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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Rubén Hernández Rosario

2007 TSPR 34

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Rubén Hernández Rosario

CP-2003-0017

Conducta Profesional – Infracción a los Cánones 18, 20, 28 y 35 de Ética Profesional y a la Ley Notarial (R.5)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 34

Rubén Hernández Rosario

170 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-17

Fecha: 23 de enero de 2007

Oficina del Procurador General:

Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Miriam Soto Contreras

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Maite Oronoz Rodríguez

Subprocuradora General

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el

día 5 de marzo de 2007)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2003-17

Rubén Hernández Rosario

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2007.

El

licenciado

Rubén

Hernández

Rosario,

en

adelante el licenciado Hernández, fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 3 de noviembre de

1960

y

al

ejercicio

del

notariado

el

4

de

noviembre de 1985.

Por asuntos relacionados a una demanda sobre

“familia erciscundae y daños y perjuicios”, el

matrimonio compuesto por el señor Goes Rodríguez

Ongay y la señora Irene Morales Cruz, en adelante

los esposos Rodríguez Morales, así como la señora

Iris Rodríguez

este

Foro

Ongay,

contra

el

presentaron

referido

quejas ante

abogado.

CP-2003-17

Veamos

los

2

hechos

que

dieron

pie

al

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción disciplinaria.

II

La señora Esther Ongay Miranda falleció en estado de

viudez el 12 de marzo de 1996.

Al morir dejó como únicos y

universales herederos a sus siete (7) hijos: Iris, Marilú,

Luz Esther, Darío, Goes, Rafael y Gudelia, todos de apellidos

Rodríguez Ongay, en adelante la sucesión.

de

su

caudal

hereditario

se

encontraba

Entre los bienes

una

propiedad

inmueble, sujeta a división, sita en el Municipio de Jayuya.

Esta

propiedad

es,

en

esencia,

el

haber

hereditario

origina el presente procedimiento disciplinario.

que

Veamos.

El 20 de septiembre de 1997, Iris, Marilú, Luz Esther,

Darío y Goes Rodríguez Ongay, en adelante los demandantes,

interpusieron una demanda sobre “familia erciscundae y daños

y perjuicios” contra sus hermanos Rafael y Gudelia Rodríguez

Ongay, en adelante los demandados.

En la referida acción

civil, los demandantes alegaron, entre otras cosas, que el

demandado, Rafael Rodríguez Ongay, había realizado actos de

dominio sobre ciertos bienes de la sucesión sin obtener el

consentimiento de los demandantes.

demandado

se

había

beneficiado

Alegaron, además, que el

económicamente

con

tales

actuaciones y que había afectado adversamente los intereses

económicos y propietarios de los demandantes miembros de la

sucesión.

Solicitaron la división de los bienes hereditarios

y la restitución del dinero que obtuvo el demandado en virtud

de sus actuaciones sobre las propiedades de la sucesión.

Finalmente, solicitaron que se le ordenara al señor Rafael

CP-2003-17

3

Rodríguez Ongay desistir de todo acto relacionado con dichas

propiedades.

En la referida acción civil, los demandantes estuvieron

representados

por

el

mientras

los

demandados

que

licenciado

Jaime

Rivera

contrataron

Sotomayor,

los

servicios

profesionales del licenciado Hernández.

Luego de varios trámites procesales en dicho pleito, los

esposos Rodríguez Morales y la señora Iris Rodríguez Ongay,

presentaron el 28 y el 30 de marzo de 2002, respectivamente,

las quejas AB-2002-106 y AB-2002-114 contra el licenciado

Hernández.

De las quejas presentadas contra el licenciado Hernández

surge que para el 20 de febrero de 2002, éste, fungiendo como

notario, mientras era abogado de los demandados en el pleito

sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios”, autorizó

una escritura de compraventa, mediante la cual uno de los

demandantes en dicho pleito, el señor Goes Rodríguez Ongay le

vendió a su hermano, señor Rafael Rodríguez Ongay, demandado

de autos, su participación hereditaria, consistente de una

séptima parte (1/7), sobre el bien inmueble sito en Jayuya.

El precio convenido por las partes fue de diez mil dólares

($10,000), de los cuales cinco mil dólares ($5,000) fueron

entregados

al

señor

Goes

Rodríguez

Ongay

en

el

acto

de

otorgamiento de escritura, mientras que los restantes cinco

mil ($5,000) serían pagaderos en un plazo de noventa (90)

días.

Asimismo, se desprende de las referidas quejas que el

licenciado Hernández autorizó dicha escritura de compraventa

a espaldas del Tribunal de Primera Instancia, así como del

CP-2003-17

4

licenciado Rivera Sotomayor, abogado de los demandantes en

dicho pleito.

Los esposos Rodríguez Morales indicaron en su queja que

la

señora

Irene

Morales

Cruz

era

la

tutora

legal

de

su

esposo, señor Goes Rodríguez Ongay, toda vez que éste está

incapacitado

por

ser

veterano

del

conflicto

de

Vietnam.

Indicaron, además, que, al momento de otorgar la escritura de

compraventa, este último entendió que, mediante la referida

transacción

notarial,

cantidad dinero.

su

hermano

le

había

prestado

una

Finalmente, reseñaron que el precio de la

compraventa, ascendente a la cantidad de diez mil dólares

($10,000), era irrisorio y no correspondía al valor real de

la participación hereditaria del señor Goes Rodríguez Ongay

en la finca sita en Jayuya.

Por otra parte, la señora Iris Rodríguez Ongay indicó en

su queja de 30 de marzo de 2002, que el licenciado Hernández

nunca

notificó

sobre

el

otorgamiento

abogado de los demandantes.

de

la

escritura

al

Esgrimió, además, que al momento

en que se llevó a cabo la referida compraventa, el señor Goes

Rodríguez Ongay se encontraba confundido.

Puntualizó que la

actuación del licenciado Hernández era contraria a derecho y

a

los

Cánones

de

Ética

alegadamente,

actuó

personales.

Finalmente,

Profesional,

únicamente

movido

solicitó

se

toda

vez

que

por

sus

intereses

anulara

la

éste,

referida

escritura de compraventa.

El licenciado Hernández presentó sus contestaciones a

las referidas quejas los días 18 de junio y 21 de agosto de

2002.

Explicó que actuó conforme se lo habían solicitado las

CP-2003-17

5

partes otorgantes de la escritura de compraventa.

Arguyó,

además, que el abogado de los demandantes, licenciado Rivera

Sotomayor, le informó, antes del acto de otorgamiento de la

escritura, que los miembros de la sucesión estaban próximos a

llegar

a

un

acuerdo

hereditarios.

licenciado

sobre

Asimismo,

Rivera

división

indicó

que,

Sotomayor

concluir

el

pleito,

sucesión,

a

la

aceptado

un

administrativa.

la

trabado

le

de

bienes

alegadamente,

comunicó

entre

los

los

brevedad

posible

toda

vez

empleo

gubernamental

en

su

interés

el

de

miembros

de

que

había

éste

una

la

agencia

Reseñó, entre otras cosas, que el señor Goes

Rodríguez Ongay le expresó su deseo de dar por terminado todo

lo relacionado con su participación en la herencia de su

madre ya que interesaba regresar a los Estados Unidos, lugar

donde ubicaba su residencia.

Expuso, en adición, que el

acuerdo entre los hermanos otorgantes de la escritura de

compraventa se llevó a cabo antes de la visita a su oficina y

que éstos siempre le manifestaron su intención de realizar

una compraventa.

Puntualizó que las partes concernidas en

dicho negocio jurídico tuvieron la oportunidad de leer el

documento y que luego él, como alegadamente es su costumbre,

leyó el documento en voz alta para que las partes pudieran

aclarar cualquier duda.

el

señor

Goes

Asimismo, indicó que, a su entender,

Rodríguez

Ongay

lucía

ser

una

persona

articulada en su vocabulario, de buenos modales y vestimenta

impecable.

Además, puntualizó, que los hermanos otorgantes

parecían tener una relación armónica.

licenciado

Hernández

coligió

que

el

En consecuencia, el

señor

Goes

Rodríguez

CP-2003-17

Ongay

6

estaba

capacitado

compraventa.

para

Finalmente,

otorgar

indicó

la

que

escritura

de

posteriormente

le

recomendó a su cliente que deshiciera la compraventa para

evitar cualquier situación entre hermanos.

El

30

de

agosto

expediente

de

las

de

quejas

2002

al

se

le

refirió

Procurador

investigación e informe correspondiente.

27

de

enero

de

2003,

referido informe.

el

Procurador

copia

General

para

del

la

Así las cosas, el

General

presentó

el

Luego de evaluar las contestaciones que

hiciera el licenciado Hernández a las quejas presentadas en

su contra, el Procurador General concluyó que las actuaciones

del referido abogado eran inadecuadas y violaban los Cánones

de

Ética

Profesional.

Indicó

que,

de

acuerdo

a

las

contestaciones del licenciado Hernández, éste parecía ser,

más

que

abogado

de

una

de

las

partes

en

un

pleito

contencioso, un notario público que no observó diligencia, ni

fue precavido al examinar las circunstancias que rodeaban el

negocio jurídico por él autorizado.

Por tratarse de la misma transacción notarial, el 16 de

mayo de 2003, consolidamos las quejas presentadas contra el

licenciado Hernández.

El

Procurador

General

formuló

querella

referido abogado el 23 de octubre de 2003.

contra

el

Le imputó los

cargos siguientes:

PRIMER CARGO

El

Lcdo.

Rubén

Hernández

Rosario

incurrió en

conducta en violación

del canon 28 del Código de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 28,

cuando

se

comunicó,

negoció

y

CP-2003-17

7

transigió con el Sr. Goes Rodríguez

Ongay quien era parte adversa en el

caso denominado: Iris, Marilú, Luz

Esther,

Darío

y

Goes,

todos

de

apellidos Rodríguez Ongay, demandantes

v.

Rafael,

Gudelia[,]

ambos

de

apellidos Rodríguez Ongay, y otros,

demandados, Civil Número LAC 19970106, Sobre: Familia Eriscundae y

Daños y Perjuicios, ante el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de

Utuado, en ausencia de su [abogado,]

Lcdo. Jaime Oscar Rivera Sotomayor.

SEGUNDO CARGO

El

Lcdo.

Rubén

Hernández

Rosario

incurrió en conducta en violación al

canon

18

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18,

cuando autorizó como notario público

la escritura número 12 de Compraventa

de Participación Hereditaria y Precio

Aplazado del 20 de febrero de 2002 [,]

cuyos otorgantes eran el Sr. Goes

Rodríguez Ongay como vendedor y el Sr.

Rafael Rodríguez Ongay como comprador,

siendo el primero parte adversa en el

caso denominado: Iris, Marilú, Luz

Esther,

Darío

y

Goes,

todos

de

apellidos Rodríguez Ongay, demandantes

v.

Rafael,

Gudelia[,]

ambos

de

apellidos Rodríguez Ongay, y otros,

demandados, Civil Número LAC 19970106, Sobre: Familia Eriscundae y

Daños y Perjuicios ante el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de

Utuado, en ausencia y a espaldas del

abogado del Sr. Goes Rodríguez Ongay,

el Lcdo. Jaime Oscar Rivera Sotomayor.

TERCER CARGO

El

Lcdo.

Rubén

Hernández

Rosario

incurrió en conducta en violación a la

Ley Notarial, Ley Núm. 75 de 2 de

julio de 1987, 4 L.P.R.A. 2001 y

siguientes,

además

del

Reglamento

Notarial de Puerto Rico de 1995, 4

L.P.R.A. Ap. XXIV, cuando autorizó

como notario la escritura número 12 de

Compraventa

de

Participación

Hereditaria y Precio Aplazado del 20

de febrero de 2002, debido a que su

conducta

infringió

el

deber

de

CP-2003-17

8

imparcialidad que se le impone a todo

abogado en el ejercicio del notariado.

CUARTO CARGO

El

Lcdo.

Rubén

Hernández

Rosario

incurrió en conducta en violación al

canon

20

al

renunciar

a

la

representación legal de su cliente en

el caso legal civil número LAC19970106

sin

antes

cumplir

con

las

exigencias éticas aplicables.

QUINTO CARGO

El

Lcdo.

Rubén

Hernández

Rosario

incurrió en conducta profesional en

violación al canon 35 del Código de

Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX

C. 35, cuando faltó a su deber de

sinceridad.

El 23 de diciembre de 2003, el querellado presentó un

escrito titulado “Contestación a Querella”.

Arguyó que su

única

de

intención

al

autorizar

la

escritura

compraventa

entre los hermanos Rodríguez Ongay fue resolver un problema

familiar.

Indicó, además, que su actuación respondió, en

parte, a que el abogado de los demandantes en el pleito sobre

“familia erciscundae y daños y perjuicios”, licenciado Rivera

Sotomayor, le había informado que las partes en dicho caso

estaban próximas a llegar a un acuerdo por estipulación.

Esgrimió

que,

al

momento

de

otorgar

la

escritura

de

compraventa de participación hereditaria, las partes habían

llegado a un acuerdo para resolver el pleito pendiente ante

el Tribunal de Primera Instancia.

Indicó que el señor Goes

Rodríguez Ongay le había informado su deseo de terminar el

pleito

trabado

en

contra

de

su

hermano,

señor

Rafael

Rodríguez Ongay, y que el mismo nunca debió haberse instado.

CP-2003-17

9

Asimismo,

el

querellado

indicó

que

las

querellas

fueron

presentadas por personas que no fueron parte de la escritura

de compraventa autorizada por él.

que

el

expediente

Rodríguez

Ongay

del

para

caso

que

fue

De igual manera, señaló

devuelto

contratara

al

otra

señor

Rafael

representación

legal, habiéndole tomado recibo del mismo el 4 de abril de

2002.

Indicó, además, que el Tribunal de Primera Instancia,

ante el cual se ventilaba el pleito entre los miembros de la

sucesión Rodríguez Ongay, había advenido en conocimiento de

la referida devolución ese mismo día, esto es, el 4 de abril

de 2002.

Indicó que, desde el 17 de mayo de 2002, el foro en

cuestión

había

aceptado

como

abogado

de

récord

demandados al licenciado Domingo Donate Pérez.

de

los

Puntualizó

que desde el 23 de mayo de 2002 había cesado de representar a

los demandados de autos.

Esto en respuesta a los últimos dos

cargos presentados por el Procurador General.

surge

que

el

querellado

presentó

su

Del expediente

renuncia

a

la

representación legal de los demandados el 7 de julio de 2003.

Finalmente, intimó que su actuación constituyó un error de

buena fe que no le significó ningún lucro personal.

El 28 de abril de 2004, designamos Comisionada Especial

a la Honorable Ygrí Rivera de Martínez, ex Jueza del anterior

Tribunal de Circuito de Apelaciones, para recibir y evaluar

la

prueba

a

ser

presentada

por

las

partes.

La

referida

Comisionada Especial señaló vista sobre el estado de los

procedimientos para el 5 de agosto de 2004.

Luego de una

posposición a petición del querellado, la misma se efectuó el

30 de septiembre de 2005.

En la referida vista, entre otras

CP-2003-17

10

cosas, se analizó la querella y la prueba presentada por el

Procurador General.

era

la

primera

Por su parte, el querellado expuso que

vez

que

se

enfrentaba

a

un

proceso

disciplinario en los cuarenta y tres (43) años que llevaba

activo en la profesión legal.

Indicó que no se benefició con

la transacción notarial que dio origen al proceso y que sólo

recibió trescientos ($300) dólares en pago de honorarios.

Asimismo,

indicó

que

aun

no

se

había

podido

anular

la

referida transacción ya que el caso entre los miembros de la

sucesión

Rodríguez

Ongay

no

había

finalizado.

Luego

de

varios incidentes procesales, se señaló vista para el 21 y 22

de

junio

de

2005.

Luego

de

escuchar

el

testimonio

del

licenciado Rivera Sotomayor, quien compareció como testigo

del

Procurador

General,

se

pautó

la

continuación

del

procedimiento disciplinario para el 22 de septiembre de 2005.

En esta fecha el querellado testificó, señalando como defensa

lo

mismo

que

había

expresado

anteriormente

contestaciones a las quejas y a la querella.

en

sus

Indicó que,

para la fecha en que se otorgó la escritura de compraventa,

se encontraba convaleciendo por razón de ciertas operaciones

a

las

que

fue

sometido

diciembre de 2001.1

partes

para

durante

los

meses

de

agosto

a

Después de concederle un plazo a las

presentar

ciertos

documentos

y

memorandos

de

derecho, con el beneficio de toda la prueba presentada por

las partes y los expedientes que se hicieron formar parte del

1

Del expediente surge que los procedimientos ante la

Comisionada Especial fueron pospuestos, en varias instancias,

por motivos de que el querellado se encontraba indispuesto de

salud.

CP-2003-17

11

proceso, la Comisionada Especial rindió su informe el 9 de

junio de 2006.

Luego de un extenso y minucioso estudio, la Comisionada

Especial concluyó que los cargos imputados en la querella,

presentada

por

el

probados.

Veamos.

Procurador

General,

fueron

debidamente

La Comisionada Especial concluyó que el querellado violó

el Canon 28 de Ética Profesional, supra, toda vez que se

reunió con una parte adversa, el demandante Goes Rodríguez

Ongay, representado por el licenciado Rivera Sotomayor en

ausencia de éste, con el propósito de autorizar una escritura

de compraventa de participación hereditaria.

Determinó que

la referida transacción notarial tenía como objeto un bien

litigioso en el caso sobre “familia erciscundae y daños y

perjuicios”, en donde el querellado representaba a la parte

demandada.

Asimismo,

concluyó

la

Comisionada

Especial

que

el

querellado violentó el Canon 18 de Ética Profesional, supra,

al autorizar una escritura de compraventa de participación

hereditaria,

en

la

que

el

precio

convenido

entre

los

otorgantes aparentaba ser mucho menor al valor real de la

misma.

En consecuencia, puntualizó que el querellado actuó

en detrimento de una de las partes otorgantes del referido

negocio jurídico.

La

Comisionada

reseñó,

además,

que

el

querellado

infringió la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como la

Regla 5 de su Reglamento, supra, al autorizar la escritura de

compraventa de participación hereditaria de 20 de febrero de

CP-2003-17

2002.

12

Concluyó que con dicha actuación el querellado faltó a

su deber ético de neutralidad e imparcialidad.

Determinó que

el querellado estaba impedido de actuar como notario en una

transacción que tenía como objeto un bien litigioso en la

demanda

trabada

ante

querellado

representaba

actuación,

intimó

la

el

foro

primario,

a

una

de

Comisionada

las

en

la

partes.

Especial,

el

cual

el

Con

tal

querellado

infringió la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra, que

preceptúa que el notario está impedido de representar como

abogado a un cliente en un litigio y, a la vez, servir de

notario en algún aspecto relacionado al caso.

De igual manera, el informe de la Comisionada Especial

determinó que el querellado quebrantó el Canon 20 de Ética

Profesional,

supra,

toda

vez

que,

aunque

alegó

haber

renunciado a la representación legal de la parte demandada

desde el 23 de mayo de 2002, su renuncia no fue presentada

ante el Tribunal de Primera Instancia hasta el 7 de julio de

2003.

Concluyó, además, que el querellado infringió el Canon

35

de

Ética

Profesional,

supra,

toda

vez

que

con

sus

actuaciones demostró poca sinceridad para con el abogado de

la parte contraria, licenciado Rivera Sotomayor, así como

para con el Tribunal de Primera Instancia que atendía el

pleito sobre “familia escirscundae y daños y perjuicios”, en

el cual el querellado era el representante legal de una de

las partes.

Según se desprende del informe, el querellado

autorizó

escritura

la

hereditaria

sin

de

compraventa

comunicárselo

al

de

abogado

participación

de

la

parte

CP-2003-17

13

contraria o al foro primario.

Finalmente, surge del referido

informe que el querellado mintió sobre el alegado acuerdo

entre

las

partes

adversas

para

dividir

los

bienes

hereditarios.

La Comisionada Especial expresó que la prueba presentada

demostró que la incapacidad del señor Goes Rodríguez Ongay

era de índole administrativa, por lo que estaba capacitado

para entender el otorgamiento de la escritura de compraventa

ante

el

querellado.

atenuantes,

que

el

Indicó,

querellado

además,

había

sido

como

posibles

admitido

a

la

práctica de la profesión hace cuarenta y seis (46) años y

nunca antes había enfrentado un proceso disciplinario y que

éste aceptó su error, a la vez que mostró arrepentimiento.

Con

el

beneficio

de

la

discusión

que

antecede,

compete resolver la acción disciplinaria de marras.

nos

Veamos.

III

En atención al primer cargo formulado por el Procurador

General, el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra,

preceptúa, en lo que aquí nos concierne, que un abogado no

debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con

una parte representada por otro abogado en ausencia de éste.

El fin del referido Canon es impedir que los abogados de una

de las partes hagan acercamientos inapropiados a personas que

ostentan

representación

legal

para

obtener

ventaja.2

De

esta forma se protege, tanto el derecho de los clientes a

obtener representación legal adecuada, como el privilegio que

2

In re: Martínez Llórens, 158 D.P.R. 642 (2003).

CP-2003-17

cobija

14

la

relación

prohibición

que

irrespectivamente

entre

se

el

abogado

y

su

plasma

en

este

cliente.3

Canon

La

aplica

del nivel de educación de las partes y los

motivos del abogado que intenta el contacto con la parte.4

La jerarquía profesional de los abogados, en contraste con la

ausencia

de

preparación

del

adversario

lego,

coloca

al

abogado en una posición de ventaja, permitiéndole inducir a

Aún en

error al adversario falto de su representación legal.

casos de igualdad de circunstancias entre abogados y parte

adversa es conducta impropia el comunicarse con dicha parte

en ausencia de su representación legal.5

Por

mandato

del

Canon

28

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, el querellado estaba impedido de reunirse

con el señor Goes Rodríguez Ongay, en ausencia de su abogado,

licenciado Rivera Sotomayor, para autorizar la escritura de

compraventa número 12 de 20 de febrero de 2002 con la que,

alegadamente,

familiar.

estaba

Dicho

ayudando

encuentro

se

a

resolver

llevó

a

cabo

un

problema

mientras

se

ventilaba una demanda en la cual el querellado representaba a

una parte adversa a los intereses del otorgante, señor Goes

Rodríguez Ongay.

Al así actuar, el querellado incurrió en

conducta antiética, violatoria del Canon 28, supra.

3

Íd; In re: Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820 (1999).

4

In re: Martínez Llórens, supra; In re: Soto Cardona, 143

D.P.R. 50 (1997).

5

In re: Andréu, Rivera, supra, citando la obra de la

Profesora

Sarah

Torres

Peralta,

El

Derecho

Notarial

Puertorriqueño.

CP-2003-17

Por

15

su

parte,

el

Canon

18

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, impone a los abogados la obligación de

defender con diligencia los intereses de su cliente.

No

obstante, para ello no puede recurrir a la violación de las

leyes o a cometer engaños para sostener su causa.6

indicado

que,

independientemente

de

las

Hemos

razones

y

motivaciones que pueda tener un abogado para llevar o no un

caso, una vez asume la representación legal, tiene ante el

cliente

y

ante

los

tribunales,

la

responsabilidad

insustituible de llevar a cabo una gestión profesional con el

más

alto

grado

de

diligencia

y

competencia

posible.7

Recientemente reiteramos que las exigencias preceptuadas en

el Canon 18 de Ética Profesional, supra, se extienden a las

funciones

notario.8

como

Conforme

a

esta

normativa

el

notario debe, con relación a los documentos que se otorgan

ante

él,

profundo

ser

diligente

saber

y

y

desplegar

habilidad.9

Por

en

cada

tal

caso

motivo,

su

más

hemos

determinado que el notario no puede limitar su intervención

rutinaria a leer o dar a leer documentos a los otorgantes y

asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un

ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión

6

In re: Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).

7

Íd; In re: Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1997); In re:

Págan Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996)

8

In re: Fernández de Ruiz, 2006 T.S.P.R. 73, 2006 J.T.S. 82,

167 D.P.R.____ (2006); In re: González Vélez, 156 D.P.R. 580

(2002).

9

In re: Fernández de Ruiz, supra, citando a In re: Albizu

Merced, 136 D.P.R. 126 (1994).

CP-2003-17

de

los

16

firmantes.

Por

el

contrario,

el

notario

está

obligado, como parte de su deber de información, darle a los

otorgantes

las

informaciones,

aclaraciones

y

advertencias

necesarias para que éstos comprendan el sentido del negocio,

así como sus efectos y consecuencias, y se den cuenta del

riesgo que corren en celebrarlo.10

En armonía con lo anterior, concluimos que el querellado

infringió el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,

al autorizar una escritura de compraventa de participación

hereditaria, mediante la cual el único beneficiado resultó

ser su cliente en el caso que se ventilaba ante el Tribunal

Surge del expediente que la finalidad

de Primera Instancia.

del referido negocio jurídico era liquidar la participación

del señor Goes Rodríguez Ongay en la finca sita en Jayuya, a

favor

del

cliente

además,

que

negocio

era

el

del

precio

querellado.

expediente,

partes

de

la

participación

hereditaria del vendedor en la referida finca.

Se desprende

al

valor

por

del

las

menor

convenido

Surge

real

en

dicho

del expediente, además, que dicha transacción se efectuó a

espaldas del licenciado Rivera Sotomayor, abogado del señor

Goes Rodríguez Ongay, precisamente porque el precio pactado

entre las partes otorgantes perjudicaba a este último.

No

podemos avalar tal proceder.

En relación a la observancia, por parte de los notarios,

de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como de su

Reglamento, supra, hemos indicado que una vez el notario se

10

In re: Fernández de Ruiz, supra, citando a Chévere v.

Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984).

CP-2003-17

aparta

17

de

cumplir

con

las

obligaciones

y

deberes

que

le

impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta

que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la

confianza y la función pública en él depositada.11

Hemos

resuelto que otorgar un documento notarial en contravención a

nuestra Ley Notarial constituye una violación

a

los Cánones

35 y 38 del Código de Ética Profesional.12

De igual manera,

hemos

viene

resuelto

que

el

notario

público

llamado

a

proteger los derechos de las partes que comparecen ante su

presencia a otorgar documentos, por lo que debe ejercitar la

neutralidad, la misma que es incompatible con la misión del

abogado de inclinar la balanza a favor de su cliente.13

Hemos concluido, además, que un abogado está impedido de

autorizar como notario documentos de su cliente que están

relacionados con un pleito en el cual éste lo representa y

que está pendiente ante los tribunales.14

Del

expediente

surge

que

el

querellado

autorizó

la

escritura de compraventa número 12 de 20 de febrero de 2002,

mientras representaba los intereses de uno de los otorgantes

en

un

pleito

Instancia.

contencioso

Asimismo,

ante

conviene

el

Tribunal

apuntar

que

de

Primera

la

referida

transacción tenía como finalidad disponer de la participación

11

In re: Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002);

Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999).

In re:

12

In re: Charbonier Laureano, supra, citando a In re: Vera

Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

13

Bermúdez & Longo,

D.P.R. 808 (1983)

14

Inc.

v.

P.R.

Cast

Steel

In re: Colón Mamery, 138 D.P.R. 793, 797 (1995).

Corp.,

114

CP-2003-17

18

hereditaria de una de las partes cuando eso mismo era lo que

se estaba ventilando ante el foro primario.

querellado

supra,

infringió

que

la

preceptúa

representar

como

contenciosa

y,

Regla

que

abogado

a

la

a

vez,

5

del

Al así obrar, el

Reglamento

el

notario

está

un

cliente

en

servir

de

Notarial,

impedido

una

de

litigación

notario

en

asuntos

relacionados con el mismo caso.

Los

cargos

cuarto

y

quinto

(Cánones

20

y

35),

los

examinaremos conjuntamente.

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra,

establece el procedimiento que debe seguir todo abogado que,

habiendo representado a un litigante ante el foro judicial,

desea dar por terminada dicha representación.

El referido

Canon dispone que todo abogado que desea renunciar necesita

obtener el permiso del tribunal para poder dar por terminada

dicha relación.

Hasta tanto el abogado no sea formalmente

relevado de sus funciones, aceptando el tribunal su renuncia,

éste tiene el deber de continuar llevando a cabo su gestión

profesional de forma competente y diligente.15

Por

otro

lado,

el

Profesional,

supra,

sinceridad

honradez

y

representados

profesión.16

y

al

Canon

impone

ante

a

35

los

los

relacionarse

del

Código

abogados

tribunales,

con

sus

un

de

Ética

deber

frente

de

a

sus

compañeros

de

Hemos resuelto que no es sincero ni honrado el

15

In re: Franco Rivera, 2006 T.S.P.R. 170, 169 D.P.R.____

(2006) citando a Lluch et al. v. España Service Station, 117

D.P.R. 729 (1986).

16

In re: Fernández de Ruiz, supra, citando

Martínez, Lawrence Odell, 148 D.P.R. 49 (1999).

a

In

re:

CP-2003-17

19

utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se

debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una

falsa

relación

de

los

hechos

o

derecho.17

del

Hemos

determinado que las obligaciones consagradas en el referido

Canon

constituyen

normas

mínimas

de

conducta

que

sólo

pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión.18

Por tal motivo, el abogado no sólo debe observarlas durante

un pleito, sino en toda faceta en la cual se desenvuelva.

compromiso

de

un

abogado

con

la

verdad

debe

ser

El

siempre

incondicional, toda vez que la verdad es atributo inseparable

de ser abogado.

En consecuencia, se infringe el Canon 35,

supra, con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad

independientemente de los motivos para la falsedad.19

En

su

contestación

a

la

querella

formulada

por

el

Procurador General, el querellado, indicó, entre otras cosas,

que para el 23 de mayo de 2002 había dejado de representar al

señor Rafael Rodríguez Ongay en el pleito sobre “familia

erciscundae y daños y perjuicios” que se ventilaba ante el

foro primario.

No obstante, surge del expediente que su

renuncia a dicha representación fue solicitada al Tribunal de

Primera Instancia por vez primera el 7 de julio de 2003.

Resulta

forzoso

concluir

que

el

querellado

infringió

lo

preceptuado en el Canon 35 del Código de Ética Profesional,

17

In re: Fernández de Ruiz, supra, citando a In re:

Silvaglioni Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001) e In re: Aguila

López, 152 D.P.R. 52 (2000).

18

In re: Ortiz Martínez, 2004 T.S.P.R. 66, 2004 J.T.S. 69,

161 D.P.R.____ (2004).

19

In re: Fernández de Ruiz, supra.

CP-2003-17

supra.

del

20

De igual manera, el querellado infringió el Canon 20

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

al

otorgar

la

escritura de compraventa de 20 de febrero de 2002 sin antes

haber renunciado a la representación legal de una de las

No cabe duda que sus funciones como

partes otorgantes.

notario público y abogado de récord de una de las partes

otorgantes,

en

un

pleito

contencioso

contemporáneo

al

otorgamiento, son incompatibles ya que se crea un conflicto

de interés que trastoca la presunción de imparcialidad que

protege

toda

labor

del

notario

y

empaña

la

fe

pública

notarial.20

Hemos expresado que este Tribunal no habrá de alterar

las determinaciones de hechos del Comisionado Especial, salvo

en casos donde surja que medió parcialidad, prejuicio o error

manifiesto.21

En este caso, tras un examen minucioso del

informe preparado por la Comisionada Especial, así como la

prueba que obra en el expediente, no hallamos razón por la

que debamos intervenir con sus conclusiones.

Finalmente,

sanción

hemos

disciplinaria

establecido

aplicable

que

al

al

determinar

abogado

la

querellado,

podemos tomar en cuenta factores tales como (a) la reputación

del abogado en su comunidad, (b) el previo historial de éste,

(c) si es su primera falta, (d) la aceptación de la falta y

su sincero arrepentimiento, (e) si se trata de una conducta

aislada, (f) el ánimo de lucro que medió su actuación,

20

21

In Re: Colón Ramery, supra.

Íd citando a In re: Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86

(1991).

CP-2003-17

21

resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones

ya bien atenuantes o agravantes que medien de acuerdo a los

hechos.22

En el presente caso, tomamos en consideración a favor

del licenciado Hernández los siguientes atenuantes: (a) el

abogado querellado lleva más de cuatro décadas en la práctica

de

la

profesión

de

abogado

y

más

de

veinte

(20)

años

fungiendo como notario, (b) esta es la primera falta dentro

de su descargo profesional en la abogacía o en la notaría,

(c) los hechos no demuestran que el querellado tuviera ánimo

de

lucro

personal,

(d)

el

querellado

demostró

genuino

arrepentimiento.

En

limitar

virtud

la

de

acción

lo

anterior,

disciplinaria

consideramos

a

una

procedente

suspensión

por

el

término de tres (3) meses del ejercicio de la abogacía en

nuestra jurisdicción; apercibiéndole al querellado de cumplir

a cabalidad, en el futuro, con los Cánones de Ética que rigen

la profesión de abogado y la Ley Notarial de Puerto Rico y su

Reglamento.

Se dictará Sentencia de conformidad.

22

In re: Vélez Barlucea, supra.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2003-17

Rubén Hernández Rosario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero

de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace

formar parte íntegra de la presente, suspendemos

al licenciado Rubén Hernández Rosario por el

término de tres (3) meses del ejercicio de la

abogacía en nuestra jurisdicción; apercibiéndole

al querellado de cumplir a cabalidad, en el

futuro, con los Cánones de Ética que rigen la

profesión de abogado y la Ley Notarial de Puerto

Rico y su Reglamento.

Se le impone el deber de notificar a

todos sus clientes de su inhabilidad de seguir

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar oportunamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos.

Deberá,

además,

certificarnos

dentro del

término

de

treinta (30) días a partir de la notificación de

esta

Opinión

Per

Curiam

y

Sentencia,

del

cumplimiento de estos deberes.

2

CP-2003-17

Notifíquese personalmente al querellado con

copia de la Opinión Per Curiam que antecede y de

esta Sentencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo