LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.

2007 TSPR 29

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Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.

CC-2005-0884

Sentencia con Opiniones Disidentes

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Wilfredo García Burgos

Recurrido

Certiorari

vs.

2007 TSPR 29

Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

170 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2005-185

Fecha: 20 de febrero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel IV

Juez Ponente:

Hon. Charles Cordero Peña

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Antonio Adrover Robles

Lcdo. Guillermo Mojica Maldonado

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José Fco. Chaves Caraballo

Materia:

Pago

de

Indemnización

(Procedimiento Sumario)

por

Despido

Injustificado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Wilfredo García Burgos

Recurrido

vs.

CC-2005-185

Certiorari

Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

En el caso de autos, se planteó la cuestión de

si

el

director

ejecutivo

de

la

Asociación

de

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

el Sr. Wilfredo García Burgos, tenía derecho al pago

de la mesada que provee la Ley Núm. 80 del 30 de

mayo de 1976, por haber sido despedido del cargo que

ocupaba en la entidad referida.

El Tribunal de Apelaciones había resuelto que

García Burgos sí tenía derecho a tal pago, y la

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico impugnó ese dictamen ante nos.

Luego de examinar la cuestión aludida a fondo,

los

miembros

igualmente

de

este

divididos

en

Tribunal

se

torno

asunto

al

encuentran

y

la

CC-2005-185

2

votación de los Jueces en cuanto a este caso ha resultado en

un empate.

En

vista

de

lo

anterior,

y

conforme

a

la

norma

establecida para estas situaciones, se confirma por empate

el dictamen del Tribunal de Apelaciones.

Por ende, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, para que determine las

cuantías a que tiene derecho el recurrido por concepto de

mesada y honorarios de abogado.

Lo

pronunció,

Secretaria

del

manda

Tribunal

el

Tribunal

Supremo.

El

y

Juez

certifica

Asociado

la

señor

Fuster Berlingeri emitió una Opinión de Conformidad, a la

que se une

Asociado

señor

Conformidad.

emitió

una

Asociado

la

El

Juez Asociada señora Fiol Matta. El Juez

Rivera

Juez

Opinión

señor

Pérez

Presidente

Disidente,

Rebollo

emitió

López.

Rodríguez Rodríguez disiente sin

a

una

Opinión

señor

Hernández

la

que

se

Juez

Asociada

La

une

de

Denton

el

Juez

señora

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Wilfredo García Burgos

Recurrido

vs.

CC-2005-185

Certiorari

Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionario

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor FUSTER

BERLINGERI, a la que se une la Juez Asociada señora FIOL MATTA.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

En el caso de autos se plantea la

de

cuestión

si el Director Ejecutivo de la Asociación de

Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

tiene derecho al pago de la mesada que provee la Ley

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976.

I

Wilfredo

García

Burgos

(en

adelante

el

recurrido) fue nombrado Director de Finanzas de la

Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico (en adelante AEELA o la Asociación), un

nombramiento de alta gerencia, según definido por el

Reglamento de Personal de

la

Asociación.

El

CC-2005-185

2

recurrido tomó posesión y prestó juramento para su cargo el

2 de agosto de 1993. El 30 de marzo de 1995 fue nombrado

Director Auxiliar a cargo del Fondo del Seguro de Salud de

la

Asociación,

que

es,

igualmente,

un

puesto

de

alta

gerencia. Dicho nombramiento fue ratificado por la Junta de

Directores

de

la

Asociación

(en

adelante

Junta

de

designó

al

Directores).

Posteriormente,

recurrido

Director

la

Junta

Ejecutivo

de

Directores

Interino

de

la

Asociación,

nombramiento que fue efectivo el 1 de febrero de 1997. Por

último, el 12 de febrero de 1997 la Junta de Directores

nombró al recurrido Director Ejecutivo en propiedad con un

salario

anual

beneficios

de

$75,000,

marginales

más

que

el

derecho

disfrutan

a

los

“todos

los

empleados

gerenciales”.

La composición de la Junta de Directores cambió el 21

de marzo de 1997, por decisión de la Asamblea de Delegados

de la Asociación, y la nueva Junta separó al recurrido de

su puesto de Director Ejecutivo de la Asociación a través

de una notificación del 9 de abril de 1997. A raíz del

referido

cambio

en

la

composición

de

la

Junta

de

Directores, los integrantes de la antigua Junta instaron

una

acción

Superior

de

ante

el

Tribunal

San

Juan,

de

mediante

Primera

Instancia,

la

cuestionaron

cual

Sala

la

facultad de la Asamblea de Delegados para destituir a los

miembros de la Junta. Como consecuencia de esta acción, el

antiguo

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones

ordenó

la

CC-2005-185

restitución

3

de

los

directores

destituidos

a

la

Junta

referida. Esta recién restituida Junta de Directores nombró

nuevamente al recurrido al puesto de Director Ejecutivo de

la Asociación el 2 de diciembre de 1997. Inconforme con la

aludida

decisión

del

foro

apelativo,

la

Asamblea

de

Delegados de AEELA recurrió ante nos mediante un certiorari

y una moción en auxilio de jurisdicción. El 19 de diciembre

de 1997 ordenamos la paralización de todos los efectos de

la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. En

virtud

de

dicha

orden

nuestra,

Directores

asumió

nuevamente

la

la

segunda

Junta

administración

de

de

la

Asociación y, en una reunión extraordinaria celebrada el 22

de diciembre de 1997 dejaron sin efecto el nombramiento del

recurrido como Director Ejecutivo de la Asociación.

El 22 de diciembre de 2000 el recurrido presentó una

demanda ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de

Primera Instancia en contra de AEELA en la que alegó que su

despido fue injustificado a tenor con la Ley Núm. 80 del 30

de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec.185a et seq. (en adelante

la Ley Núm. 80). AEELA contestó la demanda y presentó una

solicitud de sentencia sumaria el 14 de marzo de 2002.

Luego de diversos trámites procesales, el 27 de febrero de

2004 el foro de instancia dictó una sentencia sumaria a

favor

de

AEELA

y

determinó

que

el

recurrido

no

tenía

derecho a los beneficios de la Ley Núm. 80 por razón de la

naturaleza

Explicó

que

de

en

su

nombramiento

virtud

de

la

como

Ley

Director

de

la

Ejecutivo.

Asociación

de

CC-2005-185

Empleados

4

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

3

L.P.R.A. secs. 862 et seq., (en adelante la Ley de AEELA),

la Junta de Directores tenía la facultad de nombrar al

Director Ejecutivo de la Asociación. Según el Tribunal de

Primera Instancia, en virtud de la referida potestad, cada

cambio

en

la

composición

de

la

Junta

de

Directores

conllevaba la designación de un nuevo Director Ejecutivo

por parte de la Junta, si ésta así lo deseaba; y que tal

designación constituía un contrato por tiempo determinado

implícito,

por

lo

que

el

recurrido

no

podía

tener

una

expectativa de continuidad en su empleo, y no cumplía con

los requisitos de la Ley Núm. 80, supra.

El

recurrido

apeló

entonces

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones y solicitó que se revocara la sentencia sumaria

dictada por el foro de instancia. Reclamó el pago de la

mesada

al

amparo

de

la

Ley

Núm.

80,

supra.

El

foro

apelativo revocó el dictamen impugnado fundamentándose en

nuestra jurisprudencia interpretativa de la Ley Núm. 80,

supra., a los efectos de que ésta ampara a los empleados

ejecutivos

siempre

que

se

cumpla

con

los

requisitos

dispuestos en ella. Entendió, además, que dichos requisitos

quedaron configurados por los hechos del presente caso, y

que, por tanto, el recurrido tenía derecho al pago de la

mesada y los honorarios de abogado, según dispuesto en la

ley. De esta forma el Tribunal de Apelaciones rechazó el

argumento

de

que

la

falta

de

confianza

de

la

Junta

de

CC-2005-185

5

Directores en el recurrido como Director Ejecutivo fuese

justa causa para su despido.

El

4

recurso

de

de

marzo

de

2005

certiorari,

en

AEELA

el

presentó

que

ante

hizo

el

nos

un

siguiente

señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones

al revocar la Sentencia emitida por el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

(...) que determinó que el recurrido no tenía

derecho al pago de la mesada dispuesta en la Ley

de Despido Injustificado.

El señalamiento de error referido se fundamentó en dos

argumentos principales. En primer lugar, AEELA distinguió

la figura del Director Ejecutivo de la Asociación de otros

tipos de empleados a nivel ejecutivo. Alegó que las labores

del Director Ejecutivo de la Asociación eran vitales para

el buen funcionamiento de ésta y para la consecución de sus

propósitos,

según

definidos

en

la

Ley

de

AEELA.

Arguyó

AEELA que la Ley Núm. 80, supra., no cobijaba al Director

Ejecutivo

de

la

Asociación

principal

de

AEELA.

recurrido

fuese

del

por

En

fin,

tipo

de

ser

AEELA

éste

el

cuestionó

trabajador

gerente

que

el

necesitado

de

protección social. En segundo lugar, AEELA adujo que, aun

si la Ley Núm. 80, supra., cobijase al Director Ejecutivo

de la Asociación, la situación particular que presenta este

caso no permitiría su aplicación, debido a que el cambio en

la composición de la Junta de Directores era justa causa

para el despido del recurrido.

CC-2005-185

6

El 20 de mayo de 2005 expedimos el recurso solicitado.

Ambas partes han comparecido a sustentar sus posturas.

II

A.

AEELA es una institución creada por la Ley Núm. 52 de

11 de julio de 1921, según enmendada, y compuesta por los

empleados públicos del gobierno de Puerto Rico. 35 L.P.R.A.

sec. 862c; Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, 130

D.P.R. 407, 427 (1992); First Federal v. Srio. de Hacienda,

86 D.P.R. 56, 70 (1962). Su propósito es:

[e]stimular el ahorro entre los empleados y los

socios acogidos pensionados; establecer planes

de seguros incluyendo un seguro por muerte,

efectuar préstamos, proveer a los empleados y a

los

socios

acogidos

pensionados

hogares

y

facilidades hospitalarias para el tratamiento

médico de ellos y sus familiares (...). 35

L.P.R.A. sec. 862b.

Aunque AEELA es un organismo creado por ley, con una

finalidad

pública

establecida

por

el

Gobierno

de

Puerto

Rico, ya antes hemos resuelto que no “puede considerarse

como agencia, departamento, instrumentalidad o corporación

pública del Gobierno”. Asoc. de Empleados del E.L.A. v.

Vázquez, supra., pág. 429. Así mismo hemos reconocido que

AEELA no recibe ayuda económica del gobierno, que funciona

a base de los propios fondos que ella misma genera; y que

se

asemeja

cooperativa.

en

su

Asoc.

estructura,

de

funciones

Empleados

del

y

objeto

E.L.A.

v.

a

una

Vázquez,

CC-2005-185

7

supra., pág. 428; Hernández Montero v. Cuevas, Director, 88

D.P.R. 785, 798 (1963).

La

institución

Delegados,

y

es

gobernada

administrada

por

por

una

una

Junta

Asamblea

de

de

Directores

compuesta por diecisiete miembros electos por, y que forman

parte de, la Asamblea de Delegados. Las elecciones para

seleccionar

los

miembros

de

la

Junta

de

Directores

se

llevan a cabo cada cuatro años. 3 L.P.R.A. sec. 862d. Según

dispone la ley, dicha “Junta de Directores tendrá todos los

poderes que sean convenientes y necesarios para el logro de

los propósitos de la Asociación (...)”. 3 L.P.R.A. sec.

862f.

Entre

estos

poderes

y

facultades

se

encuentra

la

potestad de “[n]ombrar un Director Ejecutivo y fijarle su

sueldo”,

3

L.P.R.A.

sec.

862f(p),

y

de

delegarle

las

“funciones ejecutivas que estime pertinentes para el mejor

funcionamiento de la institución”. 3 L.P.R.A. sec. 862f(h).

Por su parte, “[e]l Director Ejecutivo será el funcionario

ejecutivo de la Asociación y cumplirá con los deberes que

la Junta de Directores le asigne y prestará la fianza que

la

Junta

de

Directores

estime

conveniente

para

el

fiel

cumplimiento de sus deberes”. 3 L.P.R.A. sec. 862f(p).

Según el Reglamento de la Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de febrero de 1995 (en

adelante el Reglamento de AEELA), “las funciones ejecutivas

de la Asociación estarán a cargo del Director Ejecutivo”.

Reglamento

AEELA,

Art.

17(a).

Entre

sus

funciones

están

designar al personal necesario para llevar a cabo el plan

CC-2005-185

de

trabajo

8

de

la

Asociación;

informarle

a

la

Junta

de

Directores sobre la observancia de las directrices que ésta

requiera;

someter

para

la

consideración

de

la

Junta

de

Directores un proyecto de presupuesto para el año fiscal

siguiente;

Junta;

administrar

velar

convenios

y

por

el

el

presupuesto

cumplimiento

contratos

de

la

aprobado

de

los

Asociación;

por

la

reglamentos,

custodiar

los

documentos, equipos y materiales de la Asociación; asesorar

a la Junta de Directores en sus funciones; y, llevar a cabo

todas las tareas que ésta le delegue. Reglamento de AEELA,

Art. 17. Cabe señalar que el Reglamento de Personal de la

Asociación de Empleados del E.L.A. del 26 de mayo de 1993

(en adelante el Reglamento de Personal) no cubre el puesto

de Director Ejecutivo, sino que solamente reglamenta los

servicios gerenciales y de alta gerencia.

B.

La

Ley

empleados

Puerto

de

Rico

Núm.

80,

cualquier

de

los

injustificados.

A

consubstanciales

con

procura

supra.,

industria,

efectos

la

vez

los

comercio

adversos

que

daños

proteger

de

otorga

causados

o

a

negocio

los

en

los

despidos

unos

remedios

por

despido

un

injustificado, busca desalentar la incidencia de este tipo

de despido. 1976 Leyes de Puerto Rico, pág. 268. Así, la

ley dota al empleado despedido sin justa causa del derecho

a recibir de su patrono el sueldo correspondiente a entre

dos

y

seis

meses

por

concepto

de

indemnización

y

una

CC-2005-185

9

indemnización progresiva adicional equivalente a entre una

y tres semanas por cada año de servicio. 29 L.P.R.A. sec.

185a; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R.

630, 642-643 (1994). Esta compensación pretende “brinda[r]

a los trabajadores que han sido despedidos sin justa causa

la oportunidad de disfrutar de una indemnización que les

permita suplir sus necesidades básicas durante el tiempo

que les pueda tomar conseguir un nuevo empleo”. Díaz v.

Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 375 (2001).

Para ser acreedor a la protección y a los beneficios

que ofrece la Ley Núm. 80, supra., el empleado separado de

su cargo debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) la

existencia de una relación obrero-patrono en algún negocio,

industria o sitio de empleo; (2) que la labor rendida sea

remunerada; (3) que el trabajador haya sido contratado sin

tiempo determinado;1 (4) que el empleado haya sido despedido

sin

que

Tratado

medie

de

justa

Derecho

causa.

del

C.

Zeno

Santiago

y

otros,

Trabajo,

San

Juan,

Puerto

Rico,

Publicaciones JTS, 2003, Tomo I, pág. 98; Departamento del

Trabajo

y

aplicación

1

Recursos

de

la

Ley

Humanos,

Guía

revisada

para

Núm.

de

de

de

80

30

mayo

la

1976,

Aun en caso de que el empleado sí haya sido contratado

por tiempo determinado, se entenderá que aplica la Ley Núm.

80, supra., si el contrato no cumple con los requisitos

esbozados en la propia ley para considerarlo un contrato

bona fide por término cierto o para un proyecto de obra

cierta. Aplicaría también la Ley Núm. 80, supra., si

hubiese evidencia en la contratación que apuntase a la

creación de una expectativa razonable de continuidad en el

empleo por tiempo determinado. 29 L.P.R.A. sec. 185a; Guía

revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo

de 1976, enmendada, 21 de septiembre de 2002, pág. 27-8.

CC-2005-185

10

enmendada,

21

de

septiembre

de

2000,

pág.

27-8.

Con

respecto a las clases de empleados que están cobijados por

la ley, ya hemos resuelto que, debido a que no limita el

concepto

de

empleado,

la

Ley

Núm.

80,

supra.,

es

de

aplicación a ejecutivos, administradores y profesionales.

Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84-5

(1961).

C.

AEELA

recurrido

ha

de

envergadura

intentado

la

de

otros

del

puesto

estructura

de

la

cuestionar

el

alcance

cuarenta

cinco

y

distinguir

la

ejecutivos,

amparándose

en

la

Ejecutivo

en

la

objetivo

de

de

Director

Asociación.

de

años

la

en

situación

Esto,

con

el

norma

que

sentáramos

Hull

Dobbs

Co.

v.

del

hace

Tribunal

Superior, supra. Allí atendimos los despidos injustificados

de un gerente de ventas y un administrador auxiliar. En el

presente caso, según AEELA ha enfatizado, se trataba del

oficial

principal

de

la

Asociación,

quien

ostentaba

el

poder sobre la gran mayoría de los asuntos internos de la

organización, incluidos, como señaláramos anteriormente, lo

concerniente

a

establecer

el

presupuesto

operacional,

a

designar personal capacitado para cumplir con la política

de la Asociación y a asegurarse de que se cumpliera con los

reglamentos y convenios de ésta. Reglamento de AEELA, Art.

17.

CC-2005-185

11

No cabe duda de que las diferencias a las que alude

AEELA son reales. Sin embargo, no encontramos en ellas un

fundamento

suficiente

firmemente

arraigada

para

en

apartarnos

nuestra

de

una

jurisdicción.

norma

Por

el

contrario, continuamos convencidos de que dicha norma es

correcta en estricto derecho y en justicia. Veamos.

Hull Dobbs fue resuelto cuando aún estaba vigente la

anterior ley sobre despido injustificado, la Ley Núm. 50 de

20 de abril de 1949. En aquel momento nos fundamentamos en

que la ley no establecía distinción alguna entre distintos

tipos

de

empleados

para

condicionar

su

aplicación.

Resolvimos que la ley amparaba a “todo empleado” y que no

se habían excluido a los que ocupaban cargos ejecutivos. Ya

que

la

legislación

laboral,

en

caso

de

dudas,

debe

interpretarse de manera favorable al empleado, y que las

excepciones deben surgir expresamente del texto de la ley,

entendimos

despidos

que

el

caso

particular

de

injustificados

el

legislador

quiso

necesidades

de

en

todos

los

empleados,

la

ley

sobre

atender

las

incluidos

los

ejecutivos, pues si su intención hubiese sido otra así lo

hubiese

Tribunal

expuesto

claramente

Superior,

supra.,

en

ella.

pág.

85,

Hull

Dobbs

citando

Co.

v.

Doyle

v.

Polypane Package Co., 80 D.P.R. 224, 228-31 (1958).

Quince años después de nuestra decisión en Hull Dobbs

la Legislatura aprobó la Ley Núm. 80, supra. Con esta pieza

legislativa derogó la ley anterior (la ley interpretada en

Hull Dobbs), porque entendió que la protección que brindaba

CC-2005-185

12

a los trabajadores era inadecuada e ineficaz. 1976 Leyes de

Puerto Rico, pág. 268. Sin embargo, independientemente de

los cambios surgidos a raíz de la Ley Núm. 80, supra., la

Legislatura

mantuvo

interpretáramos

renglón

fue

en

casi

Hull

ampliar

inalterado

Dobbs.

la

El

el

único

protección

a

texto

cambio

los

en

que

este

empleados

de

entidades sin fines lucrativos, pues la ley anterior sólo

cubría

a

los

empleados

de

organizaciones

lucrativas.

De

modo que, aun con la oportunidad de hacerlo, la Legislatura

decidió no sustituir la interpretación que habíamos dado a

la definición de empleado. Se desprende, entonces, que la

intención legislativa al redactar la nueva ley fue que ésta

cobijara a los empleados a nivel ejecutivo, tal como lo

interpretamos en Hull Dobbs.

Por otro lado, AEELA no nos ha convencido de que el

puesto

de

Director

Ejecutivo

aquí

en

cuestión

no

es

merecedor de protección social. Es cierto que, por razón

del tipo de puesto que ocupaba y las labores a las que se

dedicaba, el recurrido no era el trabajador típico para el

cual

nuestro

ordenamiento

laboral

demanda

especial

consideración. Sin embargo, la mera diferencia en labores o

remuneración no es motivo suficiente para despojar a un

empleado de los beneficios de la Ley Núm. 80, supra. Según

hemos expresado antes, las prácticas que la ley pretende

desalentar

no

conocen

gradación

por

causa

del

tipo

de

empleado del que se trate. Este resultado ha sido avalado

por la propia Legislatura. Cualquier despido injustificado

CC-2005-185

de

13

cualquier

empleado

es

reprochable.

El

mero

hecho

de

tener un puesto de mayor responsabilidad en los asuntos de

la

empresa

concernida

no

libra

al

empleado

de

nivel

ejecutivo de padecer las graves vicisitudes por motivo de

un

despido

injustificado

que

padecen

otros

tipos

de

trabajadores. En lo esencial, ser despedido sin justa causa

para

ello

tiene

jurídicos

efectos

comparables

morales,

para

económicos,

todos

los

sociales

empleados.

Unos

y

y

otros requieren una indemnización que les permita atender

sus necesidades básicas y las de sus familias durante el

tiempo que les pueda tomar conseguir un nuevo empleo. Nos

parece claro, por tanto, que las disposiciones de la Ley

Núm. 80, supra., cobijan a todos los empleados, inclusive

los

empleados

ejecutivos

en

puestos

a

nivel

de

oficial

principal de una entidad.

III

Resta

Junta

de

determinar

si,

ante

el

poder

que

Directores

de

AEELA

de

nombrar

ostenta

al

la

Director

Ejecutivo de la Asociación, un cambio en la composición de

la Junta constituye justa causa para el despido de este

funcionario.

AEELA arguye que la elección de una nueva Junta de

Directores debe ser motivo fundado para la separación del

Director

Ejecutivo

de

nombrar

tiene

consecuencia

como

la

Asociación

el

pues

el

poder

de

poder

de

destituir.

Razona que es lógico que una Junta de Directores desconfíe

CC-2005-185

14

del Director Ejecutivo nombrado por la Junta anterior, y

que sería demasiado gravoso para la Asociación sólo poder

despedir

a

este

funcionario

cuando

medie

una

de

las

circunstancias esbozadas en la Ley Núm. 80, supra. Por tal

razón, AEELA nos invita a que consideremos como justa causa

para

el

despido

de

empleados

ejecutivos

al

nivel

del

Director Ejecutivo de la Asociación (oficial principal)

el

cambio en la composición de la Junta de Directores (el

organismo

directivo)

puesto

alguien

a

y

el

deseo

de

ésta

que

se

identifique

de

con

nombrar

al

planes

y

sus

política. A los efectos de ilustrar su argumento, AEELA se

compara a sí misma con corporaciones complejas y lucrativas

y

nos

invita

entender

la

a

que

la

importancia

consideremos

que

tiene

como

tal

que

el

a

fin

de

Director

Ejecutivo, como oficial principal de la entidad encargado

de

asegurar

el

cumplimiento

con

las

obligaciones

y

propósitos asumidos por la Junta de Directores, sea de la

total confianza de ésta. Consideremos el asunto por partes.

A.

El artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra., define las

instancias en las que se considerará que una razón para el

despido constituye justa causa.

Expone la ley:

Se entenderá como justa causa para el despido de

un empleado de un establecimiento:

(a) Que el obrero siga un patrón

conducta impropia o desordenada.

de

(b) La actitud del empleado de no rendir

su trabajo en forma eficiente o de

CC-2005-185

15

hacerlo tardía y negligentemente o

en violación de las normas de

calidad del producto que se produce

o maneja por el establecimiento.

(c) Violación reiterada por el empleado

de

las

reglas

y

reglamentos

razonables

establecidas

para

el

funcionamiento del establecimiento

siempre que copia escrita de los

mismos

se

haya

suministrado

oportunamente al empleado.

(d) Cierre total, temporero o parcial de

las operaciones del establecimiento.

(e) Los

cambios

tecnológicos

o

de

reorganización, así como los de

estilo, diseño o naturaleza del

producto que se produce o se maneja

por el establecimiento y los cambios

en

los

servicios

rendidos

al

público.

(f) Reducciones en el empleo que se

hacen

necesarias

debido

a

una

reducción

en

el

volumen

de

producción,

ventas

o

ganancias,

anticipadas o que prevalecen al

ocurrir el despido.

No se considerará despido por justa causa aquél

que se hace por mero capricho del patrono o sin

razón

relacionada

con

el

buen

y

normal

funcionamiento del establecimiento. 29 L.P.R.A.

sec. 185b.

Aunque hemos señalado que las situaciones delineadas

en

la

ley

no

representan

una

lista

taxativa

de

las

circunstancias que constituyen justa causa para el despido,

Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 152

(1987), debemos tener presente que:

[l]a discreción de los administradores de la ley

y de los tribunales en la determinación de lo

que constituye justa causa debe necesariamente

partir de la especificación contenida en la ley

y la discreción podrá ejercerse solamente en

aquellos aspectos relativos a grados o matices,

CC-2005-185

16

que por la misma naturaleza y limitaciones del

proceso legislativo no son susceptibles de ser

abarcados exhaustivamente por un estatuto. Guía

revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80,

supra., pág. 31 (énfasis suplido).

De modo que la ley limita nuestra discreción al momento de

determinar si una situación particular, más allá de las

particularizadas en la ley, constituye justa causa para el

despido. Sólo podemos apartarnos de lo especificado en la

ley para acoger “grados o matices” de las causas que ésta

menciona expresamente.

Cónsono con lo anterior, hemos establecido ya que la

mera

falta

de

confianza

en

un

empleado

no

es

razón

justificada para su despido. Belk v. Martínez, 146 D.P.R.

215, 236 (1998); Wolf v. Neckwear Corporation, 80 D.P.R.

537, 541 (1958). En Wolf expresamos nuestra preocupación

con que la falta de confianza por sí sola constituyera

justa causa para el despido y concluimos que si así fuese

“prácticamente sería ilusoria la protección que concede la

disposición

legal

sobre

mesada”.

Wolf

v.

Neckwear

Corporation, supra., pág. 541. De igual forma, y citando a

Wolf, en Belk advertimos que:

[l]a falta de confianza, como justificación

válida para el despido, no puede tratarse del

“mero sentimiento subjetivo del patrono”. Éste

deberá demostrar que el empleado faltó a sus

deberes “violando reglas u órdenes del patrono,

demostrando

negligencia,

ineptitud

o

ineficiencia en su trabajo o incurriendo en

fraude,

deslealtad

grave

o

en

faltas

de

honradez,

etc.”.

Sólo

ante

estos

hechos

objetivos es que la falta de confianza podría

ser una justificación razonable para el despido.

Belk v. Martínez, supra., pág. 236-7. (Énfasis

en el original.)

CC-2005-185

Así,

la

17

falta

de

confianza

debe

estar

sustentada

o

acompañada por elementos objetivos que permitan al juzgador

identificar su legitimidad como razón para el despido.

B.

También

quien

posee

hemos

el

resuelto

poder

de

ya,

como

nombramiento

norma

general

que

a

puesto

debe

un

poseer asimismo el poder de destitución. Domenech, Tesorero

v. Corte, 48 D.P.R. 542, 547 (1935). En Domenech, supra.,

expresamos que “el poder general de nombrar lleva consigo,

como una incidencia, la facultad de destituir ‘en ausencia

de una disposición estatutaria que disponga lo contrario’”.

Domenech, Tesorero v. Corte, supra., pág. 547. Esta norma,

que

adoptamos

tanto

a

del

derecho

funcionarios

como

común

a

estadounidense,

empleados

de

aplica

entidades

privadas. Ver Burnap v. United Status, 252 U.S. 512, 515

(1920); W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of

Private Corporations, Ed. Rev. 2006 (C.A. Jones), ThomsonWest,

Vol.

2,

Sec.

357

(2006);

H.L.

Oleck,

Nonprofit

Corporations, Organizations, and Associations, 4ta Edición,

New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1980, pág. 605.

En cuanto a las entidades corporativas como tal, el

profesor Díaz Olivo explica que: “[l]os oficiales sirven a

discreción del organismo directivo que los designó y pueden

ser removidos en cualquier momento con o sin justa causa

para

ello...”.

C.

Díaz

Olivo,

Corporaciones,

San

Juan,

Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, 1999, pág. 923. Sin embargo, es menester aclarar que el reconocimiento

CC-2005-185

18

de que la facultad para nombrar apareja de ordinario la

facultad

de

despedir

en

nada

se

refiere

al

asunto

del

despido injustificado. Es decir, la facultad implícita de

despedir no legitima per se el despido injustificado. “The

right to remove an officer with or without cause is without

prejudice to the officer’s right to recover damages for

wrongful

removal”.

Fletcher,

op

cit.,

Vol.

2,

Sec.

352

(2006). Así, según la doctrina, aun cuando los organismos

directivos pueden destituir a los oficiales principales en

cualquier

momento,

como

corolario

del

poder

de

nombramiento, si la destitución es sin justa causa o en

violación a los acuerdos asumidos entre las partes, habrá

que cumplir con los preceptos legales o contractuales que

procedan. Id.

El mismo razonamiento debe aplicar a otras entidades

privadas, aunque no hayan asumido el modelo corporativo. No

puede ser de otra forma. El que un funcionario o entidad

tenga

la

potestad

de

destituir

no

significa

que

sus

actuaciones están por encima de la ley o que pueda hacerlo

a su mero antojo. Puede destituir, pero si el despido es

sin justa causa, tendrá que cumplir con las disposiciones

de la Ley Núm. 80, supra., es decir, tendrá que pagar la

mesada. Lo contrario sería una forma fácil de soslayar la

aplicación de la Ley Núm. 80, supra., práctica que, al

igual que el legislador, debemos desalentar. Ver: Leyes de

Puerto Rico, supra, pág. 268; Wolf v. Neckwear Corporation,

supra., pág. 541.

CC-2005-185

19

Es menester concluir, por tanto, que la facultad de

destituir como función de la facultad de nombramiento no

exime del cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm.

80, supra.

Apliquemos lo anterior a los hechos particulares del

caso ante nuestra consideración.

C.

AEELA insiste en que el cambio en la composición de la

Junta de Directores debe constituir justa causa para el

despido del recurrido, pues la nueva Junta desconfiaba de

éste. AEELA, no aduce otra razón para la desconfianza que

siente hacia el recurrido más allá del mero hecho de que

éste fue nombrado por la Junta destituida. Es decir, AEELA

no

nos

ofrece

hechos

concretos

para

justificar

su

desconfianza. No podemos aceptar el razonamiento de AEELA.

Según

se

ha

resuelto

hechos

objetivos

que

antes,

la

la

falta

fundamenten

no

de

confianza

constituye

sin

justa

causa para el despido bajo las disposiciones de la Ley Núm.

80, supra. Wolf v. Neckwear Corporation, supra.; Belk v.

Martínez, supra.

Además, a tenor con las recomendaciones de la Guía

revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80, supra.,

debemos

mantener

presente

que

la

determinación

de

qué

circunstancias constituyen justa causa para el despido es

cuestión

de

aplicación

“grados

de

la

o

Ley

matices”.

Guía

Núm.

supra.,

80,

revisada

para

la

pág.

31.

La

CC-2005-185

20

circunstancia que AEELA propone no surge del catálogo que

provee la Ley Núm. 80, supra., ni es una simple extensión

de éste, sino que es un escenario completamente distinto a

los

contemplados

autorizados

organismo

a

en

la

añadir

directivo

ley.

el

de

Por

tal

razón,

cambio

de

composición

una

entidad

no

privada

estamos

en

el

como

una

ocurrencia de justa causa para el despido de un oficial

ejecutivo.

En cuanto a la facultad de nombrar como fundamento

para destituir, no albergamos dudas en cuanto a que, según

surge

claramente

de

la

Ley

de

AEELA,

y

supra.,

sus

reglamentos, la Junta de Directores disfruta del poder de

nombramiento del Director Ejecutivo. Tampoco dudamos que,

como corolario de tal facultad y al amparo de Domenech, la

Junta de Directores puede asimismo destituirlo para nombrar

a

alguien

distinto

al

puesto.

Ello

no

obstante,

según

establecimos en la sección anterior, no significa que la

Junta

de

Directores

ostente

el

poder

de

destituir

al

Director Ejecutivo de su puesto sin tener que cumplir con

las disposiciones de la Ley Núm. 80. Por tanto, la facultad

de

la

Junta

de

Directores

para

nombrar

al

Director

Ejecutivo no releva a AEELA de su obligación de pagar la

mesada

al

recurrido,

pues

no

medió

justa

causa

en

el

despido.

Por último, y en ánimo de atender todos los argumentos

de AEELA, ésta tampoco nos ha persuadido con su tesis sobre

la limitación que representaría para el buen funcionamiento

CC-2005-185

de

la

21

Asociación

el

sólo

poder

separar

al

Director

Ejecutivo de su puesto cuando medie justa causa para ello.

La preocupación de AEELA podría ser válida, pero, como tal,

debió

haber

sido

atendida

en

sus

reglamentos

sobre

el

funcionamiento interno de la organización y el personal o

en

el

contrato

cuestión.

Nada

de

empleo

particular

del

en

nuestro

ordenamiento

funcionario

prohíbe

que

en

una

institución como AEELA limite la cantidad de años que la

persona designada para ocupar el cargo de oficial principal

podrá permanecer en el puesto. De modo que, si AEELA quería

garantizar que la Junta de Directores entrante tuviese el

beneficio de nombrar a un Director Ejecutivo de su entera

confianza, así debió haberlo estipulado en el contrato del

recurrido o en alguno de sus reglamentos.

Además, las disposiciones del la Ley Núm. 80, supra.,

no

deben

entenderse

como

una

limitación

absoluta

a

las

facultades de AEELA o de entidades similares ya que no

establecen prohibiciones, sino que establecen consecuencias

para

determinadas

actuaciones.2

Ya

antes

hemos

subrayado

que:

el estatuto en cuestión no proscribe la acción

del despido. [...] Dicho curso de acción como

tal se reconoce como una facultad o derecho que

ostenta todo patrono en una sociedad moderna que

se desarrolla y desenvuelve alrededor y a base

de las fuerzas del libre mercado y del derecho

de propiedad o de dirección empresarial. La

2

Según la Exposición de Motivos, ya citada, el

propósito de la Ley Núm. 80, supra., es proveer “remedios

más justicieros y consubstanciales con los daños causados

por el despido injustificado” para así desalentar este tipo

de actuación. 1976 Leyes de Puerto Rico, pág. 268 (énfasis

añadido).

CC-2005-185

22

disposición legislativa en controversia lo que

le

concede

a

la

persona

despedida

injustificadamente es una compensación dirigida

a ayudarlo económicamente durante la etapa de

transición del empleo que ocupaba al que pueda

en un futuro conseguir. De ahí entonces que la

propia Ley Núm. 80 enumere y defina las

circunstancias que envuelven o se consideren

justa causa, esto con el propósito de determinar

cuándo

el

patrono

puede

ejercer

dicha

prerrogativa

sin

tan

siquiera

tener

que

satisfacer la mencionada compensación, o mesada.

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra., pág. 377.

IV

Por los fundamentos que anteceden, es evidente que la

Ley Núm. 80, supra., protege a los empleados ejecutivos a

nivel de oficiales principales que son despedidos de su

empleo sin justa causa. Es evidente, además, que el cambio

en

la

composición

constituye

justa

de

causa

los

para

organismos

el

directivos

despido

bajo

no

las

disposiciones de la Ley Núm. 80, supra. En consecuencia,

procede que se confirme al Tribunal de Apelaciones, pues el

recurrido, ex Director Ejecutivo de la Asociación, tiene

derecho al pago de la mesada que dispone la Ley Núm. 80,

supra.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Wilfredo García Burgos

Recurrido

v.

CC-2005-185

Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionario

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Rivera PéreZ

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

El caso de autos nos brinda la oportunidad de

resolver si el Director Ejecutivo de la Asociación

de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico tiene derecho a la indemnización por despido

injustificado, comúnmente conocida como la mesada.

Por los fundamentos que exponemos a continuación,

opinamos que sí.

I

Los hechos del

Opinión

de

caso, según elaborados en la

Conformidad

del

Juez

Asociado

señor

Fuster Berlingeri, encuentran apoyo en el expediente

2

CC-2005-185

del Tribunal, por lo que no hay necesidad de repetirlos aquí.

II

A

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, en lo sucesivo AEELA, es una institución de

creación

estatutaria,

cuya

membresía

es

de

carácter

compulsoria para todos los empleados y funcionarios públicos

del Gobierno de Puerto Rico.3

Fue creada originalmente por

virtud de la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 19214, y hoy

existe por virtud de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966,

según enmendada.5

La propia ley nos explica sus propósitos:

Estimular el ahorro entre los empleados y los

socios acogidos pensionados, establecer planes de

seguros incluyendo un seguro por muerte, efectuar

préstamos, proveer a los empleados y a los socios

acogidos

pensionados

hogares

y

facilidades

hospitalarias para el tratamiento médico de ellos

y sus familiares y cualquier otra actividad que la

Junta de Directores, previo estudio, considere

factible y provechosa a las finalidades que se

persiguen, y propender por todos los medios y

recursos a su alcance el mejoramiento y progreso

individual y colectivo de los empleados y socios

acogidos pensionados que la integran en el orden

económico,

moral

y

físico.

La

Asociación

conservará su personalidad jurídica y capacidad

para demandar y ser demandada.6

Hemos

resuelto

que

AEELA

no

constituye

una

agencia,

tampoco un departamento, instrumentalizad o corporación

3

3 L.P.R.A. sec. 862c; Asoc. de Empleados del E.L.A. v.

Vázquez, 130 D.P.R. 407, 427 (1992); First Federal v. Srio.

de Hacienda, 86 D.P.R. 56, 70 (1962).

4

3 L.P.R.A. ant. secs. 831-859a.

5

3 L.P.R.A. secs. 862-863n.

6

Íd., sec. 862b.

3

CC-2005-185

pública del Gobierno.7

Inclusive, hemos resuelto que “[l]a

Asociación no recibe ayuda económica alguna del Gobierno de

Puerto

Rico

y

funciona

de

manera

muy

parecida

a

una

que

los

cooperativa de ahorro y crédito” (énfasis nuestro).8

Cónsono

con

lo

anterior,

empleados de la Asociación “no

hemos

resuelto

están cubiertos por la Ley de

Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de

14 de octubre de 1975” (énfasis suplido).9

Si

hemos

resuelto

que

AEELA

no

es

una

agencia

gubernamental, ni una corporación cuasi pública; y si por el

contrario, hemos resuelto que es una entidad que funciona

como una cooperativa de ahorro y crédito, y que sus empleados

no están cubiertos por la legislación laboral aplicable al

sector

de

empleo

público,

entonces,

por

eliminación,

les

tiene que cobijar la legislación laboral aplicable al sector

de empleo no gubernamental, incluida ahí la Ley Núm. 80 de 30

de

mayo

de

1976,

según

enmendada,

conocida

Indemnización por Despido Injustificado, infra.

como

Ley

de

No puede ser

de otra manera, pues los empleados de AEELA no están en un

7

Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, supra, pág. 429.

8

Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, supra, pág. 428.

Así se expresó, además, el entonces Juez Asociado y hoy Juez

Presidente señor Hernández Denton en la Opinión Concurrente y

de Conformidad que emitió en ese caso: [AEELA] “realmente

funciona como una cooperativa de ahorro y crédito”.

Íd.,

pág. 432.

9

Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, supra, pág. 427.

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico fue

derogada

y

sustituida

por

la

vigente

Ley

para

la

Administración de los Recursos Humanos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico de 2004, infra.

4

CC-2005-185

limbo jurídico en términos de reglamentación del trabajo y

protección laboral.

Si decimos ahora que AEELA “es una entidad que goza[]

parcialmente de rasgos que caracterizan al empleo público” o

que “su naturaleza y funcionamiento se asemeja más al de una

entidad cuasi pública”, estaríamos contradiciéndonos o, al

menos, llevando un mensaje confuso.

podemos

expresar

que

“no

se

Por la misma razón, no

puede

presumir

que

las

disposiciones de la Ley Núm. 80, […], son oponibles ante la

Asociación”.

Tenemos el deber de resolver las controversias traídas

ante

nuestra

consideración

pautando

armoniosas

normas

de

derecho.

La legislación protectora del trabajo abarca múltiples

beneficios y garantías para los empleados no gubernamentales.

No

sólo

una

protección

llamada “mesada”.

garantías

y

enfermedad,

contra

el

despido

injustificado,

Dicha legislación, cubre toda una gama de

beneficios

maternidad,

de

licencias

licencias

de

vacaciones,

especiales,

bono

de

Navidad, compensación por horas extras, periodos de descansos

para tomar alimentos, prohibiciones contra discrímenes en el

empleo, entre otros.

Si hemos resuelto que la legislación laboral aplicable

al sector de empleo público no protege a los empleados de

AEELA,

Despido

pero

hoy

decimos

Injustificado,

que

infra,

la

Ley

no

de

Indemnización

ampara

empleados, ¿qué mensaje estamos llevando?

a

esos

por

mismos

¿Y qué de los

5

CC-2005-185

otros

beneficios

y

garantías

protectora del trabajo?

que

contiene

la

legislación

¿Tampoco les aplica a los empleados

de AEELA?

¿Qué les aplica entonces?

¿Será exclusivamente el

reglamento

de

de

personal

internamente AEELA?

las

manual

empleados

que

cree

Cuidado, la ley habilitadora de AEELA no

la obliga a crearlos.

recorta

o

garantías

¿Y si no creara ninguno?

que

la

legislación

¿Y si en él

protectora

del

trabajo dispone para los empleados no gubernamentales? ¿Y si

en él establece beneficios menores a los dispuestos en esa

legislación?

Tenemos que ser claros.

los

vivos

o

intermedios.

pertenece

al

O AEELA pertenece al mundo de

mundo de

los

muertos.

No hay

Por tanto, si está resuelto que los empleados

de AEELA no son empleados públicos, entonces están protegidos

por la legislación protectora del trabajo aplicable al sector

de empleo no gubernamental.

Por otro lado, entre los poderes que la ley habilitadora

de AEELA confirió a su Junta de Directores está el siguiente:

........

(p) Nombrar un Director Ejecutivo y fijarle su

sueldo”.

El

Director

Ejecutivo

será

el

funcionario ejecutivo de la Asociación y cumplirá

con los deberes que la Junta de Directores le

asigne y prestará la fianza que la Junta de

Directores

estime

conveniente

para

el

fiel

cumplimiento de sus deberes (énfasis suplido).10

Con relación a la contratación del Director Ejecutivo de

AEELA, la ley no añade más.

B

10

3 L.P.R.A. sec. 862f(p).

6

CC-2005-185

A la fecha en que se produjo el despido del recurrido

señor García Burgos como Director Ejecutivo de AEELA, la Ley

de Indemnización por Despido Injustificado de Puerto Rico,

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada11, en

adelante Ley 80, disponía que “todo empleado de comercio,

industria

o

cualquier

otro

negocio

o

sitio

de

empleo”,

“contratado sin tiempo determinado”, que fuere despedido de

su cargo sin mediar justa causa, tenía derecho a recibir de

su patrono entre uno (1) y tres (3) meses de sueldo por

concepto

de

servicio,

más

indemnización,

de

una

dependiendo

indemnización

de

sus

progresiva

años

de

adicional

equivalente a una (1) semana por cada año de servicio.12

Aclaramos que el 7 de octubre de 2005, la Legislatura

aprobó la Ley Núm. 128 para enmendar la Ley 80 y aumentar

significativamente

misma.13

el

remedio

económico

provisto

Entendemos que ésta es inaplicable al

11

29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.

12

29 L.P.R.A. sec. 185a.

por

la

presente

13

Nos referimos a la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005.

Por medio de ella, la Asamblea Legislativa dispuso que, a

partir

de

esa

fecha,

la

indemnización

por

despido

injustificado es la siguiente:

(a)

el sueldo correspondiente a dos (2) meses

por concepto de indemnización, si el

despido ocurre dentro de los primeros

cinco (5) años de servicio; el sueldo

correspondiente a tres (3) meses si el

despido ocurre luego de los cinco (5)

años hasta los quince (15) años de

servicio; el sueldo correspondiente a

seis (6) meses si el despido ocurre luego

de los quince (15) años de servicio;

7

CC-2005-185

caso, pues el despido definitivo del recurrido se efectuó el

22 de diciembre de 1997, ocho (8) años antes de aprobarse la

referida enmienda.14

Por otro lado, la Ley 80 no define el término “despido

injustificado”, pero, según nos comenta el tratadista Ruy N.

Delgado Zayas, establece normas y guías orientadoras a esos

efectos.15

Las

aludidas

normas

y

guías

orientadoras,

comúnmente

conocidas como las causales de despido, las encontramos en el

artículo 2 de la Ley 80, a saber:

(a) Que el obrero siga

impropia o desordenada.

un

patrón

de

conducta

(b) La actitud del empleado de no rendir su

trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y

negligentemente o en violación de las normas de

calidad del producto que se produce o maneja por

el establecimiento.

(b)

(b)

una

indemnización

progresiva

adicional equivalente a una (1) semana

por cada año de servicio, si el despido

ocurre dentro de los primeros cinco (5)

años de servicio; dos (2) semanas por

cada año de servicio, si el despido

ocurre luego de los cinco (5) años hasta

los quince (15) años de servicio; tres

(3) semanas por cada año de servicio,

luego de haber completado quince (15)

años o más de servicio (énfasis nuestro).

14

Nótese que la ley no dispone expresamente su efecto

retroactivo.

Tampoco se desprende ni remotamente esa

intención de su exposición de motivos. Además, el artículo 3

del Código Civil consagra lo siguiente:

“[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no

dispusieren expresamente lo contrario.

En ningún

caso podrá el efecto retroactivo de una ley

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de

una legislación anterior”. 31 L.P.R.A. sec. 4.

15

R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la

Legislación protectora del trabajo en el derecho laboral

puertorriqueño, San Juan, Revisión 2005, pág. 134.

8

CC-2005-185

(c) Violación reiterada por el empleado de las

reglas y reglamentos razonables establecidas para

el funcionamiento del establecimiento siempre que

copia escrita de los mismos se haya suministrado

oportunamente al empleado.

(d) Cierre total, temporero o

operaciones del establecimiento.

parcial

de

las

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización,

así como los de estilo, diseño o naturaleza del

producto

que

se

produce

o

maneja

por

el

establecimiento y los cambios en los servicios

rendidos al público.

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias

debido

a

una

reducción

en

el

volumen

de

producción, ventas o ganancias, anticipadas o que

prevalecen al ocurrir el despido.16

Es

importante

destacar

que,

a

renglón

seguido,

el

referido artículo expone el principio rector de todo análisis

del concepto y del proceso determinativo de lo que constituye

“justa causa” para despedir, y citamos: “no se considerará

despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho

del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal

funcionamiento

del

establecimiento”.17

Cónsono

con

anterior, hemos resuelto lo siguiente:

[l]a ley establece, aunque de forma general, lo

que constituye justa causa para el despido.

Concluimos, que el principio rector que gobierna

el despido por justa causa dispuesto en el Art. 2

de la Ley Núm. 80, supra, es aquel que delimita

las circunstancias en que éste se produce; es

decir, cuando tiene su origen en alguna razón o

motivo vinculado a la ordenada marcha y normal

funcionamiento de una empresa y no en el libre

arbitrio o capricho del patrono. La lista de

ejemplos

que

contiene

el

referido

estatuto

persigue ilustrarnos y orientarnos en una forma

no exhaustiva sobre el tipo de conducta que

constituye razón y motivo justificado para el

despido, por estar reñido con la ordenada marcha

16

29 L.P.R.A. sec. 185b.

17

Íd.

lo

9

CC-2005-185

y normal funcionamiento de una empresa. Sin

embargo, tal desglose no excluye otra conducta

del empleado que, por estar vinculada al buen

funcionamiento de la empresa, podría constituir

justa causa para el despido. Tal lista no es

taxativa (énfasis nuestro y énfasis suprimido en

el original).18

Dicho

de

otra

forma,

constituye

un

“catálogo”

el

concepto

restrictivo

ocurrencias detalladas en la ley.

de

“justa

causa”

no

circunstancias

u

Más bien, es un concepto

dinámico, que se nutre de múltiples y fluidas situaciones

imposibles de prever.19

De otra parte, la Ley 80 tiene como propósito claro y

definido

proteger

la

tenencia

del

injustificados.20

incidencia

de

los

despidos

objetivo,

se

hizo

extensiva

excepción.21

a

empleo

“todo

y

desalentar

la

Con

ese

empleado”,

sin

Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que la

legislación contra el despido injustificado, protege lo mismo

a empleados no exentos, como a los denominados exentos, entre

ellos, los ejecutivos, administradores y profesionales.22

Expuesta

la

normativa

jurídico

laboral

vigente,

procedemos a aplicarla a los hechos particulares del caso de

marras.

18

Srio. del Trabajo v. G.P. Industries, 153 D.P.R. 223, 244

(2001).

19

Íd., pág. 243.

20

R. N. Delgado Zayas, op cit, págs. 123 y 133.

21

Refiérase nuevamente a 29 L.P.R.A. sec. 185a.

véase R. N. Delgado Zayas, op cit, pág. 123.

22

Además,

Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84-85

(1961).

10

CC-2005-185

C

AEELA

plantea

que

el

reglamento

de

personal

de

la

entidad no incluye (o no considera) el puesto de Director

Ejecutivo,

a

unionados.

Ejecutivo

es

institución.

pesar

de

cubrir

Aduce

que

ello

el

ejecutivo

a

todos

sus

empleados

que

el

obedece

a

de

alto

más

rango

no

Director

en

la

Sostiene que al no haber reglamentación que

gobierne la contratación de tan alto funcionario, y estando

la Junta de Directores facultada por su ley habilitadora para

reclutarlo, podía despedirlo a su exclusiva voluntad.23

Basa

su contención en nuestras expresiones en Domenech, Tesorero

v. Corte24, a los efectos de que aquel en quien reside la

facultad de nombrar posee, incidentalmente, la de destituir,

salvo disposición legal en contrario.25

Plantea

que el caso

de autos no trata de una cuestión de ineptitud o ineficiencia

en el empleo por parte del Director Ejecutivo despedido, sino

del legítimo ejercicio de una facultad legal irrestricta de

prescindir

designada

de

y

los

servicios

ratificada

por

de

una

una Junta

“persona

previamente

anterior”.26

No

le

asiste la razón a AEELA.

Si el reglamento de personal de AEELA no cubre el puesto

de Director Ejecutivo, es porque ella así lo decidió.

23

Alegato de la parte peticionaria, págs. 6-7.

24

48 D.P.R. 542 (1935).

25

Alegato de la parte peticionaria, pág. 7.

26

Íd., págs. 10-11.

El

11

CC-2005-185

referido reglamento es un documento interno de la institución

sobre cuya confección tiene discreción.

Por tal razón, muy

bien

cuestión

podía

AEELA

incluir

el

puesto

instancia,

el

hecho

en

como

no

incluirlo.

En

última

de

que

AEELA

no

haya

incluido en su reglamento de personal el puesto de Director

Ejecutivo no implica que éste no goce de la protección que la

legislación

del

gubernamental

trabajo

pueda

aplicable

ofrecerle.

al

Un

sector

de

patrono

empleo

no

carece

de

autoridad para despojar a un empleado vía la adopción de

reglamentos de personal, manuales de empleados, u otra forma,

de las protecciones y beneficios mínimos laborales que el

Estado le provee.

En el caso específico de la indemnización

por despido injustificado, precisa destacar que el legislador

expresamente la declaró irrenunciable.27

De

otra

parte,

nuestras

expresiones

en

Domenech,

Tesorero v. Corte, supra, a los efectos de que aquel en quien

reside

la

implícita

facultad

de

de

destituir,

nombrar

en

también

ausencia

posee

de

facultad

disposición

estatutaria que disponga lo contrario28, no es de aplicación

al escenario laboral en que está inmerso el presente caso ni

tiene el alcance que AEELA le atribuye.

27

29 L.P.R.A. sec. 185i.

28

Domenech, Tesorero v. Corte, supra, págs. 547-548.

12

CC-2005-185

Domenech,

Tesorero

particular

escenario

obstante,

según

fue

un

caso

resuelto

dentro

del

No

laboral

del

servicio

público.29

visto,

el

caso

nos

hemos

que

ocupa

está

gobernado por la legislación laboral aplicable al sector de

empleo

no

gubernamental.

Lo

más

apropiado

y

exacto,

entonces, es evaluar el planteamiento de AEELA mediante el

uso de normas jurídicas desarrolladas dentro del contexto del

campo laboral no gubernamental.

En correcta y precisa juridicidad, debemos aclarar que

la norma legal de rigor, aplicable a dicho campo laboral

establece que, como regla general, a tenor con su derecho de

libre administración, un patrono puede despedir a un empleado

contratado sin tiempo determinado, en cualquier momento, con

justa causa, sin causa justificada o sin causa, con la única

limitación

que

si

lo

hace

obligado,

ante

el

reclamo

sin

causa

del ex

justificada,

empleado

vendrá

perjudicado,

a

indemnizarle con la compensación por despido injustificado

que dispone la Ley 80.30

Por tanto, la Junta de Directores de

AEELA, patrono del recurrido señor García Burgos, tenía la

29

Véase, específicamente, Domenech, Tesorero v. Corte, supra,

pág. 549.

30

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 65

(1986).

Véase, además, A. Acevedo Colom, Legislación

protectora del trabajo comentada, 7ma ed, San Juan, 2001,

págs. 137 y 179-180. También, R. N. Delgado Zayas, op cit,

pág. 115.

Se aclara que, como excepción, si el despido

injustificado es, a su vez, discriminatorio, o lesivo de

derechos constitucionales, o violatorio de reservas de empleo

contempladas por leyes especiales que prohíben el despido

mientras se está en el uso de determinadas licencias, el

patrono podría ser condenado a reponer en el empleo al

trabajador perjudicado y a pagarle los daños y perjuicios que

le haya ocasionado.

13

CC-2005-185

facultad de despedirlo en cualquier momento.

No obstante, si

lo hacía injustificadamente, de ser éste un empleado cobijado

por las disposiciones de la Ley 80, AEELA quedaba sujeta a

pagarle el remedio económico de la indemnización por despido

injustificado.

Es decir, el hecho de que la Junta de Directores de

AEELA tenga autoridad para despedir a su Director Ejecutivo,

no necesariamente implica que dicha actuación esté libre de

Una

consecuencias.

despedirlo

y

otra

cosa

la

es

habilitadora

de

exime

responderle

incumplimiento

AEELA

de

a

facultad

para

indemnizatoria

que

Una simple lectura de la ley

demuestra

su

innegable

responsabilidad

pudiera generar su ejercicio.

de

su

que

en

ningún momento

su

Director

contrato

individual

le

Ejecutivo

por

de

si

trabajo,

hubiere alguno, y ese fuese el caso, o de responderle en caso

de

despedirlo

sin

observar

las

disposiciones

de

la

legislación especial que gobierna el despido injustificado en

Puerto Rico, la Ley 80.

Ahora

bien,

AEELA,

luego

de

hacer

hincapié

en

la

envergadura de las funciones que ejercía el recurrido como

Director

Ejecutivo,

e

ilustrarnos

sobre

su

estructura

y

complejidad operacional y organizativa, nos invita a resolver

que éste no está amparado por la Ley 80, por no pertenecer a

la

masa

proteger.31

trabajadora

del

país

que

dicha

ley

En la alternativa, nos solicita que determinemos

que un cambio en la Junta de Directores de la entidad

31

persigue

Alegato de la parte peticionaria, págs. 17-18.

14

CC-2005-185

constituye justa causa para su despido.

No podemos acceder a

lo solicitado.

Como vimos antes, la Ley 80 protege a “todo empleado de

comercio,

industria

o

cualquier

otro

negocio

es

uno

absolutamente

inclusivo.

sitio

de

Es decir, su

empleo”, “contratado sin tiempo determinado”.

lenguaje

o

Todo

tipo

de

patrono no gubernamental está regido por sus disposiciones,

independientemente de si opera con o sin fines de lucro.

Asimismo,

todo

protegido

por

tipo

de

empleado

Ley

80,

en la

la

no

medida

gubernamental

está

en

que haya sido

el

recurrido

fue,

por

tiempo

contratado por tiempo indeterminado.

Es

un

hecho

precisamente,

incontrovertido

un

empleado

que

contratado

indeterminado. Recordemos que AEELA lo empleó, inicialmente,

en el año 1993, como Director de Finanzas.

cuatro

(4)

nombrado

años

Director

después,

Y que, cerca de

el

12

de

febrero

Ejecutivo

por

su

Junta

de

de

1997,

fue

Directores,

también por tiempo indefinido.32

32

AEELA acepta en la pág. 8 de su alegato que “el contrato

del recurrido era sin tiempo determinado”. Pero, ello

trasluce más elocuentemente de la carta que la Asociación le

dirigió al señor García Burgos en ocasión de su contratación.

Esta lee:

Estimado señor García Burgos:

Me place notificarle que la Junta de Directores en

su reunión ordinaria del 12 de enero de 1997,

aprobó su nombramiento como Director Ejecutivo de

la Asociación de Empleados del E.L.A.

Dicho nombramiento es efectivo en la referida

fecha.

Se le asignó un salario anual de $75,000.

Tendrá derecho, además, a todos los beneficios

15

CC-2005-185

AEELA no se apoya en autoridad alguna que sostenga su

contención

de

que

por

ser

el

recurrido

el

funcionario

ejecutivo de más alto rango y mayor responsabilidad dentro de

la

organización,

injustificado.

no

merece

Por

el

protección

contrario,

la

jurisprudencia apoya otro resultado.

contra

el

despido

Ley

y

nuestra

80

En Hull Dobbs Co. v.

Tribunal Superior, caso incoado por un gerente de ventas y un

administrador empresarial, resolvimos, específicamente, que

la legislación contra el despido injustificado extendía sus

beneficios a “todo empleado”, sin hacer distinción alguna,

por lo que cobijaba a los empleados ejecutivos.33

En

consecuencia,

somos

de

opinión

que

el

cesanteado

Director Ejecutivo de AEELA está protegido por la Ley 80.

Esta conclusión es cónsona con la trillada norma jurídica que

establece que la exclusión de un empleado de los beneficios

reconocidos

en

la

legislación

laboral

debe

ser

clara

e

interpretarse restrictivamente.34

Por otro lado, AEELA tampoco se apoya en autoridad o

fundamento alguno para sostener su planteamiento alternativo

de que un cambio en la Junta de Directores de la institución

constituye

per

se

Director Ejecutivo.

causa

justificada

para

despedir

a

su

AEELA no enmarca el despido del señor

marginales que disfrutan los empleados gerenciales.

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 72.

33

34

82 D.P.R. 77, 84 (1961).

Freire v. Vista Rent to Own, Inc., 2006 T.S.P.R. 162, 2006

J.T.S. 172, 169 D.P.R. __ (2006); Malavé v. Oriental, 2006

T.S.P.R. 63, 2006 J.T.S. 72, 167 D.P.R. __ (2006); Rolón v.

Charlie Car Rental, 148 D.P.R. 420 (1999); López Santos v.

Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970).

16

CC-2005-185

García Burgos en conducta impropia o desordenada, tampoco en

incompetencia, ineficiencia, negligencia o violación a las

normas de manejo y administración de la entidad, mucho menos

en

una

violación

procedimientos

de

los

establecidos

reglamentos

por

su

o

Junta

manuales

de

de

Directores.

Tampoco lo atribuye a razón alguna vinculada al buen y normal

funcionamiento de la institución.

Esta evaluación nos lleva

forzosamente a opinar que, a la luz de las disposiciones de

la Ley 80 y su jurisprudencia interpretativa, el despido del

recurrido,

motivado

únicamente

composición

de

Junta

la

de

por

el

mero

cambio

de

Directores

de

AEELA,

fue

injustificado.

La Junta de Directores de AEELA despidió al señor García

Burgos, nombrado en el puesto de Director Ejecutivo por una

Junta anterior, porque no gozaba de su confianza.

evidente.

Ello es

Durante todo su alegato, AEELA se esfuerza en un

intento de persuadirnos para que concluyamos que el señor

García

Burgos

secretario

de

era

un

agencia

empleado

de

confianza

gubernamental,

y

empleado de libre selección y remoción.

por

similar

ende,

a

un

era

un

Con ello, pretende

librarse de las disposiciones de la Ley 80.

Debemos puntualizar que, si bien es cierto que en el

sector de empleo público, específicamente bajo la Ley para la

Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184 de 3

de agosto de 2004, según enmendada35,

35

3 L.P.R.A. secs. 1461-1468p.

sustituta de la

17

CC-2005-185

anterior Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico

de 1975, existe la clasificación de “empleados de confianza”,

en

ella

descritos

como

empleados

de

libre

selección

y

remoción36, tal clasificación, según es concebida por dicha

ley, es inexistente en el sector de empleo no gubernamental.

Un examen de la ley habilitadora de AEELA refleja que no

contiene tal clasificación de empleados.

llegamos al estudiar la Ley 80.

A igual resultado

Tampoco conocemos ley alguna

aplicable al campo de empleo no gubernamental que incluya una

clasificación de “empleados de confianza”, mucho menos con el

alcance que ésta tiene bajo la Ley para la Administración de

los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, supra.

Por otro lado, la inexistencia de dicha clasificación de

empleado en el sector de empleo no gubernamental está avalada

por la norma jurídica que sentamos en Wolf v. Neckwear37, y

reiteramos en Belk v. Martínez38, casos decididos bajo la

36

Véase su artículo 9, sección 9.1, 3 L.P.R.A. sec. 1465(2).

Adviértase que dicha clasificación también existía bajo la

anterior Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico,

3 L.P.R.A. ant. sec. 1350.

Con relación al alcance de la

referida clasificación de empleados, véase lo resuelto en

McCrillis v. Aut. Navieras, 123 D.P.R. 113, 132 (1989). Se

aclara que la condición de empleado de confianza de por sí no

priva

al

empleado

que

la

ostenta

de

la

protección

constitucional contra el discrimen político, Íd., pág. 137;

Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

37

80 D.P.R. 537 (1958).

38

146 D.P.R. 215 (1998).

18

CC-2005-185

anterior ley de despido injustificado39 y bajo la actual Ley

80, respectivamente.

En ambos, dispusimos claramente que la

mera falta de confianza en un empleado no constituye justa

Por tanto, somos del criterio que la

causa para su despido.

falta

de

confianza,

sin

más,

de

la

entrante

Junta

de

Directores de AEELA en el señor García Burgos no justificó su

despido desde la perspectiva de la Ley 80, por lo que éste

tiene derecho a que se le pague la indemnización por despido

injustificado que dicha ley dispone.

Finalmente, sabemos que es requisito indispensable para

la aplicación de la Ley 80 que el empleado que invoque su

protección haya sido contratado por tiempo indeterminado. “La

Ley de Indemnización por Despido Injustificado no aplica a

los empleados contratados por tiempo determinado”.40

No obstante, la Ley 80 establece con claridad que el

mero hecho de que un empleado preste servicios al amparo de

un contrato por tiempo determinado, por sí solo, no tiene el

efecto automático de privarle de su protección y remedio, si

la práctica y circunstancias envueltas u otra evidencia en la

contratación fueren de tal naturaleza que tiendan a indicar

la creación de una expectativa de continuidad de empleo o la

existencia

real

de

un

contrato

Núm.

50

de

de

empleo

por

tiempo

1949,

según

indeterminado.41

39

Derogada

enmendada.

Ley

15

de

40

A. Acevedo Colom, op cit, pág. 177.

41

29 L.P.R.A. sec. 185a.

abril

de

19

CC-2005-185

La Ley 80 dispone que, en éstos casos, los empleados así

afectados se considerarán como si hubieren sido contratados

sin tiempo determinado.

declara

que

toda

Incluso, la Ley 80 va más allá, y

separación,

terminación

o

cesantía

de

empleados contratados por término cierto o para proyecto u

obra cierta, o la no renovación de su contrato, se presumirá

que constituye un despido sin justa causa regido por la Ley

80, excepto cuando el contrato de empleo en cuestión sea por

término cierto bonafide o para un proyecto u obra cierta

bonafide.42

Para darle contexto a la presunción, la Ley 80 define lo

que es un contrato bonafide por término cierto o para una

obra cierta:

Se considerará bonafide un contrato de empleo por

un término cierto o para un proyecto o una obra

cierta, aquel que se hace por escrito, durante la

primera jornada de trabajo del empleado o en el

caso

de

empleados

contratados

por

compañías

clientes

por

intermediación

de

compañías

de

servicios temporeros de empleos, durante los

primeros diez (10) días del comienzo de su

contrato y que tiene el propósito, y así se hace

constar, de sustituir durante su ausencia a un

empleado

en

el

uso

de

licencia

legalmente

establecida o establecida por el patrono o para

llevar a cabo tareas extraordinarias o de duración

cierta

como

son,

sin

que

constituya

una

limitación, los inventarios anuales, la reparación

de equipo, maquinaria o las facilidades de la

empresa, el embarque y desembarque casual de

carga, el trabajo en determinadas épocas del año

como la Navidad, las órdenes temporeras de

aumentos de producción y cualquier otro proyecto o

actividad particular de corta duración o duración

cierta fija (énfasis nuestro).43

42

Íd. Véase, además, Opinión del Secretario del Trabajo Núm.

91-5, de 8 de noviembre de 1991.

43

29 L.P.R.A. sec. 185k.

20

CC-2005-185

Finalmente,

en

aras

de

lograr

la

consecución

de

sus

propósitos, la Ley 80 manda lo siguiente:

[e]n toda acción entablada por un empleado

reclamando los beneficios dispuestos por esta ley,

cuando se trate de que el empleado fue contratado

por un término cierto o para un proyecto o una

obra cierta, el patrono vendrá obligado a alegar

en su contestación a la demanda estos hechos y a

probar la existencia de un contrato bonafide para

entonces quedar eximido de cumplir con el remedio

que dispone la ley, salvo que el patrono pruebe

que el despido fue justificado (énfasis suplido).44

La política pública sobre la contratación de empleados

por término determinado está claramente plasmada en la Ley

80.

El legislador condicionó la existencia y validez de un

contrato de empleo por tiempo determinado al cumplimiento de

detallados y estrictos requisitos de forma.

Su propósito,

desalentar la práctica patronal de evadir las disposiciones

remediales de la Ley 80 mediante la contratación de empleados

por tiempo determinado, en circunstancias en que éstos, en la

práctica,

están

indeterminada.45

desempeñando

En

definitiva,

funciones

tal

y

de

como

duración

precisa

el

profesor y tratadista Alberto Acevedo Colom, en el sector de

empleo no gubernamental, “el reclutamiento de empleados por

un término específico de tiempo está limitado a que el empleo

sea uno de carácter provisional, tras lo cual no se retendrá

personal alguno realizando las funciones del mismo” (énfasis

añadido).46

44

Íd.

45

A. Acevedo Colom, op cit, pág. 168.

46

Íd., pág. 175.

21

CC-2005-185

Por

Ejecutivo

tanto,

por

aunque

tiempo

AEELA

puede

determinado,

contratar

por

un

ejemplo,

Director

hasta

el

vencimiento del término de la Junta de Directores que lo

contrató, debe tener presente lo siguiente.

tal

contrato

cumplir

con

de

empleo

temporero,

el

pago

de

la

no

Una vez expire

quedará

compensación

eximida

por

de

despido

injustificado, a no ser que el contrato de empleo temporero

sea bonafide, con arreglo a la Ley 80.47

III

Por los fundamentos antes expuestos, estamos conformes

con el resultado que la división del Tribunal ha provocado en

el presente caso, esto es, la confirmación de la sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones

que

declara

“Con

lugar”

la

demanda de despido injustificado incoada por el recurrido

señor García Burgos.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

47

Estamos conscientes, sin embargo, que el caso de autos es

uno atípico.

Sabemos que, como norma general, los altos

ejecutivos en el campo cooperativo son contratados a término,

pero, con una salida negociada.

Así, al vencimiento del

contrato de empleo por tiempo determinado, si éste no es

renovado, el ejecutivo recibe los beneficios de salida que

negoció y pactó en su contrato individual de empleo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Wilfredo García Burgos

Recurrido

v.

CC-2005-185

Certiorari

Asociación de Empleados del

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton, a la cual se une el Juez Asociado señor

Rebollo López

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

Disiento

de

la

Sentencia

dictada

por

el

Tribunal de Apelaciones -la cual se confirma por

hallarse

igualmente

dividido

el

Tribunal-

por

entender que la naturaleza y el funcionamiento

de la Asociación de Empleados del Estado Libre

Asociado (en adelante, la Asociación) impide que

se le trate como a cualquier empresa privada y,

por ende, que se le apliquen indistintamente las

disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de

1976, estatuto destinado al sector privado del

país.

Por otro lado, considero que -aún si se

entendiera que dicho estatuto podría cobijar a

los empleados de la Asociación- la protección no

CC-2005-185

2

se extiende al cargo de Director Ejecutivo, toda vez que

dicho funcionario responde a los intereses de la Junta de

Directores y no posee una expectativa de continuidad en

el empleo.

I.

La Junta de Directores de la Asociación nombró al

Sr.

Wilfredo

García

Burgos

Director

Ejecutivo

de

la

Asociación en febrero de 1997.

Poco después, la Junta

cambió

varios

su

composición

y,

tras

incidentes

que

llegaron hasta la atención de este Tribunal, destituyó al

señor García Burgos por no ser de su confianza.

El

señor

García

Burgos

presentó

una

demanda

en

contra de la Asociación al amparo de la Ley Núm. 80,

supra, alegando que se le destituyó sin justa causa y

solicitó

el

pago

de

la

mesada.

Por

su

parte,

la

Asociación presentó una solicitud de sentencia sumaria

mediante

la

cual

adujo

que

el

demandante

protegido por la Ley Núm. 80, supra.

no

El tribunal de

instancia acogió la posición de la Asociación.

que

el

señor

beneficios

de

García

la

Burgos

Ley

Núm.

no

tenía

80,

estaba

Concluyó

derecho

supra,

a

los

porque

su

nombramiento era de Director Ejecutivo, puesto sobre el

cual la Junta de Directores conserva discreción.

luz

de

ese

análisis,

determinó

que

un

cambio

A la

en

la

composición de la Junta conllevaba la designación de un

nuevo Director si ésta así lo deseaba.

que

su

designación

constituyó

un

Indicó, además,

contrato

por

tiempo

CC-2005-185

determinado

3

implícito,

por

lo

que

no

se

cumplían

los

requisitos de la Ley.

El señor García Burgos acudió ante el Tribunal de

Apelaciones, el cual revocó la determinación.

Dicho foro

concluyó que la Ley Núm. 80, supra, ampara a empleados

ejecutivos como el señor García Burgos y que la mera

falta

de

despido.

confianza

no

constituye

justa

causa

el

el

En vista de ello, concluyó que el señor García

Burgos tiene derecho al pago de la mesada.

con

para

dictamen,

la

Asociación

Insatisfecha

acudió

ante

nos

reproduciendo los mismos argumentos que presentó ante el

foro de instancia.

Expedimos

el

auto

y,

por

hallarse

igualmente

dividido el Tribunal, se dicta Sentencia confirmatoria de

la

que

emitió

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Por

las

razones que expondremos a continuación, disentimos.

II.

A

La

Asociación

de

Empleados

del

E.L.A.

“es

una

institución pública de carácter compulsorio para todos

los empleados y funcionarios públicos del Gobierno de

Puerto Rico, siendo sus fines estimular el ahorro entre

sus asociados y asegurarlos contra inutilidad física o

muerte,

efectuar

préstamos,

proveerlos

clínicas

para

el

tratamiento

médico

de

ellos

y

sus

First

Federal

Srio.

de

Hacienda,

86

familiares”.

v.

D.P.R. 56 (1962) (énfasis suplido).

de

hogares

y

CC-2005-185

Aún

Asociación

4

cuando

no

este

Tribunal

constituye

instrumentalidad

o

ha

indicado

que

la

una

agencia,

departamento,

corporación

pública,

Asociación

de

Empleados v. Vázquez, 130 D.P.R. 407 (1992), lo cierto es

que hemos resuelto que no es “un negocio privado ni tiene

fines

de

lucro

o

especulación”.

Berríos

Miranda

v.

Asociación de Empleados, 88 D.P.R. 809 (1963) (énfasis

suplido).

Por

el

organismo

creado

contrario,

la

Asociación

gubernamentalmente,

“es

un

altamente

reglamentado, cuyo propósito es implementar la política

gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico de estimular el ahorro entre los empleados

públicos”

Asociación

de

Empleados

v.

Vázquez,

supra.

(Énfasis suplido).

De hecho, en atención a las particularidades de la

Asociación y al alto interés público que la distingue, el

legislador dispuso que sus bienes, cuentas, desembolsos,

fondos e ingresos estarán sujetos a la fiscalización de

la Oficina del Contralor. 3 L.P.R.A. Sec. 862l.

De la

misma forma, se estableció que la Asociación estará bajo

la

jurisdicción

y

el

poder

de

la

Oficina

de

Ética

provee

una

contratados

por

Gubernamental. 3 L.P.R.A. Sec. 863m.

B.

Por

otro

indemnización

lado,

para

la

Ley

aquellos

80,

supra,

empleados

término indefinido que son despedidos sin justa causa. 29

L.P.R.A.

Sec.

185a.

Hasta

este

momento,

las

disposiciones de la Ley se han aplicado en el ámbito del

CC-2005-185

5

empleo

privado

y

podrían

extender

no

a

hemos

otros

resuelto

si

contextos.

las

No

mismas

se

obstante,

el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha expresado

que dicha legislación está dirigida a los empleados de la

empresa privada y a aquellas entidades que operan como

empresas privadas. Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, Guía Revisada para la aplicación de la Ley Núm.

80, págs. 24-25.

En

el

empleo

público,

por

su

parte,

rigen

las

disposiciones y protecciones que concede la Ley de la

Administración de Recursos Humanos, Ley Núm. 184 de 3 de

agosto de 2004, que derogó la antigua Ley de Personal del

Servicio

Público.

Esta

normativa

está

basada

en

el

principio de mérito, en virtud del cual los empleados

incluidos en el servicio de carrera gozan de seguridad en

el

empleo,

siempre

productividad,

que

eficiencia,

satisfagan

hábitos,

los

criterios

actitudes,

de

orden

y

disciplina que deben prevalecer en el servicio público. 3

L.P.R.A. Sec. 1462, 1462e.

Aunque las disposiciones de

esta legislación no se extienden a las corporaciones o

instrumentalidades

públicas

o

público-privadas

que

funcionan como empresas o negocios privados, la ley exige

que dichas entidades adopten reglamentos de personal que

incorporen el principio de mérito. 3 L.P.R.A. Sec. 14616.

Por

su

parte,

los

empleados

incluidos

en

el

servicio de confianza no gozan de las protecciones que

concede el principio de mérito. 3 L.P.R.A. Sec. 1462.

Tales

empleados

son

los

que

intervienen

o

colaboran

CC-2005-185

6

sustancialmente en la formulación de política pública,

los que asesoran directamente o los que prestan servicios

directos al jefe de la agencia. 3 L.P.R.A. Sec. 1465(2).

Por la naturaleza de sus funciones, dichos empleados son

de libre selección y remoción. Id.

Con este marco normativo en mente, analicemos la

controversia ante nuestra consideración.

III

La

Sentencia

que

hoy

se

confirma

por

hallarse

igualmente dividido el Tribunal concluye que el señor

García

Burgos,

quien

fuera

destituido

del

cargo

de

Director Ejecutivo, tiene derecho al pago de la mesada

por tratarse de un empleado ejecutivo y por no haberse

demostrado justa causa para el despido. De esta manera,

se concluye implícitamente que las disposiciones de la

Ley Núm. 80, supra, son oponibles ante una entidad como

la

Asociación,

aún

cuando

sus

disposiciones

van

dirigidas, esencialmente, al sector privado del país.

En

vista de que aún no hemos resuelto si dicha legislación

le aplica a entidades que gozan parcialmente de rasgos

que caracterizan al empleo público, no podemos avalar

dicha conclusión.

Por

el

contrario,

particularidades

que

el

somos

del

legislador

criterio

le

que

concedió

las

a

la

Asociación la ubican en una posición especial dentro del

esquema social y económico del país, que se distingue de

la

típica

empresa

privada.

De

hecho,

muchos

de

sus

CC-2005-185

7

rasgos son incompatibles con los de un negocio privado,

por lo que su naturaleza y funcionamiento se asemeja más

al de una entidad cuasi pública.

Esta impresión cobra fuerza cuando analizamos las

disposiciones

del

Reglamento

de

Personal

de

la

Asociación, Reglamento R-014 de 26 de agosto de 1992.

El

mismo contiene una distinción tajante entre los empleados

del

servicio

gerencial

y

los

de

alta

gerencia.

Los

empleados del servicio gerencial están asignados a los

puestos que no están incluidos en el servicio de alta

gerencia.

Reglamento

de

Personal,

Art.

7.1.

Por

su

parte, el servicio de alta gerencia comprende los puestos

de

Director

Ejecutivo

Auxiliar,

Ayudante

Ejecutivo,

Ayudante Especial, así como los puestos con funciones de

dirección de departamentos u oficinas.

Todos ellos son

nombrados por el Director Ejecutivo con la confirmación

de la Junta de Directores. Reglamento de Personal, Art.

7.2.

Con respecto a los empleados gerenciales, el Art.

11.5 dispone que “[n]ingún[o]… podrá ser destituido o

suspendido de empleo y sueldo a menos que medie justa

causa y previa formulación de cargos” (énfasis suplido).

De la misma forma, el referido artículo establece que

“[l]os empleados gerenciales con status regular tendrán

permanencia en sus puestos siempre que satisfagan los

criterios

de

productividad,

disciplina

que

deben

eficiencia,

prevalecer

en

la

orden

y

Asociación…”

CC-2005-185

8

(énfasis suplido).

En contraste con las protecciones que

se les confieren a los empleados del servicio gerencial,

a los que ocupan cargos en el servicio de alta gerencia

no

se

les

Seguramente,

empleados

dirigen

ofrece

ello

ocupan

el

política

ninguna

responde

puestos

al

estas

hecho

importantes

funcionamiento

pública.

de

de

Por

las

tanto,

garantías.

de

que

tales

desde

los

cuales

oficinas

sus

y

formulan

labores

y

la

permanencia de su empleo están sujetos a los planes e

intereses de la Junta de Directores.

Ahora bien, el puesto de Director Ejecutivo de la

Asociación

no

se

encuentra

específicamente

dentro de los dos grupos señalados.

entender

grupo

que

de

por

definición

empleados

de

se

alta

le

enumerado

Aún así, debemos

incluyó

gerencia

dentro

ya

que

del

tiene

funciones de dirección de departamentos y oficinas, lo

que implica que no posee el derecho de permanencia que

cobija

a

los

empleados

incluidos

en

el

servicio

gerencial.

Por otro lado, si se entendiera que el Director

Ejecutivo

no

se

encuentra

en

ninguno

de

los

grupos

señalados, entonces debemos concluir que le aplican las

normas que surgen directamente de la Ley de la Asociación

de Empleados del Estado Libre Asociado, Ley Núm. 133 de

28

de

junio

de

1966.

Dicho

estatuto

ordena

que

la

Asociación sea administrada por una Junta de Directores,

la cual posee todos los poderes que sean convenientes y

CC-2005-185

9

necesarios para el logro de los propósitos de la entidad.

3

L.P.R.A.

encuentra,

Sec.

862d(b).

precisamente,

la

Entre

esos

poderes

se

potestad

para

nombrar

un

Director Ejecutivo y fijarle su sueldo. 3 L.P.R.A. Sec.

862f(p).

el

El Director Ejecutivo, por mandato de ley, es

funcionario

ejecutivo

de

la

Asociación

que

está

llamado a cumplir con los deberes que la Junta le asigne

y, para ello, se le ordena prestar una fianza que asegure

el fiel cumplimiento de sus deberes. Id.

De lo anterior surge que, mediante disposiciones

reglamentarias, la Asociación incorporó a sus normas de

personal

la

distinción

entre

empleados

de

carrera

y

empleados de confianza (aunque nombrados de otra forma),

distinción que se suele circunscribir al sector público

del país.

De tales pautas se colige, además, que allí se

incorporaron las garantías básicas que se le conceden a

los

empleados

innecesaria

protectoras

públicos

la

de

y

que

aplicación

la

Ley

Núm.

de

80,

son

las

supra,

las

que

hacen

disposiciones

en

ese

ámbito

laboral.

Conforme a lo anterior, y dada la naturaleza cuasi

pública de la Asociación, somos del criterio que no se

puede presumir que las disposiciones de la Ley Núm. 80,

supra,

son

oponibles

ante

la

Asociación,

sobre

todo

tomando en cuenta que al hacerlo podría trastocarse la

forma en que el legislador concibió la naturaleza y el

funcionamiento de la entidad y restringiría las

CC-2005-185

10

prerrogativas que le concedió a la Junta de Directores

que administra el organismo.

Finalmente, consideramos que -aún si se entendiera

que

los

empleados

cobijados

por

la

Director

Ejecutivo

concede

dicha

de

la

Asociación

podrían

Ley

Núm.

80,

supra,-

no

goza

de

las

legislación.

Ello

cargo

de

protecciones

que

en

el

estar

vista

de

que,

conforme las disposiciones del Reglamento de Personal de

la

Asociación

y

su

ley

habilitadora,

el

puesto

de

Director Ejecutivo constituye un cargo que responde a los

intereses de la Junta de Directores, lo que excluye la

posibilidad

empleo.

de

Así

una

expectativa

de

permanencia

surge

claramente

de

las

en

el

disposiciones

reglamentarias discutidas y de las pautas legislativas

que requieren que el Director Ejecutivo le responda a las

necesidades

de

la

Junta

y

le

preste

fidelidad

cumplimiento de sus deberes hacia la misma.

al

Por tanto,

aún cuando el puesto de Director Ejecutivo no se incluyó

expresamente en el listado de empleados de alta gerencia

en

el

Reglamento

de

Personal,

consideramos

que

dicho

funcionario -tal como los empleados de confianza en el

sector público- por imperativo legal no tiene expectativa

de continuidad en el empleo y, en consecuencia, no se

requiere justa causa para su despido.

IV.

Por los fundamentos que anteceden, revocaríamos el

dictamen del foro apelativo y desestimaríamos la

CC-2005-185

11

reclamación instada por el señor García Burgos en contra

de la Asociación al amparo de la Ley Núm. 80, supra.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente