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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico v. Gisselle Adams Figueroa

2007 TSPR 30

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo de Puerto Rico v. Gisselle Adams Figueroa

CC-2007-0028

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Energía

Eléctrica de Puerto Rico

Recurrida

Certiorari

vs.

2007 TSPR 30

Carlos A. López Ruiz

170 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2006-1135

Fecha: 21 de febrero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel I

Juez Ponente:

Hon. Carlos J. López Feliciano

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Alvarez

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Francisco Santos Rivera

Materia: Procedimiento Disciplinario

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Energía

Eléctrica de Puerto Rico

Recurrida

vs.

CC-2006-1135

Certiorari

Carlos A. López Ruiz

Peticionario

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2007.

A la petición de certiorari presentada en este

caso, no ha lugar.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Fuster Berlingeri expediría y emitió un voto

disidente. Los Jueces Asociados señores Rebollo

López y Rivera Pérez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Autoridad de Energía Eléctrica

de Puerto Rico

Recurrida

vs.

CC-2005-1135

Certiorari

Carlos A. López Ruiz

Peticionario

Voto Disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2007.

Reducido a sus hechos esenciales, el caso de

autos trata sobre un empleado de la Autoridad de

Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante AEE),

que se había desempeñado durante nueve años en un

cargo gerencial regular de esa entidad. El 29 de

enero

de

licencia

2004

el

médico

correspondiente

propósito

de

empleado

referido

solicitó

una

familiar,

acompañada

de

la

certificación

médica,

con

el

ausentarse

de

su

empleo

por

algún

tiempo a los fines de dedicarse a cuidar a su señora

madre,

la

cual

se

encontraba

gravemente

enferma

padeciendo de cáncer del seno.

Debido a la urgencia de la enfermedad de su

madre, el empleado referido comenzó a ausentarse de

CC-2006-1135

2

su trabajo en la AEE a partir del 4 de febrero de 2004, sin

esperar

más

por

la

respuesta

a

la

solicitud

de

licencia

aludida antes.

Así las cosas, el empleado estuvo ausente de su empleo

por espacio de cincuenta y dos días, al cabo de cuyo término

fue despedido de su cargo por haber incurrido alegadamente en

un “abandono del empleo”.

Hoy una mayoría de este Tribunal confirma el despido

referido. Ello, a pesar de la clara jurisprudencia de este

Tribunal

mediante

la

cual

se

ha

resuelto

antes

que

la

destitución de un empleado público es un “castigo extremo”

que procede únicamente cuando la falta de dicho empleado es

de eminente gravedad. En efecto, hemos resuelto antes que el

despido de un empleado público por “abandono del trabajo” se

justifica únicamente cuando la ausencia del empleado es “de

carácter

vicioso”

y

“sin

justificación

razonable”.

Véase,

Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151 (1973); Lebrón

v. Junta de Personal, 100 D.P.R. 164 (1971).

A la luz de la jurisprudencia referida es claro que el

empleado en el caso de autos no podía ser destituido de su

cargo. No podía imponérsele el castigo en extremo drástico

del despido. De ninguna forma puede considerarse que las

ausencias del empleado que aquí nos concierne fueron “de

carácter vicioso” y “sin justificación razonable”. Por el

contrario,

dichas

ausencias

estuvieron

motivadas

por

una

razón muy válida y comprensible, que era la grave enfermedad

de su madre.

CC-2006-1135

3

A lo anterior, hay que añadir, además, que la actuación

de la AEE aquí fue probablemente ilegal y que el empleado en

cuestión tenía derecho a la licencia solicitada. Ello, en

virtud de lo dispuesto por el Medical and Family Leave Act,

una ley federal aprobada hace algunos años que establece el

derecho a una licencia laboral de hasta doce semanas sin

paga, para que un empleado pueda atender su propia condición

seria de salud o la de su cónyuge, hijos o padres. Véase, 29

USC 2601 et seq.

Como la mayoría del Tribunal en este caso se aparta

arbitrariamente

de

lo

pautado

por

nuestra

propia

jurisprudencia, y además, hace caso omiso de lo ordenado por

una ley federal, ratificando así lo que es para mí una clara

injusticia y un acto ilícito, yo disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO