LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.

2007 TSPR 39

Poder Judicial de Puerto Rico

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.

CC-2005-0884

Sentencia con Opiniones Disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y el Secretario

del Departamento de Hacienda

Certiorari

Recurridos

2007 TSPR 39

v.

170 DPR ____

Supermercados Amigo, Inc.

Peticionario

Número del Caso: CC-2005-884

Fecha: 8 de marzo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel IV

Juez Ponente:

Hon. Charles Cordero Peña

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Aníbal Avilés

Oficina del Procurador General:

Lcda. Doraliz E. Ortiz De León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y el Secretario

del Departamento de Hacienda

Recurridos

v.

CC-2005-884

Supermercados Amigo, Inc.

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2007

El

26

de

enero

de

2006

expedimos

el

auto

solicitado en el caso de epígrafe para revisar una

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, en

la cual se determinó que Supermercados Amigo, Inc.,

era importadora de carne de res y por lo tanto, no

estaba

relevada

de

la

obligación

contributiva

impuesta durante la vigencia de la Ley Núm. 95 de 29

de noviembre de 1992.

Dicho tribunal resolvió que la

referida Ley Núm. 95 era constitucional de su faz y

que ésta perseguía un fin legítimo gubernamental, a

saber:

“promover el mercado de la carne de res en un

mercado eficiente para asegurar la mejor nutrición a

los puertorriqueños.”

2

CC-2005-884

Las partes han comparecido argumentando sus diferentes

posiciones antagónicas.

Tribunal

se

confirma

Por estar igualmente dividido el

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez

emitieron

opiniones

disientes.

El

Juez

Asociado

señor

Rebollo López disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico y el Secretario

del Departamento de Hacienda

Recurridos

CC-2005-884

v.

Supermercados Amigo, Inc.

Peticionaria

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PÉREZ.

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2007.

El 26 de enero de 2006, este Foro expidió auto

de Certiorari para revisar una Sentencia dictada

por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual

dicho foro determinó que Supermercados Amigo, Inc.,

no estaba exento de la obligación contributiva que

le impone la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992

a

los

importadores

de

carne

de

res.

El

foro

intermedio apelativo resolvió que la Ley Núm. 95

era constitucional de su faz toda vez que la misma

perseguía un fin gubernamental legítimo.

igualmente

dividido

determinación

Disentimos

que

el

del

el

Tribunal

Tribunal

se

de

de este curso de acción.

caso

Por estar

confirma

la

Apelaciones.

Entendemos

ante nos es propicio para atender un

CC-2005-884

tema

que

2

surge

del

caso

y

controversia,

Tribunal de Primera Instancia.

trabado

ante

el

Nos referimos a la aplicación

a Puerto Rico de la cláusula de comercio interestatal de la

Constitución

durmiente.”

de

los

Unidos,1

Estados

en

su

“estado

Asimismo, es de particular importancia analizar

la base jurídica por la cual el “estado durmiente” de la

referida

cláusula

es

aplicable

a

Puerto

Por

Rico.

otra

parte, resulta imperativo discutir los criterios establecidos

por

la

jurisprudencia

federal

para

determinar

si

una

legislación local viola la cláusula de comercio interestatal

de la Constitución federal, en su “estado durmiente”, y su

aplicación a los hechos del caso de marras.

Veamos.

I

El poder del Congreso de los Estados Unidos para regular

el comercio interestatal está plasmado en el Artículo I,

sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos, supra.

Esta

facultad

del

Congreso

federal

ha

sido

objeto

de

múltiples interpretaciones por parte del Tribunal Supremo

de los Estados Unidos, así como por tribunales federales de

inferior

jerarquía,

tratadistas

y

profesores

de

Derecho

Constitucional.

Desde

el

1852,

que

la

cláusula

de

Constitución

de

Estados

Unidos,

señalado

el

Tribunal

Supremo

comercio

interestatal

supra,

federal

contiene

ha

de

la

unas

limitaciones implícitas al poder de acción de los estados,

1

Art. 1, Sec. 8, Const. Estados Unidos de América.

CC-2005-884

3

aun en ausencia de una expresión explícita del Congreso.

Este poder implícito bajo la referida cláusula es el que se

denomina “el estado durmiente” o “negativo” de la cláusula

de comercio interestatal.2

El Alto Foro federal ha razonado que el propósito central

del

“estado

durmiente”

de

la

cláusula

de

comercio

interestatal es promover la integración económica y prevenir

la

interferencia

Nación.3

local

con

el

flujo

del

comercio

en

la

Este razonamiento fue reiterado recientemente en

Am. Trucking Ass’ns v. Mich. PSC,4 cuando el referido Foro

expresó que el estado durmiente de la cláusula de comercio

interestatal previene que los estados pongan en peligro el

bienestar

económico

comercio.5

En

esta

de

la

Nación

decisión

se

poniendo

reafirmó

trabas

la

al

doctrina

jurisprudencial que enuncia que los estados no pueden imponer

contribuciones protectoras de industrias locales que, a su

2

Cooley v. Board of Wardens, 53 U.S. 299 (1852) según citado y

analizado en American Constitutional Law. Laurence H. Tribe, I

American Constitutional Law, 3d Ed., Nueva York, Foundation

Press., 2000, pág. 1030.

3

H.P. Hood & Sons, Inc. v Du Mond, 336 U.S. 525, 537-538

(1949).

4

5

545 U.S. 429 (2005).

Íd.

En este caso el Tribunal Supremo federal expresó lo

siguiente: “Our Constitution ‘was framed upon the theory that

the people of the several states must sink or swim together’.

Thus, this Court has consistently held that the Constitution’s

express

grant

to

Congress

of

the

power

to

‘regulate

commerce...among the several States…’ contains a ‘further,

negative command, known as the dormant Commerce Clause’, that

‘create[s] an area of trade free from interference by the

States’(Citas omitidas).

CC-2005-884

4

vez, tengan el efecto de discriminar contra industrias que

operan en la esfera del comercio interestatal.

Se reiteró

que los estados no pueden imponer contribuciones que tienen

el

efecto

inevitable

interestatal,

mediante

de

amenazar

la

el

creación

tráfico

comercial

de

“barrera

una

financiera” alrededor del estado impositor.6

Este Tribunal no ha analizado concretamente la aplicación del

“estado durmiente” de la cláusula de comercio

interestatal

de

la Constitución federal, supra, a Puerto Rico, ni la razón

por la cual la misma es extensiva a nuestra jurisdicción.7

No obstante, ciertas decisiones de este Foro han esbozado

criterios

cónsonos

federales

para

con

los

determinar

empleados

si

una

por

los

legislación

tribunales

estatal

es

violatoria de la cláusula de comercio interestatal de la

Constitución federal, supra, en su “estado durmiente.”8

6

American Trucking Assns., Inc. v. Scheiner, 483 U.S. 266,

284 (1987).

7

En Marketing and Brokerage Specialists, Inc. v. Secretario

de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987), nos expresamos de la

manera siguiente: “Es innecesario resolver en este caso si

la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución

Federal, en su estado durmiente, aplica a Puerto Rico…Sin

embargo, aun si aplicásemos la normativa federal sobre la

Cláusula de Comercio, la reglamentación sería válida.”

(Énfasis suplido).

Asimismo, en Iberia v. Secretario de

Hacienda, 135 D.P.R. 57 (1993) nos expresamos de la manera

siguiente: “Dado que el análisis señalado no aplica al

presente caso, es innecesario pronunciarnos sobre la

aplicabilidad de la Cláusula de Comercio (en su “estado

durmiente”, nota al calce 11) al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.” (Énfasis suplido).

8

Gómez Hermanos v. Secretario de Hacienda, 114 D.P.R. 367

(1983); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653

(1990). En este último expresamos que, bajo los criterios de la

cláusula de comercio interestatal, una ley de patentes

CC-2005-884

5

La Constitución de Puerto Rico dispone que el poder del

Estado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su

imposición

se

Legislativa

y

ejercerá

nunca

será

según

lo

disponga

rendido

o

suspendido.9

la

Asamblea

No obstante,

esta facultad impositiva debe ser ejercida en armonía con lo

que establece la sección 3 de la Ley de Relaciones

Federales,

a los efectos de que no se hará distinción alguna entre

artículos importados de los Estados Unidos y los artículos

similares producidos o manufacturados en Puerto Rico.10

En opiniones recientes, el Tribunal de Apelaciones, Primer

Circuito federal, ha expresado que el “estado durmiente” de

la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de

los Estados Unidos, supra, aplica a Puerto Rico de la misma

forma que aplica a los estados de la Unión.

Hace una década

el referido foro expresó lo siguiente: “Although not a state,

the Commonwealth of Puerto Rico is

subject

to

the

constraints

of the Dormant Commerce Clause to the same degree as are the

municipales

de

Puerto

Rico

podía

ser

inconstitucional.

Sostuvimos que al reconocer un crédito se “aseguraba la

constitucionalidad de nuestra Ley de Patentes Municipales ante

un ataque de acuerdo con la cláusula de comercio interestatal.”

(Énfasis suplido).

9

1 L.P.R.A. Art. VI, sec. 2. La facultad impositiva del Estado

es amplia y abarcadora según hemos resuelto en Café Rico v.

Municpio de Mayagüez, 155 D.P.R. 548 (2001); Continental

Insurance Company v. Secretario de Hacienda, 154 D.P.R. 146

(2001).

10

1 L.P.R.A., sec. 3.

CC-2005-884

states.”11

6

Recientemente, en Walgreen Co., v. Rullán12, el

referido foro judicial, atendiendo una controversia relativa

al estatuto local que exigía certificados de necesidad a las

personas que interesaran construir o adquirir establecimientos

de cuidado de salud, incluyendo a las farmacias, determinó que

la referida legislación violaba el “estado durmiente” de la

cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los

Estados Unidos, supra. En consecuencia, determinó que la ley

local era inconstitucional.

En dicho caso, el Tribunal del

Primer Circuito de apelaciones puntualizó lo siguiente:

“The

Constitution

grants

Congress

the

power

to

regulate

interstate

commerce.

While

the

Commerce Clause’s text provides only

an affirmative grant of power, for

over 150 years, the Clause has been

interpreted to contain a negative

aspect known as the dormant Commerce

Clause.

The dormant Commerce Clause

doctrine, which applies to Puerto

Rico on the same terms as it applies

to the states limit the power of

states to ‘erect barriers against

interstate trade’” (citas omitidas).

(Énfasis suplido).

11

United Egg Producers, et al. v. Department of Agriculture,

77 F.3d 567 (1st Cir. 1996). La aplicación de la cláusula de

comercio a Puerto Rico fue posteriormente reiterada en

Starlight Sugar Inc. v. Soto, 253 F.3d 137 (1st Circ. 2001).

