Tribunal Supremo de Puerto Rico
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.
2007 TSPR 29
Poder Judicial de Puerto Rico
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de Hacienda v. Supermercados Amigo, Inc.
CC-2005-0884
Sentencia con Opiniones Disidentes
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilfredo García Burgos
Recurrido
Certiorari
vs.
2007 TSPR 29
Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
170 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2005-185
Fecha: 20 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel IV
Juez Ponente:
Hon. Charles Cordero Peña
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Antonio Adrover Robles
Lcdo. Guillermo Mojica Maldonado
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José Fco. Chaves Caraballo
Materia:
Pago
de
Indemnización
(Procedimiento Sumario)
por
Despido
Injustificado
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compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilfredo García Burgos
Recurrido
vs.
CC-2005-185
Certiorari
Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.
En el caso de autos, se planteó la cuestión de
si
el
director
ejecutivo
de
la
Asociación
de
Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
el Sr. Wilfredo García Burgos, tenía derecho al pago
de la mesada que provee la Ley Núm. 80 del 30 de
mayo de 1976, por haber sido despedido del cargo que
ocupaba en la entidad referida.
El Tribunal de Apelaciones había resuelto que
García Burgos sí tenía derecho a tal pago, y la
Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico impugnó ese dictamen ante nos.
Luego de examinar la cuestión aludida a fondo,
los
miembros
igualmente
de
este
divididos
en
Tribunal
se
torno
asunto
al
encuentran
y
la
CC-2005-185
2
votación de los Jueces en cuanto a este caso ha resultado en
un empate.
En
vista
de
lo
anterior,
y
conforme
a
la
norma
establecida para estas situaciones, se confirma por empate
el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Por ende, se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, para que determine las
cuantías a que tiene derecho el recurrido por concepto de
mesada y honorarios de abogado.
Lo
pronunció,
Secretaria
del
manda
Tribunal
el
Tribunal
Supremo.
El
y
Juez
certifica
Asociado
la
señor
Fuster Berlingeri emitió una Opinión de Conformidad, a la
que se une
Asociado
señor
Conformidad.
emitió
una
Asociado
la
El
Juez Asociada señora Fiol Matta. El Juez
Rivera
Juez
Opinión
señor
Pérez
Presidente
Disidente,
Rebollo
emitió
López.
Rodríguez Rodríguez disiente sin
a
una
Opinión
señor
Hernández
la
que
se
Juez
Asociada
La
une
de
Denton
el
Juez
señora
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilfredo García Burgos
Recurrido
vs.
CC-2005-185
Certiorari
Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionario
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor FUSTER
BERLINGERI, a la que se une la Juez Asociada señora FIOL MATTA.
San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.
En el caso de autos se plantea la
de
cuestión
si el Director Ejecutivo de la Asociación de
Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
tiene derecho al pago de la mesada que provee la Ley
Núm. 80 del 30 de mayo de 1976.
I
Wilfredo
García
Burgos
(en
adelante
el
recurrido) fue nombrado Director de Finanzas de la
Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (en adelante AEELA o la Asociación), un
nombramiento de alta gerencia, según definido por el
Reglamento de Personal de
la
Asociación.
El
CC-2005-185
2
recurrido tomó posesión y prestó juramento para su cargo el
2 de agosto de 1993. El 30 de marzo de 1995 fue nombrado
Director Auxiliar a cargo del Fondo del Seguro de Salud de
la
Asociación,
que
es,
igualmente,
un
puesto
de
alta
gerencia. Dicho nombramiento fue ratificado por la Junta de
Directores
de
la
Asociación
(en
adelante
Junta
de
designó
al
Directores).
Posteriormente,
recurrido
Director
la
Junta
Ejecutivo
de
Directores
Interino
de
la
Asociación,
nombramiento que fue efectivo el 1 de febrero de 1997. Por
último, el 12 de febrero de 1997 la Junta de Directores
nombró al recurrido Director Ejecutivo en propiedad con un
salario
anual
beneficios
de
$75,000,
marginales
más
que
el
derecho
disfrutan
a
los
“todos
los
empleados
gerenciales”.
La composición de la Junta de Directores cambió el 21
de marzo de 1997, por decisión de la Asamblea de Delegados
de la Asociación, y la nueva Junta separó al recurrido de
su puesto de Director Ejecutivo de la Asociación a través
de una notificación del 9 de abril de 1997. A raíz del
referido
cambio
en
la
composición
de
la
Junta
de
Directores, los integrantes de la antigua Junta instaron
una
acción
Superior
de
ante
el
Tribunal
San
Juan,
de
mediante
Primera
Instancia,
la
cuestionaron
cual
Sala
la
facultad de la Asamblea de Delegados para destituir a los
miembros de la Junta. Como consecuencia de esta acción, el
antiguo
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones
ordenó
la
CC-2005-185
restitución
3
de
los
directores
destituidos
a
la
Junta
referida. Esta recién restituida Junta de Directores nombró
nuevamente al recurrido al puesto de Director Ejecutivo de
la Asociación el 2 de diciembre de 1997. Inconforme con la
aludida
decisión
del
foro
apelativo,
la
Asamblea
de
Delegados de AEELA recurrió ante nos mediante un certiorari
y una moción en auxilio de jurisdicción. El 19 de diciembre
de 1997 ordenamos la paralización de todos los efectos de
la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. En
virtud
de
dicha
orden
nuestra,
Directores
asumió
nuevamente
la
la
segunda
Junta
administración
de
de
la
Asociación y, en una reunión extraordinaria celebrada el 22
de diciembre de 1997 dejaron sin efecto el nombramiento del
recurrido como Director Ejecutivo de la Asociación.
El 22 de diciembre de 2000 el recurrido presentó una
demanda ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de
Primera Instancia en contra de AEELA en la que alegó que su
despido fue injustificado a tenor con la Ley Núm. 80 del 30
de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec.185a et seq. (en adelante
la Ley Núm. 80). AEELA contestó la demanda y presentó una
solicitud de sentencia sumaria el 14 de marzo de 2002.
Luego de diversos trámites procesales, el 27 de febrero de
2004 el foro de instancia dictó una sentencia sumaria a
favor
de
AEELA
y
determinó
que
el
recurrido
no
tenía
derecho a los beneficios de la Ley Núm. 80 por razón de la
naturaleza
Explicó
que
de
en
su
nombramiento
virtud
de
la
como
Ley
Director
de
la
Ejecutivo.
Asociación
de
CC-2005-185
Empleados
4
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
3
L.P.R.A. secs. 862 et seq., (en adelante la Ley de AEELA),
la Junta de Directores tenía la facultad de nombrar al
Director Ejecutivo de la Asociación. Según el Tribunal de
Primera Instancia, en virtud de la referida potestad, cada
cambio
en
la
composición
de
la
Junta
de
Directores
conllevaba la designación de un nuevo Director Ejecutivo
por parte de la Junta, si ésta así lo deseaba; y que tal
designación constituía un contrato por tiempo determinado
implícito,
por
lo
que
el
recurrido
no
podía
tener
una
expectativa de continuidad en su empleo, y no cumplía con
los requisitos de la Ley Núm. 80, supra.
El
recurrido
apeló
entonces
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones y solicitó que se revocara la sentencia sumaria
dictada por el foro de instancia. Reclamó el pago de la
mesada
al
amparo
de
la
Ley
Núm.
80,
supra.
El
foro
apelativo revocó el dictamen impugnado fundamentándose en
nuestra jurisprudencia interpretativa de la Ley Núm. 80,
supra., a los efectos de que ésta ampara a los empleados
ejecutivos
siempre
que
se
cumpla
con
los
requisitos
dispuestos en ella. Entendió, además, que dichos requisitos
quedaron configurados por los hechos del presente caso, y
que, por tanto, el recurrido tenía derecho al pago de la
mesada y los honorarios de abogado, según dispuesto en la
ley. De esta forma el Tribunal de Apelaciones rechazó el
argumento
de
que
la
falta
de
confianza
de
la
Junta
de
CC-2005-185
5
Directores en el recurrido como Director Ejecutivo fuese
justa causa para su despido.
El
4
recurso
de
de
marzo
de
2005
certiorari,
en
AEELA
el
presentó
que
ante
hizo
el
nos
un
siguiente
señalamiento de error:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones
al revocar la Sentencia emitida por el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
(...) que determinó que el recurrido no tenía
derecho al pago de la mesada dispuesta en la Ley
de Despido Injustificado.
El señalamiento de error referido se fundamentó en dos
argumentos principales. En primer lugar, AEELA distinguió
la figura del Director Ejecutivo de la Asociación de otros
tipos de empleados a nivel ejecutivo. Alegó que las labores
del Director Ejecutivo de la Asociación eran vitales para
el buen funcionamiento de ésta y para la consecución de sus
propósitos,
según
definidos
en
la
Ley
de
AEELA.
Arguyó
AEELA que la Ley Núm. 80, supra., no cobijaba al Director
Ejecutivo
de
la
Asociación
principal
de
AEELA.
recurrido
fuese
del
por
En
fin,
tipo
de
ser
AEELA
éste
el
cuestionó
trabajador
gerente
que
el
necesitado
de
protección social. En segundo lugar, AEELA adujo que, aun
si la Ley Núm. 80, supra., cobijase al Director Ejecutivo
de la Asociación, la situación particular que presenta este
caso no permitiría su aplicación, debido a que el cambio en
la composición de la Junta de Directores era justa causa
para el despido del recurrido.
CC-2005-185
6
El 20 de mayo de 2005 expedimos el recurso solicitado.
Ambas partes han comparecido a sustentar sus posturas.
II
A.
AEELA es una institución creada por la Ley Núm. 52 de
11 de julio de 1921, según enmendada, y compuesta por los
empleados públicos del gobierno de Puerto Rico. 35 L.P.R.A.
sec. 862c; Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, 130
D.P.R. 407, 427 (1992); First Federal v. Srio. de Hacienda,
86 D.P.R. 56, 70 (1962). Su propósito es:
[e]stimular el ahorro entre los empleados y los
socios acogidos pensionados; establecer planes
de seguros incluyendo un seguro por muerte,
efectuar préstamos, proveer a los empleados y a
los
socios
acogidos
pensionados
hogares
y
facilidades hospitalarias para el tratamiento
médico de ellos y sus familiares (...). 35
L.P.R.A. sec. 862b.
Aunque AEELA es un organismo creado por ley, con una
finalidad
pública
establecida
por
el
Gobierno
de
Puerto
Rico, ya antes hemos resuelto que no “puede considerarse
como agencia, departamento, instrumentalidad o corporación
pública del Gobierno”. Asoc. de Empleados del E.L.A. v.
Vázquez, supra., pág. 429. Así mismo hemos reconocido que
AEELA no recibe ayuda económica del gobierno, que funciona
a base de los propios fondos que ella misma genera; y que
se
asemeja
cooperativa.
en
su
Asoc.
estructura,
de
funciones
Empleados
del
y
objeto
E.L.A.
v.
a
una
Vázquez,
CC-2005-185
7
supra., pág. 428; Hernández Montero v. Cuevas, Director, 88
D.P.R. 785, 798 (1963).
La
institución
Delegados,
y
es
gobernada
administrada
por
por
una
una
Junta
Asamblea
de
de
Directores
compuesta por diecisiete miembros electos por, y que forman
parte de, la Asamblea de Delegados. Las elecciones para
seleccionar
los
miembros
de
la
Junta
de
Directores
se
llevan a cabo cada cuatro años. 3 L.P.R.A. sec. 862d. Según
dispone la ley, dicha “Junta de Directores tendrá todos los
poderes que sean convenientes y necesarios para el logro de
los propósitos de la Asociación (...)”. 3 L.P.R.A. sec.
862f.
Entre
estos
poderes
y
facultades
se
encuentra
la
potestad de “[n]ombrar un Director Ejecutivo y fijarle su
sueldo”,
3
L.P.R.A.
sec.
862f(p),
y
de
delegarle
las
“funciones ejecutivas que estime pertinentes para el mejor
funcionamiento de la institución”. 3 L.P.R.A. sec. 862f(h).
Por su parte, “[e]l Director Ejecutivo será el funcionario
ejecutivo de la Asociación y cumplirá con los deberes que
la Junta de Directores le asigne y prestará la fianza que
la
Junta
de
Directores
estime
conveniente
para
el
fiel
cumplimiento de sus deberes”. 3 L.P.R.A. sec. 862f(p).
Según el Reglamento de la Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de febrero de 1995 (en
adelante el Reglamento de AEELA), “las funciones ejecutivas
de la Asociación estarán a cargo del Director Ejecutivo”.
Reglamento
AEELA,
Art.
17(a).
Entre
sus
funciones
están
designar al personal necesario para llevar a cabo el plan
CC-2005-185
de
trabajo
8
de
la
Asociación;
informarle
a
la
Junta
de
Directores sobre la observancia de las directrices que ésta
requiera;
someter
para
la
consideración
de
la
Junta
de
Directores un proyecto de presupuesto para el año fiscal
siguiente;
Junta;
administrar
velar
convenios
y
por
el
el
presupuesto
cumplimiento
contratos
de
la
aprobado
de
los
Asociación;
por
la
reglamentos,
custodiar
los
documentos, equipos y materiales de la Asociación; asesorar
a la Junta de Directores en sus funciones; y, llevar a cabo
todas las tareas que ésta le delegue. Reglamento de AEELA,
Art. 17. Cabe señalar que el Reglamento de Personal de la
Asociación de Empleados del E.L.A. del 26 de mayo de 1993
(en adelante el Reglamento de Personal) no cubre el puesto
de Director Ejecutivo, sino que solamente reglamenta los
servicios gerenciales y de alta gerencia.
B.
La
Ley
empleados
Puerto
de
Rico
Núm.
80,
cualquier
de
los
injustificados.
A
consubstanciales
con
procura
supra.,
industria,
efectos
la
vez
los
comercio
adversos
que
daños
proteger
de
otorga
causados
o
a
negocio
los
en
los
despidos
unos
remedios
por
despido
un
injustificado, busca desalentar la incidencia de este tipo
de despido. 1976 Leyes de Puerto Rico, pág. 268. Así, la
ley dota al empleado despedido sin justa causa del derecho
a recibir de su patrono el sueldo correspondiente a entre
dos
y
seis
meses
por
concepto
de
indemnización
y
una
CC-2005-185
9
indemnización progresiva adicional equivalente a entre una
y tres semanas por cada año de servicio. 29 L.P.R.A. sec.
185a; Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R.
630, 642-643 (1994). Esta compensación pretende “brinda[r]
a los trabajadores que han sido despedidos sin justa causa
la oportunidad de disfrutar de una indemnización que les
permita suplir sus necesidades básicas durante el tiempo
que les pueda tomar conseguir un nuevo empleo”. Díaz v.
Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 375 (2001).
Para ser acreedor a la protección y a los beneficios
que ofrece la Ley Núm. 80, supra., el empleado separado de
su cargo debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) la
existencia de una relación obrero-patrono en algún negocio,
industria o sitio de empleo; (2) que la labor rendida sea
remunerada; (3) que el trabajador haya sido contratado sin
tiempo determinado;1 (4) que el empleado haya sido despedido
sin
que
Tratado
medie
de
justa
Derecho
causa.
del
C.
Zeno
Santiago
y
otros,
Trabajo,
San
Juan,
Puerto
Rico,
Publicaciones JTS, 2003, Tomo I, pág. 98; Departamento del
Trabajo
y
aplicación
1
Recursos
de
la
Ley
Humanos,
Guía
revisada
para
Núm.
de
de
de
80
30
mayo
la
1976,
Aun en caso de que el empleado sí haya sido contratado
por tiempo determinado, se entenderá que aplica la Ley Núm.
80, supra., si el contrato no cumple con los requisitos
esbozados en la propia ley para considerarlo un contrato
bona fide por término cierto o para un proyecto de obra
cierta. Aplicaría también la Ley Núm. 80, supra., si
hubiese evidencia en la contratación que apuntase a la
creación de una expectativa razonable de continuidad en el
empleo por tiempo determinado. 29 L.P.R.A. sec. 185a; Guía
revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo
de 1976, enmendada, 21 de septiembre de 2002, pág. 27-8.
CC-2005-185
10
enmendada,
21
de
septiembre
de
2000,
pág.
27-8.
Con
respecto a las clases de empleados que están cobijados por
la ley, ya hemos resuelto que, debido a que no limita el
concepto
de
empleado,
la
Ley
Núm.
80,
supra.,
es
de
aplicación a ejecutivos, administradores y profesionales.
Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84-5
(1961).
C.
AEELA
recurrido
ha
de
envergadura
intentado
la
de
otros
del
puesto
estructura
de
la
cuestionar
el
alcance
cuarenta
cinco
y
distinguir
la
ejecutivos,
amparándose
en
la
Ejecutivo
en
la
objetivo
de
de
Director
Asociación.
de
años
la
en
situación
Esto,
con
el
norma
que
sentáramos
Hull
Dobbs
Co.
v.
del
hace
Tribunal
Superior, supra. Allí atendimos los despidos injustificados
de un gerente de ventas y un administrador auxiliar. En el
presente caso, según AEELA ha enfatizado, se trataba del
oficial
principal
de
la
Asociación,
quien
ostentaba
el
poder sobre la gran mayoría de los asuntos internos de la
organización, incluidos, como señaláramos anteriormente, lo
concerniente
a
establecer
el
presupuesto
operacional,
a
designar personal capacitado para cumplir con la política
de la Asociación y a asegurarse de que se cumpliera con los
reglamentos y convenios de ésta. Reglamento de AEELA, Art.
17.
CC-2005-185
11
No cabe duda de que las diferencias a las que alude
AEELA son reales. Sin embargo, no encontramos en ellas un
fundamento
suficiente
firmemente
arraigada
para
en
apartarnos
nuestra
de
una
jurisdicción.
norma
Por
el
contrario, continuamos convencidos de que dicha norma es
correcta en estricto derecho y en justicia. Veamos.
Hull Dobbs fue resuelto cuando aún estaba vigente la
anterior ley sobre despido injustificado, la Ley Núm. 50 de
20 de abril de 1949. En aquel momento nos fundamentamos en
que la ley no establecía distinción alguna entre distintos
tipos
de
empleados
para
condicionar
su
aplicación.
Resolvimos que la ley amparaba a “todo empleado” y que no
se habían excluido a los que ocupaban cargos ejecutivos. Ya
que
la
legislación
laboral,
en
caso
de
dudas,
debe
interpretarse de manera favorable al empleado, y que las
excepciones deben surgir expresamente del texto de la ley,
entendimos
despidos
que
el
caso
particular
de
injustificados
el
legislador
quiso
necesidades
de
en
todos
los
empleados,
la
ley
sobre
atender
las
incluidos
los
ejecutivos, pues si su intención hubiese sido otra así lo
hubiese
Tribunal
expuesto
claramente
Superior,
supra.,
en
ella.
pág.
85,
Hull
Dobbs
citando
Co.
v.
Doyle
v.
Polypane Package Co., 80 D.P.R. 224, 228-31 (1958).
Quince años después de nuestra decisión en Hull Dobbs
la Legislatura aprobó la Ley Núm. 80, supra. Con esta pieza
legislativa derogó la ley anterior (la ley interpretada en
Hull Dobbs), porque entendió que la protección que brindaba
CC-2005-185
12
a los trabajadores era inadecuada e ineficaz. 1976 Leyes de
Puerto Rico, pág. 268. Sin embargo, independientemente de
los cambios surgidos a raíz de la Ley Núm. 80, supra., la
Legislatura
mantuvo
interpretáramos
renglón
fue
en
casi
Hull
ampliar
inalterado
Dobbs.
la
El
el
único
protección
a
texto
cambio
los
en
que
este
empleados
de
entidades sin fines lucrativos, pues la ley anterior sólo
cubría
a
los
empleados
de
organizaciones
lucrativas.
De
modo que, aun con la oportunidad de hacerlo, la Legislatura
decidió no sustituir la interpretación que habíamos dado a
la definición de empleado. Se desprende, entonces, que la
intención legislativa al redactar la nueva ley fue que ésta
cobijara a los empleados a nivel ejecutivo, tal como lo
interpretamos en Hull Dobbs.
Por otro lado, AEELA no nos ha convencido de que el
puesto
de
Director
Ejecutivo
aquí
en
cuestión
no
es
merecedor de protección social. Es cierto que, por razón
del tipo de puesto que ocupaba y las labores a las que se
dedicaba, el recurrido no era el trabajador típico para el
cual
nuestro
ordenamiento
laboral
demanda
especial
consideración. Sin embargo, la mera diferencia en labores o
remuneración no es motivo suficiente para despojar a un
empleado de los beneficios de la Ley Núm. 80, supra. Según
hemos expresado antes, las prácticas que la ley pretende
desalentar
no
conocen
gradación
por
causa
del
tipo
de
empleado del que se trate. Este resultado ha sido avalado
por la propia Legislatura. Cualquier despido injustificado
CC-2005-185
de
13
cualquier
empleado
es
reprochable.
El
mero
hecho
de
tener un puesto de mayor responsabilidad en los asuntos de
la
empresa
concernida
no
libra
al
empleado
de
nivel
ejecutivo de padecer las graves vicisitudes por motivo de
un
despido
injustificado
que
padecen
otros
tipos
de
trabajadores. En lo esencial, ser despedido sin justa causa
para
ello
tiene
jurídicos
efectos
comparables
morales,
para
económicos,
todos
los
sociales
empleados.
Unos
y
y
otros requieren una indemnización que les permita atender
sus necesidades básicas y las de sus familias durante el
tiempo que les pueda tomar conseguir un nuevo empleo. Nos
parece claro, por tanto, que las disposiciones de la Ley
Núm. 80, supra., cobijan a todos los empleados, inclusive
los
empleados
ejecutivos
en
puestos
a
nivel
de
oficial
principal de una entidad.
III
Resta
Junta
de
determinar
si,
ante
el
poder
que
Directores
de
AEELA
de
nombrar
ostenta
al
la
Director
Ejecutivo de la Asociación, un cambio en la composición de
la Junta constituye justa causa para el despido de este
funcionario.
AEELA arguye que la elección de una nueva Junta de
Directores debe ser motivo fundado para la separación del
Director
Ejecutivo
de
nombrar
tiene
consecuencia
como
la
Asociación
el
pues
el
poder
de
poder
de
destituir.
Razona que es lógico que una Junta de Directores desconfíe
CC-2005-185
14
del Director Ejecutivo nombrado por la Junta anterior, y
que sería demasiado gravoso para la Asociación sólo poder
despedir
a
este
funcionario
cuando
medie
una
de
las
circunstancias esbozadas en la Ley Núm. 80, supra. Por tal
razón, AEELA nos invita a que consideremos como justa causa
para
el
despido
de
empleados
ejecutivos
al
nivel
del
Director Ejecutivo de la Asociación (oficial principal)
el
cambio en la composición de la Junta de Directores (el
organismo
directivo)
puesto
alguien
a
y
el
deseo
de
ésta
que
se
identifique
de
con
nombrar
al
planes
y
sus
política. A los efectos de ilustrar su argumento, AEELA se
compara a sí misma con corporaciones complejas y lucrativas
y
nos
invita
entender
la
a
que
la
importancia
consideremos
que
tiene
como
tal
que
el
a
fin
de
Director
Ejecutivo, como oficial principal de la entidad encargado
de
asegurar
el
cumplimiento
con
las
obligaciones
y
propósitos asumidos por la Junta de Directores, sea de la
total confianza de ésta. Consideremos el asunto por partes.
A.
El artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra., define las
instancias en las que se considerará que una razón para el
despido constituye justa causa.
Expone la ley:
Se entenderá como justa causa para el despido de
un empleado de un establecimiento:
(a) Que el obrero siga un patrón
conducta impropia o desordenada.
de
(b) La actitud del empleado de no rendir
su trabajo en forma eficiente o de
CC-2005-185
15
hacerlo tardía y negligentemente o
en violación de las normas de
calidad del producto que se produce
o maneja por el establecimiento.
(c) Violación reiterada por el empleado
de
las
reglas
y
reglamentos
razonables
establecidas
para
el
funcionamiento del establecimiento
siempre que copia escrita de los
mismos
se
haya
suministrado
oportunamente al empleado.
(d) Cierre total, temporero o parcial de
las operaciones del establecimiento.
(e) Los
cambios
tecnológicos
o
de
reorganización, así como los de
estilo, diseño o naturaleza del
producto que se produce o se maneja
por el establecimiento y los cambios
en
los
servicios
rendidos
al
público.
(f) Reducciones en el empleo que se
hacen
necesarias
debido
a
una
reducción
en
el
volumen
de
producción,
ventas
o
ganancias,
anticipadas o que prevalecen al
ocurrir el despido.
No se considerará despido por justa causa aquél
que se hace por mero capricho del patrono o sin
razón
relacionada
con
el
buen
y
normal
funcionamiento del establecimiento. 29 L.P.R.A.
sec. 185b.
Aunque hemos señalado que las situaciones delineadas
en
la
ley
no
representan
una
lista
taxativa
de
las
circunstancias que constituyen justa causa para el despido,
Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 152
(1987), debemos tener presente que:
[l]a discreción de los administradores de la ley
y de los tribunales en la determinación de lo
que constituye justa causa debe necesariamente
partir de la especificación contenida en la ley
y la discreción podrá ejercerse solamente en
aquellos aspectos relativos a grados o matices,
CC-2005-185
16
que por la misma naturaleza y limitaciones del
proceso legislativo no son susceptibles de ser
abarcados exhaustivamente por un estatuto. Guía
revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80,
supra., pág. 31 (énfasis suplido).
De modo que la ley limita nuestra discreción al momento de
determinar si una situación particular, más allá de las
particularizadas en la ley, constituye justa causa para el
despido. Sólo podemos apartarnos de lo especificado en la
ley para acoger “grados o matices” de las causas que ésta
menciona expresamente.
Cónsono con lo anterior, hemos establecido ya que la
mera
falta
de
confianza
en
un
empleado
no
es
razón
justificada para su despido. Belk v. Martínez, 146 D.P.R.
215, 236 (1998); Wolf v. Neckwear Corporation, 80 D.P.R.
537, 541 (1958). En Wolf expresamos nuestra preocupación
con que la falta de confianza por sí sola constituyera
justa causa para el despido y concluimos que si así fuese
“prácticamente sería ilusoria la protección que concede la
disposición
legal
sobre
mesada”.
Wolf
v.
Neckwear
Corporation, supra., pág. 541. De igual forma, y citando a
Wolf, en Belk advertimos que:
[l]a falta de confianza, como justificación
válida para el despido, no puede tratarse del
“mero sentimiento subjetivo del patrono”. Éste
deberá demostrar que el empleado faltó a sus
deberes “violando reglas u órdenes del patrono,
demostrando
negligencia,
ineptitud
o
ineficiencia en su trabajo o incurriendo en
fraude,
deslealtad
grave
o
en
faltas
de
honradez,
etc.”.
Sólo
ante
estos
hechos
objetivos es que la falta de confianza podría
ser una justificación razonable para el despido.
Belk v. Martínez, supra., pág. 236-7. (Énfasis
en el original.)
CC-2005-185
Así,
la
17
falta
de
confianza
debe
estar
sustentada
o
acompañada por elementos objetivos que permitan al juzgador
identificar su legitimidad como razón para el despido.
B.
También
quien
posee
hemos
el
resuelto
poder
de
ya,
como
nombramiento
norma
general
que
a
puesto
debe
un
poseer asimismo el poder de destitución. Domenech, Tesorero
v. Corte, 48 D.P.R. 542, 547 (1935). En Domenech, supra.,
expresamos que “el poder general de nombrar lleva consigo,
como una incidencia, la facultad de destituir ‘en ausencia
de una disposición estatutaria que disponga lo contrario’”.
Domenech, Tesorero v. Corte, supra., pág. 547. Esta norma,
que
adoptamos
tanto
a
del
derecho
funcionarios
como
común
a
estadounidense,
empleados
de
aplica
entidades
privadas. Ver Burnap v. United Status, 252 U.S. 512, 515
(1920); W.M. Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of
Private Corporations, Ed. Rev. 2006 (C.A. Jones), ThomsonWest,
Vol.
2,
Sec.
357
(2006);
H.L.
Oleck,
Nonprofit
Corporations, Organizations, and Associations, 4ta Edición,
New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1980, pág. 605.
En cuanto a las entidades corporativas como tal, el
profesor Díaz Olivo explica que: “[l]os oficiales sirven a
discreción del organismo directivo que los designó y pueden
ser removidos en cualquier momento con o sin justa causa
para
ello...”.
C.
Díaz
Olivo,
Corporaciones,
San
Juan,
Puerto Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, 1999, pág. 923. Sin embargo, es menester aclarar que el reconocimiento
CC-2005-185
18
de que la facultad para nombrar apareja de ordinario la
facultad
de
despedir
en
nada
se
refiere
al
asunto
del
despido injustificado. Es decir, la facultad implícita de
despedir no legitima per se el despido injustificado. “The
right to remove an officer with or without cause is without
prejudice to the officer’s right to recover damages for
wrongful
removal”.
Fletcher,
op
cit.,
Vol.
2,
Sec.
352
(2006). Así, según la doctrina, aun cuando los organismos
directivos pueden destituir a los oficiales principales en
cualquier
momento,
como
corolario
del
poder
de
nombramiento, si la destitución es sin justa causa o en
violación a los acuerdos asumidos entre las partes, habrá
que cumplir con los preceptos legales o contractuales que
procedan. Id.
El mismo razonamiento debe aplicar a otras entidades
privadas, aunque no hayan asumido el modelo corporativo. No
puede ser de otra forma. El que un funcionario o entidad
tenga
la
potestad
de
destituir
no
significa
que
sus
actuaciones están por encima de la ley o que pueda hacerlo
a su mero antojo. Puede destituir, pero si el despido es
sin justa causa, tendrá que cumplir con las disposiciones
de la Ley Núm. 80, supra., es decir, tendrá que pagar la
mesada. Lo contrario sería una forma fácil de soslayar la
aplicación de la Ley Núm. 80, supra., práctica que, al
igual que el legislador, debemos desalentar. Ver: Leyes de
Puerto Rico, supra, pág. 268; Wolf v. Neckwear Corporation,
supra., pág. 541.
CC-2005-185
19
Es menester concluir, por tanto, que la facultad de
destituir como función de la facultad de nombramiento no
exime del cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm.
80, supra.
Apliquemos lo anterior a los hechos particulares del
caso ante nuestra consideración.
C.
AEELA insiste en que el cambio en la composición de la
Junta de Directores debe constituir justa causa para el
despido del recurrido, pues la nueva Junta desconfiaba de
éste. AEELA, no aduce otra razón para la desconfianza que
siente hacia el recurrido más allá del mero hecho de que
éste fue nombrado por la Junta destituida. Es decir, AEELA
no
nos
ofrece
hechos
concretos
para
justificar
su
desconfianza. No podemos aceptar el razonamiento de AEELA.
Según
se
ha
resuelto
hechos
objetivos
que
antes,
la
la
falta
fundamenten
no
de
confianza
constituye
sin
justa
causa para el despido bajo las disposiciones de la Ley Núm.
80, supra. Wolf v. Neckwear Corporation, supra.; Belk v.
Martínez, supra.
Además, a tenor con las recomendaciones de la Guía
revisada para la aplicación de la Ley Núm. 80, supra.,
debemos
mantener
presente
que
la
determinación
de
qué
circunstancias constituyen justa causa para el despido es
cuestión
de
aplicación
“grados
de
la
o
Ley
matices”.
Guía
Núm.
supra.,
80,
revisada
para
la
pág.
31.
La
CC-2005-185
20
circunstancia que AEELA propone no surge del catálogo que
provee la Ley Núm. 80, supra., ni es una simple extensión
de éste, sino que es un escenario completamente distinto a
los
contemplados
autorizados
organismo
a
en
la
añadir
directivo
ley.
el
de
Por
tal
razón,
cambio
de
composición
una
entidad
no
privada
estamos
en
el
como
una
ocurrencia de justa causa para el despido de un oficial
ejecutivo.
En cuanto a la facultad de nombrar como fundamento
para destituir, no albergamos dudas en cuanto a que, según
surge
claramente
de
la
Ley
de
AEELA,
y
supra.,
sus
reglamentos, la Junta de Directores disfruta del poder de
nombramiento del Director Ejecutivo. Tampoco dudamos que,
como corolario de tal facultad y al amparo de Domenech, la
Junta de Directores puede asimismo destituirlo para nombrar
a
alguien
distinto
al
puesto.
Ello
no
obstante,
según
establecimos en la sección anterior, no significa que la
Junta
de
Directores
ostente
el
poder
de
destituir
al
Director Ejecutivo de su puesto sin tener que cumplir con
las disposiciones de la Ley Núm. 80. Por tanto, la facultad
de
la
Junta
de
Directores
para
nombrar
al
Director
Ejecutivo no releva a AEELA de su obligación de pagar la
mesada
al
recurrido,
pues
no
medió
justa
causa
en
el
despido.
Por último, y en ánimo de atender todos los argumentos
de AEELA, ésta tampoco nos ha persuadido con su tesis sobre
la limitación que representaría para el buen funcionamiento
CC-2005-185
de
la
21
Asociación
el
sólo
poder
separar
al
Director
Ejecutivo de su puesto cuando medie justa causa para ello.
La preocupación de AEELA podría ser válida, pero, como tal,
debió
haber
sido
atendida
en
sus
reglamentos
sobre
el
funcionamiento interno de la organización y el personal o
en
el
contrato
cuestión.
Nada
de
empleo
particular
del
en
nuestro
ordenamiento
funcionario
prohíbe
que
en
una
institución como AEELA limite la cantidad de años que la
persona designada para ocupar el cargo de oficial principal
podrá permanecer en el puesto. De modo que, si AEELA quería
garantizar que la Junta de Directores entrante tuviese el
beneficio de nombrar a un Director Ejecutivo de su entera
confianza, así debió haberlo estipulado en el contrato del
recurrido o en alguno de sus reglamentos.
Además, las disposiciones del la Ley Núm. 80, supra.,
no
deben
entenderse
como
una
limitación
absoluta
a
las
facultades de AEELA o de entidades similares ya que no
establecen prohibiciones, sino que establecen consecuencias
para
determinadas
actuaciones.2
Ya
antes
hemos
subrayado
que:
el estatuto en cuestión no proscribe la acción
del despido. [...] Dicho curso de acción como
tal se reconoce como una facultad o derecho que
ostenta todo patrono en una sociedad moderna que
se desarrolla y desenvuelve alrededor y a base
de las fuerzas del libre mercado y del derecho
de propiedad o de dirección empresarial. La
2
Según la Exposición de Motivos, ya citada, el
propósito de la Ley Núm. 80, supra., es proveer “remedios
más justicieros y consubstanciales con los daños causados
por el despido injustificado” para así desalentar este tipo
de actuación. 1976 Leyes de Puerto Rico, pág. 268 (énfasis
añadido).
CC-2005-185
22
disposición legislativa en controversia lo que
le
concede
a
la
persona
despedida
injustificadamente es una compensación dirigida
a ayudarlo económicamente durante la etapa de
transición del empleo que ocupaba al que pueda
en un futuro conseguir. De ahí entonces que la
propia Ley Núm. 80 enumere y defina las
circunstancias que envuelven o se consideren
justa causa, esto con el propósito de determinar
cuándo
el
patrono
puede
ejercer
dicha
prerrogativa
sin
tan
siquiera
tener
que
satisfacer la mencionada compensación, o mesada.
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra., pág. 377.
IV
Por los fundamentos que anteceden, es evidente que la
Ley Núm. 80, supra., protege a los empleados ejecutivos a
nivel de oficiales principales que son despedidos de su
empleo sin justa causa. Es evidente, además, que el cambio
en
la
composición
constituye
justa
de
causa
los
para
organismos
el
directivos
despido
bajo
no
las
disposiciones de la Ley Núm. 80, supra. En consecuencia,
procede que se confirme al Tribunal de Apelaciones, pues el
recurrido, ex Director Ejecutivo de la Asociación, tiene
derecho al pago de la mesada que dispone la Ley Núm. 80,
supra.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilfredo García Burgos
Recurrido
v.
CC-2005-185
Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionario
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Rivera PéreZ
San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.
El caso de autos nos brinda la oportunidad de
resolver si el Director Ejecutivo de la Asociación
de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico tiene derecho a la indemnización por despido
injustificado, comúnmente conocida como la mesada.
Por los fundamentos que exponemos a continuación,
opinamos que sí.
I
Los hechos del
Opinión
de
caso, según elaborados en la
Conformidad
del
Juez
Asociado
señor
Fuster Berlingeri, encuentran apoyo en el expediente
2
CC-2005-185
del Tribunal, por lo que no hay necesidad de repetirlos aquí.
II
A
La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en lo sucesivo AEELA, es una institución de
creación
estatutaria,
cuya
membresía
es
de
carácter
compulsoria para todos los empleados y funcionarios públicos
del Gobierno de Puerto Rico.3
Fue creada originalmente por
virtud de la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 19214, y hoy
existe por virtud de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966,
según enmendada.5
La propia ley nos explica sus propósitos:
Estimular el ahorro entre los empleados y los
socios acogidos pensionados, establecer planes de
seguros incluyendo un seguro por muerte, efectuar
préstamos, proveer a los empleados y a los socios
acogidos
pensionados
hogares
y
facilidades
hospitalarias para el tratamiento médico de ellos
y sus familiares y cualquier otra actividad que la
Junta de Directores, previo estudio, considere
factible y provechosa a las finalidades que se
persiguen, y propender por todos los medios y
recursos a su alcance el mejoramiento y progreso
individual y colectivo de los empleados y socios
acogidos pensionados que la integran en el orden
económico,
moral
y
físico.
La
Asociación
conservará su personalidad jurídica y capacidad
para demandar y ser demandada.6
Hemos
resuelto
que
AEELA
no
constituye
una
agencia,
tampoco un departamento, instrumentalizad o corporación
3
3 L.P.R.A. sec. 862c; Asoc. de Empleados del E.L.A. v.
Vázquez, 130 D.P.R. 407, 427 (1992); First Federal v. Srio.
de Hacienda, 86 D.P.R. 56, 70 (1962).
4
3 L.P.R.A. ant. secs. 831-859a.
5
3 L.P.R.A. secs. 862-863n.
6
Íd., sec. 862b.
3
CC-2005-185
pública del Gobierno.7
Inclusive, hemos resuelto que “[l]a
Asociación no recibe ayuda económica alguna del Gobierno de
Puerto
Rico
y
funciona
de
manera
muy
parecida
a
una
que
los
cooperativa de ahorro y crédito” (énfasis nuestro).8
Cónsono
con
lo
anterior,
empleados de la Asociación “no
hemos
resuelto
están cubiertos por la Ley de
Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de
14 de octubre de 1975” (énfasis suplido).9
Si
hemos
resuelto
que
AEELA
no
es
una
agencia
gubernamental, ni una corporación cuasi pública; y si por el
contrario, hemos resuelto que es una entidad que funciona
como una cooperativa de ahorro y crédito, y que sus empleados
no están cubiertos por la legislación laboral aplicable al
sector
de
empleo
público,
entonces,
por
eliminación,
les
tiene que cobijar la legislación laboral aplicable al sector
de empleo no gubernamental, incluida ahí la Ley Núm. 80 de 30
de
mayo
de
1976,
según
enmendada,
conocida
Indemnización por Despido Injustificado, infra.
como
Ley
de
No puede ser
de otra manera, pues los empleados de AEELA no están en un
7
Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, supra, pág. 429.
8
Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, supra, pág. 428.
Así se expresó, además, el entonces Juez Asociado y hoy Juez
Presidente señor Hernández Denton en la Opinión Concurrente y
de Conformidad que emitió en ese caso: [AEELA] “realmente
funciona como una cooperativa de ahorro y crédito”.
Íd.,
pág. 432.
9
Asoc. de Empleados del E.L.A. v. Vázquez, supra, pág. 427.
La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico fue
derogada
y
sustituida
por
la
vigente
Ley
para
la
Administración de los Recursos Humanos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 2004, infra.
4
CC-2005-185
limbo jurídico en términos de reglamentación del trabajo y
protección laboral.
Si decimos ahora que AEELA “es una entidad que goza[]
parcialmente de rasgos que caracterizan al empleo público” o
que “su naturaleza y funcionamiento se asemeja más al de una
entidad cuasi pública”, estaríamos contradiciéndonos o, al
menos, llevando un mensaje confuso.
podemos
expresar
que
“no
se
Por la misma razón, no
puede
presumir
que
las
disposiciones de la Ley Núm. 80, […], son oponibles ante la
Asociación”.
Tenemos el deber de resolver las controversias traídas
ante
nuestra
consideración
pautando
armoniosas
normas
de
derecho.
La legislación protectora del trabajo abarca múltiples
beneficios y garantías para los empleados no gubernamentales.
No
sólo
una
protección
llamada “mesada”.
garantías
y
enfermedad,
contra
el
despido
injustificado,
Dicha legislación, cubre toda una gama de
beneficios
maternidad,
de
licencias
licencias
de
vacaciones,
especiales,
bono
de
Navidad, compensación por horas extras, periodos de descansos
para tomar alimentos, prohibiciones contra discrímenes en el
empleo, entre otros.
Si hemos resuelto que la legislación laboral aplicable
al sector de empleo público no protege a los empleados de
AEELA,
Despido
pero
hoy
decimos
Injustificado,
que
infra,
la
Ley
no
de
Indemnización
ampara
empleados, ¿qué mensaje estamos llevando?
a
esos
por
mismos
¿Y qué de los
5
CC-2005-185
otros
beneficios
y
garantías
protectora del trabajo?
que
contiene
la
legislación
¿Tampoco les aplica a los empleados
de AEELA?
