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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo de Puerto Rico v. Gisselle Adams Figueroa

2007 TSPR 40

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo de Puerto Rico v. Gisselle Adams Figueroa

CC-2007-0028

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

vs.

2007 TSPR 40

Gisselle Adams Figueroa

170 DPR ____

Peticionaria

Número del Caso: CC-2007-28

Fecha: 9 de marzo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce-Panel IX

Juez Ponente:

Hon. Ándres Salas Soler

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Ana E. Andrade Rivera

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts

Procurador General

Materia: Supresión de Evidencia / Orden de Allanamiento

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2007-28

CERTIORARI

Gisselle Adams Figueroa

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007

Se confirma la resolución denegatoria emitida

por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso

por estar igualmente dividido el Tribunal.

La

presente

Sentencia

deberá

ser

notificada

por fax, teléfono y por la vía ordinaria.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Hernández Denton coincide con

la Opinión disidente emitida en cuanto a que, en

las

circunstancias

procede

la

particulares

supresión

de

la

de

este

evidencia

caso,

obtenida

mediante el registro efectuado. En vista de ello,

expediría

el

recurso

presentado

y

ordenaría

la

paralización de los procedimientos en instancia. El

Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión

disidente.

La

Juez

Asociada

señora

Fiol

expediría.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Matta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

CC-2007-28

CERTIORARI

Gisselle Adams Figueroa

Peticionaria

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007

El

hogar

es

la

más

importante

y

sagrada

posesión que tiene un ser humano. En ese hogar,

de ordinario, reside el matrimonio, sus

hijos,

y, en ocasiones, hasta sus progenitores, esto es,

su familia más cercana. En el hogar la persona

guarda,

y

cuida,

--tales

como

sus

“tesoros”

fotografías,

más

libros

preciados

y

otros

recuerdos de su juventud, de sus estudios y de

sus

viajes,

mayoría

de

entre

los

otros--

casos,

los

tienen

cuales,

en

un

valor

gran

la

sentimental.

Siempre hemos sido celosos guardianes de la

inviolabilidad

del

hogar;

quizás

porque

hemos

tenido la oportunidad --por razón de los cargos

que hemos ocupado-- de observar una residencia

2

CC-2007-28

luego de que agentes del orden público han realizado un

registro

y

allanamiento

efectos.

Hemos

visto,

por

una

orden

con

nuestros

emitida

propios

a

esos

ojos,

la

condición caótica en que la residencia queda después del

registro; por ello, quizás, somos los que estamos en mejor

posición

de

dimensión,

para

poder

la

apreciar

verdadera

nuestros

y

y

gran

conciudadanos,

valorar,

importancia

las

en

que

toda

su

tienen,

disposiciones

del

Artículo II, Sección 10, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, la cual establece, en lo

pertinente, que:

No se violará el derecho del pueblo a la

protección de sus personas, casas, papeles y

efectos

contra

registros,

incautaciones

y

allanamientos irrazonables.

....

Sólo se expedirán mandamientos autorizando

registros, allanamientos o arrestos por autoridad

judicial, y ello únicamente cuando exista causa

probable apoyada en juramento o afirmación,

describiendo

particularmente

el

lugar

a

registrarse, y las personas a detenerse o las

cosas a ocuparse.

Evidencia obtenida en violación de esta

sección será inadmisible en los tribunales.

(Énfasis suplido.)

Este precepto constitucional de la más alta jerarquía

consagra, repetimos, uno de los derechos más valiosos del

ciudadano, cual es, la inviolabilidad de su hogar. Pueblo

v. Santiago Avilés, 147 D.P.R. 160 (1998). El mismo tiene

el propósito fundamental de proteger a la persona y sus

pertenencias pero, sobre todo, la intimidad de su hogar

3

CC-2007-28

frente al posible abuso de poder de parte del Estado.

Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982).

