por

la

producto

Oficina

de

de

una

investigación

Monopolios

contra

varios

distribuidores de gasolina, entre los que figuraba el

demandado. Por entender que el Estado demostró tener un

interés

apremiante

en

investigar

y

procesar

las

violaciones a la Ley Núm. 77, modificamos la sentencia

recurrida

para

luego

un

de

partes,

que

el

Tribunal

de

examen

en

cámara,

y

del

expediente

y

investigación

realizada

por

ordene

la

divulgación

impertinente,

no

sea

de

de

el

la

la

Primera

Instancia,

en

ausencia

de

las

informe

producto

de

la

Oficina

de

información

naturaleza

Monopolios,

que

no

privilegiada

sea

y

no

revele las técnicas de investigación del Departamento de

Justicia

o

la

identidad

de

informantes.

Asimismo,

el

tribunal no podrá divulgar la información que haya sido

obtenida de las personas privadas sujetas al poder de

investigación de la Oficina de Monopolios bajo el palio

de confidencialidad. Resolvemos, por tanto, que el acceso

limitado al que tiene derecho Colón Cabrera responde a

AC-2006-27

3

los privilegios evidenciarios y al mandato legislativo

recogido en el Art. 15 de la Ley Núm. 77, supra.

I.

El señor Colón Cabrera arrendó a Caribbean Petroleum

una propiedad inmueble sobre la cual enclava una estación

de servicio de gasolina. Tras varias controversias entre

las partes, el

señor Colón Cabrera instó una acción por

daños y perjuicios e incumplimiento de contrato contra

Caribbean Petroleum. Entre las alegaciones, incluyó una

causa de acción al amparo de la Ley Núm. 77 por discrimen

en precios.

Estando

Tribunal

de

el

caso

pendiente

Primera

Instancia,

de

resolver

el

ante

el

Departamento

de

Justicia comunicó a los medios noticiosos del país que la

Oficina de Monopolios había realizado una investigación

sobre la industria de la gasolina. Dicha investigación

reveló

que

los

programas

de

de

gasolina

eran

distribuidores

incentivos

de

los

a

los

contrarios

intereses de los detallistas y violaban las disposiciones

de la Ley Núm. 77. En atención a ello, y en aras de

proteger el libre mercado, el Departamento de Justicia

emitió

órdenes

de

cese

y

desista

contra

los

distribuidores y, en adición, presentó una querella ante

el Departamento de Asuntos al Consumidor contra una de

las compañías investigadas.

Al

enterarse

de

estos

hallazgos,

el

señor

Colón

Cabrera solicitó al Tribunal de Primera Instancia que

AC-2006-27

4

ordenara al Departamento de Justicia entregarle copia del

estudio

y/o

informe

con

los

resultados

de

la

investigación, en particular lo concerniente a Caribbean

Petroleum. Fundamentó su solicitud en que la información

recopilada

era

pública

al

haber

sido

divulgada

a

los

medios y que, además, era fundamental para probar sus

alegaciones ante el tribunal.

Por

su

parte,

Cribbean

Petroleum

se

opuso

a

la

solicitud en base a lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley

Núm. 77 a los efectos de que toda información obtenida en

el

curso

Oficina

de

una

investigación

de

Monopolios

confidencialidad.

De

civil

debía

igual

efectuada

mantenerse

forma,

el

en

por

la

estricta

Departamento

de

Justicia se opuso mediante una comparecencia especial.

Adujo que el acceso a la información tendría el efecto de

obstaculizar la labor de investigación de la Oficina de

Monopolios,

ya

obtenida

privilegiada

es

que

la

mayor

y

parte

las

de

la

personas

información

la

entregan

voluntariamente bajo una expectativa de confidencialidad.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

acogió

los

presentó

una

planteamientos del Estado y denegó el acceso.

Inconforme,

el

señor

Colón

Cabrera

solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En

ella alegó que el foro de instancia debió permitirle el

acceso en consideración a su derecho constitucional a la

libertad

de

expresión.

Así

las

cosas,

y

luego

de

la

comparecencia de las partes, el Tribunal de Apelaciones

AC-2006-27

5

revocó la determinación recurrida y ordenó el acceso a

los documentos luego de efectuarse un examen en cámara

con el fin de proteger información privilegiada sobre

otras

compañías,

técnicas

de

la

identidad

investigación

de

informantes

criminal.

Sostuvo

y

las

que

en

nuestro ordenamiento rige una norma liberal en cuanto al

acceso a información pública en poder del Estado y que el

Estado no demostró un interés apremiante que justificase

la norma de confidencialidad dispuesta en la ley Núm. 77.

De esta determinación Caribbean Petroleum apela ante

nos y alega como único error que el señor Colón Cabrera

no tenía derecho a inspeccionar los documentos en cámara.

Sostiene que tal información es confidencial a tenor con

lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley Núm. 77 y está

cobijada por los privilegios evidenciarios establecidos

en las Reglas 30 y 31 de Evidencia, relativos a secretos

de negocio e información oficial.

32 L.P.R.A. R. 31, R.

30.

En

vista

de

que

el

recurso

plantea

una

cuestión

novel y de alto interés público, resolvimos acoger el

recurso

como

certiorari

y

acordamos

expedir.

Con

el

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a

resolver.

II.

Consideramos,

en

primer

lugar,

si

la

información

objeto de la solicitud puede catalogarse como información

pública.

Es necesario hacer esa determinación preliminar

AC-2006-27

6

en vista de que, una vez un documento sea catalogado como

público, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar su

acceso sujeto a determinadas excepciones.

El Artículo 1(b) de la Ley de Documentos Públicos, 3

L.P.R.A.

1001(b),

define

un

documento

público

como

“[t]odo documento que se origine, conserve, o reciba en

cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de

los

asuntos

dispuesto

públicos

y

la

1002

en

sec.

que

de

de

conformidad

este

título

con

se

lo

haga

conservar permanentemente o temporalmente como prueba de

las transacciones o por su valor legal.” Conforme a ello,

resolvemos que la documentación recopilada y conservada

como parte de una investigación efectuada por la Oficina

de Monopolios satisface la definición antes transcrita.

Aclarado esto, concierne recordar que en Puerto Rico

existe un derecho general de acceso a información pública

en poder del Estado. Tal derecho surge en virtud del

Artículo del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A.

1781.

Dicha

disposición

establece

que

“todo

ciudadano

tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier

documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente

contrario

dispuesto

información

pública

derecho

la

a

conocimiento

de

en

ley.”

también

libertad

los

de

hechos

El

derecho

surge

como

hay

acceso

a

colorario

del

ya

que

sin

posibilidad

de

expresión,

no

de

expresión. Por tanto, resulta innegable que el acceso a

AC-2006-27

7

información constituye un componente importante de una

sociedad democrática en donde el ciudadano puede emitir

un juicio informado sobre las actuaciones del gobierno.

Pedro Juan Soto v. Miguel Giménez Muñoz, 112 D.P.R. 477

(1982); David Noriega Rodríguez v. Hon. Rafael Hernández

Colón, 130 D.P.R. 919 (1992).

En vista de la importancia que tiene el derecho a

obtener información pública,1 el Estado no puede negarse

caprichosamente

y

de

acceso.

Ligia

M.

Ortiz

D.P.R.

161;

Rolando

forma

v.

Silva

arbitraria

Mercedes

Iglesia

v.

a

permitir

su

Bauemeister,

152

Panel

sobre

el

Fiscal Especial Independiente, 137 D.P.R. 821 (1995); Sol

Luís López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R.

219

(1987);

Soto

v.

Giménez,

supra.

Por

tanto,

dicha

negativa debe estar fundamentada y justificada. De darse

estas circunstancias, el Estado estaría legitimado para

restringir el acceso de los ciudadanos a documentos de

carácter público.

Si bien hemos reconocido que- como norma general- se

debe hacer un análisis liberal al atender una solicitud

de acceso a información custodiada por el Estado, debemos

aclarar que tal derecho no puede ser absoluto. Id. A

tales efectos, hemos dejado abierta la puerta para que,

llegado

1

el

momento,

resolvamos

sostener

la

En la jurisdicción federal este derecho ha sido

incorporado mediante legislación federal con el fin de

someter a escrutinio público las operaciones de las

agencias federales. Freedom of Information Act, 5

U.S.C.A. 552 ss.

AC-2006-27

8

confidencialidad de cierta información dependiendo de los

intereses envueltos.

En

nuestro

ordenamiento

no

contamos

con

una

legislación especial que disponga las excepciones en las

que el Estado puede mantener ciertos documentos fuera del

escrutinio

público.

Sin

embargo,

este

Tribunal

ha

afirmado los supuestos en los que el estado válidamente

puede reclamar la confidencialidad, a saber: (1) cuando

una ley así lo declara; (2) cuando la comunicación está

protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que

pueden

invocar

información

terceros;

los

puede

(4)

ciudadanos;

lesionar

cuando

se

(3)

cuando

derechos

trate

de

la

revelar

la

fundamentales

de

identidad

un

de

confidente y (5) cuando sea información oficial conforme

la Regla 31 de Evidencia. Id.,

Angueira v. J.L.B.P., 150

D.P.R. 10 (2000). Para mantener la confidencialidad, el

Estado tiene la carga de probar que satisface cualquiera

de las excepciones antes enumeradas.

III.

En este caso, la confidencialidad surge precisamente

al

amparo

de

una

ley2.

Resulta

pertinente

recordar

2

De hecho, en la legislación federal se establece

como una de las excepciones a la divulgación, los casos

en los que se dispone la confidencialidad por virtud de

una ley. Freedom of Information Act, supra.

Además, es oportuno señalar que en uno de los

intentos por legislar sobre acceso a información pública,

proyecto del Senado Núm. 494 de 1973, se incluyó como

excepción a la divulgación aquella materia dispuesta por

orden ejecutiva o mandato expreso de ley. Efrén Rivera

AC-2006-27

nuestras

9

expresiones

en

el

caso

de

Davila

v.

Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 281 (1960),

a

los

efectos

de

que

para

resolver

que

el

derecho

reconocido en el art. 409 del Código de Enjuiciamiento

Civil

no

es

aplicable

a

una

clase

determinada

de

documentos no podemos menos que exigirle a la Asamblea

Legislativa una orden clara y terminante. Entendemos que

esta afirmación descansa en el hecho de que el legislador

realizó

un

balance

previo

entre

los

intereses

en

conflicto: por un lado, el acceso a información por un

ciudadano y, por el otro, los interés del estado en que

determinada información permanezca fuera del escrutinio

público.

Por

ende,

reiteramos

lo

expresado

en

Efraín

Santiago v. Maggie Bobb, 117 D.P.R. 153 (1986) a los

efectos de que el medio más efectivo para salvaguardar la

información

sensitiva

recopilada

por

el

Estado

en

su

gestión oficial es mediante legislación especial.

No

cabe

duda

que,

con

respecto

a

la

información

obtenida por la Oficina de Monopolios, el legislador dio

una orden inequívoca de que permanecieran en estricta

confidencialidad. A tales efectos, dispuso en el Artículo

15 de la Ley. Núm. 77, supra, que “…[l]a información

obtenida en el uso de las facultades otorgadas en esta

sección

se

mantendrá

en

estricta

confidencialidad,

excepto en tanto sea necesaria para usarla para fines de

_______________________

Ramos, La Libertad de Información: Necesidad de su

Reglamentación en Puerto Rico, 44 Rev. Jur. UPR 67 (1975)

AC-2006-27

cualquier

10

acción

judicial

por

parte

del

estado.”

10

L.P.R.A. § 271 (énfasis suplido)

No

obstante,

en

nuestro

ordenamiento

la

clara

intención del legislador de mantener ciertos documentos

bajo el palio de la confidencialidad no es suficiente.

Así, toda etiqueta legislativa de confidencialidad debe

evaluarse

frente

al

derecho

de

acceso

a

información

invocado por el ciudadano. Soto v. Giménez, supra.

En

vista de que tal derecho es de carácter fundamental, la

legislación debe someterse a un análisis de escrutinio

estricto.

Al

mismo

tiempo,

debe

ser

interpretada

restrictivamente a favor del acceso. En síntesis, toda

ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo

el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a

plenitud. Ello se satisface si la legislación (1) cae

dentro

del

propulsa

poder

un

sustancial;

constitucional

interés

(3)

el

del

gobierno;

(2)

gubernamental

importante

o

interés

gubernamental

no

está

relacionado con la supresión de la libre expresión; y (4)

la

restricción

expresión

no

concomitante

es

mayor

que

del

la

derecho

esencial

a

para

la

libre

propulsar

dicho interés. Ortiz v. Bauemeister, supra; Angueira v.

J.L.B.P,

supra;

Soto

v.

Giménez,

supra.

Así

pues,

el

Estado puede invocar el manto de secretividad en casos de

imperativo interés público. Id.

Por tanto, debemos examinar si el interés del Estado

en

este

caso

es

lo

suficientemente

apremiante

para

AC-2006-27

11

justificar la norma de confidencialidad dispuesta en la

Ley Núm. 77, supra.

IV.

De una lectura de la exposición de motivos de la Ley

Núm.

77

se

desprende

que

su

objetivo

primordial

fue

evitar la concentración económica en un grupo reducido de

personas3.

principio

En

específico,

fundamental

de

se

la

establece

democracia

que

“[e]s

puertorriqueña-

como lo expresa la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico- que la voluntad del pueblo es la fuente

del poder público, concibiéndose el sistema democrático

como

aquel

que

asegura

la

libre

participación

del

ciudadano en las decisiones colectivas. No es compatible

con esa aspiración democrática la concentración del poder

económico en unas pocas personas y entidades, en forma

tal que éstas se coloquen en posición de dominar áreas o

sectores

de

la

economía

puertorriqueña[…]”

la

Ley

Núm.

se

(Énfasis

suplido).

Así,

77

promulgó

con

el

fin

de

“evitar la confabulación entre firmas para dominar el

mercado,

[el]

aumentos

indebidos

3

acaparamiento

en

los

de

materias

precios

primas,

resultantes

[los]

de

una

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, explicando

los propósitos de la legislación federal análoga,

expresó: “the Sherman Act[…]was a populist legislation

which reacted to the increasing concentrations of

economic power which followed on the heels of industrial

revolution. The Sherman Act was the first legislation to

deal with the problems of participation of small economic

units in an economy increasingly dominated by economic

titans.” National Broiler Marketing Ass’n v. U.S, 436

U.S. 816 (1978).

AC-2006-27

12

posición monopolística, [las] prácticas discriminatorias

en

las

relaciones

con

clientes

[y]

la

concentración

extrema de la actividad económica y de la riqueza en

algunos grandes consocios de empresas.”4

A esos fines, se delegó en la Oficina de Monopolios

la

labor

de

monopolísticas.

fiscalizar

e

investigar

las

prácticas

Mediante

esa

delegación,

el

legislador

quiso dotar al Estado con los instrumentos investigativos

necesarios para identificar y erradicar las violaciones a

la

Ley

Núm.

77.

No

cabe

duda

que

dichas

facultades

constituyen un componente fundamental en nuestra sociedad

democrática,

toda

vez

que

la

concentración

del

poder

económico resulta en la concentración del poder político

y

social,

lo

que,

indiscutiblemente,

contradice

la

aspiración de un sistema en el que haya participación

ciudadana en igualdad de condiciones. Así lo entendieron

los propulsores de la Ley Núm. 77 al expresar que “el

pueblo [tiene que asegurarse] de que no han de germinar

en

Puerto

Rico[…]

concentraciones

de

poder

económico,

para no correr el riesgo de que toda la vida económica

del país pueda quedar a merced de un grupo reducido de

personas que actúen movidas por su puro interés privado.

Ante una situación de tal naturaleza, es difícil concebir

que

las

decisiones

colectivas

vayan

a

tomarse

verdaderamente a base de la libre participación de todos

4

Vistas Públicas de la Ley Núm. 77, supra,

celebradas el 10 de marzo de 1964 sobre el P. de la C.

909, Monopolios, Pág. 2.

AC-2006-27

13

los ciudadanos.” 5

Tomando en cuenta la dimensión del

problema

que

quiso

resolver

mediante

la

aprobación

de

la

la

Asamblea

Legislativa

Ley

Núm.

y,

77

además,

considerando que se trata de un asunto que incide sobre

los

cimientos

entendemos

que

de

nuestra

sociedad

los

propósitos

que

democrática,

subyacen

dicha

legislación son de la más alta jerarquía y constituyen un

interés apremiante del Estado.

En su comparecencia, el Estado aduce como fundamento

para

oponerse

revelar

la

al

misma

reclamo

de

acceso

obstaculizaría

a

las

información

que

investigaciones

futuras de la Oficina de Monopolios. Sostiene que tal

conclusión

se

deriva

del

privadas,

de

ordinario,

hecho

de

someten

que

las

personas

voluntariamente

la

información, que de otra manera no estaría accesible por

ser en su mayoría

privilegiada, bajo la expectativa de

que

en

se

mantendrá

confidencia.

Entendemos

dicha

preocupación.

Consideramos

que

al

Estado

le

sería

sumamente

oneroso conseguir dicha información por otros medios. Sin

5

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 77, aprobada

el 25 de junio de 1964. A modo de comparación, muchos

tribunales federales han expresado que el propósito

principal de la legislación federal de monopolios es

preservar un sistema de libre mercado en donde haya igual

oportunidad

de

participación

ciudadana.

Véase

por

ejemplo, Glen Holly Entertainment, Inc. v. Tektronix

Inc., 343 F. 3d 1000 (2003); El Aguila Food Products,

Inc. v. Gruma Corp, 301 F. Supp. 2d 612 (2003); U.S. v.

Syufy Enterprises, 903 F.2d 659 (1990); Wei v. Bodner,

127 F.R.D. 91 (1989); O’Neill v. Coca-Cola Co., 669 F.

Supp. 217 (1987); Rosenberg v. Cleary, 598 F. Supp. 642

(1984).

AC-2006-27

14

la información que obtiene la Oficina de Monopolios como

parte

de

una

investigación,

no

se

pueden

lograr

los

objetivos de la Ley Núm. 77, los cuales -como mencionamos

anteriormente- son de la más alta jerarquía. En otras

palabras, un menoscabo a la facultad investigativa de la

Oficina de Monopolios, como el contemplado en este caso,

incide

sobre

el

interés

apremiante

de

evitar

la

concentración económica en nuestro país al no poder el

Estado poner en vigor las disposiciones de la Ley Núm. 77

con la efectividad y rapidez que se requiere.

En

adición,

la

confidencialidad

se

sostiene

en

atención a que la información obtenida contiene datos

sensitivos sobre las prácticas y métodos de mercadeo de

las personas privadas sujetas al poder de investigación

de la Oficina de Monopolios que, como norma general, no

está

accesible

al

público.

En

otras

palabras,

dichas

personas revelan sus secretos de negocio bajo la certeza

de que se mantendrán en estricta confidencialidad. En

Fulana

de

Tal

v.

Demandado

A,

138

D.P.R.

610

(1995)

sostuvimos que la preservación de secretos de negocio

constituye un interés apremiante del Estado. Por ende, si

permitimos el acceso a la información obtenida por la

Oficina de Monopolios se vería menoscabado dicho interés.

En

vista

de

mantener

fuera

del

lo

anterior,

escrutinio

el

legislador

público

la

ordenó

información

obtenida por la Oficina de Monopolios en el curso de una

investigación. De una lectura del Art. 15, supra, surge

AC-2006-27

15

que la confidencialidad establecida por virtud de dicha

disposición

se

limita

a

la

información

que

voluntariamente someten personas privadas a la Oficina de

Monopolios bajo el palio de confidencialidad.

Ahora bien, en el expediente o informe producto de

una investigación efectuada por la Oficina de Monopolios

puede haber otro tipo de información, ya sea información

proveniente de otras fuentes o información elaborada por

la Oficina de Monopolios, que no está cobijada por la

confidencialidad

consiguiente,

debe

investigación

por

Art.

divulgable.

entenderse

como

del

el

Por

“información

o

por

Oficina

las

la

y

supra,

producto

efectuada

ejemplo,

15,

es,

elaborada”

resultado

de

conclusiones,

por

de

la

Monopolios,

impresiones

o

interpretaciones hechas a partir de ella. Es decir, la

información

contenida

en

cualquier

documento,

en

el

expediente o informe que sea resultado de un análisis

atribuible a la propia Oficina de Monopolios.

En

vista

de

lo

anterior,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia debe realizar un examen en cámara y en ausencia

de las partes con el fin de determinar lo que puede estar

sujeto

a

divulgación.

divulgación

de

toda

Así,

el

tribunal

información

permitirá

pertinente,

la

no

privilegiada y que no revele técnicas de investigación

del

Departamento

de

Justicia

o

la

identidad

de

informantes. El tribunal tampoco divulgará la información

que haya sido obtenida por la Oficina de Monopolios de

AC-2006-27

16

personas privadas bajo el palio de confidencialidad. En

el caso de que dicha

información conste en el informe

final o en el expediente producto de la investigación, el

tribunal deberá tomar las medidas cautelares necesarias

para salvaguardar la norma de confidencialidad que, como

mencionamos

anteriormente,

contribuye

a

lograr

los

objetivos de la legislación anti-monopolística.

En

conclusión,

resolvemos

que

el

objetivo

que

promueve la Ley Núm. 77 constituye un interés apremiante

capaz

de

sostener

la

norma

de

confidencialidad

con

respecto a la información obtenida de personas privadas

durante una investigación efectuada por la Oficina de

Monopolios.

V.

Por los fundamentos que anteceden, se modifica la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones a los fines de que

al

efectuar

el

examen

en

cámara,

en

ausencia

de

las

partes, también se excluya la información obtenida de las

personas privadas sujetas al poder de investigación de la

Oficina de Monopolios. Se devuelve el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

continúe

con

los

procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Manuel Augusto Colón Cabrera

Melba Correa Miranda

Demandantes-Apelados

v.

AC-2006-27

Caribbean Petroleum Corporation,

et al.

Demandados-Apelantes

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se modifica la Sentencia

del Tribunal de Apelaciones a los fines de que al

efectuar el examen en cámara, en ausencia de las

partes,

también

se

excluya

la

información

obtenida de las personas privadas sujetas al

poder

de

investigación

de

la

Oficina

de

Monopolios. Se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos de forma compatible con lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez

inhibida.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo