Tribunal Supremo de Puerto Rico
D e Jesús Viñas y otros v. González Lugo y otros
2007 TSPR 43
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
D e Jesús Viñas y otros v. González Lugo y otros
CC-2005-0822
Procedimiento Civil – Inaplicabilidad de la Regla 49.2 a las sentencias u órdenes emitidas por el Tribunal de Apelaciones
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Richard de Jesús Viñas y
otros
Demandantes-peticionarios
Certiorari
vs.
2007 TSPR 43
Romualdo González Lugo y
otros
170 DPR ____
Demandados-recurridos
Número del Caso: CC-2005-822
Fecha: 9 de marzo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas
Panel integrado por su Presidente, el Juez Sánchez Martínez, la Juez
Cotto Vives y el Juez Vivoni del Valle
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Alejandro Comporreale Mundo
Lcdo. Modesto L. Rodríguez Suárez
Lcda. Vanessa Medina Romero
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Clotilde M. Picart Laguer
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Richard de Jesús Viñas y
otros
Demandantes-peticionarios
vs.
CC-2005-822
CERTIORARI
Romualdo González Lugo y
otros
Demandados-recurridos
OPINIÓN DEL
REBOLLO LÓPEZ
TRIBUNAL
EMITIDA
POR
EL
JUEZ
ASOCIADO
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007
El 23 de octubre de 2001 Richard de Jesús
Viñas y Aida E. Rivera Velázquez presentaron ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Caguas, una demanda sobre cobro de dinero,
daños e incumplimiento de contrato --por una obra
de construcción no terminada-- en contra de “The
House Factory, Inc.,” Romualdo González Lugo y
Francisco Moll Quiñones, entre otros.1 En ésta
1
Del epígrafe de la demanda surge que se
incluyeron como partes demandadas a la esposa de
Romualdo González Lugo, la esposa de Francisco
Moll Quiñones, sus respectivas sociedades de
bienes gananciales y ciertas compañías de seguro
de nombre desconocido. De igual forma, surge de
la demanda que Romualdo González Lugo fue
demandado en calidad de presidente y único
accionista de la compañía en cuestión, al momento
de los hechos, mientras que Francisco Moll
Quiñones en calidad de empleado y representante
de la misma.
3
CC-2005-822
reclamaron
el
pago
de
ciertas
incumplimiento
del
contrato
de
sumas
de
dinero
arrendamiento
por
de
el
obras
suscrito con “The House Factory, Inc.,”.2
Los emplazamientos dirigidos a Romualdo González Lugo
y a “The House Factory, Inc.,” fueron diligenciados el 21
de junio de 2002.3 Transcurrido el término dispuesto en las
Reglas de Procedimiento Civil sin que Romualdo González
Lugo
y
“The
respectivas
House
Factory,
contestaciones
a
Inc.,”
la
presentaran
demanda,
la
sus
parte
demandante-peticionaria solicitó del tribunal de instancia
que
anotara
la
rebeldía
de
éstos.
Conforme
a
lo
solicitado, el 5 de septiembre de 2002, el Tribunal de
Primera
Instancia
anotó
la
rebeldía
de
las
partes
co-
demandadas en cuestión.
Luego de estimarse como no radicada, por falta de
aranceles,
Romualdo
una
moción
González
Lugo
de
desestimación
presentada
por
por
conducto
Lic.
A.
del
Félix
2
Previo a la presentación de la demanda ante el Tribunal
de Primera Instancia, Richard De Jesús Viñas acudió ante
el DACO mediante querella sobre incumplimiento de contrato
en contra de “The House Factory, Inc.,” y Francisco Moll
Quiñones. Dicha agencia emitió una resolución en la cual
ordenó a “The House Factory, Inc.,” satisfacer a Richard
De Jesús Viñas la suma de $83,568.00. “The House Factory,
Inc.,” no cumplió con la orden emitida.
3
El Tribunal de Primera Instancia le concedió a la parte
demandante-peticionaria una prórroga para llevar a cabo el
diligenciamiento de los emplazamientos. En el expediente
constan las copias de los emplazamientos diligenciados a
Romualdo González Lugo y a “The House Factory, Inc.,”
debidamente juramentados por el señor Raúl Urrutia. El
emplazamiento de Francisco Moll Quiñones, luego de
solicitada la correspondiente autorización del Tribunal de
Primera Instancia, fue realizado mediante edictos.
4
CC-2005-822
Rodríguez Mejia4, el 30 de septiembre de 2002 la parte
demandante-peticionaria solicitó que se dictara sentencia
en rebeldía en contra de Romualdo González Lugo y “The
House Factory, Inc.,” por la suma reclamada en la demanda.
Una vez celebrada la vista en rebeldía y presentada la
evidencia documental en apoyo a la cuantía solicitada, el
22 de enero de 2003 el Tribunal de Primera Instancia dictó
sentencia
forma
ordenándole
solidaria,
Dicha
partes
de
14
los
$146,151.46
peticionaria.5
el
a
sentencia
febrero
de
demandados
satisfacer,
a
la
parte
le
fue
notificada
2003
y
en
demandante-
publicada
a
las
mediante
edicto en un periódico de circulación general los días 27
y
28
de
febrero
y
1
de
marzo
de
2003.
Copia
de
la
4
Romualdo González Lugo –-por conducto del Lic. Félix A.
Mejía Rodríguez—- presentó una moción de desestimación sin
someterse a la jurisdicción del tribunal en la cual adujo,
en síntesis, que no había sido emplazado en el caso. La
parte demandante-peticionaria se opuso a la misma alegando
que Romualdo González Lugo fue debidamente emplazado y que
ello así consta de la copia del emplazamiento que fue
diligenciado. El Tribunal de Primera Instancia no proveyó
nada al respecto debido a que la moción de desestimación
le fue devuelta a la parte demandada en cuestión y se
consideró, para todos sus efectos, como no radicada por
falta de aranceles. No surge del expediente que la
deficiencia arancelaria detectada fuera corregida.
5
La suma total concedida se compone de las siguientes
partidas: 1. $83,568.00 concedidos por el DACO mediante
resolución; 2. $7,583.46 por concepto de intereses
devengados según dispuestos en la resolución del DACO; y
3. $55,000.00 por concepto de gastos incurridos para
reparar defectos de construcción y terminar la obra
abandonada. Esta última partida, ascendente a $55,000.00,
no fue incluida en la resolución del DACO. La sentencia
también fue dictada en contra de Francisco Moll Quiñones,
quien para la fecha había sido emplazado mediante edictos
y no había comparecido ante el tribunal.
5
CC-2005-822
sentencia
parte
publicada
por
edictos
demandante-peticionaria
le
al
fue
enviada
representante
por
la
legal
de
Romualdo González Lugo, el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía.
Tras
varios
moción
por
incidentes
parte
de
procesales
Lic.
Félix
--entre
A.
éstos
Rodríguez
una
Mejía
solicitando disculpas por su pobre manejo del caso a causa
de una depresión crónica-- el 9 de junio de 2003 Romualdo
González
Lugo
presentó
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia una moción de relevo de sentencia bajo la Regla
49.2 de las de Procedimiento Civil. En ésta alegó que
tenía
a
su
justificaban
haber
dejar
varias
sin
defensas
efecto
la
afirmativas
sentencia
que
impuesta,
a
saber, falta de emplazamiento e inexistencia de relación
contractual con “The House Factory, Inc.,” al momento de
los hechos. Luego de la oportuna oposición de la parte
demandante-peticionaria
a
la
sentencia,
de
Primera
el
Tribunal
solicitud
de
relevo
de
Instancia
denegó
la
misma mediante orden emitida el 30 de junio de 2003 y
notificada el 2 de julio de 2003.
Insatisfecho, el 27 de octubre de 2003 Romualdo González
Lugo
acudió
–-mediante
recurso
de
apelación--
ante
el
Tribunal de Apelaciones, aduciendo, en lo pertinente, que
el tribunal de instancia erró al denegar la moción de
relevo presentada.6 Dicho foro, luego de acoger el recurso
6
Previo a acudir ante el Tribunal de Apelaciones, a nivel
de instancia ya había comenzado el proceso de ejecución de
sentencia. Como parte de dicho proceso y en cumplimiento
(Continúa . . .)
6
CC-2005-822
como
uno
de
certiorari,
denegó
su
expedición
mediante
resolución emitida el 30 de agosto de 2004 y notificada el
13 de septiembre de 20047; ello por haberse presentado el
recurso fuera del término de 30 días reglamentario, sin
que se demostrase justa causa para la demora. Dicho foro
sostuvo que la condición mental alegadamente padecida por
el
Lic.
Félix
A.
Rodríguez
Mejía
no
constituía
justa
causa, pues aún contando el término a partir del 3 de
agosto de 2003 --fecha hasta la cual el récord médico
indicaba que el abogado estuvo inhabilitado-- el recurso
fue radicado fuera del plazo de 30 días de cumplimiento
estricto.
__________________________
con las órdenes del tribunal, el 19 de septiembre de 2003
Romualdo González Lugo compareció ante el tribunal para
una toma de deposición en aseguramiento de sentencia
asistido por el Lic. Félix A. Rodríguez Mejía. Del
expediente no surge que en dicha ocasión el Lic. Félix A.
Rodríguez Mejía se encontrara inhabilitado para ejercer
sus funciones.
7
Antes de que el tribunal apelativo intermedio denegara la
expedición del recurso, la parte demandante-peticionaria
presentó
ante
dicho
tribunal
una
solicitud
de
desestimación por falta de jurisdicción. Sostuvo que
Romualdo González Lugo acudió en revisión de la sentencia
dictada por el tribunal de instancia en rebeldía y no de
la denegatoria a la moción de relevo de sentencia, por lo
cual, el recurso apropiado era el de apelación y el
término aplicable el de 30 días jurisdiccional. El
Tribunal de Apelaciones, conforme a lo resuelto en
Ortalaza García v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985) y en
Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 D.P.R. 860
(1999)(Sentencia),
acogió
el
recurso
como
uno
de
certiorari por tratarse, en esencia, de una revisión de la
denegatoria a la moción de relevo de sentencia. De una
lectura del recurso presentado ante el Tribunal de
Apelaciones se deduce que Romualdo González Lugo señaló
como error que el tribunal de instancia haya denegado el
relevo solicitado.
7
CC-2005-822
El 19 de octubre de 2004 –-36 días luego de notificada
la resolución antes mencionada-- Romualdo González Lugo
presentó una moción de reconsideración ante el tribunal
apelativo intermedio. En ésta adujo que la justificación a
la
tardanza
surgía
condición
mental
considerar
la
del
propio
crítica
moción
de
recurso,
de
su
entiéndase,
abogado.
reconsideración
la
Luego
de
presentada,
el
Tribunal de Apelaciones --mediante sentencia emitida el 29
de
abril
de
2005--
dejó
sin
efecto
la
resolución
denegatoria que había emitido y revocó la resolución del
Tribunal de Primera Instancia denegatoria de la moción de
relevo
de
sentencia.
continuación
de
los
En
consecuencia,
procedimientos
ante
el
ordenó
la
Tribunal
de
Primera Instancia.
La parte demandante-peticionaria presentó una moción
de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones en la
cual sostuvo, en lo pertinente, que el tribunal apelativo
intermedio
carecía
solicitud
de
de
jurisdicción
reconsideración
para
presentada
atender
por
la
Romualdo
González Lugo, pues ésta se presentó fuera del término
jurisdiccional de 15 días dispuesto en la Regla 84
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones.
El
del
tribunal
apelativo intermedio denegó la reconsideración solicitada,
determinado que la moción de reconsideración tardíamente
presentada por Romualdo González Lugo el 19 de octubre de
2004 había sido acogida por dicho foro como una moción de
8
CC-2005-822
relevo
de
sentencia,
por
lo
cual
su
presentación
fue
oportuna.
Inconforme,
–-mediante
la
parte
recurso
de
demandante-peticionaria
certiorari--
ante
este
acudió
Tribunal.
Alega, en lo pertinente, que procede revocar la sentencia
emitida por el foro apelativo intermedio debido a que éste
incidió:
… al atender la solicitud de reconsideración
presentada por el recurrido por haberse radicado
fuera del término jurisdiccional de quince (15)
días dispuesto en la Regla 84 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones.
Expedimos
el
recurso;
estando
en
condiciones
de
resolverlo, procedemos a así hacerlo.
I
La
Regla
84
(a)
del
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones expresamente dispone que “cualquier moción de
reconsideración… deberá ser presentada dentro del plazo
improrrogable de 15 días contados a partir del archivo en
autos
de
copia
de
la
notificación
de
la
resolución
o
sentencia del Tribunal de Apelaciones”.8 Según se colige
del propio texto de la regla antes mencionada, el término
dispuesto
para
la
presentación
reconsideración
es
jurisdiccional.
8
de
una
moción
de
Véase:
Junta
de
A pesar de que el Reglamento del Tribunal de Apelaciones
fue enmendado en el año 2004, los cambios realizados no
alteraron la disposición aquí citada respecto al término
para la presentación de una moción de reconsideración.
9
CC-2005-822
Planificación v. Frente Unido, res. el 26 de agosto de
2005, 2005 T.S.P.R. 117. “Se trata de un plazo que las
reglas
caracterizan
significa
que
Práctica
Jurídica
Apelativo,
es
§
como
"improrrogable",
jurisdiccional.” H.A.
de
4302
Puerto
Término
Rico;
para
lo
cual
Sánchez
Martínez,
Derecho
Procesal
presentar
la
moción
de
reconsideración, Lexis de Puerto Rico, 2001.
Su carácter fatal priva de jurisdicción al Tribunal
de
Apelaciones
pues,
“[e]n
improrrogables,
los
tribunales
para
en
el
entender
escritos
se
presentan
el
caso
carecen
planteamiento
fuera
de
de
de
si
términos
jurisdicción
los
referidos
R.
Hernández
término”.
Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie, 1997,
pág. 155. Ello debido a que el término jurisdiccional,
contrario a un término de cumplimiento estricto, es fatal,
improrrogable,
insubsanable,
susceptible
de
extenderse,
justificada.
Jorge
E.
no
ni
puede
puede
Martínez,
acortarse,
eximirse
Inc.
v.
no
es
por
causa
Abijoe
Realty
Corp., 151 D.P.R. 1 (2000).
En
el
caso
ante
nuestra
consideración,
Romualdo
González Lugo presentó su moción de reconsideración el 19
de octubre de 2004, 36 días después del archivo en autos
de copia de la notificación de la resolución emitida por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Ello,
de
ordinario,
sería
suficiente para decretar que el Tribunal de Apelaciones no
tenía
jurisdicción
para
entender
en
el
escrito
reconsideración radicado por Romualdo González Lugo.
de
10
CC-2005-822
B
No obstante, lo anteriormente expresado no dispone
del presente recurso. Como antes expresáramos el
Tribunal
de Apelaciones resolvió que, aun cuando había transcurrido
el término para presentar la moción de reconsideración,
tenían jurisdicción por razón de que el escrito radicado
fue acogido como una moción de relevo de sentencia. En
apoyo de dicha posición, el foro apelativo intermedio citó
la jurisprudencia de este Tribunal que le permite a un
tribunal
de
reconsideración
instancia
considerar
como
de
una
relevo
una
de
moción
de
sentencia,
aún
después de haber transcurrido el término para considerar
la reconsideración o aún después de haber advenido final y
firme
la
sentencia,
requisitos
si
dicha
establecidos
en
la
moción
cumple
con
los
Regla
49.2
las
de
de
Procedimiento Civil. Véase Pagán Navedo v. Rivera Sierra,
143 D.P.R. 314 (1997); Vega Maldonado v. Alicea Huacuz,
145 D.P.R. 236 (1998);
Reyes Díaz v. E.L.A., 155 D.P.R.
799 (2001).9
Por tal razón, nos corresponde resolver si la Regla
49.2
de
las
sentencia,
9
es
de
Procedimiento
aplicable
a
Civil,
las
sobre
sentencias
relevo
u
de
órdenes
Precisamente, en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, ante,
la parte afectada por una determinación del tribunal de
instancia presentó una moción de reconsideración fuera del
término jurisdiccional aplicable y expusimos que nada le
impedía al tribunal acoger la reconsideración tardía como
una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla
49.2 de las de Procedimiento Civil.
11
CC-2005-822
emitidas
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Luego
de
un
examen minucioso del texto de la Regla 49.2, su naturaleza
y su jurisprudencia interpretativa, concluimos que ésta
sólo
se
encuentra
procedimientos
u
disponible
órdenes
emitidas
para
por
el
sentencias,
Tribunal
de
Primera Instancia. Veamos.
II
La
Regla
49.2
de
las
de
Procedimiento
Civil,
L.P.R.A. Ap. III, establece que:
Mediante moción y bajo aquellas condiciones
que sean justas, el tribunal podrá relevar a una
parte
o
a
su
representante
legal
de
una
sentencia,
orden
o
procedimiento
por
las
siguientes razones:
(1)
Error,
inadvertencia,
sorpresa,
o
negligencia excusable;
(2) descubrimiento de evidencia esencial
que, a pesar de una debida diligencia, no pudo
haber sido descubierta a tiempo para solicitar un
nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;
(3) fraude (incluyendo el que hasta ahora se
ha denominado intrínseco y también el llamado
extrínseco), falsa representación u otra conducta
impropia de una parte adversa;
(4) nulidad de la sentencia;
(5)
la
sentencia
ha
sido
satisfecha,
renunciada o se ha cumplido con ella, o la
sentencia anterior en que se fundaba ha sido
revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no
sería equitativo que la sentencia continuara en
vigor, o
(6) cualquier otra razón que justifique la
concesión de un remedio contra los efectos de una
sentencia.
Las disposiciones de esta regla no serán
aplicables a las sentencias dictadas en pleitos
de divorcio, a menos que la moción se funde en
los incisos (3) o (4). La moción se presentará
dentro de un término razonable, pero en ningún
caso después de transcurridos seis (6) meses de
haberse registrado la sentencia u orden o haberse
llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo
32
12
CC-2005-822
esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una
sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla
no limita el poder del tribunal para:
(a) Conocer de un pleito independiente
con el propósito de relevar a una parte de una
sentencia, orden o procedimiento;
(b) conceder un remedio a una parte que
en realidad no hubiere sido emplazada, y
(c) dejar sin efecto una sentencia por
motivo de fraude al tribunal.
Mientras esté pendiente una apelación o un
recurso de certiorari de una resolución final en
procedimiento de jurisdicción voluntaria, el
tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio
bajo esta regla, a menos que sea con el permiso
del tribunal de apelación. Una vez que el
tribunal de apelación dicte sentencia, no podrá
concederse ningún remedio bajo esta regla que sea
inconsistente con el mandato, a menos que se
obtenga
previamente
permiso
para
ello
del
tribunal de apelación. En ambos casos, la moción
de relevo deberá siempre presentarse ante el
tribunal
apelado
dentro
del
término
antes
señalado, y si éste determina que estaría
dispuesto a conceder el remedio, se acudirá
entonces ante el tribunal de apelación en
solicitud
del
referido
permiso.
(Énfasis
suplido).
Según
propia
se
Regla
infiere
del
texto
49.2
“presta
antes
transcrito,
particular
atención
la
a
situaciones en que se solicita el relevo de una sentencia
cuando ya se encuentra pendiente su apelación o revisión
ante el foro apelativo, o cuando ya se ha realizado tal
apelación o revisión.
Dispone que el tribunal apelado o
revisado no puede conceder el relevo solicitado sin el
permiso del tribunal apelativo o revisor”. Piazza v. Isla
del Río, Inc., res. 31 de enero de 2003, 2003 T.S.P.R. 7.
“El requisito sobre la solicitud de permiso al tribunal
apelativo o revisor va dirigido a salvaguardar aspectos
jurisdiccionales.
Se
trata
de
devolverle,
de
forma
13
CC-2005-822
limitada, la jurisdicción al foro de instancia para que
entienda en el asunto”. Pagán Navedo v. Rivera Sierra, 143
D.P.R. 314, 328(1997).
Aun cuando la citada Regla no hace referencia literal
al
tribunal
con
jurisdicción
para
entender
en
primera
instancia en una solicitud de relevo, somos del criterio
que
cuando
la
Regla
utiliza
los
términos
“tribunal”
y
“tribunal revisado o apelado”, se refiere al Tribunal de
Primera
Instancia,
y
que
cuando
utiliza
el
término
“tribunal apelativo o revisor” se refiere al Tribunal de
Apelaciones,
tribunal
sobre
el
cual
recae
el
deber
de
revisar inicialmente las determinaciones del Tribunal de
Primera
Instancia.
La
única
mención
de
otro
tribunal,
distinto al de instancia, es en la medida en que el relevo
se solicite luego de presentado un recurso de apelación o
revisión
ante
el
tribunal
apelativo
o
de
dictada
una
sentencia por dicho tribunal; situación ante la cual el
tribunal apelativo deberá dar su anuencia con el único
propósito
de
devolverle
jurisdicción
al
Tribunal
de
Primera Instancia, para que sea éste quien entienda en el
relevo
solicitado
pues,
la
propia
Regla
establece
que
pendiente una revisión o ya emitida la sentencia por el
tribunal
apelativo,
ante
tribunal
el
la
moción
apelado,
debe
siempre
entiéndase,
el
presentarse
tribunal
de
instancia.
De
Tribunal,
hecho,
en
unas
Piazza
v.
expresiones
Isla
del
emitidas
Río,
ante,
por
este
nota
2,
a
14
CC-2005-822
nuestro juicio claramente establecen que la Regla 49.2 va
dirigida
únicamente
a
las
sentencias,
órdenes
o
procedimientos del Tribunal de Primera Instancia. Allí,
ante
alegaciones
de
que
el
término
“procedimiento”
utilizado en la regla se refiere al procedimiento ante el
tribunal apelativo, manifestamos que:
“… [a]l examinarse integralmente el texto
de la regla referida es claro que las dos
menciones que se hacen en dicha Regla del
“procedimiento” se refieren al mismo evento, que
en ningún caso es a nivel apelativo. No se trata
de
una
apelación
o
revisión.
Se
refiere
únicamente a algún procedimiento ante el foro de
instancia de cuyos efectos la parte afectada
interesa ser relevada. La letra de la Regla es
patentemente clara en este sentido…”.
En
segundo
término,
el
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones –-el cual rige los procedimientos ante dicho
tribunal—- en modo alguno le reconoce facultad al tribunal
apelativo intermedio para entender en una moción de relevo
de sentencia. Dicho reglamento tampoco incorpora la Regla
49.2
de
las
disposiciones.
de
A
Procedimiento
pesar
de
que
Civil
el
entre
tribunal
sus
apelativo
intermedio forma parte del Tribunal General de Justicia y
las
Reglas
de
procedimientos
Procedimiento
celebrados
Civil
ante
van
dicha
dirigidas
entidad10,
a
los
ello
no
significa que todas las figuras incorporadas y reguladas
mediante las Reglas de Procedimiento Civil se encuentran
10
Véase Artículo 2.001 de la Ley de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. §
24b, y Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III.
15
CC-2005-822
disponibles
en
Apelaciones,
los
salvo
procesos
ante
que
propia
la
el
Tribunal
regla
de
disponga
explícitamente lo contrario.
La naturaleza y el propósito de ambos tribunales son
distintos.
Instancia
Mientras
se
da
que
la
en
el
Tribunal
presentación
de
la
de
Primera
prueba
y
el
encuentro entre las partes involucradas, en el tribunal
apelativo intermedio la función se limita a la revisión de
los procedimientos llevados a cabo ante el tribunal de
instancia.
En
ello
precisamente
tribunales
no
puedan
regirse
estriba
el
que
automáticamente
ambos
por
las
mismas reglas. La aplicación automática de las Reglas de
Procedimiento
Civil
definitivamente
desvirtuaría
apelativo,
el
cual
al
debe
Tribunal
la
de
Apelaciones
naturaleza
caracterizarse
del
proceso
la
justicia
por
apelativa rápida y efectiva.
Lo cierto es que este Tribunal estableció las normas
que
rigen
el
proceso
mediante
reglamento
proceso
apelativo
ante
el
especial
e
distintas
Tribunal
de
incorporó
figuras
de
Apelaciones
y
adecuó
al
las
Reglas
de
Procedimiento Civil. A modo de ejemplo, podemos mencionar
la sustitución de partes, el desistimiento, y la moción de
reconsideración.
La
no
inclusión
de
la
Regla
49.2
Procedimiento
Civil,
como
un
remedio
posterior
sentencias
órdenes
u
emitidas
por
el
de
las
de
a
las
Tribunal
de
Apelaciones, no se debió a un mero error o inadvertencia,
16
CC-2005-822
sino
más
bien
al
convencimiento,
de
parte
de
este
Tribunal, de que la moción de relevo de sentencia y sus
pormenores
son
delimitaciones.
mecanismo
contrarios
al
proceso
Sabido
que
la
procesal
tecnicismos
y
es
post
Regla
sentencia
sofisticaciones
apelativo
49.2
para
frustren
los
y
provee
sus
un
impedir
que
fines
la
de
justicia e incorpora la facultad de los tribunales para
dejar sin efecto alguna sentencia u orden suya por causa
justificada. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445
(1977); Reyes Díaz v. E.L.A., ante; Piazza v. Isla del
Río, ante.
Mediante
la
referida
disposición
reglamentaria
una
parte puede librarse de los efectos de una sentencia si
logra demostrar la existencia de, al menos, una de las
seis causales estipuladas en la regla. La invocación de
alguna de las causales puede requerir la presentación de
prueba para sustanciarla y, por ende, la celebración de
una vista evidenciara a esos efectos. Ortiz Serrano v.
Ortiz
Díaz,
derecho
de
ante.
las
De
igual
partes
a
forma,
utilizar
hemos
las
reconocido
reglas
sobre
el
el
descubrimiento de prueba con el objetivo de que éstas se
preparen adecuadamente para la vista evidenciaria sobre el
relevo de la sentencia. G.A.C. Fin. Corp. V. Rodríguez,
102 D.P.R. 213 (1974).
No albergamos duda de que todos los pormenores antes
mencionados van más allá de las funciones delegadas al
Tribunal de Apelaciones, a saber, (a) corregir errores del
17
CC-2005-822
tribunal sentenciador; (b) servir como agente catalítico
en las revisiones de la doctrina y de la ley; (c) advertir
sobre
problemas
que
plantea
una
ley;
(d)
destacar
situaciones que requieran reglamentarse por la Asamblea
Legislativa; (e) señalar al Tribunal Supremo áreas en que
se hace imperativo el cambio; (f) permitir que el Tribunal
Supremo
pueda
máximo
de
tener
agente
mayor
en
su
desahogo
función
y
pueda
social
de
servir
al
pautar
e
interpretar el derecho; y (g) ayudar en la congestión de
casos al Tribunal Supremo. H.A. Sánchez Martínez, Práctica
Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Apelativo, § 203
El Tribunal de Circuito de Apelaciones, Lexis de Puerto
Rico, 2001. Permitirle al Tribunal de Apelaciones acoger
una
moción
de
relevo
de
sentencia
podría,
incluso,
conllevar que las partes introduzcan prueba o elementos a
nivel apelativo que nunca fueron examinados a nivel de
instancia,
actuación
que
desde
tiempo
inmemorial
hemos
vedado. Véase: Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico v.
Sagastivelza,
71
D.P.R.
436
(1950);
Ortiz
v.
K.A.
152
D.P.R.
79
Developers, 136 D.P.R. 192 (1994).
En
Vega
v.
Empresas
Tito
Castro,
(2000), ampliamos el margen de aplicación de la Regla 49.2
de
las
de
Procedimiento
Civil
a
las
agencias
administrativas. Sin embargo, la aplicación de dicha regla
al
Tribunal
de
Apelaciones
presenta
un
escenario
muy
distinto. En el caso de las agencias administrativas, la
disponibilidad de la moción de relevo, como remedio post
18
CC-2005-822
sentencia,
en
nada
afecta
el
proceso
adjudicativo
administrativo, el cual se caracteriza por ser flexible y
menos rígido que el proceso ante los tribunales. Además,
hasta cierto punto, la función adjudicativa de una agencia
administrativa –-a diferencia de la función revisora del
Tribunal de Apelaciones-- se asemeja a la del Tribunal de
Primera Instancia. Pues, de ordinario, en ambos foros la
formulación
de
descubrimiento
una
de
determinación
prueba,
la
conlleva
celebración
de
el
vistas
evidenciarias y la aquilatación en primera instancia de la
prueba presentada.
Por último, y como mencionáramos antes, la facultad
de acoger una moción de reconsideración como una de relevo
fue reconocida por este Tribunal en Pagán Navedo v. Rivera
Sierra, ante; en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz, ante; y
en Reyes Díaz v. E.L.A., ante. De un examen de los hechos
acaecidos en los referidos casos, podemos percatarnos de
que
el
tribunal
involucrado
y
al
cual,
en
efecto,
le
reconocimos la facultad en cuestión fue al Tribunal de
Primera
Instancia.
Por
lo
cual,
dentro
del
alcance
de
interpretación de nuestra jurisprudencia, el cual gira en
función de los hechos y circunstancias presentes en cada
caso,
no
podemos
avalar
la
actuación
del
Tribunal
de
Apelaciones en el presente caso de acoger una moción de
reconsideración
como
una
de
relevar
parte
de
una
a
una
relevo
de
sentencia
determinación
y
de
previamente
emitida por dicho foro, en virtud de una reconsideración
19
CC-2005-822
presentada tardíamente. Nuestras decisiones anteriores en
modo alguno facultaron al tribunal apelativo a así actuar.
En
fin,
jurisdicción
el
Tribunal
para
entender
de
en
Apelaciones
una
moción
de
carece
de
relevo
de
sentencia y, en consecuencia, para acoger una moción de
reconsideración presentada tardíamente como una de relevo.
Por
consiguiente,
resolvemos
que
la
presentación
de
la
moción de reconsideración de Romualdo González Lugo, fuera
del
término
jurisdiccional
jurisdicción
al
Tribunal
de
de
15
días,
privó
Apelaciones.
Era
de
deber
ineludible del tribunal apelativo intermedio, como celoso
guardián
de
su
jurisdicción,
reconsideración
solicitada
Sabido
ningún
es
que
por
declarar
no
ha
falta
de
jurisdicción.
tribunal
puede
lugar
abrogarse
la
una
jurisdicción inexistente y que la falta de jurisdicción no
es
susceptible
de
ser
subsanada.
Souffront
Cordero
v.
A.A.A., res. el 21 de abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 49.
La parte afectada por una sentencia o resolución del
Tribunal de Apelaciones tiene a su haber la moción de
reconsideración ante dicho foro y el recurso de certiorari
ante
este
Tribunal,
pero,
respectivos
términos
jurisdiccionales
reglamentación
aplicable.
claro
Resolver
está,
lo
dentro
de
los
dispuestos
en
la
contrario
sería
alargar aún más el proceso apelativo, en detrimento de la
sana administración de la justicia.
20
CC-2005-822
II
En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que el
Tribunal
considerar
de
la
Apelaciones
moción
de
actuó
sin
jurisdicción
reconsideración
presentada
al
por
Romualdo González Lugo y al emitir la sentencia de 29 de
abril de 2005.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Richard de Jesús Viñas y otros
Demandantes-peticionarios
vs.
CC-2005-822
CERTIORARI
Romualdo González Lugo y
otros
Demandados-recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual forma parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia dejando sin efecto la
emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de
abril de 2005, quedando en efecto la resolución
emitida por ese foro el 30 de agosto de 2004 y, por
consiguiente, la resolución emitida por la Sala
Superior
de
Caguas
del
Tribunal
de
Primera
Instancia el 30 de junio de 2003.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió
Opinión Concurrente.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Richard de Jesús Viñas y
Otros
Demandantes-Peticionarios
vs.
CC-2005-822
Certiorari
Romualdo González Lugo y
Otros
Demandados-Recurridos
Opinión Concurrente
Berlingeri.
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
Fuster
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007.
En varias ocasiones hemos resuelto ya que para
beneficiarse
de
lo
dispuesto
en
la
Regla
49.2
de
Procedimiento Civil de Puerto Rico, sobre relevo de
sentencia, la parte en cuestión tiene que satisfacer
el requisito de haber sido “diligente en todo momento
en la tramitación del asunto de que se trate”. Hemos
hecho hincapié en que una parte que ha acudido al
tribunal
y
puesto
judicial,
pero
que
en
luego
movimiento
la
maquinaria
no
la
diligencia
muestra
requerida en continuar con los trámites judiciales de
rigor,
no
puede
pretender
ser
consecuencias de su comportamiento.
relevado
de
las
Ello es ya norma
reiterada por este Tribunal. Véase, Vega v. Emp. Tito
Castro,
Inc.,
152
D.P.R.
79,
88
(2000);
Neptune
CC-2005-822
Packing
23
Corp.
v.
Wackenhut
Corp.,
120
D.P.R.
283,
292
(1988); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807
(1986).
Es por lo anterior que coincido con lo dictaminado por
la mayoría del Tribunal, aunque por otro fundamento, de que
en
el
caso
de
autos
el
Tribunal
una
de
impedido
de
considerar
como
sentencia
la
moción
de
reconsideración
el
recurrido
Apelaciones
moción
de
estaba
relevo
presentada
de
por
la
en
la
parte recurrida.
En
este
caso,
no
fue
diligente
tramitación de su caso, según surge de los hechos narrados
por la mayoría en su propia Opinión. No cualifica, por ende,
para el beneficio de un relevo de sentencia concedido por el
foro apelativo.
Concurro,
pues,
con
el
resultado
al
que
llega
mayoría en el caso de autos.
Jaime B. Fuster Berlingeri
Juez Asociado
la