12

405 F.3d 50 (1st Cir. 2005).

Esta decisión fue recurrida,

mediante petición de Certiorari, ante el Tribunal Supremo

federal.

El Más Alto foro federal denegó la expedición del

recurso; Pérez Perdomo v. Walgreen Co., 126 S.Ct. 1059, 163

L.Ed. 2d 928 (2006).

CC-2005-884

7

II

La Sección 3 de la Ley de Relaciones Federales, supra, en

lo pertinente, dispone de la manera siguiente:

“…las contribuciones de rentas

internas

que

de

acuerdo

con

la

facultad

concedida

por

esta

ley

imponga la Asamblea Legislativa de

Puerto

Rico,

sobre

cualesquiera

artículos,

efectos,

mercaderías

o

mercancías

podrá

ser

impuesta

y

cobrada sobre los artículos sujetos a

dicha contribución, según determine

la referida Asamblea Legislativa, tan

pronto como los mismos hayan sido

fabricados,

vendidos,

usados

o

importados en la isla; Disponiéndose,

que no se hará distinción alguna

entre los artículos importados de los

Estados

Unidos

o

de

países

extranjeros y los artículos similares

producidos o manufacturados en Puerto

Rico…” (Énfasis suplido).

Por otra parte, la sección 38 de la Ley de Relaciones

Federales, supra, dispone que no será aplicable a Puerto Rico

legislación

del

interestatal.13

el

comercio

Concluimos que esta sección de la

referida

Congreso

que

regule

Ley se refiere únicamente a la inaplicabilidad en Puerto Rico

13

En Sea Land v. Municipality of San Juan, 505 F. Supp. 533

(1980), citando al Profesor Helfeld en How Much of the Federal

Constitution

is

Likely

to

be

held

Applicable

to

the

Commonwealth of Puerto Rico? 39 Rev. Jur. U.P.R. 169 (1969),

expresó lo siguiente: “Finally, we see no reason to conclude

that the constitutional policy of prevention of adverse

interference of state legislation upon interstate commerce

should not apply to Puerto Rico. We have found no indication

that Congress intended otherwise. Nor can we infer, as did the

local Supreme Court in RCA v. Government of the Capital (citas

omitidas), that the exemption from, inter alia, the Interstate

Commerce Act contained in the Federal Relations Act meant

anything more than that.” (Énfasis suplido).

CC-2005-884

8

de la legislación aprobada por el Congreso de los Estados

Unidos

sobre

el

comercio

interestatal14,

mas

no

a

la

inaplicabilidad en Puerto Rico del “estado durmiente” de la

cláusula de comercio interestatal de la Constitución de los

Estados Unidos, supra.

En R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra, expresamos

que

la

cláusula

de

comercio

interestatal,

en

su

“estado

durmiente”, de la Constitución de Estados Unidos, supra, no

aplica ex propio vigore a Puerto Rico.

Manifestamos lo

siguiente: “La contribución aquí en litigio, impuesta en

virtud de ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no

es contraria a disposición alguna de la Constitución del

Estado Libre Asociado.

Si hubiera algún obstáculo legal

para sostenerla habría que buscarlo en alguna disposición, o

como consecuencia de alguna disposición, de la Ley de Relaciones

Federales.” (Énfasis suplido).

Se colige de lo anterior que la prohibición que impide

que Puerto Rico discrimine en contra de productos importados

de los referidos estados surge por virtud de la voluntad

legislativa del Congreso de Estados Unidos, y no por la

14

Esta Ley es la Interstate Commerce Act de 1887. En R.C.A.

v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, (1964) expresamos lo

siguiente: “Es otro hecho histórico que la disposición

constitucional que reserva al Congreso el poder de reglamentar

el comercio con naciones extranjeras, entre los Estados y con

las tribus indias, no sólo no ha regido ni rige por su propia

fuerza en Puerto Rico sino que por el contrario, el Congreso

dispuso de manera expresa que no serían aplicables a Puerto

Rico la Ley sobre Comercio Interestatal y las varias enmiendas

que se hicieron a ella…” (Énfasis suplido).

CC-2005-884

aplicación

9

ex

propio

vigore

de

la

cláusula

de

comercio

interestatal, en su “estado durmiente”, de la Constitución

federal, supra.

En Examining Board of Engineers,

Architects

and

Surveyors

v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976), el Tribunal Supremo

de Estados Unidos expresó que cuando el Congreso federal

aprobó la Constitución de Puerto Rico añadió, entre otras

cosas, una condición de que cualquier enmienda o revisión de

la Constitución de Puerto Rico fuera consistente con las

disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. 15

El

Alto

Foro

federal

expresó

que

el

propósito

de

la

condición no era otro que dejar establecido lo siguiente:

“Applicable

provisions

of

the

United States Constitution and the

Federal Relations Act will have the

same effect as the Constitution of

the United States has with respect to

State constitutions or State Law.”

(Énfasis suplido).

Se desprende de lo anterior que la voluntad legislativa

del Congreso de Estados Unidos tiene en Puerto Rico el mismo

efecto

que

la

Constitución

federal

Constitución de los estados de la Unión.

tiene

sobre

la

Es en virtud de tal

voluntad legislativa, plasmada en la sección 3 de la Ley de

15

1 L.P.R.A 8, a la pág. 147; Ley Pública 447, 82do Congreso:

Resolución Conjunta aprobando la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

La referida Resolución Conjunta

dispone, en lo pertinente, de la manera siguiente: “Cualquier

enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible

con la resolución decretada por el Congreso de los Estados

Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones

aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley

de Relaciones Federales…”

CC-2005-884

Relaciones

10

Federales,

supra,

que

Puerto

Rico

no

puede

discriminar contra productos importados de los estados de la

Unión.

En

Examining

Board

of

Engineers,

Architects

and

Surveyors, supra, el Alto Foro Federal expresó lo siguiente:

“the purpose of Congress in the 1950 and 1952 legislation

was to accord to Puerto Rico the degree of autonomy and

independence normally associated with States of the Union…”

La decisión de R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra,

mediante la cual se resolvió, hace algo más de cuatro (4)

décadas, que el poder de tributación de Puerto Rico, en

cuanto al comercio interestatal, le permite hacer cosas que

no

le

son

permitidas

a

los

estados,

no

se

sostiene

actualmente ante el desarrollo del ordenamiento jurídico en

los

tribunales,

a

nivel

federal,

y

por

opiniones

de

tratadistas de derecho constitucional.16

16

En Starlight Sugar, Inc., supra, el Tribunal de

Apelaciones federal, Primer Circuito, expresó que la

decisión en el caso de R.C.A. de 1964 fue un pronunciamiento

“amorfo” que eludió interpretar cómo aplica en Puerto Rico

la cláusula de comercio interestatal de la Constitución

federal. Asimismo, el referido foro expresó que parte de la

decisión de R.C.A. se fundamentó en el caso de Buscaglia v.

Ballester, 162 F.2d 805 (1st Circ. 1947), que fue

posteriormente revocado en 1992 en Trailer Marine Transport

Corp. V. Rivera, 977 F.2d 1 (1st Circ. 1992).

El Profesor Helfeld, analizando la decisión de este Foro en

R.C.A., expresó lo siguiente: “The Supreme Court of Puerto

Rico has suggested in a dictum that the commerce clause may

be inapplicable as a restraint on Commonwealth legislation,

but would the Supreme Court of the United States agree? In

my judgment the soundest prediction is that it would

probably not”.

Helfeld expresa, además, lo siguiente: “It

is essential to keep in mind the distinction between

Congress authorizing Puerto Rico to discriminate and Puerto Rico

CC-2005-884

11

Concluimos que la cláusula de comercio interestatal, en su

“estado

durmiente”,

de

la

Constitución

supra, aplica a Puerto Rico.

surge

ex

Undios,

propio

supra,

jurisdicción.

vigore

la

cual

La

de

Estados

Unidos,

No obstante, tal aplicación no

de

la

Constitución

no

opera

prohibición

de

de

esa

de

los

Estados

forma

en

nuestra

discriminar

contra

el

comercio interestatal aplica a Puerto Rico por voluntad del

Congreso de los Estados Unidos, mediante la sección 3 de la

Ley de Relaciones Federales, que hace aplicable en nuestra

jurisdicción

en

su

“estado durmiente”, de la Constitución federal, supra.17

De

esta

y

forma

la

se

cláusula

le

de

comercio

imprime

sentido

interestatal,

a

la

realidad

circunstancias particulares de Puerto Rico, a tenor con la

voluntad del Congreso de Estados Unidos de otorgarle el mismo

grado de autonomía e independencia, normalmente asociada con

los estados de la Unión.

III

Procede

discutir

ahora

los

criterios

aplicables

para

determinar si una legislación estatal viola la cláusula de

comercio de la Constitución de los Estados Unidos, supra, en

su “estado durmiente.”

discriminating on its own initiative.”

la pág. 190.

17

Helfeld, supra, a

Mediante la sección 3 de la Ley de Relaciones Federales,

supra, el Congreso Federal, por la vía estatutaria, prohibió

que Puerto Rico discriminara contra productos importados de

los Estados Unidos.

CC-2005-884

12

El Tribunal Supremo federal ha desarrollado una doctrina test- para determinar si un impuesto estatal es válido ante un

ataque bajo el “estado durmiente” de la cláusula de comercio

interestatal de la Constitución de los Estados Unidos, supra.18

Así,

una

ley

estatal

será

válida

si:

1)

existe

un

nexo

sustancial entre la actividad sujeta a la contribución y el

estado que la impone; 2) la contribución está distribuida o

proporcionada equitativamente; 3) la contribución en cuestión

no

discrimina

contra

el

comercio

interestatal;

4)

la

contribución está relacionada apropiadamente con los servicios

provistos por el estado.19

Según comenta el profesor Tribe, este análisis responde a

unos requisitos del debido proceso de ley que exige que entre

el

estado

impositor

exista, al menos, una

y

las

actividades

“mínima conexión.”

del

contribuyente

De igual manera,

Tribe sostiene que el tercer criterio, que la contribución en

cuestión no discrimine contra el comercio interestatal, es el

más importante al momento de determinar la validez de una

legislación estatal, vis a vis el poder del Congreso federal

de regular el comercio entre los estados al amparo de la

18

Este análisis se emplea para determinar si una ley estatal

es violatoria de la cláusula de comercio interestatal, en su

“estado durmiente”, de la Constitución federal.

19

Wardair Canada, Inc. v. Florida Department of Revenue, 477

U.S. 1 (1986), citado en Iberia v. Srio. de Hacienda, 135

D.P.R. 57 (1993).

Conviene resaltar que en el caso de

Wardair se particulariza que este test aplica en aquellos

casos donde se analiza una violación a la cláusula de

comercio interestatal, en su “estado durmiente”, de la

Constitución federal.

CC-2005-884

13

cláusula de comercio interestatal de la Constitución federal,

supra.20

Con el beneficio de la discusión que antecede, procedemos

a discutir si la Ley Núm. 95, supra, en virtud de la cual se

impuso una obligación contributiva a los importadores de carne

de res, es válida desde una perspectiva constitucional a la

luz de la cláusula de comercio interestatal, en su “estado

durmiente”,

de

la

Constitución

de

Estados

Unidos,

supra.

Veamos.

IV

El

esquema

violatorio

de

establecido

la

“estado durmiente.”

crear

una

campaña

cláusula

en

la

Ley

de

comercio

Núm.

95,

supra,

interestatal

en

la

su

Dicha legislación tuvo el propósito de

publicitaria

genérica

para

promover

consumo de la carne de res producida en Puerto Rico.

obstante,

es

referida

publicidad

tuvo

como

meta:

el

No

crear

conciencia de que existe una alternativa real en la carne de

res producida en Puerto Rico; fomentar el consumo de carne de

res producida en la isla; crear reconocimiento del nombre;

demostrar frescura y calidad del producto local.

Asimismo, se

realizó una campaña publicitaria en prensa escrita y

radio

que se dedicó a resaltar los atributos de frescura y calidad

20

Tribe, supra, a la pág 1106.

El profesor Tribe fundamente

esta contención en dos casos resueltos por el

Tribunal

Supremo federal; Oregon Waste Sys., Inc.

v.

Department of

Envtl. Quality, 511 U.S. 93

(1994);

Chemical

Waste

Conviene

Management, Inc. v. Hunt, 504 U.S. 334 (1992).

puntualizar que el test empleado en ambos casos se hizo bajo

CC-2005-884

14

El elemento de

que contiene la “Carne de Res del País.”

frescura de la carne producida en Puerto Rico fue el criterio

más importante de la campaña publicitaria, realizada con los

recaudos de un Fondo, establecido por la Ley. Núm. 95, supra,

al cual tenían que aportar los importadores de carne de res.

Todos

los

anuncios

publicados

llevaban

el

eslogan

“Carne

Fresca del País”.

El

propósito

central

de

la

campaña

genérica

era

beneficiar únicamente el consumo de carne de res del país y

no la carne importada. La referida campaña perjudicaba el

mercado de la carne de res importada.

Siguiendo el tercer criterio del test establecido por la

jurisprudencia

federal,

para

determinar

si

un

estatuto

infringe el “estado durmiente” de la cláusula de comercio

interestatal

de

la

Constitución

federal,

supra,

resulta

forzoso concluir que la Ley Núm. 95, supra, en virtud de la

cual

se

le

impuso

una

obligación

contributiva

a

los

importadores de carne de res para fomentar el consumo de

carne

producida

en

Puerto

Rico,

tuvo

el

efecto

de

discriminar contra la carne de res importada, a la vez que

beneficiaba a la industria local.

En consecuencia, la obligación contributiva, impuesta en

virtud de la Ley Núm. 95, supra, destinada a beneficiar

_________________________________________________________

el análisis de la cláusula de comercio interestatal, en su

“estado durmiente”, de la Constitución de los Estados Unidos

CC-2005-884

15

únicamente a la carne del país, incumple el tercer requisito

del test esbozado por la jurisprudencia federal.21

Concluimos que la referida ley es inconstitucional por

violar la cláusula de comercio interestatal, en su “estado

durmiente”, de la Constitución de los Estados Unidos, supra,

aplicable a Puerto Rico.

V

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

disentimos

de

la

Sentencia dictada por este Tribunal que confirma la Sentencia

recurrida,

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Revocaríamos la misma.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

21

El tercer requisito, que la contribución en cuestión no

discrimina contra el comercio interestatal, se ha analizado de

acuerdo al enfoque tradicional que se emplea cuando una

legislación estatal es impugnada por alegadamente violar la

cláusula de comercio interestatal, en su “estado durmiente”, de

la Constitución federal.

Tribe, supra, a la pág. 1106. En

consecuencia, una ley estatal que discrimina contra el comercio

interestatal, ya sea de su faz o por su aplicación, es

virtualmente inválida o inválida per se. Philadelphia v. New

Jersey, 437 U.S. 617 (1978); Brown-Forman Distillers Corp. v.

New York State Liquor Auth., 476 U.S. 573 (1986).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico y el Secretario

del Departamento de Hacienda

Recurridos

CC-2005-884

v.

Supermercados Amigo, Inc.

Peticionaria

Opinión disidente

Rodríguez Rodríguez

emitida

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2007

Este caso planteó un asunto novel en nuestra

jurisdicción, a saber:

si el derecho a la libertad

de expresión en su modalidad de expresión compelida,

vicia de nulidad el esquema establecido por la Ley

Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992, conocida como

Ley para Crear la Oficina de la Reglamentación y

Promoción de la Industria de la Carne de Res, que

imponía una aportación por concepto de importación

de carne de res para, entre otras cosas, promocionar

la industria de la carne en Puerto Rico.

O, si por

el

genérica,

contrario,

la

campaña

publicitaria

constituía expresión gubernamental legítima inmune a

un ataque bajo la cláusula de libertad de expresión.

2

CC-2005-884

Lamentablemente,

por

estar

igualmente

dividido

este

Tribunal se hizo imposible resolver de forma definitiva esta

controversia y una sentencia patentemente errónea se convierte

en la ley del caso.

I

En septiembre de 2000, el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

(el

“Estado”)

a

través

del

Secretario

de

Hacienda,

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de

San

Juan,

una

demanda

en

cobro

de

una

deuda

morosa

contraída por Supermercados Amigo, Inc. (el “peticionario” o

“Amigo”).

En la misma, el Estado solicitó que se le ordenara

a Amigo satisfacer la cantidad de ochenta y un mil noventa y

ocho dólares con cincuenta y cuatro centavos ($81,098.54),

además

de

abogado.

las

costas,

gastos,

intereses

y

honorarios

de

La deuda morosa correspondía a una aportación de un

centavo por cada libra de carne de res importada a la isla,

que imponía la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992, (“Ley

Núm. 95”).

El dinero recaudado ingresaba en un fondo especial

(el “Fondo”) creado para el fomento de la industria de la

carne.

hasta

Esta ley estuvo vigente desde el 29 de enero de 1993

el

31

de

diciembre

de

1996,

cuando

fue

derogada

parcialmente por la Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996,

5 L.P.R.A. secs. 3051-3061.

que

Amigo contestó la demanda instada y reconvino.

Señaló

la

que

Ley

Núm.

95

era

inconstitucional

toda

vez

le

obligaba a subsidiar un mensaje a favor de la industria de la

carne de res del país en detrimento y contrario a sus propios

3

CC-2005-884

intereses como importador de carne de res.

Ello así, toda vez

que los fondos recolectados se utilizaron para propulsar una

campaña genérica a favor de la industria de la carne de res

país.

Adujo

que

ello

expresión

además

de

ser

un

mecanismo

de

carácter

a

la

cláusula

de

comercio

Estados

Unidos.

del

proteccionista

interestatal

contrario

de

la

violaba

Constitución

su

de

derecho

los

a

la

libre

Finalmente indicó que, habida cuenta que la Ley Núm. 238 había

derogado la Ley Núm. 95, Amigo no venía obligado a pagar la

contribución que impuso esta última.

Eventualmente,

Amigo

presentó

una

moción

de

sentencia

sumaria donde se reiteró en los argumentos antes esbozados.

Para sostener su posición respecto la utilización del dinero

recaudado, éste acompañó su moción con copia del estado de

situación del Fondo al 30 de noviembre de 1995, copia de

varios anuncios publicados por el Fondo en la prensa del país,

el texto de varias pautas radiales, el plan estratégico de la

agencia

de

publicidad

desarrollar,

y

un

del

Fondo

respecto

informe

del

Fondo

Departamento de Hacienda.

la

campaña

provisto

por

a

el

Petición de certiorari, Apéndice,

págs. 110-154.

De dichos documentos se colige que para finales de 1995,

cuando

cesó

la

cobrado

un

total

22

vigencia

de

la

Ley

Núm.

$650,159.04.22

95,

el

De

esta

Fondo

había

cantidad,

el

Del estado de situación del Fondo para el Fomento de la

Industria de la Carne de Res que se anejó a la moción de

sentencia

sumaria,

se

desprende

que

el

estimado

de

aportaciones que debían ingresar al Fondo, calculado a partir

de la fecha en que entró en vigencia al 30 de noviembre de

4

CC-2005-884

Departamento

de

Hacienda

retuvo

gastos de administración.

$65,018.90

en

concepto

de

Del sobrante, se habían utilizado

$103,054.35 en gastos de publicidad y $3,787.41 en servicios

profesionales.

A

$65,018.90

Departamento

al

esa

fecha,

las

cuentas

de

Hacienda,

por

pagar

eran:

$3,808.76

por

servicios profesionales, $130,193.99 en gastos de publicidad y

$75.00

en

gastos

misceláneos.

Apéndice, págs. 110-111.

publicidad

fue

de

Petición

de

certiorari,

El costo total de la campaña de

doscientos

ochenta

mil

dólares

($280,000.00).

A base de esta información, Amigo concluyó que la inmensa

mayoría de los fondos recobrados se utilizaron para sufragar

los gastos de una campaña de publicidad genérica.

Sobre ésta,

Amigo indicó que la misma iba dirigida a resaltar la industria

de

la

carne

importada.

varios

de

res

del

país

en

perjuicio

Para

ello

acompañó

su

moción,

como

prensa,

así

anuncios

publicados

en

la

de

la

carne

indicamos,

como

pautas

radiales, de los que se desprende que la campaña de promoción

iba dirigida a fomentar el consumo de la carne de res del

país.

Véase discusión infra.

Los anuncios no identificaban

al gobierno del Estado Libre Asociado como el auspiciador de

los mismos.

Posteriormente, el Estado presentó su oposición.

En su

escrito, adujo que eran varios los propósitos que adelantaba

la Ley Núm. 95, a saber: reglamentar y promover la industria

de

carne

de

res

en

Puerto

Rico,

incluyendo

la

importada;

1995, era de $2,631,361.73. De esa cantidad, sólo se había

recolectado $650,189.04 al 30 de noviembre.

5

CC-2005-884

promover el bienestar general de la industria; y, promover una

mejor nutrición para la población.

ley

era

una

legislación

un

ejercicio

constituía

reglamentación del Estado.

de

Apuntó además que dicha

carácter

legislativo

socioeconómico

válido

del

que

poder

de

A su vez, señaló que el producto

de las aportaciones recaudadas por la Ley Núm. 95, no se había

utilizado

exclusivamente

para

genérica como alegaba Amigo.

una

campaña

publicitaria

Finalmente indicó, que la Ley

Núm. 238 sólo derogó aquellas disposiciones conflictivas con

la Ley Núm. 95, por lo que persistía la obligación de pagar la

aportación adeudada.

Para refutar la alegación de Amigo sobre el uso brindado

a las aportaciones recibidas en virtud de la Ley Núm. 95, el

Estado acompañó su escrito con extractos de una deposición

que

se

le

tomó

Reglamentación

al

de

Administrador

la

Industria

de

de

la

la

Oficina

Carne

de

para

la

Res

(el

“Administrador”) en otro litigio donde se planteaba, según

indicó

el

Estado,

Administrador

utilizaban

idéntica

testificó

para

ofrecer

que

controversia.

los

En

fondos

orientaciones

a

ésta,

el

recibidos

se

consumidores,

agricultores e importadores sobre la industria de la carne.

Además, que la Oficina para la Reglamentación de la Industria

de la Carne de Res en coordinación con el Fondo, proveía

inspectores quienes corroboraban que los supermercados, las

plantas de elaboración y los almacenes cumplieran a cabalidad

con la reglamentación aplicable a esta industria, adelantando

así los objetivos de la Ley Núm. 95.

Petición de certiorari,

6

CC-2005-884

Apéndice, págs. 175-181.

no

vino

acompañada

La moción presentada por el Estado

por

copia

alguna

de

los

anuncios

publicados como parte de la campaña genérica de publicidad de

la industria de la carne.

Luego

de

varios

trámites

procesales,

el

Tribunal

de

Primera Instancia emitió una sentencia rechazando la petición

de Amigo.

El foro primario concluyó que no era necesario

dilucidar

los

planteamientos

de

carácter

constitucional

esgrimidos

por

Amigo

sólo

tenía

resolver

procedía

no

el

o

ya

que

cobro

de

dinero

que

solicitado.

si

Determinó

entonces que la derogación parcial de la Ley Núm. 95 no había

relevado a Amigo del cumplimiento con la obligación contraída

durante

la

vigencia

de

ésta,

que

la

deuda

existente

era

líquida y exigible por lo tanto “n[a]da impide que se ordene

el cobro de dinero adeudado a todo aquel importador que no

cumplió con su obligación durante la vigencia de la Ley 95.”

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 249.

Insatisfecho,

Apelaciones.

Amigo

acudió

ante

el

Tribunal

de

El Estado compareció y anejó a su alegato la

deposición completa que le fuera tomada al Administrador.

El

foro apelativo intermedio emitió una sentencia confirmando el

dictamen del foro primario. Concluyó, que la Ley Núm. 95 no

era inconstitucional de su faz y que, entre otras cosas, la

ley no tuvo como propósito exclusivo propiciar una campaña

genérica

de

llegado

a

publicidad.

esa

conclusión

El

foro

apelado

aparentó

a

base

de

expresiones

las

Administrador según constan en su deposición.

haber

del

Indicó, que la

7

CC-2005-884

Ley Núm. 95 servía un fin legítimo del Estado por lo que

constituía expresión gubernamental válida.

Además,

señaló

que

la

ley

no

imponía

una

carga

irrazonable sobre el derecho a la libre expresión de Amigo

habida cuenta de que sólo el diez por ciento (10%) de las

aportaciones

que

debían

ingresar

al

Fondo

habían

sido

destinadas para la campaña de promoción objetada; y, que la

ley no restringía la capacidad de Amigo de llevar a cabo su

propia propaganda o promoción.

Finalmente, concluyó que la

controversia ante el foro primario era una estrictamente de

derecho por lo que procedía resolver la misma a través del

mecanismo de sentencia sumaria.

En desacuerdo, Supermercados Amigo, Inc., acudió ante

este

Tribunal

mediante

solicitud

de

certiorari.

En

su

escrito planteó la comisión de dos errores, a saber:

(1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no

declarar inconstitucional la Ley 95 de 29 de

noviembre de 1992 (Ley 95), por crear esta Ley 95

un

esquema

de

expresión

compelida

que

es

inconstitucional de su faz y en su aplicación a la

parte demandada en vista de que la Ley 95 viola los

preceptos de libertad de expresión y de asociación

de

la

parte

demandada

garantizados

por

la

Constitución del ELA y por la Primera Enmienda de

la Constitución de los EEUU.

(2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

permitir que el TPI introdujera y le diera

credibilidad a extractos de una deposición (a)

tomada por la parte demandante en un caso distinto

al de autos; (b) de un individuo que no fue testigo

en el caso de autos; (c) que la parte apelante no

tuvo la oportunidad de contrainterrogar; y, (d) que

está plagada de prueba de referencia múltiple que

sería inadmisible aún el caso de autos.

El

pasado

solicitado.

26

de

enero

de

2006

expedimos

Ambas partes han comparecido.

el

auto

En el día de hoy

8

CC-2005-884

se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones por

estar igualmente dividido este Tribunal.

Disiento de ese

curso de acción porque el esquema establecido de la Ley Núm.

95 viola el derecho de la libre expresión de la peticionaria.

II

A

Nos toca resolver si el esquema establecido en la Ley

Núm. 95 violaba el derecho a la libre expresión de la parte

peticionaria o si por el contrario, como aduce el Procurador

General en su escrito ante este Tribunal, el mismo constituye

un ejercicio válido del Estado inmune a un ataque bajo el

derecho a la libertad de expresión.

Todo ello en el contexto

procesal de una petición de sentencia sumaria.

Comenzamos

nuestra

discusión

con

una

descripción

del

diseño establecido por la Ley Núm. 95, para luego abordar la

controversia

de

libertad

de

expresión

que

se

nos

ha

planteado.

B

Como ya apuntamos, la Ley Núm. 95 estableció la Oficina

de Reglamentación y Promoción de la Industria de la Carne de

Res (la “Oficina”).

Del texto de la ley se desprende que la

intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la ley fue

propiciar el desarrollo y fortalecimiento de la industria de

la carne de res a través de distintos programas, servicios y

actividades.

Arts. 4 y 6 de la Ley Núm. 95.

Ello, para

9

CC-2005-884

beneficio tanto de la ciudadanía como de los productores e

importadores de carne de res.23

Para

subsidiar

los

programas

establecidos

y

hacer

efectivos los objetivos de la ley, ésta creó un Fondo para el

Fomento de la Industria de la Carne de Res, que se nutría de

las aportaciones por diversos conceptos, impuestas tanto a

productores locales como a importadores de carne de res.24

23

Los propósitos de la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de

1992, quedaron plasmados en su Exposición de Motivos, que lee

como sigue:

Siendo la carne de res alimento básico de alto

valor alimenticio en la dieta humana, es nuestro

deber

dirigir

todos

los

esfuerzos

que

sean

necesarios

para

lograr

el

fortalecimiento

y

desarrollo

que

requiere

esta

empresa.

Se

caracteriza

la

misma

al

presente,

por

una

desorganización la cual es visible a diferentes

niveles.

Reflejo de lo antes indicado es lo

siguiente: la carencia de oficinas centralizadas en

la cual se pueda tener accesible información sobre

precios y condiciones de venta de la carne de res;

ausencia de centros de datos sobre diversos

aspectos de la industria; falta de orientación y

promoción consistente y permanente así como falta

de centros de investigación relacionados con la

industria de la carne de res.

La permanencia así como la expansión de

mercados existentes para la carne de res son de

vital

importancia

para

el

bienestar

de

los

productores, importadores y otros relacionados con

este mercado tan importante para la economía de la

Isla. De igual manera es importante que la carne

de res sea accesible en un mercado eficiente de

manera que podamos asegurar una mejor nutrición a

nuestro pueblo.

24

El Art. 9 de la Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992,

disponía de las siguientes aportaciones para nutrir el fondo:

“(1) Cuatro dólares con catorce centavos ($4.14) por cada

animal sacrificado en matadero tomando en consideración como

base el peso promedio de un animal sacrificado en matadero.

(2) Un centavo ($0.01) por libra de carne de res importada

tomando como base el pago hecho para el producto local en

consideración al rendimiento del animal sacrificado por el

10

CC-2005-884

El Art. 9 de la ley, disponía específicamente que el Fondo

sería utilizado “para la promoción de la producción, venta,

elaboración y consumo de la carne de res, y toda otra gestión

necesaria para el progreso de la industria de la carne de

res.”

Este fondo lo administraba una junta administrativa

compuesta por el Administrador, dos representantes de los

importadores, tres representantes de los productores, uno de

los cuales debía representar a los pequeños agricultores, y

un representante del interés público, nombrados todos por el

Secretario de Agricultura.

Arts. 9 y 10 de la Ley Núm. 95.

La ley disponía que el diez por ciento (10%) de los

fondos recaudados se destinaban para solventar los gastos

administrativos y operacionales de la Oficina.

El remanente

de los recaudos se utilizaría para adelantar los objetivos

establecidos por ley.

Secretario

de

Véase, Art. 4 de la Ley Núm. 95.

Hacienda

estaba

facultado

para

cobrar

El

la

aportación provista en la ley.

Como ya apuntamos, la ley estuvo en vigor íntegramente

hasta el 1ero de enero de 1997, cuando entró en vigor la Ley

Núm. 238, conocida como la “Ley para el Ordenamiento de las

Industrias Agropecuarias de Puerto Rico.”

La

Ley

ordenamiento

Núm.

238,

por

administrativo

agropecuaria en Puerto Rico.

su

para

parte,

creó

regentar

la

un

nuevo

industria

La legislación creó la Oficina

de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto

Rico, adscrita al Departamento de Agricultura.

productor local.

(3) Un dólar

sacrificado en el matadero.”

($1.00)

por

5 L.P.R.A.

cada

ternero

CC-2005-884

11

sec. 3052.

La ley derogó la disposición de la Ley Núm. 95

que ordenaba la aportación de los importadores de carne de

res como a los productores locales de carne de res.

Esta

ley

se

agropecuarias.

pu[edan]

[Para

suplir

puertorriqueños,

localmente,

aprobó

que]

las

por

“para

las

empresas

así

un

de

las

industrias

que

la

de

los

consumidores

alta

calidad

necesidades

productos

logrando

fortalecer

aumento

producidos

significativo

contribución de este renglón en nuestra economía.”

nuestro.)

Exposición

de

Motivos,

componen

Ley

Núm.

en

la

(Énfasis

238.

De

lo

anterior se desprende claramente que el propósito de la Ley

Núm. 238 fue fortalecer y desarrollar la industria de la

carne de res del país.

La ley estableció una junta administrativa para cada

sector

de

la

industria

agropecuaria

y

cada

sector

quedó

autorizado para establecer un fondo que permitiera promover

el desarrollo de la producción y comercialización de sus

productos.

5 L.P.R.A. sec. 3056.

En lo que respecta a su interacción con la Ley Núm. 95,

la Ley Núm. 238 dispuso que el Secretario de Agricultura

estaba

facultado

para

“reestructurar,

mediante

la

reglamentación necesaria, la Oficina para la Reglamentación y

Promoción de la Industria de la Carne de Res y la Junta del

Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res.

Esta última una vez reestructurada pasará a ser la Junta

Administrativa de esta industria agrícola, preservando así la

continuidad de sus operaciones.”

Art. 13 de la Ley Núm. 238,

12

CC-2005-884

5 L.P.R.A. sec. 3062.

3061,

proveyó

continuidad

El Art. 12 de la ley, 5 L.P.R.A. sec.

expresamente

de

las

y

adscrita

Oficina

la

la

transferencia

y

de

la

Oficina

para

la

Carne

de

Res,

quedando

Ordenamiento

de

las

funciones

Reglamentación

a

para

Promoción

de

de

la

Industrias

Agropecuarias creada en virtud de la nueva ley.

De lo anterior se colige que la Ley Núm. 238 pretendió

crear

un

nuevo

esquema

administrativo

para

incentivar

la

industria agropecuaria del país aunque dispuso para que los

programas y los fondos creados por la anterior Ley Núm. 95 se

transfirieran

a

la

nueva

establecida bajo la primera.

estructura

administrativa

Más que nada, la Ley Núm. 238

centró su foco de atención en el crecimiento y desarrollo de

la industria agropecuaria del país.

III

A

El derecho a la libre expresión consagrado en el Art.

II, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico,

resguarda

la

es

uno

de

los

Constitución

y

valores

más

preciados

que

cobija

“la

libertad

de

conciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades

propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada

libertad la totalidad de los derechos.”

4 Diario de Sesiones

de

(1961).

la

Convención

Constituyente

2564

Es

piedra

angular que sostiene nuestro sistema democrático.

Facilita

“el

el

desarrollo

pleno

del

individuo

y

estimula

libre

intercambio y la diversidad de ideas, elementos vitales del

13

CC-2005-884

proceso democrático.”

568, 576 (1992).

Velázquez Pagán v. AMA, 131 D.P.R.

En su esencia, la libertad de expresión se

levanta como barrera de difícil rebaso para aquella acción

del Estado que pretenda asfixiar la expresión del ciudadano.

De la misma forma que este axioma prohíbe que el Estado

sofoque la expresión ciudadana, así también le impide que

obligue al ciudadano a exponer, manifestar o adoptar credos

con los que se está en desacuerdo.25

En West Virginia State

Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943) se resolvió que

el gobierno no podía obligar a estudiantes de la escuela

pública

a

saludar

la

bandera

y

recitar

el

juramento

de

fidelidad a los Estados Unidos, por ser ello contrario a la

Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

hacerlo apuntó el Tribunal:

Al así

“If there is a fixed star in our

constitutional constellation, it is that no official, high or

petty, can prescribe what shall be orthodox in politics,

nationalism, religion, or other matters of opinion.”

U.S. pág. 642.

cual

se

iban

319

Barnette estableció el estándar contra el

a

medir

las

controversias

sobre

expresión

compelida.

Más tarde, en Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977), el

Tribunal

se

enfrentó

expresión compelida.

nuevamente

a

un

planteamiento

de

Al hacerlo, declaró inconstitucional

por ofender la Primera Enmienda, una ley del estado de New

Hampshire que tipificaba como delito mutilar el eslogan del

estado, “Live Free or Die”, que aparecía en las tablillas de

25

Esto se denomina en la doctrina norteamericana

expresión compelida (“compelled speech”).

como

14

CC-2005-884

los

automóviles.

Tribunal expresó:

Al

comparar

Wooley

con

Barnette,

el

“Compelling the affirmative act of flag

salute involved a more serious infringement upon personal

liberties that the passive act of carrying the state motto on

a license plate, but the difference is essentially one of

degree.”

430 U.S. pág. 715.

Posteriormente, el principio establecido en Barnette fue

extendido

a

controversias

obligatorias

de

miembros

Esto

que

se

es

lo

compelido

que

disidentes

conoce

(“compelled

involucraban

de

foros

aportaciones

integrados.

como

la

doctrina

subsidy”),

una

sub-categoría

doctrina de expresión compelida.

de

subsidio

de

la

El concepto de subsidio

compelido entraña un esquema mediante el cual el Estado le

requiere

al

ciudadano

que

subsidie

con

su

aportación

económica un mensaje con el cual está en desacuerdo.26

En Abood v. Detroit Board of Education, 431 U.S. 209

(1977), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutió,

por

primera

Abood,

un

vez,

la

doctrina

de

subsidio

grupo

de

maestros

del

sistema

compelido.

de

En

instrucción

pública de Detroit objetó que, en virtud de la cláusula de

taller agencial (“agency shop”) del convenio colectivo, éstos

venían obligados -–no siendo miembros de la unión-- a pagar

una cuota especial a ésta a manera de reembolso por las

gestiones efectuadas por la unión como agente negociador de

26

Johanns v. Livestock Marketing Assoc., 544 U.S. 550, 557

(2005)(“[In] ‘compelled subsidy’ cases . . . an individual is

required by the government to subsidize a message he

disagrees with . . . .”)

15

CC-2005-884

la colectividad.

La objeción de los maestros se basó en que

se

la

oponían

a

negociación

colectiva

en

el

sector

gubernamental así como también al uso que la unión le daba a

los fondos de la unión.

Los maestros sostenían que este

diseño

a

violaba

obligaba

a

su

derecho

subsidiar

la

causas

libre

y

expresión,

mensajes

pues

le

políticos

e

ideológicos auspiciados por la unión con los que no estaban

de acuerdo.

El

Tribunal

Supremo

resolvió

que

la

cláusula

del

convenio colectivo que les obligaba a hacer las aportaciones

compulsorias a la unión era válida, toda vez que existía un

interés de vital importancia para el Estado en propiciar la

negociación colectiva.

Ahora bien, dispuso que los maestros

no podían ser obligados, por mandato de la Primera Enmienda,

a sufragar con sus cuotas actividades políticas o ideológicas

que

no

compartían,

pertinente

al

ya

que

proceso

el

mensaje

de

objetado

negociación

no

era

colectiva.

Específicamente sostuvo el Tribunal:

We do not hold that a union can not

constitutionally spend funds for the expressions of

political views, on behalf of political candidates,

or towards the advancement of other ideological

causes not germane to its duties as collectivebargaining

representative.

Rather,

the

Constitution requires only that such expenditures

be financed from charges, dues, or assessments paid

by employees who do not object to advancing those

ideas and who are not coerced into doing so against

their will by the threat of loss of government

employment. (Énfasis nuestro.)

Abood, 431 U.S. pág. 235-236.

Al así resolver, Abood estableció lo que se conoce como

el

estándar

de

pertinencia

(“germaneness

test”)

para

16

CC-2005-884

determinar cuándo un mensaje puede ser subvencionado por una

aportación compelida sin ofender la Primera Enmienda.

ejemplifica

el

contribuir

a

paradigma

causas

contribuir.

que

postula

que

la

políticas

entraña

la

libertad

Abood

libertad

de

de

no

Bajo Abood, un esquema de subsidio compelido que

haya sido objetado sólo será válido si:

(1) se determina que

el mensaje es pertinente a los propósitos y objetivos del

grupo; y, (2) que el mensaje difundido no es político o

ideológico.

Posteriormente, en Keller v. State Bar of California,

496

U.S.

1,

14-16

(1990),

el

Tribunal

abundó

sobre

el

estándar de pertinencia aludido al invalidar un programa de

cuotas

mandatorias

porque

se

utilizaban

para

financiar

expresiones de índole políticas o ideológicas, ajenas a los

objetivos

de

la

colegiación

California.

Keller,

standard

must

be

necessary

or

496

whether

reasonably

compulsoria

U.S.

the

pág.

14.

challenged

incurred

for

en

el

estado

(“[T]he

de

funding

expenditures

are

the

of

purpose

regulating the legal profession.”)

En Colegio de Abogados v. Schneider, 112 D.P.R. 540, 554

(1982), adoptamos el análisis de Abood y resolvimos que aun

cuando

la

colegiación

compulsoria

era

válida

constitucionalmente, el Colegio de Abogados no podía utilizar

las

cuotas

--o

parte

de

ellas--,

para

subsidiar

alguna

expresión o actividad del Colegio de Abogados con la cual un

colegiado no estuviese de acuerdo.

Concluimos que el derecho

a la libertad de expresión contenido en la Constitución de

17

CC-2005-884

Puerto

Rico

subvencionar

protegía

el

con

cuotas

sus

derecho

una

de

los

disidentes

expresión

a

no

ideológica

que

estimaban objetable.

Con

posterioridad

oportunidad,

hasta

a

Schneider,

ahora,

para

no

delinear

habíamos

los

tenido

contornos

de

nuestra normativa respecto el derecho a la libre expresión en

el contexto de subsidio compelido.

apropiado

que

repasemos

a

En vista de ello, parece

manera

de

ilustración,

la

trayectoria subsiguiente de Abood expuesta por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos.

B

Los principios establecidos en Abood y Keller, han sido

posteriormente

resultados

aplicados

por

disímiles--

aportaciones

a

económicas

el

Tribunal

situaciones

Supremo

que

obligatorias

-–con

implicaban

(“checkoffs”)

promulgadas mediante reglamentación agrícola, para financiar

campañas

publicitarias

Foods,

533

Inc.,

Brothers,

521

U.S.

U.S.

457

genéricas.

E.g.,

405

y

(2001)

(1997).27

U.S.

v.

United

Glickman

v.

Wileman

además,

Buchman

Véase

Buckles, Food Fights in the Courts: The Odd Combination of

Agricultural and First Amendment Rights, 43 Hous. L. Rev.

415,

416

largely

27

(2006)(“The

compelled

unexplored

until

its

subsidy

recent

doctrine

had

been

collision

with

Cabe señalar que por campaña publicitaria genérica se

entiende aquella campaña diseñada a estimular el consumo de

un producto agrícola en un mercado.

Glickman v. Wileman

Brothers, 521 U.S. 457, 476 (1997)(“Generic advertising is

intended to stimulate consumer demand for an agricultural

product in a regulated market.

That purpose is legitimate

and consistent with the regulatory goals of the overall

statutory scheme.”)

18

CC-2005-884

agriculture.”)

En

vista

de

la

importancia

que

revisten

Glickman y United Foods a la controversia que hoy se nos

plantea, analicemos los mismos con detenimiento.

En Glickman, el Tribunal Supremo rechazó una impugnación

bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos de un programa establecido en virtud del “Agricultural

Marketing Agreement Act of 1937”, (“AMAA”) 7 U.S.C. secs. 601

et seq., que requería, entre otras cosas, que agricultores

que cosechaban árboles frutales en California financiaran una

campaña genérica de publicidad para fomentar su consumo.28

Esta campaña formaba parte de un amplio entramado legislativo

federal cuyo propósito era controlar el mercado colectivizado

de productos agrícolas, en este caso melocotones y ciruelas,

(“agricultural

commodities”),

producción

venta

competencia.

y

En

del

vista

específicamente

producto,

de

lo

respecto

la

eliminando

la

libre

el

de

acción

cual,

radio

disponible a los agricultores en este mercado había sido

restringido ya por el gobierno federal.

Ante esta realidad,

el Tribunal definió la controversia ante su consideración

bajo los siguientes términos:

“The legal question that we

address is whether being compelled to fund this advertising

raises a First Amendment issue for us to resolve, or rather

is simply a question of economic policy for Congress and the

Executive to resolve.”

28

521 U.S. pág. 468.

El “Agricultural Marketing Agreement Act of 1937”, 7

U.S.C. secs. 601 et seq, fue uno de los programas legislados

por el Congreso de los Estados Unidos como parte del programa

del Nuevo Trato del Presidente Roosevelt.

19

CC-2005-884

El

Tribunal

declarara

rechazó

inválida

la

que

Abood

campaña

requiriese

publicitaria

que

se

genérica

impugnada, por cuanto no se trataba de expresión de carácter

político

o

ideológico

como

el

implicado

en

Abood.29

En

específico, el Tribunal indicó lo siguiente:

Abood, and the cases that follow it, did not

announce a broad First Amendment right not to be

compelled to provide financial support for any

organization that conducts expressive activities.

Rather, Abood merely recognized a First Amendment

interest in not being compelled to contribute to an

organization whose expressive activities conflict

with one’s ‘freedom of belief.’ (Énfasis nuestro.)

Glickman, 521 U.S. pág. 471.30

Por otro lado, dispuso que la

campaña publicitaria objetada era meramente un componente más

de lo que era una abarcadora legislación relacionada con un

mercado colectivizado altamente regulado, además de que la

campaña era claramente pertinente (“unquestionably germane”)

al esquema reglamentario.

521 U.S. pág. 473.

Sobre esto se

indicó:

The business entities that are compelled to fund

the generic advertising at issue in this litigation

do so as a part of a broader collective enterprise

in which their freedom to act independently is

already constrained by the regulatory scheme.

It

29

Ciertamente, el derecho a la libre expresión que se

reconoce en la Constitución del Estado Libre Asociado tiene

un contenido más amplio que lo expresado por el Tribunal en

Glickman con su restrictiva interpretación del contenido y

alcance de Abood. E.g., Roth v. United States, 354 U.S. 476,

484 (1957)(“All ideas having even the slightest redeeming

social importance . . . have the full protection [of the

First Amendment].”)

30

Este razonamiento fue vehementemente rechazado en la

opinión disidente así como por tratadistas que han abordado

el tema.

Véase, R. Solla, Smolla and Nimmer on Freedom of

Speech, Thomson-West, vol 2, sup. 2006, sec. 20:45, pág. 20156.(“The Court seemed to analyze the case with blinders on,

seeing it as posing only questions of agricultural policy,

not control of expression.”)

20

CC-2005-884

is in this context that we consider whether we

should

review

the

assessments

used

to

fund

collective

advertising,

together

with

other

collective

activities,

under

the

standard

appropriate for the review of economic regulation

or under the heightened standard appropriate for

the review of First Amendment issues.

(Énfasis

nuestro.)

Glickman, 521 U.S. pág. 468.

Glickman

analizó

la

controversia

planteada

desde

la

perspectiva de que se trataba de una legislación de carácter

económico que regulaba intensa y ampliamente el mercado al

punto de restringir el libre comercio, proveyendo estabilidad

al mercado, y no desde la óptica de la Primera Enmienda y de

la

obligación

impuesta

por

ley

sobre

el

locutor,

quien

teniendo objeciones definidas al mensaje estaba obligado a

subvencionarlo.

Como

resultado

del

anterior

sostuvo la validez del programa impugnado.

análisis

se

Véase, R. Solla,

Smolla and Nimmer on Freedom of Speech, Thomson-West, vol 2,

sup. 2006, sec. 20:45.

Por otro lado, en United Foods, ante, en un caso con un

andamiaje similar al de Glickman, el Tribunal Supremo llegó a

la conclusión opuesta.

El programa impugnado en United Foods

se

con

estableció

a

tenor

la

ley

federal

conocida

como

“Mushroom Promotion, Research and Consumer Information Act”,

7 U.S.C. sec. 6101 et seq.

Bajo esta ley, el Secretario de

Agricultura estaba autorizado a crear un consejo asesor para

adelantar los objetivos del estatuto federal.

ello

se

proveyó

para

la

imposición

de

una

Como parte de

contribución

obligatoria a los productores de zetas con el propósito de

promover esta industria, promover la investigación y, proveer

21

CC-2005-884

información al consumidor así como a distintos sectores de la

industria.

7 U.S.C. sec. 6104(g)(2).

La mayoría de los

fondos recolectados se utilizaron para una campaña genérica

de publicidad encaminada a promover la venta de zetas.

El Tribunal concluyó, a base del récord ante sí, que el

único

programa

campaña

financiado

publicitaria,

determinó

entonces,

es

por

las

decir,

la

aplicando

a

contribuciones

expresión

Abood

y

era

misma.

Keller,

Se

que

programa allí impugnado ofendía la Primera Enmienda.

only

program

the

contributions

serve

question.”

Se

Government

is

the

contends

very

the

advertising

la

el

“The

compelled

scheme

in

entre

el

533 U.S. pág. 415.

precisó

que

la

diferencia

fundamental

programa rechazado en United Foods y el declarado válido en

Glickman, era que el establecido en este último formaba parte

de un esquema de reglamentación amplio del mercado, en el

cual

la

campaña

incidental.

publicitaria

era

meramente

una

parte

Por el contrario, en United Foods no existía tal

esquema de regulación sino todo lo contrario, pues regía un

mercado de libre competencia.

411.

United Foods, 533 U.S. pág.

En específico el Tribunal indicó lo siguiente:

In contrast to the program upheld in Glickman,

where

the

Government

argued

the

compelled

contributions for advertising were ‘part of a far

broader regulatory system that does not principally

concern speech,’. . . there is no broader

regulatory system in place here.

We have not

upheld compelled subsidies for speech in the

context of a program where the principal object is

speech itself. [. . .] The cooperative marketing

structure relied upon by a majority of the Court in

Glickman to sustain an ancillary assessment finds

no corollary here; the expression respondent is

22

CC-2005-884

required to support is not germane to a purpose

related to an association independent from the

speech itself; and the rationale of Abood extended

to the party who objects to the compelled support

for this speech. (Énfasis nuestro)

533 U.S. págs. 415-516.31

Es

importante

destacar,

que

al

aplicar

Abood,

Tribunal

expandió

la

protección

que

ofrece

la

el

Primera

Enmienda al resolver que la expresión objetada no tenía que

ser de carácter política o ideológica para estar protegida,

como se había dispuesto en Glickman.32

Por lo tanto, la

única pregunta que había que hacerse era si la aportación

económica

compelida

era

pertinente

para

adelantar

el

fin

legítimo del Estado en el programa legislado.

La pregunta se

contestó

que

en

la

negativa

al

determinarse

el

único

propósito de la aportación resultaba ser la expresión misma.

Finalmente, hay que puntualizar que en la opinión el

Tribunal

intimó

que

el

mismo

esquema

podría

resistir

un

ataque bajo la Primera Enmienda si la campaña publicitaria

31

Véase, Dindinger, Free Speech for Mushrooms but not

Peaches:

Economic Regulations after United Foods, Inc, 31

Colo. Law 61, 63 (2002).

32

En United States v. United Foods, Inc., 533 U.S. 405, 413

(2001) el Tribunal Supremo indicó:

We did say in Glickman that Abood ‘recognized a

First Amendment interest in not being compelled to

contribute to an organization whose expressive

activities

conflicts

with

one’s

‘freedom

of

belief’. . .We take further instruction, however,

from Abood’s statement that speech need not be

characterized as political before it receives First

Amendment protection.

A proper application of

Abood requires us to invalidate the instant

statutory scheme.”

(Énfasis nuestro.) (Citas

omitidas.)

23

CC-2005-884

pudiese

ser

catalogada

como

expresión

United Foods, 533 U.S. págs. 416-417.

controversia

llegó

al

Tribunal

en

gubernamental.33

Un año más tarde, esa

Johanns,

v.

Livestock

Marketing Assn., ante.

IV

En Johanns, ante, se cuestionaba también un programa de

subsidio

compelido

muy

similar

al

declarado

inválido

en

United Foods, en esta ocasión el producto agrícola era la

carne de res.

El Tribunal validó la aportación compelida al

concluir

la

que

campaña

publicitaria

objetada

constituía

expresión gubernamental legítima no sujeta a las limitaciones

de la Primera Enmienda.34

El Tribunal sostuvo que el mensaje

promocional

estaba

en

ese

caso

controlado

todas sus etapas por el gobierno federal.

férreamente

en

“The message set

out in the beef promotions is from beginning to end the

33

El Tribunal Supremo no tuvo que enfrentarse a un

planteamiento de esta naturaleza en United Foods, ante,

porque el asunto no fue expuesto ante los foros inferiores y

por lo tanto, el Tribunal rehusó entrar a evaluar el mismo

cuando el gobierno federal lo planteó por primera vez ante el

Tribunal Supremo.

34

Para muchos, la trilogía de Glickman, United Foods y

Johanns, ejemplifica el estado de fluidez de la doctrina de

expresión gubernamental y la ausencia de un andamiaje

conceptual claro y preciso que permita aplicar la misma en

casos que involucran una contribución compelida.

E.g.,

Champoux, Uncovering Coherent in Compelled Subsidy of Speech

doctrine: Johanns v. Livestoxck Marketing Ass’n, 125 S.Ct.

2055 (2005), 29 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 1107, 1112

(2005)(“the Court´s decision in three mandatory checkoff

cases over eight years seem more schizophrenic that

schematic.”); Comment, Government Speech Doctrine, Compelled

Support for Agricultural Advertising, 119 Harv. L. Rev. 277,

283 (2005)(“In the wake of Johanns, it is clear that

government speech doctrine can trump other First Amendment

concerns.”); Troy, Do we have a Beef with the Court?

Compelled Commercial Speech Upheld, But it Could Have Been

Worse, 2005 Cato Sup. Ct. Rev. 125.

24

CC-2005-884

message established by the Federal Government.”

pág.

560.

gobierno

Siendo

podía

entonces

solicitar

gubernamentales

para

productores de carne.

expresión

la

costear

gubernamental,

asistencia

el

544 U.S.

de

programa,

el

fuentes

como

no

eran

los

Sobre este particular se indicó en la

opinión:

When, as here, the government sets the overall

message to be communicated and approves every word

that is disseminated, it is not precluded from

relying on the government-speech doctrine merely

because it solicits assistance from nongovernmental

sources in developing specific messages.

El Tribunal sostuvo también que el hecho que los fondos

procedieran de una aportación específica o dirigida a un

grupo en particular y no de un impuesto general no variaba el

resultado.

A

esos

compelled-subsidy

efectos,

analysis

indicó

is

el

Tribunal:

altogether

“The

unaffected

by

whether the funds for promotions are raised by general taxes

or

through

compelled

targeted

support

of

assessment.

private

Citizens

speech,

but

may

challenge

have

no

Amendment right not to fund government speech.”

First

544 U.S.

pág. 562.

Como resultado de lo anterior, el Tribunal concluyó que

cuando

se

trate

de

expresión

gubernamental

legítima,

la

impugnación de su faz del mecanismo de susidio compelido

establecido, como ocurrió en Johanns, es improcedente como

cuestión

de

derecho.

pronunciamiento

a

El

Tribunal

situaciones

que

rehusó

extender

involucrasen

su

una

impugnación, en su aplicación, de un esquema de subsidio

compelido.

25

CC-2005-884

La casuística que hasta aquí hemos reseñado pone de

manifiesto cómo

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha

atendido el tema del subsidio compelido y su interrelación

con el derecho a la libre expresión consagrado en la Primera

Enmienda

de

la

Constitución

federal.

Nos

corresponde

a

nosotros evaluar, con independencia de dicha jurisprudencia,

una controversia idéntica bajo el crisol de la Constitución

del Estado Libre Asociado.

V

A

Apuntamos inicialmente que el peticionario argüía que el

programa

establecido

mediante

la

Ley

Núm.

95

era

inconstitucional tanto de su faz como en su aplicación, por

violar su derecho a la libertad de expresión al obligarlo a

contribuir

económicamente

a

una

campaña

de

publicidad

encaminada

a

promocionar

la

carne

de

res

del

país,

en

perjuicio

de

sus

económicos

como

importador

de

carne.

intereses

El Estado por su parte, refutó tal planteamiento a

base de dos argumentos principales.

de

expresión

derecho

a

aportación

la

gubernamental

libertad

impugnada

de

se

no

Primero, que se trataba

sujeta

a

expresión.

utilizaba

para

los

rigores

Segundo,

del

que

la

subvencionar

un

mensaje genérico válido que formaba parte del amplio esquema

reglamentario que regula la industria de la carne de res.

B

Atendemos primeramente el argumento del Estado de que el

mensaje

objetado

es

expresión

gubernamental,

pues

de

26

CC-2005-884

asistirle la razón ahí concluiría nuestra revisión de esta

controversia.

Ciertamente, ésta es la pregunta medular en

este caso.

Iniciamos señalando que éste es un tema que no habíamos

abordado previamente; aunque sí habíamos expresado que el

gobierno está facultado y tiene el deber de informar a la

ciudadanía sobre asuntos de vital interés a ésta, propios a

la

gestión

gubernamental.

A

modo

de

ejemplo,

no

cabe

cuestionar la validez de un programa gubernamental encaminado

a informar y orientar al país sobre cómo afrontar un desastre

natural o una epidemia.

En PPD v. Gobernador, I, 139 D.P.R. 643, 680 (1995)

indicamos lo siguiente:

del

Gobierno

de

“Hemos reconocido que la expresión

naturaleza

educativa

e

informativa

es

indispensable para que el pueblo pueda juzgar su labor y

(Énfasis

exigir remedios a los agravios gubernamentales.”

nuestro.)

Como vemos, al reconocer la facultad del gobierno

de expresarse lo hicimos en función de que de esta forma se

propiciaba

la

labor

fiscalizadora

del

ciudadano

sobre

la

gestión misma del gobierno.

PPD v. Gobernador, I, ante;

Romero

Hernández

Agosto,

115

sido

extremo

celosos

Barceló

(1984).

Hemos

controversias

exponer

v.

un

en

relacionadas

mensaje

al

D.P.R.

con

el

derecho

punto

de

rechazar,

al

del

368,

381

evaluar

gobierno

sin

a

ambages,

reclamos de éste de que le asiste un derecho constitucional a

expresarse para informar al ciudadano sobre su gestión.

PPD

v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 923 (1994)(“el Gobierno no

27

CC-2005-884

tiene

un

derecho

constitucional

a

la

libre

expresión

protegido.”)

Véase también, PPD v. Gobernador, I, ante.

Es

por

en

que

lo

tanto

este

contexto

y

con

este

trasfondo

debemos encarar la interrogante que se ha planteado sobre si

estamos concretamente frente a una expresión gubernamental.35

C

La doctrina de expresión gubernamental tiene que partir

de

la

premisa

gobernar

hay

ciudadanía

que

es

que

comunicar.

Hay

aquello

resulte

todo

una

realidad

que

indiscutible

que

que

informarle

para

a

la

indispensable

y

pertinente a la gestión misma de gobierno.

El gobierno tiene

entonces

participar

que,

necesariamente,

“mercado de las ideas”.36

acudir

y

en

el

Otro de sus supuestos tiene que

ser el reconocimiento que el proceso político constituye el

detente más importante a los excesos del gobierno.

Éste, el

proceso político, se convierte entonces en el garante del

35

Debemos puntualizar aquí que la doctrina de expresión

gubernamental es de reciente creación en Estados Unidos donde

ha generado una enorme controversia.

Su desarrollo por lo

tanto se encuentra en etapa incipiente por lo que los

contornos de la doctrina no han sido delineados con total

precisión. Sobre este tema véase, entre otros: Wyatt, The

Curious Relationship Between the Compelled Speech and

Government Speech Doctrines, 117 Harv. L. Rev. 2411, 2427

(2004)(“[Government speech is] the ugly stepchild of First

Amendment

doctrine.”);

Buchanan

Buckles,

supra,

pág.

446(“Rather than any one solid principle, a conglomeration of

disparate rulings have been patched together to form a

doctrine of sorts.”); Bezanson, Buss, The Many Faces of

Government Speech, 86 Iowa L. Rev. 1377, 1381 (2001)(“[The

Supreme Court has built] an edifice now so riven with

incoherence and fine distinctions that it is on the verge of

collapse.”)

36

Cf., Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630

(1919)(“[T]he ultimate good desired is better reached by free

trade in ideas –th[e] . . . best test of truth is the power

of the thought to get itself accepted in the competition of

the market. . . .”)

28

CC-2005-884

derecho

a

libre

expresión

de

quienes

objetan

un

mensaje

compelido.37

Por ello somos del criterio que para que el proceso

político pueda surtir efecto y el ciudadano pueda fiscalizar

eficazmente al gobierno en este contexto, es indispensable

que el ciudadano pueda identificar la expresión objetada como

Salvo que sea evidente que el

una proveniente del Estado.

mensaje

putativo

gubernamental

proviene

efectivamente

del

gobierno, la proveniencia gubernamental no puede justificar

la carga sobre el derecho a la libre expresión que supone un

mensaje compelido.

sencilla,

sin

Tiene que ser así pues la premisa es

conocimiento

de

los

hechos,

“no

se

puede

juzgar; tampoco se pueden exigir remedios a los agravios

gubernamentales . . . a través del proceso de las urnas cada

cuatro (4) años.”

485 (1982).

Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477,

Véase también, Santiago v. Bobb y El Mundo, 117

D.P.R. 153, 159 (1986).

Recordemos lo que ya hemos resuelto,

la expresión gubernamental se da en función del derecho del

ciudadano a fiscalizar la gestión gubernamental.

PPD v.

Gobernador, I, ante

En

este

identificado

caso,

como

un

el

mensaje

mensaje

del

objetado

no

aparecía

gobierno.

Conforme

se

desprende de los anuncios en prensa, cuyas copias obran en

autos, lo único que identificaba al locutor era, en dos de

37

Sobre este particular se indicó en Johanns, ante, (Souter,

J., op. disidente):

“Democracy ensures that government is

not untouchable when its speech rubs against the First

Amendment interest of those who object to supporting it; if

enough voters disagree with what government says, the next

election will cancel the message.”

29

CC-2005-884

ellos, el logo del Fondo del Fomento de la Carne de Res y el

eslogan “Carne Fresca del País.”38

prensa

la

única

atribución

que

En los otros anuncios de

aparece

en

los

mismos

solamente el eslogan “Carne Fresca del País”, sin más.

mismo eslogan aparece en pegatinas y camisetas.

es

Este

De otra

parte, del texto de los anuncios que se difundieron en la

radio,

no

locutor.

152.

surge

que

se

identificara

al

gobierno

como

el

Véase, Petición de certiorari, Apéndice págs. 112Bajo

ninguno

de

estos

supuestos,

como

se

puede

apreciar, el ciudadano podía identificar al Estado como el

comunicador.

otros

El Estado no nos ha indicado que se publicaran

anuncios

donde

se

identificara

al

Estado

como

el

emisor; y de ninguna manera ha refutado la aseveración del

peticionario sobre este particular.

Siendo ello así, no

podemos brindarle al mensaje difundido el manto de protección

que le cobijaría bajo la doctrina de expresión gubernamental.

No tiene razón el Estado en su planteamiento.

D

El segundo señalamiento del Estado es que la campaña

objetada era válida toda vez que, al igual que ocurría en

Glickman,

en

este

altamente regulada.

caso

nos

enfrentamos

a

una

industria

Señaló el Procurador General:

“Un

examen de la legislación y reglamentación aplicable a la

38

La plataforma estratégica diseñada por la compañía

publicitaria contratada por el Fondo, señalaba que en estos

anuncios aparecería el logo del Departamento de Agricultura,

Fondo del Fomento de la Industria de la Carne de Res y el

eslogan de Carne de Res del País.

Como indicamos, en la

copia de los anuncios que se anejaron a la moción de

sentencia sumaria no aparece el logo del Departamento y sólo

del Fondo.

30

CC-2005-884

industria

de

la

carne

producto

altamente

de

res

regulado,

demuestra

tanto

exportación, como de importación.”

General, pág. 29.

que

en

la

éste

es

un

actividad

de

Alegato del Procurador

A modo de ejemplo, el Estado enumeró los

requisitos federales impuestos al mercado de la carne, con

los cuales el gobierno del Estado Libre Asociado tiene que

cumplir.

secs.

E.g., inspección y examen de la carne (21 U.S.C.

603,

606,

608,

609);

disposición

de

excedente

o

desechos (21 U.S.C. secs. 604, 605); etiqueta y empaque (21

U.S.C. sec. 607); almacenaje (21 U.S.C. sec. 624).

Lo

cierto

es

que

soy

del

criterio

que

no

debemos

descartar la posibilidad de que proceda incorporar la norma

de

Glickman

a

nuestra

Constitución.

Cuando

el

esquema

reglamentario sea tan extensivo como el que allí se evaluó,

podría

entenderse

que

el

carácter

gubernamental

de

la

expresión compelida ha de ser evidente para los ciudadanos.

Ahora bien, podemos evaluar el planteamiento del Estado sin

resolver hasta qué punto (si alguno) la doctrina Glickman

debe incorporarse a nuestra Constitución.

El problema con el argumento del Estado es que confunde

el

contenido

esbozado

en

del

concepto

Glickman.

de

“regulación

Glickman

se

del

refiere

mercado”

a

aquella

reglamentación que rige en un mercado colectivizado, dirigida

a controlar los precios en el mercado desplazando la libre

competencia.

Recordemos

que

Agreement

de

analizado

Act”

1937,

el

“Agricultural

en

el

caso,

Marketing

es

una

31

CC-2005-884

legislación aprobada como parte del Nuevo Trato.

Sobre el

AMMA, Glickman indica lo siguiente, citamos in extenso:

Congress

enacted

the

Agricultural

Marketing

Agreement Act of 1937 (AMMA), . . ., in order to

establish and maintain orderly marketing conditions

and fair prices for agricultural commodities. . . .

Marketing orders promulgated pursuant to the AMAA

are a species of economic regulation that has

displaced competition in a number of discrete

markets; they are expressly exempted from the

antitrust laws. . . Collective action, rather than

the

aggregate

consequences

of

independent

competitive choices, characterizes these regulated

markets.

In

order

‘to

avoid

unreasonable

fluctuations in supplies and prices,’ . . . these

orders may include mechanisms that provide a

uniform price to all producers in a particular

market, that limit the quality and the quantity of

the commodity that may be marketed, . . . determine

the grade and size of the commodity, . . . and that

make an orderly disposition of any surplus that

might depress market prices.

(Énfasis nuestro.)

(Citas omitidas.)

Glickman, 521 U.S. pág. 461.

Es por ello que el Tribunal

evaluó la controversia desde la perspectiva que analizaba una

legislación de carácter económico aprobada por el Congreso,

que

le

merecía

gran

deferencia.

“In

sum,

what

we

are

reviewing is a species of economic regulation that should

enjoy the same strong presumption of validity that we accord

to other policy judgments made by Congress.”

477.

521 U.S. pág.

Es importante puntualizar, que la reglamentación en

Glickman estaba exenta de las leyes de monopolios pues, en

efecto, lo que hacía era controlar férreamente el mercado de

la demanda para así controlar los precios.

En este caso el Estado no ha planteado que la Ley Núm.

95 y su reglamentación, tuviese como objetivo regular el

mercado de la carne en el país para controlar así su precio.

32

CC-2005-884

Por el contrario, el mercado de la carne de res en Puerto

Rico

--contrario

a

lo

que

sucede

con

nuestra

industria

lechera o la del café--, no impone precios uniformes, no

impone

cuotas

respecto

a

la

cantidad

que

se

produce

y

mercadea, no admite restricciones en cuanto a calidad y, no

impone

un

procedimiento

ganancias obtenidas.

págs.

22-23.

sobre

cómo

se

utilizarán

las

Véase Alegato de la parte peticionaria,

Además,

éste

no

es

un

mercado

que

se

ha

colectivizado o que se eximió de las leyes monopolísticas,

como tampoco ha sido subsidiado por el gobierno mediante

apoyo en cuanto a precios.

En conclusión, contrario a lo que

ocurría en Glickman, el mercado de carne de res en Puerto

Rico es uno donde rige la libre competencia.

Glickman por lo tanto, no está disponible para validar

el esquema de subsidio compelido establecido por la Ley Núm.

95.

E

Debemos preguntarnos entonces si bajo la Constitución

del Estado Libre Asociado, la utilización que se le ha dado a

las aportaciones establecidas bajo la Ley Núm. 95, infringe

el derecho a la libre expresión de la parte peticionaria.

Somos del criterio que, a la luz de los hechos en este caso,

la respuesta es en la afirmativa.

Los fondos provenientes de las aportaciones que nutrían

el

Fondo

para

el

Fomento

utilizar

entre

otras

de

cosas,

la

Carne

para,

de

Res

diseñar

se

una

debían

campaña

publicitaria genérica a favor del consumo de la carne en

33

CC-2005-884

Puerto Rico.

de

esta

Ahora bien, ello no ocurrió así.

campaña,

desarrolló

la

según

misma,

diseñados

fueron

los

por

Los objetivos

la

siguientes:

agencia

que

“(1)

Crear

conciencia de que existe una alternativa real en la carne de

(2) Fomentar el consumo de carne de res de PR.

res de PR.

(3) Crear reconocimiento del nombre.

y calidad del producto.”

(4) Demostrar frescura

(Énfasis nuestro.)

de certiorari, Apéndice pág. 120.

Véase, Petición

Parece evidente que el

propósito de la campaña diseñada era, efectivamente, resaltar

y así promover el consumo de la carne de res del país.

De hecho, el comunicado de prensa difundido informando

sobre el lanzamiento de la campaña publicitaria indicaba lo

siguiente:

“La Industria de la Carne de Res del País comenzó

una nueva campaña de publicidad para promover su consumo en

[La campaña] consta de anuncios de prensa y

Puerto Rico.

radio que resaltan los atributos de frescura y calidad que

contiene la Carne de Res del País . . . [E]l concepto de

frescura

[se

campaña.”

estableció]

como

elemento

principal

de

la

Petición de certiorari, Apéndice, pág. 162.

Lo

primero que llama la atención del referido comunicado de

prensa es que se informa que el auspiciador de la campaña es

la industria de la carne de res del país.

evidente

que

el

enfoque

resaltar esta industria.

publicados.

Los

ejemplos:

de

la

campaña

Luego resulta

es

precisamente

Así se desprende de los anuncios

Veamos algunos ejemplos.

anuncios

que

constan

en

autos.

Veamos

algunos

34

CC-2005-884

Uno de los anuncios en cuestión, publicado a página

completa en uno de los diarios del país, leía como sigue:

Cuando se tiene un buen producto hay que resaltar

todos sus méritos. Frescura, Sabor, Calidad.

La Carne de Res del País es carne Magra, limpia,

baja en grasa y con los minerales necesarios para

el desarrollo. Además contiene proteínas, hierro y

vitaminas . . .

Nuestro compromiso con Puerto Rico va más allá de

cumplir con una labor. Queremos darle lo mejor de

nuestra tierra. Pro eso cada empaque de carne de

res lleva una etiqueta.

Busca que sea del País.

Estamos tan seguro de la calidad de nuestro

producto que indicamos en la etiqueta que es de

aquí. (Énfasis nuestro.)

Otro

de

los

anuncios

objetados

incluía

la

siguiente

exhortación al ciudadano: “cuando compre carne de res . . .

pídala con todo.

Con todo el cuidado y esfuerzo con que se

crían las reses en Puerto Rico . . . con todo el amor que se

le dedica al trabajo . . . además de todo el sabor, la

frescura,

la

calidad

y

los

componentes

tiene la Carne de Res del País.”

nutricionales

que

(Énfasis nuestro.)

De otra parte, todos los anuncios que se publicaron

llevaban

estampado

el

eslogan

“Carne

Fresca

del

País.”

Expresión que entraña un mensaje subliminal de que lo fresco,

que es lo producido localmente, es superior a lo importado.

Ya

vimos

expresamente

como

el

concepto

“frescura”

a

esta

campaña.

Aun

cuando

se

uno

incorporó

de

los

propósitos del Fondo creado en virtud de la Ley Núm. 95, era

promocionar la industria de la carne de res en Puerto Rico,

según el plan diseñado, aprobado e implementado, la campaña

genérica desarrollada sólo beneficiaba la industria de carne

35

CC-2005-884

de res del país y no la carne importada.

Por el contrario,

la

la

campaña

perjudicaba

importada.

una

el

mercado

de

carne

de

res

Se le requería a la parte peticionaria financiar

campaña

de

competencia.

publicidad

que

sólo

beneficiaba

a

su

Para contrarrestar el posible efecto negativo

del mensaje genérico, Amigo vendría obligado a desarrollar

una “contra campaña” resaltando los beneficios de la carne de

res importada.

validar

la

No se ha aducido razón alguna que permita

carga

impuesta

sobre

el

derecho

a

la

libre

expresión de la parte objetante al mensaje compelido.39

En este caso nos enfrentamos a una campaña publicitaria

genérica a favor del consumo de un producto en perjuicio de

otro.

del

Campaña, subvencionada por aportaciones obligatorias

ente

campaña.40

“perjudicado”

por

el

contenido

mismo

de

la

El gobierno no puede con su acción --sin ofender

el derecho a la libre expresión--, inclinar la balanza a

favor

de

un

sector

de

una

industria

en

perjuicio

del

competidor, de la forma y manera que ha ocurrido en este

caso.

39

Los valores que representan el derecho a la libertad

No nos expresamos por lo tanto, sobre que diferencia, si

alguna, pudiera tener sobre el resultado, el que la campaña

estuviese dirigida a evitar una situación grave de salud

pública, como por ejemplo, que la carne importada estuviese

afectada por la enfermedad de encefalopatía espongiforme

bovina--comúnmente conocida como el mal de “las vacas locas.”

Nuestra expresión en esta ocasión se circunscribe a los

hechos específicos en este caso.

40

A luz del resultado a que llegamos en el día de hoy, es

innecesario que discutamos qué otro tipo de actividad se

subvencionaba con el Fondo, pues independientemente de lo

anterior, es evidente que la campaña que se diseñó violaba el

derecho a la libre expresión del peticionario.

Se hace

innecesario entonces discutir el segundo señalamiento de

error que nos fuera presentado.

36

CC-2005-884

de expresión se ven amenazados cuando el gobierno obliga a

sus ciudadanos, o a un grupo en particular, a subvencionar un

mensaje que éste favorece.

En su consecuencia, el subsidio

compelido establecido por la Ley Núm. 95, según diseñado e

implantado, era violatorio del derecho a la libre expresión

de los peticionarios según establecido en el Art. II, sec. 4,

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada