Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Rubén Hernández Rosario
2007 TSPR 34
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Rubén Hernández Rosario
CP-2003-0017
Conducta Profesional – Infracción a los Cánones 18, 20, 28 y 35 de Ética Profesional y a la Ley Notarial (R.5)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2007 TSPR 34
Rubén Hernández Rosario
170 DPR ____
Número del Caso: CP-2003-17
Fecha: 23 de enero de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Miriam Soto Contreras
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Maite Oronoz Rodríguez
Subprocuradora General
Abogado de la Parte Querellada:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el
día 5 de marzo de 2007)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2003-17
Rubén Hernández Rosario
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2007.
El
licenciado
Rubén
Hernández
Rosario,
en
adelante el licenciado Hernández, fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 3 de noviembre de
1960
y
al
ejercicio
del
notariado
el
4
de
noviembre de 1985.
Por asuntos relacionados a una demanda sobre
“familia erciscundae y daños y perjuicios”, el
matrimonio compuesto por el señor Goes Rodríguez
Ongay y la señora Irene Morales Cruz, en adelante
los esposos Rodríguez Morales, así como la señora
Iris Rodríguez
este
Foro
Ongay,
contra
el
presentaron
referido
quejas ante
abogado.
CP-2003-17
Veamos
los
2
hechos
que
dieron
pie
al
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción disciplinaria.
II
La señora Esther Ongay Miranda falleció en estado de
viudez el 12 de marzo de 1996.
Al morir dejó como únicos y
universales herederos a sus siete (7) hijos: Iris, Marilú,
Luz Esther, Darío, Goes, Rafael y Gudelia, todos de apellidos
Rodríguez Ongay, en adelante la sucesión.
de
su
caudal
hereditario
se
encontraba
Entre los bienes
una
propiedad
inmueble, sujeta a división, sita en el Municipio de Jayuya.
Esta
propiedad
es,
en
esencia,
el
haber
hereditario
origina el presente procedimiento disciplinario.
que
Veamos.
El 20 de septiembre de 1997, Iris, Marilú, Luz Esther,
Darío y Goes Rodríguez Ongay, en adelante los demandantes,
interpusieron una demanda sobre “familia erciscundae y daños
y perjuicios” contra sus hermanos Rafael y Gudelia Rodríguez
Ongay, en adelante los demandados.
En la referida acción
civil, los demandantes alegaron, entre otras cosas, que el
demandado, Rafael Rodríguez Ongay, había realizado actos de
dominio sobre ciertos bienes de la sucesión sin obtener el
consentimiento de los demandantes.
demandado
se
había
beneficiado
Alegaron, además, que el
económicamente
con
tales
actuaciones y que había afectado adversamente los intereses
económicos y propietarios de los demandantes miembros de la
sucesión.
Solicitaron la división de los bienes hereditarios
y la restitución del dinero que obtuvo el demandado en virtud
de sus actuaciones sobre las propiedades de la sucesión.
Finalmente, solicitaron que se le ordenara al señor Rafael
CP-2003-17
3
Rodríguez Ongay desistir de todo acto relacionado con dichas
propiedades.
En la referida acción civil, los demandantes estuvieron
representados
por
el
mientras
los
demandados
que
licenciado
Jaime
Rivera
contrataron
Sotomayor,
los
servicios
profesionales del licenciado Hernández.
Luego de varios trámites procesales en dicho pleito, los
esposos Rodríguez Morales y la señora Iris Rodríguez Ongay,
presentaron el 28 y el 30 de marzo de 2002, respectivamente,
las quejas AB-2002-106 y AB-2002-114 contra el licenciado
Hernández.
De las quejas presentadas contra el licenciado Hernández
surge que para el 20 de febrero de 2002, éste, fungiendo como
notario, mientras era abogado de los demandados en el pleito
sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios”, autorizó
una escritura de compraventa, mediante la cual uno de los
demandantes en dicho pleito, el señor Goes Rodríguez Ongay le
vendió a su hermano, señor Rafael Rodríguez Ongay, demandado
de autos, su participación hereditaria, consistente de una
séptima parte (1/7), sobre el bien inmueble sito en Jayuya.
El precio convenido por las partes fue de diez mil dólares
($10,000), de los cuales cinco mil dólares ($5,000) fueron
entregados
al
señor
Goes
Rodríguez
Ongay
en
el
acto
de
otorgamiento de escritura, mientras que los restantes cinco
mil ($5,000) serían pagaderos en un plazo de noventa (90)
días.
Asimismo, se desprende de las referidas quejas que el
licenciado Hernández autorizó dicha escritura de compraventa
a espaldas del Tribunal de Primera Instancia, así como del
CP-2003-17
4
licenciado Rivera Sotomayor, abogado de los demandantes en
dicho pleito.
Los esposos Rodríguez Morales indicaron en su queja que
la
señora
Irene
Morales
Cruz
era
la
tutora
legal
de
su
esposo, señor Goes Rodríguez Ongay, toda vez que éste está
incapacitado
por
ser
veterano
del
conflicto
de
Vietnam.
Indicaron, además, que, al momento de otorgar la escritura de
compraventa, este último entendió que, mediante la referida
transacción
notarial,
cantidad dinero.
su
hermano
le
había
prestado
una
Finalmente, reseñaron que el precio de la
compraventa, ascendente a la cantidad de diez mil dólares
($10,000), era irrisorio y no correspondía al valor real de
la participación hereditaria del señor Goes Rodríguez Ongay
en la finca sita en Jayuya.
Por otra parte, la señora Iris Rodríguez Ongay indicó en
su queja de 30 de marzo de 2002, que el licenciado Hernández
nunca
notificó
sobre
el
otorgamiento
abogado de los demandantes.
de
la
escritura
al
Esgrimió, además, que al momento
en que se llevó a cabo la referida compraventa, el señor Goes
Rodríguez Ongay se encontraba confundido.
Puntualizó que la
actuación del licenciado Hernández era contraria a derecho y
a
los
Cánones
de
Ética
alegadamente,
actuó
personales.
Finalmente,
Profesional,
únicamente
movido
solicitó
se
toda
vez
que
por
sus
intereses
anulara
la
éste,
referida
escritura de compraventa.
El licenciado Hernández presentó sus contestaciones a
las referidas quejas los días 18 de junio y 21 de agosto de
2002.
Explicó que actuó conforme se lo habían solicitado las
CP-2003-17
5
partes otorgantes de la escritura de compraventa.
Arguyó,
además, que el abogado de los demandantes, licenciado Rivera
Sotomayor, le informó, antes del acto de otorgamiento de la
escritura, que los miembros de la sucesión estaban próximos a
llegar
a
un
acuerdo
hereditarios.
licenciado
sobre
Asimismo,
Rivera
división
indicó
que,
Sotomayor
concluir
el
pleito,
sucesión,
a
la
aceptado
un
administrativa.
la
trabado
le
de
bienes
alegadamente,
comunicó
entre
los
los
brevedad
posible
toda
vez
empleo
gubernamental
en
su
interés
el
de
miembros
de
que
había
éste
una
la
agencia
Reseñó, entre otras cosas, que el señor Goes
Rodríguez Ongay le expresó su deseo de dar por terminado todo
lo relacionado con su participación en la herencia de su
madre ya que interesaba regresar a los Estados Unidos, lugar
donde ubicaba su residencia.
Expuso, en adición, que el
acuerdo entre los hermanos otorgantes de la escritura de
compraventa se llevó a cabo antes de la visita a su oficina y
que éstos siempre le manifestaron su intención de realizar
una compraventa.
Puntualizó que las partes concernidas en
dicho negocio jurídico tuvieron la oportunidad de leer el
documento y que luego él, como alegadamente es su costumbre,
leyó el documento en voz alta para que las partes pudieran
aclarar cualquier duda.
el
señor
Goes
Asimismo, indicó que, a su entender,
Rodríguez
Ongay
lucía
ser
una
persona
articulada en su vocabulario, de buenos modales y vestimenta
impecable.
Además, puntualizó, que los hermanos otorgantes
parecían tener una relación armónica.
licenciado
Hernández
coligió
que
el
En consecuencia, el
señor
Goes
Rodríguez
CP-2003-17
Ongay
6
estaba
capacitado
compraventa.
para
Finalmente,
otorgar
indicó
la
que
escritura
de
posteriormente
le
recomendó a su cliente que deshiciera la compraventa para
evitar cualquier situación entre hermanos.
El
30
de
agosto
expediente
de
las
de
quejas
2002
al
se
le
refirió
Procurador
investigación e informe correspondiente.
27
de
enero
de
2003,
referido informe.
el
Procurador
copia
General
para
del
la
Así las cosas, el
General
presentó
el
Luego de evaluar las contestaciones que
hiciera el licenciado Hernández a las quejas presentadas en
su contra, el Procurador General concluyó que las actuaciones
del referido abogado eran inadecuadas y violaban los Cánones
de
Ética
Profesional.
Indicó
que,
de
acuerdo
a
las
contestaciones del licenciado Hernández, éste parecía ser,
más
que
abogado
de
una
de
las
partes
en
un
pleito
contencioso, un notario público que no observó diligencia, ni
fue precavido al examinar las circunstancias que rodeaban el
negocio jurídico por él autorizado.
Por tratarse de la misma transacción notarial, el 16 de
mayo de 2003, consolidamos las quejas presentadas contra el
licenciado Hernández.
El
Procurador
General
formuló
querella
referido abogado el 23 de octubre de 2003.
contra
el
Le imputó los
cargos siguientes:
PRIMER CARGO
El
Lcdo.
Rubén
Hernández
Rosario
incurrió en
conducta en violación
del canon 28 del Código de Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 28,
cuando
se
comunicó,
negoció
y
CP-2003-17
7
transigió con el Sr. Goes Rodríguez
Ongay quien era parte adversa en el
caso denominado: Iris, Marilú, Luz
Esther,
Darío
y
Goes,
todos
de
apellidos Rodríguez Ongay, demandantes
v.
Rafael,
Gudelia[,]
ambos
de
apellidos Rodríguez Ongay, y otros,
demandados, Civil Número LAC 19970106, Sobre: Familia Eriscundae y
Daños y Perjuicios, ante el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de
Utuado, en ausencia de su [abogado,]
Lcdo. Jaime Oscar Rivera Sotomayor.
SEGUNDO CARGO
El
Lcdo.
Rubén
Hernández
Rosario
incurrió en conducta en violación al
canon
18
del
Código
de
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18,
cuando autorizó como notario público
la escritura número 12 de Compraventa
de Participación Hereditaria y Precio
Aplazado del 20 de febrero de 2002 [,]
cuyos otorgantes eran el Sr. Goes
Rodríguez Ongay como vendedor y el Sr.
Rafael Rodríguez Ongay como comprador,
siendo el primero parte adversa en el
caso denominado: Iris, Marilú, Luz
Esther,
Darío
y
Goes,
todos
de
apellidos Rodríguez Ongay, demandantes
v.
Rafael,
Gudelia[,]
ambos
de
apellidos Rodríguez Ongay, y otros,
demandados, Civil Número LAC 19970106, Sobre: Familia Eriscundae y
Daños y Perjuicios ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de
Utuado, en ausencia y a espaldas del
abogado del Sr. Goes Rodríguez Ongay,
el Lcdo. Jaime Oscar Rivera Sotomayor.
TERCER CARGO
El
Lcdo.
Rubén
Hernández
Rosario
incurrió en conducta en violación a la
Ley Notarial, Ley Núm. 75 de 2 de
julio de 1987, 4 L.P.R.A. 2001 y
siguientes,
además
del
Reglamento
Notarial de Puerto Rico de 1995, 4
L.P.R.A. Ap. XXIV, cuando autorizó
como notario la escritura número 12 de
Compraventa
de
Participación
Hereditaria y Precio Aplazado del 20
de febrero de 2002, debido a que su
conducta
infringió
el
deber
de
CP-2003-17
8
imparcialidad que se le impone a todo
abogado en el ejercicio del notariado.
CUARTO CARGO
El
Lcdo.
Rubén
Hernández
Rosario
incurrió en conducta en violación al
canon
20
al
renunciar
a
la
representación legal de su cliente en
el caso legal civil número LAC19970106
sin
antes
cumplir
con
las
exigencias éticas aplicables.
QUINTO CARGO
El
Lcdo.
Rubén
Hernández
Rosario
incurrió en conducta profesional en
violación al canon 35 del Código de
Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX
C. 35, cuando faltó a su deber de
sinceridad.
El 23 de diciembre de 2003, el querellado presentó un
escrito titulado “Contestación a Querella”.
Arguyó que su
única
de
intención
al
autorizar
la
escritura
compraventa
entre los hermanos Rodríguez Ongay fue resolver un problema
familiar.
Indicó, además, que su actuación respondió, en
parte, a que el abogado de los demandantes en el pleito sobre
“familia erciscundae y daños y perjuicios”, licenciado Rivera
Sotomayor, le había informado que las partes en dicho caso
estaban próximas a llegar a un acuerdo por estipulación.
Esgrimió
que,
al
momento
de
otorgar
la
escritura
de
compraventa de participación hereditaria, las partes habían
llegado a un acuerdo para resolver el pleito pendiente ante
el Tribunal de Primera Instancia.
Indicó que el señor Goes
Rodríguez Ongay le había informado su deseo de terminar el
pleito
trabado
en
contra
de
su
hermano,
señor
Rafael
Rodríguez Ongay, y que el mismo nunca debió haberse instado.
CP-2003-17
9
Asimismo,
el
querellado
indicó
que
las
querellas
fueron
presentadas por personas que no fueron parte de la escritura
de compraventa autorizada por él.
que
el
expediente
Rodríguez
Ongay
del
para
caso
que
fue
De igual manera, señaló
devuelto
contratara
al
otra
señor
Rafael
representación
legal, habiéndole tomado recibo del mismo el 4 de abril de
2002.
Indicó, además, que el Tribunal de Primera Instancia,
ante el cual se ventilaba el pleito entre los miembros de la
sucesión Rodríguez Ongay, había advenido en conocimiento de
la referida devolución ese mismo día, esto es, el 4 de abril
de 2002.
Indicó que, desde el 17 de mayo de 2002, el foro en
cuestión
había
aceptado
como
abogado
de
récord
demandados al licenciado Domingo Donate Pérez.
de
los
Puntualizó
que desde el 23 de mayo de 2002 había cesado de representar a
los demandados de autos.
Esto en respuesta a los últimos dos
cargos presentados por el Procurador General.
surge
que
el
querellado
presentó
su
Del expediente
renuncia
a
la
representación legal de los demandados el 7 de julio de 2003.
Finalmente, intimó que su actuación constituyó un error de
buena fe que no le significó ningún lucro personal.
El 28 de abril de 2004, designamos Comisionada Especial
a la Honorable Ygrí Rivera de Martínez, ex Jueza del anterior
Tribunal de Circuito de Apelaciones, para recibir y evaluar
la
prueba
a
ser
presentada
por
las
partes.
La
referida
Comisionada Especial señaló vista sobre el estado de los
procedimientos para el 5 de agosto de 2004.
Luego de una
posposición a petición del querellado, la misma se efectuó el
30 de septiembre de 2005.
En la referida vista, entre otras
CP-2003-17
10
cosas, se analizó la querella y la prueba presentada por el
Procurador General.
era
la
primera
Por su parte, el querellado expuso que
vez
que
se
enfrentaba
a
un
proceso
disciplinario en los cuarenta y tres (43) años que llevaba
activo en la profesión legal.
Indicó que no se benefició con
la transacción notarial que dio origen al proceso y que sólo
recibió trescientos ($300) dólares en pago de honorarios.
Asimismo,
indicó
que
aun
no
se
había
podido
anular
la
referida transacción ya que el caso entre los miembros de la
sucesión
Rodríguez
Ongay
no
había
finalizado.
Luego
de
varios incidentes procesales, se señaló vista para el 21 y 22
de
junio
de
2005.
Luego
de
escuchar
el
testimonio
del
licenciado Rivera Sotomayor, quien compareció como testigo
del
Procurador
General,
se
pautó
la
continuación
del
procedimiento disciplinario para el 22 de septiembre de 2005.
En esta fecha el querellado testificó, señalando como defensa
lo
mismo
que
había
expresado
anteriormente
contestaciones a las quejas y a la querella.
en
sus
Indicó que,
para la fecha en que se otorgó la escritura de compraventa,
se encontraba convaleciendo por razón de ciertas operaciones
a
las
que
fue
sometido
diciembre de 2001.1
partes
para
durante
los
meses
de
agosto
a
Después de concederle un plazo a las
presentar
ciertos
documentos
y
memorandos
de
derecho, con el beneficio de toda la prueba presentada por
las partes y los expedientes que se hicieron formar parte del
1
Del expediente surge que los procedimientos ante la
Comisionada Especial fueron pospuestos, en varias instancias,
por motivos de que el querellado se encontraba indispuesto de
salud.
CP-2003-17
11
proceso, la Comisionada Especial rindió su informe el 9 de
junio de 2006.
Luego de un extenso y minucioso estudio, la Comisionada
Especial concluyó que los cargos imputados en la querella,
presentada
por
el
probados.
Veamos.
Procurador
General,
fueron
debidamente
La Comisionada Especial concluyó que el querellado violó
el Canon 28 de Ética Profesional, supra, toda vez que se
reunió con una parte adversa, el demandante Goes Rodríguez
Ongay, representado por el licenciado Rivera Sotomayor en
ausencia de éste, con el propósito de autorizar una escritura
de compraventa de participación hereditaria.
Determinó que
la referida transacción notarial tenía como objeto un bien
litigioso en el caso sobre “familia erciscundae y daños y
perjuicios”, en donde el querellado representaba a la parte
demandada.
Asimismo,
concluyó
la
Comisionada
Especial
que
el
querellado violentó el Canon 18 de Ética Profesional, supra,
al autorizar una escritura de compraventa de participación
hereditaria,
en
la
que
el
precio
convenido
entre
los
otorgantes aparentaba ser mucho menor al valor real de la
misma.
En consecuencia, puntualizó que el querellado actuó
en detrimento de una de las partes otorgantes del referido
negocio jurídico.
La
Comisionada
reseñó,
además,
que
el
querellado
infringió la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como la
Regla 5 de su Reglamento, supra, al autorizar la escritura de
compraventa de participación hereditaria de 20 de febrero de
CP-2003-17
2002.
12
Concluyó que con dicha actuación el querellado faltó a
su deber ético de neutralidad e imparcialidad.
Determinó que
el querellado estaba impedido de actuar como notario en una
transacción que tenía como objeto un bien litigioso en la
demanda
trabada
ante
querellado
representaba
actuación,
intimó
la
el
foro
primario,
a
una
de
Comisionada
las
en
la
partes.
Especial,
el
cual
el
Con
tal
querellado
infringió la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra, que
preceptúa que el notario está impedido de representar como
abogado a un cliente en un litigio y, a la vez, servir de
notario en algún aspecto relacionado al caso.
De igual manera, el informe de la Comisionada Especial
determinó que el querellado quebrantó el Canon 20 de Ética
Profesional,
supra,
toda
vez
que,
aunque
alegó
haber
renunciado a la representación legal de la parte demandada
desde el 23 de mayo de 2002, su renuncia no fue presentada
ante el Tribunal de Primera Instancia hasta el 7 de julio de
2003.
Concluyó, además, que el querellado infringió el Canon
35
de
Ética
Profesional,
supra,
toda
vez
que
con
sus
actuaciones demostró poca sinceridad para con el abogado de
la parte contraria, licenciado Rivera Sotomayor, así como
para con el Tribunal de Primera Instancia que atendía el
pleito sobre “familia escirscundae y daños y perjuicios”, en
el cual el querellado era el representante legal de una de
las partes.
Según se desprende del informe, el querellado
autorizó
escritura
la
hereditaria
sin
de
compraventa
comunicárselo
al
de
abogado
participación
de
la
parte
CP-2003-17
13
contraria o al foro primario.
Finalmente, surge del referido
informe que el querellado mintió sobre el alegado acuerdo
entre
las
partes
adversas
para
dividir
los
bienes
hereditarios.
La Comisionada Especial expresó que la prueba presentada
demostró que la incapacidad del señor Goes Rodríguez Ongay
era de índole administrativa, por lo que estaba capacitado
para entender el otorgamiento de la escritura de compraventa
ante
el
querellado.
atenuantes,
que
el
Indicó,
querellado
además,
había
sido
como
posibles
admitido
a
la
práctica de la profesión hace cuarenta y seis (46) años y
nunca antes había enfrentado un proceso disciplinario y que
éste aceptó su error, a la vez que mostró arrepentimiento.
Con
el
beneficio
de
la
discusión
que
antecede,
compete resolver la acción disciplinaria de marras.
nos
Veamos.
III
En atención al primer cargo formulado por el Procurador
General, el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra,
preceptúa, en lo que aquí nos concierne, que un abogado no
debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con
una parte representada por otro abogado en ausencia de éste.
El fin del referido Canon es impedir que los abogados de una
de las partes hagan acercamientos inapropiados a personas que
ostentan
representación
legal
para
obtener
ventaja.2
De
esta forma se protege, tanto el derecho de los clientes a
obtener representación legal adecuada, como el privilegio que
2
In re: Martínez Llórens, 158 D.P.R. 642 (2003).
CP-2003-17
cobija
14
la
relación
prohibición
que
irrespectivamente
entre
se
el
abogado
y
su
plasma
en
este
cliente.3
Canon
La
aplica
del nivel de educación de las partes y los
motivos del abogado que intenta el contacto con la parte.4
La jerarquía profesional de los abogados, en contraste con la
ausencia
de
preparación
del
adversario
lego,
coloca
al
abogado en una posición de ventaja, permitiéndole inducir a
Aún en
error al adversario falto de su representación legal.
casos de igualdad de circunstancias entre abogados y parte
adversa es conducta impropia el comunicarse con dicha parte
en ausencia de su representación legal.5
Por
mandato
del
Canon
28
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, el querellado estaba impedido de reunirse
con el señor Goes Rodríguez Ongay, en ausencia de su abogado,
licenciado Rivera Sotomayor, para autorizar la escritura de
compraventa número 12 de 20 de febrero de 2002 con la que,
alegadamente,
familiar.
estaba
Dicho
ayudando
encuentro
se
a
resolver
llevó
a
cabo
un
problema
mientras
se
ventilaba una demanda en la cual el querellado representaba a
una parte adversa a los intereses del otorgante, señor Goes
Rodríguez Ongay.
Al así actuar, el querellado incurrió en
conducta antiética, violatoria del Canon 28, supra.
3
Íd; In re: Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820 (1999).
4
In re: Martínez Llórens, supra; In re: Soto Cardona, 143
D.P.R. 50 (1997).
5
In re: Andréu, Rivera, supra, citando la obra de la
Profesora
Sarah
Torres
Peralta,
El
Derecho
Notarial
Puertorriqueño.
CP-2003-17
Por
15
su
parte,
el
Canon
18
del
Código
de
Ética
Profesional, supra, impone a los abogados la obligación de
defender con diligencia los intereses de su cliente.
No
obstante, para ello no puede recurrir a la violación de las
leyes o a cometer engaños para sostener su causa.6
indicado
que,
independientemente
de
las
Hemos
razones
y
motivaciones que pueda tener un abogado para llevar o no un
caso, una vez asume la representación legal, tiene ante el
cliente
y
ante
los
tribunales,
la
responsabilidad
insustituible de llevar a cabo una gestión profesional con el
más
alto
grado
de
diligencia
y
competencia
posible.7
Recientemente reiteramos que las exigencias preceptuadas en
el Canon 18 de Ética Profesional, supra, se extienden a las
funciones
notario.8
como
Conforme
a
esta
normativa
el
notario debe, con relación a los documentos que se otorgan
ante
él,
profundo
ser
diligente
saber
y
y
desplegar
habilidad.9
Por
en
cada
tal
caso
motivo,
su
más
hemos
determinado que el notario no puede limitar su intervención
rutinaria a leer o dar a leer documentos a los otorgantes y
asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un
ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión
6
In re: Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).
7
Íd; In re: Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1997); In re:
Págan Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996)
8
In re: Fernández de Ruiz, 2006 T.S.P.R. 73, 2006 J.T.S. 82,
167 D.P.R.____ (2006); In re: González Vélez, 156 D.P.R. 580
(2002).
9
In re: Fernández de Ruiz, supra, citando a In re: Albizu
Merced, 136 D.P.R. 126 (1994).
CP-2003-17
de
los
16
firmantes.
Por
el
contrario,
el
notario
está
obligado, como parte de su deber de información, darle a los
otorgantes
las
informaciones,
aclaraciones
y
advertencias
necesarias para que éstos comprendan el sentido del negocio,
así como sus efectos y consecuencias, y se den cuenta del
riesgo que corren en celebrarlo.10
En armonía con lo anterior, concluimos que el querellado
infringió el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,
al autorizar una escritura de compraventa de participación
hereditaria, mediante la cual el único beneficiado resultó
ser su cliente en el caso que se ventilaba ante el Tribunal
Surge del expediente que la finalidad
de Primera Instancia.
del referido negocio jurídico era liquidar la participación
del señor Goes Rodríguez Ongay en la finca sita en Jayuya, a
favor
del
cliente
además,
que
negocio
era
el
del
precio
querellado.
expediente,
partes
de
la
participación
hereditaria del vendedor en la referida finca.
Se desprende
al
valor
por
del
las
menor
convenido
Surge
real
en
dicho
del expediente, además, que dicha transacción se efectuó a
espaldas del licenciado Rivera Sotomayor, abogado del señor
Goes Rodríguez Ongay, precisamente porque el precio pactado
entre las partes otorgantes perjudicaba a este último.
No
podemos avalar tal proceder.
En relación a la observancia, por parte de los notarios,
de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, así como de su
Reglamento, supra, hemos indicado que una vez el notario se
10
In re: Fernández de Ruiz, supra, citando a Chévere v.
Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984).
CP-2003-17
aparta
17
de
cumplir
con
las
obligaciones
y
deberes
que
le
impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta
que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la
confianza y la función pública en él depositada.11
Hemos
resuelto que otorgar un documento notarial en contravención a
nuestra Ley Notarial constituye una violación
a
los Cánones
35 y 38 del Código de Ética Profesional.12
De igual manera,
hemos
viene
resuelto
que
el
notario
público
llamado
a
proteger los derechos de las partes que comparecen ante su
presencia a otorgar documentos, por lo que debe ejercitar la
neutralidad, la misma que es incompatible con la misión del
abogado de inclinar la balanza a favor de su cliente.13
Hemos concluido, además, que un abogado está impedido de
autorizar como notario documentos de su cliente que están
relacionados con un pleito en el cual éste lo representa y
que está pendiente ante los tribunales.14
Del
expediente
surge
que
el
querellado
autorizó
la
escritura de compraventa número 12 de 20 de febrero de 2002,
mientras representaba los intereses de uno de los otorgantes
en
un
pleito
Instancia.
contencioso
Asimismo,
ante
conviene
el
Tribunal
apuntar
que
de
Primera
la
referida
transacción tenía como finalidad disponer de la participación
11
In re: Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002);
Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999).
In re:
12
In re: Charbonier Laureano, supra, citando a In re: Vera
Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).
13
Bermúdez & Longo,
D.P.R. 808 (1983)
14
Inc.
v.
P.R.
Cast
Steel
In re: Colón Mamery, 138 D.P.R. 793, 797 (1995).
Corp.,
114
CP-2003-17
18
hereditaria de una de las partes cuando eso mismo era lo que
se estaba ventilando ante el foro primario.
querellado
supra,
infringió
que
la
preceptúa
representar
como
contenciosa
y,
Regla
que
abogado
a
la
a
vez,
5
del
Al así obrar, el
Reglamento
el
notario
está
un
cliente
en
servir
de
Notarial,
impedido
una
de
litigación
notario
en
asuntos
relacionados con el mismo caso.
Los
cargos
cuarto
y
quinto
(Cánones
20
y
35),
los
examinaremos conjuntamente.
El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra,
establece el procedimiento que debe seguir todo abogado que,
habiendo representado a un litigante ante el foro judicial,
desea dar por terminada dicha representación.
El referido
Canon dispone que todo abogado que desea renunciar necesita
obtener el permiso del tribunal para poder dar por terminada
dicha relación.
Hasta tanto el abogado no sea formalmente
relevado de sus funciones, aceptando el tribunal su renuncia,
éste tiene el deber de continuar llevando a cabo su gestión
profesional de forma competente y diligente.15
Por
otro
lado,
el
Profesional,
supra,
sinceridad
honradez
y
representados
profesión.16
y
al
Canon
impone
ante
a
35
los
los
relacionarse
del
Código
abogados
tribunales,
con
sus
un
de
Ética
deber
frente
de
a
sus
compañeros
de
Hemos resuelto que no es sincero ni honrado el
15
In re: Franco Rivera, 2006 T.S.P.R. 170, 169 D.P.R.____
(2006) citando a Lluch et al. v. España Service Station, 117
D.P.R. 729 (1986).
16
In re: Fernández de Ruiz, supra, citando
Martínez, Lawrence Odell, 148 D.P.R. 49 (1999).
a
In
re:
CP-2003-17
19
utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se
debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una
falsa
relación
de
los
hechos
o
derecho.17
del
Hemos
determinado que las obligaciones consagradas en el referido
Canon
constituyen
normas
mínimas
de
conducta
que
sólo
pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión.18
Por tal motivo, el abogado no sólo debe observarlas durante
un pleito, sino en toda faceta en la cual se desenvuelva.
compromiso
de
un
abogado
con
la
verdad
debe
ser
El
siempre
incondicional, toda vez que la verdad es atributo inseparable
de ser abogado.
En consecuencia, se infringe el Canon 35,
supra, con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad
independientemente de los motivos para la falsedad.19
En
su
contestación
a
la
querella
formulada
por
el
Procurador General, el querellado, indicó, entre otras cosas,
que para el 23 de mayo de 2002 había dejado de representar al
señor Rafael Rodríguez Ongay en el pleito sobre “familia
erciscundae y daños y perjuicios” que se ventilaba ante el
foro primario.
No obstante, surge del expediente que su
renuncia a dicha representación fue solicitada al Tribunal de
Primera Instancia por vez primera el 7 de julio de 2003.
Resulta
forzoso
concluir
que
el
querellado
infringió
lo
preceptuado en el Canon 35 del Código de Ética Profesional,
17
In re: Fernández de Ruiz, supra, citando a In re:
Silvaglioni Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001) e In re: Aguila
López, 152 D.P.R. 52 (2000).
18
In re: Ortiz Martínez, 2004 T.S.P.R. 66, 2004 J.T.S. 69,
161 D.P.R.____ (2004).
19
In re: Fernández de Ruiz, supra.
CP-2003-17
supra.
del
20
De igual manera, el querellado infringió el Canon 20
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
al
otorgar
la
escritura de compraventa de 20 de febrero de 2002 sin antes
haber renunciado a la representación legal de una de las
No cabe duda que sus funciones como
partes otorgantes.
notario público y abogado de récord de una de las partes
otorgantes,
en
un
pleito
contencioso
contemporáneo
al
otorgamiento, son incompatibles ya que se crea un conflicto
de interés que trastoca la presunción de imparcialidad que
protege
toda
labor
del
notario
y
empaña
la
fe
pública
notarial.20
Hemos expresado que este Tribunal no habrá de alterar
las determinaciones de hechos del Comisionado Especial, salvo
en casos donde surja que medió parcialidad, prejuicio o error
manifiesto.21
En este caso, tras un examen minucioso del
informe preparado por la Comisionada Especial, así como la
prueba que obra en el expediente, no hallamos razón por la
que debamos intervenir con sus conclusiones.
Finalmente,
sanción
hemos
disciplinaria
establecido
aplicable
que
al
al
determinar
abogado
la
querellado,
podemos tomar en cuenta factores tales como (a) la reputación
del abogado en su comunidad, (b) el previo historial de éste,
(c) si es su primera falta, (d) la aceptación de la falta y
su sincero arrepentimiento, (e) si se trata de una conducta
aislada, (f) el ánimo de lucro que medió su actuación,
20
21
In Re: Colón Ramery, supra.
Íd citando a In re: Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86
(1991).
CP-2003-17
21
resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones
ya bien atenuantes o agravantes que medien de acuerdo a los
hechos.22
En el presente caso, tomamos en consideración a favor
del licenciado Hernández los siguientes atenuantes: (a) el
abogado querellado lleva más de cuatro décadas en la práctica
de
la
profesión
de
abogado
y
más
de
veinte
(20)
años
fungiendo como notario, (b) esta es la primera falta dentro
de su descargo profesional en la abogacía o en la notaría,
(c) los hechos no demuestran que el querellado tuviera ánimo
de
lucro
personal,
(d)
el
querellado
demostró
genuino
arrepentimiento.
En
limitar
virtud
la
de
acción
lo
anterior,
disciplinaria
consideramos
a
una
procedente
suspensión
por
el
término de tres (3) meses del ejercicio de la abogacía en
nuestra jurisdicción; apercibiéndole al querellado de cumplir
a cabalidad, en el futuro, con los Cánones de Ética que rigen
la profesión de abogado y la Ley Notarial de Puerto Rico y su
Reglamento.
Se dictará Sentencia de conformidad.
22
In re: Vélez Barlucea, supra.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2003-17
Rubén Hernández Rosario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero
de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace
formar parte íntegra de la presente, suspendemos
al licenciado Rubén Hernández Rosario por el
término de tres (3) meses del ejercicio de la
abogacía en nuestra jurisdicción; apercibiéndole
al querellado de cumplir a cabalidad, en el
futuro, con los Cánones de Ética que rigen la
profesión de abogado y la Ley Notarial de Puerto
Rico y su Reglamento.
Se le impone el deber de notificar a
todos sus clientes de su inhabilidad de seguir
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar oportunamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos.
Deberá,
además,
certificarnos
dentro del
término
de
treinta (30) días a partir de la notificación de
esta
Opinión
Per
Curiam
y
Sentencia,
del
cumplimiento de estos deberes.
2
CP-2003-17
Notifíquese personalmente al querellado con
copia de la Opinión Per Curiam que antecede y de
esta Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo