Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ex Parte Raymond J. Russo Correa
2007 TSPR 27
Poder Judicial de Puerto Rico
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Ex Parte Raymond J. Russo Correa
TS-00006368
Baja voluntaria al ejercicio de la abogacía
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido Nuevo Progresista
Peticionario
Certiorari
v.
2007 TSPR 27
Hon. Sila María Calderón,
Gobernadora; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
170 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2004-131
Fecha: 16 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel I
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rivera Martínez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael Sánchez Hernández
Lcdo. Manuel J. Camacho Cordova
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Pedro Santiago Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales
Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia Declaratoria, Injunction.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido Nuevo Progresista
Peticionario
v.
CC-2004-131
Certiorari
Hon. Sila María Calderón,
Gobernadora; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, etc.
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2007.
A
la
luz
justiciabilidad,
de
los
procede
principios
desestimar
el
de
presente
caso por académico.
I.
El Partido Nuevo Progresista (en adelante,
P.N.P.) presentó una demanda y una petición de
injunction ante el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de San Juan, contra el Estado Libre
Asociado
de
Gobernadora,
Puerto
Hon.
Rico
Sila
adelante, la Gobernadora).
y
María
su
entonces
Calderón
(en
CC-2004-131
2
El P.N.P. alegó en la demanda que la Gobernadora
utilizó fondos públicos para transmitir varios anuncios
en la prensa, radio y televisión con el propósito de
realzar su imagen, obtener una ventaja indebida frente a
sus rivales políticos, influenciar la opinión pública a
favor
del
Partido
Popular
Democrático,
adelantar
los
intereses de dicho partido y desmerecer la obra realizada
por la pasada administración del P.N.P.
Además, se adujo
que la publicación de los referidos anuncios contravenía
el Artículo VI, sección 9, de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe el uso de
fondos
públicos
para
fines
no
públicos
y
consagra
paridad económica entre los partidos políticos.
P.N.P.
solicitó
que
se
declarara
la
Así, el
inconstitucional
el
gasto de fondos públicos, que se dictara un injunction
ordenando
a
la
parte
demandada
a
abstenerse
de
su
conducta y que se ordenara al Departamento de Justicia
que
recobrara
el
dinero
gastado
en
los
mencionados
anuncios.
Celebradas varias vistas ante el foro primario, las
partes estipularon los hechos en controversia.
parte,
la
Gobernadora
solicitó
que
se
Por otra
desestimara
sumariamente el pleito, porque la demanda, aun cuando se
dieran por ciertas las alegaciones en ella contenidas, no
contenía una causa de acción contra ella, en su capacidad
personal u oficial.
CC-2004-131
3
Examinado el derecho aplicable, el foro de instancia
desestimó la demanda contra la Gobernadora.
el
P.N.P.
apeló
ante
el
Tribunal
de
Inconforme,
Apelaciones,
que
confirmó la determinación de instancia.
Insatisfecho,
el
P.N.P.
recurso de certiorari.
acudió
ante
nos
mediante
Por su parte, la Gobernadora se
opuso a la expedición del mismo, alegando que el caso no
es
justiciable.
Calderón
señaló
elecciones
de
En
específico,
que,
2004,
la
como
no
la
se
controversia
Hon.
Sila
postuló
se
María
para
había
las
tornado
académica.
Por encontrarse igualmente dividido en relación a la
cuestión de la academicidad, inicialmente este Tribunal
emitió una sentencia confirmando el dictamen del foro
apelativo. Inconforme, el P.N.P. presentó una moción de
reconsideración, la cual acogimos y, así, expedimos el
auto solicitado. Por entender que el caso ya no presenta
un asunto justiciable, se anula el auto expedido y se
deniega la segunda moción de reconsideración.
II.
La función revisora de los tribunales se limita a
resolver las controversias genuinas entre partes opuestas
con un interés real en obtener un remedio judicial que
haya de afectar sus relaciones jurídicas.
Esto es, los
tribunales no podemos emitir opiniones consultivas.
obstante,
excepcionalmente
podemos
revisar
un
No
asunto
aunque sea académico cuando se trata de una controversia
CC-2004-131
4
recurrente y capaz de evadir la revisión judicial. Para
ello,
es
necesario
que
exista
una
“probabilidad
razonable” de que el pleito pueda repetirse y que la
controversia sea inherentemente de tan corta duración que
es probable que la misma deje de existir antes de que
termine
la
litigación.
Asociación
de
Periodistas
v.
González Vázquez, 127 D.P.R. 704 (1991).
III.
A la luz del derecho aplicable, el caso ante nuestra
consideración no es justiciable.
En efecto, el pleito se
volvió académico cuando los referidos anuncios cesaron de
transmitirse.
Además, como la Hon. Sila María Calderón
no
para
se
postuló
reelección
ni
tiene
una
posición
eleccionaria en una de las ramas del Gobierno, no hay una
probabilidad razonable de que la controversia se repita.
IV.
Por los fundamentos que preceden, se anula el auto
expedido
y
se
reconsideración.
deniega
Las
la
partes
segunda
deberán
moción
atenerse
de
a
lo
resuelto por este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Hernández Denton emitió Opinión de Conformidad a la cual
se
unieron
las
Juezas
Asociadas
señoras
Fiol
Matta
y
Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor Rebollo López
emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Rivera
Pérez se reitera en su Opinión Disidente, referente a
CC-2004-131
5
este asunto, en el caso P.N.P. v. Gobernadora de 21 de
junio de 2004, 2004 T.S.P.R. 105, 2004 J.T.S. 100, 162
D.P.R. __ (2004). El Juez Asociado Fuster Berlingeri no
intervino. Todos los Jueces que intervinieron lo hacen
por Regla de Necesidad.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido Nuevo Progresista
Peticionario
v.
CC-2004-131
Certiorari
Hon. Sila María Calderón,
Gobernadora; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, etc.
Recurridos
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton a la cual se unen las Juezas Asociadas señoras
Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2007.
En P.N.P. en Humacao v. Carrasquillo, res. el
27 de octubre de 2005, 2005 T.S.P.R. 157, resolvimos
que
una
demanda
solicitando
que
un
funcionario
cesara de publicar ciertos anuncios se había tornado
académica debido a la remoción de dichos anuncios y
a lo especulativo de que la controversia pudiera
repetirse.
Por
entender
que
los
hechos
ante
nos
son
prácticamente idénticos a los de P.N.P. en Humacao
v. Carrasquillo, Id., somos del criterio que procede
anular el auto expedido y denegar la segunda moción
de reconsideración presentada por el Partido Nuevo
Progresista (en adelante PNP).
Por ende, endosamos
la Sentencia emitida por el Tribunal.
CC-2004-131
2
I.
En
diciembre
de
2003,
el
PNP
presentó
ante
el
Tribunal de Primera Instancia una demanda y una petición
de
injunction
entonces
contra
el
gobernadora,
Estado
Hon.
Libre
Sila
Asociado,
María
y
Calderón
su
(en
adelante, Gobernadora).
En su demanda, el PNP alegó, en síntesis, que la
Gobernadora
utilizó
fondos
públicos
para
transmitir
varios anuncios en la prensa, radio y televisión con el
propósito de obtener una ventaja indebida frente a sus
rivales políticos y de influenciar la opinión pública a
favor
del
Partido
publicación
de
los
Popular
Democrático.1
referidos
anuncios
Adujo
con
que
la
dicho
fin
contraviene el Artículo 6, sección 9 de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el axioma de
igualdad
en
materia
electoral
que
permea
nuestro
ordenamiento jurídico.
Así las cosas, y luego de la celebración de varias
vistas ante el foro primario, las partes estipularon dos
hechos, a saber: (1) que la Gobernadora era candidata a
la
reelección,
transmitiendo
y
los
(2)
que
anuncios
la
Gobernadora
impugnados.
La
continuaba
referida
estipulación tenía el obvio propósito de acreditar ante
Impugnaron varios anuncios en los que se utilizaba
el lema “Puerto Rico, hacia el Futuro por Buen Camino”.
También impugnaron ciertos anuncios en los que se
utilizaban los colores rojo y amarillo, supuestos colores
con los que se identifica la campaña de la Gobernadora.
Adujeron que dichos anuncios tenían el fin de opacar los
logros de la pasada administración gubernamental.
1
CC-2004-131
3
el Tribunal de Primera Instancia que la controversia no
se
había
tornado
académica
pues
la
alegada
ilegal no había cesado2 y, aunque cesara,
conducta
la misma era
susceptible de repetirse entre las mismas partes.3
Luego de aquilatar la prueba, el foro de instancia
desestimó la demanda. Inconforme, el PNP acudió ante el
Tribunal
de
Apelaciones.
Dicho
tribunal
confirmó
la
determinación del foro primario. Aún insatisfecho, el PNP
acudió
ante
nos
solicitando
la
revocación
de
la
a
que
que
la
determinación del Tribunal de Apelaciones.
La
Gobernadora,
expidiéramos
el
por
auto
su
parte,
solicitado
se
opuso
señalando
controversia se había tornado académica debido que no se
postuló
para
ostentar
nuevamente
su
cargo
en
las
elecciones de 2004.
En junio de 2004, este Tribunal, por encontrarse
igualmente dividido respecto a si el presente caso se
había tornado académico, emitió sentencia confirmatoria
de la dictada por el foro apelativo. Inconforme, el PNP
solicitó que reconsideremos nuestro dictamen. En octubre
de 2004, acogimos la referida moción de reconsideración y
expedimos el auto solicitado.
Entendemos
que
la
presente
controversia
se
ha
convertido en académica debido a que la Gobernadora no se
Debido
a
que
la
transmitiendo los anuncios.
2
3
Gobernadora
continuaba
Es decir, entre la Gobernadora, de ser reelecta, y
el PNP.
CC-2004-131
4
postuló para la reelección y, en efecto, ya no funge como
tal. Además, somos del criterio de que, al igual que como
ocurrió en P.N.P de Humacao, supra, el caso que tenemos
ante nos ya no presenta un asunto justiciable toda vez
que los anuncios impugnados han cesado de transmitirse.
Veamos.
II.
Como hemos mencionado anteriormente, la academicidad
no es otra cosa que la doctrina de la acción legitimada
enmarcada en el tiempo: el interés personal requerido
debe existir al comienzo del litigio (standing) y debe
continuar
durante
(academicidad).
omitidas).
trasfondo
puede
En
P.N.P.
atención
el
de
duración
Humacao,
del
mismo
supra
(citas
ello,
una
variación
del
caso
o
el
derecho
efecto
de
convertir
en
en
sus
orígenes,
era
mujer
v.
Secretario
de
controversia
que,
Comisión
la
de
la
a
fáctico
tener
toda
en
en
el
aplicable
académica
una
justiciable.
Justicia,
109
D.P.R. 715 (1980).
A pesar de que, como norma general, los tribunales
debemos
abstenernos
de
entrar
a
los
méritos
de
una
controversia académica, la jurisprudencia ha desarrollado
varias excepciones a la referida regla. A tenor con lo
anterior, hemos establecido que un asunto técnicamente
académico es revisable por los tribunales cuando presenta
una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión
judicial.
CC-2004-131
5
Conforme a la referida excepción, se puede entrar en
los méritos de una controversia académica dependiendo del
saldo
que
arroje
criterios:
(1)
el
examen
de
los
siguientes
tres
probabilidad
de
la
recurrencia,
(2)
identidad o no de las partes involucradas en el posible
pleito recurrente futuro, y (3) probabilidad de que la
controversia evada revisión judicial. P.N.P. de Humacao,
supra. Cruz Negrón v. Administración de Corrección, res.
28 de marzo de 2005, 2005 TSPR 34.
En
cuanto
a
la
probabilidad
de
recurrencia,
es
necesario que exista una “probabilidad razonable” de que
el
pleito
pueda
repetirse.
No
basta,
por
tanto,
una
posibilidad meramente especulativa de que la controversia
pudiera volver a ocurrir.
De
otra
parte,
usualmente
debe
existir
una
posibilidad real de que el caso pueda volver a ocurrir
entre las mismas partes. No obstante lo anterior, hemos
resuelto
que,
en
casos
que
presentan
cuestiones
constitucionales de la más alta jerarquía, podemos entrar
a los méritos de la controversia aunque la probabilidad
de repetición sea entre distintas partes.
Ello con el
fin de imprimirle significado concreto a nuestros valores
más fundamentales. P.N.P. de Humacao, supra.
En
el
pasado
constitucionales
méritos
de
un
hemos
que
caso
a
identificado
justifican
que
pesar
que
de
varios
entremos
el
mismo
valores
a
los
solo
es
susceptible de repetirse entre partes distintas. Entre
CC-2004-131
6
dichos valores se encuentran la libertad de expresión4,
la libertad de prensa5, y la igual protección de las
leyes.6
Por
axioma
otro
de
representa
lado,
recientemente
igualdad
un
ordenamiento
electoral,
expresamos
“aunque
principio
importante
jurídico,
no
el
ciertamente
dentro
constituye
que
de
nuestro
un
‘valor
constitucional de la más alta jerarquía’” equiparable en
rango a los derechos fundamentales antes mencionados a
los
fines
de
la
aplicación
de
la
doctrina
de
la
excepción
de
academicidad. P.N.P. de Humacao, supra.
Por
último,
para
que
concurra
“cuestión recurrente” es necesario que la controversia
sea inherentemente de tan corta duración que exista una
probabilidad
real
de
que
la
misma
cese
antes
de
que
termine la litigación.
III.
A la luz del derecho aplicable, el caso ante nos no
es justiciable.
Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v.
Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 150
D.P.R. 924 (2000).
4
Asociación de Periodistas v. González, 127 D.P.R.
704 (1991).
5
6
Com. para los Asuntos de la Mujer v. Secretario de
Justicia, supra. Similarmente, el Tribunal Supremo
Federal en Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), entró a los
méritos de una controversia técnicamente académica para
hacer ciertas expresiones en cuanto al derecho a la
intimidad.
CC-2004-131
El
7
PNP
impugnó
ante
el
foro
de
instancia
la
legalidad de que la Gobernadora transmitiera determinados
anuncios. Sin embargo, los referidos anuncios cesaron de
transmitirse antes de que tuviéramos la oportunidad de
adjudicar la controversia en sus méritos.
que
la
Gobernadora
optó
por
no
Ello se debe a
postularse
para
la
reelección y que actualmente el Hon. Anibal Acevedo Vilá
ocupa dicho puesto. Nos parece claro que dichos cambios
fácticos han provocado que “no exista una controversia
actual
entre
partes
adversas”.
Comisión
de
la
mujer,
supra.
Por otro lado, los referidos cambios también nos
convencen de que no existe una probabilidad razonable de
que
se
Además,
vuelvan
ello
totalmente
transmitir
también
nos
especulativa
los
lleva
la
anuncios
a
impugnados.
concluir
posibilidad
de
que
es
que
la
controversia se repita entre las mismas partes. Con casi
absoluta
certeza,
en
caso
de
publicarse
anuncios
similares a los impugnados, la Hon. Sila María Calderón
no estará fungiendo nuevamente como Gobernadora.
Por
último,
la
presente
controversia
no
presenta
cuestiones constitucionales de la más alta jerarquía que
ameriten que, a pesar de que no existe una probabilidad
razonable de que recurra la controversia entre las mismas
partes, entremos a los méritos del pleito. Como ya hemos
señalado, el PNP aduce que la actuación de la Gobernadora
viola
el
axioma
de
igualdad
electoral.
El
referido
CC-2004-131
principio,
8
aunque
importante,
no
es
equiparable
en
jerarquía a otros derechos fundamentales como la libre
expresión, la libertad de prensa, la igual protección de
las leyes y el derecho a la intimidad. En vista de ello,
“declinamos entrar a los méritos de la controversia para
dilucidar el alcance de dicho axioma en situaciones como
la de autos. La revisión judicial de acciones como las
[del presente caso] debe esperar, pues, a un momento más
oportuno.” P.N.P. de Humacao, supra.
En atención a las razones antes expuestas, somos del
criterio que el caso se tornó académico y procede denegar
la segunda moción de reconsideración presentada por el
peticionario.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
CC-2004-131
9
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Partido Nuevo Progresista
Peticionario
vs.
CERTIORARI
CC-2004-131
Hon. Sila M. Calderón,
Gobernadora; Estado Libre
Asociado de Puerto Rico
Recurridos
OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2007
En el día de hoy una mayoría de este Tribunal
rehúsa atender la presente
que no es justiciable por
controversia
ser
aduciendo
académica.
Sostiene
la Mayoría que la controversia no es susceptible a
repetirse entre las mismas partes y que el interés
involucrado no constituye
de
la
más
un
alta
jerarquía.
momentos
donde
valor
Nada
constitucional
más
lejos
de
la
de
fondos
verdad.
En
públicos
para
uno
los
de
Rico,
la
fines
de
erogación
ilegítimos
principales
mayoría
la
males
este
se
ha
que
aqueja
Tribunal
convertido
se
asumir jurisdicción en el caso haciendo
de
la
verdadera
controversia
a
Puerto
niega
caso
ante
en
a
omiso
nuestra
CC-2004-131
2
consideración, a saber, si los anuncios impugnados violaron
el
mandato
constitucional
consagrado
en
el
Artículo
VI,
Sección 9 de nuestra Constitución sobre el manejo de fondos
públicos; el cual, según hemos enunciado en el pasado, se
encuentra saturado de intereses de orden público. E.L.A. v.
Cole Vázquez, res. el 13 de abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 46.
Elude
así
la
Mayoría
el
deber
constitucional
de
este
Tribunal de velar por el manejo prudente y escrupuloso de
fondos públicos, el cual sin duda alguna constituye un valor
constitucional de la más alta jerarquía.
Ciertamente, el dictamen hoy emitido despierta serias
inquietudes
sobre
los
criterios
realmente
tomados
en
consideración por la Mayoría de este Tribunal al así actuar.
Hace escasamente tres meses -–interpretando, precisamente,
los criterios de justiciabilidad-- asumimos jurisdicción en
Romero Barceló v. E.L.A., res. el 10 de noviembre de 2006,
2006
T.S.P.R.
163,
principalmente,
por
razones
de
alto
interés público. Igual trato merece el presente caso, pues,
definitivamente, el interés de proteger el buen manejo de
los fondos públicos así lo amerita; más aun cuando nuestros
pronunciamientos al respecto trascenderían el gobernador y/o
las partes en controversia y servirían de guía a todos los
funcionarios de turno, quienes a diario se enfrentan a la
incertidumbre
de
si
cierta
erogación
de
fondos
públicos
infringe o no el mandato constitucional en cuestión.
Evidentemente, este Tribunal posee jurisdicción para
entender en el caso de epígrafe y pronunciarse sobre la
CC-2004-131
3
controversia involucrada. Por ello, no podemos suscribir la
Sentencia dictada y emitimos la presente Opinión disidente.
I
El 20 de marzo de 2003, el Partido Nuevo Progresista,
en
adelante,
injunction
P.N.P.,
ante
el
presentó
Tribunal
de
demanda
y
solicitud
Primera
Instancia,
de
Sala
Superior de San Juan, contra el Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico
y
su
entonces
Gobernadora,
Hon.
Sila
María
Calderón. En la referida demanda se alegó, en síntesis, que
la parte demandada, utilizando para ello fondos públicos,
transmitió
múltiples
anuncios
en
la
prensa,
radio
y
televisión en los cuales pretendía: realzar su imagen y
otorgarse una ventaja indebida, influenciando la opinión
pública
a
favor
del
Partido
Popular
Democrático,
en
adelante, P.P.D.; adelantar los interese de dicho partido; y
desmerecer la obra realizada por la pasada administración
del P.N.P. Se sostuvo, además, que dichos anuncios carecían
de un fin público y que violaban la Sección 9 del Artículo
VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, 1 L.P.R.A.
Tomo I, que consagra la paridad o igualdad económica entre
los partidos políticos y prohíbe el uso de fondos públicos
para la promoción de una postura política.
En específico, el P.N.P. alegó, que la Hon. Sila M.
Calderón transmitió por televisión, el 19 de marzo de 2002,
un
mensaje
cuyo
alegado
propósito
era
defenderse
de
imputaciones relacionadas con un posible esquema utilizado
CC-2004-131
4
en la campaña del P.P.D. en el año 2000 para violar la Ley
Electoral de Puerto Rico.
El
P.N.P.
también
impugnó
una
serie
de
anuncios
publicados en la prensa durante el año 2003. Alegó que
los
referidos
anuncios,
los
cuales
en
distintos
periódicos
de
circulación
fueron
publicados
en
Puerto
Rico,
contenían los colores amarillo y rojo. Según el P.N.P.,
estos
colores
alegadamente
identificaban
la
campaña
electoral de la Hon. Sila M. Calderón para la gobernación en
el
año
2000.
Sostuvo,
además,
el
P.N.P.
que
en
estos
anuncios de prensa se utilizó también el lema “Puerto Rico,
hacia el Futuro por Buen Camino” con el fin de opacar los
logros
de
la
pasada
administración
gubernamental,
e
influenciar la opinión pública a favor de su partido.
La
parte
demandante
impugnó
y
objetó,
además,
la
publicación de un folleto en el periódico “El Nuevo Día”
titulado “Informe al Pueblo de Puerto Rico: A dos Años de
Administración
describía
2001-2002”
ya
que
éste,
alegadamente,
despectivamente
la
pasada
administración
el
P.N.P.
solicitó
y
exaltaba la suya.
Conforme
primario
lo
que:
anterior,
emitiese
una
sentencia
del
foro
declarando
inconstitucional el gasto de fondos públicos sin fin ni
utilidad pública; un injunction que ordenase a la parte
demandada
a
abstenerse
de
continuar
utilizando
fondos
públicos en el diseño, producción y publicación de tales
anuncios;
y
que
dictase
una
orden
al
Departamento
de
CC-2004-131
5
Justicia para que procediese con el recobro y restitución al
erario de todo el dinero gastado en el diseño, producción y
publicación de tales anuncios por parte de los funcionarios
del ELA que incurrieron en tal acción.
Luego
de
celebradas
en
corte
presentaron,
varias
abierta,
una
vistas,
moción
las
partes
sometiendo
un
acuerdo sobre estipulación de hechos. La mencionada moción
consta, además, de 51 piezas de evidencia.
Los hechos estipulados fueron dos, a saber:
1. Sila M. Calderón es candidata a reelección al
puesto de Gobernadora del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
2. La parte demandada ha estado transmitiendo en
la radio, prensa, y televisión de Puerto Rico
determinados anuncios, parte de los cuales se
acompañan en estas estipulaciones.
Entre las piezas de evidencia estipuladas se encuentran
19
anuncios
distintos
que
fueron
publicados
en
los
periódicos “El Todo”, “El Vocero”, “El Nuevo Día”, “Primera
Hora”
7
y
“The
San
Juan
Star”7.
Algunos
de
los
referidos
Según las determinaciones de hechos del tribunal de
instancia, los 19 anuncios en que se utilizaron los colores
rojo y amarillo y el lema “Puerto Rico hacia el Futuro por
Buen
Camino”
son
los
siguientes:
(1)
anuncio
del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos informando
adiestramientos para personas desempleadas; (2)anuncio del
Departamento de Agricultura proveyendo información sobre los
beneficios para el agricultor por recolectar el café maduro;
(3)anuncio del Departamento del Trabajo y del Consejo de
Desarrollo
Ocupacional
y
Recursos
Humanos
proveyendo
información al trabajador desplazado sobre los servicios
ofrecidos por la agencia; (4) invitación a subasta de la
Oficina Estatal de la Conservación Histórica; (5) invitación
a un seminario de Promo-Export y Hong Kong Trade (6)
anuncios para participar en subastas del Departamento de
Transportación y Obras Públicas; (7) anuncio publicado por
el Departamento de la Familia sobre como proteger a los
CC-2004-131
6
anuncios fueron publicados en más de una ocasión. Estos
anuncios
informaban
al
pueblo
los
servicios,
programas,
horarios extendidos de distintas agencias administrativas,
avisos de subasta, etc. Otros de los referidos anuncios
contienen, en la parte inferior, un pequeño recuadro con el
fondo color amarillo y el lema “Puerto Rico, hacia el Futuro
por Buen Camino”, parte color negro y parte color rojo.8 La
palabra “Buen” está subrayada en color azul. Seguido del
lema aparece el nombre de la Gobernadora: Sila M. Calderón,
también en letras rojas, y debajo “Gobernadora Estado Libre
niños y sobre los servicios ofrecidos; (8) comunicado de
prensa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico del
Departamento de la Familia informando que no recibiría
nuevas propuestas de agencias gubernamentales o entidades
privadas; (9)anuncios de varias agencias sobre el horario
extendido de sus servicios; (10) anuncio sobre el tema a ser
discutido por la Gobernadora el 15 de marzo de 2003 en
distintas radioemisoras del país (éste no contiene el lema);
(11) anuncio de la Junta de Planificación invitando a la
ciudadanía a participar en cinco foros; (12) anuncio de la
Administración del Derecho al Trabajo y el Departamento de
Educación invitando a los jóvenes que participaron en el
programa de Navidad a la entrega de cheques y otras
actividades; (13) anuncio de la Oficina de Asuntos de la
Juventud
informando
sobre
oportunidades
de
viaje
estudiantiles; (14) anuncio del Departamento de Agricultura
invitando a los interesados a una charla con el Secretario
de dicho departamento; (15) anuncio de la Oficina de Asuntos
de la Juventud informando a los jóvenes sobre oportunidades
de empleo; (16) anuncio del Departamento de Salud y Junta
Examinadora de Quiroprácticos informando a los interesados
dónde obtener solicitudes para el examen de reválida; (17)
invitación a celebración de subasta del Departamento de
Salud; (18) anuncio del Departamento de Salud sobre
notificando a las compañías productoras de alimentos que el
Programa WIC está aceptando solicitudes con cotizaciones
para autorizar alimentos a servirse a sus participantes;
(19) anuncio de los Códigos de Orden Públicos promoviendo a
la ciudadanía a solicitar a sus alcaldes la adopción de
éstos.
8
Otros anuncios, en específico, los anuncios de la AAFET,
contienen variaciones de los colores rojo y amarillo.
CC-2004-131
Asociado”,
7
en
color
negro.
Debe
señalarse
que
el
lema
impugnado aparece en casi todos los anuncios publicados, con
la excepción de uno.
La parte demandada, Hon. Sila María Calderón, solicitó
la desestimación sumaria del pleito. Basó su solicitud en
que, aun tomando como ciertas todas las alegaciones de la
demanda, la misma no sustentaba una causa de acción contra
ella, ni en su capacidad personal ni oficial. Señaló, en
apoyo de lo anterior, que los remedios solicitados por la
parte demandante iban dirigidos, únicamente, al Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
En cuanto a los anuncios estipulados, alegó que todos
cumplían con un fin público por lo cual el uso de fondos
públicos para sufragarlos era legítimo. Indicó, además, que,
según lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643
(1995), el beneficio incidental para el incumbente de un
mensaje
gubernamental
legitimidad
dirigido.
ni
no
era
desvirtuaba
Sostuvo,
por
suficiente
para
el
fin
público
a
último,
que
todos
los
anular
su
que
iba
anuncios
respondían a la obligación del gobierno de informar a la
ciudadanía sobre las funciones que realizaban las distintas
agencias del gobierno.
Posteriormente,
la
parte
demandante,
presentó
una
petición de injunction preliminar y permanente. La petición,
a esos efectos, presentada por el P.N.P. solicitaba del foro
primario
que
dictara
una
orden
que:
(1)prohibiera
la
utilización de fondos públicos en el diseño, producción, y
CC-2004-131
8
publicación del folleto “Informe al Pueblo de Puerto Rico: A
dos Años de Administración 2001-2002”; (2)proscribiera el
uso de todo anuncio que incluyera el lema “Puerto Rico hacia
el Futuro por Buen camino, Sila M. Calderón, Gobernadora”; y
(3) prohibiera el uso de los colores rojo y amarillo en los
anuncios gubernamentales donde apareciera el nombre de la
Gobernadora.
A petición de la Gobernadora demandada, el tribunal de
instancia consolidó las peticiones de injunction preliminar
y permanente. Evaluada la prueba, el foro primario resolvió
que, aun cuando la combinación de colores rojo y amarillo
pudiese ser identificada con la campaña política del P.P.D.
en el año 2000, el uso de dichos colores en los anuncios
gubernamentales
en
controversia
no
era
una
expresión
político partidista, por no haber sido utilizados de forma
predominante.
En cuanto al lema “Puerto Rico hacia el Futuro por Buen
Camino”, el tribunal de instancia determinó que tampoco era
uno político partidista ya que la parte demandante había
aceptado, en corte abierta, no tener evidencia para probar
que había sido utilizado en alguna campaña ni surgía de la
evidencia estipulada que el lema hubiese sido utilizado en
la campaña política del P.P.D. en el 2000. En relación al
uso de este lema determinó, además, que cualquier beneficio
incidental que surgiese por su uso no desvirtuaba su fin
público.
CC-2004-131
9
En relación al anuncio televisado de la Gobernadora, en
el cual se alegaba el uso de fondos públicos para defenderse
de ciertas acusaciones, el foro de instancia determinó que
tuvo un fin público ya que promovió el interés del Gobierno
en consonancia con sus deberes y funciones de velar por el
cumplimiento de las leyes. Dicho foro señaló que el mensaje
no pretendió realzar a un candidato o partido político; lo
anterior porque, según expresó el referido foro, aun cuando
la Gobernadora se defendiera de acusaciones en su contra que
minaban su credibilidad y honestidad, se trataba de una
“respuesta
oficial
a
éstas
al
anunciarse
unas
medidas
gubernamentales para atender la situación”. Dichas medidas
constituían una solicitud al Departamento de Justicia, al
Contralor de Puerto Rico, al Blue Ribbon Committee y a la
Comisión Estatal de Elecciones para que constataran que no
hubo
uso
de
fondos
públicos
en
su
campaña
para
la
gobernación.
En cuanto al folleto “Informe al Pueblo” publicado en
el periódico “El Nuevo Día”, sin embargo, el foro primario
determinó
que
éste
sí
constituía
un
subterfugio
para
conferir una ventaja a la Gobernadora, sufragado con fondos
públicos. Ello debido a que el referido folleto contenía
expresiones que describían a la administración anterior de
forma despectiva, y exaltaba la presente.9
9
La parte demandada levantó la defensa de academicidad en
cuanto a la solicitud para que se declarase inconstitucional
el uso de fondos públicos para pagar el folleto “Informe al
Pueblo…” y el mensaje televisado de la Gobernadora del 10 de
CC-2004-131
10
Por último, el foro de instancia determinó, que el
P.N.P. no tenía legitimación para solicitar que se emitiera
una
orden
contra
el
Departamento
de
Justicia
para
que
procediese con el recobro y restitución al erario del dinero
gastado en los anuncios, según P.P.D. v. Gobernador I, ante.
Resolvió que, según lo resuelto en el caso antes citado, los
partidos
políticos
no
tenían
legitimación
activa
para
solicitar, como remedio, la restitución de fondos al erario
porque dicha acción no tenía relación con la desigualdad
económica entre los partidos políticos.
Determinó, además, dicho foro que, aun considerando la
petición de injunction como una de mandamus, este último
recurso extraordinario tampoco procedía ya que no existía un
mandato estatutario claro que le impusiera al Secretario de
Justicia la obligación de instar una acción para que se
restituyeran los fondos al erario.
En vista a todo lo anteriormente expresado, el foro
primario dictó sentencia en la que desestimó la demanda
contra
la
Hon.
Sila
M.
Calderón,
tanto
en
su
carácter
personal como en su carácter oficial. De igual forma, denegó
los injunctions solicitados en cuanto a la prohibición del
uso de los colores rojo y amarillo y en cuanto al uso del
lema “Puerto Rico, hacia el Futuro por Buen Camino”.
marzo de 2002. En cuanto a esto, el foro primario resolvió
que el caso ante sí era una excepción a la doctrina de
academicidad por presentar una cuestión susceptible de
volver a ocurrir.
CC-2004-131
11
Por otro lado, en cuanto a la divulgación del folleto
“Informe al Pueblo…”, el foro de instancia emitió una orden
de
injunction
permanente
prohibiendo
al
E.L.A.
y
a
sus
funcionarios la publicación del folleto con fondos públicos
y
a
destruir
y
reciclar
toda
copia
existente
de
dicho
folleto en los archivos gubernamentales, determinación que,
al no ser revisada por la parte demandada, advino final y
firme.
El P.N.P. apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó,
en síntesis, que el foro de instancia incidió: al determinar
que el mensaje televisado tuvo un fin público; al concluir
que
no
se
presentó
prueba
que
responsabilizara
a
la
Gobernadora; y al no prohibir al E.L.A. usar la combinación
de colores rojo y amarillo en sus anuncios o publicaciones
con el lema “Puerto Rico hacia el Futuro por Buen Camino”.10
Evaluada
la
prueba,
y
prácticamente
por
los
mismos
fundamentos, el foro apelativo intermedio emitió sentencia
confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia.
Inconforme,
el
P.N.P.
acudió,
vía
recurso
de
certiorari, ante este Tribunal imputándole al foro apelativo
haber errado:
al confirmar la determinación del Tribunal
de Primera Instancia de no prohibir el lema
“Puerto Rico hacia el futuro por buen camino” y
10
La denegatoria del injunction para que se ordenase a la
entonces Secretaria de Justicia a recobrar los fondos
públicos utilizados en la publicación de los anuncios en
controversia no fue impugnada por la parte demandante, por
lo que este aspecto también advino final y firme y
constituye la ley del caso.
CC-2004-131
12
la combinación de colores rojo y amarillo en los
anuncios publicados por el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico,
al confirmar la determinación del Tribunal
de Primera Instancia con respecto a que el
mensaje televisado de la Gobernadora del día 19
de marzo de 2002, tenía un fin público y no se
transmitió en violación de las disposiciones de
ley y preceptos constitucionales y,
al confirmar la determinación del Tribunal
de Primera Instancia de que la Hon. Sila M.
Calderón no responde tanto en su carácter
personal y oficial como Gobernadora, por los
hechos objeto de la demanda.
Por encontrarse igualmente divido, el 21 de junio de
2004,
este
Tribunal
expidió
el
recurso
de
certiorari
presentado y dictó Sentencia confirmatoria de la emitida en
el caso por el foro apelativo intermedio.11 En atención a
una moción de reconsideración, presentada por el P.N.P.,
emitimos una Resolución, el 11 de octubre de 2004, en la
cual decidimos reconsiderar la referida sentencia.12
I
Nos encontramos, nuevamente, ante una controversia de
índole política donde se plantea la interrogante de si un
partido político en el poder ha violado la Sección 9 del
11
La entonces Juez Presidenta Naveira Merly, el entonces
Juez Asociado Hernández Denton y el Juez Asociado Fuster
Berlingeri hubieran denegado la expedición del recurso por
haberse tornado académico. Por otra parte, el Juez Asociado
Rebollo López, el entonces Juez Asociado Corrada del Río, y
el Juez Asociado Rivera Pérez hubieran expedido el recurso.
12
Todos los jueces que intervinieron en la referida
reconsideración estuvieron de acuerdo con dicho curso de
acción, excepto las Juezas Asociadas Fiol Matta y Rodríguez
Rodríguez, quienes se inhibieron.
CC-2004-131
13
Artículo VI de la Constitución del ELA, ante, al utilizar
fondos públicos para pagar anuncios gubernamentales que,
alegadamente, tienen contenido político partidista dirigido
a beneficiar al partido o a sus candidatos.
Sabido es que para que un tribunal pueda entrar a
dilucidar
una
controversia,
la
misma
tiene
que
ser
justiciable. Uno de los supuestos en que un pleito no es
justiciable es cuando éste se ha tornado académico ya que,
bajo este supuesto, un tribunal no tendría jurisdicción para
entrar en los méritos del caso. Por ello, en primer lugar,
debemos considerar si el asunto ante nos se ha tornado
académico.
En su escrito, la recurrida Sila María Calderón trae a
nuestra atención el cambio en la situación fáctica que tuvo
ante
sí
el
sentencia.13
foro
Esto
primario
es,
que
el
al
momento
de
emitir
su
22
de
de
2003,
ella
mayo
informó al País su intención de no buscar la reelección como
Gobernadora en las elecciones del 2004, y que, en efecto, no
se postuló para este puesto. Señala, además, el hecho de la
elección de una nueva administración para el E.L.A. a partir
de este mismo año. En virtud de lo anterior, sostiene que el
análisis en cuanto a que los anuncios objetados tuvieron el
efecto de otorgarle ventaja sobre otro candidato en una
futura contienda eleccionaria se tornó académico.
Una controversia es académica cuando ocurren cambios
durante
13
el
trámite
judicial,
ya
sean
fácticos
o
Dicha sentencia fue emitida el 9 de abril de 2003.
en
el
CC-2004-131
14
derecho aplicable, que hacen que una controversia pierda su
actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el
tribunal no pueda tener efecto real alguno en cuanto a esa
controversia.
RBR
Const.,
S.E.
v.
A.C.,
149
D.P.R.
836
(1999).
El propósito de la referida doctrina es evitar el uso
inadecuado
de
recursos
judiciales
y
obviar
precedentes
innecesarios. P.N.P. en Humacao v. Carrasquillo, res. el 22
de
octubre
del
2005,
2005
Puertorriqueñas
de
Independiente
Empleados
de
T.S.P.R.
157;
Empresas
Inc.
v.
Hermandad
Telefónicos,
150
Desarrollo,
D.P.R.
924
(2000). Al analizar la academicidad de un caso, el tribunal
debe evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros a
fin de determinar si su condición de controversia viva y
presente subsiste con el transcurso del tiempo. Ibid.
Se han elaborado, sin embargo, una serie de excepciones
a la doctrina de academicidad que permiten la consideración
de un caso que de otro modo resultaría académico en cuanto a
su resultado o efecto inmediato.
Una de estas excepciones
es cuando se plantea una cuestión recurrente o susceptible
de volver a ocurrir y exista la posibilidad de que ésta
evada la revisión judicial. P.P.D. v. Gobernador I, ante;
C.E.E. v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993).
La
excepción
de
cuestión
recurrente
exige
que
se
analicen varios factores: la probabilidad de la recurrencia,
CC-2004-131
15
la identidad de las partes14 y la probabilidad de que la
controversia
evada
la
revisión
judicial.
Asoc.
de
Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991). En cuanto a
la probabilidad de que la controversia evada la revisión
judicial hemos expresado que esto sucede cuando, por la
naturaleza efímera o de corta duración de los hechos que
provocan la cuestión, sea difícil que logre ser dilucidada
por los tribunales. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R.
406 (1994); C.E.E. v. Depto. de Estado, ante; El Vocero v.
Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).
En
Empresas
Hermandad
Puertorriqueñas
Independiente
de
de
Empleados
Desarrollo,
Inc.
Telefónicos,
v.
ante,
expresamos, sobre el asunto de la academicidad, que:
En
el
caso
de
autos,
las
manifestaciones
específicas que dieron lugar al recurso ante nos
han cesado ya, por lo que podría estimarse que la
controversia concreta que nos concierne aquí
sobre el injunction preliminar se ha tornado
académica. No obstante, es evidente que la
cuestión novel e importante que este pleito
presenta,
de
si
agrupaciones
como
las
peticionarias
pueden
llevar
a
cabo
manifestaciones como las del caso de autos en un
centro comercial privado, cuando sus dueños se
oponen a tales actos, es una que con razonable
probabilidad ha de surgir de nuevo. El acto de
expresión
pública
impugnado
puede
volver
a
concluir antes de que la cuestión referida haya
sido dilucidada judicialmente en los méritos.
En C.E.E. v. Dpto. de Estado, ante, resolvimos que aun
cuando ya habían culminado las actividades realizadas por el
14
En Com. de la Mujer v. Secretario de Justicia, 109 D.P.R.
715 (1980), expresamos que para que opere esta excepción, la
recurrencia no tiene que ser específicamente entre las
mismas partes.
CC-2004-131
16
Departamento
de
Estado
que
alegadamente
violaron
la
Ley
Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de
1977, 16 L.P.R.A. secs. 3101 et seq, y aunque ningún remedio
judicial pudiese evitar la divulgación de los anuncios en
controversia, la controversia de derecho entre las partes
era susceptible de volverse a repetir. Esto es, que “…con
marcada
frecuencia
las
agencias
y
los
departamentos
gubernamentales se ven en la necesidad de anunciar al país
los eventos públicos que habrán de celebrar aun en años
electorales y la postura de la Comisión, si no se dilucida
de
manera
determinante,
es
potencialmente
una
fuente
de
continuos conflictos.”15
Respecto a los anuncios gubernamentales, señalamos en
P.P.D. v. Gobernador I, ante, que por la naturaleza de la
controversia
públicos
de
para
estos
casos,
sufragar
o
sea,
anuncios
de
el
uso
índole
de
fondos
político-
partidista, ésta era susceptible de repetirse, aun cuando el
anuncio ya no se publicaba. Ibid, pág. 677.
En el presente caso, la controversia particular de la
procedencia del injunction para prohibir el uso del rojo y
amarillo y el lema antes descrito se tornó académica ya que
estamos ante un cambio de administración que, aunque regida
por el P.P.D., no se le ha imputado el uso de esos colores
ni
15
del
lema
en
cuestión.
Por
ello,
sería
improcedente
En este caso la controversia era si la Ley Electoral
disponía
que
en
un
año
eleccionario
las
agencias
gubernamentales del E.L.A. estaban obligadas a someter a la
Comisión Estatal de Elecciones todos los anuncios que éstas
deseaban publicar.
CC-2004-131
17
conceder los remedios solicitados por el P.N.P., en cuanto a
expedir
prohibir
un
injunction
la
permanente
publicación
de
contra
anuncios
el
que
E.L.A.,
para
contengan
los
central
el
referidos colores y el lema impugnado.
Ello,
no
obstante,
la
controversia
en
presente caso no es si la Hon. Sila M. Calderón adquirió una
ventaja política en las pasadas elecciones, sino si los
anuncios gubernamentales impugnados, y que fueron sufragados
con
fondos
públicos,
tuvieron
un
fin
público
o
un
fin
político partidista.16 En atención a ello, el presente caso
requiere que determinemos si los anuncios gubernamentales
--aun cuando ya no se publiquen-- violaron, o no, el mandato
de la Sección 9 del Artículo VI de nuestra Constitución, el
cual, repetimos, al consagrar el buen manejo de los fondos
públicos, constituye un valor constitucional de la más alta
jerarquía.
Contrario a lo expresado por la Mayoría, entendemos que
es muy probable --como en efecto puede apreciarse de nuestra
pasada jurisprudencia-- que en futuras ocasiones vuelva a
surgir una controversia en la que se le impute al gobernador
y/o al partido político en el poder hacer uso de fondos
públicos para fines político partidista y que ésta evada la
revisión judicial por circunstancias similares a las que
ocurren en el presente caso, o sea, que ocurra un cambio de
16
Es procedente enfatizar sobre este aspecto que, entre los
remedios solicitados ante el Tribunal de Primera Instancia
se encuentra el de dictar una sentencia que declarase
inconstitucional el uso de fondos públicos para costear los
anuncios impugnados.
CC-2004-131
18
administración, o que los anuncios ya no se publiquen. En
vista
de
ello,
sostenemos
que
es
necesario
que
pasemos
juicio sobre la presente controversia.
En P.P.D. v. Gobernador I, ante, nos enfrentamos a una
controversia
muy
similar
Tribunal
no
estableció
colores,
lemas,
etc.
a
una
pueden
la
del
norma
ser
presente
que
caso.
Este
determinara
qué
utilizados
en
anuncios
gubernamentales17, sino que estableció una prohibición del
uso de fondos públicos para difundir cualquiera de estas
formas de expresar ideas que pretendan realzar la imagen del
partido
político
en
el
poder,
influenciando
la
opinión
pública a su favor, o que pretenda otorgarle a este partido
una
ventaja
indebida
sobre
partidos
opositores,
o
que
inserte lemas, colores, insignias, símbolos, etc. de corte
político partidista.
Es menester enfatizar una importante distinción entre
ambos
casos:
en
P.P.D.
v.
Gobernador
I,
ante,
era
de
aplicación la llamada “veda electoral” del Artículo 8.001 de
la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3351, y,
por lo tanto, el análisis de los anuncios en controversia
giró en torno a si estos se estaban publicando como parte de
una campaña política del partido en el poder para sacar
ventaja
sobre
el
partido
opositor
en
las
elecciones
próximas. En consideración a ello fue que se concedió el
17
Reconocemos que así hacerlo constituiría una intromisión
indebida de la Rama Judicial en las funciones de la Asamblea
Legislativa.
CC-2004-131
19
injunction preliminar solicitado para prohibir al E.L.A., a
sus funcionarios, agencias, etc. la publicación de dichos
anuncios.
En el presente caso, como se discutirá más adelante, la
referida Ley no es de aplicación ya que los anuncios no
fueron publicados en año eleccionario. El análisis de los
anuncios
en
controversia
en
el
caso
hoy
ante
nuestra
consideración se hace en torno a la Sección 9 del Artículo 6
de la Constitución del E.L.A., y si los anuncios tuvieron un
fin público.
Por ello, y para tratar de evitar en lo posible, la
recurrencia de casos de esta naturaleza es necesario que nos
expresemos sobre si los anuncios impugnados en el presente
caso violaron nuestra Constitución. En otras palabras, somos
del
criterio
que
por
tratarse
de
una
controversia
susceptible de volverse a repetir, la misma cumple con una
de las excepciones a la academicidad.
II
Como es sabido, existe un derecho del pueblo a estar
bien informado. Este derecho es consustancial con el derecho
al
sufragio
universal,
consagrado
en
la
Sección
2
del
Artículo II de la Constitución del E.L.A., ante, y del cual
surge el deber del Gobierno de informar al pueblo de las
gestiones realizadas en cumplimiento del mandato que éste le
concedió. Ello, porque la ciudadanía tiene derecho a ejercer
su voto de forma informada y consciente, y para esto tiene
CC-2004-131
20
que estar al tanto de las gestiones y obras realizadas por
los funcionarios que eligió. Por esto, existe una relación
estrecha entre el deber del Gobierno de mantener debidamente
informado
al
pueblo
y
la
publicación
de
anuncios
en
cumplimiento de este deber.
El Gobierno cumple con su deber de información mediante
expresiones
dirigidas
a
educar,
comunicar
y
orientar
al
pueblo sobre los servicios y programas públicos así como
cualquier otra expresión que sirva para mantener al pueblo
enterado de las labores que realiza en beneficio de los
ciudadanos. En reconocimiento de este deber de información,
este Tribunal expresó en P.P.D. v. Gobernador I, ante, que
la
expresión
del
Gobierno
de
naturaleza
educativa
e
informativa es indispensable para que el pueblo pueda juzgar
su labor y exigir remedios a los agravios gubernamentales.18
“Nuestra
jurisprudencia
refleja
la
tendencia
seguida
en
favor de la divulgación de información pública, al punto de
impartirle una dimensión amplia y robusta a la libertad de
expresión consagrada en nuestra Carta de Derechos.” Ibid,
pág. 680.19
18
Es menester enfatizar que en P.P.D. v. Gobernador II, 136
D.P.R. 919 (1994) este Tribunal señaló que el derecho
constitucional a la libre expresión le asiste a los
individuos frente al Estado. “De ahí que el Gobierno no
tiene un derecho constitucional a la libre expresión
protegido”. Ibid, a la pág. 923.
19
Citando a Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992);
Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); López Vives v.
Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Soto v. Srio. de
Justicia,
112
D.P.R.
477,
485
(1982);
Dávila
v.
CC-2004-131
Ahora
21
bien,
existen
en
nuestro
ordenamiento
limitaciones a este deber de información. Estas limitaciones
se manifiestan tanto en la Sección 9 del Artículo VI de la
Constitución del E.L.A., ante, que prohíbe el desembolso de
fondos públicos para fines que no sean públicos, como en la
llamada “veda electoral” establecida en el Artículo 8.001 de
la Ley Electoral de Puerto Rico, ante, al prohibir que el
partido
que
esté
en
el
poder
utilice,
durante
un
año
eleccionario, fondos públicos para promover su plataforma
política.20
Ambas
restricciones
constitucional
de
protegen,
igualdad
C.E.E. 141 D.P.R. 775 (1996);
política.
además,
Véase,
el
axioma
Miranda
v.
P.P.D. v. Gobernador II, 136
D.P.R. 919 (1994). Conforme dicho principio, es impermisible
que
el
partido
en
el
poder
adquiera
una
ventaja
en
el
proceso político utilizando fondos públicos para difundir
Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Sierra
v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).
20
El citado Artículo dispone que:
Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial,
que a partir del 1ro. de enero del año en que deba
celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a
la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para
la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión
pública con el propósito de exponer sus programas,
proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se
exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de
prensa
expresamente
requeridos
por
ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos
anuncios que sean utilizados para difundir información de
interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo
serán permitidos previa autorización al efecto de la
Comisión Estatal de Elecciones.
CC-2004-131
22
sus ideas, posturas o plataforma política mediante cualquier
tipo
de
expresión
pública.
Esto
incluye
los
anuncios
gubernamentales.
Del antes citado Artículo 8.001 de la Ley Electoral,
surge
de
forma
inequívoca
la
intención
legislativa
de
excluir definitivamente del proceso político la influencia
solapada que el partido en el poder puede tener mediante el
uso de anuncios gubernamentales. P.P.D. v. Gobernador II,
ante; C.E.E. v. Depto. de Estado, ante. Sin embargo, la
restricción
impuesta
al
Gobierno
mediante
la
referida
disposición estatutaria es aplicable, únicamente y por sus
propios términos, en años electorales.
El
análisis
sobre
la
validez
de
la
publicación
de
anuncios gubernamentales en años no eleccionarios, o sea,
fuera del periodo de la veda electoral, como ocurre en el
presente
caso,
dependerá
de
que
éstos
cumplan
con
los
parámetros constitucionales de la Sección 9 del Artículo VI
de la Constitución del E.L.A., ante.21
Dispone la referida disposición constitucional que:
Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos
públicos
para
fines
públicos
y
para
el
sostenimiento de las instituciones del Estado, y
en todo caso por autoridad de ley.
Entre la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución
del E.L.A. y el axioma de igualdad electoral en su vertiente
21
Queda claro, entonces, que toda vez que los anuncios
impugnados fueron publicados fuera de la veda electoral no
corresponde analizar si estos violaron las disposiciones del
Artículo 8.001 de la Ley Electoral, ante.
CC-2004-131
23
de igualdad económica existe una estrecha relación. De ahí
que
nuestro
esquema
electoral
garantice
la
igualdad
económica entre los partidos, restringiendo el uso de fondos
públicos
para
fines
públicos
sin
limitarlo
al
periodo
eleccionario. Véase, P.P.D. v. Gobernador I, ante, a la pág.
671.22
En
cuanto
a
lo
que
constituye
McCormick v. Marrero, 64 D.P.R.
fin
público,
en
260 (1944), interpretamos
dicho concepto como aquello que se considere en beneficio
público y cuando el propósito que se pretende realizar es de
carácter público. Es cierto, además, que en cuanto a lo que
constituye
un
fin
obligados
a
darle
legislativas
sobre
público,
los
foros
deferencia
este
a
concepto.
las
Ibid.
judiciales
están
determinaciones
No
obstante,
en
P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 599 (1978) expresamos que
tal
deferencia
interpretar
no
nos
finalmente
la
priva
de
nuestra
Constitución,
facultad
facultad
que
de
es
ineludible e indelegable.
En P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988), expresamos
además, que los tribunales, aun cuando deben actuar con
prudencia y deferencia a la voluntad legislativa al revisar
las determinaciones de lo que es fin público, la misma debe
estar enmarcada dentro del sistema constitucional. Ibid, a
la pág. 611. “Ahora bien, esa deferencia no significa que
22
También expresamos en el referido caso que la Sección 9
del Artículo VI de nuestra Constitución no requiere una ley
específica para su aplicación. P.P.D. v. Gobernador I, ante,
a la pág. 692.
CC-2004-131
24
los tribunales debemos renunciar a ejercer nuestra facultad
constitucional de evaluar si determinado uso de propiedad o
fondos del Estado por parte de la Legislatura y el Ejecutivo
constituye
un
uso
para
un
fin
público.
Esa
deferencia
tampoco puede ser llevada al absurdo de que este Tribunal se
cruce de brazos para permitir un uso de fondos públicos para
un
fin
claramente
contrario
a
nuestro
ordenamiento
constitucional.” Báez Galib v. C.E.E., 152 D.P.R. 382, 396
(2000);
P.I.P. v. C.E.E., ante a la pág. 612.
El requisito de “finalidad pública” es un presupuesto
indispensable
en
todo
proceso
de
erogación
de
fondos
públicos que limita la capacidad de actuar del Estado. En
cuanto al alcance de este concepto, en P.P.D. v. Gobernador
I ante, a la pág. 686, este Tribunal expresó que:
El concepto de "fin público" no es uno estático y
sí uno ligado al bienestar general que tiene que
ceñirse a las cambiantes condiciones sociales de
una
comunidad
específica,
a
los
problemas
peculiares que éstas crean y a las nuevas
obligaciones que el ciudadano impone a sus
gobernantes
en
una
sociedad
compleja.
Su
significado ha cobrado un marco dimensional de
naturaleza liberal, generalmente prevaleciendo el
criterio de que los objetivos que estuvieren
contemplados en el referido fin público deben
redundar en beneficio de la salud, seguridad,
moral
y
bienestar
general
de
todos
los
ciudadanos.
(Énfasis
en
el
original.
Cita
omitida.)
III
En virtud de todo lo anteriormente expresado, no hay
duda de que resulta legítimo y razonable que el Gobierno
--fuera de año eleccionario-- utilice fondos públicos para
comprar espacios en los medios de difusión pública con el
CC-2004-131
propósito
25
de
exponer
realizaciones
o
gubernamental
--en
sus
planes
programas,
proyectos,
logros,
toda
que
acción
vez
cumplimiento
con
esta
su
deber
de
información-- constituye un fin público. Es por ello que
resulta obvio que no toda campaña publicitaria por parte del
Gobierno viola el referido mandato constitucional.
Ahora bien, debe mantenerse presente lo expresado en
Marrero v. Municipio de Morovis, 115 D.P.R. 643, 645 (1984),
a
los
efectos
de
que
resulta
al
negativo,
mejor
desenvolvimiento de un sano proceso político democrático,
que determinado partido político utilice fondos y/o recursos
públicos para sus particulares fines privados. Es por ello
que si los anuncios gubernamentales sufragados con fondos
públicos son utilizados por la administración de gobierno en
el poder con fines político partidista no se cumple con la
exigencia
constitucional.
Dicho
de
otra
forma,
viola
la
Sección 9 del Artículo VI de nuestra Constitución y el
axioma
de
utilice
igualdad
fondos
contengan,
electoral,
públicos
símbolos,
el
para
frases,
partido
publicar
colores,
político
que
anuncios
que
etc.,
de
corte
político partidista. También viola estos preceptos el uso de
fondos públicos para adelantar cualquier fin que tenga el
propósito de darle ventaja al partido político en el poder,
aun en años no eleccionarios.
La prohibición de la Sección 9 del Artículo VI de la
Constitución del E.L.A. es tajante, no se permite el uso
político
partidista
de
los
fondos
públicos.
Tampoco
es
CC-2004-131
26
permitido al partido político de gobierno o candidato a
puesto
electivo
que
obtenga
una
ventaja
económica
sobre
I,
este
partidos opositores a expensas del erario.
Por
ello,
en
P.P.D.
v.
Gobernador
ante,
Tribunal reconoció que no era necesaria una determinación de
fin
público
cuando
el
Gobierno
utilizaba
o
incorporaba
símbolos, emblemas, colores, fotografías o lemas de obvia
naturaleza
político-partidista.
Tampoco
se
le
reconoce
validez constitucional a cualquier expresión gubernamental
difundida mediante el uso de fondos públicos cuando ésta
claramente
constituye
un
subterfugio
para
conferir
una
ventaja a un candidato o a un partido político, o para
adelantar sus intereses político-partidistas. Ibid, a la
pág. 691.23
23
En este caso, además, este Foro determinó que se
considerará que la expresión gubernamental contendrá un fin
público siempre y cuando la misma cumpla con ciertos
criterios. Estos son, que:
1.
Redunda
en
beneficio
de
la
salud,
la
seguridad, la moral y el bienestar general de
todos los ciudadanos.
2. Está destinado a una actividad de carácter
público o semipúblico.
3. Promueve los intereses y objetivos de la
entidad gubernamental, en consonancia con sus
deberes y funciones o la política pública
establecida.
4. Promueve programas, servicios, oportunidades y
derechos, o adelanta causas sociales, cívicas,
culturales, económicas o deportivas.
5. Promueve el establecimiento, modificación o
cambio de una política gubernamental.
Una vez se determina que existe un fin público en
relación con la erogación de fondos por una
entidad gubernamental, el hecho de que surja un
beneficio
incidental
en
favor
de
personas
particulares no desvirtúa el fin público a que va
CC-2004-131
En
27
consecuencia,
cuando
nos
enfrentamos
a
una
comunicación gubernamental dirigida al pueblo, --sea en año
electoral
o
en
año
no
electoral--
que
contiene
obvia
propaganda política, estamos impedidos de reconocerle fin
público
alguno.
anuncio
gubernamental
electoral
y
la
La
propaganda
lesiona
Sección
9
político
el
del
partidista
imperativo
Artículo
en
un
de
igualdad
de
nuestra
VI
Constitución.
IV
A
Con este trasfondo en mente, analizamos primero los
anuncios de prensa impugnados y la presencia en éstos de los
colores y el lema en cuestión con el fin de determinar si su
uso tuvo o no un fin político partidista. Veamos.
Es menester enfatizar que los anuncios publicados en
los distintos periódicos --y que fueron detallados en la
sentencia del tribunal de instancia-- estuvieron destinados
a
promover
actividades
programas,
servicios
gubernamentales.
No
hay
y
oportunidades
duda
que
esto,
o
en
principio, es cónsono con los intereses del Gobierno de
proveer publicidad a los servicios y programas que ofrece a
beneficio de la comunidad, mantener al pueblo informado y de
estimular la participación del pueblo en los programas que
se
ofrecen.
En
este
sentido,
los
referidos
anuncios,
claramente, perseguían un fin público. Ahora bien, resta
dirigida la actividad gubernamental. Ibid, a la
pág. 688.
CC-2004-131
28
analizar si el uso de los colores y el lema que han sido
impugnados tuvo como consecuencia la anulación de este fin
público y, por consiguiente, si violaron la Sección 9 del
Artículo VI de la Constitución, ante.
Estamos
ciertos
conscientes
colores
--como
que
en
Puerto
el
rojo,
Rico,
azul
y
el
uso
de
verde--
es
susceptible de un argumento de asociación política. Ello no
obstante, el mero uso de estos colores no hace, sin más, que
el anuncio gubernamental viole nuestra Constitución. Hemos
analizado
cada
expediente
y
hemos
instancia
y
el
colores
uno
los
Como
anuncios
observado,
tribunal
utilizados
predominante.
de
en
al
igual
apelativo
los
anuncios
relatáramos
que
constan
que
en
el
foro
de
que
los
de
uso
sólo
unos
el
intermedio,
no
fueron
anteriormente,
cuantos de los referidos anuncios contienen, en la parte
inferior, un pequeño recuadro con el fondo color amarillo y
palabras escritas en rojo.
En fin, la utilización de los colores rojo y amarillo
--por sí solos y utilizados de forma no generalizada-- no
nos impide encontrar un fin público en dicha comunicación
gubernamental. Lo importante, es que no se trate de un
continuo despliegue de estos colores en cada uno de los
anuncios de las distintas agencias administrativas.
Sin
embargo,
no
podemos
limitarnos
a
analizar,
por
separado, la presencia de los colores en los anuncios de
prensa en controversia. Hay que considerarlos en conjunto
CC-2004-131
29
con el lema “Puerto Rico, Hacia el Futuro por Buen Camino”
que también está presente en los anuncios.24
B
La correcta solución de la controversia planteada en el
presente caso exige no sólo un análisis --detenido, objetivo
y juicioso-- de los hechos específicos del caso sino que el
establecimiento
de
unas
premisas
básicas,
las
cuales
resultan determinantes en la consecución de esa solución.
24
En P.P.D. v. Gobernador I, ante, se impugnó el lema de
“compromiso cumplido” que aparecía en algunos de los
anuncios
gubernamentales
publicados
por
las
agencias
administrativas. Sobre este particular, en ese caso el
P.P.D. presentó prueba pericial que demostró que el referido
lema estaba siendo utilizado en la campaña política a la
gobernación del Hon. Pedro Rosselló para el año siguiente y,
simultáneamente, en los anuncios de las distintas agencias
gubernamentales.
En este caso se expresó que “[a] pesar de que resulta
evidente que la utilización de este lema responde a fines
político-partidistas, la prueba pericial despejó todo tipo
de duda al demostrar fehacientemente que el lema en cuestión
corresponde a la campaña que simultáneamente conduce el
P.N.P. en consideración a las elecciones generales de 1996.”
Ibid, a la pág. 700.
Este Tribunal resolvió, en el antes citado caso, que el
uso de la frase en los anuncios en controversia respondió a
una campaña publicitaria concertada, de manifiesto corte
político partidista, sufragada con fondos públicos y por lo
tanto violaba la disposición constitucional de la Sección 9
del Artículo VI de nuestra Constitución y el axioma de
paridad entre los partidos políticos.
En este caso también fueron impugnados los anuncios sobre
las tarjetas de salud. En cuanto a éstas, este Tribunal
determinó que los anuncios tenían el fin de contrastar la
cantidad
de
tarjetas
repartidas
por
la
presente
Administración con el hecho que el candidato opositor no
había repartido tarjeta alguna. Por ello, determinó que el
anuncio adelantaba un fin político partidista. Además, se
impugnó un folleto publicado en el Municipio de Carolina,
que llevaba el título “Una Década de Superación” junto a un
listado de expresiones que describían despectivamente a la
anterior
administración
perteneciente
al
P.N.P.
Este
Tribunal también resolvió en cuanto a éstas que perseguían
un fin político partidista por resaltar la administración
del alcalde en poder.
CC-2004-131
30
La publicación de expresiones gubernamentales mediante
el uso de fondos públicos para la consecución de un fin
público,
en
algunas
ocasiones,
puede
tener
el
efecto
incidental de producir cierto grado de ventaja al partido
político en el poder o a un candidato de dicho partido, lo
cual es, hasta cierto punto, inevitable y legítimo. Pero
cuando, por el contrario, dicha expresión es utilizada como
un vehículo para adelantar cualquier fin individual de dicho
partido o candidato, anulando de tal forma la consecución de
un objetivo legítimo, tal expresión no puede prevalecer por
constituir
una
ventaja
económica
a
dicho
partido,
o
candidato, por sobre los partidos políticos o candidatos de
oposición.
P.P.D. v. Gobernador I, ante.
Por otro lado, reconocemos que no corresponde a este
Tribunal diseñar el modo en que se publicarán los anuncios
gubernamentales ni establecer una norma que preceptúe qué
colores puede utilizar un partido político en el poder al
divulgar anuncios gubernamentales ni qué frases específicas
puede utilizar al realizar su labor de informar al pueblo.
Pero es labor ineludible de este Tribunal determinar si un
partido político viola, o no, la Sección 9 del Artículo VI
de
nuestra
Constitución
al
enfrascarse
en
una
campaña
publicitaria de esa naturaleza.25
25
A esos fines, debe mantenerse presente lo expresado en el
antes citado caso de P.P.D. v. Gobernador I, a los efectos
de que “[n]inguna de las ramas del Gobierno puede, bajo el
subterfugio de la inaplicabilidad de la veda electoral,
utilizar fondos públicos para fines político-partidistas, ya
CC-2004-131
Dicho
juicio
31
de
sobre
otra
la
manera,
sabiduría
“[no]
nos
de
gastos
los
corresponde
pasar
incurridos
en
publicidad, siempre que éstos respondan a fines públicos.
Sin
embargo,
es
nuestra
responsabilidad,
como
máximos
intérpretes de la Constitución, velar por que estos fondos
respondan directamente a las necesidades de la ciudadanía y
no a los fines de partido o candidato político alguno”.
Véase: P.P.D. v. Gobernador I, ante a la pág.703. (Énfasis
nuestro).
C
Si
bien
la
mayoría
de
los
anuncios
publicados,
e
impugnados, en el presente caso tenían el propósito aparente
de
informar,
y
educar,
al
pueblo
sobre
programas
de
gobierno, oportunidades de empleo, horarios extendidos de
las diferentes agencias de gobierno, charlas sobre temas
particulares,
subastas,
y,
hasta
destaque
de
logros
alcanzados --por lo cual, se puede decir, que perseguían un
fin legítimo-- la inserción, constante y continua, del lema
impugnado --esto es, “Puerto Rico hacia el futuro por Buen
Camino”-- en conjunto con los colores rojo y amarillo26, nos
lleva a la conclusión de que tenían, obviamente, un fin
que ello no constituye un fin
jurisdicción.” Ibid, a la pág. 703.
26
público
en
nuestra
No podemos ignorar que el color rojo siempre ha
distinguido la campaña política del Partido Popular
Democrático y el color amarillo había sido utilizado, en
campañas políticas previas, por la Hon. Sila María Calderón.
CC-2004-131
32
político partidista, el cual anula el aparente fin legítimo
de informar y educar al pueblo.
Ello así por dos razones, a saber: en primer lugar, la
conclusión
de
que
un
lema
responde
a
fines
político
partidista no depende, necesariamente, de que dicho lema
haya sido utilizado anteriormente como parte de una campaña
política por el funcionario en el poder que lo utiliza.
En segundo lugar, porque el lema no se utilizó como
parte de una campaña de determinada agencia para adelantar
su política pública o lograr un fin específico, de forma que
el lema respondiera al interés particular de esa agencia de
motivar
al
ciudadano,
sociales,
alertar
fomentar
su
a
crear
la
cooperación
consciencia
ciudadanía
con
los
sobre
sobre
problemas
algún
programas
o
asunto,
proyectos
implantados por la misma, entre otros.27
Aunque en el presente caso el lema impugnado no había
sido utilizado en la campaña eleccionaria en la cual resultó
electa la Hon. Sila María Calderón, el uso, continuo y
constante,
en
todos
los
anuncios
de
la
mayoría
de
las
agencias del Gobierno de Puerto Rico --irrespectivamente de
la clase de anuncio que fuera y su propósito-- convirtieron
dicho lema en uno político partidista. Resulta claro, en
consecuencia,
que
los
anuncios
impugnados
tuvieron
el
propósito primordial de realzar, favorecer y diferenciar la
27
Ejemplo de ello sería que los anuncios del Departamento
de la Familia, informando algún programa en respuesta a su
lucha contra el maltrato infantil, incluyera en los
respectivos anuncios el lema “Puerto Rico necesita niños
felices”.
CC-2004-131
33
administración de gobierno de la Gobernadora Calderón, como
una “en buen camino”, de la anterior administración, que
había sido una, alegadamente, de “mal camino”.
No
debemos
olvidar,
nunca,
que
la
Constitución
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe todo tipo de
desembolsos para fines no públicos. Ninguna administración,
sea cual fuere, puede utilizar fondos públicos en pago de
anuncios que constituyen un subterfugio para esconder fines
político partidista.
En consecuencia, resolveríamos que, tanto el tribunal
de instancia como el foro apelativo, erraron al resolver que
los anuncios impugnados no eran violatorios de la Sección 9
del Artículo VI de nuestra Constitución.
V
El
segundo
señalamiento
de
error
se
circunscribe
a
determinar si erró el foro apelativo al resolver que el
mensaje televisado de la Gobernadora del día 19 de marzo de
2002, tenía un fin público y no violó las leyes o los
preceptos constitucionales.28 Al hacer este análisis, nos
remitimos
a
la
expuestos
para
discusión
analizar
anterior
la
y
legalidad
a
de
los
principios
la
expresión
gubernamental.
El
referido
foro
expresó
en
su
sentencia
que
la
utilización de fondos públicos para costear el anuncio era
28
El texto íntegro del referido anuncio consta transcrito
en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
CC-2004-131
34
válida debido a que la prueba presentada por el P.N.P. no
demostró que la Gobernadora hubiera utilizado en su mensaje
televisado lemas o símbolos asociados al P.P.D.29
Concluyó
dicho
foro,
además,
que
el
mensaje
de
la
Gobernadora promovía un fin público ya que el fin ulterior
de
las
manifestaciones
en
el
anuncio
fue
mantener
la
confianza del pueblo y la credibilidad en su gobernante en
lo referente a sus actuaciones como administrador y custodio
del erario. Lo anterior, porque la Gobernadora se defendía
de una serie de ataques hechos por miembros del P.N.P. en
los cuales se le imputaba haber utilizado fondos públicos,
mientras fungía como Alcaldesa del Municipio de San Juan,
para su campaña a la gobernación en las elecciones del año
2000.
Sobre el particular, los peticionarios sostienen que la
Hon. Sila M. Calderón no podía utilizar fondos públicos para
defender su imagen y que por ello, el mensaje televisado no
tuvo fin público alguno.
Hemos evaluado el texto íntegro del anuncio televisado.
La esencia del anuncio son explicaciones que la Hon. Sila M.
Calderón,
brindó
al
pueblo
de
Puerto
Rico
sobre
las
imputaciones hechas en su contra.30 El valor informativo fue
29
En su escrito, los peticionarios reconocen, en cuanto al
mensaje televisado de la Gobernadora, que no se trata de uno
que incorpore lemas políticos o material fácilmente
identificable con un partido político.
30
A continuación, algunas de la expresiones hechas por la
Gobernadora en el anuncio televisado del 19 de marzo de
2002:
CC-2004-131
35
mayor que cualquier beneficio incidental que la Gobernadora
pudo derivar y, por consiguiente, tenía un fin público.
Ya anteriormente expresamos que el derecho al pueblo a
estar
bien
administración
informado
de
se
logra
gobierno
informe
permitiendo
al
pueblo
que
la
sobre
las
medidas que ha tomado o se propone tomar para lidiar con los
“Esta noche quiero hablarte de un tema muy
importante para ti, para mí y para todo Puerto
Rico. Se trata de la integridad pública, de la
honestidad en el manejo de los asuntos de
Gobierno.”
“En los últimos días se han hecho y se han
publicado expresiones, alegaciones, y acusaciones
contra mi campaña a la gobernación. Esto quizás
ha creado desorientación en ti y en el pueblo
puertorriqueño. De hecho, pienso que el propósito
ha sido generar confusión y dudas sobre mi
credibilidad, para en alguna forma descarrilar
los
esfuerzos
que
llevo
para
eliminar
la
corrupción de Puerto Rico.”
“Todo esto es muy serio. Por eso, esta noche me
estoy dirigiendo a ti. Para darte una explicación
de lo más clara posible, sobre estos temas; para
asumir la responsabilidad que me corresponde; y
para hablarte de frente. Para hablarte con la
verdad, como yo la entiendo, y como siempre he
dicho que te voy a hablar.”
“Los señalamientos que se han hecho son de dos
naturalezas. El primero tiene que ver con
anuncios que auspiciaron otros candidatos para
apoyar el mensaje integrado de cambio. El segundo
tiene que ver con conjeturas y especulaciones, de
fuentes anónimas y políticas, que han inferido
que se usaron fondos municipales en mi campaña.”
“Yo te puedo asegurar que ambos señalamientos son
total y absolutamente falsos.”
“Me siento segura de lo que te estoy diciendo,
aun así le he pedido al Departamento de Justicia,
al Contralor de Puerto Rico y al Blue Ribbon
Committee, que constaten que no hubo uso alguno
de fondos públicos en mi campaña”.
“Sin embargo, para que sobre este tema tampoco
quede duda alguna, le he solicitado una auditoría
completa a la Comisión Estatal de Elecciones. Le
he hecho una asignación especial de fondos para
ese propósito y les he pedido que se atienda este
asunto con la mayor rapidez”.
CC-2004-131
36
asuntos que interesan y aquejan a la ciudadanía, en este
caso, la corrupción gubernamental.
En
el
caso
del
anuncio
televisado,
la
Gobernadora
anunció que se solicitarían investigaciones al Departamento
de Justicia, al Contralor de Puerto Rico, al Blue Ribbon
Committee y a la Comisión Estatal de Elecciones para que
éstos constataran que no hubo uso de fondos públicos en su
campaña
para
la
gobernación;
además,
legítimo
que
la
Gobernadora,
como
Estado,
administradora
fondos
públicos
con
y
el
custodia
fin
de
fue
perfectamente
primera
del
ejecutiva
erario,
transmitir
del
utilizara
una
reacción
oficial a las imputaciones que pudieron haber socavado la
confianza que el pueblo depositó en ella. Somos del criterio
que
la
Hon.
Sila
M.
Calderón
no
actuó
con
el
fin
de
adelantar propósitos políticos o ideología partidista de
tipo alguno.
Por
consiguiente,
resolveríamos
que
el
anuncio
televisado no violó las disposiciones de la Sección 9 del
Artículo VI de la Constitución del ELA, ante.
VI
El tercer señalamiento de error requiere que analicemos
si
fue
correcta
intermedio
de
la
determinación
confirmar
la
del
desestimación
foro
de
apelativo
la
demanda
contra la Gobernadora tanto en su carácter personal como
oficial. El asunto no requiere una extensa discusión. Tanto
el foro primario como el foro apelativo determinaron que el
CC-2004-131
37
remedio solicitado por el P.N.P. en el presente caso no
creaba una causa de acción contra la Gobernadora, en ningún
carácter, y que, por el contrario, la causa de acción era
contra
el
E.L.A.
Ni
de
la
demanda
ni
de
la
evidencia
estipulada, por los peticionarios surge una causa de acción
en contra de la Hon. Sila M. Calderón. Por consiguiente,
concluiríamos que no erraron ni el foro primario ni el foro
apelativo al hacer esta determinación.
Además,
el
remedio
que
los
peticionarios
solicitan
contra la Hon. Sila M. Calderón es que se le condene a ésta
a
restituir
los
legitimación
fondos
activa
para
erogados.
reclamar
El
la
P.N.P.
no
restitución
tiene
de
los
fondos al erario. Véase: P.P.D. v. Gobernador I, ante.31
VII
Por
los
fundamentos
parcialmente
la
sentencia
intermedio,
decretándose
antes
expuestos,
dictada
por
la
el
revocaríamos
foro
inconstitucionalidad
apelativo
de
los
anuncios de prensa publicados por la pasada Administración
de la Hon. Sila M. Calderón que incluyeron el lema “Puerto
Rico, Hacia el Futuro, por Buen Camino”, en conjunto con los
colores rojo y amarillo, por ser el uso de estos de corte
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En P.P.D. v. Gobernador I, ante, también se desestimó la
causa de acción del remedio de restitución al erario y, como
consecuencia, se desestimó la demanda contra el Hon. Pedro
Rosselló, porque el P.P.D. no tenía legitimación activa para
hacer este reclamo. En dicho caso se le reconoció
legitimación activa a los partidos políticos para instar una
acción, únicamente, en protección de igualdad electoral en
su vertiente de igualad económica.
CC-2004-131
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político partidista y, en consecuencia, violatoria de la
Sección 9 del Artículo VI de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Confirmaríamos la referida
sentencia en cuanto a los demás asuntos; esto es, en cuanto
a
la
validez
del
anuncio
televisado
y
en
cuanto
a
la
desestimación de la demanda instada contra la Hon. Sila M.
Calderón tanto en su carácter oficial como personal.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado