LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Corporación del Fondo del Seguro del Estado v. Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

2007 TSPR 35

Poder Judicial de Puerto Rico

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Corporación del Fondo del Seguro del Estado v. Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado

AC-2005-0055

Derecho Laboral – Interpretación de Convenio a la luz de las normas de interpretación contractual y reglas de hermeneútica

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Peticionario

Certiorari

v.

2007 TSPR 35

Unión de Médicos de la

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

170 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: AC-2005-55

Fecha: 6 de marzo de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel I

Juez Ponente:

Hon. Carlos J. López Feliciano

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José A. Oliveras González

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jaime Enrique Cruz Álvarez

Materia: Impugnación de Laudo Obrero Patronal

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Peticionario

v.

AC-2005-55

Unión de Médicos de la

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Recurrido

Opinión del Tribunal

Hernández Denton

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2007.

Nos corresponde determinar si la Corporación

del Fondo de Seguro del Estado (en adelante, el

Fondo)

actuó

correctamente

al

cargar

a

la

licencia por vacaciones de los médicos unionados

aquellos días que la Gobernadora de Puerto Rico

concedió como días libres con cargo a vacaciones.

I

El

Administrador

del

Fondo

y

la

Unión

de

Médicos de la Corporación del Fondo de Seguro del

Estado (en adelante, la Unión) suscribieron el

Convenio Colectivo (en adelante, el Convenio) con

vigencia desde el 1 de julio de 2002 hasta el

30

AC-2005-55

3

de junio de 2006.

En el Artículo 20 de dicho convenio,

las partes acordaron cuáles serían los días feriados sin

pérdida

de

paga.

Además,

se

estableció

que

se

considerarían como días feriados sin pérdida de paga y

sin cargo a ninguna licencia aquellos días que fueran

“declarados como tales” por Proclama u Orden Ejecutiva

del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los

Estados Unidos, o por Ley.

Por otra parte, el Artículo 10 del Convenio creó un

Comité de Querellas para atender las disputas entre las

partes

y

resolver

las

controversias

sobre

interpretación y la aplicación del Convenio.

efectos,

se

estableció

que

el

Comité

de

la

A tales

Querellas

rendiría un laudo por escrito y que decidiría todas las

cuestiones

planteadas

en

la

controversia

conforme

a

vigencia

del

Convenio,

Gobernadora

derecho.

Durante

la

la

Hon. Sila María Calderón concedió varios días de trabajo

como

días

libres.

Específicamente,

mediante

Proclama

concedió los días 24 de octubre de 2003, 28 de noviembre

de 2003, y 2 y 5 de enero de 2004, como días libres con

cargo

a

vacaciones.

Por

otro

lado,

la

Gobernadora

concedió como días feriados sin cargo a la licencia de

vacaciones los días 26 de diciembre de 2004 y 11 de junio

de 2004, según señalado por el Presidente de los Estados

Unidos, George W. Bush, mediante Orden Ejecutiva.

AC-2005-55

4

En vista de ello, se emitieron varios memorandos,

comunicándole al personal gubernamental la concesión de

los

mencionados

días

cargo

libres,

a

la

indicando

licencia

de

cuáles

se

vacaciones

y

concederían

con

cuáles no.

Por otra parte, el Fondo descontó de la

licencia de vacaciones los días 24 de octubre de 2003, 28

de noviembre de 2003, y 2 y 5 de enero de 2004.

Durante el año 2004, la Unión presentó al Comité de

Querellas varias quejas, alegando que el acto del Fondo

de descontar esos días de la licencia de vacaciones era

contrario a lo acordado en el Convenio.

Por su parte, el

Fondo

la

alegó

que

cargó

dichos

días

a

licencia

por

vacaciones en atención a ciertos señalamientos hechos por

el Contralor de Puerto Rico (en adelante, el Contralor).

En lo pertinente, en el Informe de Auditoria CP-98-5 del

4 de marzo de 1998 sobre la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado (en adelante, el Informe), el Contralor

determinó que el acto de pagar a los empleados y a los

funcionarios

unos

cargados

la

a

días

que

licencia

de

no

han

sido

vacaciones

trabajados

constituye

o

una

regalía y, por ende, un desembolso de fondos públicos

contrario a la ley.

Celebrada

la

vista

de

arbitraje,

el

Comité

de

Querellas determinó que el lenguaje del Artículo 20 del

Convenio era claro a los efectos de que el Fondo se

comprometió

a

no

concedidos

como

cargar

libres

a

y

ninguna

que,

por

licencia

los

días

tanto,

violó

los

AC-2005-55

términos

5

del

Convenio.

Según

decretó

el

Comité

de

Querellas, el acto de cargar a la licencia de vacaciones

los

días

concedidos

como

libres

fue

contrario

a

la

política pública laboral de que los convenios colectivos

pueden conceder más beneficios de los establecidos por

ley.

Además, concluyó que, actuando de esa forma, el

Fondo privó a los médicos de un derecho propietario, a

saber,

los

días

acumulados

para

las

vacaciones,

sin

otorgarle la oportunidad de ser escuchados.

No

conforme,

el

Fondo

impugnó

Tribunal de Primera Instancia.

el

laudo

ante

el

Dicho foro confirmó la

decisión del Comité de Querellas, por entender que lo

establecido en el Convenio era claro y no era contrario a

la ley, a la moral o al orden público.

Confirmado el dictamen de instancia por el tribunal

apelativo intermedio, el Fondo apeló ante nos. Acogimos

el

recurso

partes

han

posiciones.

como

certiorari

comparecido

a

y

acordamos

exponer

sus

expedir.

Las

respectivas

Conforme a ello, resolvemos.

II

Debemos determinar si el Fondo podía cargar a la

licencia por vacaciones aquellos días en que se autorizó

a los empleados a ausentarse del trabajo por Proclama de

la Gobernadora de Puerto Rico.

Por entender que el Fondo

sí estaba facultado para hacerlo, revocamos.

Veamos.

AC-2005-55

6

A

En Puerto Rico existe una vigorosa política pública

a favor del arbitraje obrero-patronal.

Se entiende que

el arbitraje es el medio menos técnico, más flexible,

menos

oneroso

y,

por

tanto,

más

apropiado

para

la

resolución de las controversias que emanan de la relación

laboral.

Martínez Rodríguez v. A.E.E., 133 D.P.R. 986

(1993).

Ante un convenio de arbitraje lo más prudente es la

abstención

vedada.

judicial,

aunque

la

intervención

no

esté

UCPR v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R.

133 (1994).

De hecho, cuando se acuerda el uso del

arbitraje como mecanismo para ajustar las controversias,

se crea un foro sustituto a los tribunales de justicia,

cuya interpretación merece gran deferencia.

López v.

Destilería Serrallés, 90 D.P.R. 245 (1964); J.R.T. v.

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988).

En

vista

arbitraje

se

de

ello,

la

circunscribe

revisión

a

la

de

los

laudos

determinación

de

de

la

existencia de fraude, conducta impropia, falta del debido

proceso de ley, violación a la política pública, falta de

jurisdicción o que el laudo no resuelve todos los asuntos

en controversia.

Sin embargo, si las partes pactan que

el laudo arbitral sea conforme a derecho, los tribunales

podrán corregir errores jurídicos en atención al derecho

aplicable.

En tal supuesto, la revisión judicial de los

laudos de arbitraje es análoga a la revisión judicial de

AC-2005-55

las

7

decisiones

Trib.,

144

administrativas.

D.P.R.

808

(1998);

Rivera

Condado

v.

Dir.

Adm.

Plaza

v.

Asoc.

Emp. Casinos P.R., 149 D.P.R. 347 (1999); U.C.P.R. v.

Triangle Engineering Corp., supra.

En efecto, cuando un convenio colectivo dispone que

los

asuntos

conforme

normas

a

de

sometidos

derecho,

derecho

el

a

arbitraje

árbitro

sustantivo

en

serán

resueltos

no

puede

ignorar

el

campo

del

las

derecho

laboral y debe resolver las controversias a tenor con las

doctrinas legales prevalecientes.

Por oro lado, si el

convenio de arbitraje nada dice en cuanto a esto, los

árbitros pueden declarar cuál es la ley, haciendo caso

omiso de las reglas de derecho sustantivo.

Rivera v.

Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604 (1979).

Ahora

bien,

como

los

convenios

colectivos

son

contratos, los mismos se rigen por las disposiciones del

Código Civil sobre los contratos, a no ser que la ley

haya dispuesto otra cosa.

Luce and Co. v. Junta de

Relaciones del Trabajo, 86 D.P.R. 425 (1962).

de

ello,

les

contractual.

aplican

las

normas

de

En vista

interpretación

En primer lugar, cuando los términos de un

contrato son claros y no crean ambigüedades, los mismos

se aplicarán en atención al sentido literal que tengan.

Artículo

1233

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico,

31

L.P.R.A. 3471.

Los términos de un contrato son claros cuando son

suficientes en contenido para ser entendidos en un único

AC-2005-55

sentido,

8

sin

dar

lugar

a

dudas

o

controversias,

sin

diversidad de interpretaciones y sin necesitar, para su

comprensión, razonamientos o demostraciones susceptibles

de impugnación.

Sucesión Ramírez v. Tribunal Superior,

81 D.P.R. 357 (1959).

Por tanto, si los términos de un contrato o de una

cláusula contractual – como en el caso de una cláusula de

un convenio colectivo - son suficientemente claros como

para

entender

sentido

lo

literal

tribunales

no

que

de

se

las

pueden

pacta,

hay

palabras

entrar

a

que

y,

atenerse

al

ende,

los

por

dirimir

sobre

lo

que

alegadamente intentaron las partes pactar al momento de

contratar.

Luce & Co. v. Junta del Trabajo, supra.

Por el contrario, cuando los términos no son claros

o cuando las palabras dejan duda sobre la intención común

de los otorgantes, se exige una labor interpretativa.

En

esos casos, para adjudicar la intención de las partes, el

juzgador

debe

examinar

todas

las

circunstancias

concurrentes al otorgamiento del contrato, atendiéndose

principalmente a los actos de los contratantes coetáneos

y

posteriores

al

contrato.

Artículo

1234

del

Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 3472; Marina Ind., Inc.

v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983).

También es regla general de hermenéutica contractual

que, cuando el texto es obscuro, su interpretación no

deberá favorecer a la parte que la hubiese ocasionado.

Artículo

1240

del

Código

Civil

de

Puerto

Rico,

31

AC-2005-55

9

L.P.R.A. 3478; Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963).

Por

ende,

las

ambigüedades

en

un

contrato

o

en

las

cláusulas de un contrato serán interpretadas en contra de

la parte que lo redactó.

González v.

Coop. Seguros de

Vida de P.R., 117 D.P.R. 659 (1986).

Una vez se determina lo que las partes acordaron, el

juzgador debe resolver las controversias entre las partes

acorde

a

lo

estipulado.

En

efecto,

un

convenio

colectivo, como todo contrato, tiene fuerza de ley entre

las partes y debe cumplirse con estricta rigurosidad.

Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

Sec. 2994.

Así, conforme con el principio rector de pacta sunt

servanda, las partes contratantes se obligan a todos los

extremos

de

lo

pactado,

siempre

y

cuando

las

disposiciones pactadas estén conformes con la ley, la

moral y el orden público.

Art. 1207 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Sec. 3372; Pérez v. Autoridad

Fuentes

Fluviales,

87

D.P.R.

118

(1963).

Cuando

una

disposición contractual no está reñida con la ley, la

moral

o

el

orden

integral

a

lo

público,

convenido.

se

le

debe

Si,

por

el

dar

aplicación

contrario,

una

cláusula de un contrato contraviene la ley, la moral o el

orden

público,

la

entre

las

partes y el juzgador no puede conferirle validez.

Por

consiguiente,

está

si

misma

la

carece

decisión

de

eficacia

del

juzgador

fundamentada en un convenio o cláusula contraria a la

AC-2005-55

10

ley, la moral o el orden público, la misma es defectuosa

y no es válida en la parte en que conflije con ello.

Pagán v. Fund.

Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224 (1983);

Junta de Relaciones del Trabajo v. Vigilantes, Inc., 125

D.P.R. 581 (1990).

Específicamente, en el contexto de la contratación

gubernamental, hemos dicho que la misma está revestida

del más alto interés público en cuanto involucra el uso

de bienes o de fondos públicos.

En vista de ello, deben

aplicarse rigurosamente las normas sobre los contratos y

el desembolso de esos fondos, a los fines de proteger los

intereses y el dinero del Pueblo.

Principalmente, no

puede

gubernamental

ignorarse

que

todo

organismo

está

obligado a observar de forma cabal la esencia de las

disposiciones constitucionales en cuanto a que los fondos

públicos

legítimos.

De

Jesús

sólo

pueden

gastarse

para

fines

públicos

Const. E.L.A., Art. VI, Sec. 9, 1 L.P.R.A.;

v.

Autoridad

de

Carreteras,

148

D.P.R.

255

(1999).

Visto el derecho aplicable, analicemos los hechos

ante nos.

III

En el caso a quo, nos corresponde evaluar si el

Fondo podía cargar a la licencia por vacaciones de los

médicos unionados los días que fueron concedidos como

libres por la Gobernadora de Puerto Rico.

AC-2005-55

11

De entrada, debemos aclarar que las partes acordaron

en el Convenio que el Comité de Querellas resolviera las

controversias sobre la interpretación y la aplicación del

Convenio conforme a derecho.

Por ende, el Comité de

Querellas

las

no

podía

ignorar

normas

aplicables

a

de

los

derecho

sustantivo

vigentes

convenios

colectivos.

En vista de que los convenios colectivos se

rigen por las normas sobre la contratación en general, lo

estipulado

constituye

la

ley

entre

las

partes

entenderá en su sentido literal, si es claro.

lado,

los

términos

interpretativa

por

ambiguos

parte

del

requieren

juzgador

y

se

Por otro

una

labor

conforme

a

las

reglas de hermenéutica contractual.

Con ello en mente, pasemos a analizar lo que las

partes estipularon en relación a los días concedidos como

días

libres.

A

tales

efectos,

el

Artículo

20

del

Convenio establece en lo pertinente lo siguiente:

Se considerarán, además, días feriados sin

pérdida de paga, y sin cargo a ninguna

licencia aquellos días o medios días u

horas que por Proclama u Orden Ejecutiva

del Gobernador de Puerto Rico o del

Presidente de los Estados Unidos, o por Ley

(federal y/o estatal), fueran declarados

como tales y se autoriza a los empleados a

ausentarse del trabajo. (Énfasis nuestro).

De

una

simple

lectura,

surge

que

el

lenguaje

utilizado por las partes no es completamente claro o, por

lo menos, requiere cierto análisis.

En particular, nos

referimos a la expresión “declarados como tales”.

Su

redacción nos obliga a volver al principio de la oración

AC-2005-55

para

12

identificar

a

qué

utilizado.

Haciendo

parece

dicha

que

feriados

sin

licencia”.

cosa

un

de

remite

análisis

expresión

pérdida

se

se

paga

literal

refiera

y

el

sin

a

cargo

pronombre

del

texto,

los

”días

a

ninguna

Parafraseando el texto de la cláusula, los

días que sean declarados como “días feriados sin pérdida

de

paga

y

sin

cargo

a

considerados como tales.

ninguna

licencia”

serán

Si fuera así, las partes se

remitieron a la forma en que los días sean declarados por

el

Gobernador

Estados

de

Unidos,

Puerto

o

por

Rico

Ley.

o

el

Sin

Presidente

embargo,

no

de

los

podemos

excluir otra posible interpretación, ya que no estamos

ante una cláusula que tiene un único sentido.

No

obstante

la

evidente

ambigüedad

textual,

el

Comité de Querellas determinó que la cláusula mencionada

no

presentaba

Inclusive,

ningún

sostuvo

que

problema

el

de

lenguaje

interpretación.

utilizado

por

las

partes era diáfano y cristalino y que se pactó que el

Fondo no podía cargar absolutamente a ninguna licencia

los

días

“declarados

como

libres”.

Sin

embargo,

la

cláusula no habla de días “declarados como libres”.

En lugar de buscar en el Convenio lo que las partes

estipularon y atenerse a ello, el Comité de Querellas

tergiversó

el

texto

de

la

cláusula

controvertida

y,

partiendo de la premisa de que era clara a favor de la

Unión,

determinó

estipulado.

que

la

prueba

testifical

apoyaba

lo

A tales efectos, es oportuno señalar que el

AC-2005-55

13

Comité de Querellas indicó que normalmente los beneficios

otorgados

en

los

convenios

colectivos

beneficios reconocidos por las leyes.

superan

los

Sin embargo, no

analizó si en este caso, en efecto, fue así.

De

esa

forma,

el

Comité

de

Querellas

ignoró

las

normas de hermenéutica contractual que le imponían el

deber de atenerse al sentido literal de los términos del

Convenio

y,

después,

interpretar

las

ambigüedades

allá del mero sentido literal de las palabras.

más

Como las

partes pactaron que el laudo fuese conforme a derecho, el

Comité

de

Querellas

no

interpretativas básicas.

podía

desatender

estas

normas

En vista de que en estos casos

nuestra facultad se extiende para revisar, además, los

méritos jurídicos de la decisión del árbitro, trataremos

de corregir el error cometido, conforme a las reglas de

hermenéutica aplicables.

Para

ello,

debemos

señalar

que

la

sección

controvertida le sigue a otra, en la cual las partes

estipulan un listado de los días que son “días feriados

sin pérdida de paga” y que, de hecho, no son cargados a

licencia alguna.

nuestra

Con la segunda sección -que está bajo

consideración-

las

partes

estipularon

que

se

considerarían como si fueran “días feriados sin pérdida

de paga” -aun cuando no son días feriados- determinados

días según sean declarados por Proclama u Orden Ejecutiva

del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente de los

Estados Unidos, o por Ley.

Allí está lo determinante a

AC-2005-55

14

nuestra controversia, en cuanto esa parte del Artículo 20

fue

objeto

de

una

negociación

particular

entre

las

partes, según surge de los alegatos y de los documentos

sometidos por las partes y que constan en el expediente.

Veamos.

En

el

convenio

colectivo

anterior,

con

vigencia

desde el 1 de julio de 1999 hasta el 30 de junio de 2002,

las partes habían pactado la segunda sección del Artículo

20, en lo pertinente, de la siguiente forma:

Se considerarán, además, como si

fueran días feriados sin pérdida de paga,

aquellos días o medios días u horas que

por

Proclama

u

Orden

Ejecutiva

del

Gobernador de Puerto Rico o del Presidente

de los Estados Unidos, o por Ley, fueran

declarados en lo sucesivo días feriados a

celebrarse en Puerto Rico y se autoriza a

los empleados a ausentarse del trabajo,

disponiéndose, además, que a los empleados

que se encuentren en uso de licencia no se

le hará cargo por el tiempo concedido

libre por este concepto.

Aquellos días

que por ley fueran declarados en lo

sucesivo, días feriados, a celebrarse en

Puerto Rico, quedarán incluidos como parte

de la lista anterior. (Énfasis nuestro).

Así formulada, la cláusula claramente establecía que

todos los días que fueran declarados como “días feriados”

tenían

que

ser

considerados

pérdida de paga”.

como

“días

feriados

sin

Por ende, no se hizo distinción entre

los días declarados feriados con o sin cargo a licencia

alguna.

Además, las palabras utilizadas no crean duda de

que para los contratantes había que considerar como días

feriados sin pérdida de paga todos los días declarados

como

feriados

en

Puerto

Rico

por

Proclama

u

Orden

AC-2005-55

15

Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico o del Presidente

de los Estados Unidos, o por Ley.

Posteriormente,

en

la

fase

de

negociación

del

Convenio, la Unión propuso la siguiente redacción del

Artículo 20:

Se considerarán, además, como si

fueran días feriados sin pérdida de paga,

y sin cargo a ninguna licencia aquellos

días o medios días u horas que por

Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador

de Puerto Rico o del Presidente de los

Estados

Unidos,

o

por

Ley,

fueran

declarados en lo sucesivo días feriados a

celebrarse en Puerto Rico y se autoriza a

los empleados a ausentarse del trabajo;

disponiéndose, además, que a los empleados

que se encuentren en uso de licencia no se

le hará cargo por el tiempo concedido

libre por este concepto.

Aquellos días

que por ley fueran declarados en lo

sucesivo, días feriados, a celebrarse en

Puerto Rico, quedarán incluidos como parte

de la lista anterior. (Énfasis nuestro).

Por su parte, mediante propuesta del 16 de agosto de

2002,

el

Fondo

propuso

que

la

cláusula

expresara

siguiente:

Se considerarán, además, como si

fueran días feriados sin pérdida de paga,

aquellos días o medios días u horas que

por

Proclama

u

Orden

Ejecutiva

del

Gobernador de Puerto Rico o del Presidente

de los Estados Unidos, o por Ley, fueran

declarados en lo sucesivo días feriados

sin cargo a vacaciones a celebrarse en

Puerto Rico y se autoriza a los empleados

a ausentarse del trabajo; disponiéndose,

además, que a los empleados que se

encuentren en uso de licencia no se le

hará cargo por el tiempo concedido libre

por este concepto. Aquellos días que por

ley fueran declarados en lo sucesivo, días

feriados, a celebrarse en Puerto Rico,

quedarán incluidos como parte de la lista

anterior. (Énfasis nuestro).

lo

AC-2005-55

16

Comparando las dos propuestas, surge que las partes

se distanciaban en la forma en que fueran declarados los

días por Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador o del

Presidente de Estados Unidos o por Ley, para que fuesen

considerados como si fueran “días feriados sin pérdida de

paga”.

En efecto, la Unión quería que todos los días,

que fuesen declarados como feriados, fueran considerados

“días feriados sin pérdida de paga y sin cargo a ninguna

licencia”.

Por otro lado, con su propuesta el Fondo

restringía el trato de los días feriados sin pérdida de

paga

solamente

a

los

días

que

fuesen

declarados

específicamente “días feriados sin cargo a vacaciones”.

Finalmente, la última propuesta de la Unión, del 18

de octubre de 2002, formulaba la cláusula de la forma

siguiente:

Se considerarán, además, como si

fueran días feriados sin pérdida de paga,

y sin cargo a ninguna licencia aquellos

días o medios días u horas que por

Proclama u Orden Ejecutiva del Gobernador

de Puerto Rico o del Presidente de los

Estados Unidos, o por Ley (federal y/o

estatal), fueran declarados como tales y

se autoriza a los empleados a ausentarse

del trabajo; disponiéndose, además, que a

los médicos unionados que se encuentren en

uso de licencia no se le hará cargo por el

tiempo concedido libre por este concepto.

(Énfasis nuestro).

Así redactada por la Unión, la cláusula fue aceptada

por el Fondo y formó parte del convenio colectivo que nos

ocupa.

No obstante la imprecisión en la redacción y la

ambigüedad de los términos utilizados, según examinamos

previamente, cabe la interpretación literal que refiere

AC-2005-55

17

la palabra “tales” a los “días feriados sin pérdida de

paga y sin cargo a ninguna licencia”.

Esta interpretación es también la más acorde a las

normas de hermenéutica según esbozadas.

Veamos.

Las

propuestas que sometieron la Unión y el Fondo sobre el

Artículo 20 del Convenio se diferenciaban exactamente en

relación a como tenían que ser declarados los días en la

Proclama

u

Orden

Ejecutiva

del

Gobernador

o

del

Presidente de los Estados Unidos, para que pudiesen ser

considerados como días feriados sin pérdida de paga y no

ser cargados a licencia alguna.

Posteriormente, la Unión

sometió otra propuesta y ésta fue la que el Fondo aceptó

y que, por tanto, quedó plasmada en el Convenio.

las

normas

de

interpretación

aplicables,

Según

cuando

una

cláusula de un contrato no es clara, la ambigüedad debe

ser interpretada en contra de la parte que la redactó.

En vista de ello, debemos concluir que las partes

acordaron que, cuando por Proclama u Orden Ejecutiva del

Gobernador o del Presidente de Estados Unidos se declare

que un día será “feriado sin pérdida de paga y sin cargo

a ninguna licencia”, entonces el Fondo no podrá cargar

ese

día

a

ninguna

licencia.

Por

otra

parte,

si

se

declara que el día sea cargado a alguna licencia, así

deberá hacerlo el Fondo, pues no está contemplado en el

Artículo 20 que sea de otra forma.

En

Calderón

nuestro

caso,

mediante

la

Gobernadora

Proclama

concedió

Hon.

los

Sila

días

María

24

de

AC-2005-55

18

octubre de 2003, 28 de noviembre de 2003, 2 y 5 de enero

de

2004,

Además,

como

días

concedió

libres

como

días

con

cargo

feriados

a

sin

vacaciones.

cargo

a

la

licencia de vacaciones los días 26 de diciembre de 2004 y

11 de junio de 2004.

Conforme al Convenio, el Fondo

podía cargar a la licencia por vacaciones sólo los días

24 de octubre de 2003, 28 de noviembre de 2003, y 2 y 5

de enero de 2004.

Esto fue lo que el Fondo hizo.

Por

tanto, no tiene razón la Unión en su reclamación.

Esta

política

interpretación,

pública

además,

establecida

es

cónsona

con

la

por

la

normativa

constitucional de que los fondos del estado tienen que

usarse para fines públicos.

Al mismo tiempo, permite que

el Fondo promueva la directriz enunciada por el Contralor

en el Informe, a los efectos de que el acto de pagar a

los empleados y a los funcionarios unos días que no han

sido trabajados o cargados a la licencia de vacaciones,

cuando dicho cargo haya sido decretado por el Gobernador

de Puerto Rico, constituye una regalía y, por ende, un

desembolso de fondos públicos contrario a la ley.

IV

En conclusión, aunque reconocemos el valor que tiene

el arbitraje obrero-patronal y la deferencia que se le

debe conceder a los laudos, entendemos que en este caso

la decisión del Comité de Querellas se basó en un error

de interpretación del convenio suscrito por las partes y,

por ende, no debe prevalecer.

En vista de que tenía que

AC-2005-55

emitirse

Querellas

19

un

no

laudo

podía

conforme

ignorar

a

derecho,

las

normas

el

Comité

del

de

derecho

sustantivo vigente.

Por los fundamentos que preceden, procede revocar la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia,

la del Tribunal de Primera Instancia y anular el laudo

del Comité de Querellas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Peticionario

v.

AC-2005-55

Unión de Médicos de la

Corporación del Fondo del

Seguro del Estado

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se revoca la sentencia

del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia,

la del Tribunal de Primera Instancia y se anula

el laudo del Comité de Querellas.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

concurre con el resultado sin opinión escrita. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente

sin opinión escrita. El Juez Asociado señor

Rebollo López no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo