LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ex Parte Raymond J. Russo Correa

2007 TSPR 27

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ex Parte Raymond J. Russo Correa

TS-00006368

Baja voluntaria al ejercicio de la abogacía

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Nuevo Progresista

Peticionario

Certiorari

v.

2007 TSPR 27

Hon. Sila María Calderón,

Gobernadora; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

170 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2004-131

Fecha: 16 de febrero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel I

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rivera Martínez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael Sánchez Hernández

Lcdo. Manuel J. Camacho Cordova

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Pedro Santiago Rivera

Oficina del Procurador General:

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales

Procuradora General Auxiliar

Materia: Sentencia Declaratoria, Injunction.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Nuevo Progresista

Peticionario

v.

CC-2004-131

Certiorari

Hon. Sila María Calderón,

Gobernadora; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, etc.

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2007.

A

la

luz

justiciabilidad,

de

los

procede

principios

desestimar

el

de

presente

caso por académico.

I.

El Partido Nuevo Progresista (en adelante,

P.N.P.) presentó una demanda y una petición de

injunction ante el Tribunal de Primera Instancia,

Sala Superior de San Juan, contra el Estado Libre

Asociado

de

Gobernadora,

Puerto

Hon.

Rico

Sila

adelante, la Gobernadora).

y

María

su

entonces

Calderón

(en

CC-2004-131

2

El P.N.P. alegó en la demanda que la Gobernadora

utilizó fondos públicos para transmitir varios anuncios

en la prensa, radio y televisión con el propósito de

realzar su imagen, obtener una ventaja indebida frente a

sus rivales políticos, influenciar la opinión pública a

favor

del

Partido

Popular

Democrático,

adelantar

los

intereses de dicho partido y desmerecer la obra realizada

por la pasada administración del P.N.P.

Además, se adujo

que la publicación de los referidos anuncios contravenía

el Artículo VI, sección 9, de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe el uso de

fondos

públicos

para

fines

no

públicos

y

consagra

paridad económica entre los partidos políticos.

P.N.P.

solicitó

que

se

declarara

la

Así, el

inconstitucional

el

gasto de fondos públicos, que se dictara un injunction

ordenando

a

la

parte

demandada

a

abstenerse

de

su

conducta y que se ordenara al Departamento de Justicia

que

recobrara

el

dinero

gastado

en

los

mencionados

anuncios.

Celebradas varias vistas ante el foro primario, las

partes estipularon los hechos en controversia.

parte,

la

Gobernadora

solicitó

que

se

Por otra

desestimara

sumariamente el pleito, porque la demanda, aun cuando se

dieran por ciertas las alegaciones en ella contenidas, no

contenía una causa de acción contra ella, en su capacidad

personal u oficial.

CC-2004-131

3

Examinado el derecho aplicable, el foro de instancia

desestimó la demanda contra la Gobernadora.

el

P.N.P.

apeló

ante

el

Tribunal

de

Inconforme,

Apelaciones,

que

confirmó la determinación de instancia.

Insatisfecho,

el

P.N.P.

recurso de certiorari.

acudió

ante

nos

mediante

Por su parte, la Gobernadora se

opuso a la expedición del mismo, alegando que el caso no

es

justiciable.

Calderón

señaló

elecciones

de

En

específico,

que,

2004,

la

como

no

la

se

controversia

Hon.

Sila

postuló

se

María

para

había

las

tornado

académica.

Por encontrarse igualmente dividido en relación a la

cuestión de la academicidad, inicialmente este Tribunal

emitió una sentencia confirmando el dictamen del foro

apelativo. Inconforme, el P.N.P. presentó una moción de

reconsideración, la cual acogimos y, así, expedimos el

auto solicitado. Por entender que el caso ya no presenta

un asunto justiciable, se anula el auto expedido y se

deniega la segunda moción de reconsideración.

II.

La función revisora de los tribunales se limita a

resolver las controversias genuinas entre partes opuestas

con un interés real en obtener un remedio judicial que

haya de afectar sus relaciones jurídicas.

Esto es, los

tribunales no podemos emitir opiniones consultivas.

obstante,

excepcionalmente

podemos

revisar

un

No

asunto

aunque sea académico cuando se trata de una controversia

CC-2004-131

4

recurrente y capaz de evadir la revisión judicial. Para

ello,

es

necesario

que

exista

una

“probabilidad

razonable” de que el pleito pueda repetirse y que la

controversia sea inherentemente de tan corta duración que

es probable que la misma deje de existir antes de que

termine

la

litigación.

Asociación

de

Periodistas

v.

González Vázquez, 127 D.P.R. 704 (1991).

III.

A la luz del derecho aplicable, el caso ante nuestra

consideración no es justiciable.

En efecto, el pleito se

volvió académico cuando los referidos anuncios cesaron de

transmitirse.

Además, como la Hon. Sila María Calderón

no

para

se

postuló

reelección

ni

tiene

una

posición

eleccionaria en una de las ramas del Gobierno, no hay una

probabilidad razonable de que la controversia se repita.

IV.

Por los fundamentos que preceden, se anula el auto

expedido

y

se

reconsideración.

deniega

Las

la

partes

segunda

deberán

moción

atenerse

de

a

lo

resuelto por este Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor

Hernández Denton emitió Opinión de Conformidad a la cual

se

unieron

las

Juezas

Asociadas

señoras

Fiol

Matta

y

Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor Rebollo López

emitió Opinión Disidente. El Juez Asociado señor Rivera

Pérez se reitera en su Opinión Disidente, referente a

CC-2004-131

5

este asunto, en el caso P.N.P. v. Gobernadora de 21 de

junio de 2004, 2004 T.S.P.R. 105, 2004 J.T.S. 100, 162

D.P.R. __ (2004). El Juez Asociado Fuster Berlingeri no

intervino. Todos los Jueces que intervinieron lo hacen

por Regla de Necesidad.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Nuevo Progresista

Peticionario

v.

CC-2004-131

Certiorari

Hon. Sila María Calderón,

Gobernadora; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, etc.

Recurridos

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton a la cual se unen las Juezas Asociadas señoras

Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2007.

En P.N.P. en Humacao v. Carrasquillo, res. el

27 de octubre de 2005, 2005 T.S.P.R. 157, resolvimos

que

una

demanda

solicitando

que

un

funcionario

cesara de publicar ciertos anuncios se había tornado

académica debido a la remoción de dichos anuncios y

a lo especulativo de que la controversia pudiera

repetirse.

Por

entender

que

los

hechos

ante

nos

son

prácticamente idénticos a los de P.N.P. en Humacao

v. Carrasquillo, Id., somos del criterio que procede

anular el auto expedido y denegar la segunda moción

de reconsideración presentada por el Partido Nuevo

Progresista (en adelante PNP).

Por ende, endosamos

la Sentencia emitida por el Tribunal.

CC-2004-131

2

I.

En

diciembre

de

2003,

el

PNP

presentó

ante

el

Tribunal de Primera Instancia una demanda y una petición

de

injunction

entonces

contra

el

gobernadora,

Estado

Hon.

Libre

Sila

Asociado,

María

y

Calderón

su

(en

adelante, Gobernadora).

En su demanda, el PNP alegó, en síntesis, que la

Gobernadora

utilizó

fondos

públicos

para

transmitir

varios anuncios en la prensa, radio y televisión con el

propósito de obtener una ventaja indebida frente a sus

rivales políticos y de influenciar la opinión pública a

favor

del

Partido

publicación

de

los

Popular

Democrático.1

referidos

anuncios

Adujo

con

que

la

dicho

fin

contraviene el Artículo 6, sección 9 de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el axioma de

igualdad

en

materia

electoral

que

permea

nuestro

ordenamiento jurídico.

Así las cosas, y luego de la celebración de varias

vistas ante el foro primario, las partes estipularon dos

hechos, a saber: (1) que la Gobernadora era candidata a

la

reelección,

transmitiendo

y

los

(2)

que

anuncios

la

Gobernadora

impugnados.

La

continuaba

referida

estipulación tenía el obvio propósito de acreditar ante

Impugnaron varios anuncios en los que se utilizaba

el lema “Puerto Rico, hacia el Futuro por Buen Camino”.

También impugnaron ciertos anuncios en los que se

utilizaban los colores rojo y amarillo, supuestos colores

con los que se identifica la campaña de la Gobernadora.

Adujeron que dichos anuncios tenían el fin de opacar los

logros de la pasada administración gubernamental.

1

CC-2004-131

3

el Tribunal de Primera Instancia que la controversia no

se

había

tornado

académica

pues

la

alegada

ilegal no había cesado2 y, aunque cesara,

conducta

la misma era

susceptible de repetirse entre las mismas partes.3

Luego de aquilatar la prueba, el foro de instancia

desestimó la demanda. Inconforme, el PNP acudió ante el

Tribunal

de

Apelaciones.

Dicho

tribunal

confirmó

la

determinación del foro primario. Aún insatisfecho, el PNP

acudió

ante

nos

solicitando

la

revocación

de

la

a

que

que

la

determinación del Tribunal de Apelaciones.

La

Gobernadora,

expidiéramos

el

por

auto

su

parte,

solicitado

se

opuso

señalando

controversia se había tornado académica debido que no se

postuló

para

ostentar

nuevamente

su

cargo

en

las

elecciones de 2004.

En junio de 2004, este Tribunal, por encontrarse

igualmente dividido respecto a si el presente caso se

había tornado académico, emitió sentencia confirmatoria

de la dictada por el foro apelativo. Inconforme, el PNP

solicitó que reconsideremos nuestro dictamen. En octubre

de 2004, acogimos la referida moción de reconsideración y

expedimos el auto solicitado.

Entendemos

que

la

presente

controversia

se

ha

convertido en académica debido a que la Gobernadora no se

Debido

a

que

la

transmitiendo los anuncios.

2

3

Gobernadora

continuaba

Es decir, entre la Gobernadora, de ser reelecta, y

el PNP.

CC-2004-131

4

postuló para la reelección y, en efecto, ya no funge como

tal. Además, somos del criterio de que, al igual que como

ocurrió en P.N.P de Humacao, supra, el caso que tenemos

ante nos ya no presenta un asunto justiciable toda vez

que los anuncios impugnados han cesado de transmitirse.

Veamos.

II.

Como hemos mencionado anteriormente, la academicidad

no es otra cosa que la doctrina de la acción legitimada

enmarcada en el tiempo: el interés personal requerido

debe existir al comienzo del litigio (standing) y debe

continuar

durante

(academicidad).

omitidas).

trasfondo

puede

En

P.N.P.

atención

el

de

duración

Humacao,

del

mismo

supra

(citas

ello,

una

variación

del

caso

o

el

derecho

efecto

de

convertir

en

en

sus

orígenes,

era

mujer

v.

Secretario

de

controversia

que,

Comisión

la

de

la

a

fáctico

tener

toda

en

en

el

aplicable

académica

una

justiciable.

Justicia,

109

D.P.R. 715 (1980).

A pesar de que, como norma general, los tribunales

debemos

abstenernos

de

entrar

a

los

méritos

de

una

controversia académica, la jurisprudencia ha desarrollado

varias excepciones a la referida regla. A tenor con lo

anterior, hemos establecido que un asunto técnicamente

académico es revisable por los tribunales cuando presenta

una controversia recurrente y capaz de evadir la revisión

judicial.

CC-2004-131

5

Conforme a la referida excepción, se puede entrar en

los méritos de una controversia académica dependiendo del

saldo

que

arroje

criterios:

(1)

el

examen

de

los

siguientes

tres

probabilidad

de

la

recurrencia,

(2)

identidad o no de las partes involucradas en el posible

pleito recurrente futuro, y (3) probabilidad de que la

controversia evada revisión judicial. P.N.P. de Humacao,

supra. Cruz Negrón v. Administración de Corrección, res.

28 de marzo de 2005, 2005 TSPR 34.

En

cuanto

a

la

probabilidad

de

recurrencia,

es

necesario que exista una “probabilidad razonable” de que

el

pleito

pueda

repetirse.

No

basta,

por

tanto,

una

posibilidad meramente especulativa de que la controversia

pudiera volver a ocurrir.

De

otra

parte,

usualmente

debe

existir

una

posibilidad real de que el caso pueda volver a ocurrir

entre las mismas partes. No obstante lo anterior, hemos

resuelto

que,

en

casos

que

presentan

cuestiones

constitucionales de la más alta jerarquía, podemos entrar

a los méritos de la controversia aunque la probabilidad

de repetición sea entre distintas partes.

Ello con el

fin de imprimirle significado concreto a nuestros valores

más fundamentales. P.N.P. de Humacao, supra.

En

el

pasado

constitucionales

méritos

de

un

hemos

que

caso

a

identificado

justifican

que

pesar

que

de

varios

entremos

el

mismo

valores

a

los

solo

es

susceptible de repetirse entre partes distintas. Entre

CC-2004-131

6

dichos valores se encuentran la libertad de expresión4,

la libertad de prensa5, y la igual protección de las

leyes.6

Por

axioma

otro

de

representa

lado,

recientemente

igualdad

un

ordenamiento

electoral,

expresamos

“aunque

principio

importante

jurídico,

no

el

ciertamente

dentro

constituye

que

de

nuestro

un

‘valor

constitucional de la más alta jerarquía’” equiparable en

rango a los derechos fundamentales antes mencionados a

los

fines

de

la

aplicación

de

la

doctrina

de

la

excepción

de

academicidad. P.N.P. de Humacao, supra.

Por

último,

para

que

concurra

“cuestión recurrente” es necesario que la controversia

sea inherentemente de tan corta duración que exista una

probabilidad

real

de

que

la

misma

cese

antes

de

que

termine la litigación.

III.

A la luz del derecho aplicable, el caso ante nos no

es justiciable.

Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v.

Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 150

D.P.R. 924 (2000).

4

Asociación de Periodistas v. González, 127 D.P.R.

704 (1991).

5

6

Com. para los Asuntos de la Mujer v. Secretario de

Justicia, supra. Similarmente, el Tribunal Supremo

Federal en Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), entró a los

méritos de una controversia técnicamente académica para

hacer ciertas expresiones en cuanto al derecho a la

intimidad.

CC-2004-131

El

7

PNP

impugnó

ante

el

foro

de

instancia

la

legalidad de que la Gobernadora transmitiera determinados

anuncios. Sin embargo, los referidos anuncios cesaron de

transmitirse antes de que tuviéramos la oportunidad de

adjudicar la controversia en sus méritos.

que

la

Gobernadora

optó

por

no

Ello se debe a

postularse

para

la

reelección y que actualmente el Hon. Anibal Acevedo Vilá

ocupa dicho puesto. Nos parece claro que dichos cambios

fácticos han provocado que “no exista una controversia

actual

entre

partes

adversas”.

Comisión

de

la

mujer,

supra.

Por otro lado, los referidos cambios también nos

convencen de que no existe una probabilidad razonable de

que

se

Además,

vuelvan

ello

totalmente

transmitir

también

nos

especulativa

los

lleva

la

anuncios

a

impugnados.

concluir

posibilidad

de

que

es

que

la

controversia se repita entre las mismas partes. Con casi

absoluta

certeza,

en

caso

de

publicarse

anuncios

similares a los impugnados, la Hon. Sila María Calderón

no estará fungiendo nuevamente como Gobernadora.

Por

último,

la

presente

controversia

no

presenta

cuestiones constitucionales de la más alta jerarquía que

ameriten que, a pesar de que no existe una probabilidad

razonable de que recurra la controversia entre las mismas

partes, entremos a los méritos del pleito. Como ya hemos

señalado, el PNP aduce que la actuación de la Gobernadora

viola

el

axioma

de

igualdad

electoral.

El

referido

CC-2004-131

principio,

8

aunque

importante,

no

es

equiparable

en

jerarquía a otros derechos fundamentales como la libre

expresión, la libertad de prensa, la igual protección de

las leyes y el derecho a la intimidad. En vista de ello,

“declinamos entrar a los méritos de la controversia para

dilucidar el alcance de dicho axioma en situaciones como

la de autos. La revisión judicial de acciones como las

[del presente caso] debe esperar, pues, a un momento más

oportuno.” P.N.P. de Humacao, supra.

En atención a las razones antes expuestas, somos del

criterio que el caso se tornó académico y procede denegar

la segunda moción de reconsideración presentada por el

peticionario.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

CC-2004-131

9

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Nuevo Progresista

Peticionario

vs.

CERTIORARI

CC-2004-131

Hon. Sila M. Calderón,

Gobernadora; Estado Libre

Asociado de Puerto Rico

Recurridos

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2007

En el día de hoy una mayoría de este Tribunal

rehúsa atender la presente

que no es justiciable por

controversia

ser

aduciendo

académica.

Sostiene

la Mayoría que la controversia no es susceptible a

repetirse entre las mismas partes y que el interés

involucrado no constituye

de

la

más

un

alta

jerarquía.

momentos

donde

valor

Nada

constitucional

más

lejos

de

la

de

fondos

verdad.

En

públicos

para

uno

los

de

Rico,

la

fines

de

erogación

ilegítimos

principales

mayoría

la

males

este

se

ha

que

aqueja

Tribunal

convertido

se

asumir jurisdicción en el caso haciendo

de

la

verdadera

controversia

a

Puerto

niega

caso

ante

en

a

omiso

nuestra

CC-2004-131

2

consideración, a saber, si los anuncios impugnados violaron

el

mandato

constitucional

consagrado

en

el

Artículo

VI,

Sección 9 de nuestra Constitución sobre el manejo de fondos

públicos; el cual, según hemos enunciado en el pasado, se

encuentra saturado de intereses de orden público. E.L.A. v.

Cole Vázquez, res. el 13 de abril de 2005, 2005 T.S.P.R. 46.

Elude

así

la

Mayoría

el

deber

constitucional

de

este

Tribunal de velar por el manejo prudente y escrupuloso de

fondos públicos, el cual sin duda alguna constituye un valor

constitucional de la más alta jerarquía.

Ciertamente, el dictamen hoy emitido despierta serias

inquietudes

sobre

los

criterios

realmente

tomados

en

consideración por la Mayoría de este Tribunal al así actuar.

Hace escasamente tres meses -–interpretando, precisamente,

los criterios de justiciabilidad-- asumimos jurisdicción en

Romero Barceló v. E.L.A., res. el 10 de noviembre de 2006,

2006

T.S.P.R.

163,

principalmente,

por

razones

de

alto

interés público. Igual trato merece el presente caso, pues,

definitivamente, el interés de proteger el buen manejo de

los fondos públicos así lo amerita; más aun cuando nuestros

pronunciamientos al respecto trascenderían el gobernador y/o

las partes en controversia y servirían de guía a todos los

funcionarios de turno, quienes a diario se enfrentan a la

incertidumbre

de

si

cierta

erogación

de

fondos

públicos

infringe o no el mandato constitucional en cuestión.

Evidentemente, este Tribunal posee jurisdicción para

entender en el caso de epígrafe y pronunciarse sobre la

CC-2004-131

3

controversia involucrada. Por ello, no podemos suscribir la

Sentencia dictada y emitimos la presente Opinión disidente.

I

El 20 de marzo de 2003, el Partido Nuevo Progresista,

en

adelante,

injunction

P.N.P.,

ante

el

presentó

Tribunal

de

demanda

y

solicitud

Primera

Instancia,

de

Sala

Superior de San Juan, contra el Estado Libre Asociado de

Puerto

Rico

y

su

entonces

Gobernadora,

Hon.

Sila

María

Calderón. En la referida demanda se alegó, en síntesis, que

la parte demandada, utilizando para ello fondos públicos,

transmitió

múltiples

anuncios

en

la

prensa,

radio

y

televisión en los cuales pretendía: realzar su imagen y

otorgarse una ventaja indebida, influenciando la opinión

pública

a

favor

del

Partido

Popular

Democrático,

en

adelante, P.P.D.; adelantar los interese de dicho partido; y

desmerecer la obra realizada por la pasada administración

del P.N.P. Se sostuvo, además, que dichos anuncios carecían

de un fin público y que violaban la Sección 9 del Artículo

VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, 1 L.P.R.A.

Tomo I, que consagra la paridad o igualdad económica entre

los partidos políticos y prohíbe el uso de fondos públicos

para la promoción de una postura política.

En específico, el P.N.P. alegó, que la Hon. Sila M.

Calderón transmitió por televisión, el 19 de marzo de 2002,

un

mensaje

cuyo

alegado

propósito

era

defenderse

de

imputaciones relacionadas con un posible esquema utilizado

CC-2004-131

4

en la campaña del P.P.D. en el año 2000 para violar la Ley

Electoral de Puerto Rico.

El

P.N.P.

también

impugnó

una

serie

de

anuncios

publicados en la prensa durante el año 2003. Alegó que

los

referidos

anuncios,

los

cuales

en

distintos

periódicos

de

circulación

fueron

publicados

en

Puerto

Rico,

contenían los colores amarillo y rojo. Según el P.N.P.,

estos

colores

alegadamente

identificaban

la

campaña

electoral de la Hon. Sila M. Calderón para la gobernación en

el

año

2000.

Sostuvo,

además,

el

P.N.P.

que

en

estos

anuncios de prensa se utilizó también el lema “Puerto Rico,

hacia el Futuro por Buen Camino” con el fin de opacar los

logros

de

la

pasada

administración

gubernamental,

e

influenciar la opinión pública a favor de su partido.

La

parte

demandante

impugnó

y

objetó,

además,

la

publicación de un folleto en el periódico “El Nuevo Día”

titulado “Informe al Pueblo de Puerto Rico: A dos Años de

Administración

describía

2001-2002”

ya

que

éste,

alegadamente,

despectivamente

la

pasada

administración

el

P.N.P.

solicitó

y

exaltaba la suya.

Conforme

primario

lo

que:

anterior,

emitiese

una

sentencia

del

foro

declarando

inconstitucional el gasto de fondos públicos sin fin ni

utilidad pública; un injunction que ordenase a la parte

demandada

a

abstenerse

de

continuar

utilizando

fondos

públicos en el diseño, producción y publicación de tales

anuncios;

y

que

dictase

una

orden

al

Departamento

de

CC-2004-131

5

Justicia para que procediese con el recobro y restitución al

erario de todo el dinero gastado en el diseño, producción y

publicación de tales anuncios por parte de los funcionarios

del ELA que incurrieron en tal acción.

Luego

de

celebradas

en

corte

presentaron,

varias

abierta,

una

vistas,

moción

las

partes

sometiendo

un

acuerdo sobre estipulación de hechos. La mencionada moción

consta, además, de 51 piezas de evidencia.

Los hechos estipulados fueron dos, a saber:

1. Sila M. Calderón es candidata a reelección al

puesto de Gobernadora del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

2. La parte demandada ha estado transmitiendo en

la radio, prensa, y televisión de Puerto Rico

determinados anuncios, parte de los cuales se

acompañan en estas estipulaciones.

Entre las piezas de evidencia estipuladas se encuentran

19

anuncios

distintos

que

fueron

publicados

en

los

periódicos “El Todo”, “El Vocero”, “El Nuevo Día”, “Primera

Hora”

7

y

“The

San

Juan

Star”7.

Algunos

de

los

referidos

Según las determinaciones de hechos del tribunal de

instancia, los 19 anuncios en que se utilizaron los colores

rojo y amarillo y el lema “Puerto Rico hacia el Futuro por

Buen

Camino”

son

los

siguientes:

(1)

anuncio

del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos informando

adiestramientos para personas desempleadas; (2)anuncio del

Departamento de Agricultura proveyendo información sobre los

beneficios para el agricultor por recolectar el café maduro;

(3)anuncio del Departamento del Trabajo y del Consejo de

Desarrollo

Ocupacional

y

Recursos

Humanos

proveyendo

información al trabajador desplazado sobre los servicios

ofrecidos por la agencia; (4) invitación a subasta de la

Oficina Estatal de la Conservación Histórica; (5) invitación

a un seminario de Promo-Export y Hong Kong Trade (6)

anuncios para participar en subastas del Departamento de

Transportación y Obras Públicas; (7) anuncio publicado por

el Departamento de la Familia sobre como proteger a los

CC-2004-131

6

anuncios fueron publicados en más de una ocasión. Estos

anuncios

informaban

al

pueblo

los

servicios,

programas,

horarios extendidos de distintas agencias administrativas,

avisos de subasta, etc. Otros de los referidos anuncios

contienen, en la parte inferior, un pequeño recuadro con el

fondo color amarillo y el lema “Puerto Rico, hacia el Futuro

por Buen Camino”, parte color negro y parte color rojo.8 La

palabra “Buen” está subrayada en color azul. Seguido del

lema aparece el nombre de la Gobernadora: Sila M. Calderón,

también en letras rojas, y debajo “Gobernadora Estado Libre

niños y sobre los servicios ofrecidos; (8) comunicado de

prensa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico del

Departamento de la Familia informando que no recibiría

nuevas propuestas de agencias gubernamentales o entidades

privadas; (9)anuncios de varias agencias sobre el horario

extendido de sus servicios; (10) anuncio sobre el tema a ser

discutido por la Gobernadora el 15 de marzo de 2003 en

distintas radioemisoras del país (éste no contiene el lema);

(11) anuncio de la Junta de Planificación invitando a la

ciudadanía a participar en cinco foros; (12) anuncio de la

Administración del Derecho al Trabajo y el Departamento de

Educación invitando a los jóvenes que participaron en el

programa de Navidad a la entrega de cheques y otras

actividades; (13) anuncio de la Oficina de Asuntos de la

Juventud

informando

sobre

oportunidades

de

viaje

estudiantiles; (14) anuncio del Departamento de Agricultura

invitando a los interesados a una charla con el Secretario

de dicho departamento; (15) anuncio de la Oficina de Asuntos

de la Juventud informando a los jóvenes sobre oportunidades

de empleo; (16) anuncio del Departamento de Salud y Junta

Examinadora de Quiroprácticos informando a los interesados

dónde obtener solicitudes para el examen de reválida; (17)

invitación a celebración de subasta del Departamento de

Salud; (18) anuncio del Departamento de Salud sobre

notificando a las compañías productoras de alimentos que el

Programa WIC está aceptando solicitudes con cotizaciones

para autorizar alimentos a servirse a sus participantes;

(19) anuncio de los Códigos de Orden Públicos promoviendo a

la ciudadanía a solicitar a sus alcaldes la adopción de

éstos.

8

Otros anuncios, en específico, los anuncios de la AAFET,

contienen variaciones de los colores rojo y amarillo.

CC-2004-131

Asociado”,

7

en

color

negro.

Debe

señalarse

que

el

lema

impugnado aparece en casi todos los anuncios publicados, con

la excepción de uno.

La parte demandada, Hon. Sila María Calderón, solicitó

la desestimación sumaria del pleito. Basó su solicitud en

que, aun tomando como ciertas todas las alegaciones de la

demanda, la misma no sustentaba una causa de acción contra

ella, ni en su capacidad personal ni oficial. Señaló, en

apoyo de lo anterior, que los remedios solicitados por la

parte demandante iban dirigidos, únicamente, al Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

En cuanto a los anuncios estipulados, alegó que todos

cumplían con un fin público por lo cual el uso de fondos

públicos para sufragarlos era legítimo. Indicó, además, que,

según lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643

(1995), el beneficio incidental para el incumbente de un

mensaje

gubernamental

legitimidad

dirigido.

ni

no

era

desvirtuaba

Sostuvo,

por

suficiente

para

el

fin

público

a

último,

que

todos

los

anular

su

que

iba

anuncios

respondían a la obligación del gobierno de informar a la

ciudadanía sobre las funciones que realizaban las distintas

agencias del gobierno.

Posteriormente,

la

parte

demandante,

presentó

una

petición de injunction preliminar y permanente. La petición,

a esos efectos, presentada por el P.N.P. solicitaba del foro

primario

que

dictara

una

orden

que:

(1)prohibiera

la

utilización de fondos públicos en el diseño, producción, y

CC-2004-131

8

publicación del folleto “Informe al Pueblo de Puerto Rico: A

dos Años de Administración 2001-2002”; (2)proscribiera el

uso de todo anuncio que incluyera el lema “Puerto Rico hacia

el Futuro por Buen camino, Sila M. Calderón, Gobernadora”; y

(3) prohibiera el uso de los colores rojo y amarillo en los

anuncios gubernamentales donde apareciera el nombre de la

Gobernadora.

A petición de la Gobernadora demandada, el tribunal de

instancia consolidó las peticiones de injunction preliminar

y permanente. Evaluada la prueba, el foro primario resolvió

que, aun cuando la combinación de colores rojo y amarillo

pudiese ser identificada con la campaña política del P.P.D.

en el año 2000, el uso de dichos colores en los anuncios

gubernamentales

en

controversia

no

era

una

expresión

político partidista, por no haber sido utilizados de forma

predominante.

En cuanto al lema “Puerto Rico hacia el Futuro por Buen

Camino”, el tribunal de instancia determinó que tampoco era

uno político partidista ya que la parte demandante había

aceptado, en corte abierta, no tener evidencia para probar

que había sido utilizado en alguna campaña ni surgía de la

evidencia estipulada que el lema hubiese sido utilizado en

la campaña política del P.P.D. en el 2000. En relación al

uso de este lema determinó, además, que cualquier beneficio

incidental que surgiese por su uso no desvirtuaba su fin

público.

CC-2004-131

9

En relación al anuncio televisado de la Gobernadora, en

el cual se alegaba el uso de fondos públicos para defenderse

de ciertas acusaciones, el foro de instancia determinó que

tuvo un fin público ya que promovió el interés del Gobierno

en consonancia con sus deberes y funciones de velar por el

cumplimiento de las leyes. Dicho foro señaló que el mensaje

no pretendió realzar a un candidato o partido político; lo

anterior porque, según expresó el referido foro, aun cuando

la Gobernadora se defendiera de acusaciones en su contra que

minaban su credibilidad y honestidad, se trataba de una

“respuesta

oficial

a

éstas

al

anunciarse

unas

medidas

gubernamentales para atender la situación”. Dichas medidas

constituían una solicitud al Departamento de Justicia, al

Contralor de Puerto Rico, al Blue Ribbon Committee y a la

Comisión Estatal de Elecciones para que constataran que no

hubo

uso

de

fondos

públicos

en

su

campaña

para

la

gobernación.

En cuanto al folleto “Informe al Pueblo” publicado en

el periódico “El Nuevo Día”, sin embargo, el foro primario

determinó

que

éste

sí

constituía

un

subterfugio

para

conferir una ventaja a la Gobernadora, sufragado con fondos

públicos. Ello debido a que el referido folleto contenía

expresiones que describían a la administración anterior de

forma despectiva, y exaltaba la presente.9

9

La parte demandada levantó la defensa de academicidad en

cuanto a la solicitud para que se declarase inconstitucional

el uso de fondos públicos para pagar el folleto “Informe al

Pueblo…” y el mensaje televisado de la Gobernadora del 10 de

CC-2004-131

10

Por último, el foro de instancia determinó, que el

P.N.P. no tenía legitimación para solicitar que se emitiera

una

orden

contra

el

Departamento

de

Justicia

para

que

procediese con el recobro y restitución al erario del dinero

gastado en los anuncios, según P.P.D. v. Gobernador I, ante.

Resolvió que, según lo resuelto en el caso antes citado, los

partidos

políticos

no

tenían

legitimación

activa

para

solicitar, como remedio, la restitución de fondos al erario

porque dicha acción no tenía relación con la desigualdad

económica entre los partidos políticos.

Determinó, además, dicho foro que, aun considerando la

petición de injunction como una de mandamus, este último

recurso extraordinario tampoco procedía ya que no existía un

mandato estatutario claro que le impusiera al Secretario de

Justicia la obligación de instar una acción para que se

restituyeran los fondos al erario.

En vista a todo lo anteriormente expresado, el foro

primario dictó sentencia en la que desestimó la demanda

contra

la

Hon.

Sila

M.

Calderón,

tanto

en

su

carácter

personal como en su carácter oficial. De igual forma, denegó

los injunctions solicitados en cuanto a la prohibición del

uso de los colores rojo y amarillo y en cuanto al uso del

lema “Puerto Rico, hacia el Futuro por Buen Camino”.

marzo de 2002. En cuanto a esto, el foro primario resolvió

que el caso ante sí era una excepción a la doctrina de

academicidad por presentar una cuestión susceptible de

volver a ocurrir.

CC-2004-131

11

Por otro lado, en cuanto a la divulgación del folleto

“Informe al Pueblo…”, el foro de instancia emitió una orden

de

injunction

permanente

prohibiendo

al

E.L.A.

y

a

sus

funcionarios la publicación del folleto con fondos públicos

y

a

destruir

y

reciclar

toda

copia

existente

de

dicho

folleto en los archivos gubernamentales, determinación que,

al no ser revisada por la parte demandada, advino final y

firme.

El P.N.P. apeló ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó,

en síntesis, que el foro de instancia incidió: al determinar

que el mensaje televisado tuvo un fin público; al concluir

que

no

se

presentó

prueba

que

responsabilizara

a

la

Gobernadora; y al no prohibir al E.L.A. usar la combinación

de colores rojo y amarillo en sus anuncios o publicaciones

con el lema “Puerto Rico hacia el Futuro por Buen Camino”.10

Evaluada

la

prueba,

y

prácticamente

por

los

mismos

fundamentos, el foro apelativo intermedio emitió sentencia

confirmatoria de la emitida por el tribunal de instancia.

Inconforme,

el

P.N.P.

acudió,

vía

recurso

de

certiorari, ante este Tribunal imputándole al foro apelativo

haber errado:

al confirmar la determinación del Tribunal

de Primera Instancia de no prohibir el lema

“Puerto Rico hacia el futuro por buen camino” y

10

La denegatoria del injunction para que se ordenase a la

entonces Secretaria de Justicia a recobrar los fondos

públicos utilizados en la publicación de los anuncios en

controversia no fue impugnada por la parte demandante, por

lo que este aspecto también advino final y firme y

constituye la ley del caso.

CC-2004-131

12

la combinación de colores rojo y amarillo en los

anuncios publicados por el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico,

al confirmar la determinación del Tribunal

de Primera Instancia con respecto a que el

mensaje televisado de la Gobernadora del día 19

de marzo de 2002, tenía un fin público y no se

transmitió en violación de las disposiciones de

ley y preceptos constitucionales y,

al confirmar la determinación del Tribunal

de Primera Instancia de que la Hon. Sila M.

Calderón no responde tanto en su carácter

personal y oficial como Gobernadora, por los

hechos objeto de la demanda.

Por encontrarse igualmente divido, el 21 de junio de

2004,

este

Tribunal

expidió

el

recurso

de

certiorari

presentado y dictó Sentencia confirmatoria de la emitida en

el caso por el foro apelativo intermedio.11 En atención a

una moción de reconsideración, presentada por el P.N.P.,

emitimos una Resolución, el 11 de octubre de 2004, en la

cual decidimos reconsiderar la referida sentencia.12

I

Nos encontramos, nuevamente, ante una controversia de

índole política donde se plantea la interrogante de si un

partido político en el poder ha violado la Sección 9 del

11

La entonces Juez Presidenta Naveira Merly, el entonces

Juez Asociado Hernández Denton y el Juez Asociado Fuster

Berlingeri hubieran denegado la expedición del recurso por

haberse tornado académico. Por otra parte, el Juez Asociado

Rebollo López, el entonces Juez Asociado Corrada del Río, y

el Juez Asociado Rivera Pérez hubieran expedido el recurso.

12

Todos los jueces que intervinieron en la referida

reconsideración estuvieron de acuerdo con dicho curso de

acción, excepto las Juezas Asociadas Fiol Matta y Rodríguez

Rodríguez, quienes se inhibieron.

CC-2004-131

13

Artículo VI de la Constitución del ELA, ante, al utilizar

fondos públicos para pagar anuncios gubernamentales que,

alegadamente, tienen contenido político partidista dirigido

a beneficiar al partido o a sus candidatos.

Sabido es que para que un tribunal pueda entrar a

dilucidar

una

controversia,

la

misma

tiene

que

ser

justiciable. Uno de los supuestos en que un pleito no es

justiciable es cuando éste se ha tornado académico ya que,

bajo este supuesto, un tribunal no tendría jurisdicción para

entrar en los méritos del caso. Por ello, en primer lugar,

debemos considerar si el asunto ante nos se ha tornado

académico.

En su escrito, la recurrida Sila María Calderón trae a

nuestra atención el cambio en la situación fáctica que tuvo

ante

sí

el

sentencia.13

foro

Esto

primario

es,

que

el

al

momento

de

emitir

su

22

de

de

2003,

ella

mayo

informó al País su intención de no buscar la reelección como

Gobernadora en las elecciones del 2004, y que, en efecto, no

se postuló para este puesto. Señala, además, el hecho de la

elección de una nueva administración para el E.L.A. a partir

de este mismo año. En virtud de lo anterior, sostiene que el

análisis en cuanto a que los anuncios objetados tuvieron el

efecto de otorgarle ventaja sobre otro candidato en una

futura contienda eleccionaria se tornó académico.

Una controversia es académica cuando ocurren cambios

durante

13

el

trámite

judicial,

ya

sean

fácticos

o

Dicha sentencia fue emitida el 9 de abril de 2003.

en

el

CC-2004-131

14

derecho aplicable, que hacen que una controversia pierda su

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el

tribunal no pueda tener efecto real alguno en cuanto a esa

controversia.

RBR

Const.,

S.E.

v.

A.C.,

149

D.P.R.

836

(1999).

El propósito de la referida doctrina es evitar el uso

inadecuado

de

recursos

judiciales

y

obviar

precedentes

innecesarios. P.N.P. en Humacao v. Carrasquillo, res. el 22

de

octubre

del

2005,

2005

Puertorriqueñas

de

Independiente

Empleados

de

T.S.P.R.

157;

Empresas

Inc.

v.

Hermandad

Telefónicos,

150

Desarrollo,

D.P.R.

924

(2000). Al analizar la academicidad de un caso, el tribunal

debe evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros a

fin de determinar si su condición de controversia viva y

presente subsiste con el transcurso del tiempo. Ibid.

Se han elaborado, sin embargo, una serie de excepciones

a la doctrina de academicidad que permiten la consideración

de un caso que de otro modo resultaría académico en cuanto a

su resultado o efecto inmediato.

Una de estas excepciones

es cuando se plantea una cuestión recurrente o susceptible

de volver a ocurrir y exista la posibilidad de que ésta

evada la revisión judicial. P.P.D. v. Gobernador I, ante;

C.E.E. v. Dpto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993).

La

excepción

de

cuestión

recurrente

exige

que

se

analicen varios factores: la probabilidad de la recurrencia,

CC-2004-131

15

la identidad de las partes14 y la probabilidad de que la

controversia

evada

la

revisión

judicial.

Asoc.

de

Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991). En cuanto a

la probabilidad de que la controversia evada la revisión

judicial hemos expresado que esto sucede cuando, por la

naturaleza efímera o de corta duración de los hechos que

provocan la cuestión, sea difícil que logre ser dilucidada

por los tribunales. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R.

406 (1994); C.E.E. v. Depto. de Estado, ante; El Vocero v.

Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

En

Empresas

Hermandad

Puertorriqueñas

Independiente

de

de

Empleados

Desarrollo,

Inc.

Telefónicos,

v.

ante,

expresamos, sobre el asunto de la academicidad, que:

En

el

caso

de

autos,

las

manifestaciones

específicas que dieron lugar al recurso ante nos

han cesado ya, por lo que podría estimarse que la

controversia concreta que nos concierne aquí

sobre el injunction preliminar se ha tornado

académica. No obstante, es evidente que la

cuestión novel e importante que este pleito

presenta,

de

si

agrupaciones

como

las

peticionarias

pueden

llevar

a

cabo

manifestaciones como las del caso de autos en un

centro comercial privado, cuando sus dueños se

oponen a tales actos, es una que con razonable

probabilidad ha de surgir de nuevo. El acto de

expresión

pública

impugnado

puede

volver

a

concluir antes de que la cuestión referida haya

sido dilucidada judicialmente en los méritos.

En C.E.E. v. Dpto. de Estado, ante, resolvimos que aun

cuando ya habían culminado las actividades realizadas por el

14

En Com. de la Mujer v. Secretario de Justicia, 109 D.P.R.

715 (1980), expresamos que para que opere esta excepción, la

recurrencia no tiene que ser específicamente entre las

mismas partes.

CC-2004-131

16

Departamento

de

Estado

que

alegadamente

violaron

la

Ley

Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de

1977, 16 L.P.R.A. secs. 3101 et seq, y aunque ningún remedio

judicial pudiese evitar la divulgación de los anuncios en

controversia, la controversia de derecho entre las partes

era susceptible de volverse a repetir. Esto es, que “…con

marcada

frecuencia

las

agencias

y

los

departamentos

gubernamentales se ven en la necesidad de anunciar al país

los eventos públicos que habrán de celebrar aun en años

electorales y la postura de la Comisión, si no se dilucida

de

manera

determinante,

es

potencialmente

una

fuente

de

continuos conflictos.”15

Respecto a los anuncios gubernamentales, señalamos en

P.P.D. v. Gobernador I, ante, que por la naturaleza de la

controversia

públicos

de

para

estos

casos,

sufragar

o

sea,

anuncios

de

el

uso

índole

de

fondos

político-

partidista, ésta era susceptible de repetirse, aun cuando el

anuncio ya no se publicaba. Ibid, pág. 677.

En el presente caso, la controversia particular de la

procedencia del injunction para prohibir el uso del rojo y

amarillo y el lema antes descrito se tornó académica ya que

estamos ante un cambio de administración que, aunque regida

por el P.P.D., no se le ha imputado el uso de esos colores

ni

15

del

lema

en

cuestión.

Por

ello,

sería

improcedente

En este caso la controversia era si la Ley Electoral

disponía

que

en

un

año

eleccionario

las

agencias

gubernamentales del E.L.A. estaban obligadas a someter a la

Comisión Estatal de Elecciones todos los anuncios que éstas

deseaban publicar.

CC-2004-131

17

conceder los remedios solicitados por el P.N.P., en cuanto a

expedir

prohibir

un

injunction

la

permanente

publicación

de

contra

anuncios

el

que

E.L.A.,

para

contengan

los

central

el

referidos colores y el lema impugnado.

Ello,

no

obstante,

la

controversia

en

presente caso no es si la Hon. Sila M. Calderón adquirió una

ventaja política en las pasadas elecciones, sino si los

anuncios gubernamentales impugnados, y que fueron sufragados

con

fondos

públicos,

tuvieron

un

fin

público

o

un

fin

político partidista.16 En atención a ello, el presente caso

requiere que determinemos si los anuncios gubernamentales

--aun cuando ya no se publiquen-- violaron, o no, el mandato

de la Sección 9 del Artículo VI de nuestra Constitución, el

cual, repetimos, al consagrar el buen manejo de los fondos

públicos, constituye un valor constitucional de la más alta

jerarquía.

Contrario a lo expresado por la Mayoría, entendemos que

es muy probable --como en efecto puede apreciarse de nuestra

pasada jurisprudencia-- que en futuras ocasiones vuelva a

surgir una controversia en la que se le impute al gobernador

y/o al partido político en el poder hacer uso de fondos

públicos para fines político partidista y que ésta evada la

revisión judicial por circunstancias similares a las que

ocurren en el presente caso, o sea, que ocurra un cambio de

16

Es procedente enfatizar sobre este aspecto que, entre los

remedios solicitados ante el Tribunal de Primera Instancia

se encuentra el de dictar una sentencia que declarase

inconstitucional el uso de fondos públicos para costear los

anuncios impugnados.

CC-2004-131

18

administración, o que los anuncios ya no se publiquen. En

vista

de

ello,

sostenemos

que

es

necesario

que

pasemos

juicio sobre la presente controversia.

En P.P.D. v. Gobernador I, ante, nos enfrentamos a una

controversia

muy

similar

Tribunal

no

estableció

colores,

lemas,

etc.

a

una

pueden

la

del

norma

ser

presente

que

caso.

Este

determinara

qué

utilizados

en

anuncios

gubernamentales17, sino que estableció una prohibición del

uso de fondos públicos para difundir cualquiera de estas

formas de expresar ideas que pretendan realzar la imagen del

partido

político

en

el

poder,

influenciando

la

opinión

pública a su favor, o que pretenda otorgarle a este partido

una

ventaja

indebida

sobre

partidos

opositores,

o

que

inserte lemas, colores, insignias, símbolos, etc. de corte

político partidista.

Es menester enfatizar una importante distinción entre

ambos

casos:

en

P.P.D.

v.

Gobernador

I,

ante,

era

de

aplicación la llamada “veda electoral” del Artículo 8.001 de

la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3351, y,

por lo tanto, el análisis de los anuncios en controversia

giró en torno a si estos se estaban publicando como parte de

una campaña política del partido en el poder para sacar

ventaja

sobre

el

partido

opositor

en

las

elecciones

próximas. En consideración a ello fue que se concedió el

17

Reconocemos que así hacerlo constituiría una intromisión

indebida de la Rama Judicial en las funciones de la Asamblea

Legislativa.

CC-2004-131

19

injunction preliminar solicitado para prohibir al E.L.A., a

sus funcionarios, agencias, etc. la publicación de dichos

anuncios.

En el presente caso, como se discutirá más adelante, la

referida Ley no es de aplicación ya que los anuncios no

fueron publicados en año eleccionario. El análisis de los

anuncios

en

controversia

en

el

caso

hoy

ante

nuestra

consideración se hace en torno a la Sección 9 del Artículo 6

de la Constitución del E.L.A., y si los anuncios tuvieron un

fin público.

Por ello, y para tratar de evitar en lo posible, la

recurrencia de casos de esta naturaleza es necesario que nos

expresemos sobre si los anuncios impugnados en el presente

caso violaron nuestra Constitución. En otras palabras, somos

del

criterio

que

por

tratarse

de

una

controversia

susceptible de volverse a repetir, la misma cumple con una

de las excepciones a la academicidad.

II

Como es sabido, existe un derecho del pueblo a estar

bien informado. Este derecho es consustancial con el derecho

al

sufragio

universal,

consagrado

en

la

Sección

2

del

Artículo II de la Constitución del E.L.A., ante, y del cual

surge el deber del Gobierno de informar al pueblo de las

gestiones realizadas en cumplimiento del mandato que éste le

concedió. Ello, porque la ciudadanía tiene derecho a ejercer

su voto de forma informada y consciente, y para esto tiene

CC-2004-131

20

que estar al tanto de las gestiones y obras realizadas por

los funcionarios que eligió. Por esto, existe una relación

estrecha entre el deber del Gobierno de mantener debidamente

informado

al

pueblo

y

la

publicación

de

anuncios

en

cumplimiento de este deber.

El Gobierno cumple con su deber de información mediante

expresiones

dirigidas

a

educar,

comunicar

y

orientar

al

pueblo sobre los servicios y programas públicos así como

cualquier otra expresión que sirva para mantener al pueblo

enterado de las labores que realiza en beneficio de los

ciudadanos. En reconocimiento de este deber de información,

este Tribunal expresó en P.P.D. v. Gobernador I, ante, que

la

expresión

del

Gobierno

de

naturaleza

educativa

e

informativa es indispensable para que el pueblo pueda juzgar

su labor y exigir remedios a los agravios gubernamentales.18

“Nuestra

jurisprudencia

refleja

la

tendencia

seguida

en

favor de la divulgación de información pública, al punto de

impartirle una dimensión amplia y robusta a la libertad de

expresión consagrada en nuestra Carta de Derechos.” Ibid,

pág. 680.19

18

Es menester enfatizar que en P.P.D. v. Gobernador II, 136

D.P.R. 919 (1994) este Tribunal señaló que el derecho

constitucional a la libre expresión le asiste a los

individuos frente al Estado. “De ahí que el Gobierno no

tiene un derecho constitucional a la libre expresión

protegido”. Ibid, a la pág. 923.

19

Citando a Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992);

Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); López Vives v.

Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Soto v. Srio. de

Justicia,

112

D.P.R.

477,

485

(1982);

Dávila

v.

CC-2004-131

Ahora

21

bien,

existen

en

nuestro

ordenamiento

limitaciones a este deber de información. Estas limitaciones

se manifiestan tanto en la Sección 9 del Artículo VI de la

Constitución del E.L.A., ante, que prohíbe el desembolso de

fondos públicos para fines que no sean públicos, como en la

llamada “veda electoral” establecida en el Artículo 8.001 de

la Ley Electoral de Puerto Rico, ante, al prohibir que el

partido

que

esté

en

el

poder

utilice,

durante

un

año

eleccionario, fondos públicos para promover su plataforma

política.20

Ambas

restricciones

constitucional

de

protegen,

igualdad

C.E.E. 141 D.P.R. 775 (1996);

política.

además,

Véase,

el

axioma

Miranda

v.

P.P.D. v. Gobernador II, 136

D.P.R. 919 (1994). Conforme dicho principio, es impermisible

que

el

partido

en

el

poder

adquiera

una

ventaja

en

el

proceso político utilizando fondos públicos para difundir

Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Sierra

v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959).

20

El citado Artículo dispone que:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial,

que a partir del 1ro. de enero del año en que deba

celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a

la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para

la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión

pública con el propósito de exponer sus programas,

proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se

exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de

prensa

expresamente

requeridos

por

ley.

Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos

anuncios que sean utilizados para difundir información de

interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo

serán permitidos previa autorización al efecto de la

Comisión Estatal de Elecciones.

CC-2004-131

22

sus ideas, posturas o plataforma política mediante cualquier

tipo

de

expresión

pública.

Esto

incluye

los

anuncios

gubernamentales.

Del antes citado Artículo 8.001 de la Ley Electoral,

surge

de

forma

inequívoca

la

intención

legislativa

de

excluir definitivamente del proceso político la influencia

solapada que el partido en el poder puede tener mediante el

uso de anuncios gubernamentales. P.P.D. v. Gobernador II,

ante; C.E.E. v. Depto. de Estado, ante. Sin embargo, la

restricción

impuesta

al

Gobierno

mediante

la

referida

disposición estatutaria es aplicable, únicamente y por sus

propios términos, en años electorales.

El

análisis

sobre

la

validez

de

la

publicación

de

anuncios gubernamentales en años no eleccionarios, o sea,

fuera del periodo de la veda electoral, como ocurre en el

presente

caso,

dependerá

de

que

éstos

cumplan

con

los

parámetros constitucionales de la Sección 9 del Artículo VI

de la Constitución del E.L.A., ante.21

Dispone la referida disposición constitucional que:

Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos

públicos

para

fines

públicos

y

para

el

sostenimiento de las instituciones del Estado, y

en todo caso por autoridad de ley.

Entre la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución

del E.L.A. y el axioma de igualdad electoral en su vertiente

21

Queda claro, entonces, que toda vez que los anuncios

impugnados fueron publicados fuera de la veda electoral no

corresponde analizar si estos violaron las disposiciones del

Artículo 8.001 de la Ley Electoral, ante.

CC-2004-131

23

de igualdad económica existe una estrecha relación. De ahí

que

nuestro

esquema

electoral

garantice

la

igualdad

económica entre los partidos, restringiendo el uso de fondos

públicos

para

fines

públicos

sin

limitarlo

al

periodo

eleccionario. Véase, P.P.D. v. Gobernador I, ante, a la pág.

671.22

En

cuanto

a

lo

que

constituye

McCormick v. Marrero, 64 D.P.R.

fin

público,

en

260 (1944), interpretamos

dicho concepto como aquello que se considere en beneficio

público y cuando el propósito que se pretende realizar es de

carácter público. Es cierto, además, que en cuanto a lo que

constituye

un

fin

obligados

a

darle

legislativas

sobre

público,

los

foros

deferencia

este

a

concepto.

las

Ibid.

judiciales

están

determinaciones

No

obstante,

en

P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590, 599 (1978) expresamos que

tal

deferencia

interpretar

no

nos

finalmente

la

priva

de

nuestra

Constitución,

facultad

facultad

que

de

es

ineludible e indelegable.

En P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988), expresamos

además, que los tribunales, aun cuando deben actuar con

prudencia y deferencia a la voluntad legislativa al revisar

las determinaciones de lo que es fin público, la misma debe

estar enmarcada dentro del sistema constitucional. Ibid, a

la pág. 611. “Ahora bien, esa deferencia no significa que

22

También expresamos en el referido caso que la Sección 9

del Artículo VI de nuestra Constitución no requiere una ley

específica para su aplicación. P.P.D. v. Gobernador I, ante,

a la pág. 692.

CC-2004-131

24

los tribunales debemos renunciar a ejercer nuestra facultad

constitucional de evaluar si determinado uso de propiedad o

fondos del Estado por parte de la Legislatura y el Ejecutivo

constituye

un

uso

para

un

fin

público.

Esa

deferencia

tampoco puede ser llevada al absurdo de que este Tribunal se

cruce de brazos para permitir un uso de fondos públicos para

un

fin

claramente

contrario

a

nuestro

ordenamiento

constitucional.” Báez Galib v. C.E.E., 152 D.P.R. 382, 396

(2000);

P.I.P. v. C.E.E., ante a la pág. 612.

El requisito de “finalidad pública” es un presupuesto

indispensable

en

todo

proceso

de

erogación

de

fondos

públicos que limita la capacidad de actuar del Estado. En

cuanto al alcance de este concepto, en P.P.D. v. Gobernador

I ante, a la pág. 686, este Tribunal expresó que:

El concepto de "fin público" no es uno estático y

sí uno ligado al bienestar general que tiene que

ceñirse a las cambiantes condiciones sociales de

una

comunidad

específica,

a

los

problemas

peculiares que éstas crean y a las nuevas

obligaciones que el ciudadano impone a sus

gobernantes

en

una

sociedad

compleja.

Su

significado ha cobrado un marco dimensional de

naturaleza liberal, generalmente prevaleciendo el

criterio de que los objetivos que estuvieren

contemplados en el referido fin público deben

redundar en beneficio de la salud, seguridad,

moral

y

bienestar

general

de

todos

los

ciudadanos.

(Énfasis

en

el

original.

Cita

omitida.)

III

En virtud de todo lo anteriormente expresado, no hay

duda de que resulta legítimo y razonable que el Gobierno

--fuera de año eleccionario-- utilice fondos públicos para

comprar espacios en los medios de difusión pública con el

CC-2004-131

propósito

25

de

exponer

realizaciones

o

gubernamental

--en

sus

planes

programas,

proyectos,

logros,

toda

que

acción

vez

cumplimiento

con

esta

su

deber

de

información-- constituye un fin público. Es por ello que

resulta obvio que no toda campaña publicitaria por parte del

Gobierno viola el referido mandato constitucional.

Ahora bien, debe mantenerse presente lo expresado en

Marrero v. Municipio de Morovis, 115 D.P.R. 643, 645 (1984),

a

los

efectos

de

que

resulta

al

negativo,

mejor

desenvolvimiento de un sano proceso político democrático,

que determinado partido político utilice fondos y/o recursos

públicos para sus particulares fines privados. Es por ello

que si los anuncios gubernamentales sufragados con fondos

públicos son utilizados por la administración de gobierno en

el poder con fines político partidista no se cumple con la

exigencia

constitucional.

Dicho

de

otra

forma,

viola

la

Sección 9 del Artículo VI de nuestra Constitución y el

axioma

de

utilice

igualdad

fondos

contengan,

electoral,

públicos

símbolos,

el

para

frases,

partido

publicar

colores,

político

que

anuncios

que

etc.,

de

corte

político partidista. También viola estos preceptos el uso de

fondos públicos para adelantar cualquier fin que tenga el

propósito de darle ventaja al partido político en el poder,

aun en años no eleccionarios.

La prohibición de la Sección 9 del Artículo VI de la

Constitución del E.L.A. es tajante, no se permite el uso

político

partidista

de

los

fondos

públicos.

Tampoco

es

CC-2004-131

26

permitido al partido político de gobierno o candidato a

puesto

electivo

que

obtenga

una

ventaja

económica

sobre

I,

este

partidos opositores a expensas del erario.

Por

ello,

en

P.P.D.

v.

Gobernador

ante,

Tribunal reconoció que no era necesaria una determinación de

fin

público

cuando

el

Gobierno

utilizaba

o

incorporaba

símbolos, emblemas, colores, fotografías o lemas de obvia

naturaleza

político-partidista.

Tampoco

se

le

reconoce

validez constitucional a cualquier expresión gubernamental

difundida mediante el uso de fondos públicos cuando ésta

claramente

constituye

un

subterfugio

para

conferir

una

ventaja a un candidato o a un partido político, o para

adelantar sus intereses político-partidistas. Ibid, a la

pág. 691.23

23

En este caso, además, este Foro determinó que se

considerará que la expresión gubernamental contendrá un fin

público siempre y cuando la misma cumpla con ciertos

criterios. Estos son, que:

1.

Redunda

en

beneficio

de

la

salud,

la

seguridad, la moral y el bienestar general de

todos los ciudadanos.

2. Está destinado a una actividad de carácter

público o semipúblico.

3. Promueve los intereses y objetivos de la

entidad gubernamental, en consonancia con sus

deberes y funciones o la política pública

establecida.

4. Promueve programas, servicios, oportunidades y

derechos, o adelanta causas sociales, cívicas,

culturales, económicas o deportivas.

5. Promueve el establecimiento, modificación o

cambio de una política gubernamental.

Una vez se determina que existe un fin público en

relación con la erogación de fondos por una

entidad gubernamental, el hecho de que surja un

beneficio

incidental

en

favor

de

personas

particulares no desvirtúa el fin público a que va

CC-2004-131

En

27

consecuencia,

cuando

nos

enfrentamos

a

una

comunicación gubernamental dirigida al pueblo, --sea en año

electoral

o

en

año

no

electoral--

que

contiene

obvia

propaganda política, estamos impedidos de reconocerle fin

público

alguno.

anuncio

gubernamental

electoral

y

la

La

propaganda

lesiona

Sección

9

político

el

del

partidista

imperativo

Artículo

en

un

de

igualdad

de

nuestra

VI

Constitución.

IV

A

Con este trasfondo en mente, analizamos primero los

anuncios de prensa impugnados y la presencia en éstos de los

colores y el lema en cuestión con el fin de determinar si su

uso tuvo o no un fin político partidista. Veamos.

Es menester enfatizar que los anuncios publicados en

los distintos periódicos --y que fueron detallados en la

sentencia del tribunal de instancia-- estuvieron destinados

a

promover

actividades

programas,

servicios

gubernamentales.

No

hay

y

oportunidades

duda

que

esto,

o

en

principio, es cónsono con los intereses del Gobierno de

proveer publicidad a los servicios y programas que ofrece a

beneficio de la comunidad, mantener al pueblo informado y de

estimular la participación del pueblo en los programas que

se

ofrecen.

En

este

sentido,

los

referidos

anuncios,

claramente, perseguían un fin público. Ahora bien, resta

dirigida la actividad gubernamental. Ibid, a la

pág. 688.

CC-2004-131

28

analizar si el uso de los colores y el lema que han sido

impugnados tuvo como consecuencia la anulación de este fin

público y, por consiguiente, si violaron la Sección 9 del

Artículo VI de la Constitución, ante.

Estamos

ciertos

conscientes

colores

--como

que

en

Puerto

el

rojo,

Rico,

azul

y

el

uso

de

verde--

es

susceptible de un argumento de asociación política. Ello no

obstante, el mero uso de estos colores no hace, sin más, que

el anuncio gubernamental viole nuestra Constitución. Hemos

analizado

cada

expediente

y

hemos

instancia

y

el

colores

uno

los

Como

anuncios

observado,

tribunal

utilizados

predominante.

de

en

al

igual

apelativo

los

anuncios

relatáramos

que

constan

que

en

el

foro

de

que

los

de

uso

sólo

unos

el

intermedio,

no

fueron

anteriormente,

cuantos de los referidos anuncios contienen, en la parte

inferior, un pequeño recuadro con el fondo color amarillo y

palabras escritas en rojo.

En fin, la utilización de los colores rojo y amarillo

--por sí solos y utilizados de forma no generalizada-- no

nos impide encontrar un fin público en dicha comunicación

gubernamental. Lo importante, es que no se trate de un

continuo despliegue de estos colores en cada uno de los

anuncios de las distintas agencias administrativas.

Sin

embargo,

no

podemos

limitarnos

a

analizar,

por

separado, la presencia de los colores en los anuncios de

prensa en controversia. Hay que considerarlos en conjunto

CC-2004-131

29

con el lema “Puerto Rico, Hacia el Futuro por Buen Camino”

que también está presente en los anuncios.24

B

La correcta solución de la controversia planteada en el

presente caso exige no sólo un análisis --detenido, objetivo

y juicioso-- de los hechos específicos del caso sino que el

establecimiento

de

unas

premisas

básicas,

las

cuales

resultan determinantes en la consecución de esa solución.

24

En P.P.D. v. Gobernador I, ante, se impugnó el lema de

“compromiso cumplido” que aparecía en algunos de los

anuncios

gubernamentales

publicados

por

las

agencias

administrativas. Sobre este particular, en ese caso el

P.P.D. presentó prueba pericial que demostró que el referido

lema estaba siendo utilizado en la campaña política a la

gobernación del Hon. Pedro Rosselló para el año siguiente y,

simultáneamente, en los anuncios de las distintas agencias

gubernamentales.

En este caso se expresó que “[a] pesar de que resulta

evidente que la utilización de este lema responde a fines

político-partidistas, la prueba pericial despejó todo tipo

de duda al demostrar fehacientemente que el lema en cuestión

corresponde a la campaña que simultáneamente conduce el

P.N.P. en consideración a las elecciones generales de 1996.”

Ibid, a la pág. 700.

Este Tribunal resolvió, en el antes citado caso, que el

uso de la frase en los anuncios en controversia respondió a

una campaña publicitaria concertada, de manifiesto corte

político partidista, sufragada con fondos públicos y por lo

tanto violaba la disposición constitucional de la Sección 9

del Artículo VI de nuestra Constitución y el axioma de

paridad entre los partidos políticos.

En este caso también fueron impugnados los anuncios sobre

las tarjetas de salud. En cuanto a éstas, este Tribunal

determinó que los anuncios tenían el fin de contrastar la

cantidad

de

tarjetas

repartidas

por

la

presente

Administración con el hecho que el candidato opositor no

había repartido tarjeta alguna. Por ello, determinó que el

anuncio adelantaba un fin político partidista. Además, se

impugnó un folleto publicado en el Municipio de Carolina,

que llevaba el título “Una Década de Superación” junto a un

listado de expresiones que describían despectivamente a la

anterior

administración

perteneciente

al

P.N.P.

Este

Tribunal también resolvió en cuanto a éstas que perseguían

un fin político partidista por resaltar la administración

del alcalde en poder.

CC-2004-131

30

La publicación de expresiones gubernamentales mediante

el uso de fondos públicos para la consecución de un fin

público,

en

algunas

ocasiones,

puede

tener

el

efecto

incidental de producir cierto grado de ventaja al partido

político en el poder o a un candidato de dicho partido, lo

cual es, hasta cierto punto, inevitable y legítimo. Pero

cuando, por el contrario, dicha expresión es utilizada como

un vehículo para adelantar cualquier fin individual de dicho

partido o candidato, anulando de tal forma la consecución de

un objetivo legítimo, tal expresión no puede prevalecer por

constituir

una

ventaja

económica

a

dicho

partido,

o

candidato, por sobre los partidos políticos o candidatos de

oposición.

P.P.D. v. Gobernador I, ante.

Por otro lado, reconocemos que no corresponde a este

Tribunal diseñar el modo en que se publicarán los anuncios

gubernamentales ni establecer una norma que preceptúe qué

colores puede utilizar un partido político en el poder al

divulgar anuncios gubernamentales ni qué frases específicas

puede utilizar al realizar su labor de informar al pueblo.

Pero es labor ineludible de este Tribunal determinar si un

partido político viola, o no, la Sección 9 del Artículo VI

de

nuestra

Constitución

al

enfrascarse

en

una

campaña

publicitaria de esa naturaleza.25

25

A esos fines, debe mantenerse presente lo expresado en el

antes citado caso de P.P.D. v. Gobernador I, a los efectos

de que “[n]inguna de las ramas del Gobierno puede, bajo el

subterfugio de la inaplicabilidad de la veda electoral,

utilizar fondos públicos para fines político-partidistas, ya

CC-2004-131

Dicho

juicio

31

de

sobre

otra

la

manera,

sabiduría

“[no]

nos

de

gastos

los

corresponde

pasar

incurridos

en

publicidad, siempre que éstos respondan a fines públicos.

Sin

embargo,

es

nuestra

responsabilidad,

como

máximos

intérpretes de la Constitución, velar por que estos fondos

respondan directamente a las necesidades de la ciudadanía y

no a los fines de partido o candidato político alguno”.

Véase: P.P.D. v. Gobernador I, ante a la pág.703. (Énfasis

nuestro).

C

Si

bien

la

mayoría

de

los

anuncios

publicados,

e

impugnados, en el presente caso tenían el propósito aparente

de

informar,

y

educar,

al

pueblo

sobre

programas

de

gobierno, oportunidades de empleo, horarios extendidos de

las diferentes agencias de gobierno, charlas sobre temas

particulares,

subastas,

y,

hasta

destaque

de

logros

alcanzados --por lo cual, se puede decir, que perseguían un

fin legítimo-- la inserción, constante y continua, del lema

impugnado --esto es, “Puerto Rico hacia el futuro por Buen

Camino”-- en conjunto con los colores rojo y amarillo26, nos

lleva a la conclusión de que tenían, obviamente, un fin

que ello no constituye un fin

jurisdicción.” Ibid, a la pág. 703.

26

público

en

nuestra

No podemos ignorar que el color rojo siempre ha

distinguido la campaña política del Partido Popular

Democrático y el color amarillo había sido utilizado, en

campañas políticas previas, por la Hon. Sila María Calderón.

CC-2004-131

32

político partidista, el cual anula el aparente fin legítimo

de informar y educar al pueblo.

Ello así por dos razones, a saber: en primer lugar, la

conclusión

de

que

un

lema

responde

a

fines

político

partidista no depende, necesariamente, de que dicho lema

haya sido utilizado anteriormente como parte de una campaña

política por el funcionario en el poder que lo utiliza.

En segundo lugar, porque el lema no se utilizó como

parte de una campaña de determinada agencia para adelantar

su política pública o lograr un fin específico, de forma que

el lema respondiera al interés particular de esa agencia de

motivar

al

ciudadano,

sociales,

alertar

fomentar

su

a

crear

la

cooperación

consciencia

ciudadanía

con

los

sobre

sobre

problemas

algún

programas

o

asunto,

proyectos

implantados por la misma, entre otros.27

Aunque en el presente caso el lema impugnado no había

sido utilizado en la campaña eleccionaria en la cual resultó

electa la Hon. Sila María Calderón, el uso, continuo y

constante,

en

todos

los

anuncios

de

la

mayoría

de

las

agencias del Gobierno de Puerto Rico --irrespectivamente de

la clase de anuncio que fuera y su propósito-- convirtieron

dicho lema en uno político partidista. Resulta claro, en

consecuencia,

que

los

anuncios

impugnados

tuvieron

el

propósito primordial de realzar, favorecer y diferenciar la

27

Ejemplo de ello sería que los anuncios del Departamento

de la Familia, informando algún programa en respuesta a su

lucha contra el maltrato infantil, incluyera en los

respectivos anuncios el lema “Puerto Rico necesita niños

felices”.

CC-2004-131

33

administración de gobierno de la Gobernadora Calderón, como

una “en buen camino”, de la anterior administración, que

había sido una, alegadamente, de “mal camino”.

No

debemos

olvidar,

nunca,

que

la

Constitución

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe todo tipo de

desembolsos para fines no públicos. Ninguna administración,

sea cual fuere, puede utilizar fondos públicos en pago de

anuncios que constituyen un subterfugio para esconder fines

político partidista.

En consecuencia, resolveríamos que, tanto el tribunal

de instancia como el foro apelativo, erraron al resolver que

los anuncios impugnados no eran violatorios de la Sección 9

del Artículo VI de nuestra Constitución.

V

El

segundo

señalamiento

de

error

se

circunscribe

a

determinar si erró el foro apelativo al resolver que el

mensaje televisado de la Gobernadora del día 19 de marzo de

2002, tenía un fin público y no violó las leyes o los

preceptos constitucionales.28 Al hacer este análisis, nos

remitimos

a

la

expuestos

para

discusión

analizar

anterior

la

y

legalidad

a

de

los

principios

la

expresión

gubernamental.

El

referido

foro

expresó

en

su

sentencia

que

la

utilización de fondos públicos para costear el anuncio era

28

El texto íntegro del referido anuncio consta transcrito

en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

CC-2004-131

34

válida debido a que la prueba presentada por el P.N.P. no

demostró que la Gobernadora hubiera utilizado en su mensaje

televisado lemas o símbolos asociados al P.P.D.29

Concluyó

dicho

foro,

además,

que

el

mensaje

de

la

Gobernadora promovía un fin público ya que el fin ulterior

de

las

manifestaciones

en

el

anuncio

fue

mantener

la

confianza del pueblo y la credibilidad en su gobernante en

lo referente a sus actuaciones como administrador y custodio

del erario. Lo anterior, porque la Gobernadora se defendía

de una serie de ataques hechos por miembros del P.N.P. en

los cuales se le imputaba haber utilizado fondos públicos,

mientras fungía como Alcaldesa del Municipio de San Juan,

para su campaña a la gobernación en las elecciones del año

2000.

Sobre el particular, los peticionarios sostienen que la

Hon. Sila M. Calderón no podía utilizar fondos públicos para

defender su imagen y que por ello, el mensaje televisado no

tuvo fin público alguno.

Hemos evaluado el texto íntegro del anuncio televisado.

La esencia del anuncio son explicaciones que la Hon. Sila M.

Calderón,

brindó

al

pueblo

de

Puerto

Rico

sobre

las

imputaciones hechas en su contra.30 El valor informativo fue

29

En su escrito, los peticionarios reconocen, en cuanto al

mensaje televisado de la Gobernadora, que no se trata de uno

que incorpore lemas políticos o material fácilmente

identificable con un partido político.

30

A continuación, algunas de la expresiones hechas por la

Gobernadora en el anuncio televisado del 19 de marzo de

2002:

CC-2004-131

35

mayor que cualquier beneficio incidental que la Gobernadora

pudo derivar y, por consiguiente, tenía un fin público.

Ya anteriormente expresamos que el derecho al pueblo a

estar

bien

administración

informado

de

se

logra

gobierno

informe

permitiendo

al

pueblo

que

la

sobre

las

medidas que ha tomado o se propone tomar para lidiar con los

“Esta noche quiero hablarte de un tema muy

importante para ti, para mí y para todo Puerto

Rico. Se trata de la integridad pública, de la

honestidad en el manejo de los asuntos de

Gobierno.”

“En los últimos días se han hecho y se han

publicado expresiones, alegaciones, y acusaciones

contra mi campaña a la gobernación. Esto quizás

ha creado desorientación en ti y en el pueblo

puertorriqueño. De hecho, pienso que el propósito

ha sido generar confusión y dudas sobre mi

credibilidad, para en alguna forma descarrilar

los

esfuerzos

que

llevo

para

eliminar

la

corrupción de Puerto Rico.”

“Todo esto es muy serio. Por eso, esta noche me

estoy dirigiendo a ti. Para darte una explicación

de lo más clara posible, sobre estos temas; para

asumir la responsabilidad que me corresponde; y

para hablarte de frente. Para hablarte con la

verdad, como yo la entiendo, y como siempre he

dicho que te voy a hablar.”

“Los señalamientos que se han hecho son de dos

naturalezas. El primero tiene que ver con

anuncios que auspiciaron otros candidatos para

apoyar el mensaje integrado de cambio. El segundo

tiene que ver con conjeturas y especulaciones, de

fuentes anónimas y políticas, que han inferido

que se usaron fondos municipales en mi campaña.”

“Yo te puedo asegurar que ambos señalamientos son

total y absolutamente falsos.”

“Me siento segura de lo que te estoy diciendo,

aun así le he pedido al Departamento de Justicia,

al Contralor de Puerto Rico y al Blue Ribbon

Committee, que constaten que no hubo uso alguno

de fondos públicos en mi campaña”.

“Sin embargo, para que sobre este tema tampoco

quede duda alguna, le he solicitado una auditoría

completa a la Comisión Estatal de Elecciones. Le

he hecho una asignación especial de fondos para

ese propósito y les he pedido que se atienda este

asunto con la mayor rapidez”.

CC-2004-131

36

asuntos que interesan y aquejan a la ciudadanía, en este

caso, la corrupción gubernamental.

En

el

caso

del

anuncio

televisado,

la

Gobernadora

anunció que se solicitarían investigaciones al Departamento

de Justicia, al Contralor de Puerto Rico, al Blue Ribbon

Committee y a la Comisión Estatal de Elecciones para que

éstos constataran que no hubo uso de fondos públicos en su

campaña

para

la

gobernación;

además,

legítimo

que

la

Gobernadora,

como

Estado,

administradora

fondos

públicos

con

y

el

custodia

fin

de

fue

perfectamente

primera

del

ejecutiva

erario,

transmitir

del

utilizara

una

reacción

oficial a las imputaciones que pudieron haber socavado la

confianza que el pueblo depositó en ella. Somos del criterio

que

la

Hon.

Sila

M.

Calderón

no

actuó

con

el

fin

de

adelantar propósitos políticos o ideología partidista de

tipo alguno.

Por

consiguiente,

resolveríamos

que

el

anuncio

televisado no violó las disposiciones de la Sección 9 del

Artículo VI de la Constitución del ELA, ante.

VI

El tercer señalamiento de error requiere que analicemos

si

fue

correcta

intermedio

de

la

determinación

confirmar

la

del

desestimación

foro

de

apelativo

la

demanda

contra la Gobernadora tanto en su carácter personal como

oficial. El asunto no requiere una extensa discusión. Tanto

el foro primario como el foro apelativo determinaron que el

CC-2004-131

37

remedio solicitado por el P.N.P. en el presente caso no

creaba una causa de acción contra la Gobernadora, en ningún

carácter, y que, por el contrario, la causa de acción era

contra

el

E.L.A.

Ni

de

la

demanda

ni

de

la

evidencia

estipulada, por los peticionarios surge una causa de acción

en contra de la Hon. Sila M. Calderón. Por consiguiente,

concluiríamos que no erraron ni el foro primario ni el foro

apelativo al hacer esta determinación.

Además,

el

remedio

que

los

peticionarios

solicitan

contra la Hon. Sila M. Calderón es que se le condene a ésta

a

restituir

los

legitimación

fondos

activa

para

erogados.

reclamar

El

la

P.N.P.

no

restitución

tiene

de

los

fondos al erario. Véase: P.P.D. v. Gobernador I, ante.31

VII

Por

los

fundamentos

parcialmente

la

sentencia

intermedio,

decretándose

antes

expuestos,

dictada

por

la

el

revocaríamos

foro

inconstitucionalidad

apelativo

de

los

anuncios de prensa publicados por la pasada Administración

de la Hon. Sila M. Calderón que incluyeron el lema “Puerto

Rico, Hacia el Futuro, por Buen Camino”, en conjunto con los

colores rojo y amarillo, por ser el uso de estos de corte

31

En P.P.D. v. Gobernador I, ante, también se desestimó la

causa de acción del remedio de restitución al erario y, como

consecuencia, se desestimó la demanda contra el Hon. Pedro

Rosselló, porque el P.P.D. no tenía legitimación activa para

hacer este reclamo. En dicho caso se le reconoció

legitimación activa a los partidos políticos para instar una

acción, únicamente, en protección de igualdad electoral en

su vertiente de igualad económica.

CC-2004-131

38

político partidista y, en consecuencia, violatoria de la

Sección 9 del Artículo VI de la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Confirmaríamos la referida

sentencia en cuanto a los demás asuntos; esto es, en cuanto

a

la

validez

del

anuncio

televisado

y

en

cuanto

a

la

desestimación de la demanda instada contra la Hon. Sila M.

Calderón tanto en su carácter oficial como personal.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado