Tribunal Supremo de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.
2007 TSPR 39
Poder Judicial de Puerto Rico
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.
CC-2005-0884
Sentencia con Opiniones Disidentes
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y el Secretario
del Departamento de Hacienda
Certiorari
Recurridos
2007 TSPR 39
v.
170 DPR ____
Supermercados Amigo, Inc.
Peticionario
Número del Caso: CC-2005-884
Fecha: 8 de marzo de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel IV
Juez Ponente:
Hon. Charles Cordero Peña
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis Aníbal Avilés
Oficina del Procurador General:
Lcda. Doraliz E. Ortiz De León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Cobro de Dinero
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de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y el Secretario
del Departamento de Hacienda
Recurridos
v.
CC-2005-884
Supermercados Amigo, Inc.
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2007
El
26
de
enero
de
2006
expedimos
el
auto
solicitado en el caso de epígrafe para revisar una
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, en
la cual se determinó que Supermercados Amigo, Inc.,
era importadora de carne de res y por lo tanto, no
estaba
relevada
de
la
obligación
contributiva
impuesta durante la vigencia de la Ley Núm. 95 de 29
de noviembre de 1992.
Dicho tribunal resolvió que la
referida Ley Núm. 95 era constitucional de su faz y
que ésta perseguía un fin legítimo gubernamental, a
saber:
“promover el mercado de la carne de res en un
mercado eficiente para asegurar la mejor nutrición a
los puertorriqueños.”
2
CC-2005-884
Las partes han comparecido argumentando sus diferentes
posiciones antagónicas.
Tribunal
se
confirma
Por estar igualmente dividido el
la
determinación
del
Tribunal
de
Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez
emitieron
opiniones
disientes.
El
Juez
Asociado
señor
Rebollo López disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto Rico y el Secretario
del Departamento de Hacienda
Recurridos
CC-2005-884
v.
Supermercados Amigo, Inc.
Peticionaria
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ.
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2007.
El 26 de enero de 2006, este Foro expidió auto
de Certiorari para revisar una Sentencia dictada
por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual
dicho foro determinó que Supermercados Amigo, Inc.,
no estaba exento de la obligación contributiva que
le impone la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992
a
los
importadores
de
carne
de
res.
El
foro
intermedio apelativo resolvió que la Ley Núm. 95
era constitucional de su faz toda vez que la misma
perseguía un fin gubernamental legítimo.
igualmente
dividido
determinación
Disentimos
que
el
del
el
Tribunal
Tribunal
se
de
de este curso de acción.
caso
Por estar
confirma
la
Apelaciones.
Entendemos
ante nos es propicio para atender un
CC-2005-884
tema
que
2
surge
del
caso
y
controversia,
Tribunal de Primera Instancia.
trabado
ante
el
Nos referimos a la aplicación
a Puerto Rico de la cláusula de comercio interestatal de la
Constitución
durmiente.”
de
los
Unidos,1
Estados
en
su
“estado
Asimismo, es de particular importancia analizar
la base jurídica por la cual el “estado durmiente” de la
referida
cláusula
es
aplicable
a
Puerto
Por
Rico.
otra
parte, resulta imperativo discutir los criterios establecidos
por
la
jurisprudencia
federal
para
determinar
si
una
legislación local viola la cláusula de comercio interestatal
de la Constitución federal, en su “estado durmiente”, y su
aplicación a los hechos del caso de marras.
Veamos.
I
El poder del Congreso de los Estados Unidos para regular
el comercio interestatal está plasmado en el Artículo I,
sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos, supra.
Esta
facultad
del
Congreso
federal
ha
sido
objeto
de
múltiples interpretaciones por parte del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos, así como por tribunales federales de
inferior
jerarquía,
tratadistas
y
profesores
de
Derecho
Constitucional.
Desde
el
1852,
que
la
cláusula
de
Constitución
de
Estados
Unidos,
señalado
el
Tribunal
Supremo
comercio
interestatal
supra,
federal
contiene
ha
de
la
unas
limitaciones implícitas al poder de acción de los estados,
1
Art. 1, Sec. 8, Const. Estados Unidos de América.
CC-2005-884
3
aun en ausencia de una expresión explícita del Congreso.
Este poder implícito bajo la referida cláusula es el que se
denomina “el estado durmiente” o “negativo” de la cláusula
de comercio interestatal.2
El Alto Foro federal ha razonado que el propósito central
del
“estado
durmiente”
de
la
cláusula
de
comercio
interestatal es promover la integración económica y prevenir
la
interferencia
Nación.3
local
con
el
flujo
del
comercio
en
la
Este razonamiento fue reiterado recientemente en
Am. Trucking Ass’ns v. Mich. PSC,4 cuando el referido Foro
expresó que el estado durmiente de la cláusula de comercio
interestatal previene que los estados pongan en peligro el
bienestar
económico
comercio.5
En
esta
de
la
Nación
decisión
se
poniendo
reafirmó
trabas
la
al
doctrina
jurisprudencial que enuncia que los estados no pueden imponer
contribuciones protectoras de industrias locales que, a su
2
Cooley v. Board of Wardens, 53 U.S. 299 (1852) según citado y
analizado en American Constitutional Law. Laurence H. Tribe, I
American Constitutional Law, 3d Ed., Nueva York, Foundation
Press., 2000, pág. 1030.
3
H.P. Hood & Sons, Inc. v Du Mond, 336 U.S. 525, 537-538
(1949).
4
5
545 U.S. 429 (2005).
Íd.
En este caso el Tribunal Supremo federal expresó lo
siguiente: “Our Constitution ‘was framed upon the theory that
the people of the several states must sink or swim together’.
Thus, this Court has consistently held that the Constitution’s
express
grant
to
Congress
of
the
power
to
‘regulate
commerce...among the several States…’ contains a ‘further,
negative command, known as the dormant Commerce Clause’, that
‘create[s] an area of trade free from interference by the
States’(Citas omitidas).
CC-2005-884
4
vez, tengan el efecto de discriminar contra industrias que
operan en la esfera del comercio interestatal.
Se reiteró
que los estados no pueden imponer contribuciones que tienen
el
efecto
inevitable
interestatal,
mediante
de
amenazar
la
el
creación
tráfico
comercial
de
“barrera
una
financiera” alrededor del estado impositor.6
Este Tribunal no ha analizado concretamente la aplicación del
“estado durmiente” de la cláusula de comercio
interestatal
de
la Constitución federal, supra, a Puerto Rico, ni la razón
por la cual la misma es extensiva a nuestra jurisdicción.7
No obstante, ciertas decisiones de este Foro han esbozado
criterios
cónsonos
federales
para
con
los
determinar
empleados
si
una
por
los
legislación
tribunales
estatal
es
violatoria de la cláusula de comercio interestatal de la
Constitución federal, supra, en su “estado durmiente.”8
6
American Trucking Assns., Inc. v. Scheiner, 483 U.S. 266,
284 (1987).
7
En Marketing and Brokerage Specialists, Inc. v. Secretario
de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987), nos expresamos de la
manera siguiente: “Es innecesario resolver en este caso si
la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución
Federal, en su estado durmiente, aplica a Puerto Rico…Sin
embargo, aun si aplicásemos la normativa federal sobre la
Cláusula de Comercio, la reglamentación sería válida.”
(Énfasis suplido).
Asimismo, en Iberia v. Secretario de
Hacienda, 135 D.P.R. 57 (1993) nos expresamos de la manera
siguiente: “Dado que el análisis señalado no aplica al
presente caso, es innecesario pronunciarnos sobre la
aplicabilidad de la Cláusula de Comercio (en su “estado
durmiente”, nota al calce 11) al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.” (Énfasis suplido).
8
Gómez Hermanos v. Secretario de Hacienda, 114 D.P.R. 367
(1983); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653
(1990). En este último expresamos que, bajo los criterios de la
cláusula de comercio interestatal, una ley de patentes
CC-2005-884
5
La Constitución de Puerto Rico dispone que el poder del
Estado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su
imposición
se
Legislativa
y
ejercerá
nunca
será
según
lo
disponga
rendido
o
suspendido.9
la
Asamblea
No obstante,
esta facultad impositiva debe ser ejercida en armonía con lo
que establece la sección 3 de la Ley de Relaciones
Federales,
a los efectos de que no se hará distinción alguna entre
artículos importados de los Estados Unidos y los artículos
similares producidos o manufacturados en Puerto Rico.10
En opiniones recientes, el Tribunal de Apelaciones, Primer
Circuito federal, ha expresado que el “estado durmiente” de
la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de
los Estados Unidos, supra, aplica a Puerto Rico de la misma
forma que aplica a los estados de la Unión.
Hace una década
el referido foro expresó lo siguiente: “Although not a state,
the Commonwealth of Puerto Rico is
subject
to
the
constraints
of the Dormant Commerce Clause to the same degree as are the
municipales
de
Puerto
Rico
podía
ser
inconstitucional.
Sostuvimos que al reconocer un crédito se “aseguraba la
constitucionalidad de nuestra Ley de Patentes Municipales ante
un ataque de acuerdo con la cláusula de comercio interestatal.”
(Énfasis suplido).
9
1 L.P.R.A. Art. VI, sec. 2. La facultad impositiva del Estado
es amplia y abarcadora según hemos resuelto en Café Rico v.
Municpio de Mayagüez, 155 D.P.R. 548 (2001); Continental
Insurance Company v. Secretario de Hacienda, 154 D.P.R. 146
(2001).
10
1 L.P.R.A., sec. 3.
CC-2005-884
states.”11
6
Recientemente, en Walgreen Co., v. Rullán12, el
referido foro judicial, atendiendo una controversia relativa
al estatuto local que exigía certificados de necesidad a las
personas que interesaran construir o adquirir establecimientos
de cuidado de salud, incluyendo a las farmacias, determinó que
la referida legislación violaba el “estado durmiente” de la
cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los
Estados Unidos, supra. En consecuencia, determinó que la ley
local era inconstitucional.
En dicho caso, el Tribunal del
Primer Circuito de apelaciones puntualizó lo siguiente:
“The
Constitution
grants
Congress
the
power
to
regulate
interstate
commerce.
While
the
Commerce Clause’s text provides only
an affirmative grant of power, for
over 150 years, the Clause has been
interpreted to contain a negative
aspect known as the dormant Commerce
Clause.
The dormant Commerce Clause
doctrine, which applies to Puerto
Rico on the same terms as it applies
to the states limit the power of
states to ‘erect barriers against
interstate trade’” (citas omitidas).
(Énfasis suplido).
11
United Egg Producers, et al. v. Department of Agriculture,
77 F.3d 567 (1st Cir. 1996). La aplicación de la cláusula de
comercio a Puerto Rico fue posteriormente reiterada en
Starlight Sugar Inc. v. Soto, 253 F.3d 137 (1st Circ. 2001).
12
405 F.3d 50 (1st Cir. 2005).
Esta decisión fue recurrida,
mediante petición de Certiorari, ante el Tribunal Supremo
federal.
El Más Alto foro federal denegó la expedición del
recurso; Pérez Perdomo v. Walgreen Co., 126 S.Ct. 1059, 163
L.Ed. 2d 928 (2006).
CC-2005-884
7
II
La Sección 3 de la Ley de Relaciones Federales, supra, en
lo pertinente, dispone de la manera siguiente:
“…las contribuciones de rentas
internas
que
de
acuerdo
con
la
facultad
concedida
por
esta
ley
imponga la Asamblea Legislativa de
Puerto
Rico,
sobre
cualesquiera
artículos,
efectos,
mercaderías
o
mercancías
podrá
ser
impuesta
y
cobrada sobre los artículos sujetos a
dicha contribución, según determine
la referida Asamblea Legislativa, tan
pronto como los mismos hayan sido
fabricados,
vendidos,
usados
o
importados en la isla; Disponiéndose,
que no se hará distinción alguna
entre los artículos importados de los
Estados
Unidos
o
de
países
extranjeros y los artículos similares
producidos o manufacturados en Puerto
Rico…” (Énfasis suplido).
Por otra parte, la sección 38 de la Ley de Relaciones
Federales, supra, dispone que no será aplicable a Puerto Rico
legislación
del
interestatal.13
el
comercio
Concluimos que esta sección de la
referida
Congreso
que
regule
Ley se refiere únicamente a la inaplicabilidad en Puerto Rico
13
En Sea Land v. Municipality of San Juan, 505 F. Supp. 533
(1980), citando al Profesor Helfeld en How Much of the Federal
Constitution
is
Likely
to
be
held
Applicable
to
the
Commonwealth of Puerto Rico? 39 Rev. Jur. U.P.R. 169 (1969),
expresó lo siguiente: “Finally, we see no reason to conclude
that the constitutional policy of prevention of adverse
interference of state legislation upon interstate commerce
should not apply to Puerto Rico. We have found no indication
that Congress intended otherwise. Nor can we infer, as did the
local Supreme Court in RCA v. Government of the Capital (citas
omitidas), that the exemption from, inter alia, the Interstate
Commerce Act contained in the Federal Relations Act meant
anything more than that.” (Énfasis suplido).
CC-2005-884
8
de la legislación aprobada por el Congreso de los Estados
Unidos
sobre
el
comercio
interestatal14,
mas
no
a
la
inaplicabilidad en Puerto Rico del “estado durmiente” de la
cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los
Estados Unidos, supra.
En R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra, expresamos
que
la
cláusula
de
comercio
interestatal,
en
su
“estado
durmiente”, de la Constitución de Estados Unidos, supra, no
aplica ex propio vigore a Puerto Rico.
Manifestamos lo
siguiente: “La contribución aquí en litigio, impuesta en
virtud de ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no
es contraria a disposición alguna de la Constitución del
Estado Libre Asociado.
Si hubiera algún obstáculo legal
para sostenerla habría que buscarlo en alguna disposición, o
como consecuencia de alguna disposición, de la Ley de Relaciones
Federales.” (Énfasis suplido).
Se colige de lo anterior que la prohibición que impide
que Puerto Rico discrimine en contra de productos importados
de los referidos estados surge por virtud de la voluntad
legislativa del Congreso de Estados Unidos, y no por la
14
Esta Ley es la Interstate Commerce Act de 1887. En R.C.A.
v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, (1964) expresamos lo
siguiente: “Es otro hecho histórico que la disposición
constitucional que reserva al Congreso el poder de reglamentar
el comercio con naciones extranjeras, entre los Estados y con
las tribus indias, no sólo no ha regido ni rige por su propia
fuerza en Puerto Rico sino que por el contrario, el Congreso
dispuso de manera expresa que no serían aplicables a Puerto
Rico la Ley sobre Comercio Interestatal y las varias enmiendas
que se hicieron a ella…” (Énfasis suplido).
CC-2005-884
aplicación
9
ex
propio
vigore
de
la
cláusula
de
comercio
interestatal, en su “estado durmiente”, de la Constitución
federal, supra.
En Examining Board of Engineers,
Architects
and
Surveyors
v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976), el Tribunal Supremo
de Estados Unidos expresó que cuando el Congreso federal
aprobó la Constitución de Puerto Rico añadió, entre otras
cosas, una condición de que cualquier enmienda o revisión de
la Constitución de Puerto Rico fuera consistente con las
disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. 15
El
Alto
Foro
federal
expresó
que
el
propósito
de
la
condición no era otro que dejar establecido lo siguiente:
“Applicable
provisions
of
the
United States Constitution and the
Federal Relations Act will have the
same effect as the Constitution of
the United States has with respect to
State constitutions or State Law.”
(Énfasis suplido).
Se desprende de lo anterior que la voluntad legislativa
del Congreso de Estados Unidos tiene en Puerto Rico el mismo
efecto
que
la
Constitución
federal
Constitución de los estados de la Unión.
tiene
sobre
la
Es en virtud de tal
voluntad legislativa, plasmada en la sección 3 de la Ley de
15
1 L.P.R.A 8, a la pág. 147; Ley Pública 447, 82do Congreso:
Resolución Conjunta aprobando la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
La referida Resolución Conjunta
dispone, en lo pertinente, de la manera siguiente: “Cualquier
enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible
con la resolución decretada por el Congreso de los Estados
Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones
aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley
de Relaciones Federales…”
CC-2005-884
Relaciones
10
Federales,
supra,
que
Puerto
Rico
no
puede
discriminar contra productos importados de los estados de la
Unión.
En
Examining
Board
of
Engineers,
Architects
and
Surveyors, supra, el Alto Foro Federal expresó lo siguiente:
“the purpose of Congress in the 1950 and 1952 legislation
was to accord to Puerto Rico the degree of autonomy and
independence normally associated with States of the Union…”
La decisión de R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra,
mediante la cual se resolvió, hace algo más de cuatro (4)
décadas, que el poder de tributación de Puerto Rico, en
cuanto al comercio interestatal, le permite hacer cosas que
no
le
son
permitidas
a
los
estados,
no
se
sostiene
actualmente ante el desarrollo del ordenamiento jurídico en
los
tribunales,
a
nivel
federal,
y
por
opiniones
de
tratadistas de derecho constitucional.16
16
En Starlight Sugar, Inc., supra, el Tribunal de
Apelaciones federal, Primer Circuito, expresó que la
decisión en el caso de R.C.A. de 1964 fue un pronunciamiento
“amorfo” que eludió interpretar cómo aplica en Puerto Rico
la cláusula de comercio interestatal de la Constitución
federal. Asimismo, el referido foro expresó que parte de la
decisión de R.C.A. se fundamentó en el caso de Buscaglia v.
Ballester, 162 F.2d 805 (1st Circ. 1947), que fue
posteriormente revocado en 1992 en Trailer Marine Transport
Corp. V. Rivera, 977 F.2d 1 (1st Circ. 1992).
El Profesor Helfeld, analizando la decisión de este Foro en
R.C.A., expresó lo siguiente: “The Supreme Court of Puerto
Rico has suggested in a dictum that the commerce clause may
be inapplicable as a restraint on Commonwealth legislation,
but would the Supreme Court of the United States agree? In
my judgment the soundest prediction is that it would
probably not”.
Helfeld expresa, además, lo siguiente: “It
is essential to keep in mind the distinction between
Congress authorizing Puerto Rico to discriminate and Puerto Rico
CC-2005-884
11
Concluimos que la cláusula de comercio interestatal, en su
“estado
durmiente”,
de
la
Constitución
supra, aplica a Puerto Rico.
surge
ex
Undios,
propio
supra,
jurisdicción.
vigore
la
cual
La
de
Estados
Unidos,
No obstante, tal aplicación no
de
la
Constitución
no
opera
prohibición
de
de
esa
de
los
Estados
forma
en
nuestra
discriminar
contra
el
comercio interestatal aplica a Puerto Rico por voluntad del
Congreso de los Estados Unidos, mediante la sección 3 de la
Ley de Relaciones Federales, que hace aplicable en nuestra
jurisdicción
en
su
“estado durmiente”, de la Constitución federal, supra.17
De
esta
y
forma
la
se
cláusula
le
de
comercio
imprime
sentido
interestatal,
a
la
realidad
circunstancias particulares de Puerto Rico, a tenor con la
voluntad del Congreso de Estados Unidos de otorgarle el mismo
grado de autonomía e independencia, normalmente asociada con
los estados de la Unión.
III
Procede
discutir
ahora
los
criterios
aplicables
para
determinar si una legislación estatal viola la cláusula de
comercio de la Constitución de los Estados Unidos, supra, en
su “estado durmiente.”
discriminating on its own initiative.”
la pág. 190.
17
Helfeld, supra, a
Mediante la sección 3 de la Ley de Relaciones Federales,
supra, el Congreso Federal, por la vía estatutaria, prohibió
que Puerto Rico discriminara contra productos importados de
los Estados Unidos.
CC-2005-884
12
El Tribunal Supremo federal ha desarrollado una doctrina test- para determinar si un impuesto estatal es válido ante un
ataque bajo el “estado durmiente” de la cláusula de comercio
interestatal de la Constitución de los Estados Unidos, supra.18
Así,
una
ley
estatal
será
válida
si:
1)
existe
un
nexo
sustancial entre la actividad sujeta a la contribución y el
estado que la impone; 2) la contribución está distribuida o
proporcionada equitativamente; 3) la contribución en cuestión
no
discrimina
contra
el
comercio
interestatal;
4)
la
contribución está relacionada apropiadamente con los servicios
provistos por el estado.19
Según comenta el profesor Tribe, este análisis responde a
unos requisitos del debido proceso de ley que exige que entre
el
estado
impositor
exista, al menos, una
y
las
actividades
“mínima conexión.”
del
contribuyente
De igual manera,
Tribe sostiene que el tercer criterio, que la contribución en
cuestión no discrimine contra el comercio interestatal, es el
más importante al momento de determinar la validez de una
legislación estatal, vis a vis el poder del Congreso federal
de regular el comercio entre los estados al amparo de la
18
Este análisis se emplea para determinar si una ley estatal
es violatoria de la cláusula de comercio interestatal, en su
“estado durmiente”, de la Constitución federal.
19
Wardair Canada, Inc. v. Florida Department of Revenue, 477
U.S. 1 (1986), citado en Iberia v. Srio. de Hacienda, 135
D.P.R. 57 (1993).
Conviene resaltar que en el caso de
Wardair se particulariza que este test aplica en aquellos
casos donde se analiza una violación a la cláusula de
comercio interestatal, en su “estado durmiente”, de la
Constitución federal.
CC-2005-884
13
cláusula de comercio interestatal de la Constitución federal,
supra.20
Con el beneficio de la discusión que antecede, procedemos
a discutir si la Ley Núm. 95, supra, en virtud de la cual se
impuso una obligación contributiva a los importadores de carne
de res, es válida desde una perspectiva constitucional a la
luz de la cláusula de comercio interestatal, en su “estado
durmiente”,
de
la
Constitución
de
Estados
Unidos,
supra.
Veamos.
IV
El
esquema
violatorio
de
establecido
la
“estado durmiente.”
crear
una
campaña
cláusula
en
la
Ley
de
comercio
Núm.
95,
supra,
interestatal
en
la
su
Dicha legislación tuvo el propósito de
publicitaria
genérica
para
promover
consumo de la carne de res producida en Puerto Rico.
obstante,
es
referida
publicidad
tuvo
como
meta:
el
No
crear
conciencia de que existe una alternativa real en la carne de
res producida en Puerto Rico; fomentar el consumo de carne de
res producida en la isla; crear reconocimiento del nombre;
demostrar frescura y calidad del producto local.
Asimismo, se
realizó una campaña publicitaria en prensa escrita y
radio
que se dedicó a resaltar los atributos de frescura y calidad
20
Tribe, supra, a la pág 1106.
El profesor Tribe fundamente
esta contención en dos casos resueltos por el
Tribunal
Supremo federal; Oregon Waste Sys., Inc.
v.
Department of
Envtl. Quality, 511 U.S. 93
(1994);
Chemical
Waste
Conviene
Management, Inc. v. Hunt, 504 U.S. 334 (1992).
puntualizar que el test empleado en ambos casos se hizo bajo
CC-2005-884
14
El elemento de
que contiene la “Carne de Res del País.”
frescura de la carne producida en Puerto Rico fue el criterio
más importante de la campaña publicitaria, realizada con los
recaudos de un Fondo, establecido por la Ley. Núm. 95, supra,
al cual tenían que aportar los importadores de carne de res.
Todos
los
anuncios
publicados
llevaban
el
eslogan
“Carne
Fresca del País”.
El
propósito
central
de
la
campaña
genérica
era
beneficiar únicamente el consumo de carne de res del país y
no la carne importada. La referida campaña perjudicaba el
mercado de la carne de res importada.
Siguiendo el tercer criterio del test establecido por la
jurisprudencia
federal,
para
determinar
si
un
estatuto
infringe el “estado durmiente” de la cláusula de comercio
interestatal
de
la
Constitución
federal,
supra,
resulta
forzoso concluir que la Ley Núm. 95, supra, en virtud de la
cual
se
le
impuso
una
obligación
contributiva
a
los
importadores de carne de res para fomentar el consumo de
carne
producida
en
Puerto
Rico,
tuvo
el
efecto
de
discriminar contra la carne de res importada, a la vez que
beneficiaba a la industria local.
En consecuencia, la obligación contributiva, impuesta en
virtud de la Ley Núm. 95, supra, destinada a beneficiar
_________________________________________________________
el análisis de la cláusula de comercio interestatal, en su
“estado durmiente”, de la Constitución de los Estados Unidos
CC-2005-884
15
únicamente a la carne del país, incumple el tercer requisito
del test esbozado por la jurisprudencia federal.21
Concluimos que la referida ley es inconstitucional por
violar la cláusula de comercio interestatal, en su “estado
durmiente”, de la Constitución de los Estados Unidos, supra,
aplicable a Puerto Rico.
V
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
disentimos
de
la
Sentencia dictada por este Tribunal que confirma la Sentencia
recurrida,
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Revocaríamos la misma.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
21
El tercer requisito, que la contribución en cuestión no
discrimina contra el comercio interestatal, se ha analizado de
acuerdo al enfoque tradicional que se emplea cuando una
legislación estatal es impugnada por alegadamente violar la
cláusula de comercio interestatal, en su “estado durmiente”, de
la Constitución federal.
Tribe, supra, a la pág. 1106. En
consecuencia, una ley estatal que discrimina contra el comercio
interestatal, ya sea de su faz o por su aplicación, es
virtualmente inválida o inválida per se. Philadelphia v. New
Jersey, 437 U.S. 617 (1978); Brown-Forman Distillers Corp. v.
New York State Liquor Auth., 476 U.S. 573 (1986).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y el Secretario
del Departamento de Hacienda
Recurridos
CC-2005-884
v.
Supermercados Amigo, Inc.
Peticionaria
Opinión disidente
Rodríguez Rodríguez
emitida
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2007
Este caso planteó un asunto novel en nuestra
jurisdicción, a saber:
si el derecho a la libertad
de expresión en su modalidad de expresión compelida,
vicia de nulidad el esquema establecido por la Ley
Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992, conocida como
Ley para Crear la Oficina de la Reglamentación y
Promoción de la Industria de la Carne de Res, que
imponía una aportación por concepto de importación
de carne de res para, entre otras cosas, promocionar
la industria de la carne en Puerto Rico.
O, si por
el
genérica,
contrario,
la
campaña
publicitaria
constituía expresión gubernamental legítima inmune a
un ataque bajo la cláusula de libertad de expresión.
2
CC-2005-884
Lamentablemente,
por
estar
igualmente
dividido
este
Tribunal se hizo imposible resolver de forma definitiva esta
controversia y una sentencia patentemente errónea se convierte
en la ley del caso.
I
En septiembre de 2000, el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
(el
“Estado”)
a
través
del
Secretario
de
Hacienda,
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de
San
Juan,
una
demanda
en
cobro
de
una
deuda
morosa
contraída por Supermercados Amigo, Inc. (el “peticionario” o
“Amigo”).
En la misma, el Estado solicitó que se le ordenara
a Amigo satisfacer la cantidad de ochenta y un mil noventa y
ocho dólares con cincuenta y cuatro centavos ($81,098.54),
además
de
abogado.
las
costas,
gastos,
intereses
y
honorarios
de
La deuda morosa correspondía a una aportación de un
centavo por cada libra de carne de res importada a la isla,
que imponía la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992, (“Ley
Núm. 95”).
El dinero recaudado ingresaba en un fondo especial
(el “Fondo”) creado para el fomento de la industria de la
carne.
hasta
Esta ley estuvo vigente desde el 29 de enero de 1993
el
31
de
diciembre
de
1996,
cuando
fue
derogada
parcialmente por la Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996,
5 L.P.R.A. secs. 3051-3061.
que
Amigo contestó la demanda instada y reconvino.
Señaló
la
que
Ley
Núm.
95
era
inconstitucional
toda
vez
le
obligaba a subsidiar un mensaje a favor de la industria de la
carne de res del país en detrimento y contrario a sus propios
3
CC-2005-884
intereses como importador de carne de res.
Ello así, toda vez
que los fondos recolectados se utilizaron para propulsar una
campaña genérica a favor de la industria de la carne de res
país.
Adujo
que
ello
expresión
además
de
ser
un
mecanismo
de
carácter
a
la
cláusula
de
comercio
Estados
Unidos.
del
proteccionista
interestatal
contrario
de
la
violaba
Constitución
su
de
derecho
los
a
la
libre
Finalmente indicó que, habida cuenta que la Ley Núm. 238 había
derogado la Ley Núm. 95, Amigo no venía obligado a pagar la
contribución que impuso esta última.
Eventualmente,
Amigo
presentó
una
moción
de
sentencia
sumaria donde se reiteró en los argumentos antes esbozados.
Para sostener su posición respecto la utilización del dinero
recaudado, éste acompañó su moción con copia del estado de
situación del Fondo al 30 de noviembre de 1995, copia de
varios anuncios publicados por el Fondo en la prensa del país,
el texto de varias pautas radiales, el plan estratégico de la
agencia
de
publicidad
desarrollar,
y
un
del
Fondo
respecto
informe
del
Fondo
Departamento de Hacienda.
la
campaña
provisto
por
a
el
Petición de certiorari, Apéndice,
págs. 110-154.
De dichos documentos se colige que para finales de 1995,
cuando
cesó
la
cobrado
un
total
22
vigencia
de
la
Ley
Núm.
$650,159.04.22
95,
el
De
esta
Fondo
había
cantidad,
el
Del estado de situación del Fondo para el Fomento de la
Industria de la Carne de Res que se anejó a la moción de
sentencia
sumaria,
se
desprende
que
el
estimado
de
aportaciones que debían ingresar al Fondo, calculado a partir
de la fecha en que entró en vigencia al 30 de noviembre de
4
CC-2005-884
Departamento
de
Hacienda
retuvo
gastos de administración.
$65,018.90
en
concepto
de
Del sobrante, se habían utilizado
$103,054.35 en gastos de publicidad y $3,787.41 en servicios
profesionales.
A
$65,018.90
Departamento
al
esa
fecha,
las
cuentas
de
Hacienda,
por
pagar
eran:
$3,808.76
por
servicios profesionales, $130,193.99 en gastos de publicidad y
$75.00
en
gastos
misceláneos.
Apéndice, págs. 110-111.
publicidad
fue
de
Petición
de
certiorari,
El costo total de la campaña de
doscientos
ochenta
mil
dólares
($280,000.00).
A base de esta información, Amigo concluyó que la inmensa
mayoría de los fondos recobrados se utilizaron para sufragar
los gastos de una campaña de publicidad genérica.
Sobre ésta,
Amigo indicó que la misma iba dirigida a resaltar la industria
de
la
carne
importada.
varios
de
res
del
país
en
perjuicio
Para
ello
acompañó
su
moción,
como
prensa,
así
anuncios
publicados
en
la
de
la
carne
indicamos,
como
pautas
radiales, de los que se desprende que la campaña de promoción
iba dirigida a fomentar el consumo de la carne de res del
país.
Véase discusión infra.
Los anuncios no identificaban
al gobierno del Estado Libre Asociado como el auspiciador de
los mismos.
Posteriormente, el Estado presentó su oposición.
En su
escrito, adujo que eran varios los propósitos que adelantaba
la Ley Núm. 95, a saber: reglamentar y promover la industria
de
carne
de
res
en
Puerto
Rico,
incluyendo
la
importada;
1995, era de $2,631,361.73. De esa cantidad, sólo se había
recolectado $650,189.04 al 30 de noviembre.
5
CC-2005-884
promover el bienestar general de la industria; y, promover una
mejor nutrición para la población.
ley
era
una
legislación
un
ejercicio
constituía
reglamentación del Estado.
de
Apuntó además que dicha
carácter
legislativo
socioeconómico
válido
del
que
poder
de
A su vez, señaló que el producto
de las aportaciones recaudadas por la Ley Núm. 95, no se había
utilizado
exclusivamente
para
genérica como alegaba Amigo.
una
campaña
publicitaria
Finalmente indicó, que la Ley
Núm. 238 sólo derogó aquellas disposiciones conflictivas con
la Ley Núm. 95, por lo que persistía la obligación de pagar la
aportación adeudada.
Para refutar la alegación de Amigo sobre el uso brindado
a las aportaciones recibidas en virtud de la Ley Núm. 95, el
Estado acompañó su escrito con extractos de una deposición
que
se
le
tomó
Reglamentación
al
de
Administrador
la
Industria
de
de
la
la
Oficina
Carne
de
para
la
Res
(el
“Administrador”) en otro litigio donde se planteaba, según
indicó
el
Estado,
Administrador
utilizaban
idéntica
testificó
para
ofrecer
que
controversia.
los
En
fondos
orientaciones
a
ésta,
el
recibidos
se
consumidores,
agricultores e importadores sobre la industria de la carne.
Además, que la Oficina para la Reglamentación de la Industria
de la Carne de Res en coordinación con el Fondo, proveía
inspectores quienes corroboraban que los supermercados, las
plantas de elaboración y los almacenes cumplieran a cabalidad
con la reglamentación aplicable a esta industria, adelantando
así los objetivos de la Ley Núm. 95.
Petición de certiorari,
6
CC-2005-884
Apéndice, págs. 175-181.
no
vino
acompañada
La moción presentada por el Estado
por
copia
alguna
de
los
anuncios
publicados como parte de la campaña genérica de publicidad de
la industria de la carne.
Luego
de
varios
trámites
procesales,
el
Tribunal
de
Primera Instancia emitió una sentencia rechazando la petición
de Amigo.
El foro primario concluyó que no era necesario
dilucidar
los
planteamientos
de
carácter
constitucional
esgrimidos
por
Amigo
sólo
tenía
resolver
procedía
no
el
o
ya
que
cobro
de
dinero
que
solicitado.
si
Determinó
entonces que la derogación parcial de la Ley Núm. 95 no había
relevado a Amigo del cumplimiento con la obligación contraída
durante
la
vigencia
de
ésta,
que
la
deuda
existente
era
líquida y exigible por lo tanto “n[a]da impide que se ordene
el cobro de dinero adeudado a todo aquel importador que no
cumplió con su obligación durante la vigencia de la Ley 95.”
Petición de certiorari, Apéndice, pág. 249.
Insatisfecho,
Apelaciones.
Amigo
acudió
ante
el
Tribunal
de
El Estado compareció y anejó a su alegato la
deposición completa que le fuera tomada al Administrador.
El
foro apelativo intermedio emitió una sentencia confirmando el
dictamen del foro primario. Concluyó, que la Ley Núm. 95 no
era inconstitucional de su faz y que, entre otras cosas, la
ley no tuvo como propósito exclusivo propiciar una campaña
genérica
de
llegado
a
publicidad.
esa
conclusión
El
foro
apelado
aparentó
a
base
de
expresiones
las
Administrador según constan en su deposición.
haber
del
Indicó, que la
7
CC-2005-884
Ley Núm. 95 servía un fin legítimo del Estado por lo que
constituía expresión gubernamental válida.
Además,
señaló
que
la
ley
no
imponía
una
carga
irrazonable sobre el derecho a la libre expresión de Amigo
habida cuenta de que sólo el diez por ciento (10%) de las
aportaciones
que
debían
ingresar
al
Fondo
habían
sido
destinadas para la campaña de promoción objetada; y, que la
ley no restringía la capacidad de Amigo de llevar a cabo su
propia propaganda o promoción.
Finalmente, concluyó que la
controversia ante el foro primario era una estrictamente de
derecho por lo que procedía resolver la misma a través del
mecanismo de sentencia sumaria.
En desacuerdo, Supermercados Amigo, Inc., acudió ante
este
Tribunal
mediante
solicitud
de
certiorari.
En
su
escrito planteó la comisión de dos errores, a saber:
(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no
declarar inconstitucional la Ley 95 de 29 de
noviembre de 1992 (Ley 95), por crear esta Ley 95
un
esquema
de
expresión
compelida
que
es
inconstitucional de su faz y en su aplicación a la
parte demandada en vista de que la Ley 95 viola los
preceptos de libertad de expresión y de asociación
de
la
parte
demandada
garantizados
por
la
Constitución del ELA y por la Primera Enmienda de
la Constitución de los EEUU.
(2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
permitir que el TPI introdujera y le diera
credibilidad a extractos de una deposición (a)
tomada por la parte demandante en un caso distinto
al de autos; (b) de un individuo que no fue testigo
en el caso de autos; (c) que la parte apelante no
tuvo la oportunidad de contrainterrogar; y, (d) que
está plagada de prueba de referencia múltiple que
sería inadmisible aún el caso de autos.
El
pasado
solicitado.
26
de
enero
de
2006
expedimos
Ambas partes han comparecido.
el
auto
En el día de hoy
8
CC-2005-884
se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones por
estar igualmente dividido este Tribunal.
Disiento de ese
curso de acción porque el esquema establecido de la Ley Núm.
95 viola el derecho de la libre expresión de la peticionaria.
II
A
Nos toca resolver si el esquema establecido en la Ley
Núm. 95 violaba el derecho a la libre expresión de la parte
peticionaria o si por el contrario, como aduce el Procurador
General en su escrito ante este Tribunal, el mismo constituye
un ejercicio válido del Estado inmune a un ataque bajo el
derecho a la libertad de expresión.
Todo ello en el contexto
procesal de una petición de sentencia sumaria.
Comenzamos
nuestra
discusión
con
una
descripción
del
diseño establecido por la Ley Núm. 95, para luego abordar la
controversia
de
libertad
de
expresión
que
se
nos
ha
planteado.
B
Como ya apuntamos, la Ley Núm. 95 estableció la Oficina
de Reglamentación y Promoción de la Industria de la Carne de
Res (la “Oficina”).
Del texto de la ley se desprende que la
intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la ley fue
propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la industria de
la carne de res a través de distintos programas, servicios y
actividades.
Arts. 4 y 6 de la Ley Núm. 95.
Ello, para
9
CC-2005-884
beneficio tanto de la ciudadanía como de los productores e
importadores de carne de res.23
Para
subsidiar
los
programas
establecidos
y
hacer
efectivos los objetivos de la ley, ésta creó un Fondo para el
Fomento de la Industria de la Carne de Res, que se nutría de
las aportaciones por diversos conceptos, impuestas tanto a
productores locales como a importadores de carne de res.24
23
Los propósitos de la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de
1992, quedaron plasmados en su Exposición de Motivos, que lee
como sigue:
Siendo la carne de res alimento básico de alto
valor alimenticio en la dieta humana, es nuestro
deber
dirigir
todos
los
esfuerzos
que
sean
necesarios
para
lograr
el
fortalecimiento
y
desarrollo
que
requiere
esta
empresa.
Se
caracteriza
la
misma
al
presente,
por
una
desorganización la cual es visible a diferentes
niveles.
Reflejo de lo antes indicado es lo
siguiente: la carencia de oficinas centralizadas en
la cual se pueda tener accesible información sobre
precios y condiciones de venta de la carne de res;
ausencia de centros de datos sobre diversos
aspectos de la industria; falta de orientación y
promoción consistente y permanente así como falta
de centros de investigación relacionados con la
industria de la carne de res.
La permanencia así como la expansión de
mercados existentes para la carne de res son de
vital
importancia
para
el
bienestar
de
los
productores, importadores y otros relacionados con
este mercado tan importante para la economía de la
Isla. De igual manera es importante que la carne
de res sea accesible en un mercado eficiente de
manera que podamos asegurar una mejor nutrición a
nuestro pueblo.
24
El Art. 9 de la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992,
disponía de las siguientes aportaciones para nutrir el fondo:
“(1) Cuatro dólares con catorce centavos ($4.14) por cada
animal sacrificado en matadero tomando en consideración como
base el peso promedio de un animal sacrificado en matadero.
(2) Un centavo ($0.01) por libra de carne de res importada
tomando como base el pago hecho para el producto local en
consideración al rendimiento del animal sacrificado por el
10
CC-2005-884
El Art. 9 de la ley, disponía específicamente que el Fondo
sería utilizado “para la promoción de la producción, venta,
elaboración y consumo de la carne de res, y toda otra gestión
necesaria para el progreso de la industria de la carne de
res.”
Este fondo lo administraba una junta administrativa
compuesta por el Administrador, dos representantes de los
importadores, tres representantes de los productores, uno de
los cuales debía representar a los pequeños agricultores, y
un representante del interés público, nombrados todos por el
Secretario de Agricultura.
Arts. 9 y 10 de la Ley Núm. 95.
La ley disponía que el diez por ciento (10%) de los
fondos recaudados se destinaban para solventar los gastos
administrativos y operacionales de la Oficina.
El remanente
de los recaudos se utilizaría para adelantar los objetivos
establecidos por ley.
Secretario
de
Véase, Art. 4 de la Ley Núm. 95.
Hacienda
estaba
facultado
para
cobrar
El
la
aportación provista en la ley.
Como ya apuntamos, la ley estuvo en vigor íntegramente
hasta el 1ero de enero de 1997, cuando entró en vigor la Ley
Núm. 238, conocida como la “Ley para el Ordenamiento de las
Industrias Agropecuarias de Puerto Rico.”
La
Ley
ordenamiento
Núm.
238,
por
administrativo
agropecuaria en Puerto Rico.
su
para
parte,
creó
regentar
la
un
nuevo
industria
La legislación creó la Oficina
de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto
Rico, adscrita al Departamento de Agricultura.
productor local.
(3) Un dólar
sacrificado en el matadero.”
($1.00)
por
5 L.P.R.A.
cada
ternero
CC-2005-884
11
sec. 3052.
La ley derogó la disposición de la Ley Núm. 95
que ordenaba la aportación de los importadores de carne de
res como a los productores locales de carne de res.
Esta
ley
se
agropecuarias.
pu[edan]
[Para
suplir
puertorriqueños,
localmente,
aprobó
que]
las
por
“para
las
empresas
así
un
de
las
industrias
que
la
de
los
consumidores
alta
calidad
necesidades
productos
logrando
fortalecer
aumento
producidos
significativo
contribución de este renglón en nuestra economía.”
nuestro.)
Exposición
de
Motivos,
componen
Ley
Núm.
en
la
(Énfasis
238.
De
lo
anterior se desprende claramente que el propósito de la Ley
Núm. 238 fue fortalecer y desarrollar la industria de la
carne de res del país.
La ley estableció una junta administrativa para cada
sector
de
la
industria
agropecuaria
y
cada
sector
quedó
autorizado para establecer un fondo que permitiera promover
el desarrollo de la producción y comercialización de sus
productos.
5 L.P.R.A. sec. 3056.
En lo que respecta a su interacción con la Ley Núm. 95,
la Ley Núm. 238 dispuso que el Secretario de Agricultura
estaba
facultado
para
“reestructurar,
mediante
la
reglamentación necesaria, la Oficina para la Reglamentación y
Promoción de la Industria de la Carne de Res y la Junta del
Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res.
Esta última una vez reestructurada pasará a ser la Junta
Administrativa de esta industria agrícola, preservando así la
continuidad de sus operaciones.”
Art. 13 de la Ley Núm. 238,
12
CC-2005-884
5 L.P.R.A. sec. 3062.
3061,
proveyó
continuidad
El Art. 12 de la ley, 5 L.P.R.A. sec.
expresamente
de
las
y
adscrita
Oficina
la
la
transferencia
y
de
la
Oficina
para
la
Carne
de
Res,
quedando
Ordenamiento
de
las
funciones
Reglamentación
a
para
Promoción
de
de
la
Industrias
Agropecuarias creada en virtud de la nueva ley.
De lo anterior se colige que la Ley Núm. 238 pretendió
crear
un
nuevo
esquema
administrativo
para
incentivar
la
industria agropecuaria del país aunque dispuso para que los
programas y los fondos creados por la anterior Ley Núm. 95 se
transfirieran
a
la
nueva
establecida bajo la primera.
estructura
administrativa
Más que nada, la Ley Núm. 238
centró su foco de atención en el crecimiento y desarrollo de
la industria agropecuaria del país.
III
A
El derecho a la libre expresión consagrado en el Art.
II, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
resguarda
la
es
uno
de
los
Constitución
y
valores
más
preciados
que
cobija
“la
libertad
de
conciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades
propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada
libertad la totalidad de los derechos.”
4 Diario de Sesiones
de
(1961).
la
Convención
Constituyente
2564
Es
piedra
angular que sostiene nuestro sistema democrático.
Facilita
“el
el
desarrollo
pleno
del
individuo
y
estimula
libre
intercambio y la diversidad de ideas, elementos vitales del
13
CC-2005-884
proceso democrático.”
568, 576 (1992).
Velázquez Pagán v. AMA, 131 D.P.R.
En su esencia, la libertad de expresión se
levanta como barrera de difícil rebaso para aquella acción
del Estado que pretenda asfixiar la expresión del ciudadano.
De la misma forma que este axioma prohíbe que el Estado
sofoque la expresión ciudadana, así también le impide que
obligue al ciudadano a exponer, manifestar o adoptar credos
con los que se está en desacuerdo.25
En West Virginia State
Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943) se resolvió que
el gobierno no podía obligar a estudiantes de la escuela
pública
a
saludar
la
bandera
y
recitar
el
juramento
de
fidelidad a los Estados Unidos, por ser ello contrario a la
Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
hacerlo apuntó el Tribunal:
Al así
“If there is a fixed star in our
constitutional constellation, it is that no official, high or
petty, can prescribe what shall be orthodox in politics,
nationalism, religion, or other matters of opinion.”
U.S. pág. 642.
cual
se
iban
319
Barnette estableció el estándar contra el
a
medir
las
controversias
sobre
expresión
compelida.
Más tarde, en Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977), el
Tribunal
se
enfrentó
expresión compelida.
nuevamente
a
un
planteamiento
de
Al hacerlo, declaró inconstitucional
por ofender la Primera Enmienda, una ley del estado de New
Hampshire que tipificaba como delito mutilar el eslogan del
estado, “Live Free or Die”, que aparecía en las tablillas de
25
Esto se denomina en la doctrina norteamericana
expresión compelida (“compelled speech”).
como
14
CC-2005-884
los
automóviles.
Tribunal expresó:
Al
comparar
Wooley
con
Barnette,
el
“Compelling the affirmative act of flag
salute involved a more serious infringement upon personal
liberties that the passive act of carrying the state motto on
a license plate, but the difference is essentially one of
degree.”
430 U.S. pág. 715.
Posteriormente, el principio establecido en Barnette fue
extendido
a
controversias
obligatorias
de
miembros
Esto
que
se
es
lo
compelido
que
disidentes
conoce
(“compelled
involucraban
de
foros
aportaciones
integrados.
como
la
doctrina
subsidy”),
una
sub-categoría
doctrina de expresión compelida.
de
subsidio
de
la
El concepto de subsidio
compelido entraña un esquema mediante el cual el Estado le
requiere
al
ciudadano
que
subsidie
con
su
aportación
económica un mensaje con el cual está en desacuerdo.26
En Abood v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209
(1977), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutió,
por
primera
Abood,
un
vez,
la
doctrina
de
subsidio
grupo
de
maestros
del
sistema
compelido.
de
En
instrucción
pública de Detroit objetó que, en virtud de la cláusula de
taller agencial (“agency shop”) del convenio colectivo, éstos
venían obligados -–no siendo miembros de la unión-- a pagar
una cuota especial a ésta a manera de reembolso por las
gestiones efectuadas por la unión como agente negociador de
26
Johanns v. Livestock Marketing Assoc., 544 U.S. 550, 557
(2005)(“[In] ‘compelled subsidy’ cases . . . an individual is
required by the government to subsidize a message he
disagrees with . . . .”)
15
CC-2005-884
la colectividad.
La objeción de los maestros se basó en que
se
la
oponían
a
negociación
colectiva
en
el
sector
gubernamental así como también al uso que la unión le daba a
los fondos de la unión.
Los maestros sostenían que este
diseño
a
violaba
obligaba
a
su
derecho
subsidiar
la
causas
libre
y
expresión,
mensajes
pues
le
políticos
e
ideológicos auspiciados por la unión con los que no estaban
de acuerdo.
El
Tribunal
Supremo
resolvió
que
la
cláusula
del
convenio colectivo que les obligaba a hacer las aportaciones
compulsorias a la unión era válida, toda vez que existía un
interés de vital importancia para el Estado en propiciar la
negociación colectiva.
Ahora bien, dispuso que los maestros
no podían ser obligados, por mandato de la Primera Enmienda,
a sufragar con sus cuotas actividades políticas o ideológicas
que
no
compartían,
pertinente
al
ya
que
proceso
el
mensaje
de
objetado
negociación
no
era
colectiva.
Específicamente sostuvo el Tribunal:
We do not hold that a union can not
constitutionally spend funds for the expressions of
political views, on behalf of political candidates,
or towards the advancement of other ideological
causes not germane to its duties as collectivebargaining
representative.
Rather,
the
Constitution requires only that such expenditures
be financed from charges, dues, or assessments paid
by employees who do not object to advancing those
ideas and who are not coerced into doing so against
their will by the threat of loss of government
employment. (Énfasis nuestro.)
Abood, 431 U.S. pág. 235-236.
Al así resolver, Abood estableció lo que se conoce como
el
estándar
de
pertinencia
(“germaneness
test”)
para
16
CC-2005-884
determinar cuándo un mensaje puede ser subvencionado por una
aportación compelida sin ofender la Primera Enmienda.
ejemplifica
el
contribuir
a
paradigma
causas
contribuir.
que
postula
que
la
políticas
entraña
la
libertad
Abood
libertad
de
de
no
Bajo Abood, un esquema de subsidio compelido que
haya sido objetado sólo será válido si:
(1) se determina que
el mensaje es pertinente a los propósitos y objetivos del
grupo; y, (2) que el mensaje difundido no es político o
ideológico.
Posteriormente, en Keller v. State Bar of California,
496
U.S.
1,
14-16
(1990),
el
Tribunal
abundó
sobre
el
estándar de pertinencia aludido al invalidar un programa de
cuotas
mandatorias
porque
se
utilizaban
para
financiar
expresiones de índole políticas o ideológicas, ajenas a los
objetivos
de
la
colegiación
California.
Keller,
standard
must
be
necessary
or
496
whether
reasonably
compulsoria
U.S.
the
pág.
14.
challenged
incurred
for
en
el
estado
(“[T]he
de
funding
expenditures
are
the
of
purpose
regulating the legal profession.”)
En Colegio de Abogados v. Schneider, 112 D.P.R. 540, 554
(1982), adoptamos el análisis de Abood y resolvimos que aun
cuando
la
colegiación
compulsoria
era
válida
constitucionalmente, el Colegio de Abogados no podía utilizar
las
cuotas
--o
parte
de
ellas--,
para
subsidiar
alguna
expresión o actividad del Colegio de Abogados con la cual un
colegiado no estuviese de acuerdo.
Concluimos que el derecho
a la libertad de expresión contenido en la Constitución de
17
CC-2005-884
Puerto
Rico
subvencionar
protegía
el
con
cuotas
sus
derecho
una
de
los
disidentes
expresión
a
no
ideológica
que
estimaban objetable.
Con
posterioridad
oportunidad,
hasta
a
Schneider,
ahora,
para
no
delinear
habíamos
los
tenido
contornos
de
nuestra normativa respecto el derecho a la libre expresión en
el contexto de subsidio compelido.
apropiado
que
repasemos
a
En vista de ello, parece
manera
de
ilustración,
la
trayectoria subsiguiente de Abood expuesta por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos.
B
Los principios establecidos en Abood y Keller, han sido
posteriormente
resultados
aplicados
por
disímiles--
aportaciones
a
económicas
el
Tribunal
situaciones
Supremo
que
obligatorias
-–con
implicaban
(“checkoffs”)
promulgadas mediante reglamentación agrícola, para financiar
campañas
publicitarias
Foods,
533
Inc.,
Brothers,
521
U.S.
U.S.
457
genéricas.
E.g.,
405
y
(2001)
(1997).27
U.S.
v.
United
Glickman
v.
Wileman
además,
Buchman
Véase
Buckles, Food Fights in the Courts: The Odd Combination of
Agricultural and First Amendment Rights, 43 Hous. L. Rev.
415,
416
largely
27
(2006)(“The
compelled
unexplored
until
its
subsidy
recent
doctrine
had
been
collision
with
Cabe señalar que por campaña publicitaria genérica se
entiende aquella campaña diseñada a estimular el consumo de
un producto agrícola en un mercado.
Glickman v. Wileman
Brothers, 521 U.S. 457, 476 (1997)(“Generic advertising is
intended to stimulate consumer demand for an agricultural
product in a regulated market.
That purpose is legitimate
and consistent with the regulatory goals of the overall
statutory scheme.”)
18
CC-2005-884
agriculture.”)
En
vista
de
la
importancia
que
revisten
Glickman y United Foods a la controversia que hoy se nos
plantea, analicemos los mismos con detenimiento.
En Glickman, el Tribunal Supremo rechazó una impugnación
bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos de un programa establecido en virtud del “Agricultural
Marketing Agreement Act of 1937”, (“AMAA”) 7 U.S.C. secs. 601
et seq., que requería, entre otras cosas, que agricultores
que cosechaban árboles frutales en California financiaran una
campaña genérica de publicidad para fomentar su consumo.28
Esta campaña formaba parte de un amplio entramado legislativo
federal cuyo propósito era controlar el mercado colectivizado
de productos agrícolas, en este caso melocotones y ciruelas,
(“agricultural
commodities”),
producción
venta
competencia.
y
En
del
vista
específicamente
producto,
de
lo
respecto
la
eliminando
la
libre
el
de
acción
cual,
radio
disponible a los agricultores en este mercado había sido
restringido ya por el gobierno federal.
Ante esta realidad,
el Tribunal definió la controversia ante su consideración
bajo los siguientes términos:
“The legal question that we
address is whether being compelled to fund this advertising
raises a First Amendment issue for us to resolve, or rather
is simply a question of economic policy for Congress and the
Executive to resolve.”
28
521 U.S. pág. 468.
El “Agricultural Marketing Agreement Act of 1937”, 7
U.S.C. secs. 601 et seq, fue uno de los programas legislados
por el Congreso de los Estados Unidos como parte del programa
del Nuevo Trato del Presidente Roosevelt.
19
CC-2005-884
El
Tribunal
declarara
rechazó
inválida
la
que
Abood
campaña
requiriese
publicitaria
que
se
genérica
impugnada, por cuanto no se trataba de expresión de carácter
político
o
ideológico
como
el
implicado
en
Abood.29
En
específico, el Tribunal indicó lo siguiente:
Abood, and the cases that follow it, did not
announce a broad First Amendment right not to be
compelled to provide financial support for any
organization that conducts expressive activities.
Rather, Abood merely recognized a First Amendment
interest in not being compelled to contribute to an
organization whose expressive activities conflict
with one’s ‘freedom of belief.’ (Énfasis nuestro.)
Glickman, 521 U.S. pág. 471.30
Por otro lado, dispuso que la
campaña publicitaria objetada era meramente un componente más
de lo que era una abarcadora legislación relacionada con un
mercado colectivizado altamente regulado, además de que la
campaña era claramente pertinente (“unquestionably germane”)
al esquema reglamentario.
521 U.S. pág. 473.
Sobre esto se
indicó:
The business entities that are compelled to fund
the generic advertising at issue in this litigation
do so as a part of a broader collective enterprise
in which their freedom to act independently is
already constrained by the regulatory scheme.
It
29
Ciertamente, el derecho a la libre expresión que se
reconoce en la Constitución del Estado Libre Asociado tiene
un contenido más amplio que lo expresado por el Tribunal en
Glickman con su restrictiva interpretación del contenido y
alcance de Abood. E.g., Roth v. United States, 354 U.S. 476,
484 (1957)(“All ideas having even the slightest redeeming
social importance . . . have the full protection [of the
First Amendment].”)
30
Este razonamiento fue vehementemente rechazado en la
opinión disidente así como por tratadistas que han abordado
el tema.
Véase, R. Solla, Smolla and Nimmer on Freedom of
Speech, Thomson-West, vol 2, sup. 2006, sec. 20:45, pág. 20156.(“The Court seemed to analyze the case with blinders on,
seeing it as posing only questions of agricultural policy,
not control of expression.”)
20
CC-2005-884
is in this context that we consider whether we
should
review
the
assessments
used
to
fund
collective
advertising,
together
with
other
collective
activities,
under
the
standard
appropriate for the review of economic regulation
or under the heightened standard appropriate for
the review of First Amendment issues.
(Énfasis
nuestro.)
Glickman, 521 U.S. pág. 468.
Glickman
analizó
la
controversia
planteada
desde
la
perspectiva de que se trataba de una legislación de carácter
económico que regulaba intensa y ampliamente el mercado al
punto de restringir el libre comercio, proveyendo estabilidad
al mercado, y no desde la óptica de la Primera Enmienda y de
la
obligación
impuesta
por
ley
sobre
el
locutor,
quien
teniendo objeciones definidas al mensaje estaba obligado a
subvencionarlo.
Como
resultado
del
anterior
sostuvo la validez del programa impugnado.
análisis
se
Véase, R. Solla,
Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, Thomson-West, vol 2,
sup. 2006, sec. 20:45.
Por otro lado, en United Foods, ante, en un caso con un
andamiaje similar al de Glickman, el Tribunal Supremo llegó a
la conclusión opuesta.
El programa impugnado en United Foods
se
con
estableció
a
tenor
la
ley
federal
conocida
como
“Mushroom Promotion, Research and Consumer Information Act”,
7 U.S.C. sec. 6101 et seq.
Bajo esta ley, el Secretario de
Agricultura estaba autorizado a crear un consejo asesor para
adelantar los objetivos del estatuto federal.
ello
se
proveyó
para
la
imposición
de
una
Como parte de
contribución
obligatoria a los productores de zetas con el propósito de
promover esta industria, promover la investigación y, proveer
21
CC-2005-884
información al consumidor así como a distintos sectores de la
industria.
7 U.S.C. sec. 6104(g)(2).
La mayoría de los
fondos recolectados se utilizaron para una campaña genérica
de publicidad encaminada a promover la venta de zetas.
El Tribunal concluyó, a base del récord ante sí, que el
único
programa
campaña
financiado
publicitaria,
determinó
entonces,
es
por
las
decir,
la
aplicando
a
contribuciones
expresión
Abood
y
era
misma.
Keller,
Se
que
programa allí impugnado ofendía la Primera Enmienda.
only
program
the
contributions
serve
question.”
Se
Government
is
the
contends
very
the
advertising
la
el
“The
compelled
scheme
in
entre
el
533 U.S. pág. 415.
precisó
que
la
diferencia
fundamental
programa rechazado en United Foods y el declarado válido en
Glickman, era que el establecido en este último formaba parte
de un esquema de reglamentación amplio del mercado, en el
cual
la
campaña
incidental.
publicitaria
era
meramente
una
parte
Por el contrario, en United Foods no existía tal
esquema de regulación sino todo lo contrario, pues regía un
mercado de libre competencia.
411.
United Foods, 533 U.S. pág.
En específico el Tribunal indicó lo siguiente:
In contrast to the program upheld in Glickman,
where
the
Government
argued
the
compelled
contributions for advertising were ‘part of a far
broader regulatory system that does not principally
concern speech,’. . . there is no broader
regulatory system in place here.
We have not
upheld compelled subsidies for speech in the
context of a program where the principal object is
speech itself. [. . .] The cooperative marketing
structure relied upon by a majority of the Court in
Glickman to sustain an ancillary assessment finds
no corollary here; the expression respondent is
22
CC-2005-884
required to support is not germane to a purpose
related to an association independent from the
speech itself; and the rationale of Abood extended
to the party who objects to the compelled support
for this speech. (Énfasis nuestro)
533 U.S. págs. 415-516.31
Es
importante
destacar,
que
al
aplicar
Abood,
Tribunal
expandió
la
protección
que
ofrece
la
el
Primera
Enmienda al resolver que la expresión objetada no tenía que
ser de carácter política o ideológica para estar protegida,
como se había dispuesto en Glickman.32
Por lo tanto, la
única pregunta que había que hacerse era si la aportación
económica
compelida
era
pertinente
para
adelantar
el
fin
legítimo del Estado en el programa legislado.
La pregunta se
contestó
que
en
la
negativa
al
determinarse
el
único
propósito de la aportación resultaba ser la expresión misma.
Finalmente, hay que puntualizar que en la opinión el
Tribunal
intimó
que
el
mismo
esquema
podría
resistir
un
ataque bajo la Primera Enmienda si la campaña publicitaria
31
Véase, Dindinger, Free Speech for Mushrooms but not
Peaches:
Economic Regulations after United Foods, Inc, 31
Colo. Law 61, 63 (2002).
32
En United States v. United Foods, Inc., 533 U.S. 405, 413
(2001) el Tribunal Supremo indicó:
We did say in Glickman that Abood ‘recognized a
First Amendment interest in not being compelled to
contribute to an organization whose expressive
activities
conflicts
with
one’s
‘freedom
of
belief’. . .We take further instruction, however,
from Abood’s statement that speech need not be
characterized as political before it receives First
Amendment protection.
A proper application of
Abood requires us to invalidate the instant
statutory scheme.”
(Énfasis nuestro.) (Citas
omitidas.)
23
CC-2005-884
pudiese
ser
catalogada
como
expresión
United Foods, 533 U.S. págs. 416-417.
controversia
llegó
al
Tribunal
en
gubernamental.33
Un año más tarde, esa
Johanns,
v.
Livestock
Marketing Assn., ante.
IV
En Johanns, ante, se cuestionaba también un programa de
subsidio
compelido
muy
similar
al
declarado
inválido
en
United Foods, en esta ocasión el producto agrícola era la
carne de res.
El Tribunal validó la aportación compelida al
concluir
la
que
campaña
publicitaria
objetada
constituía
expresión gubernamental legítima no sujeta a las limitaciones
de la Primera Enmienda.34
El Tribunal sostuvo que el mensaje
promocional
estaba
en
ese
caso
controlado
todas sus etapas por el gobierno federal.
férreamente
en
“The message set
out in the beef promotions is from beginning to end the
33
El Tribunal Supremo no tuvo que enfrentarse a un
planteamiento de esta naturaleza en United Foods, ante,
porque el asunto no fue expuesto ante los foros inferiores y
por lo tanto, el Tribunal rehusó entrar a evaluar el mismo
cuando el gobierno federal lo planteó por primera vez ante el
Tribunal Supremo.
34
Para muchos, la trilogía de Glickman, United Foods y
Johanns, ejemplifica el estado de fluidez de la doctrina de
expresión gubernamental y la ausencia de un andamiaje
conceptual claro y preciso que permita aplicar la misma en
casos que involucran una contribución compelida.
E.g.,
Champoux, Uncovering Coherent in Compelled Subsidy of Speech
doctrine: Johanns v. Livestoxck Marketing Ass’n, 125 S.Ct.
2055 (2005), 29 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 1107, 1112
(2005)(“the Court´s decision in three mandatory checkoff
cases over eight years seem more schizophrenic that
schematic.”); Comment, Government Speech Doctrine, Compelled
Support for Agricultural Advertising, 119 Harv. L. Rev. 277,
283 (2005)(“In the wake of Johanns, it is clear that
government speech doctrine can trump other First Amendment
concerns.”); Troy, Do we have a Beef with the Court?
Compelled Commercial Speech Upheld, But it Could Have Been
Worse, 2005 Cato Sup. Ct. Rev. 125.
24
CC-2005-884
message established by the Federal Government.”
pág.
560.
gobierno
Siendo
podía
entonces
solicitar
gubernamentales
para
productores de carne.
expresión
la
costear
gubernamental,
asistencia
el
544 U.S.
de
programa,
el
fuentes
como
no
eran
los
Sobre este particular se indicó en la
opinión:
When, as here, the government sets the overall
message to be communicated and approves every word
that is disseminated, it is not precluded from
relying on the government-speech doctrine merely
because it solicits assistance from nongovernmental
sources in developing specific messages.
El Tribunal sostuvo también que el hecho que los fondos
procedieran de una aportación específica o dirigida a un
grupo en particular y no de un impuesto general no variaba el
resultado.
A
esos
compelled-subsidy
efectos,
analysis
indicó
is
el
Tribunal:
altogether
“The
unaffected
by
whether the funds for promotions are raised by general taxes
or
through
compelled
targeted
support
of
assessment.
private
Citizens
speech,
but
may
challenge
have
no
Amendment right not to fund government speech.”
First
544 U.S.
pág. 562.
Como resultado de lo anterior, el Tribunal concluyó que
cuando
se
trate
de
expresión
gubernamental
legítima,
la
impugnación de su faz del mecanismo de susidio compelido
establecido, como ocurrió en Johanns, es improcedente como
cuestión
de
derecho.
pronunciamiento
a
El
Tribunal
situaciones
que
rehusó
extender
involucrasen
su
una
impugnación, en su aplicación, de un esquema de subsidio
compelido.
25
CC-2005-884
La casuística que hasta aquí hemos reseñado pone de
manifiesto cómo
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha
atendido el tema del subsidio compelido y su interrelación
con el derecho a la libre expresión consagrado en la Primera
Enmienda
de
la
Constitución
federal.
Nos
corresponde
a
nosotros evaluar, con independencia de dicha jurisprudencia,
una controversia idéntica bajo el crisol de la Constitución
del Estado Libre Asociado.
V
A
Apuntamos inicialmente que el peticionario argüía que el
programa
establecido
mediante
la
Ley
Núm.
95
era
inconstitucional tanto de su faz como en su aplicación, por
violar su derecho a la libertad de expresión al obligarlo a
contribuir
económicamente
a
una
campaña
de
publicidad
encaminada
a
promocionar
la
carne
de
res
del
país,
en
perjuicio
de
sus
económicos
como
importador
de
carne.
intereses
El Estado por su parte, refutó tal planteamiento a
base de dos argumentos principales.
de
expresión
derecho
a
aportación
la
gubernamental
libertad
impugnada
de
se
no
Primero, que se trataba
sujeta
a
expresión.
utilizaba
para
los
rigores
Segundo,
del
que
la
subvencionar
un
mensaje genérico válido que formaba parte del amplio esquema
reglamentario que regula la industria de la carne de res.
B
Atendemos primeramente el argumento del Estado de que el
mensaje
objetado
es
expresión
gubernamental,
pues
de
26
CC-2005-884
asistirle la razón ahí concluiría nuestra revisión de esta
controversia.
Ciertamente, ésta es la pregunta medular en
este caso.
Iniciamos señalando que éste es un tema que no habíamos
abordado previamente; aunque sí habíamos expresado que el
gobierno está facultado y tiene el deber de informar a la
ciudadanía sobre asuntos de vital interés a ésta, propios a
la
gestión
gubernamental.
A
modo
de
ejemplo,
no
cabe
cuestionar la validez de un programa gubernamental encaminado
a informar y orientar al país sobre cómo afrontar un desastre
natural o una epidemia.
En PPD v. Gobernador, I, 139 D.P.R. 643, 680 (1995)
indicamos lo siguiente:
del
Gobierno
de
“Hemos reconocido que la expresión
naturaleza
educativa
e
informativa
es
indispensable para que el pueblo pueda juzgar su labor y
(Énfasis
exigir remedios a los agravios gubernamentales.”
nuestro.)
Como vemos, al reconocer la facultad del gobierno
de expresarse lo hicimos en función de que de esta forma se
propiciaba
la
labor
fiscalizadora
del
ciudadano
sobre
la
gestión misma del gobierno.
PPD v. Gobernador, I, ante;
Romero
Hernández
Agosto,
115
sido
extremo
celosos
Barceló
(1984).
Hemos
controversias
exponer
v.
un
en
relacionadas
mensaje
al
D.P.R.
con
el
derecho
punto
de
rechazar,
al
del
368,
381
evaluar
gobierno
sin
a
ambages,
reclamos de éste de que le asiste un derecho constitucional a
expresarse para informar al ciudadano sobre su gestión.
PPD
v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 923 (1994)(“el Gobierno no
27
CC-2005-884
tiene
un
derecho
constitucional
a
la
libre
expresión
protegido.”)
Véase también, PPD v. Gobernador, I, ante.
Es
por
en
que
lo
tanto
este
contexto
y
con
este
trasfondo
debemos encarar la interrogante que se ha planteado sobre si
estamos concretamente frente a una expresión gubernamental.35
C
La doctrina de expresión gubernamental tiene que partir
de
la
premisa
gobernar
hay
ciudadanía
que
es
que
comunicar.
Hay
aquello
resulte
todo
una
realidad
que
indiscutible
que
que
informarle
para
a
la
indispensable
y
pertinente a la gestión misma de gobierno.
El gobierno tiene
entonces
participar
que,
necesariamente,
“mercado de las ideas”.36
acudir
y
en
el
Otro de sus supuestos tiene que
ser el reconocimiento que el proceso político constituye el
detente más importante a los excesos del gobierno.
Éste, el
proceso político, se convierte entonces en el garante del
35
Debemos puntualizar aquí que la doctrina de expresión
gubernamental es de reciente creación en Estados Unidos donde
ha generado una enorme controversia.
Su desarrollo por lo
tanto se encuentra en etapa incipiente por lo que los
contornos de la doctrina no han sido delineados con total
precisión. Sobre este tema véase, entre otros: Wyatt, The
Curious Relationship Between the Compelled Speech and
Government Speech Doctrines, 117 Harv. L. Rev. 2411, 2427
(2004)(“[Government speech is] the ugly stepchild of First
Amendment
doctrine.”);
Buchanan
Buckles,
supra,
pág.
446(“Rather than any one solid principle, a conglomeration of
disparate rulings have been patched together to form a
doctrine of sorts.”); Bezanson, Buss, The Many Faces of
Government Speech, 86 Iowa L. Rev. 1377, 1381 (2001)(“[The
Supreme Court has built] an edifice now so riven with
incoherence and fine distinctions that it is on the verge of
collapse.”)
36
Cf., Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630
(1919)(“[T]he ultimate good desired is better reached by free
trade in ideas –th[e] . . . best test of truth is the power
of the thought to get itself accepted in the competition of
the market. . . .”)
28
CC-2005-884
derecho
a
libre
expresión
de
quienes
objetan
un
mensaje
compelido.37
Por ello somos del criterio que para que el proceso
político pueda surtir efecto y el ciudadano pueda fiscalizar
eficazmente al gobierno en este contexto, es indispensable
que el ciudadano pueda identificar la expresión objetada como
Salvo que sea evidente que el
una proveniente del Estado.
mensaje
putativo
gubernamental
proviene
efectivamente
del
gobierno, la proveniencia gubernamental no puede justificar
la carga sobre el derecho a la libre expresión que supone un
mensaje compelido.
sencilla,
sin
Tiene que ser así pues la premisa es
conocimiento
de
los
hechos,
“no
se
puede
juzgar; tampoco se pueden exigir remedios a los agravios
gubernamentales . . . a través del proceso de las urnas cada
cuatro (4) años.”
485 (1982).
Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477,
Véase también, Santiago v. Bobb y El Mundo, 117
D.P.R. 153, 159 (1986).
Recordemos lo que ya hemos resuelto,
la expresión gubernamental se da en función del derecho del
ciudadano a fiscalizar la gestión gubernamental.
PPD v.
Gobernador, I, ante
En
este
identificado
caso,
como
un
el
mensaje
mensaje
del
objetado
no
aparecía
gobierno.
Conforme
se
desprende de los anuncios en prensa, cuyas copias obran en
autos, lo único que identificaba al locutor era, en dos de
37
Sobre este particular se indicó en Johanns, ante, (Souter,
J., op. disidente):
“Democracy ensures that government is
not untouchable when its speech rubs against the First
Amendment interest of those who object to supporting it; if
enough voters disagree with what government says, the next
election will cancel the message.”
29
CC-2005-884
ellos, el logo del Fondo del Fomento de la Carne de Res y el
eslogan “Carne Fresca del País.”38
prensa
la
única
atribución
que
En los otros anuncios de
aparece
en
los
mismos
solamente el eslogan “Carne Fresca del País”, sin más.
mismo eslogan aparece en pegatinas y camisetas.
es
Este
De otra
parte, del texto de los anuncios que se difundieron en la
radio,
no
locutor.
152.
surge
que
se
identificara
al
gobierno
como
el
Véase, Petición de certiorari, Apéndice págs. 112Bajo
ninguno
de
estos
supuestos,
como
se
puede
apreciar, el ciudadano podía identificar al Estado como el
comunicador.
otros
El Estado no nos ha indicado que se publicaran
anuncios
donde
se
identificara
al
Estado
como
el
emisor; y de ninguna manera ha refutado la aseveración del
peticionario sobre este particular.
Siendo ello así, no
podemos brindarle al mensaje difundido el manto de protección
que le cobijaría bajo la doctrina de expresión gubernamental.
No tiene razón el Estado en su planteamiento.
D
El segundo señalamiento del Estado es que la campaña
objetada era válida toda vez que, al igual que ocurría en
Glickman,
en
este
altamente regulada.
caso
nos
enfrentamos
a
una
industria
Señaló el Procurador General:
“Un
examen de la legislación y reglamentación aplicable a la
38
La plataforma estratégica diseñada por la compañía
publicitaria contratada por el Fondo, señalaba que en estos
anuncios aparecería el logo del Departamento de Agricultura,
Fondo del Fomento de la Industria de la Carne de Res y el
eslogan de Carne de Res del País.
Como indicamos, en la
copia de los anuncios que se anejaron a la moción de
sentencia sumaria no aparece el logo del Departamento y sólo
del Fondo.
30
CC-2005-884
industria
de
la
carne
producto
altamente
de
res
regulado,
demuestra
tanto
exportación, como de importación.”
General, pág. 29.
que
en
la
éste
es
un
actividad
de
Alegato del Procurador
A modo de ejemplo, el Estado enumeró los
requisitos federales impuestos al mercado de la carne, con
los cuales el gobierno del Estado Libre Asociado tiene que
cumplir.
secs.
E.g., inspección y examen de la carne (21 U.S.C.
603,
606,
608,
609);
disposición
de
excedente
o
desechos (21 U.S.C. secs. 604, 605); etiqueta y empaque (21
U.S.C. sec. 607); almacenaje (21 U.S.C. sec. 624).
Lo
cierto
es
que
soy
del
criterio
que
no
debemos
descartar la posibilidad de que proceda incorporar la norma
de
Glickman
a
nuestra
Constitución.
Cuando
el
esquema
reglamentario sea tan extensivo como el que allí se evaluó,
podría
entenderse
que
el
carácter
gubernamental
de
la
expresión compelida ha de ser evidente para los ciudadanos.
Ahora bien, podemos evaluar el planteamiento del Estado sin
resolver hasta qué punto (si alguno) la doctrina Glickman
debe incorporarse a nuestra Constitución.
El problema con el argumento del Estado es que confunde
el
contenido
esbozado
en
del
concepto
Glickman.
de
“regulación
Glickman
se
del
refiere
mercado”
a
aquella
reglamentación que rige en un mercado colectivizado, dirigida
a controlar los precios en el mercado desplazando la libre
competencia.
Recordemos
que
Agreement
de
analizado
Act”
1937,
el
“Agricultural
en
el
caso,
Marketing
es
una
31
CC-2005-884
legislación aprobada como parte del Nuevo Trato.
Sobre el
AMMA, Glickman indica lo siguiente, citamos in extenso:
Congress
enacted
the
Agricultural
Marketing
Agreement Act of 1937 (AMMA), . . ., in order to
establish and maintain orderly marketing conditions
and fair prices for agricultural commodities. . . .
Marketing orders promulgated pursuant to the AMAA
are a species of economic regulation that has
displaced competition in a number of discrete
markets; they are expressly exempted from the
antitrust laws. . . Collective action, rather than
the
aggregate
consequences
of
independent
competitive choices, characterizes these regulated
markets.
In
order
‘to
avoid
unreasonable
fluctuations in supplies and prices,’ . . . these
orders may include mechanisms that provide a
uniform price to all producers in a particular
market, that limit the quality and the quantity of
the commodity that may be marketed, . . . determine
the grade and size of the commodity, . . . and that
make an orderly disposition of any surplus that
might depress market prices.
(Énfasis nuestro.)
(Citas omitidas.)
Glickman, 521 U.S. pág. 461.
Es por ello que el Tribunal
evaluó la controversia desde la perspectiva que analizaba una
legislación de carácter económico aprobada por el Congreso,
que
le
merecía
gran
deferencia.
“In
sum,
what
we
are
reviewing is a species of economic regulation that should
enjoy the same strong presumption of validity that we accord
to other policy judgments made by Congress.”
477.
521 U.S. pág.
Es importante puntualizar, que la reglamentación en
Glickman estaba exenta de las leyes de monopolios pues, en
efecto, lo que hacía era controlar férreamente el mercado de
la demanda para así controlar los precios.
En este caso el Estado no ha planteado que la Ley Núm.
95 y su reglamentación, tuviese como objetivo regular el
mercado de la carne en el país para controlar así su precio.
32
CC-2005-884
Por el contrario, el mercado de la carne de res en Puerto
Rico
--contrario
a
lo
que
sucede
con
nuestra
industria
lechera o la del café--, no impone precios uniformes, no
impone
cuotas
respecto
a
la
cantidad
que
se
produce
y
mercadea, no admite restricciones en cuanto a calidad y, no
impone
un
procedimiento
ganancias obtenidas.
págs.
22-23.
sobre
cómo
se
utilizarán
las
Véase Alegato de la parte peticionaria,
Además,
éste
no
es
un
mercado
que
se
ha
colectivizado o que se eximió de las leyes monopolísticas,
como tampoco ha sido subsidiado por el gobierno mediante
apoyo en cuanto a precios.
En conclusión, contrario a lo que
ocurría en Glickman, el mercado de carne de res en Puerto
Rico es uno donde rige la libre competencia.
Glickman por lo tanto, no está disponible para validar
el esquema de subsidio compelido establecido por la Ley Núm.
95.
E
Debemos preguntarnos entonces si bajo la Constitución
del Estado Libre Asociado, la utilización que se le ha dado a
las aportaciones establecidas bajo la Ley Núm. 95, infringe
el derecho a la libre expresión de la parte peticionaria.
Somos del criterio que, a la luz de los hechos en este caso,
la respuesta es en la afirmativa.
Los fondos provenientes de las aportaciones que nutrían
el
Fondo
para
el
Fomento
utilizar
entre
otras
de
cosas,
la
Carne
para,
de
Res
diseñar
se
una
debían
campaña
publicitaria genérica a favor del consumo de la carne en
33
CC-2005-884
Puerto Rico.
de
esta
Ahora bien, ello no ocurrió así.
campaña,
desarrolló
la
según
misma,
diseñados
fueron
los
por
Los objetivos
la
siguientes:
agencia
que
“(1)
Crear
conciencia de que existe una alternativa real en la carne de
(2) Fomentar el consumo de carne de res de PR.
res de PR.
(3) Crear reconocimiento del nombre.
y calidad del producto.”
(4) Demostrar frescura
(Énfasis nuestro.)
de certiorari, Apéndice pág. 120.
Véase, Petición
Parece evidente que el
propósito de la campaña diseñada era, efectivamente, resaltar
y así promover el consumo de la carne de res del país.
De hecho, el comunicado de prensa difundido informando
sobre el lanzamiento de la campaña publicitaria indicaba lo
siguiente:
“La Industria de la Carne de Res del País comenzó
una nueva campaña de publicidad para promover su consumo en
[La campaña] consta de anuncios de prensa y
Puerto Rico.
radio que resaltan los atributos de frescura y calidad que
contiene la Carne de Res del País . . . [E]l concepto de
frescura
[se
campaña.”
estableció]
como
elemento
principal
de
la
Petición de certiorari, Apéndice, pág. 162.
Lo
primero que llama la atención del referido comunicado de
prensa es que se informa que el auspiciador de la campaña es
la industria de la carne de res del país.
evidente
que
el
enfoque
resaltar esta industria.
publicados.
Los
ejemplos:
de
la
campaña
Luego resulta
es
precisamente
Así se desprende de los anuncios
Veamos algunos ejemplos.
anuncios
que
constan
en
autos.
Veamos
algunos
34
CC-2005-884
Uno de los anuncios en cuestión, publicado a página
completa en uno de los diarios del país, leía como sigue:
Cuando se tiene un buen producto hay que resaltar
todos sus méritos. Frescura, Sabor, Calidad.
La Carne de Res del País es carne Magra, limpia,
baja en grasa y con los minerales necesarios para
el desarrollo. Además contiene proteínas, hierro y
vitaminas . . .
Nuestro compromiso con Puerto Rico va más allá de
cumplir con una labor. Queremos darle lo mejor de
nuestra tierra. Pro eso cada empaque de carne de
res lleva una etiqueta.
Busca que sea del País.
Estamos tan seguro de la calidad de nuestro
producto que indicamos en la etiqueta que es de
aquí. (Énfasis nuestro.)
Otro
de
los
anuncios
objetados
incluía
la
siguiente
exhortación al ciudadano: “cuando compre carne de res . . .
pídala con todo.
Con todo el cuidado y esfuerzo con que se
crían las reses en Puerto Rico . . . con todo el amor que se
le dedica al trabajo . . . además de todo el sabor, la
frescura,
la
calidad
y
los
componentes
tiene la Carne de Res del País.”
nutricionales
que
(Énfasis nuestro.)
De otra parte, todos los anuncios que se publicaron
llevaban
estampado
el
eslogan
“Carne
Fresca
del
País.”
Expresión que entraña un mensaje subliminal de que lo fresco,
que es lo producido localmente, es superior a lo importado.
Ya
vimos
expresamente
como
el
concepto
“frescura”
a
esta
campaña.
Aun
cuando
se
uno
incorporó
de
los
propósitos del Fondo creado en virtud de la Ley Núm. 95, era
promocionar la industria de la carne de res en Puerto Rico,
según el plan diseñado, aprobado e implementado, la campaña
genérica desarrollada sólo beneficiaba la industria de carne
35
CC-2005-884
de res del país y no la carne importada.
Por el contrario,
la
la
campaña
perjudicaba
importada.
una
el
mercado
de
carne
de
res
Se le requería a la parte peticionaria financiar
campaña
de
competencia.
publicidad
que
sólo
beneficiaba
a
su
Para contrarrestar el posible efecto negativo
del mensaje genérico, Amigo vendría obligado a desarrollar
una “contra campaña” resaltando los beneficios de la carne de
res importada.
validar
la
No se ha aducido razón alguna que permita
carga
impuesta
sobre
el
derecho
a
la
libre
expresión de la parte objetante al mensaje compelido.39
En este caso nos enfrentamos a una campaña publicitaria
genérica a favor del consumo de un producto en perjuicio de
otro.
del
Campaña, subvencionada por aportaciones obligatorias
ente
campaña.40
“perjudicado”
por
el
contenido
mismo
de
la
El gobierno no puede con su acción --sin ofender
el derecho a la libre expresión--, inclinar la balanza a
favor
de
un
sector
de
una
industria
en
perjuicio
del
competidor, de la forma y manera que ha ocurrido en este
caso.
39
Los valores que representan el derecho a la libertad
No nos expresamos por lo tanto, sobre que diferencia, si
alguna, pudiera tener sobre el resultado, el que la campaña
estuviese dirigida a evitar una situación grave de salud
pública, como por ejemplo, que la carne importada estuviese
afectada por la enfermedad de encefalopatía espongiforme
bovina--comúnmente conocida como el mal de “las vacas locas.”
Nuestra expresión en esta ocasión se circunscribe a los
hechos específicos en este caso.
40
A luz del resultado a que llegamos en el día de hoy, es
innecesario que discutamos qué otro tipo de actividad se
subvencionaba con el Fondo, pues independientemente de lo
anterior, es evidente que la campaña que se diseñó violaba el
derecho a la libre expresión del peticionario.
Se hace
innecesario entonces discutir el segundo señalamiento de
error que nos fuera presentado.
36
CC-2005-884
de expresión se ven amenazados cuando el gobierno obliga a
sus ciudadanos, o a un grupo en particular, a subvencionar un
mensaje que éste favorece.
En su consecuencia, el subsidio
compelido establecido por la Ley Núm. 95, según diseñado e
implantado, era violatorio del derecho a la libre expresión
de los peticionarios según establecido en el Art. II, sec. 4,
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada