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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Julio E. Rivera Aponte

2007 TSPR 28

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Julio E. Rivera Aponte

TS-00008231

Conducta Profesional – Reinstalación al ejercicio de la notaría

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

vs.

2007 TSPR 28

Pedro Rosselló González

170 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2007-0091

Fecha: 20 de febrero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial San Juan, Panel III

Juez Ponente:

Hon. José A. Morales Rodríguez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Harry N. Padilla Martínez

Oficina del Procurador General

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts

Procurador General

Materia: Arts. 166 (a) y 271 del Código Penal de 1974 y Art. 3.2

(c) de la Ley de Ética Gubernamental

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-91

CERTIORARI

Pedro Rosselló González

Peticionario

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007

El peticionario Pedro Rosselló González

recurre

de

la

decisión

del

Tribunal

de

Apelaciones que confirmó la decisión del Tribunal

de Primera Instancia denegando su solicitud de

que se le entregue, antes de la celebración de la

vista de determinación de causa para arresto en

alzada bajo la Regla 6(c) de Procedimiento

Criminal, evidencia alegadamente exculpatoria.

En esencia

el peticionario sostiene que en

esta etapa procesal tiene derecho a que se le

entregue una declaración jurada que prestó el

convicto José A. Acevedo Martínez el 29 de

diciembre de 2005, cuando fue entrevistado por el

Ministerio Público en el proceso investigativo

del caso de autos. El peticionario sostiene que

dicha

declaración

constituye

“prueba

exculpatoria” que el Estado tiene la obligación

de entregarle antes de la celebración de la vista

al amparo de las disposiciones de la Regla 6 (c)

de Procedimiento Criminal.

Del

propio

recurso

presentado

por

el

peticionario se desprende que el Ministerio

Público no ha incluido en la denuncia, como

testigo, a José A. Acevedo Martínez. Por lo

tanto, Acevedo Martínez no puede ser considerado

como

“testigo

de

cargo”

con

todas

las

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connotaciones, consecuencias y derechos que ello, de

ordinario, conlleva. El convicto Acevedo Martínez es

un

ciudadano

que

el

Ministerio

Público

meramente

entrevistó durante la investigación que llevó a cabo en

este caso y a quien se le tomó una declaración jurada.

Aunque el Estado en su escrito en oposición sostiene

que “nada de lo expresado por el convicto José Acevedo

Martínez durante la etapa de investigación constituye

prueba exculpatoria”, como el Ministerio Público no lo ha

incluido como “testigo de cargo”, no existe impedimento

jurídico alguno para que el peticionario lo entreviste e

incluso lo pueda utilizar como testigo de defensa en la

vista de causa probable para arresto en alzada bajo la

Regla 6 de Procedimiento Criminal. El peticionario tiene

conocimiento de esta información y así lo reconoce en su

recurso en el que incluye una copia del documento

suscrito el 2 de octubre de 2006 por el Fiscal Alberto

Valcárcel. Además, sostiene que de este último documento

se desprende que “Acevedo Martínez no aportó información

importante … ni ofreció información adicional en términos

de cómo se expidió la determinación de AMSSCA”.

En

vista

de

lo

anteriormente

expuesto,

e

independientemente de lo alegado por el peticionario de

que la declaración jurada de Acevedo Martínez pueda

constituir prueba exculpatoria en el caso, el reclamo del

peticionario de que se le ordene al Ministerio Público

que entregue dicha declaración jurada es inmeritorio

porque Acevedo Martínez puede ser entrevistado por la

defensa y utilizado como testigo en la vista antes

mencionada.

En estas circunstancias, la petición presentada en

este

caso

es

totalmente

innecesaria.

Igualmente

innecesaria es la solicitud del peticionario de que se

paralice la vista pautada para el 22 de febrero.

Por ende, se deniegan tanto la moción en auxilio de

jurisdicción como la petición de certiorari y se devuelve

inmediatamente el caso al Tribunal de Primera Instancia

para la continuación de la vista según previamente

señalada.

La presente Resolución deberá ser notificada

fax, por la vía ordinaria y la telefónica.

por

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Fuster

Berlingeri emitió Voto Particular. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez “expediría el auto de Certiorari y revocaría

lo determinado por el Tribunal de Apelaciones y el

Tribunal de Primera Instancia. Devolvería el asunto al

Tribunal de Primera Instancia, para que en cámara y con

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participación de ambas partes, la Jueza que preside,

examine la prueba reclamada como exculpatoria y que es

objeto de la controversia de autos, y determine si la

misma es de naturaleza exculpatoria o no. De otra forma

el Ministerio Público sería juez y parte, sobre la

definición y determinación de lo que constituye prueba

exculpatoria, que está bajo su exclusiva posesión y

control.” La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

está inhibida.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

vs.

Certiorari

CC-2007-91

Pedro Rosselló González

Peticionario

Voto Particular emitido por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2007.

Coincido con el dictamen mayoritario en cuanto a

negar en esta etapa de los procedimientos la petición

en cuestión del señor Rosselló González. Quiero hacer

hincapié, sin embargo, sobre una razón particular en

que se basa mi voto, además de las señaladas en la

Resolución del Tribunal.

En el pasado, personas con el mismo interés del

señor Rosselló González han deseado lograr del foro

judicial

desea

declaraciones

obtener

juradas

Rosselló

como

las

que

ahora

González.

No

las

han

conseguido, por las razones correctamente señaladas en

la Resolución del Tribunal. Siendo una medida que no

ha estado disponible para otras personas igualmente

interesadas,

los

más

elementales

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principios de trato igual nos obligan a denegar la solicitud

de Rosselló González. No podemos otorgarle a él privilegios

que más nadie en el país ha tenido.

Jaime B. Fuster Berlingeri

Juez Asociado