Precisamente por tratarse de un derecho de tan alta

jerarquía, y con el propósito de evitar al máximo ese

posible abuso del poder de parte del Estado, es que los

forjadores de nuestra Constitución entendieron procedente

interponer,

en

esta

situación,

la

figura

imparcial

del

juez entre los agentes del Estado y la ciudadanía, Pueblo

v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549 (2002), exigiendo que

antes

de

que

se

pueda

llevar

a

cabo

el

registro

y

allanamiento del hogar de un ciudadano, tiene que haber

una

determinación,

de

parte

de

un

magistrado,

de

que

existe causa probable para la expedición de una orden de

registro contra la misma.1

Como

es

sabido,

el

término

de

“causa

probable”,

utilizado en la antes transcrita Sección 10 del Artículo

II

de

nuestra

Constitución,

“motivos

fundados”,

jurídico

en

relación

utilizado

con

la

es

sinónimo

del

en

nuestro

ordenamiento

emisión

de

una

término

orden

de

arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, ante. “El concepto de

motivos fundados se ha definido como aquella información y

conocimiento que llevan a una persona ordinaria y prudente

a creer que el arrestado ha cometido un delito, ....”.

Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988). Dicho de

1

Igual exigencia se establece bajo la Cuarta Enmienda de

la Constitución de los Estados Unidos, la cual es

aplicable a Puerto Rico. Torres v. P.R., 442 U.S. 465

(1979).

4

CC-2007-28

otra forma, los criterios rectores para determinar si los

hechos

justifican

allanamiento

la

son

la

expedición

probabilidad

de

y

una

la

orden

de

razonabilidad.

Véase: Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539 (1999).

De otra parte, la Regla 234 de las de Procedimiento

Civil establece, en lo pertinente, que:

La persona agraviada por un allanamiento o

registro ilegal podrá solicitar del tribunal al

cual se refiere la Regla 233 la supresión de

cualquier evidencia obtenida en virtud de tal

allanamiento o registro, o la devolución de la

propiedad, por cualquiera de los siguientes

fundamentos:

(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada

sin orden de allanamiento o registro.

(b) Que la orden de allanamiento o registro

es insuficiente de su propia faz.

(c) Que la propiedad ocupada o la persona o

sitio registrado no corresponde a la descripción

hecha en la orden de allanamiento o registro.

(d) Que no había causa probable para creer

en la existencia de los fundamentos en que se

basó la orden de allanamiento o registro.

(e) Que la orden de allanamiento fue librada

o cumplimentada ilegalmente.

(f)

Que

es

insuficiente

cualquier

declaración jurada que sirvió de base a la

expedición de la orden de allanamiento porque lo

afirmado bajo juramento en la declaración es

falso, total o parcialmente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En

el

presente

caso

resulta,

cuando

menos,

desconcertante e incomprensible como integrantes de este

Tribunal se nieguen a revisar la denegatoria de la Sala

Superior

de

Ponce

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

--avalada por el Tribunal de Apelaciones-- de una moción

de

supresión

de

evidencia

que

ante

el

foro

primario

radicara la aquí peticionaria Gisselle Adams Figueroa.

5

CC-2007-28

Utilizamos la frase “desconcertante e incomprensible”

debido a que la insuficiencia de la declaración jurada que

dio

base

a

la

expedición

de

la

orden

de

registro

y

allanamiento en controversia en el presente caso es de tal

magnitud

que

retina”.

In

la

misma

“salta

Roldán

re

a

la

González,

vista

113

y

hiere

la

D.P.R.

238,

242

(1982).

De

hecho,

a

nuestro

humilde

juicio,

la

única

explicación posible para dicha actuación es que tanto el

tribunal de instancia, como el foro apelativo intermedio e

integrantes

requisito

de

este

Tribunal

constitucional

de

han

echado

“causa

a

un

lado

el

probable”

para

la

expedición de una orden de allanamiento y operan bajo la

acomodaticia y desatinada creencia, o teoría, de que si el

registro realizado produce evidencia delictiva, el mismo

es legal, independientemente de la inexistencia de “causa

probable” al ordenarse el allanamiento.

Actuaciones

como

la

antes

mencionada

--las

cuales

gozan de alguna popularidad entre ciertos sectores de la

ciudadanía, por cuanto dan la impresión de ayudar en la

persecución

del

crimen--

son

las

que,

en

definitiva,

afectan y empañan la imagen y reputación de este Tribunal.

Estas

actuaciones,

ciertamente,

causan

desconcierto,

inestabilidad y confusión a nivel de instancia y en la

clase togada del País. Llega un momento en que nadie sabe

a qué atenerse respecto a cuáles deben ser las normas de

derecho que rigen en nuestra jurisdicción.

6

CC-2007-28

I

Conforme surge de la “orden de allanamiento”, emitida

por una Juez Municipal de la Región Judicial de Ponce el 8

de agosto de 2002, ante dicha magistrado comparecieron dos

personas, a saber, el Sr. Pedro Juan Méndez Guzmán y el

Policía

José

R.

Pérez

Almodóvar.

El

primero

de

ellos

declaró, en síntesis y en lo pertinente, que era hijo de

Pedro

Juan

Méndez

Romero;

que

su

padre

desapareció

el

domingo 28 de julio de 2002; que la última vez que vio a

su padre fue ese mismo día, como a las 8:30 p.m., en el

balcón de la casa de Robin2, hablando con la esposa de

éste, sita dicha casa en el Barrio La Vega de Villalba,

Puerto Rico; que al no regresar su padre a la casa y

siendo las 10:30 de la noche, salió a buscarlo --pasando,

incluso, por el lado de la casa de Robin-- pero no lo

encontró; que entendía que su padre esa noche tenía sobre

su persona la suma de $1,700; que el cadáver de su padre

apareció, en un pequeño barranco, el 5 de agosto de 2002;

y que dicho barranco estaba a una distancia de ciento

cincuenta pies de la casa de Robin.

El Agente Pérez Almodóvar declaró que fue notificado

el 5 de agosto de 2002 de la aparición del cuerpo de una

persona,

en

avanzado

estado

de

descomposición,

que

fue

identificado como Pedro Juan Méndez Romero, en el Barrio

2

Robin A. Rivera, dueño de la casa mencionada, era para

esa fecha el esposo y/o compañero de la acusada

peticionaria Gisselle Adams Figueroa.

7

CC-2007-28

La Vega de Villalba, Puerto Rico; que el cuerpo del occiso

estaba en un barranco, cerca de una casa perteneciente a

Robin

Rivera

Torres,

quien

vivía

con

Gisselle

Adams

Figueroa; que el cuerpo tenía signos de violencia; que no

se encontró dinero ni propiedad alguna del occiso; y que

solicitaba

que

se

expidiera

una

orden

de

registro

y

allanamiento contra la casa antes mencionada “para poder

ocupar [en dicha residencia] dinero, cartera, documentos

personales

propiedad

del

occiso,

don

Pedro

Juan

Méndez

Romero, para el esclarecimiento de este asesinato…”.

II

Procede, en este momento, que recordemos que conforme

este

Tribunal

ha

resuelto

--véase

v.

Pueblo

Camilo

Meléndez, ante-- los criterios rectores para determinar si

los

hechos

justifican

la

expedición

de

una

orden

de

allanamiento son la probabilidad y la razonabilidad.

Con ello en mente, procede que nos preguntemos: ¿qué

prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso

Méndez Romero hubiera sido asesinado en la residencia en

controversia y luego su cuerpo fuera llevado al barranco

donde

fue

encontrado?

Ninguna.

¿Qué

prueba

sostiene

la

probabilidad razonable de que los efectos personales del

occiso Méndez Romero se encontraran en la casa allanada,

ocho días después de que éste desapareciera? Ninguna. ¿Qué

prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso

fuera asesinado en el mismo barranco donde su cuerpo fue

8

CC-2007-28

encontrado? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene la probabilidad

razonable de que el occiso fuera asesinado en algún otro

lugar

del

pueblo

de

Villalba

y

luego

su

cuerpo

fuera

traído de vuelta, esa misma noche, al Barrio La Vega y

abandonado en el barranco? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene

la probabilidad razonable de que el occiso fuera asesinado

esa

noche

en

algún

lugar

del

pueblo

de

Villalba

y

su

cuerpo fuera traído, pasado algún tiempo, al Barrio La

Vega y dejado en el barranco para que fuera descubierto?

Ninguna.

Todos

mera

e

esos

posibles

igualmente

escenarios

posibles.

Ninguno

son,

de

precisamente,

ellos

prevalece

sobre el otro. El mero hecho de que el hijo del occiso

observara a su padre hablando, en horas de la noche, con

la acusada en el balcón de la casa en la cual ella residía

con su esposo, ¿hace más probable, o razonable, la teoría

de

que

Méndez

Romero

fue

asesinado

en

dicha

casa?

La

contestación en la negativa es mandatoria. Este hecho no

constituye los “motivos fundados”, requeridos por nuestro

ordenamiento jurídico, para la expedición de una orden de

allanamiento.

¿No es, igualmente, posible que Méndez Romero, luego

de conversar con la peticionaria, siguiera su camino y

encontrara la muerte, a manos de personas desconocidas, en

otro lugar cercano? Al contestar esta última pregunta, no

debemos olvidar que, desafortunadamente, en el Puerto Rico

en

que

hoy

vivimos

hay

cientos

de

ciudadanos

que

9

CC-2007-28

encuentran la muerte entrando o saliendo de sus casas o

meramente

caminando

por

nuestras

carreteras

o

caminos

vecinales.

Imaginemos que el hijo de Pedro Juan Méndez Romero

hubiese visto a su padre, esa noche, no sólo hablando con

la acusada en el balcón de la residencia de ésta, sino que

también conversando con otros tres vecinos de la comunidad

en sus respectivos balcones, ¿habríamos expedido una orden

de allanamiento por cada residencia visitada por Méndez

Romero? La contestación, obviamente, es en la negativa.

¿Por

qué?

Llana

y

sencillamente

porque

ese

hecho

no

constituye “motivos fundados”, o “causa probable”, para

expedir una orden de allanamiento en nuestra jurisdicción.

Podríamos continuar argumentando ad infinitum. No lo

creemos necesario. Resulta inescapable la conclusión a los

efectos de que la prueba que tuvo ante sí la magistrado

que emitió la orden de allanamiento es insuficiente en

derecho, esto es, la orden de allanamiento nunca debió ser

expedida.

En

resumen,

en

nuestra

jurisdicción

no

puede

ordenarse el registro y allanamiento de una casa a base

del mero hecho de que una persona fue encontrada muerta

cerca

de

esa

casa

y

que

fue

vista,

ocho

días

antes,

hablando con un residente en el balcón de la casa.

Los que le dan la espalda, e ignoran, los mandatos de

nuestra

Constitución

deberían

recordar

las

palabras del filósofo alemán Martin Niemoller:

siguientes

10

CC-2007-28

En Alemania, los nazis primero persiguieron

a los comunistas, pero yo, como no era comunista,

no protesté. Más tarde vinieron tras los judíos

pero como yo no era judío, no protesté. Luego,

comenzaron a perseguir a los miembros de las

uniones obreras, mas como yo no estaba unionado,

no protesté. Más adelante la persecución se tornó

contra los católicos, pero siendo yo protestante,

no tuve por qué protestar. Luego, vinieron por

mí.

Para

entonces

ya

no

había

nadie

que

protestara por ninguno otro. Asegurémosno de que

tal cosa no vuelva a suceder. (Énfasis suplido).

Yo, hoy, protesto y disiento.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado