Tribunal Supremo de Puerto Rico
María Umpierre Biascoechea v. BPPR, Jesús Cáez
2007 TSPR 21
Poder Judicial de Puerto Rico
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María Umpierre Biascoechea v. BPPR, Jesús Cáez
CC-2005-0554
Sentencia con Opinión de Conformidad y Opiniones disidentes Término Prescriptivo en causa por (Hostigamiento sexual en el empleo, ambiente hostil)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascoechea
Recurrida
Certiorari
v.
2007 TSPR 21
Banco Popular de Puerto Rico,
Jesús Cáez
170 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2005-554
Fecha: 5 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Héctor Urgell Cuebas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José J. Santiago Meléndez
Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez
Lcdo. Carlos F. López López
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Miguel A. Negrón-Matta
Materia: Daños y Perjuicios
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascoechea
Recurrida
v.
CC-2005-554
Banco Popular de Puerto Rico,
Jesús Cáez
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 5 de febrero de 2007
Acude ante nosotros el Banco Popular de Puerto
Rico
de
una
Apelaciones
en
determinación
negándose
sentencia
a
la
del
dictada
que
se
Tribunal
desestimar
el
por
el
Tribunal
confirmó
de
la
Primera
pleito
de
de
previa
Instancia,
epígrafe
por
prescripción según alegaba el Banco.
El
término
foro
apelativo
prescriptivo
en
interrumpió
cuando
la
Biascoechea,
acudió
a
Seguro del Estado
motivo
sometía
de
unas
su
intermedio
el
caso
recurrida,
la
resolvió
de
que
el
autos
se
María
Corporación
Umpierre
del
Fondo
de
a recibir tratamiento médico por
alegadas
presiones
a
las
supervisor.
Y
que
el
que
la
mismo
Cc-2005-554
2
comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución
final de dicha agencia.
Expedimos
el
recurso
el
14
de
octubre
de
2005.
Contamos con el beneficio de la comparecencia de las partes
por lo que estamos preparados para resolver y procedemos a
así hacerlo.
este
caso,
Analizado los argumentos de las partes en
se
revoca
el
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones y se desestima la demanda instada por cuanto la
misma estaba prescrita.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la que
se le une el Juez Presidente señor Hernández Denton.
El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada
señora Fiol Matta disienten con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascoechea
Recurrida
CC-2005-554
v.
Banco Popular de Puerto Rico,
Jesús Cáez
Peticionarios
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez
Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández
Denton
San Juan, Puerto Rico a 5 de febrero de 2007
El caso de marras nos brindó la oportunidad de
resolver cuándo comienza a transcurrir el término
prescriptivo de un año para instar una reclamación
por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente
hostil.
Hecha tal determinación, se debía auscultar
si dicho término se interrumpe cuando la empleada
perjudicada acude a la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado para recibir tratamiento por los
daños que el alegado ambiente hostil le produjo.
I
La recurrida, María Umpierre Biascoechea comenzó
a trabajar en el Banco Popular de Puerto Rico (el
“Banco” o “Banco Popular”), el 2 de enero de 1998.
CC-2005-554
Allí
se
2
desempeñaba
como
cajera-receptora
(“teller”).
Durante el período de tiempo que laboró en la Sucursal de
Altamira del Banco Popular, alegadamente fue víctima de un
patrón de hostigamiento sexual por parte de su supervisor
inmediato, el codemandado Sr. Jesús Cáez.
de
2000,
ocurrió
un
último
El 4 de febrero
incidente
de
alegado
hostigamiento cuando el señor Cáez le gritó a la señora
Umpierre Biascoechea en presencia de algunos compañeros de
trabajo
y
clientes,
por
ésta
haberse
labores sin notificación previa.
ausentado
de
sus
Luego de esa fecha, la
recurrida no se presentó a trabajar en el Banco.
A raíz de lo sucedido, la señora Umpierre Biascoechea
se reunió con el gerente de la sucursal, el Sr. Javier
Vélez, para brindarle su versión de lo ocurrido así como
para informarle sobre los problemas que confrontaba con su
supervisor.1
En dicha reunión, la recurrida notificó que
había acudido a un médico privado que le había recomendado
descanso
por
varias
semanas
por
estar
sufriendo
de
una
depresión severa.
Ante tal situación, el 7 de febrero de
2000
Vélez
el
refirió
gerente
a
la
recurrida
completó
a
la
un
informe
Corporación
patronal
y
Fondo
del
del
Seguro del Estado (el “Fondo”).
La señora Umpierre Biascoechea acudió al Fondo y alegó
“que debido a una serie de incidentes con su supervisor,
quien
1
la
presionaba
constantemente,
se
ha
afectado
No surge claramente de los autos si la recurrida Umpierre
Biascoechea le comunicó a sus superiores en esa reunión
sobre el patrón de hostigamiento al que fue alegadamente
sometida.
CC-2005-554
3
emocionalmente.”2
El 8 de febrero de 2000, el Fondo le
recomendó recibir tratamiento en descanso.
subsiguientemente,
la
agencia
emitió
Sin embargo,
una
resolución,
de
fecha 19 de julio de 2001 y notificada el 23 de julio de
2001,
en
la
cual
concluyó
que
la
señora
Umpierre
Biascoechea padecía de un desorden depresivo atípico, no
En su consecuencia, el caso
relacionado con el empleo.
ante el Fondo fue cerrado y archivado.
Mientras
se
encontraba
en
descanso,
y
antes
de
la
notificación del Fondo, la recurrida presentó su carta de
renuncia al Banco, con fecha a manuscrito de 12 de marzo de
2000.3
El 13 de marzo de 2001, la representación legal de
la recurrida envió una misiva al Banco Popular reclamando
extrajudicialmente a éste y al señor Cáez, por el ambiente
hostil al cual estuvo expuesta la recurrida y que culminó
con su renuncia involuntaria.
El
15
de
notificación
junio
del
de
Fondo,
2001,
la
previo
señora
a
recibirse
Umpierre
la
Biascoechea
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia,
Sala
2
Superior
de
Bayamón,
alegando
haber
sido
hostigada
Véase, Decisión del Administrador Sobre: Relación Causal Compensabilidad - Condición Emocional No Relacionado,
apéndice del recurso de certiorari, pág. 181.
3
Existe una alegada controversia de hecho en cuanto a la
fecha exacta en que se notificó la renuncia de la recurrida
al Banco Popular. Según consta en el expediente, la carta
de renuncia tiene fecha a manuscrito de 12 de marzo de
2000. Sin embargo, en un documento preparado por el Banco
Popular, titulado Alegación Hostigamiento Sexual María
Umpierre vs. Jesús Cáez, aparece que la referida carta de
renuncia fue entregada el día 13 de marzo de 2001.
En
vista de la conclusión a que llegamos la referida
“controversia” es claramente inconsecuente para la solución
del caso.
CC-2005-554
4
sexualmente por el señor Cáez, lo que le ocasionó daños y
angustias mentales ascendentes a $100,000.00.
La demanda
se presentó al amparo de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de
1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., y la Ley Núm. 17 de
22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq.
Se
adujo en la misma que el Banco Popular era responsable
solidariamente con el señor Cáez de sus daños, por tener
conocimiento de los alegados actos de hostigamiento sexual
y no tomar medidas correctivas para evitar los mismos.
Ambos
codemandados
oportunamente
procesales,
la
(“los
peticionarios”)
demanda.
presentaron
sentencia sumaria.
Luego
de
conjuntamente
contestaron
varios
una
trámites
solicitud
de
En ella plantearon, esencialmente, que
la reclamación por hostigamiento sexual al amparo de la Ley
Núm. 17 estaba prescrita y, en la alternativa, que los
hechos alegados no fueron lo suficientemente severos como
para
configurar
una
causa
de
acción
por
hostigamiento
sexual en ninguna de sus modalidades.
Sobre la alegación de prescripción, los peticionarios
sostuvieron
que
el
último
de
los
alegados
actos
de
hostigamiento sexual ocurrió el 4 de febrero de 2000 y era
a
partir
término
de
esa
fecha
prescriptivo
que
de
un
comenzaba
año
a
transcurrir
el
para
presentar
su
reclamación judicial o, para reclamar extrajudicalmente por
los daños sufridos.
Habida cuenta que ninguna de las dos
cosas había ocurrido dentro de ese término, forzoso era
concluir
que
la
demanda
instada
estaba
prescrita.
CC-2005-554
5
Arguyeron además que, aún tomando como inicio del plazo la
fecha de renuncia el 12 de marzo de 2000, la demanda estaba
igualmente prescrita porque la reclamación extrajudicial se
instó
un
día
después
de
haber
vencido
el
a
la
solicitud
según
los
propios
plazo
prescriptivo.
La
recurrida
demandados.
se
Adujo,
opuso
que
de
los
documentos
preparados por el Banco Popular, su renuncia se presentó el
13 de marzo de 2000 y es a partir de esa fecha que comienza
a computarse el plazo prescriptivo.
Conforme a ello, la
reclamación extrajudicial del 13 de marzo del siguiente año
interrumpió
oportunamente
el
término
prescriptivo,
en
consecuencia, la demanda fue presentada dentro del término
previsto.
No
obstante
esta
argumentación,
la
recurrida
planteó que el término prescriptivo quedó interrumpido por
el referido al Fondo y comenzó a transcurrir nuevamente con
la resolución final de esta agencia que su condición no
estaba relacionada con su trabajo.
Los
acción
peticionarios
por
replicaron
hostigamiento
sexual
y
señalaron
está
excluida
que
una
de
la
inmunidad patronal y de la exclusividad de remedios de la
Ley
de
Compensaciones
por
Accidentes
de
Trabajo
por
constituir actos intencionales y discriminatorios, por lo
que una reclamante no tiene que esperar a la determinación
final del Fondo para acudir al tribunal e instar la acción
correspondiente.
CC-2005-554
6
Trabada así la controversia, el Tribunal de Primera
Instancia declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria
presentada.
De la intricada Minuta de la vista celebrada
se desprende que el tribunal concluyó que, toda vez que el
Banco había referido a la señora Umpierre Biascoechea al
Fondo
por
el
alegado
hostigamiento
sexual,
el
término
prescriptivo comenzaba a transcurrir en la fecha en que el
Fondo determinó que su condición no estaba relacionada con
el empleo.
Es decir, que la fecha a partir de la cual se
computaría
el
término
de
un
año
para
instar
la
correspondiente reclamación judicial era el 19 de julio de
2001.
Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 348-
349.
Inconformes con dicha determinación, los peticionarios
acudieron
al
alia,
desestimación
la
prescrita
la
Tribunal
de
Apelaciones
del
reclamación.
presente
El
foro
solicitando,
inter
pleito
estar
apelativo
por
intermedio
resolvió que el término prescriptivo en el caso de autos
quedó
interrumpido
al
acudir
la
perjudicada
al
Fondo
y
comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución
final
de
dicha
agencia.
El
tribunal
utilizó
como
fundamento nuestras decisiones en Padín v. Cía. de Fomento
Industrial, 150 D.P.R. 403 (1998) y Vega Lozada v. J. Pérez
& Cía., 135 D.P.R. 746 (1994).
Por tal razón, se confirmó
al tribunal de instancia, concluyendo que la presente causa
de acción fue incoada dentro del término provisto de un
año.
CC-2005-554
7
Insatisfecho
aún,
los
peticionarios
presentaron
recurso de certiorari ante este Tribunal.
un
En el mismo
sostuvieron que el tribunal a quo erró “al concluir que la
reclamación
por
alegados
daños
y
perjuicios
por
hostigamiento sexual no estaba prescrita, porque el plazo
prescriptivo de un (1) año quedó interrumpido al acogerse
la
demandante
a
las
disposiciones
de
la
Ley
de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo y hasta tanto el
Fondo del Seguro del Estado no emitiese su determinación
sobre si la reclamación era o no compensable.”
Expedimos
II
Los dos asuntos principales a resolver en esta ocasión
son:
Primero,
prescriptivo
¿cuándo
comienza
una
de
en
causa
a
correr
acción
por
sexual en su modalidad de ambiente hostil?
referida
reclamación
se
interrumpe
el
término
hostigamiento
Segundo, si la
cuando
la
empleada
agraviada es referida por su patrono al Fondo para recibir
tratamiento
médico
por
los
alegados
daños
sufridos
como
consecuencia del ambiente hostil que invoca.
A
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
en
su
Artículo
dignidad
del
ser
discrimen
por
motivo
II,
humano
de
Sección
es
1,
establece
inviolable”
raza,
color,
y
que
“la
proscribe
el
sexo,
nacimiento,
origen o condición social, ideas políticas o religiosas.
Siguiendo
este
mandato
constitucional,
la
Asamblea
Legislativa ha aprobado variada legislación de naturaleza
CC-2005-554
8
indemnizatoria dirigida a implantar la política pública del
Estado
contra
el
discrimen
incluyendo,
en
lo
que
nos
concierne, el discrimen por razón de sexo.
Entre las leyes aprobadas se encuentra la Ley Núm. 69
de 6 de julio de 1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., la
cual proscribe, específicamente, el discrimen en el empleo
por razón de sexo.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa
promulgó la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (“Ley Núm.
17”), 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq., mejor conocida como la
Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo.
Ésta persigue la
erradicación del hostigamiento sexual del taller empleo y
establece, entre otras cosas, una causa de acción en daños
por su violación.
Art. 11, Ley Núm. 15, 29 L.P.R.A. sec.
155j.4
Ninguna
de
las
mencionadas,
sin
embargo,
prescriptivo
para
instar
autorizaban.
En vista de ello, en Suárez Ruiz v. Figueroa
Colón,
145
D.P.R.
atender
dicha
142
omisión
disposiciones
proveyó
la
(1998)
y
legales
de
un
reclamación
nos
dimos
establecimos
que
a
antes
término
civil
la
el
que
tarea
de
término
en
4
Ante todo, el hostigamiento sexual es una de las
manifestaciones típicas de la violencia de género, reflejo
de discrimen y de desigualdad.
El acoso sexual es una
expresión moderna con la que se designa un problema antiguo
y de los más importantes con el que las mujeres han de
enfrentarse en el trabajo, lo que no significa que sean las
mujeres las únicas víctimas del acoso.
Es una práctica ilegal e indeseable que atenta contra la
dignidad del ser humano.
De ahí la clara política pública
que condena este comportamiento y le impone al patrono un
deber afirmativo y continuo, hasta que el empleado cesa de
trabajar, de velar porque este comportamiento no se suscite
en el ambiente de trabajo.
CC-2005-554
9
cuestión era de un año.
A tales efectos, expresamos lo
siguiente:
Por constituir la Ley de Discrimen por Sexo
en el Empleo [Ley Núm. 69] y la Ley de
Hostigamiento Sexual en el Empleo [Ley Núm. 17]
parte de un esquema legislativo dirigido a
erradicar el discrimen por razón de sexo en el
empleo, por éstas reconocer acciones de carácter
indemnizatorio
de
naturaleza
similar
a
las
acciones instadas a tenor con la Ley Núm. 100 y a
las acciones bajo el artículo 1802 del Código
Civil y por iguales fundamentos a los esbozados
en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc.,
resolvemos
que
en
ausencia
de
disposición
legislativa, el término prescriptivo de las
acciones instadas a tenor con las mencionadas
leyes es el de un (1) año. (Énfasis nuestro.)
Suárez Ruiz, 145 D.P.R. pág. 146.
Como
sabemos,
el
propósito
de
la
prescripción
es
fomentar el pronto reclamo de los derechos a la misma vez
que se procura la tranquilidad del obligado frente a la
eterna pendencia de una acción civil en su contra.
La
prescripción extintiva procura castigar la inercia en el
ejercicio
de
los
derechos,
pues
ello
da
lugar
a
una
presunción legal de abandono, lo que conjuntamente con la
exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para eliminar la
incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los
basamentos
de
la
prescripción
extintiva.
Véase,
Ortiz
Rivera v. PRTC, res 10 de agosto de 2004, 162 D.P.R. ___,
2004 TSPR 133; Vera v. Dr. Bravo, res. 27 de febrero de
2004,
Santos
161
D.P.R.
Briz,
Barcelona,
___,
2004
TSPR
Tratado
de
Derecho
España,
2003,
pág.
30.
763;
Véase
Civil,
J.
además,
J.
Ed.
Bosch,
Puig
Brutau,
Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed.
CC-2005-554
10
Bosch, Barcelona, España, 1996, pág. 32; L. Díez Picazo, La
prescripción
en
el
Código
Civil,
Ed.
Bosch,
Barcelona,
España, 1984, pág. 93; L. Díez Picazo y Ponce de León, La
prescripción
extintiva
Jurisprudencia
del
en
el
Tribunal
Código
Supremo,
Civil,
En
la
Thomson-Civitas,
Madrid, España, 2003.
En nuestra jurisdicción, la prescripción constituye un
derecho sustantivo, Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347
(2001), Vega Lozada v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 D.P.R.
746, 753 (1994), que acarrea la desestimación de cualquier
demanda presentada fuera del término establecido por ley.
Rimco, Inc. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 130 D.P.R. 60, 65
(1992).
De
ordinario,
el
término
prescriptivo
comienza
a
transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del
daño
y
pudo
ejercitar
su
causa
de
acción,
lo
que
no
necesariamente coincide con el momento en que se sufre el
daño reparable.
Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181,
189 (2002) y casos allí citados.
1868
del
Código
Civil,
31
Véase además, Artículo
L.P.R.A.
sec.
5298;
J.
Puig
Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, Ed.
Bosch, Barcelona, 3ra ed., 1996, págs. 68-70.
Como ya
hemos indicado en el pasado, el plazo para la prescripción
no
corre
ignorancia
contra
quien
por
imposibilidad
del
hecho
causante
del
física
o,
por
perjuicio
o,
por
ignorancia de que puede ejercitar una acción, no ejerce su
derecho.
Si tal ignorancia es producto de la negligencia o
CC-2005-554
descuido
11
del
reclamante,
transcurso del término.
no
se
aplaza
el
comienzo
del
Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R.
232, 244 (1984).
La pregunta que tenemos que hacernos en esta ocasión
es cuál es el punto de partida --o momento inicial-- del
cómputo (dies a quo) de la acción civil por hostigamiento
sexual, de suerte que podamos determinar si la reclamación
instada en este caso se ajustó a dicho término.
Hemos
reconocido que el momento exacto en que se conoce, o se
debió conocer el daño, constituye un delicado problema de
prueba
e
interpretación,
debido
a
la
variedad
de
“circunstancias en que se da el problema del conocimiento
del daño.”
(1995).
Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 574
Véase también, Delgado Rodríguez v. Nazario de
Ferrer, 121 D.P.R. 347, 360 (1988); Rivera Encarnación v.
E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385-386 (1982).
Hechos distintos
requerirán
Esta
determinación
se
trata
soluciones
particularmente
diversas.
delicada
cuando
de
es
daños
producidos por un período prolongado de tiempo, como por
ejemplo, los llamados daños continuados.
L. Díez-Picazo y
Ponce de León, op. cit., pág. 246(“La determinación del
momento inicial de la prescripción suscita dificultades en
los casos que se pueden llamar de daños continuados o de
daños con secuela.”)
El daño continuado se refiere a aquellos “producidos
por uno o más actos culposos o negligentes imputables al
actor,
coetáneos
o
no,
que
resultan
en
consecuencias
CC-2005-554
lesivas
12
ininterrumpidas,
sostenidas,
duraderas
sin
interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas
hace también que se conozca
carácter
continuado
e
--por ser previsible-- el
ininterrumpido
de
sus
efectos,
convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto
por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido), y
de daño futuro previsible y por tanto cierto.”
Del
Toro,
Los
daños
y
perjuicios
H.M. Brau
extracontractuales
Puerto Rico, Pub. JTS, 1986, Vol. II, pág. 648.
Santiago v. Ríos Alonso, ante, pág. 191.
en
Véase,
En estos casos
nos enfocamos más en la causa de los daños que en el evento
dañoso en particular.
Es decir, el principio que anima la
doctrina del daño continuado no descansa en la naturaleza
intrínseca del perjuicio ocasionado por la perturbación y
sí, en el carácter continuo o progresivo de la causa que lo
ocasiona, la cual renueva constantemente la acción dañosa.
Este
tipo
de
daños
lo
produce
uno
o
más
actos
negligentes o culposos que, llegado determinado momento, la
agraviada logra percatarse que las consecuencias lesivas
ocasionadas continuarán en el futuro.
En ese momento, por
convertirse en un daño cierto, sobreviene una sola causa de
acción
resarcitoria
ininterrumpidas
y
por
todas
sostenidas.
las
Bajo
consecuencias
esta
lesivas
categoría,
los
daños derivados del acto ilícito se estiman como una unidad
y no como una pluralidad de daños particulares.
De
lo
anterior
se
coligen
tres
factores
que
caracterizan el daño continuado, a saber: 1) un acto o
CC-2005-554
13
varias actuaciones negligentes o culposas;5 2) que dichos
actos
unidos
entre
sí
causen
daños
ininterrumpidos
y
sostenidos; y 3) que sea previsible que los daños continúen
en el futuro.
daños
Este tercer criterio supone que existen unos
“actuales”
junto
a
otros
que
son
aunque estos últimos no se verifiquen.
que todos los daños sean ciertos.
“previsibles”,
Ello hace entonces
La certeza se fundamenta
en que la afectada, una vez advierte de la naturaleza de
los agravios ya experimentados y constata que los mismos
tienen un patrón y están unidos por ser el resultado de una
misma
causa,
prever,
que
logra
de
comprender
mantenerse
y
vigente
puede
la
razonablemente
causa
continuará
sufriendo daños de la misma naturaleza hasta tanto no cese
la misma.
La
doctrina
civilista
moderna
postula
que
ante
la
imposibilidad de fraccionar en etapas distintas los actos
culposos o negligentes, ya que como hemos visto los daños
continuados se producen sucesiva e ininterrumpidamente, el
inicio del plazo prescriptivo para reclamar por estos daños
comienza
en
el
momento
de
la
producción
del
resultado
definitivo o hasta que se verifique el último de los actos.
Ello,
naturalmente
presupone
que
ésta
no
confronta
obstáculo alguno para ejercitar su causa de acción.
Véase,
F. Reglero Campos en M. Albaladejo, Comentarios al Código
5
Este primer elemento coloca dentro del concepto de años
continuados la situación de que un acto culposo atribuible a
cierta persona o entidad es la causa próxima de una serie de
daños resultantes.
Es decir, que los daños en cuestión
tienen una causa común.
Agosto Ortiz v. Municipio de Río
Grande, 143 D.P.R. 174, 184-185 (1997).
CC-2005-554
14
Civil y Compilaciones Forales, Ed. Rev. Der. Priv., Madrid,
España,
1994,
Tomo
Berdejo,
Derecho
de
XXV,
Vol.
2,
pág.
458;
Obligaciones,
Ed.
Bosch,
España, 1995, 3ra ed., Vol. 2, pág. 518;
la
Cuesta,
Comentario
del
Código
J.L.
Lacruz
Barcelona,
I. Sierra Gil de
Civil,
Ed.
Bosch,
Barcelona, España, 2000, Tomo 9, pág. 554.
Es decir, en caso de daños continuados el cómputo del
plazo de prescripción no se inicia sino hasta la producción
del
definitivo
resultado.
Comentando
el
tenor
de
la
jurisprudencia del Tribunal Supremo español, el profesor
Díez-Picazo
y
Ponce
de
León
señala
lo
siguiente:
“Las
sentencias más modernas . . . se inclinan por la idea de
que el comienzo del plazo de prescripción se produce con la
verificación total del daño. . . .”
(Énfasis nuestro.)
L.
Díez-Picazo y Ponce de León, op. cit., pág. 246.6
6
Sobre
este
particular,
confróntese
la
siguiente
jurisprudencia
que
versa
sobre
la
prescripción
en
situaciones que involucran daños de carácter continuo.
E.g., STS 10 de septiembre 1986 (“Debe indicarse que es
doctrina
igualmente
constante
de
esta
Sala
que
la
computación de los plazos iniciales en la prescripción, no
puede comenzar sino a partir de que concluyan las
actuaciones o presupuestos fácticos en que se apoye el
ejercicio de la acción esgrimida. . . .”) (Énfasis
nuestro.) STS 12 diciembre 1980 (A. 4747)(“En los casos de
comportamiento ilícito continuado . . . no ha dejado de
sostener la doctrina científica el criterio de que el día
inicial de la prescripción será no el del comienzo del
hecho sino el de su verificación total . . . parece justo
iniciar el cómputo del tiempo para la posible reacción
contra el acto antijurídico el de su plena efectividad e
incluso el de su cesación . . . .”) (Énfasis nuestro.) STS
27 junio 1990 (A. 4900)(“Por ser los daños de que se trata
de los denominados continuados, esto es, aquellos que
continuamente se están operando y produciendo, respecto de
los cuales la Jurisprudencia de la Sala tiene declarado que
‘el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la
producción del definitivo resultado, cuando no es posible
CC-2005-554
15
Nuestra jurisprudencia revela un criterio parecido al
español.
En Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258 (1940),
resolvimos que los estorbos producen un daño continuo cuya
causa de acción no comienza a prescribir hasta que cese el
estorbo.
daños
y
Indicamos expresamente que cuando “se trata de
perjuicios
causados
por
actos
continuos
.
.
.
[éstos] están latentes hasta que cesa la causa que los
genera. . . [E]n tal caso la acción dañosa se renueva de
día a día. . . .”
266.
(Énfasis nuestro.)
57 D.P.R., pág.
Posteriormente nos hemos reafirmado en esta doctrina.
E.g.,
Arcelay
(1955)(son
v.
daños
Sánchez,
continuados
77
D.P.R.
aquellos
824,
generados
837-839
por
los
ruidos y pestes que producía una planta pasteurizadora);
Seda v. Miranda Hmnos. & Co., 88 D.P.R. 355, 361 (1963)(son
daños
continuados
los
ocasionados
por
una
chimenea
que
despedía humos y ruidos).
A un resultado análogo llegamos en Santiago v. Ríos
Alonso, ante, donde resolvimos que el término prescriptivo
de una acción torticera derivada de la violencia doméstica
tuvo
su
inicio
cuando
cesó
dicha
conducta.
Estas
decisiones, por supuesto, estuvieron matizadas por hechos
particulares
y
por
el
interés
público
en
evitar
los
fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la
serie proseguida’ . . . no resultando siempre fácil
determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido
ese ‘definitivo resultado’ que en relación con el concepto
de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente
y
conectado
precisamente
a
la
causa
originadora
y
determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene
hasta su adecuada corrección.”)
Véase también, STS 21
marzo 2005 (A. 3878); STS 24 mayo 1993 (A. 3727).
CC-2005-554
16
estorbos y combatir la violencia doméstica.
Mas no dejan
de apoyar la norma general que el término prescriptivo de
las acciones sobre daños continuos comienza a transcurrir
cuando se ha verificado la previsibilidad del daño y el fin
de la conducta ilícita.7
Responsabilidad
Civil
Véase además, C. Irizarry Yunqué,
Extracontractual,
4ta.
Ed.,
2000,
pág. 730.
Pasemos en este momento a reseñar las características
de la acción por hostigamiento sexual en su modalidad de
ambiente
hostil,
para
luego
entonces
determinar
la
naturaleza del daño resultante.
B
La delimitación del concepto concreto de acoso sexual
en el trabajo presenta variadas dificultades debido a la
complejidad de las relaciones interpesonales.
No empece,
hemos reconocido dos modalidades de hostigamiento sexual, a
saber: el hostigamiento sexual por ambiente hostil y el
7
Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560 (1995), no
contradice cabalmente el principio aludido. Allí se planteó
que una serie de artículos periodísticos produjeron un daño
continuo cuya causa de acción estuvo sujeta a la prescripción
desde la fecha del último artículo. Indicamos al respecto,
“que las características señaladas, [respecto los daños en
dicho caso], no son suficientes para constituir un daño
continuo.” (Énfasis nuestro.) 138 D.P.R., pág. 574. Luego
expresamos que “lo determinante en cuanto a los daños
continuos es el momento cuando comienza la producción de los
daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del
término de prescripción, al presuponer que los perjudicados
los conocían desde entonces y que pudieran ejercitar la causa
de acción.”
138 D.P.R., pág. 575.
Empero, habiéndose
resuelto que no existía tal daño, estas expresiones
constituyeron un obiter dictum que no debe oponerse al
análisis más deliberado de Capella Carreras, Arcelay, Seda y
Santiago Ríos.
Cf., Álvarez González, Análisis del término
del Tribunal Supremo de Puerto Rico: Responsabilidad civil
extracontractual, 72 Rev. Jur. U.P.R. 615, 638-642 (2003).
CC-2005-554
17
llamado hostigamiento equivalente o quid pro quo.
primera
vertiente,
la
que
nos
ocupa,
“el
Bajo la
hostigamiento
sexual se produce cuando la conducta sexual para con un
individuo tiene el efecto de interferir irrazonablemente
con el desempeño de su trabajo o de crear en el mismo un
ambiente
intimidante,
Meléndez
v.
(1990).
La conducta puede afectar el funcionamiento y la
Sup.
Amigo,
efectividad
de
empleado
permanecer
a
hostil
la
u
Inc.,
víctima
en
ofensivo.”
126
en
el
el
mismo
D.P.R.
empleo,
y
Rodríguez
117,
131-132
desalentar
al
dificultarle
su
progreso en su carrera.
Véase, Art. 3(c), Ley Núm. 17, 29
L.P.R.A. sec. 155b(c).
Véase además, Afanador Irizarry v.
Roger Electric, 156 D.P.R. 651, 662 (2002); In re Robles
Sanabria, 151 D.P.R. 483, 492 (2000).
Estas particularidades de la causa de acción hacen que
la
misma
no
por
lo
para
establecer
cuándo comienza a correr el plazo prescriptivo.
Adviértase
dificulta
sea
fácilmente
establecer
una
discernible
regla
rígida
que
se
además, que la ley establece que para determinar si una
alegada
conducta
constituye
hostigamiento
sexual
en
el
empleo se considerará la totalidad de las circunstancias en
que ocurrieron los hechos.
Es decir, es una determinación
que se hace caso a caso.
Art. 4, Ley Núm. 17, 29 L.P.R.A.
sec. 155c.
Antes
hostil
bien,
involucra
por
su
varios
propia
actos
naturaleza,
acaecidos
a
el
ambiente
través
de
un
período de tiempo que crean un ambiente de tal naturaleza
CC-2005-554
18
pernicioso
como
para
expresamos
en
Robles
violar
la
ley.
Sanabria,
A
ante,
estos
efectos,
pág.
492,
lo
siguiente:
Para establecer un caso prima facie de
hostigamiento sexual por ambiente hostil, la
parte promovente de la acción debe probar que ha
ocurrido más de un incidente de conducta sexual
ofensiva.
Un acto aislado o un mero ‘piropo’,
aunque pudiera ser no deseado, no origina una
causa de acción bajo esa modalidad.
De ahí que
se diga que el hostigamiento por ambiente abusivo
se caracteriza por su multiplicidad.
(Énfasis
nuestro.)(Citas omitidas.)
Son los actos repetidos de naturaleza hostigante que
unidos entre sí o vistos en conjunto, crean el ambiente
abusivo y hostil, toda vez que cada acto por sí solo podría
no ser lo suficientemente severo como para justificar una
reclamación por hostigamiento sexual.
los
daños
se
configuran
por
la
Habida cuenta que
concatenación
de
varios
eventos aislados, que unidos entre sí configuran un patrón
de
comportamiento
que
procura
un
particular
aprehensión en la perjudicada, debemos concluir
estado
de
que éstos
necesariamente están enmarcados dentro de la categoría de
daños continuados.
ante.
E.g.,
Santiago Rivera v. Ríos Alonso,
Es evidente que hay una gran simetría o afinidad
entre los daños reclamados a causa de un ambiente hostil y
la doctrina del daño continuado.
Recordemos, como ya
apuntamos, que en casos de daños continuados la atención se
centra
en
el
ambiente
que
ha
producido
la
conducta
proscrita que es la causa de los daños, y no en los actos
por separado que contribuyen a crear ese ambiente, que son
los eventos dañosos en particular.
CC-2005-554
19
A la luz de lo anterior, resolvemos que en el presente
caso
el
término
reclamación
de
prescriptivo
de
hostigamiento
un
año
para
instar
sexual
por
ambiente
la
hostil
comenzó a correr a partir del 4 de febrero de 2000, fecha
en que la señora Umpierre Biascoechea, por motivo de un
incidente
que
su
supervisor
inmediato, decidió no regresar a su trabajo.
Es en este
momento
de
que
estimó
hostigante
finalizaron
hostigamiento.
Una
los
vez
con
eventos
la
o
recurrida
actos
no
alegado
regresó
a
su
trabajo cesó de estar expuesta al acto que le producía, a
tenor con su alegación, los daños por los que reclamaba.
Es decir, al no estar en su empleo ella no estaba expuesta
a
un
ambiente
ocurrencia
de
hostil.
nuevos
Siendo
actos
de
imposible
naturaleza
entonces
la
hostigante,
el
punto de partida para el cómputo de la prescripción es el
día que cesó de acudir a su empleo por ser ese el momento
en que finalizó la alegada conducta prohibida.
La recurrida nos arguye que el término debe computarse
a partir de la fecha en que sometió su carta de renuncia.
No
compartimos
ese
criterio.
Ya
para
esa
fecha
la
peticionaria no estaba expuesta al alegado ambiente hostil
por
el
cual
reclamó
judicialmente.
En
cuyo
caso,
no
podemos adoptar como punto de partida una fecha en la cual
había cesado la conducta proscrita y se había producido ya
el resultado definitivo del daño sufrido.
Esta
postura
es
la
que
mejor
se
ajusta
a
las
particularidades de la causa de acción por hostigamiento
CC-2005-554
20
sexual en la modalidad de ambiente hostil, procurando así
hacer efectiva la política pública que anima la Ley de
Hostigamiento
Sexual.
Al
así
resolver,
tomamos
en
consideración que la prescripción es un instituto flexible
que
nos
permite
circunstancias,
adecuar
de
suerte
su
que
se
alcance
conforme
procure
hacer
las
cumplida
justicia.
“El Derecho representa no solo lucha contra la
injusticia,
sino
también
por
más
justicia.”
(Énfasis
en
original.) M. Zavala de González, Actuaciones por daños,
Ed.
Hammurabi,
Buenos
Aires,
Argentina,
2004,
pág.
239.
Véase, Vega v. J. Pérez & Cia., Inc., 135 D.P.R. 746, 754
(1994).
Conviene observar que la norma acogida responde, no
sólo
a
nuestra
propósitos
de
jurisprudencia,
la
prescripción
sino
también
a
Ésta
viene
extintiva.
los
a
salvar la confianza de los deudores en la apariencia que
genera la inercia del deudor conforme exige la equidad.
También
protege
al
récord
evidenciario
demandado
ha
de
las
reclamaciones
desaparecido,
y
fomenta
cuyo
la
estabilidad de las relaciones jurídicas.
Así mal puede sostener el causante de un daño continuo
que
la
equidad
vindica
su
confianza
en
la
inercia
del
deudor durante aquel periodo de tiempo en que tuvo lugar su
conducta reñida con la equidad.
Igualmente, la perdida del
récord evidenciarios que pueda ocurrir en estos casos habrá
de ser atenuada, debido a la persistencia de la conducta, y
CC-2005-554
responderá
21
en
gran
medida
a
las
acciones
del
propio
demandado y no exclusivamente a la inercia del deudor.
La norma acogida también procura una mayor estabilidad
de
las
relaciones
jurídicas.
Evidentemente,
la
previsibilidad de un daño continuo puede configurarse antes
de culminar la conducta dañina, como, por ejemplo, cuando
se configura un “ambiente hostil” que dura varios años.
Hemos reconocido, sin embargo, que a menudo resulta difícil
determinar el momento preciso de la previsibilidad –e.g. el
día que surgió un ambiente hostil
Tal dificultad hace
incierta
e
jurídicas
casos.
Al añadirse el requisito de que haya cesado la
inestable
las
relaciones
en
estos
conducta dañosa, se podrá determinar con mayor precisión
cuándo
comienza
a
correr
los
correspondientes
términos
prescriptivos, abonando así la estabilidad jurídica.
Conforme lo discutido anteriormente y al aplicarlo a
los hechos de este caso, habría que concluir que la demanda
instada
estaba
prescrita.
Ahora
bien,
el
Tribunal
de
Apelaciones resolvió que la reclamación judicial no estaba
prescrita habida cuenta que la misma quedó interrumpida por
el referido hecho al Fondo de Seguro del Estado.
entonces que evaluar este señalamiento.
Tenemos
Veamos.
III
Como apuntamos anteriormente, con la prescripción se
pretende propiciar el pronto reclamo de un derecho, a la
misma vez que procura ponerle coto a la incertidumbre de
CC-2005-554
una
22
posible
reclamación
en
contra
del
obligado.
Colón
Prieto v. Géigel, ante, a la pág. 243.
De conformidad con el Artículo 1873 del Código Civil,
31
L.P.R.A.
reclamación
sec.
se
5303,
el
interrumpe
término
por
su
para
instar
una
ejercicio
ante
los
tribunales, por la reclamación extrajudicial del acreedor y
por cualquier reconocimiento de deuda por parte del deudor.
Díaz de Diana v. AJAS Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980).
Díez
Picazo,
op.
cit.,
pág.
109.
La
reclamación
extrajudicial que interrumpe el término prescriptivo de una
acción puede manifestarse a través de variadas acciones ya
que la ley no exige una forma especial para efectuar las
mismas.
No
obstante,
toda
reclamación
extrajudicial
debe
cumplir con los siguientes requisitos para que tenga el
efecto interruptor de la prescripción, a saber: (1) debe
ser
oportuna,
término
lo
que
establecido;
exige
que
se
presente
(2)
el
reclamante
dentro
debe
del
poseer
legitimación, por lo que la reclamación la debe ejercitar
el titular del derecho o acción cuya prescripción pretende
interrumpir;
(3)
el
medio
reclamación
debe
ser
el
existir
identidad
entre
utilizado
idóneo
el
para
derecho
afectado por la prescripción.
para
realizar
ello;
y,
reclamado
la
(4)
debe
y
aquél
Maldonado v. Russe, ante,
pág. 353.
Hemos
resuelto
administrativa
que
puede
la
presentación
considerarse
como
de
una
una
querella
forma
de
CC-2005-554
23
interrupción
Products,
judicial.
Inc.,
132
E.g.,
D.P.R.
470,
Matos
Molero
v.
Roche
486
(1993);
Srio.
del
Trabajo v. F.H. Cop., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1985).
Cuando ello ocurre, el término queda congelado durante la
pendencia
del
trámite
administrativo
y
comienza
a
computarse nuevamente al cesar la causa interruptiva, es
decir, cuando se produzca la acción final de la agencia.
Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante, págs. 146-147 (1998);
De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985).
En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., ante, resolvimos que
la
presentación
Unidad
de
una
Antidiscrimen
querella
del
administrativa
Departamento
del
ante
la
Trabajo
y
Recursos Humanos interrumpía el término prescriptivo para
instar una reclamación de discrimen bajo la Ley Núm. 100 de
30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146
et seq.
Reconocimos, que la propia Ley Núm. 100 deposita
en el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de
velar por el cumplimiento de las disposiciones contra el
discrimen consignadas en la ley.
En Matos Molero, ante,
llegamos a idéntico resultado respecto una reclamación de
discrimen
instada
Oportunidades
en
ante
el
la
Empleo
Oficina
(“EEOC”,
de
por
Igualdad
sus
siglas
de
en
inglés), al concluir que para efectos prácticos, presentar
un cargo ante la EEOC equivale a presentar el cargo ante la
Unidad
Antidiscremen
Recursos Humanos.
del
Departamento
del
Trabajo
y
CC-2005-554
24
En ambas ocasiones fundamentamos nuestra decisión en
dos
criterios,
a
saber:
primero,
la
existencia
de
una
identidad de propósitos entre la acción administrativa y la
civil, y segundo, que la notificación de la querella al
patrono constituyó una reclamación extrajudicial bastante
para interrumpir la prescripción.
Por otro lado, en Suárez Díaz, ante, se solicitó que
extendiéramos
la
norma
anteriormente
esbozada
a
un
procedimiento interno creado por el patrono para dilucidar
quejas
relacionadas
específicamente,
Luego
de
con
discrimen
querellas
analizar
los
sobre
el
empleo,
hostigamiento
sexual.
requisitos
en
antes
mencionados,
concluimos que la querella presentada ante el foro patronal
no tuvo el efecto interruptor deseado.
Indicamos que “el
propósito de este tipo de acción judicial [la reclamación
judicial
por
hostigamiento
sexual]
es
imponer
una
responsabilidad civil y criminal al patrono, mientras que
el trámite interno ante el patrono tiene como propósito
investigar los casos de alegado hostigamiento sexual en el
empleo y de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias
y
correctivas
Además,
correspondientes.”
apuntamos
que
la
145
acción
D.P.R.,
judicial
pág.
154.
persigue
el
resarcimiento del agraviado, mientras que el procedimiento
interno sólo persigue “disciplinar al empleado hostigador y
. . . eliminar cualquier ambiente hostil en el empleo.”
Loc.
cit.
Nos
negamos
así
a
concluir
que
la
querella
presentada tuvo efecto interruptor alguno sobre el término
CC-2005-554
25
prescriptivo
para
instar
la
correspondiente
en
Maldonado
acción
judicial.
Adicionalmente,
concluimos
que
la
presentación
Negociado
de
Normas
de
v.
Russe,
ante,
de
una
querella
ante
Trabajo
(el
“Negociado”)
el
del
Departamento del Trabajo por, entre otras cosas, discrimen
por
condición
prescriptivo
de
embarazo
no
para
instar
la
correspondiente.
estaba
interrumpía
el
reclamación
término
judicial
Ello así, toda vez que el Negociado no
“facultado
para
investigar
las
acciones
por
discrimen reconocidas por diversas legislaciones laborales,
pues tal prerrogativa corresponde a la Unidad Antidiscrimen
del Departamento del Trabajo.”
En
el
caso
de
marras
153 D.P.R., pág. 355. 8
se
nos
ha
planteado
que
el
referido al Fondo de Seguro del Estado tuvo el efecto de
interrumpir el término prescriptivo por lo que no fue sino
hasta
la
decisión
final
del
Fondo,
que
comenzó
transcurrir el término para reclamar judicialmente.
atender
este
señalamiento,
pasemos
a
evaluar
el
a
Para
esquema
regulador especial creado por la Ley de Compensaciones por
Accidentes del Trabajo, a fin de determinar si el proceso
administrativo ante el Fondo persigue propósitos afines a
8
En Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1986), interpretamos
que el término prescriptivo de un año para incoar la acción
por violación a derechos civiles no quedó interrumpido
cuando el empleado destituido de su puesto acudió a
J.A.S.A.P. Ello pues, las disposiciones legales aplicables
no concedían a la agencia la facultad de responsabilizar
civilmente a los patronos y sus remedios se limitaban a la
reinstalación y los haberes dejados de percibir del
empleado, remedios que se imponen al patrono y no
necesariamente al causante del daño.
CC-2005-554
la
26
reclamación
judicial
por
actuaciones
discriminatorias
constitutivas de hostigamiento sexual.
IV
La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo
(la “Ley de Compensaciones”), Ley Núm. 45 de 18 de abril de
1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., concede
inmunidad absoluta a los patronos asegurados con el Fondo
contra cualquier acción de daños y perjuicios que el obrero
o empleado de ordinario pudiera instar en su contra en
relación a accidentes laborales que originaron la lesión.9
Esta legislación de carácter remedial, establece un esquema
de
aportación
patronal
proveerle
a
enfermedad
que
consecuencia
libre
de
ordinaria.
los
las
obreros
ocurra
del
compulsoria
en
mismo,
que
el
un
complejidades
con
sufren
curso
del
el
propósito
alguna
lesión
trabajo
remedio
rápido
de
reclamación
una
y
y
de
o
como
eficiente,
judicial
Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, 147 D.P.R.
383, 392-393 (1999); Segarra Hernández v. Royal Bank, 145
D.P.R. 178 (1993).
9
Hemos sido enfáticos al extender la inmunidad patronal a
los co-empleados --oficiales, supervisores, agentes o
compañeros empleados-- cuyos actos negligentes o culposos
hayan sido la causa del accidente, cuando sus actuaciones
hayan surgido en el desempeño de los deberes generales de
su empleo.
González Rivera v. Multiventas, res. 19 de
octubre de 2005, 165 D.P.R. ____, 2005 T.S.P.R. 149; Guzmán
Cotto v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 (2002); Rivera Santana v.
Superior Packaging, 132 D.P.R. 115 (1992). No obstante lo
anterior, un oficial, agente o empleado será responsable
bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
5141, por los daños sufridos por un compañero empleado
cuando el acto negligente sea distinto e independiente del
deber del patrono de proveer un lugar seguro de empleo.
Guzmán Acevedo v. De Jesús Rivera, 155 D.P.R. 296 (2001).
CC-2005-554
27
Tal esquema provee una responsabilidad objetiva social
que
pretende
evitar
que
los
empleados
queden
en
una
situación de desamparo al tener que demostrar en un juicio
la
negligencia
del
patrono
para
poder
ser
indemnizados.
Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, ante, págs. 392-393;
Santiago Hodge v. Parke Davis, Co., 126 D.P.R. 1, 9 (1990).
Así pues, sin importar el grado de negligencia atribuible
al patrono, el único remedio que tiene un obrero por una
lesión ocurrida en el empleo es precisamente el que se
dispone
en
la
Ley
de
Compensaciones
por
Accidentes
del
Trabajo.
Art. 18 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A.
sec. 21.
Ello claro está, siempre y cuando el patrono esté
asegurado.
Es menester enfatizar que la protección laboral “se
extiende
[exclusivamente]
a
las
lesiones
sufridas
como
consecuencia de accidentes que provengan de cualquier acto
o función inherente al trabajo de un empleado u obrero, que
ocurran en el curso de dicho trabajo o como consecuencia de
éste.”
Lebrón
Bonilla
v.
E.L.A.,
155
D.P.R.
475,
484
(2001); Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367, 373 (1994).
Debido a ello, la Ley de Compensaciones no aplica a las
lesiones del trabajador producidas intencionalmente por el
patrono, como lo son las prácticas discriminatorias, toda
vez que éstas no se pueden considerar como inherentes a, o
relacionadas con, el empleo.
Segarra Hernández v. Royal
Bank, ante, pág. 196; Alonso García v. Comisión Industrial,
102
D.P.R.
689,
695-699
(1974).
Con
enorme
claridad
CC-2005-554
28
indicamos lo siguiente en Odriozola v. Superior Cosmetic
Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 501 (1985): “No puede alegarse
seriamente que una práctica discriminatoria sea inherente
al empleo.
Tampoco proviene de un acto del obrero, sino de
una actuación del patrono . . . . Tan ajeno al trabajo es
el
discrimen
que
se
ha
creado
en
Puerto
especial para castigarlo: la Ley Núm. 100.”
Rico
una
ley
Antes bien, al
no ser compensables los daños producidos por el discrimen
no opera la inmunidad patronal y exclusividad de remedios
que ordena la legislación laboral.
A
la
luz
de
la
discusión
Íbid.
que
antecede
no
podemos
concluir que exista identidad de propósitos entre la acción
judicial
para
reclamar
por
hostigamiento
sexual
en
el
empleo en la modalidad de ambiente hostil, y el esquema
rehabilitador que provee el Fondo del Seguro del Estado.
Adviértase,
Fondo
como
señalamos,
que
proveer
sostenimiento
adecuado
al
persigue
tratamiento
médico
la
reclamación
empleado
ante
el
económico
y
que
ha
sufrido
daños por un accidente o lesión en el trabajo.
Pero bajo
ningún
naturaleza
supuesto
ese
daño
puede
ser
de
intencional como lo es el discrimen pues éstos no son daños
inherentes al empleo.
La
acción
judicial
basada
en
la
Ley
Núm.
17
es
precisamente uno el mecanismos disponible al empleado para
resarcir su daño.
Por lo tanto, ésta provee el remedio que
no atiende el Fondo.
Siendo ello así, no existe identidad
de propósitos entre la acción administrativa ante el Fondo
CC-2005-554
29
del Seguro del Estado y la judicial instada al amparo de la
Ley Núm. 17, que nos permita resolver que la acción ante el
Fondo tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo
aplicable en este caso.
Ciertamente,
el
patrono
tiene
un
deber
legal
de
referir al Fondo a un empleado que le dice que ha sufrido
un daño como consecuencia de un incidente ocurrido mientras
se encontraba trabajando.
11 L.P.R.A. sec. 14.
Pero,
cuando se trata de hostigamiento sexual, por haber sido
esta
causa
expresamente
excluida
de
los
beneficios
del
Fondo, el empleado agraviado tiene una acción distinta e
independiente ante el tribunal cuya prescripción empieza a
partir del último incidente de hostigamiento.
En
concluir
virtud
que
la
de
lo
antes
reclamación
expuesto,
judicial
resulta
por
forzoso
hostigamiento
sexual instada por la señora Umpierre Biascoechea no quedó
“congelada” por haber sido ésta referida al Fondo de Seguro
del Estado.10
Siendo ello así y no habiéndose presentado la
correspondiente reclamación dentro del año previsto para
ello, la demanda instada estaba prescrita.
Finalmente, debemos indicar que tanto el foro primario
como el tribunal apelativo intermedio concluyeron que, a la
luz de nuestros dictámenes en Padín v. Cía. de Fomento
Ind., ante, y Vega Lozada, ante, el término para instar la
10
Cabe destacar aquí que la demanda en este caso se presentó
antes de que el Fondo del Seguro del Estado emitiese su
determinación final de que los daños de la señora Umpierre
no estaban cubiertos por el Fondo.
CC-2005-554
30
acción en este caso se había interrumpido con el referido
al Fondo.
casos
Erraron al así resolver.
versaba
sobre
la
término prescriptivo.
interrupción
Ninguno de dichos
extrajudicial
de
un
En Padín y Vega Lozada se planteó,
respectivamente, cuándo comenzaba para un obrero el término
para
instar
una
reclamación
judicial
contra
un
tercero
responsable, o contra un patrono no asegurado.
Lo allí
dispuesto
cómo
no
es
de
aplicación
al
asunto
sobre
se
interrumpe administrativamente un plazo prescriptivo.
IV
Por los fundamentos antes expuestos procede revocar el
dictamen
del
reclamación
Tribunal
instada,
de
por
Apelaciones
lo
que
estoy
y
desestimar
conforme
sentencia dictada.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
con
la
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascoechea
Recurrida
vs.
Certiorari
CC-2005-554
Banco Popular de Puerto Rico,
Jesús Cáez
Peticionarios
Opinión Disidente
BERLINGERI.
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
FUSTER
San Juan, Puerto Rico, a 5 DE FEBRERO DE 2007.
En mi criterio, en el caso de autos el
término
prescriptivo
se
cuando
interrumpió
el
gerente del Banco refirió a la recurrida al Fondo
del
Seguro
procurar
del
Estado
tratamiento
y
ella
acudió
allí
para
la
condición
para
que
la
mayoría
del
afligía.
Estoy
de
acuerdo
con
la
Tribunal en cuanto a que el proceso ante el Fondo
no
persigue
reclamación
los
mismos
judicial.
Pero
propósitos
en
mi
que
una
criterio
lo
verdaderamente crucial cuando se examina el asunto
de la prescripción de un derecho es si el titular
de éste se cruzó de brazos totalmente en cuanto a
hacer uso del mismo. Si el titular no hizo nada
CC-2005-554
2
durante el término que tenía para ejercer el derecho, éste
debe estimarse prescrito. Pero si el titular se valió en
algo de su derecho, aunque no sea su aprovechamiento óptimo,
no puede estimarse que el titular lo abandonó a tal grado
que se materializó su extinción. La prescripción extintiva
presupone el “silencio” del titular. Cualquier ejercicio,
por poco que sea, contradice ese “silencio”.
Es por lo anterior, que considero que la recurrida
interrumpió
aquí
el
término
prescriptivo
extrajudicialmente. No hubo total inacción de su parte. Los
actos
extrajudiciales,
pueden
tener
los
por
rasgos
su
propia
naturaleza,
definitorios
de
una
nunca
acción
judicial; no obstante, el Derecho admite plena eficacia a
la
interrupción
extrajudicial
de
la
prescripción.
Lo
determinante es si hubo tal inacción de parte del titular
que debe estimarse que éste abandonó su derecho. Si hubo
alguna
acción
prescripción
extrajudicial,
porque
sólo
de
la
ésta
interrumpe
total
inacción
la
puede
presumirse el abandono de un derecho. De otro modo no puede
privarse a un titular de lo que legítimamente le pertenece.
No
debe
olvidarse
que
la
prescripción
supone
una
expoliación, por lo que no debe estimarse qué ha ocurrido,
excepto cuando es claro que el titular ha abandonado su
derecho.
Como la mayoría del Tribunal resuelve de otro modo, yo
disiento.
JAIME B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ ASOCIADO
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
María Umpierre Biascochea
Recurrida
Certiorari
v.
CC-2005-554
Banco Popular de Puerto Rico;
Jesús Cáez
Peticionarios
Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2007.
Disiento de la determinación que toma en el
día
de
hoy
una
Mayoría
de
este
Tribunal
de
desestimar la reclamación de daños por hostigamiento
sexual al entender que la misma está prescrita. El
resultado al que llega la Mayoría del Tribunal en el
presente caso es contraria a la tendencia liberal
sobre
la
prescripción
establecido
en
de
nuestra
las
acciones
que
hemos
jurisprudencia,
la
cual
requiere que consideremos los elementos subjetivos
que afectan el dies a quo y el ejercicio efectivo de
una acción judicial. Véase Santiago v. Ríos Alonso,
156 D.P.R. 181, 195 (2002).
El hostigamiento por ambiente hostil se produce
cuando la conducta hacia una persona por razón de su
CC-2005-554 Opinión disidente
2
sexo interfiere irrazonablemente con el desempeño de su
trabajo
o
crea
un
“ambiente
intimidante,
hostil
u
ofensivo”. Rodríguez Meléndez v. Supermercados Amigo, Inc.,
126
D.P.R.
117,
132
(1990).
Esta
vertiente
del
hostigamiento sexual se caracteriza por la multiplicidad de
actos que la configura. In re Robles Sanabria, 151 D.P.R.
483, 500 (2000). La modalidad del ambiente hostil requiere
que acaezcan varios actos discriminatorios repetidos que
constituyan un patrón de conducta hostigante. Cada uno de
estos actos unidos entre sí o en conjunto produce el efecto
intimidante y hostil en la persona perjudicada. En Santiago
v. Ríos Alonso, supra, pág. 192, resolvimos que una causa
de acción fundamentada en unos incidentes repetidos que
componen un cuadro de daños físicos, emocionales y físico
constituye una modalidad de daños continuados. Por esta
razón, entiendo que los daños producidos por hostigamiento
sexual por ambiente hostil están enmarcados dentro de esta
categoría.
Anteriormente, citando al tratadista Herminio Brau del
Toro, hemos definido los daños continuados como “aquéllos
producidos
por
uno
imputables
al
actor,
consecuencias
o
más
actos
coetáneos
lesivas
culposos
o
no,
que
ininterrumpidas,
o
negligentes
resultan
en
sostenidas,
duraderas[,] sin interrupción, unidas entre sí, las cuales
al ser conocidas hacen también que se conozca —por ser
previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus
efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto
CC-2005-554 Opinión disidente
3
compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha
acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”.
Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 575 (1995);
Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 190; Nazario v. ELA,
2003 T.S.P.R. 116, en la pág. 10.
Véase H.M. Brau del
Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto
Rico, 2nda Ed.,Publicaciones J.T.S., San Juan (1986), pág
648.
La
doctrina
civilista
y
nuestra
jurisprudencia
han
señalado que una acción por daños continuados se renueva
día a día hasta que la causa que los genera cesa. Capella
v. Cabrera, 57 D.P.R. 258, 266 (1940); Arcelay v. Sánchez
Martínez,
77
D.P.R.
824,
837-839
(1955).
A
su
vez,
en
Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195, en el contexto de
violencia doméstica, establecimos que el momento a partir
del cual comienza a correr el término prescriptivo de la
acción en daños es cuando la víctima de un ambiente de
maltrato e intimidación rompe con el ciclo de barbarie, y
cesa,
por
tanto,
la
conducta
represiva
hacia
ésta.
Por
consiguiente, es forzoso concluir, al igual que lo hace la
Opinión de conformidad, que el plazo prescriptivo para la
acción que aquí nos ocupa comienza a transcurrir cuando se
produce el resultado definitivo del daño o hasta que se
verifique el último de los actos. Véase Nazario v. ELA,
supra, en la pág. 11; Santiago v. Ríos Alonso, supra.
Al
aplicar
la
doctrina
antes
explicada,
tanto
la
Mayoría de este Tribunal como la Opinión de conformidad
CC-2005-554 Opinión disidente
4
resuelven revocar al Tribunal de Apelaciones y desestimar
la acción de la demandante por prescripción. En particular,
entiende la Opinión de conformidad que la exposición de la
señora Umpierre Biascochea a un ambiente hostil cesó el 4
de febrero de 2000, fecha en que dejó de presentarse al
trabajo.
Expresa que es desde entonces que finalizaron los
actos del alegado hostigamiento. No estoy de acuerdo.
En
los
hechos
del
presente
caso,
debe
tenerse
en
cuenta que si bien la señora Umpierre Biascochea dejó de
acudir a su trabajo el 4 de febrero de 2000, no presentó su
renuncia en dicha fecha. No es hasta el 12 o 13 de marzo de
2000,11 después de reunirse con la gerencia del Banco y de
ser diagnosticada con depresión severa, que la demandante
se siente compelida a renunciar a su puesto. Ese día de su
renuncia
como
empleada
del
Banco
debe
ser
el
punto
de
partida para el cómputo de la prescripción de la acción en
daños.
No podemos concluir que el que la perjudicada no haya
asistido a su trabajo por un tiempo antes de renunciar
finalizó, de por sí, el patrón de hostigamiento al que
alegadamente
hostigamiento
11
era
sometida.
por
Hemos
ambiente
señalado
hostil
que
el
interfiere
Al examinar el expediente del caso, se desprende que
existe una controversia de hecho en cuanto a la fecha
exacta en la que la señora Umpierre Biascochea notificó su
carta de renuncia al Banco Popular. La carta está fechada
12 de marzo de 2000, mientras que en algunos documentos del
patrono se señala que la carta fue entregada el 13 de marzo
de 2000.
Contrario a la Opinión de conformidad, y según
explicaré más adelante, entiendo que la solución a esta
controversia es determinante para poder establecer el dies
a quo en el caso de autos.
CC-2005-554 Opinión disidente
5
irrazonablemente con el desempeño del trabajo de la víctima
y
causa
en
ésta
ansiedad,
debilita
su
autoestima
y
su
confianza. Rodríguez Meléndez v. Supermercados Amigo, Inc.,
supra,
pág.
132.
Por
eso,
el
ambiente
hostil
no
se
experimenta sólo con la cercanía física al hostigador y en
la
incomodidad
perdure
la
próxima
relación
del
entorno
laboral,
la
laboral.
ausencia
Mientras
física
de
la
perjudicada de su lugar de trabajo no suprime los efectos
del
hostigamiento
en
su
estado
anímico
y
emocional
ni
altera
la
ansiedad
producto
del
ambiente
intimidante
y
hostil
del
lugar
trabajo
al
cual
regresar.
El
de
debe
ambiente hostil creado por el patrón de conducta hostigante
no está delimitado por un espacio físico determinado sino
que se encuentra también en un estado mental y emocional de
humillación
e
intimidación
que
trasciende
el
lugar
de
trabajo. Ante esta realidad, la ausencia de la perjudicada
de su lugar de trabajo es un intento suyo de minimizar los
efectos nocivos del hostigamiento pero no finaliza de forma
automática el ambiente hostil que según las alegaciones la
afectaba y envilecía las condiciones de su empleo.
Como señalé anteriormente, tanto la Ley núm. 17 como
nuestra
jurisprudencia
manifestaciones
establecen
del
hostigamiento
manera
irrazonable
que
una
de
las
la
de
el
desempeño
del
las
condiciones
de
sexual
con
es
interferir
de
trabajo
o
afectar
empleo.
Art. 3 Ley núm. 17, 29 L.P.R.A. sec. 155b; In re
impermisiblemente
Robles Sanabria, supra, pág. 500; Rodríguez Meléndez v.
CC-2005-554 Opinión disidente
Supermercados
Amigo,
Inc.,
6
supra,
pág.
132.
No
debemos
pasar por alto que la señora Umpierre Biascochea vio sus
condiciones de empleo afectadas de modo tan significativo e
irrazonable
decisión
que
de
tuvo
que
ausentarse
de
su
alejarse
de
su
de
empleo
lugar
trabajo.
no
Su
fue
caprichosa ni pueril, mas bien fue provocada directamente
por el hostigamiento que alega haber sufrido constantemente
y
por
el
laboral.
ambiente
La
renuncia
Biascochea
fue
cesar
conducta
la
hostil
para
que
eventual
ella
la
contaminaba
de
la
solución
hostigante
y
su
entorno
señora
Umpierre
más
poder
efectiva
para
desprenderse
totalmente del ambiente hostil que sufría tanto en su lugar
de trabajo como en su estado anímico frente a éste. Por
eso, no es hasta que se vio obligada a renunciar a su
trabajo, que se concretó el “resultado definitivo” del daño
al que alude la Opinión de conformidad.
Dado que el daño
definitivo
su
(que
incluye
la
pérdida
de
trabajo)
se
produjo en un momento posterior al alegado último acto de
hostigamiento sexual (que fue lo que provocó la ausencia
inicial), es la fecha de la renuncia la que es determinante
para el cómputo de la prescripción.
Por último, es necesario destacar otra razón de peso
para concluir que la fecha de renuncia es la que determina
el
dies
a
quo
en
el
caso
de
autos.
Me
refiero
a
la
obligación del patrono de evitar el hostigamiento, que no
cesó respecto a la señora Umpierre Biascochea cuando ella
se ausentó de su trabajo.
CC-2005-554 Opinión disidente
7
La Ley núm. 17 tiene dos propósitos fundamentales,
prohibir
terminantemente
el
hostigamiento
sexual
en
el
empleo, por ser éste una forma de discrimen por razón de
sexo
que
viola
responsabilidades
la
dignidad
pertinentes
en
humana,
e
caso
incumplimiento.
de
imponer
las
Véase Art. 1 Ley núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155. Así,
la ley establece expresamente el deber de todo patrono de
“prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en
el empleo” y garantizar que los empleados “puedan trabajar
con seguridad y dignidad”. Art. 10 Ley núm. 17, supra, 29
L.P.R.A. sec. 155i.
su
deber
de
hostigamiento
La violación por parte del patrono a
mantener
sexual
el
e
centro
de
intimidación
trabajo
libre
contribuye
a
de
la
manifestación del ambiente hostil, y es el fundamento de su
responsabilidad por los daños causados a la víctima del
hostigamiento. A estos efectos, la ley responsabiliza al
patrono no sólo por sus propias acciones sino también por
las actuaciones hostigantes de sus agentes o supervisores.
Véase Art. 5 y 6 Ley núm. 17, supra,
29 L.P.R.A. secs.
155d-155e. El lenguaje de la Ley núm. 17 nos exige concluir
que el deber de todo patrono de asegurarle a cada uno de
sus
empleados
unas
condiciones
de
trabajo
libre
de
hostigamiento sexual es continuo e ineludible. Como bien
señaló el Juez Asociado señor Negrón García en Sánchez v.
Autoridad de Energía Eléctrica, 142 D.P.R. 880, 886 (1997)
(Opinión concurrente), “[este deber] prosigue, en cuanto de
CC-2005-554 Opinión disidente
cada
empleado
en
particular,
8
hasta
su
último
día
de
la
señora
Umpierre
trabajo”.
El
último
día
de
trabajo
de
Biascochea no fue el día en que huyó de un centro de empleo
que según alega estaba cargado de intimidación, hostilidad
y humillación. Su último día de trabajo fue el día de su
renuncia.
El
deber
del
Banco
de
mantener
un
centro
de
trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación se
extendió, respecto a las alegaciones de la señora Umpierre
Biascochea, hasta ese día. Interpretar que la obligación
del
patrono
fue
perjudicada,
interrumpida
sería
dar
al
por
la
traste
ausencia
de
con
máxima
la
la
constitucional que exige la inviolabilidad de la dignidad
del ser humano y con nuestra política pública imperante que
busca erradicar el hostigamiento sexual en el empleo. El
Banco
tenía
la
responsabilidad
de
cumplir
con
su
deber
patronal para con su empleada hasta el día en que ésta dejó
efectivamente
de
serlo.
Es
hasta
ese
momento
que
el
patrono pudo tomar las medidas necesarias para establecer
unas condiciones de empleo que permitieran el regreso de la
señora Umpierre Biascochea a un ambiente laboral libre de
hostigamiento
e
intimidación.
Entre
el
último
día
de
asistencia de la demandante a su trabajo y su renuncia, la
obligación del patrono conforme a la Ley núm. 17 estaba
vigente. Por eso, su posible responsabilidad ante el daño
alegado por la señora Umpierre Biascochea no cesó durante
este
periodo.
El
que
el
patrono
refiriese
a
la
señora
CC-2005-554 Opinión disidente
9
Umpierre Biascochea al Fondo del Seguro del Estado no fue
una medida apropiada ni suficiente para corregir la alegada
situación de hostigamiento.
Por todo lo anterior, devolvería el caso al Tribunal
de
Primera
Instancia
para
que
se
continúen
los
procedimientos y se resuelva la controversia en cuanto a la
fecha exacta en que se notificó la renuncia de la señora
Umpierre Biascochea al Banco Popular.12 La solución a esta
controversia
de
hecho
será
la
que
determine
si
la
reclamación por daños instada en el caso de autos estaba
prescrita. Siendo distinto el resultado al que llega una
Mayoría de este Tribunal, disiento.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
12
Véase supra nota 1.