¿Qué les aplica entonces?
¿Será exclusivamente el
reglamento
de
de
personal
internamente AEELA?
las
manual
empleados
que
cree
Cuidado, la ley habilitadora de AEELA no
la obliga a crearlos.
recorta
o
garantías
¿Y si no creara ninguno?
que
la
legislación
¿Y si en él
protectora
del
trabajo dispone para los empleados no gubernamentales? ¿Y si
en él establece beneficios menores a los dispuestos en esa
legislación?
Tenemos que ser claros.
los
vivos
o
intermedios.
pertenece
al
O AEELA pertenece al mundo de
mundo de
los
muertos.
No hay
Por tanto, si está resuelto que los empleados
de AEELA no son empleados públicos, entonces están protegidos
por la legislación protectora del trabajo aplicable al sector
de empleo no gubernamental.
Por otro lado, entre los poderes que la ley habilitadora
de AEELA confirió a su Junta de Directores está el siguiente:
........
(p) Nombrar un Director Ejecutivo y fijarle su
sueldo”.
El
Director
Ejecutivo
será
el
funcionario ejecutivo de la Asociación y cumplirá
con los deberes que la Junta de Directores le
asigne y prestará la fianza que la Junta de
Directores
estime
conveniente
para
el
fiel
cumplimiento de sus deberes (énfasis suplido).10
Con relación a la contratación del Director Ejecutivo de
AEELA, la ley no añade más.
B
10
3 L.P.R.A. sec. 862f(p).
6
CC-2005-185
A la fecha en que se produjo el despido del recurrido
señor García Burgos como Director Ejecutivo de AEELA, la Ley
de Indemnización por Despido Injustificado de Puerto Rico,
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada11, en
adelante Ley 80, disponía que “todo empleado de comercio,
industria
o
cualquier
otro
negocio
o
sitio
de
empleo”,
“contratado sin tiempo determinado”, que fuere despedido de
su cargo sin mediar justa causa, tenía derecho a recibir de
su patrono entre uno (1) y tres (3) meses de sueldo por
concepto
de
servicio,
más
indemnización,
de
una
dependiendo
indemnización
de
sus
progresiva
años
de
adicional
equivalente a una (1) semana por cada año de servicio.12
Aclaramos que el 7 de octubre de 2005, la Legislatura
aprobó la Ley Núm. 128 para enmendar la Ley 80 y aumentar
significativamente
misma.13
el
remedio
económico
provisto
Entendemos que ésta es inaplicable al
11
29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.
12
29 L.P.R.A. sec. 185a.
por
la
presente
13
Nos referimos a la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005.
Por medio de ella, la Asamblea Legislativa dispuso que, a
partir
de
esa
fecha,
la
indemnización
por
despido
injustificado es la siguiente:
(a)
el sueldo correspondiente a dos (2) meses
por concepto de indemnización, si el
despido ocurre dentro de los primeros
cinco (5) años de servicio; el sueldo
correspondiente a tres (3) meses si el
despido ocurre luego de los cinco (5)
años hasta los quince (15) años de
servicio; el sueldo correspondiente a
seis (6) meses si el despido ocurre luego
de los quince (15) años de servicio;
7
CC-2005-185
caso, pues el despido definitivo del recurrido se efectuó el
22 de diciembre de 1997, ocho (8) años antes de aprobarse la
referida enmienda.14
Por otro lado, la Ley 80 no define el término “despido
injustificado”, pero, según nos comenta el tratadista Ruy N.
Delgado Zayas, establece normas y guías orientadoras a esos
efectos.15
Las
aludidas
normas
y
guías
orientadoras,
comúnmente
conocidas como las causales de despido, las encontramos en el
artículo 2 de la Ley 80, a saber:
(a) Que el obrero siga
impropia o desordenada.
un
patrón
de
conducta
(b) La actitud del empleado de no rendir su
trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y
negligentemente o en violación de las normas de
calidad del producto que se produce o maneja por
el establecimiento.
(b)
(b)
una
indemnización
progresiva
adicional equivalente a una (1) semana
por cada año de servicio, si el despido
ocurre dentro de los primeros cinco (5)
años de servicio; dos (2) semanas por
cada año de servicio, si el despido
ocurre luego de los cinco (5) años hasta
los quince (15) años de servicio; tres
(3) semanas por cada año de servicio,
luego de haber completado quince (15)
años o más de servicio (énfasis nuestro).
14
Nótese que la ley no dispone expresamente su efecto
retroactivo.
Tampoco se desprende ni remotamente esa
intención de su exposición de motivos. Además, el artículo 3
del Código Civil consagra lo siguiente:
“[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no
dispusieren expresamente lo contrario.
En ningún
caso podrá el efecto retroactivo de una ley
perjudicar los derechos adquiridos al amparo de
una legislación anterior”. 31 L.P.R.A. sec. 4.
15
R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la
Legislación protectora del trabajo en el derecho laboral
puertorriqueño, San Juan, Revisión 2005, pág. 134.
8
CC-2005-185
(c) Violación reiterada por el empleado de las
reglas y reglamentos razonables establecidas para
el funcionamiento del establecimiento siempre que
copia escrita de los mismos se haya suministrado
oportunamente al empleado.
(d) Cierre total, temporero o
operaciones del establecimiento.
parcial
de
las
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización,
así como los de estilo, diseño o naturaleza del
producto
que
se
produce
o
maneja
por
el
establecimiento y los cambios en los servicios
rendidos al público.
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias
debido
a
una
reducción
en
el
volumen
de
producción, ventas o ganancias, anticipadas o que
prevalecen al ocurrir el despido.16
Es
importante
destacar
que,
a
renglón
seguido,
el
referido artículo expone el principio rector de todo análisis
del concepto y del proceso determinativo de lo que constituye
“justa causa” para despedir, y citamos: “no se considerará
despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho
del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal
funcionamiento
del
establecimiento”.17
Cónsono
con
anterior, hemos resuelto lo siguiente:
[l]a ley establece, aunque de forma general, lo
que constituye justa causa para el despido.
Concluimos, que el principio rector que gobierna
el despido por justa causa dispuesto en el Art. 2
de la Ley Núm. 80, supra, es aquel que delimita
las circunstancias en que éste se produce; es
decir, cuando tiene su origen en alguna razón o
motivo vinculado a la ordenada marcha y normal
funcionamiento de una empresa y no en el libre
arbitrio o capricho del patrono. La lista de
ejemplos
que
contiene
el
referido
estatuto
persigue ilustrarnos y orientarnos en una forma
no exhaustiva sobre el tipo de conducta que
constituye razón y motivo justificado para el
despido, por estar reñido con la ordenada marcha
16
29 L.P.R.A. sec. 185b.
17
Íd.
lo
9
CC-2005-185
y normal funcionamiento de una empresa. Sin
embargo, tal desglose no excluye otra conducta
del empleado que, por estar vinculada al buen
funcionamiento de la empresa, podría constituir
justa causa para el despido. Tal lista no es
taxativa (énfasis nuestro y énfasis suprimido en
el original).18
Dicho
de
otra
forma,
constituye
un
“catálogo”
el
concepto
restrictivo
ocurrencias detalladas en la ley.
de
“justa
causa”
no
circunstancias
u
Más bien, es un concepto
dinámico, que se nutre de múltiples y fluidas situaciones
imposibles de prever.19
De otra parte, la Ley 80 tiene como propósito claro y
definido
proteger
la
tenencia
del
injustificados.20
incidencia
de
los
despidos
objetivo,
se
hizo
extensiva
excepción.21
a
empleo
“todo
y
desalentar
la
Con
ese
empleado”,
sin
Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que la
legislación contra el despido injustificado, protege lo mismo
a empleados no exentos, como a los denominados exentos, entre
ellos, los ejecutivos, administradores y profesionales.22
Expuesta
la
normativa
jurídico
laboral
vigente,
procedemos a aplicarla a los hechos particulares del caso de
marras.
18
Srio. del Trabajo v. G.P. Industries, 153 D.P.R. 223, 244
(2001).
19
Íd., pág. 243.
20
R. N. Delgado Zayas, op cit, págs. 123 y 133.
21
Refiérase nuevamente a 29 L.P.R.A. sec. 185a.
véase R. N. Delgado Zayas, op cit, pág. 123.
22
Además,
Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84-85
(1961).
10
CC-2005-185
C
AEELA
plantea
que
el
reglamento
de
personal
de
la
entidad no incluye (o no considera) el puesto de Director
Ejecutivo,
a
unionados.
Ejecutivo
es
institución.
pesar
de
cubrir
Aduce
que
ello
el
ejecutivo
a
todos
sus
empleados
que
el
obedece
a
de
alto
más
rango
no
Director
en
la
Sostiene que al no haber reglamentación que
gobierne la contratación de tan alto funcionario, y estando
la Junta de Directores facultada por su ley habilitadora para
reclutarlo, podía despedirlo a su exclusiva voluntad.23
Basa
su contención en nuestras expresiones en Domenech, Tesorero
v. Corte24, a los efectos de que aquel en quien reside la
facultad de nombrar posee, incidentalmente, la de destituir,
salvo disposición legal en contrario.25
Plantea
que el caso
de autos no trata de una cuestión de ineptitud o ineficiencia
en el empleo por parte del Director Ejecutivo despedido, sino
del legítimo ejercicio de una facultad legal irrestricta de
prescindir
designada
de
y
los
servicios
ratificada
por
de
una
una Junta
“persona
previamente
anterior”.26
No
le
asiste la razón a AEELA.
Si el reglamento de personal de AEELA no cubre el puesto
de Director Ejecutivo, es porque ella así lo decidió.
23
Alegato de la parte peticionaria, págs. 6-7.
24
48 D.P.R. 542 (1935).
25
Alegato de la parte peticionaria, pág. 7.
26
Íd., págs. 10-11.
El
11
CC-2005-185
referido reglamento es un documento interno de la institución
sobre cuya confección tiene discreción.
Por tal razón, muy
bien
cuestión
podía
AEELA
incluir
el
puesto
instancia,
el
hecho
en
como
no
incluirlo.
En
última
de
que
AEELA
no
haya
incluido en su reglamento de personal el puesto de Director
Ejecutivo no implica que éste no goce de la protección que la
legislación
del
gubernamental
trabajo
pueda
aplicable
ofrecerle.
al
Un
sector
de
patrono
empleo
no
carece
de
autoridad para despojar a un empleado vía la adopción de
reglamentos de personal, manuales de empleados, u otra forma,
de las protecciones y beneficios mínimos laborales que el
Estado le provee.
En el caso específico de la indemnización
por despido injustificado, precisa destacar que el legislador
expresamente la declaró irrenunciable.27
De
otra
parte,
nuestras
expresiones
en
Domenech,
Tesorero v. Corte, supra, a los efectos de que aquel en quien
reside
la
implícita
facultad
de
de
destituir,
nombrar
en
también
ausencia
posee
de
facultad
disposición
estatutaria que disponga lo contrario28, no es de aplicación
al escenario laboral en que está inmerso el presente caso ni
tiene el alcance que AEELA le atribuye.
27
29 L.P.R.A. sec. 185i.
28
Domenech, Tesorero v. Corte, supra, págs. 547-548.
12
CC-2005-185
Domenech,
Tesorero
particular
escenario
obstante,
según
fue
un
caso
resuelto
dentro
del
No
laboral
del
servicio
público.29
visto,
el
caso
nos
hemos
que
ocupa
está
gobernado por la legislación laboral aplicable al sector de
empleo
no
gubernamental.
Lo
más
apropiado
y
exacto,
entonces, es evaluar el planteamiento de AEELA mediante el
uso de normas jurídicas desarrolladas dentro del contexto del
campo laboral no gubernamental.
En correcta y precisa juridicidad, debemos aclarar que
la norma legal de rigor, aplicable a dicho campo laboral
establece que, como regla general, a tenor con su derecho de
libre administración, un patrono puede despedir a un empleado
contratado sin tiempo determinado, en cualquier momento, con
justa causa, sin causa justificada o sin causa, con la única
limitación
que
si
lo
hace
obligado,
ante
el
reclamo
sin
causa
del ex
justificada,
empleado
vendrá
perjudicado,
a
indemnizarle con la compensación por despido injustificado
que dispone la Ley 80.30
Por tanto, la Junta de Directores de
AEELA, patrono del recurrido señor García Burgos, tenía la
29
Véase, específicamente, Domenech, Tesorero v. Corte, supra,
pág. 549.
30
Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 65
(1986).
Véase, además, A. Acevedo Colom, Legislación
protectora del trabajo comentada, 7ma ed, San Juan, 2001,
págs. 137 y 179-180. También, R. N. Delgado Zayas, op cit,
pág. 115.
Se aclara que, como excepción, si el despido
injustificado es, a su vez, discriminatorio, o lesivo de
derechos constitucionales, o violatorio de reservas de empleo
contempladas por leyes especiales que prohíben el despido
mientras se está en el uso de determinadas licencias, el
patrono podría ser condenado a reponer en el empleo al
trabajador perjudicado y a pagarle los daños y perjuicios que
le haya ocasionado.
13
CC-2005-185
facultad de despedirlo en cualquier momento.
No obstante, si
lo hacía injustificadamente, de ser éste un empleado cobijado
por las disposiciones de la Ley 80, AEELA quedaba sujeta a
pagarle el remedio económico de la indemnización por despido
injustificado.
Es decir, el hecho de que la Junta de Directores de
AEELA tenga autoridad para despedir a su Director Ejecutivo,
no necesariamente implica que dicha actuación esté libre de
Una
consecuencias.
despedirlo
y
otra
cosa
la
es
habilitadora
de
exime
responderle
incumplimiento
AEELA
de
a
facultad
para
indemnizatoria
que
Una simple lectura de la ley
demuestra
su
innegable
responsabilidad
pudiera generar su ejercicio.
de
su
que
en
ningún momento
su
Director
contrato
individual
le
Ejecutivo
por
de
si
trabajo,
hubiere alguno, y ese fuese el caso, o de responderle en caso
de
despedirlo
sin
observar
las
disposiciones
de
la
legislación especial que gobierna el despido injustificado en
Puerto Rico, la Ley 80.
Ahora
bien,
AEELA,
luego
de
hacer
hincapié
en
la
envergadura de las funciones que ejercía el recurrido como
Director
Ejecutivo,
e
ilustrarnos
sobre
su
estructura
y
complejidad operacional y organizativa, nos invita a resolver
que éste no está amparado por la Ley 80, por no pertenecer a
la
masa
proteger.31
trabajadora
del
país
que
dicha
ley
En la alternativa, nos solicita que determinemos
que un cambio en la Junta de Directores de la entidad
31
persigue
Alegato de la parte peticionaria, págs. 17-18.
14
CC-2005-185
constituye justa causa para su despido.
No podemos acceder a
lo solicitado.
Como vimos antes, la Ley 80 protege a “todo empleado de
comercio,
industria
o
cualquier
otro
negocio
es
uno
absolutamente
inclusivo.
sitio
de
Es decir, su
empleo”, “contratado sin tiempo determinado”.
lenguaje
o
Todo
tipo
de
patrono no gubernamental está regido por sus disposiciones,
independientemente de si opera con o sin fines de lucro.
Asimismo,
todo
protegido
por
tipo
de
empleado
Ley
80,
en la
la
no
medida
gubernamental
está
en
que haya sido
el
recurrido
fue,
por
tiempo
contratado por tiempo indeterminado.
Es
un
hecho
precisamente,
incontrovertido
un
empleado
que
contratado
indeterminado. Recordemos que AEELA lo empleó, inicialmente,
en el año 1993, como Director de Finanzas.
cuatro
(4)
nombrado
años
Director
después,
Y que, cerca de
el
12
de
febrero
Ejecutivo
por
su
Junta
de
de
1997,
fue
Directores,
también por tiempo indefinido.32
32
AEELA acepta en la pág. 8 de su alegato que “el contrato
del recurrido era sin tiempo determinado”. Pero, ello
trasluce más elocuentemente de la carta que la Asociación le
dirigió al señor García Burgos en ocasión de su contratación.
Esta lee:
Estimado señor García Burgos:
Me place notificarle que la Junta de Directores en
su reunión ordinaria del 12 de enero de 1997,
aprobó su nombramiento como Director Ejecutivo de
la Asociación de Empleados del E.L.A.
Dicho nombramiento es efectivo en la referida
fecha.
Se le asignó un salario anual de $75,000.
Tendrá derecho, además, a todos los beneficios
15
CC-2005-185
AEELA no se apoya en autoridad alguna que sostenga su
contención
de
que
por
ser
el
recurrido
el
funcionario
ejecutivo de más alto rango y mayor responsabilidad dentro de
la
organización,
injustificado.
no
merece
Por
el
protección
contrario,
la
jurisprudencia apoya otro resultado.
contra
el
despido
Ley
y
nuestra
80
En Hull Dobbs Co. v.
Tribunal Superior, caso incoado por un gerente de ventas y un
administrador empresarial, resolvimos, específicamente, que
la legislación contra el despido injustificado extendía sus
beneficios a “todo empleado”, sin hacer distinción alguna,
por lo que cobijaba a los empleados ejecutivos.33
En
consecuencia,
somos
de
opinión
que
el
cesanteado
Director Ejecutivo de AEELA está protegido por la Ley 80.
Esta conclusión es cónsona con la trillada norma jurídica que
establece que la exclusión de un empleado de los beneficios
reconocidos
en
la
legislación
laboral
debe
ser
clara
e
interpretarse restrictivamente.34
Por otro lado, AEELA tampoco se apoya en autoridad o
fundamento alguno para sostener su planteamiento alternativo
de que un cambio en la Junta de Directores de la institución
constituye
per
se
Director Ejecutivo.
causa
justificada
para
despedir
a
su
AEELA no enmarca el despido del señor
marginales que disfrutan los empleados gerenciales.
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 72.
33
34
82 D.P.R. 77, 84 (1961).
Freire v. Vista Rent to Own, Inc., 2006 T.S.P.R. 162, 2006
J.T.S. 172, 169 D.P.R. __ (2006); Malavé v. Oriental, 2006
T.S.P.R. 63, 2006 J.T.S. 72, 167 D.P.R. __ (2006); Rolón v.
Charlie Car Rental, 148 D.P.R. 420 (1999); López Santos v.
Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970).
16
CC-2005-185
García Burgos en conducta impropia o desordenada, tampoco en
incompetencia, ineficiencia, negligencia o violación a las
normas de manejo y administración de la entidad, mucho menos
en
una
violación
procedimientos
de
los
establecidos
reglamentos
por
su
o
Junta
manuales
de
de
Directores.
Tampoco lo atribuye a razón alguna vinculada al buen y normal
funcionamiento de la institución.
Esta evaluación nos lleva
forzosamente a opinar que, a la luz de las disposiciones de
la Ley 80 y su jurisprudencia interpretativa, el despido del
recurrido,
motivado
únicamente
composición
de
Junta
la
de
por
el
mero
cambio
de
Directores
de
AEELA,
fue
injustificado.
La Junta de Directores de AEELA despidió al señor García
Burgos, nombrado en el puesto de Director Ejecutivo por una
Junta anterior, porque no gozaba de su confianza.
evidente.
Ello es
Durante todo su alegato, AEELA se esfuerza en un
intento de persuadirnos para que concluyamos que el señor
García
Burgos
secretario
de
era
un
agencia
empleado
de
confianza
gubernamental,
y
empleado de libre selección y remoción.
por
similar
ende,
a
un
era
un
Con ello, pretende
librarse de las disposiciones de la Ley 80.
Debemos puntualizar que, si bien es cierto que en el
sector de empleo público, específicamente bajo la Ley para la
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184 de 3
de agosto de 2004, según enmendada35,
35
3 L.P.R.A. secs. 1461-1468p.
sustituta de la
17
CC-2005-185
anterior Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico
de 1975, existe la clasificación de “empleados de confianza”,
en
ella
descritos
como
empleados
de
libre
selección
y
remoción36, tal clasificación, según es concebida por dicha
ley, es inexistente en el sector de empleo no gubernamental.
Un examen de la ley habilitadora de AEELA refleja que no
contiene tal clasificación de empleados.
llegamos al estudiar la Ley 80.
A igual resultado
Tampoco conocemos ley alguna
aplicable al campo de empleo no gubernamental que incluya una
clasificación de “empleados de confianza”, mucho menos con el
alcance que ésta tiene bajo la Ley para la Administración de
los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, supra.
Por otro lado, la inexistencia de dicha clasificación de
empleado en el sector de empleo no gubernamental está avalada
por la norma jurídica que sentamos en Wolf v. Neckwear37, y
reiteramos en Belk v. Martínez38, casos decididos bajo la
36
Véase su artículo 9, sección 9.1, 3 L.P.R.A. sec. 1465(2).
Adviértase que dicha clasificación también existía bajo la
anterior Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico,
3 L.P.R.A. ant. sec. 1350.
Con relación al alcance de la
referida clasificación de empleados, véase lo resuelto en
McCrillis v. Aut. Navieras, 123 D.P.R. 113, 132 (1989). Se
aclara que la condición de empleado de confianza de por sí no
priva
al
empleado
que
la
ostenta
de
la
protección
constitucional contra el discrimen político, Íd., pág. 137;
Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).
37
80 D.P.R. 537 (1958).
38
146 D.P.R. 215 (1998).
18
CC-2005-185
anterior ley de despido injustificado39 y bajo la actual Ley
80, respectivamente.
En ambos, dispusimos claramente que la
mera falta de confianza en un empleado no constituye justa
Por tanto, somos del criterio que la
causa para su despido.
falta
de
confianza,
sin
más,
de
la
entrante
Junta
de
Directores de AEELA en el señor García Burgos no justificó su
despido desde la perspectiva de la Ley 80, por lo que éste
tiene derecho a que se le pague la indemnización por despido
injustificado que dicha ley dispone.
Finalmente, sabemos que es requisito indispensable para
la aplicación de la Ley 80 que el empleado que invoque su
protección haya sido contratado por tiempo indeterminado. “La
Ley de Indemnización por Despido Injustificado no aplica a
los empleados contratados por tiempo determinado”.40
No obstante, la Ley 80 establece con claridad que el
mero hecho de que un empleado preste servicios al amparo de
un contrato por tiempo determinado, por sí solo, no tiene el
efecto automático de privarle de su protección y remedio, si
la práctica y circunstancias envueltas u otra evidencia en la
contratación fueren de tal naturaleza que tiendan a indicar
la creación de una expectativa de continuidad de empleo o la
existencia
real
de
un
contrato
Núm.
50
de
de
empleo
por
tiempo
1949,
según
indeterminado.41
39
Derogada
enmendada.
Ley
15
de
40
A. Acevedo Colom, op cit, pág. 177.
41
29 L.P.R.A. sec. 185a.
abril
de
19
CC-2005-185
La Ley 80 dispone que, en éstos casos, los empleados así
afectados se considerarán como si hubieren sido contratados
sin tiempo determinado.
declara
que
toda
Incluso, la Ley 80 va más allá, y
separación,
terminación
o
cesantía
de
empleados contratados por término cierto o para proyecto u
obra cierta, o la no renovación de su contrato, se presumirá
que constituye un despido sin justa causa regido por la Ley
80, excepto cuando el contrato de empleo en cuestión sea por
término cierto bonafide o para un proyecto u obra cierta
bonafide.42
Para darle contexto a la presunción, la Ley 80 define lo
que es un contrato bonafide por término cierto o para una
obra cierta:
Se considerará bonafide un contrato de empleo por
un término cierto o para un proyecto o una obra
cierta, aquel que se hace por escrito, durante la
primera jornada de trabajo del empleado o en el
caso
de
empleados
contratados
por
compañías
clientes
por
intermediación
de
compañías
de
servicios temporeros de empleos, durante los
primeros diez (10) días del comienzo de su
contrato y que tiene el propósito, y así se hace
constar, de sustituir durante su ausencia a un
empleado
en
el
uso
de
licencia
legalmente
establecida o establecida por el patrono o para
llevar a cabo tareas extraordinarias o de duración
cierta
como
son,
sin
que
constituya
una
limitación, los inventarios anuales, la reparación
de equipo, maquinaria o las facilidades de la
empresa, el embarque y desembarque casual de
carga, el trabajo en determinadas épocas del año
como la Navidad, las órdenes temporeras de
aumentos de producción y cualquier otro proyecto o
actividad particular de corta duración o duración
cierta fija (énfasis nuestro).43
42
Íd. Véase, además, Opinión del Secretario del Trabajo Núm.
91-5, de 8 de noviembre de 1991.
43
29 L.P.R.A. sec. 185k.
20
CC-2005-185
Finalmente,
en
aras
de
lograr
la
consecución
de
sus
propósitos, la Ley 80 manda lo siguiente:
[e]n toda acción entablada por un empleado
reclamando los beneficios dispuestos por esta ley,
cuando se trate de que el empleado fue contratado
por un término cierto o para un proyecto o una
obra cierta, el patrono vendrá obligado a alegar
en su contestación a la demanda estos hechos y a
probar la existencia de un contrato bonafide para
entonces quedar eximido de cumplir con el remedio
que dispone la ley, salvo que el patrono pruebe
que el despido fue justificado (énfasis suplido).44
La política pública sobre la contratación de empleados
por término determinado está claramente plasmada en la Ley
80.
El legislador condicionó la existencia y validez de un
contrato de empleo por tiempo determinado al cumplimiento de
detallados y estrictos requisitos de forma.
Su propósito,
desalentar la práctica patronal de evadir las disposiciones
remediales de la Ley 80 mediante la contratación de empleados
por tiempo determinado, en circunstancias en que éstos, en la
práctica,
están
indeterminada.45
desempeñando
En
definitiva,
funciones
tal
y
de
como
duración
precisa
el
profesor y tratadista Alberto Acevedo Colom, en el sector de
empleo no gubernamental, “el reclutamiento de empleados por
un término específico de tiempo está limitado a que el empleo
sea uno de carácter provisional, tras lo cual no se retendrá
personal alguno realizando las funciones del mismo” (énfasis
añadido).46
44
Íd.
45
A. Acevedo Colom, op cit, pág. 168.
46
Íd., pág. 175.
21
CC-2005-185
Por
Ejecutivo
tanto,
por
aunque
tiempo
AEELA
puede
determinado,
contratar
por
un
ejemplo,
Director
hasta
el
vencimiento del término de la Junta de Directores que lo
contrató, debe tener presente lo siguiente.
tal
contrato
cumplir
con
de
empleo
temporero,
el
pago
de
la
no
Una vez expire
quedará
compensación
eximida
por
de
despido
injustificado, a no ser que el contrato de empleo temporero
sea bonafide, con arreglo a la Ley 80.47
III
Por los fundamentos antes expuestos, estamos conformes
con el resultado que la división del Tribunal ha provocado en
el presente caso, esto es, la confirmación de la sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones
que
declara
“Con
lugar”
la
demanda de despido injustificado incoada por el recurrido
señor García Burgos.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
47
Estamos conscientes, sin embargo, que el caso de autos es
uno atípico.
Sabemos que, como norma general, los altos
ejecutivos en el campo cooperativo son contratados a término,
pero, con una salida negociada.
Así, al vencimiento del
contrato de empleo por tiempo determinado, si éste no es
renovado, el ejecutivo recibe los beneficios de salida que
negoció y pactó en su contrato individual de empleo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Wilfredo García Burgos
Recurrido
v.
CC-2005-185
Certiorari
Asociación de Empleados del
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton, a la cual se une el Juez Asociado señor
Rebollo López
San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.
Disiento
de
la
Sentencia
dictada
por
el
Tribunal de Apelaciones -la cual se confirma por
hallarse
igualmente
dividido
el
Tribunal-
por
entender que la naturaleza y el funcionamiento
de la Asociación de Empleados del Estado Libre
Asociado (en adelante, la Asociación) impide que
se le trate como a cualquier empresa privada y,
por ende, que se le apliquen indistintamente las
disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de
1976, estatuto destinado al sector privado del
país.
Por otro lado, considero que -aún si se
entendiera que dicho estatuto podría cobijar a
los empleados de la Asociación- la protección no
CC-2005-185
2
se extiende al cargo de Director Ejecutivo, toda vez que
dicho funcionario responde a los intereses de la Junta de
Directores y no posee una expectativa de continuidad en
el empleo.
I.
La Junta de Directores de la Asociación nombró al
Sr.
Wilfredo
García
Burgos
Director
Ejecutivo
de
la
Asociación en febrero de 1997.
Poco después, la Junta
cambió
varios
su
composición
y,
tras
incidentes
que
llegaron hasta la atención de este Tribunal, destituyó al
señor García Burgos por no ser de su confianza.
El
señor
García
Burgos
presentó
una
demanda
en
contra de la Asociación al amparo de la Ley Núm. 80,
supra, alegando que se le destituyó sin justa causa y
solicitó
el
pago
de
la
mesada.
Por
su
parte,
la
Asociación presentó una solicitud de sentencia sumaria
mediante
la
cual
adujo
que
el
demandante
protegido por la Ley Núm. 80, supra.
no
El tribunal de
instancia acogió la posición de la Asociación.
que
el
señor
beneficios
de
García
la
Burgos
Ley
Núm.
no
tenía
80,
estaba
Concluyó
derecho
supra,
a
los
porque
su
nombramiento era de Director Ejecutivo, puesto sobre el
cual la Junta de Directores conserva discreción.
luz
de
ese
análisis,
determinó
que
un
cambio
A la
en
la
composición de la Junta conllevaba la designación de un
nuevo Director si ésta así lo deseaba.
que
su
designación
constituyó
un
Indicó, además,
contrato
por
tiempo
CC-2005-185
determinado
3
implícito,
por
lo
que
no
se
cumplían
los
requisitos de la Ley.
El señor García Burgos acudió ante el Tribunal de
Apelaciones, el cual revocó la determinación.
Dicho foro
concluyó que la Ley Núm. 80, supra, ampara a empleados
ejecutivos como el señor García Burgos y que la mera
falta
de
despido.
confianza
no
constituye
justa
causa
el
el
En vista de ello, concluyó que el señor García
Burgos tiene derecho al pago de la mesada.
con
para
dictamen,
la
Asociación
Insatisfecha
acudió
ante
nos
reproduciendo los mismos argumentos que presentó ante el
foro de instancia.
Expedimos
el
auto
y,
por
hallarse
igualmente
dividido el Tribunal, se dicta Sentencia confirmatoria de
la
que
emitió
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Por
las
razones que expondremos a continuación, disentimos.
II.
A
La
Asociación
de
Empleados
del
E.L.A.
“es
una
institución pública de carácter compulsorio para todos
los empleados y funcionarios públicos del Gobierno de
Puerto Rico, siendo sus fines estimular el ahorro entre
sus asociados y asegurarlos contra inutilidad física o
muerte,
efectuar
préstamos,
proveerlos
clínicas
para
el
tratamiento
médico
de
ellos
y
sus
First
Federal
Srio.
de
Hacienda,
86
familiares”.
v.
D.P.R. 56 (1962) (énfasis suplido).
de
hogares
y
CC-2005-185
Aún
Asociación
4
cuando
no
este
Tribunal
constituye
instrumentalidad
o
ha
indicado
que
la
una
agencia,
departamento,
corporación
pública,
Asociación
de
Empleados v. Vázquez, 130 D.P.R. 407 (1992), lo cierto es
que hemos resuelto que no es “un negocio privado ni tiene
fines
de
lucro
o
especulación”.
Berríos
Miranda
v.
Asociación de Empleados, 88 D.P.R. 809 (1963) (énfasis
suplido).
Por
el
organismo
creado
contrario,
la
Asociación
gubernamentalmente,
“es
un
altamente
reglamentado, cuyo propósito es implementar la política
gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de estimular el ahorro entre los empleados
públicos”
Asociación
de
Empleados
v.
Vázquez,
supra.
(Énfasis suplido).
De hecho, en atención a las particularidades de la
Asociación y al alto interés público que la distingue, el
legislador dispuso que sus bienes, cuentas, desembolsos,
fondos e ingresos estarán sujetos a la fiscalización de
la Oficina del Contralor. 3 L.P.R.A. Sec. 862l.
De la
misma forma, se estableció que la Asociación estará bajo
la
jurisdicción
y
el
poder
de
la
Oficina
de
Ética
provee
una
contratados
por
Gubernamental. 3 L.P.R.A. Sec. 863m.
B.
Por
otro
indemnización
lado,
para
la
Ley
aquellos
80,
supra,
empleados
término indefinido que son despedidos sin justa causa. 29
L.P.R.A.
Sec.
185a.
Hasta
este
momento,
las
disposiciones de la Ley se han aplicado en el ámbito del
CC-2005-185
5
empleo
privado
y
podrían
extender
no
a
hemos
otros
resuelto
si
contextos.
las
No
mismas
se
obstante,
el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha expresado
que dicha legislación está dirigida a los empleados de la
empresa privada y a aquellas entidades que operan como
empresas privadas. Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, Guía Revisada para la aplicación de la Ley Núm.
80, págs. 24-25.
En
el
empleo
público,
por
su
parte,
rigen
las
disposiciones y protecciones que concede la Ley de la
Administración de Recursos Humanos, Ley Núm. 184 de 3 de
agosto de 2004, que derogó la antigua Ley de Personal del
Servicio
Público.
Esta
normativa
está
basada
en
el
principio de mérito, en virtud del cual los empleados
incluidos en el servicio de carrera gozan de seguridad en
el
empleo,
siempre
productividad,
que
eficiencia,
satisfagan
hábitos,
los
criterios
actitudes,
de
orden
y
disciplina que deben prevalecer en el servicio público. 3
L.P.R.A. Sec. 1462, 1462e.
Aunque las disposiciones de
esta legislación no se extienden a las corporaciones o
instrumentalidades
públicas
o
público-privadas
que
funcionan como empresas o negocios privados, la ley exige
que dichas entidades adopten reglamentos de personal que
incorporen el principio de mérito. 3 L.P.R.A. Sec. 14616.
Por
su
parte,
los
empleados
incluidos
en
el
servicio de confianza no gozan de las protecciones que
concede el principio de mérito. 3 L.P.R.A. Sec. 1462.
Tales
empleados
son
los
que
intervienen
o
colaboran
CC-2005-185
6
sustancialmente en la formulación de política pública,
los que asesoran directamente o los que prestan servicios
directos al jefe de la agencia. 3 L.P.R.A. Sec. 1465(2).
Por la naturaleza de sus funciones, dichos empleados son
de libre selección y remoción. Id.
Con este marco normativo en mente, analicemos la
controversia ante nuestra consideración.
III
La
Sentencia
que
hoy
se
confirma
por
hallarse
igualmente dividido el Tribunal concluye que el señor
García
Burgos,
quien
fuera
destituido
del
cargo
de
Director Ejecutivo, tiene derecho al pago de la mesada
por tratarse de un empleado ejecutivo y por no haberse
demostrado justa causa para el despido. De esta manera,
se concluye implícitamente que las disposiciones de la
Ley Núm. 80, supra, son oponibles ante una entidad como
la
Asociación,
aún
cuando
sus
disposiciones
van
dirigidas, esencialmente, al sector privado del país.
En
vista de que aún no hemos resuelto si dicha legislación
le aplica a entidades que gozan parcialmente de rasgos
que caracterizan al empleo público, no podemos avalar
dicha conclusión.
Por
el
contrario,
particularidades
que
el
somos
del
legislador
criterio
le
que
concedió
las
a
la
Asociación la ubican en una posición especial dentro del
esquema social y económico del país, que se distingue de
la
típica
empresa
privada.
De
hecho,
muchos
de
sus
CC-2005-185
7
rasgos son incompatibles con los de un negocio privado,
por lo que su naturaleza y funcionamiento se asemeja más
al de una entidad cuasi pública.
Esta impresión cobra fuerza cuando analizamos las
disposiciones
del
Reglamento
de
Personal
de
la
Asociación, Reglamento R-014 de 26 de agosto de 1992.
El
mismo contiene una distinción tajante entre los empleados
del
servicio
gerencial
y
los
de
alta
gerencia.
Los
empleados del servicio gerencial están asignados a los
puestos que no están incluidos en el servicio de alta
gerencia.
Reglamento
de
Personal,
Art.
7.1.
Por
su
parte, el servicio de alta gerencia comprende los puestos
de
Director
Ejecutivo
Auxiliar,
Ayudante
Ejecutivo,
Ayudante Especial, así como los puestos con funciones de
dirección de departamentos u oficinas.
Todos ellos son
nombrados por el Director Ejecutivo con la confirmación
de la Junta de Directores. Reglamento de Personal, Art.
7.2.
Con respecto a los empleados gerenciales, el Art.
11.5 dispone que “[n]ingún[o]… podrá ser destituido o
suspendido de empleo y sueldo a menos que medie justa
causa y previa formulación de cargos” (énfasis suplido).
De la misma forma, el referido artículo establece que
“[l]os empleados gerenciales con status regular tendrán
permanencia en sus puestos siempre que satisfagan los
criterios
de
productividad,
disciplina
que
deben
eficiencia,
prevalecer
en
la
orden
y
Asociación…”
CC-2005-185
8
(énfasis suplido).
En contraste con las protecciones que
se les confieren a los empleados del servicio gerencial,
a los que ocupan cargos en el servicio de alta gerencia
no
se
les
Seguramente,
empleados
dirigen
ofrece
ello
ocupan
el
política
ninguna
responde
puestos
al
estas
hecho
importantes
funcionamiento
pública.
de
de
Por
las
tanto,
garantías.
de
que
tales
desde
los
cuales
oficinas
sus
y
formulan
labores
y
la
permanencia de su empleo están sujetos a los planes e
intereses de la Junta de Directores.
Ahora bien, el puesto de Director Ejecutivo de la
Asociación
no
se
encuentra
específicamente
dentro de los dos grupos señalados.
entender
grupo
que
de
por
definición
empleados
de
se
alta
le
enumerado
Aún así, debemos
incluyó
gerencia
dentro
ya
que
del
tiene
funciones de dirección de departamentos y oficinas, lo
que implica que no posee el derecho de permanencia que
cobija
a
los
empleados
incluidos
en
el
servicio
gerencial.
Por otro lado, si se entendiera que el Director
Ejecutivo
no
se
encuentra
en
ninguno
de
los
grupos
señalados, entonces debemos concluir que le aplican las
normas que surgen directamente de la Ley de la Asociación
de Empleados del Estado Libre Asociado, Ley Núm. 133 de
28
de
junio
de
1966.
Dicho
estatuto
ordena
que
la
Asociación sea administrada por una Junta de Directores,
la cual posee todos los poderes que sean convenientes y
CC-2005-185
9
necesarios para el logro de los propósitos de la entidad.
3
L.P.R.A.
encuentra,
Sec.
862d(b).
precisamente,
la
Entre
esos
poderes
se
potestad
para
nombrar
un
Director Ejecutivo y fijarle su sueldo. 3 L.P.R.A. Sec.
862f(p).
el
El Director Ejecutivo, por mandato de ley, es
funcionario
ejecutivo
de
la
Asociación
que
está
llamado a cumplir con los deberes que la Junta le asigne
y, para ello, se le ordena prestar una fianza que asegure
el fiel cumplimiento de sus deberes. Id.
De lo anterior surge que, mediante disposiciones
reglamentarias, la Asociación incorporó a sus normas de
personal
la
distinción
entre
empleados
de
carrera
y
empleados de confianza (aunque nombrados de otra forma),
distinción que se suele circunscribir al sector público
del país.
De tales pautas se colige, además, que allí se
incorporaron las garantías básicas que se le conceden a
los
empleados
innecesaria
protectoras
públicos
la
de
y
que
aplicación
la
Ley
Núm.
de
80,
son
las
supra,
las
que
hacen
disposiciones
en
ese
ámbito
laboral.
Conforme a lo anterior, y dada la naturaleza cuasi
pública de la Asociación, somos del criterio que no se
puede presumir que las disposiciones de la Ley Núm. 80,
supra,
son
oponibles
ante
la
Asociación,
sobre
todo
tomando en cuenta que al hacerlo podría trastocarse la
forma en que el legislador concibió la naturaleza y el
funcionamiento de la entidad y restringiría las
CC-2005-185
10
prerrogativas que le concedió a la Junta de Directores
que administra el organismo.
Finalmente, consideramos que -aún si se entendiera
que
los
empleados
cobijados
por
la
Director
Ejecutivo
concede
dicha
de
la
Asociación
podrían
Ley
Núm.
80,
supra,-
no
goza
de
las
legislación.
Ello
cargo
de
protecciones
que
en
el
estar
vista
de
que,
conforme las disposiciones del Reglamento de Personal de
la
Asociación
y
su
ley
habilitadora,
el
puesto
de
Director Ejecutivo constituye un cargo que responde a los
intereses de la Junta de Directores, lo que excluye la
posibilidad
empleo.
de
Así
una
expectativa
de
permanencia
surge
claramente
de
las
en
el
disposiciones
reglamentarias discutidas y de las pautas legislativas
que requieren que el Director Ejecutivo le responda a las
necesidades
de
la
Junta
y
le
preste
fidelidad
cumplimiento de sus deberes hacia la misma.
al
Por tanto,
aún cuando el puesto de Director Ejecutivo no se incluyó
expresamente en el listado de empleados de alta gerencia
en
el
Reglamento
de
Personal,
consideramos
que
dicho
funcionario -tal como los empleados de confianza en el
sector público- por imperativo legal no tiene expectativa
de continuidad en el empleo y, en consecuencia, no se
requiere justa causa para su despido.
IV.
Por los fundamentos que anteceden, revocaríamos el
dictamen del foro apelativo y desestimaríamos la
CC-2005-185
11
reclamación instada por el señor García Burgos en contra
de la Asociación al amparo de la Ley Núm. 80, supra.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente