LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

D e Jesús Viñas y otros v. González Lugo y otros

2007 TSPR 43

Poder Judicial de Puerto Rico

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D e Jesús Viñas y otros v. González Lugo y otros

CC-2005-0822

Procedimiento Civil – Inaplicabilidad de la Regla 49.2 a las sentencias u órdenes emitidas por el Tribunal de Apelaciones

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Richard de Jesús Viñas y

otros

Demandantes-peticionarios

Certiorari

vs.

2007 TSPR 43

Romualdo González Lugo y

otros

170 DPR ____

Demandados-recurridos

Número del Caso: CC-2005-822

Fecha: 9 de marzo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas

Panel integrado por su Presidente, el Juez Sánchez Martínez, la Juez

Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Alejandro Comporreale Mundo

Lcdo. Modesto L. Rodríguez Suárez

Lcda. Vanessa Medina Romero

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Clotilde M. Picart Laguer

Materia: Cobro de Dinero

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Richard de Jesús Viñas y

otros

Demandantes-peticionarios

vs.

CC-2005-822

CERTIORARI

Romualdo González Lugo y

otros

Demandados-recurridos

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007

El 23 de octubre de 2001 Richard de Jesús

Viñas y Aida E. Rivera Velázquez presentaron ante

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Caguas, una demanda sobre cobro de dinero,

daños e incumplimiento de contrato --por una obra

de construcción no terminada-- en contra de “The

House Factory, Inc.,” Romualdo González Lugo y

Francisco Moll Quiñones, entre otros.1 En ésta

1

Del epígrafe de la demanda surge que se

incluyeron como partes demandadas a la esposa de

Romualdo González Lugo, la esposa de Francisco

Moll Quiñones, sus respectivas sociedades de

bienes gananciales y ciertas compañías de seguro

de nombre desconocido. De igual forma, surge de

la demanda que Romualdo González Lugo fue

demandado en calidad de presidente y único

accionista de la compañía en cuestión, al momento

de los hechos, mientras que Francisco Moll

Quiñones en calidad de empleado y representante

de la misma.

3

CC-2005-822

reclamaron

el

pago

de

ciertas

incumplimiento

del

contrato

de

sumas

de

dinero

arrendamiento

por

de

el

obras

suscrito con “The House Factory, Inc.,”.2

Los emplazamientos dirigidos a Romualdo González Lugo

y a “The House Factory, Inc.,” fueron diligenciados el 21

de junio de 2002.3 Transcurrido el término dispuesto en las

Reglas de Procedimiento Civil sin que Romualdo González

Lugo

y

“The

respectivas

House

Factory,

contestaciones

a

Inc.,”

la

presentaran

demanda,

la

sus

parte

demandante-peticionaria solicitó del tribunal de instancia

que

anotara

la

rebeldía

de

éstos.

Conforme

a

lo

solicitado, el 5 de septiembre de 2002, el Tribunal de

Primera

Instancia

anotó

la

rebeldía

de

las

partes

co-

demandadas en cuestión.

Luego de estimarse como no radicada, por falta de

aranceles,

Romualdo

una

moción

González

Lugo

de

desestimación

presentada

por

por

conducto

Lic.

A.

del

Félix

2

Previo a la presentación de la demanda ante el Tribunal

de Primera Instancia, Richard De Jesús Viñas acudió ante

el DACO mediante querella sobre incumplimiento de contrato

en contra de “The House Factory, Inc.,” y Francisco Moll

Quiñones. Dicha agencia emitió una resolución en la cual

ordenó a “The House Factory, Inc.,” satisfacer a Richard

De Jesús Viñas la suma de $83,568.00. “The House Factory,

Inc.,” no cumplió con la orden emitida.

3

El Tribunal de Primera Instancia le concedió a la parte

demandante-peticionaria una prórroga para llevar a cabo el

diligenciamiento de los emplazamientos. En el expediente

constan las copias de los emplazamientos diligenciados a

Romualdo González Lugo y a “The House Factory, Inc.,”

debidamente juramentados por el señor Raúl Urrutia. El

emplazamiento de Francisco Moll Quiñones, luego de

solicitada la correspondiente autorización del Tribunal de

Primera Instancia, fue realizado mediante edictos.

4

CC-2005-822

Rodríguez Mejia4, el 30 de septiembre de 2002 la parte

demandante-peticionaria solicitó que se dictara sentencia

en rebeldía en contra de Romualdo González Lugo y “The

House Factory, Inc.,” por la suma reclamada en la demanda.

Una vez celebrada la vista en rebeldía y presentada la

evidencia documental en apoyo a la cuantía solicitada, el

22 de enero de 2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó

sentencia

forma

ordenándole

solidaria,

Dicha

partes

de

14

los

$146,151.46

peticionaria.5

el

a

sentencia

febrero

de

demandados

satisfacer,

a

la

parte

le

fue

notificada

2003

y

en

demandante-

publicada

a

las

mediante

edicto en un periódico de circulación general los días 27

y

28

de

febrero

y

1

de

marzo

de

2003.

Copia

de

la

4

Romualdo González Lugo –-por conducto del Lic. Félix A.

Mejía Rodríguez—- presentó una moción de desestimación sin

someterse a la jurisdicción del tribunal en la cual adujo,

en síntesis, que no había sido emplazado en el caso. La

parte demandante-peticionaria se opuso a la misma alegando

que Romualdo González Lugo fue debidamente emplazado y que

ello así consta de la copia del emplazamiento que fue

diligenciado. El Tribunal de Primera Instancia no proveyó

nada al respecto debido a que la moción de desestimación

le fue devuelta a la parte demandada en cuestión y se

consideró, para todos sus efectos, como no radicada por

falta de aranceles. No surge del expediente que la

deficiencia arancelaria detectada fuera corregida.

5

La suma total concedida se compone de las siguientes

partidas: 1. $83,568.00 concedidos por el DACO mediante

resolución; 2. $7,583.46 por concepto de intereses

devengados según dispuestos en la resolución del DACO; y

3. $55,000.00 por concepto de gastos incurridos para

reparar defectos de construcción y terminar la obra

abandonada. Esta última partida, ascendente a $55,000.00,

no fue incluida en la resolución del DACO. La sentencia

también fue dictada en contra de Francisco Moll Quiñones,

quien para la fecha había sido emplazado mediante edictos

y no había comparecido ante el tribunal.

5

CC-2005-822

sentencia

parte

publicada

por

edictos

demandante-peticionaria

le

al

fue

enviada

representante

por

la

legal

de

Romualdo González Lugo, el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía.

Tras

varios

moción

por

incidentes

parte

de

procesales

Lic.

Félix

--entre

A.

éstos

Rodríguez

una

Mejía

solicitando disculpas por su pobre manejo del caso a causa

de una depresión crónica-- el 9 de junio de 2003 Romualdo

González

Lugo

presentó

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia una moción de relevo de sentencia bajo la Regla

49.2 de las de Procedimiento Civil. En ésta alegó que

tenía

a

su

justificaban

haber

dejar

varias

sin

defensas

efecto

la

afirmativas

sentencia

que

impuesta,

a

saber, falta de emplazamiento e inexistencia de relación

contractual con “The House Factory, Inc.,” al momento de

los hechos. Luego de la oportuna oposición de la parte

demandante-peticionaria

a

la

sentencia,

de

Primera

el

Tribunal

solicitud

de

relevo

de

Instancia

denegó

la

misma mediante orden emitida el 30 de junio de 2003 y

notificada el 2 de julio de 2003.

Insatisfecho, el 27 de octubre de 2003 Romualdo González

Lugo

acudió

–-mediante

recurso

de

apelación--

ante

el

Tribunal de Apelaciones, aduciendo, en lo pertinente, que

el tribunal de instancia erró al denegar la moción de

relevo presentada.6 Dicho foro, luego de acoger el recurso

6

Previo a acudir ante el Tribunal de Apelaciones, a nivel

de instancia ya había comenzado el proceso de ejecución de

sentencia. Como parte de dicho proceso y en cumplimiento

(Continúa . . .)

6

CC-2005-822

como

uno

de

certiorari,

denegó

su

expedición

mediante

resolución emitida el 30 de agosto de 2004 y notificada el

13 de septiembre de 20047; ello por haberse presentado el

recurso fuera del término de 30 días reglamentario, sin

que se demostrase justa causa para la demora. Dicho foro

sostuvo que la condición mental alegadamente padecida por

el

Lic.

Félix

A.

Rodríguez

Mejía

no

constituía

justa

causa, pues aún contando el término a partir del 3 de

agosto de 2003 --fecha hasta la cual el récord médico

indicaba que el abogado estuvo inhabilitado-- el recurso

fue radicado fuera del plazo de 30 días de cumplimiento

estricto.

__________________________

con las órdenes del tribunal, el 19 de septiembre de 2003

Romualdo González Lugo compareció ante el tribunal para

una toma de deposición en aseguramiento de sentencia

asistido por el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía. Del

expediente no surge que en dicha ocasión el Lic. Félix A.

Rodríguez Mejía se encontrara inhabilitado para ejercer

sus funciones.

7

Antes de que el tribunal apelativo intermedio denegara la

expedición del recurso, la parte demandante-peticionaria

presentó

ante

dicho

tribunal

una

solicitud

de

desestimación por falta de jurisdicción. Sostuvo que

Romualdo González Lugo acudió en revisión de la sentencia

dictada por el tribunal de instancia en rebeldía y no de

la denegatoria a la moción de relevo de sentencia, por lo

cual, el recurso apropiado era el de apelación y el

término aplicable el de 30 días jurisdiccional. El

Tribunal de Apelaciones, conforme a lo resuelto en

Ortalaza García v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985) y en

Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 D.P.R. 860

(1999)(Sentencia),

acogió

el

recurso

como

uno

de

certiorari por tratarse, en esencia, de una revisión de la

denegatoria a la moción de relevo de sentencia. De una

lectura del recurso presentado ante el Tribunal de

Apelaciones se deduce que Romualdo González Lugo señaló

como error que el tribunal de instancia haya denegado el

relevo solicitado.

7

CC-2005-822

El 19 de octubre de 2004 –-36 días luego de notificada

la resolución antes mencionada-- Romualdo González Lugo

presentó una moción de reconsideración ante el tribunal

apelativo intermedio. En ésta adujo que la justificación a

la

tardanza

surgía

condición

mental

considerar

la

del

propio

crítica

moción

de

recurso,

de

su

entiéndase,

abogado.

reconsideración

la

Luego

de

presentada,

el

Tribunal de Apelaciones --mediante sentencia emitida el 29

de

abril

de

2005--

dejó

sin

efecto

la

resolución

denegatoria que había emitido y revocó la resolución del

Tribunal de Primera Instancia denegatoria de la moción de

relevo

de

sentencia.

continuación

de

los

En

consecuencia,

procedimientos

ante

el

ordenó

la

Tribunal

de

Primera Instancia.

La parte demandante-peticionaria presentó una moción

de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones en la

cual sostuvo, en lo pertinente, que el tribunal apelativo

intermedio

carecía

solicitud

de

de

jurisdicción

reconsideración

para

presentada

atender

por

la

Romualdo

González Lugo, pues ésta se presentó fuera del término

jurisdiccional de 15 días dispuesto en la Regla 84

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones.

El

del

tribunal

apelativo intermedio denegó la reconsideración solicitada,

determinado que la moción de reconsideración tardíamente

presentada por Romualdo González Lugo el 19 de octubre de

2004 había sido acogida por dicho foro como una moción de

8

CC-2005-822

relevo

de

sentencia,

por

lo

cual

su

presentación

fue

oportuna.

Inconforme,

–-mediante

la

parte

recurso

de

demandante-peticionaria

certiorari--

ante

este

acudió

Tribunal.

Alega, en lo pertinente, que procede revocar la sentencia

emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste

incidió:

… al atender la solicitud de reconsideración

presentada por el recurrido por haberse radicado

fuera del término jurisdiccional de quince (15)

días dispuesto en la Regla 84 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones.

Expedimos

el

recurso;

estando

en

condiciones

de

resolverlo, procedemos a así hacerlo.

I

La

Regla

84

(a)

del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones expresamente dispone que “cualquier moción de

reconsideración… deberá ser presentada dentro del plazo

improrrogable de 15 días contados a partir del archivo en

autos

de

copia

de

la

notificación

de

la

resolución

o

sentencia del Tribunal de Apelaciones”.8 Según se colige

del propio texto de la regla antes mencionada, el término

dispuesto

para

la

presentación

reconsideración

es

jurisdiccional.

8

de

una

moción

de

Véase:

Junta

de

A pesar de que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones

fue enmendado en el año 2004, los cambios realizados no

alteraron la disposición aquí citada respecto al término

para la presentación de una moción de reconsideración.

9

CC-2005-822

Planificación v. Frente Unido, res. el 26 de agosto de

2005, 2005 T.S.P.R. 117. “Se trata de un plazo que las

reglas

caracterizan

significa

que

Práctica

Jurídica

Apelativo,

es

§

como

"improrrogable",

jurisdiccional.” H.A.

de

4302

Puerto

Término

Rico;

para

lo

cual

Sánchez

Martínez,

Derecho

Procesal

presentar

la

moción

de

reconsideración, Lexis de Puerto Rico, 2001.

Su carácter fatal priva de jurisdicción al Tribunal

de

Apelaciones

pues,

“[e]n

improrrogables,

los

tribunales

para

en

el

entender

escritos

se

presentan

el

caso

carecen

planteamiento

fuera

de

de

de

si

términos

jurisdicción

los

referidos

R.

Hernández

término”.

Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie, 1997,

pág. 155. Ello debido a que el término jurisdiccional,

contrario a un término de cumplimiento estricto, es fatal,

improrrogable,

insubsanable,

susceptible

de

extenderse,

justificada.

Jorge

E.

no

ni

puede

puede

Martínez,

acortarse,

eximirse

Inc.

v.

no

es

por

causa

Abijoe

Realty

Corp., 151 D.P.R. 1 (2000).

En

el

caso

ante

nuestra

consideración,

Romualdo

González Lugo presentó su moción de reconsideración el 19

de octubre de 2004, 36 días después del archivo en autos

de copia de la notificación de la resolución emitida por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Ello,

de

ordinario,

sería

suficiente para decretar que el Tribunal de Apelaciones no

tenía

jurisdicción

para

entender

en

el

escrito

reconsideración radicado por Romualdo González Lugo.

de

10

CC-2005-822

B

No obstante, lo anteriormente expresado no dispone

del presente recurso. Como antes expresáramos el

Tribunal

de Apelaciones resolvió que, aun cuando había transcurrido

el término para presentar la moción de reconsideración,

tenían jurisdicción por razón de que el escrito radicado

fue acogido como una moción de relevo de sentencia. En

apoyo de dicha posición, el foro apelativo intermedio citó

la jurisprudencia de este Tribunal que le permite a un

tribunal

de

reconsideración

instancia

considerar

como

de

una

relevo

una

de

moción

de

sentencia,

aún

después de haber transcurrido el término para considerar

la reconsideración o aún después de haber advenido final y

firme

la

sentencia,

requisitos

si

dicha

establecidos

en

la

moción

cumple

con

los

Regla

49.2

las

de

de

Procedimiento Civil. Véase Pagán Navedo v. Rivera Sierra,

143 D.P.R. 314 (1997); Vega Maldonado v. Alicea Huacuz,

145 D.P.R. 236 (1998);

Reyes Díaz v. E.L.A., 155 D.P.R.

799 (2001).9

Por tal razón, nos corresponde resolver si la Regla

49.2

de

las

sentencia,

9

es

de

Procedimiento

aplicable

a

Civil,

las

sobre

sentencias

relevo

u

de

órdenes

Precisamente, en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, ante,

la parte afectada por una determinación del tribunal de

instancia presentó una moción de reconsideración fuera del

término jurisdiccional aplicable y expusimos que nada le

impedía al tribunal acoger la reconsideración tardía como

una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla

49.2 de las de Procedimiento Civil.

11

CC-2005-822

emitidas

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Luego

de

un

examen minucioso del texto de la Regla 49.2, su naturaleza

y su jurisprudencia interpretativa, concluimos que ésta

sólo

se

encuentra

procedimientos

u

disponible

órdenes

emitidas

para

por

el

sentencias,

Tribunal

de

Primera Instancia. Veamos.

II

La

Regla

49.2

de

las

de

Procedimiento

Civil,

L.P.R.A. Ap. III, establece que:

Mediante moción y bajo aquellas condiciones

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una

parte

o

a

su

representante

legal

de

una

sentencia,

orden

o

procedimiento

por

las

siguientes razones:

(1)

Error,

inadvertencia,

sorpresa,

o

negligencia excusable;

(2) descubrimiento de evidencia esencial

que, a pesar de una debida diligencia, no pudo

haber sido descubierta a tiempo para solicitar un

nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;

(3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se

ha denominado intrínseco y también el llamado

extrínseco), falsa representación u otra conducta

impropia de una parte adversa;

(4) nulidad de la sentencia;

(5)

la

sentencia

ha

sido

satisfecha,

renunciada o se ha cumplido con ella, o la

sentencia anterior en que se fundaba ha sido

revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no

sería equitativo que la sentencia continuara en

vigor, o

(6) cualquier otra razón que justifique la

concesión de un remedio contra los efectos de una

sentencia.

Las disposiciones de esta regla no serán

aplicables a las sentencias dictadas en pleitos

de divorcio, a menos que la moción se funde en

los incisos (3) o (4). La moción se presentará

dentro de un término razonable, pero en ningún

caso después de transcurridos seis (6) meses de

haberse registrado la sentencia u orden o haberse

llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo

32

12

CC-2005-822

esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una

sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla

no limita el poder del tribunal para:

(a) Conocer de un pleito independiente

con el propósito de relevar a una parte de una

sentencia, orden o procedimiento;

(b) conceder un remedio a una parte que

en realidad no hubiere sido emplazada, y

(c) dejar sin efecto una sentencia por

motivo de fraude al tribunal.

Mientras esté pendiente una apelación o un

recurso de certiorari de una resolución final en

procedimiento de jurisdicción voluntaria, el

tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio

bajo esta regla, a menos que sea con el permiso

del tribunal de apelación. Una vez que el

tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá

concederse ningún remedio bajo esta regla que sea

inconsistente con el mandato, a menos que se

obtenga

previamente

permiso

para

ello

del

tribunal de apelación. En ambos casos, la moción

de relevo deberá siempre presentarse ante el

tribunal

apelado

dentro

del

término

antes

señalado, y si éste determina que estaría

dispuesto a conceder el remedio, se acudirá

entonces ante el tribunal de apelación en

solicitud

del

referido

permiso.

(Énfasis

suplido).

Según

propia

se

Regla

infiere

del

texto

49.2

“presta

antes

transcrito,

particular

atención

la

a

situaciones en que se solicita el relevo de una sentencia

cuando ya se encuentra pendiente su apelación o revisión

ante el foro apelativo, o cuando ya se ha realizado tal

apelación o revisión.

Dispone que el tribunal apelado o

revisado no puede conceder el relevo solicitado sin el

permiso del tribunal apelativo o revisor”. Piazza v. Isla

del Río, Inc., res. 31 de enero de 2003, 2003 T.S.P.R. 7.

“El requisito sobre la solicitud de permiso al tribunal

apelativo o revisor va dirigido a salvaguardar aspectos

jurisdiccionales.

Se

trata

de

devolverle,

de

forma

13

CC-2005-822

limitada, la jurisdicción al foro de instancia para que

entienda en el asunto”. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143

D.P.R. 314, 328(1997).

Aun cuando la citada Regla no hace referencia literal

al

tribunal

con

jurisdicción

para

entender

en

primera

instancia en una solicitud de relevo, somos del criterio

que

cuando

la

Regla

utiliza

los

términos

“tribunal”

y

“tribunal revisado o apelado”, se refiere al Tribunal de

Primera

Instancia,

y

que

cuando

utiliza

el

término

“tribunal apelativo o revisor” se refiere al Tribunal de

Apelaciones,

tribunal

sobre

el

cual

recae

el

deber

de

revisar inicialmente las determinaciones del Tribunal de

Primera

Instancia.

La

única

mención

de

otro

tribunal,

distinto al de instancia, es en la medida en que el relevo

se solicite luego de presentado un recurso de apelación o

revisión

ante

el

tribunal

apelativo

o

de

dictada

una

sentencia por dicho tribunal; situación ante la cual el

tribunal apelativo deberá dar su anuencia con el único

propósito

de

devolverle

jurisdicción

al

Tribunal

de

Primera Instancia, para que sea éste quien entienda en el

relevo

solicitado

pues,

la

propia

Regla

establece

que

pendiente una revisión o ya emitida la sentencia por el

tribunal

apelativo,

ante

tribunal

el

la

moción

apelado,

debe

siempre

entiéndase,

el

presentarse

tribunal

de

instancia.

De

Tribunal,

hecho,

en

unas

Piazza

v.

expresiones

Isla

del

emitidas

Río,

ante,

por

este

nota

2,

a

14

CC-2005-822

nuestro juicio claramente establecen que la Regla 49.2 va

dirigida

únicamente

a

las

sentencias,

órdenes

o

procedimientos del Tribunal de Primera Instancia. Allí,

ante

alegaciones

de

que

el

término

“procedimiento”

utilizado en la regla se refiere al procedimiento ante el

tribunal apelativo, manifestamos que:

“… [a]l examinarse integralmente el texto

de la regla referida es claro que las dos

menciones que se hacen en dicha Regla del

“procedimiento” se refieren al mismo evento, que

en ningún caso es a nivel apelativo. No se trata

de

una

apelación

o

revisión.

Se

refiere

únicamente a algún procedimiento ante el foro de

instancia de cuyos efectos la parte afectada

interesa ser relevada. La letra de la Regla es

patentemente clara en este sentido…”.

En

segundo

término,

el

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones –-el cual rige los procedimientos ante dicho

tribunal—- en modo alguno le reconoce facultad al tribunal

apelativo intermedio para entender en una moción de relevo

de sentencia. Dicho reglamento tampoco incorpora la Regla

49.2

de

las

disposiciones.

de

A

Procedimiento

pesar

de

que

Civil

el

entre

tribunal

sus

apelativo

intermedio forma parte del Tribunal General de Justicia y

las

Reglas

de

procedimientos

Procedimiento

celebrados

Civil

ante

van

dicha

dirigidas

entidad10,

a

los

ello

no

significa que todas las figuras incorporadas y reguladas

mediante las Reglas de Procedimiento Civil se encuentran

10

Véase Artículo 2.001 de la Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. §

24b, y Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III.

15

CC-2005-822

disponibles

en

Apelaciones,

los

salvo

procesos

ante

que

propia

la

el

Tribunal

regla

de

disponga

explícitamente lo contrario.

La naturaleza y el propósito de ambos tribunales son

distintos.

Instancia

Mientras

se

da

que

la

en

el

Tribunal

presentación

de

la

de

Primera

prueba

y

el

encuentro entre las partes involucradas, en el tribunal

apelativo intermedio la función se limita a la revisión de

los procedimientos llevados a cabo ante el tribunal de

instancia.

En

ello

precisamente

tribunales

no

puedan

regirse

estriba

el

que

automáticamente

ambos

por

las

mismas reglas. La aplicación automática de las Reglas de

Procedimiento

Civil

definitivamente

desvirtuaría

apelativo,

el

cual

al

debe

Tribunal

la

de

Apelaciones

naturaleza

caracterizarse

del

proceso

la

justicia

por

apelativa rápida y efectiva.

Lo cierto es que este Tribunal estableció las normas

que

rigen

el

proceso

mediante

reglamento

proceso

apelativo

ante

el

especial

e

distintas

Tribunal

de

incorporó

figuras

de

Apelaciones

y

adecuó

al

las

Reglas

de

Procedimiento Civil. A modo de ejemplo, podemos mencionar

la sustitución de partes, el desistimiento, y la moción de

reconsideración.

La

no

inclusión

de

la

Regla

49.2

Procedimiento

Civil,

como

un

remedio

posterior

sentencias

órdenes

u

emitidas

por

el

de

las

de

a

las

Tribunal

de

Apelaciones, no se debió a un mero error o inadvertencia,

16

CC-2005-822

sino

más

bien

al

convencimiento,

de

parte

de

este

Tribunal, de que la moción de relevo de sentencia y sus

pormenores

son

delimitaciones.

mecanismo

contrarios

al

proceso

Sabido

que

la

procesal

tecnicismos

y

es

post

Regla

sentencia

sofisticaciones

apelativo

49.2

para

frustren

los

y

provee

sus

un

impedir

que

fines

la

de

justicia e incorpora la facultad de los tribunales para

dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa

justificada. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445

(1977); Reyes Díaz v. E.L.A., ante; Piazza v. Isla del

Río, ante.

Mediante

la

referida

disposición

reglamentaria

una

parte puede librarse de los efectos de una sentencia si

logra demostrar la existencia de, al menos, una de las

seis causales estipuladas en la regla. La invocación de

alguna de las causales puede requerir la presentación de

prueba para sustanciarla y, por ende, la celebración de

una vista evidenciara a esos efectos. Ortiz Serrano v.

Ortiz

Díaz,

derecho

de

ante.

las

De

igual

partes

a

forma,

utilizar

hemos

las

reconocido

reglas

sobre

el

el

descubrimiento de prueba con el objetivo de que éstas se

preparen adecuadamente para la vista evidenciaria sobre el

relevo de la sentencia. G.A.C. Fin. Corp. V. Rodríguez,

102 D.P.R. 213 (1974).

No albergamos duda de que todos los pormenores antes

mencionados van más allá de las funciones delegadas al

Tribunal de Apelaciones, a saber, (a) corregir errores del

17

CC-2005-822

tribunal sentenciador; (b) servir como agente catalítico

en las revisiones de la doctrina y de la ley; (c) advertir

sobre

problemas

que

plantea

una

ley;

(d)

destacar

situaciones que requieran reglamentarse por la Asamblea

Legislativa; (e) señalar al Tribunal Supremo áreas en que

se hace imperativo el cambio; (f) permitir que el Tribunal

Supremo

pueda

máximo

de

tener

agente

mayor

en

su

desahogo

función

y

pueda

social

de

servir

al

pautar

e

interpretar el derecho; y (g) ayudar en la congestión de

casos al Tribunal Supremo. H.A. Sánchez Martínez, Práctica

Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Apelativo, § 203

El Tribunal de Circuito de Apelaciones, Lexis de Puerto

Rico, 2001. Permitirle al Tribunal de Apelaciones acoger

una

moción

de

relevo

de

sentencia

podría,

incluso,

conllevar que las partes introduzcan prueba o elementos a

nivel apelativo que nunca fueron examinados a nivel de

instancia,

actuación

que

desde

tiempo

inmemorial

hemos

vedado. Véase: Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico v.

Sagastivelza,

71

D.P.R.

436

(1950);

Ortiz

v.

K.A.

152

D.P.R.

79

Developers, 136 D.P.R. 192 (1994).

En

Vega

v.

Empresas

Tito

Castro,

(2000), ampliamos el margen de aplicación de la Regla 49.2

de

las

de

Procedimiento

Civil

a

las

agencias

administrativas. Sin embargo, la aplicación de dicha regla

al

Tribunal

de

Apelaciones

presenta

un

escenario

muy

distinto. En el caso de las agencias administrativas, la

disponibilidad de la moción de relevo, como remedio post

18

CC-2005-822

sentencia,

en

nada

afecta

el

proceso

adjudicativo

administrativo, el cual se caracteriza por ser flexible y

menos rígido que el proceso ante los tribunales. Además,

hasta cierto punto, la función adjudicativa de una agencia

administrativa –-a diferencia de la función revisora del

Tribunal de Apelaciones-- se asemeja a la del Tribunal de

Primera Instancia. Pues, de ordinario, en ambos foros la

formulación

de

descubrimiento

una

de

determinación

prueba,

la

conlleva

celebración

de

el

vistas

evidenciarias y la aquilatación en primera instancia de la

prueba presentada.

Por último, y como mencionáramos antes, la facultad

de acoger una moción de reconsideración como una de relevo

fue reconocida por este Tribunal en Pagán Navedo v. Rivera

Sierra, ante; en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, ante; y

en Reyes Díaz v. E.L.A., ante. De un examen de los hechos

acaecidos en los referidos casos, podemos percatarnos de

que

el

tribunal

involucrado

y

al

cual,

en

efecto,

le

reconocimos la facultad en cuestión fue al Tribunal de

Primera

Instancia.

Por

lo

cual,

dentro

del

alcance

de

interpretación de nuestra jurisprudencia, el cual gira en

función de los hechos y circunstancias presentes en cada

caso,

no

podemos

avalar

la

actuación

del

Tribunal

de

Apelaciones en el presente caso de acoger una moción de

reconsideración

como

una

de

relevar

parte

de

una

a

una

relevo

de

sentencia

determinación

y

de

previamente

emitida por dicho foro, en virtud de una reconsideración

19

CC-2005-822

presentada tardíamente. Nuestras decisiones anteriores en

modo alguno facultaron al tribunal apelativo a así actuar.

En

fin,

jurisdicción

el

Tribunal

para

entender

de

en

Apelaciones

una

moción

de

carece

de

relevo

de

sentencia y, en consecuencia, para acoger una moción de

reconsideración presentada tardíamente como una de relevo.

Por

consiguiente,

resolvemos

que

la

presentación

de

la

moción de reconsideración de Romualdo González Lugo, fuera

del

término

jurisdiccional

jurisdicción

al

Tribunal

de

de

15

días,

privó

Apelaciones.

Era

de

deber

ineludible del tribunal apelativo intermedio, como celoso

guardián

de

su

jurisdicción,

reconsideración

solicitada

Sabido

ningún

es

que

por

declarar

no

ha

falta

de

jurisdicción.

tribunal

puede

lugar

abrogarse

la

una

jurisdicción inexistente y que la falta de jurisdicción no

es

susceptible

de

ser

subsanada.

Souffront

Cordero

v.

A.A.A., res. el 21 de abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 49.

La parte afectada por una sentencia o resolución del

Tribunal de Apelaciones tiene a su haber la moción de

reconsideración ante dicho foro y el recurso de certiorari

ante

este

Tribunal,

pero,

respectivos

términos

jurisdiccionales

reglamentación

aplicable.

claro

Resolver

está,

lo

dentro

de

los

dispuestos

en

la

contrario

sería

alargar aún más el proceso apelativo, en detrimento de la

sana administración de la justicia.

20

CC-2005-822

II

En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que el

Tribunal

considerar

de

la

Apelaciones

moción

de

actuó

sin

jurisdicción

reconsideración

presentada

al

por

Romualdo González Lugo y al emitir la sentencia de 29 de

abril de 2005.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Richard de Jesús Viñas y otros

Demandantes-peticionarios

vs.

CC-2005-822

CERTIORARI

Romualdo González Lugo y

otros

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual forma parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia dejando sin efecto la

emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de

abril de 2005, quedando en efecto la resolución

emitida por ese foro el 30 de agosto de 2004 y, por

consiguiente, la resolución emitida por la Sala

Superior

de

Caguas

del

Tribunal

de

Primera

Instancia el 30 de junio de 2003.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió

Opinión Concurrente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Richard de Jesús Viñas y

Otros

Demandantes-Peticionarios

vs.

CC-2005-822

Certiorari

Romualdo González Lugo y

Otros

Demandados-Recurridos

Opinión Concurrente

Berlingeri.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

Fuster

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007.

En varias ocasiones hemos resuelto ya que para

beneficiarse

de

lo

dispuesto

en

la

Regla

49.2

de

Procedimiento Civil de Puerto Rico, sobre relevo de

sentencia, la parte en cuestión tiene que satisfacer

el requisito de haber sido “diligente en todo momento

en la tramitación del asunto de que se trate”. Hemos

hecho hincapié en que una parte que ha acudido al

tribunal

y

puesto

judicial,

pero

que

en

luego

movimiento

la

maquinaria

no

la

diligencia

muestra

requerida en continuar con los trámites judiciales de

rigor,

no

puede

pretender

ser

consecuencias de su comportamiento.

relevado

de

las

Ello es ya norma

reiterada por este Tribunal. Véase, Vega v. Emp. Tito

Castro,

Inc.,

152

D.P.R.

79,

88

(2000);

Neptune

CC-2005-822

Packing

23

Corp.

v.

Wackenhut

Corp.,

120

D.P.R.

283,

292

(1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807

(1986).

Es por lo anterior que coincido con lo dictaminado por

la mayoría del Tribunal, aunque por otro fundamento, de que

en

el

caso

de

autos

el

Tribunal

una

de

impedido

de

considerar

como

sentencia

la

moción

de

reconsideración

el

recurrido

Apelaciones

moción

de

estaba

relevo

presentada

de

por

la

en

la

parte recurrida.

En

este

caso,

no

fue

diligente

tramitación de su caso, según surge de los hechos narrados

por la mayoría en su propia Opinión. No cualifica, por ende,

para el beneficio de un relevo de sentencia concedido por el

foro apelativo.

Concurro,

pues,

con

el

resultado

al

que

llega

mayoría en el caso de autos.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado

la