Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo de Puerto Rico v. Gisselle Adams Figueroa
2007 TSPR 40
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo de Puerto Rico v. Gisselle Adams Figueroa
CC-2007-0028
Sentencia con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
vs.
2007 TSPR 40
Gisselle Adams Figueroa
170 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2007-28
Fecha: 9 de marzo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce-Panel IX
Juez Ponente:
Hon. Ándres Salas Soler
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana E. Andrade Rivera
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts
Procurador General
Materia: Supresión de Evidencia / Orden de Allanamiento
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs.
CC-2007-28
CERTIORARI
Gisselle Adams Figueroa
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007
Se confirma la resolución denegatoria emitida
por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso
por estar igualmente dividido el Tribunal.
La
presente
Sentencia
deberá
ser
notificada
por fax, teléfono y por la vía ordinaria.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Presidente señor Hernández Denton coincide con
la Opinión disidente emitida en cuanto a que, en
las
circunstancias
procede
la
particulares
supresión
de
la
de
este
evidencia
caso,
obtenida
mediante el registro efectuado. En vista de ello,
expediría
el
recurso
presentado
y
ordenaría
la
paralización de los procedimientos en instancia. El
Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión
disidente.
La
Juez
Asociada
señora
Fiol
expediría.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
Matta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
vs.
CC-2007-28
CERTIORARI
Gisselle Adams Figueroa
Peticionaria
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2007
El
hogar
es
la
más
importante
y
sagrada
posesión que tiene un ser humano. En ese hogar,
de ordinario, reside el matrimonio, sus
hijos,
y, en ocasiones, hasta sus progenitores, esto es,
su familia más cercana. En el hogar la persona
guarda,
y
cuida,
--tales
como
sus
“tesoros”
fotografías,
más
libros
preciados
y
otros
recuerdos de su juventud, de sus estudios y de
sus
viajes,
mayoría
de
entre
los
otros--
casos,
los
tienen
cuales,
en
un
valor
gran
la
sentimental.
Siempre hemos sido celosos guardianes de la
inviolabilidad
del
hogar;
quizás
porque
hemos
tenido la oportunidad --por razón de los cargos
que hemos ocupado-- de observar una residencia
2
CC-2007-28
luego de que agentes del orden público han realizado un
registro
y
allanamiento
efectos.
Hemos
visto,
por
una
orden
con
nuestros
emitida
propios
a
esos
ojos,
la
condición caótica en que la residencia queda después del
registro; por ello, quizás, somos los que estamos en mejor
posición
de
dimensión,
para
poder
la
apreciar
verdadera
nuestros
y
y
gran
conciudadanos,
valorar,
importancia
las
en
que
toda
su
tienen,
disposiciones
del
Artículo II, Sección 10, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la cual establece, en lo
pertinente, que:
No se violará el derecho del pueblo a la
protección de sus personas, casas, papeles y
efectos
contra
registros,
incautaciones
y
allanamientos irrazonables.
....
Sólo se expedirán mandamientos autorizando
registros, allanamientos o arrestos por autoridad
judicial, y ello únicamente cuando exista causa
probable apoyada en juramento o afirmación,
describiendo
particularmente
el
lugar
a
registrarse, y las personas a detenerse o las
cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta
sección será inadmisible en los tribunales.
(Énfasis suplido.)
Este precepto constitucional de la más alta jerarquía
consagra, repetimos, uno de los derechos más valiosos del
ciudadano, cual es, la inviolabilidad de su hogar. Pueblo
v. Santiago Avilés, 147 D.P.R. 160 (1998). El mismo tiene
el propósito fundamental de proteger a la persona y sus
pertenencias pero, sobre todo, la intimidad de su hogar
3
CC-2007-28
frente al posible abuso de poder de parte del Estado.
Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982).
Precisamente por tratarse de un derecho de tan alta
jerarquía, y con el propósito de evitar al máximo ese
posible abuso del poder de parte del Estado, es que los
forjadores de nuestra Constitución entendieron procedente
interponer,
en
esta
situación,
la
figura
imparcial
del
juez entre los agentes del Estado y la ciudadanía, Pueblo
v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549 (2002), exigiendo que
antes
de
que
se
pueda
llevar
a
cabo
el
registro
y
allanamiento del hogar de un ciudadano, tiene que haber
una
determinación,
de
parte
de
un
magistrado,
de
que
existe causa probable para la expedición de una orden de
registro contra la misma.1
Como
es
sabido,
el
término
de
“causa
probable”,
utilizado en la antes transcrita Sección 10 del Artículo
II
de
nuestra
Constitución,
“motivos
fundados”,
jurídico
en
relación
utilizado
con
la
es
sinónimo
del
en
nuestro
ordenamiento
emisión
de
una
término
orden
de
arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, ante. “El concepto de
motivos fundados se ha definido como aquella información y
conocimiento que llevan a una persona ordinaria y prudente
a creer que el arrestado ha cometido un delito, ....”.
Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988). Dicho de
1
Igual exigencia se establece bajo la Cuarta Enmienda de
la Constitución de los Estados Unidos, la cual es
aplicable a Puerto Rico. Torres v. P.R., 442 U.S. 465
(1979).
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CC-2007-28
otra forma, los criterios rectores para determinar si los
hechos
justifican
allanamiento
la
son
la
expedición
probabilidad
de
y
una
la
orden
de
razonabilidad.
Véase: Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 D.P.R. 539 (1999).
De otra parte, la Regla 234 de las de Procedimiento
Civil establece, en lo pertinente, que:
La persona agraviada por un allanamiento o
registro ilegal podrá solicitar del tribunal al
cual se refiere la Regla 233 la supresión de
cualquier evidencia obtenida en virtud de tal
allanamiento o registro, o la devolución de la
propiedad, por cualquiera de los siguientes
fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada
sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro
es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o
sitio registrado no corresponde a la descripción
hecha en la orden de allanamiento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer
en la existencia de los fundamentos en que se
basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada
o cumplimentada ilegalmente.
(f)
Que
es
insuficiente
cualquier
declaración jurada que sirvió de base a la
expedición de la orden de allanamiento porque lo
afirmado bajo juramento en la declaración es
falso, total o parcialmente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En
el
presente
caso
resulta,
cuando
menos,
desconcertante e incomprensible como integrantes de este
Tribunal se nieguen a revisar la denegatoria de la Sala
Superior
de
Ponce
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
--avalada por el Tribunal de Apelaciones-- de una moción
de
supresión
de
evidencia
que
ante
el
foro
primario
radicara la aquí peticionaria Gisselle Adams Figueroa.
5
CC-2007-28
Utilizamos la frase “desconcertante e incomprensible”
debido a que la insuficiencia de la declaración jurada que
dio
base
a
la
expedición
de
la
orden
de
registro
y
allanamiento en controversia en el presente caso es de tal
magnitud
que
retina”.
In
la
misma
“salta
Roldán
re
a
la
González,
vista
113
y
hiere
la
D.P.R.
238,
242
(1982).
De
hecho,
a
nuestro
humilde
juicio,
la
única
explicación posible para dicha actuación es que tanto el
tribunal de instancia, como el foro apelativo intermedio e
integrantes
requisito
de
este
Tribunal
constitucional
de
han
echado
“causa
a
un
lado
el
probable”
para
la
expedición de una orden de allanamiento y operan bajo la
acomodaticia y desatinada creencia, o teoría, de que si el
registro realizado produce evidencia delictiva, el mismo
es legal, independientemente de la inexistencia de “causa
probable” al ordenarse el allanamiento.
Actuaciones
como
la
antes
mencionada
--las
cuales
gozan de alguna popularidad entre ciertos sectores de la
ciudadanía, por cuanto dan la impresión de ayudar en la
persecución
del
crimen--
son
las
que,
en
definitiva,
afectan y empañan la imagen y reputación de este Tribunal.
Estas
actuaciones,
ciertamente,
causan
desconcierto,
inestabilidad y confusión a nivel de instancia y en la
clase togada del País. Llega un momento en que nadie sabe
a qué atenerse respecto a cuáles deben ser las normas de
derecho que rigen en nuestra jurisdicción.
6
CC-2007-28
I
Conforme surge de la “orden de allanamiento”, emitida
por una Juez Municipal de la Región Judicial de Ponce el 8
de agosto de 2002, ante dicha magistrado comparecieron dos
personas, a saber, el Sr. Pedro Juan Méndez Guzmán y el
Policía
José
R.
Pérez
Almodóvar.
El
primero
de
ellos
declaró, en síntesis y en lo pertinente, que era hijo de
Pedro
Juan
Méndez
Romero;
que
su
padre
desapareció
el
domingo 28 de julio de 2002; que la última vez que vio a
su padre fue ese mismo día, como a las 8:30 p.m., en el
balcón de la casa de Robin2, hablando con la esposa de
éste, sita dicha casa en el Barrio La Vega de Villalba,
Puerto Rico; que al no regresar su padre a la casa y
siendo las 10:30 de la noche, salió a buscarlo --pasando,
incluso, por el lado de la casa de Robin-- pero no lo
encontró; que entendía que su padre esa noche tenía sobre
su persona la suma de $1,700; que el cadáver de su padre
apareció, en un pequeño barranco, el 5 de agosto de 2002;
y que dicho barranco estaba a una distancia de ciento
cincuenta pies de la casa de Robin.
El Agente Pérez Almodóvar declaró que fue notificado
el 5 de agosto de 2002 de la aparición del cuerpo de una
persona,
en
avanzado
estado
de
descomposición,
que
fue
identificado como Pedro Juan Méndez Romero, en el Barrio
2
Robin A. Rivera, dueño de la casa mencionada, era para
esa fecha el esposo y/o compañero de la acusada
peticionaria Gisselle Adams Figueroa.
7
CC-2007-28
La Vega de Villalba, Puerto Rico; que el cuerpo del occiso
estaba en un barranco, cerca de una casa perteneciente a
Robin
Rivera
Torres,
quien
vivía
con
Gisselle
Adams
Figueroa; que el cuerpo tenía signos de violencia; que no
se encontró dinero ni propiedad alguna del occiso; y que
solicitaba
que
se
expidiera
una
orden
de
registro
y
allanamiento contra la casa antes mencionada “para poder
ocupar [en dicha residencia] dinero, cartera, documentos
personales
propiedad
del
occiso,
don
Pedro
Juan
Méndez
Romero, para el esclarecimiento de este asesinato…”.
II
Procede, en este momento, que recordemos que conforme
este
Tribunal
ha
resuelto
--véase
v.
Pueblo
Camilo
Meléndez, ante-- los criterios rectores para determinar si
los
hechos
justifican
la
expedición
de
una
orden
de
allanamiento son la probabilidad y la razonabilidad.
Con ello en mente, procede que nos preguntemos: ¿qué
prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso
Méndez Romero hubiera sido asesinado en la residencia en
controversia y luego su cuerpo fuera llevado al barranco
donde
fue
encontrado?
Ninguna.
¿Qué
prueba
sostiene
la
probabilidad razonable de que los efectos personales del
occiso Méndez Romero se encontraran en la casa allanada,
ocho días después de que éste desapareciera? Ninguna. ¿Qué
prueba sostiene la probabilidad razonable de que el occiso
fuera asesinado en el mismo barranco donde su cuerpo fue
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CC-2007-28
encontrado? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene la probabilidad
razonable de que el occiso fuera asesinado en algún otro
lugar
del
pueblo
de
Villalba
y
luego
su
cuerpo
fuera
traído de vuelta, esa misma noche, al Barrio La Vega y
abandonado en el barranco? Ninguna. ¿Qué prueba sostiene
la probabilidad razonable de que el occiso fuera asesinado
esa
noche
en
algún
lugar
del
pueblo
de
Villalba
y
su
cuerpo fuera traído, pasado algún tiempo, al Barrio La
Vega y dejado en el barranco para que fuera descubierto?
Ninguna.
Todos
mera
e
esos
posibles
igualmente
escenarios
posibles.
Ninguno
son,
de
precisamente,
ellos
prevalece
sobre el otro. El mero hecho de que el hijo del occiso
observara a su padre hablando, en horas de la noche, con
la acusada en el balcón de la casa en la cual ella residía
con su esposo, ¿hace más probable, o razonable, la teoría
de
que
Méndez
Romero
fue
asesinado
en
dicha
casa?
La
contestación en la negativa es mandatoria. Este hecho no
constituye los “motivos fundados”, requeridos por nuestro
ordenamiento jurídico, para la expedición de una orden de
allanamiento.
¿No es, igualmente, posible que Méndez Romero, luego
de conversar con la peticionaria, siguiera su camino y
encontrara la muerte, a manos de personas desconocidas, en
otro lugar cercano? Al contestar esta última pregunta, no
debemos olvidar que, desafortunadamente, en el Puerto Rico
en
que
hoy
vivimos
hay
cientos
de
ciudadanos
que
9
CC-2007-28
encuentran la muerte entrando o saliendo de sus casas o
meramente
caminando
por
nuestras
carreteras
o
caminos
vecinales.
Imaginemos que el hijo de Pedro Juan Méndez Romero
hubiese visto a su padre, esa noche, no sólo hablando con
la acusada en el balcón de la residencia de ésta, sino que
también conversando con otros tres vecinos de la comunidad
en sus respectivos balcones, ¿habríamos expedido una orden
de allanamiento por cada residencia visitada por Méndez
Romero? La contestación, obviamente, es en la negativa.
¿Por
qué?
Llana
y
sencillamente
porque
ese
hecho
no
constituye “motivos fundados”, o “causa probable”, para
expedir una orden de allanamiento en nuestra jurisdicción.
Podríamos continuar argumentando ad infinitum. No lo
creemos necesario. Resulta inescapable la conclusión a los
efectos de que la prueba que tuvo ante sí la magistrado
que emitió la orden de allanamiento es insuficiente en
derecho, esto es, la orden de allanamiento nunca debió ser
expedida.
En
resumen,
en
nuestra
jurisdicción
no
puede
ordenarse el registro y allanamiento de una casa a base
del mero hecho de que una persona fue encontrada muerta
cerca
de
esa
casa
y
que
fue
vista,
ocho
días
antes,
hablando con un residente en el balcón de la casa.
Los que le dan la espalda, e ignoran, los mandatos de
nuestra
Constitución
deberían
recordar
las
palabras del filósofo alemán Martin Niemoller:
siguientes
10
CC-2007-28
En Alemania, los nazis primero persiguieron
a los comunistas, pero yo, como no era comunista,
no protesté. Más tarde vinieron tras los judíos
pero como yo no era judío, no protesté. Luego,
comenzaron a perseguir a los miembros de las
uniones obreras, mas como yo no estaba unionado,
no protesté. Más adelante la persecución se tornó
contra los católicos, pero siendo yo protestante,
no tuve por qué protestar. Luego, vinieron por
mí.
Para
entonces
ya
no
había
nadie
que
protestara por ninguno otro. Asegurémosno de que
tal cosa no vuelva a suceder. (Énfasis suplido).
Yo, hoy, protesto y disiento.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado