LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

María Umpierre Biascoechea v. BPPR, Jesús Cáez

2007 TSPR 21

Poder Judicial de Puerto Rico

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María Umpierre Biascoechea v. BPPR, Jesús Cáez

CC-2005-0554

Sentencia con Opinión de Conformidad y Opiniones disidentes Término Prescriptivo en causa por (Hostigamiento sexual en el empleo, ambiente hostil)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Umpierre Biascoechea

Recurrida

Certiorari

v.

2007 TSPR 21

Banco Popular de Puerto Rico,

Jesús Cáez

170 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2005-554

Fecha: 5 de febrero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Juez Ponente:

Hon. Héctor Urgell Cuebas

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José J. Santiago Meléndez

Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez

Lcdo. Carlos F. López López

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Miguel A. Negrón-Matta

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Umpierre Biascoechea

Recurrida

v.

CC-2005-554

Banco Popular de Puerto Rico,

Jesús Cáez

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 5 de febrero de 2007

Acude ante nosotros el Banco Popular de Puerto

Rico

de

una

Apelaciones

en

determinación

negándose

sentencia

a

la

del

dictada

que

se

Tribunal

desestimar

el

por

el

Tribunal

confirmó

de

la

Primera

pleito

de

de

previa

Instancia,

epígrafe

por

prescripción según alegaba el Banco.

El

término

foro

apelativo

prescriptivo

en

interrumpió

cuando

la

Biascoechea,

acudió

a

Seguro del Estado

motivo

sometía

de

unas

su

intermedio

el

caso

recurrida,

la

resolvió

de

que

el

autos

se

María

Corporación

Umpierre

del

Fondo

de

a recibir tratamiento médico por

alegadas

presiones

a

las

supervisor.

Y

que

el

que

la

mismo

Cc-2005-554

2

comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución

final de dicha agencia.

Expedimos

el

recurso

el

14

de

octubre

de

2005.

Contamos con el beneficio de la comparecencia de las partes

por lo que estamos preparados para resolver y procedemos a

así hacerlo.

este

caso,

Analizado los argumentos de las partes en

se

revoca

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones y se desestima la demanda instada por cuanto la

misma estaba prescrita.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la que

se le une el Juez Presidente señor Hernández Denton.

El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada

señora Fiol Matta disienten con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Umpierre Biascoechea

Recurrida

CC-2005-554

v.

Banco Popular de Puerto Rico,

Jesús Cáez

Peticionarios

Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez

Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández

Denton

San Juan, Puerto Rico a 5 de febrero de 2007

El caso de marras nos brindó la oportunidad de

resolver cuándo comienza a transcurrir el término

prescriptivo de un año para instar una reclamación

por hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente

hostil.

Hecha tal determinación, se debía auscultar

si dicho término se interrumpe cuando la empleada

perjudicada acude a la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado para recibir tratamiento por los

daños que el alegado ambiente hostil le produjo.

I

La recurrida, María Umpierre Biascoechea comenzó

a trabajar en el Banco Popular de Puerto Rico (el

“Banco” o “Banco Popular”), el 2 de enero de 1998.

CC-2005-554

Allí

se

2

desempeñaba

como

cajera-receptora

(“teller”).

Durante el período de tiempo que laboró en la Sucursal de

Altamira del Banco Popular, alegadamente fue víctima de un

patrón de hostigamiento sexual por parte de su supervisor

inmediato, el codemandado Sr. Jesús Cáez.

de

2000,

ocurrió

un

último

El 4 de febrero

incidente

de

alegado

hostigamiento cuando el señor Cáez le gritó a la señora

Umpierre Biascoechea en presencia de algunos compañeros de

trabajo

y

clientes,

por

ésta

haberse

labores sin notificación previa.

ausentado

de

sus

Luego de esa fecha, la

recurrida no se presentó a trabajar en el Banco.

A raíz de lo sucedido, la señora Umpierre Biascoechea

se reunió con el gerente de la sucursal, el Sr. Javier

Vélez, para brindarle su versión de lo ocurrido así como

para informarle sobre los problemas que confrontaba con su

supervisor.1

En dicha reunión, la recurrida notificó que

había acudido a un médico privado que le había recomendado

descanso

por

varias

semanas

por

estar

sufriendo

de

una

depresión severa.

Ante tal situación, el 7 de febrero de

2000

Vélez

el

refirió

gerente

a

la

recurrida

completó

a

la

un

informe

Corporación

patronal

y

Fondo

del

del

Seguro del Estado (el “Fondo”).

La señora Umpierre Biascoechea acudió al Fondo y alegó

“que debido a una serie de incidentes con su supervisor,

quien

1

la

presionaba

constantemente,

se

ha

afectado

No surge claramente de los autos si la recurrida Umpierre

Biascoechea le comunicó a sus superiores en esa reunión

sobre el patrón de hostigamiento al que fue alegadamente

sometida.

CC-2005-554

3

emocionalmente.”2

El 8 de febrero de 2000, el Fondo le

recomendó recibir tratamiento en descanso.

subsiguientemente,

la

agencia

emitió

Sin embargo,

una

resolución,

de

fecha 19 de julio de 2001 y notificada el 23 de julio de

2001,

en

la

cual

concluyó

que

la

señora

Umpierre

Biascoechea padecía de un desorden depresivo atípico, no

En su consecuencia, el caso

relacionado con el empleo.

ante el Fondo fue cerrado y archivado.

Mientras

se

encontraba

en

descanso,

y

antes

de

la

notificación del Fondo, la recurrida presentó su carta de

renuncia al Banco, con fecha a manuscrito de 12 de marzo de

2000.3

El 13 de marzo de 2001, la representación legal de

la recurrida envió una misiva al Banco Popular reclamando

extrajudicialmente a éste y al señor Cáez, por el ambiente

hostil al cual estuvo expuesta la recurrida y que culminó

con su renuncia involuntaria.

El

15

de

notificación

junio

del

de

Fondo,

2001,

la

previo

señora

a

recibirse

Umpierre

la

Biascoechea

presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia,

Sala

2

Superior

de

Bayamón,

alegando

haber

sido

hostigada

Véase, Decisión del Administrador Sobre: Relación Causal Compensabilidad - Condición Emocional No Relacionado,

apéndice del recurso de certiorari, pág. 181.

3

Existe una alegada controversia de hecho en cuanto a la

fecha exacta en que se notificó la renuncia de la recurrida

al Banco Popular. Según consta en el expediente, la carta

de renuncia tiene fecha a manuscrito de 12 de marzo de

2000. Sin embargo, en un documento preparado por el Banco

Popular, titulado Alegación Hostigamiento Sexual María

Umpierre vs. Jesús Cáez, aparece que la referida carta de

renuncia fue entregada el día 13 de marzo de 2001.

En

vista de la conclusión a que llegamos la referida

“controversia” es claramente inconsecuente para la solución

del caso.

CC-2005-554

4

sexualmente por el señor Cáez, lo que le ocasionó daños y

angustias mentales ascendentes a $100,000.00.

La demanda

se presentó al amparo de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de

1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., y la Ley Núm. 17 de

22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq.

Se

adujo en la misma que el Banco Popular era responsable

solidariamente con el señor Cáez de sus daños, por tener

conocimiento de los alegados actos de hostigamiento sexual

y no tomar medidas correctivas para evitar los mismos.

Ambos

codemandados

oportunamente

procesales,

la

(“los

peticionarios”)

demanda.

presentaron

sentencia sumaria.

Luego

de

conjuntamente

contestaron

varios

una

trámites

solicitud

de

En ella plantearon, esencialmente, que

la reclamación por hostigamiento sexual al amparo de la Ley

Núm. 17 estaba prescrita y, en la alternativa, que los

hechos alegados no fueron lo suficientemente severos como

para

configurar

una

causa

de

acción

por

hostigamiento

sexual en ninguna de sus modalidades.

Sobre la alegación de prescripción, los peticionarios

sostuvieron

que

el

último

de

los

alegados

actos

de

hostigamiento sexual ocurrió el 4 de febrero de 2000 y era

a

partir

término

de

esa

fecha

prescriptivo

que

de

un

comenzaba

año

a

transcurrir

el

para

presentar

su

reclamación judicial o, para reclamar extrajudicalmente por

los daños sufridos.

Habida cuenta que ninguna de las dos

cosas había ocurrido dentro de ese término, forzoso era

concluir

que

la

demanda

instada

estaba

prescrita.

CC-2005-554

5

Arguyeron además que, aún tomando como inicio del plazo la

fecha de renuncia el 12 de marzo de 2000, la demanda estaba

igualmente prescrita porque la reclamación extrajudicial se

instó

un

día

después

de

haber

vencido

el

a

la

solicitud

según

los

propios

plazo

prescriptivo.

La

recurrida

demandados.

se

Adujo,

opuso

que

de

los

documentos

preparados por el Banco Popular, su renuncia se presentó el

13 de marzo de 2000 y es a partir de esa fecha que comienza

a computarse el plazo prescriptivo.

Conforme a ello, la

reclamación extrajudicial del 13 de marzo del siguiente año

interrumpió

oportunamente

el

término

prescriptivo,

en

consecuencia, la demanda fue presentada dentro del término

previsto.

No

obstante

esta

argumentación,

la

recurrida

planteó que el término prescriptivo quedó interrumpido por

el referido al Fondo y comenzó a transcurrir nuevamente con

la resolución final de esta agencia que su condición no

estaba relacionada con su trabajo.

Los

acción

peticionarios

por

replicaron

hostigamiento

sexual

y

señalaron

está

excluida

que

una

de

la

inmunidad patronal y de la exclusividad de remedios de la

Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes

de

Trabajo

por

constituir actos intencionales y discriminatorios, por lo

que una reclamante no tiene que esperar a la determinación

final del Fondo para acudir al tribunal e instar la acción

correspondiente.

CC-2005-554

6

Trabada así la controversia, el Tribunal de Primera

Instancia declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria

presentada.

De la intricada Minuta de la vista celebrada

se desprende que el tribunal concluyó que, toda vez que el

Banco había referido a la señora Umpierre Biascoechea al

Fondo

por

el

alegado

hostigamiento

sexual,

el

término

prescriptivo comenzaba a transcurrir en la fecha en que el

Fondo determinó que su condición no estaba relacionada con

el empleo.

Es decir, que la fecha a partir de la cual se

computaría

el

término

de

un

año

para

instar

la

correspondiente reclamación judicial era el 19 de julio de

2001.

Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 348-

349.

Inconformes con dicha determinación, los peticionarios

acudieron

al

alia,

desestimación

la

prescrita

la

Tribunal

de

Apelaciones

del

reclamación.

presente

El

foro

solicitando,

inter

pleito

estar

apelativo

por

intermedio

resolvió que el término prescriptivo en el caso de autos

quedó

interrumpido

al

acudir

la

perjudicada

al

Fondo

y

comenzó a transcurrir nuevamente a partir de la resolución

final

de

dicha

agencia.

El

tribunal

utilizó

como

fundamento nuestras decisiones en Padín v. Cía. de Fomento

Industrial, 150 D.P.R. 403 (1998) y Vega Lozada v. J. Pérez

& Cía., 135 D.P.R. 746 (1994).

Por tal razón, se confirmó

al tribunal de instancia, concluyendo que la presente causa

de acción fue incoada dentro del término provisto de un

año.

CC-2005-554

7

Insatisfecho

aún,

los

peticionarios

presentaron

recurso de certiorari ante este Tribunal.

un

En el mismo

sostuvieron que el tribunal a quo erró “al concluir que la

reclamación

por

alegados

daños

y

perjuicios

por

hostigamiento sexual no estaba prescrita, porque el plazo

prescriptivo de un (1) año quedó interrumpido al acogerse

la

demandante

a

las

disposiciones

de

la

Ley

de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo y hasta tanto el

Fondo del Seguro del Estado no emitiese su determinación

sobre si la reclamación era o no compensable.”

Expedimos

II

Los dos asuntos principales a resolver en esta ocasión

son:

Primero,

prescriptivo

¿cuándo

comienza

una

de

en

causa

a

correr

acción

por

sexual en su modalidad de ambiente hostil?

referida

reclamación

se

interrumpe

el

término

hostigamiento

Segundo, si la

cuando

la

empleada

agraviada es referida por su patrono al Fondo para recibir

tratamiento

médico

por

los

alegados

daños

sufridos

como

consecuencia del ambiente hostil que invoca.

A

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

en

su

Artículo

dignidad

del

ser

discrimen

por

motivo

II,

humano

de

Sección

es

1,

establece

inviolable”

raza,

color,

y

que

“la

proscribe

el

sexo,

nacimiento,

origen o condición social, ideas políticas o religiosas.

Siguiendo

este

mandato

constitucional,

la

Asamblea

Legislativa ha aprobado variada legislación de naturaleza

CC-2005-554

8

indemnizatoria dirigida a implantar la política pública del

Estado

contra

el

discrimen

incluyendo,

en

lo

que

nos

concierne, el discrimen por razón de sexo.

Entre las leyes aprobadas se encuentra la Ley Núm. 69

de 6 de julio de 1985, 29 L.P.R.A. secs. 1321 et seq., la

cual proscribe, específicamente, el discrimen en el empleo

por razón de sexo.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa

promulgó la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (“Ley Núm.

17”), 29 L.P.R.A. secs. 155 et seq., mejor conocida como la

Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo.

Ésta persigue la

erradicación del hostigamiento sexual del taller empleo y

establece, entre otras cosas, una causa de acción en daños

por su violación.

Art. 11, Ley Núm. 15, 29 L.P.R.A. sec.

155j.4

Ninguna

de

las

mencionadas,

sin

embargo,

prescriptivo

para

instar

autorizaban.

En vista de ello, en Suárez Ruiz v. Figueroa

Colón,

145

D.P.R.

atender

dicha

142

omisión

disposiciones

proveyó

la

(1998)

y

legales

de

un

reclamación

nos

dimos

establecimos

que

a

antes

término

civil

la

el

que

tarea

de

término

en

4

Ante todo, el hostigamiento sexual es una de las

manifestaciones típicas de la violencia de género, reflejo

de discrimen y de desigualdad.

El acoso sexual es una

expresión moderna con la que se designa un problema antiguo

y de los más importantes con el que las mujeres han de

enfrentarse en el trabajo, lo que no significa que sean las

mujeres las únicas víctimas del acoso.

Es una práctica ilegal e indeseable que atenta contra la

dignidad del ser humano.

De ahí la clara política pública

que condena este comportamiento y le impone al patrono un

deber afirmativo y continuo, hasta que el empleado cesa de

trabajar, de velar porque este comportamiento no se suscite

en el ambiente de trabajo.

CC-2005-554

9

cuestión era de un año.

A tales efectos, expresamos lo

siguiente:

Por constituir la Ley de Discrimen por Sexo

en el Empleo [Ley Núm. 69] y la Ley de

Hostigamiento Sexual en el Empleo [Ley Núm. 17]

parte de un esquema legislativo dirigido a

erradicar el discrimen por razón de sexo en el

empleo, por éstas reconocer acciones de carácter

indemnizatorio

de

naturaleza

similar

a

las

acciones instadas a tenor con la Ley Núm. 100 y a

las acciones bajo el artículo 1802 del Código

Civil y por iguales fundamentos a los esbozados

en Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc.,

resolvemos

que

en

ausencia

de

disposición

legislativa, el término prescriptivo de las

acciones instadas a tenor con las mencionadas

leyes es el de un (1) año. (Énfasis nuestro.)

Suárez Ruiz, 145 D.P.R. pág. 146.

Como

sabemos,

el

propósito

de

la

prescripción

es

fomentar el pronto reclamo de los derechos a la misma vez

que se procura la tranquilidad del obligado frente a la

eterna pendencia de una acción civil en su contra.

La

prescripción extintiva procura castigar la inercia en el

ejercicio

de

los

derechos,

pues

ello

da

lugar

a

una

presunción legal de abandono, lo que conjuntamente con la

exigencia de nuestro ordenamiento jurídico para eliminar la

incertidumbre de las relaciones jurídicas, constituyen los

basamentos

de

la

prescripción

extintiva.

Véase,

Ortiz

Rivera v. PRTC, res 10 de agosto de 2004, 162 D.P.R. ___,

2004 TSPR 133; Vera v. Dr. Bravo, res. 27 de febrero de

2004,

Santos

161

D.P.R.

Briz,

Barcelona,

___,

2004

TSPR

Tratado

de

Derecho

España,

2003,

pág.

30.

763;

Véase

Civil,

J.

además,

J.

Ed.

Bosch,

Puig

Brutau,

Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Ed.

CC-2005-554

10

Bosch, Barcelona, España, 1996, pág. 32; L. Díez Picazo, La

prescripción

en

el

Código

Civil,

Ed.

Bosch,

Barcelona,

España, 1984, pág. 93; L. Díez Picazo y Ponce de León, La

prescripción

extintiva

Jurisprudencia

del

en

el

Tribunal

Código

Supremo,

Civil,

En

la

Thomson-Civitas,

Madrid, España, 2003.

En nuestra jurisdicción, la prescripción constituye un

derecho sustantivo, Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347

(2001), Vega Lozada v. J. Pérez & Cía. Inc., 135 D.P.R.

746, 753 (1994), que acarrea la desestimación de cualquier

demanda presentada fuera del término establecido por ley.

Rimco, Inc. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 130 D.P.R. 60, 65

(1992).

De

ordinario,

el

término

prescriptivo

comienza

a

transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del

daño

y

pudo

ejercitar

su

causa

de

acción,

lo

que

no

necesariamente coincide con el momento en que se sufre el

daño reparable.

Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181,

189 (2002) y casos allí citados.

1868

del

Código

Civil,

31

Véase además, Artículo

L.P.R.A.

sec.

5298;

J.

Puig

Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, Ed.

Bosch, Barcelona, 3ra ed., 1996, págs. 68-70.

Como ya

hemos indicado en el pasado, el plazo para la prescripción

no

corre

ignorancia

contra

quien

por

imposibilidad

del

hecho

causante

del

física

o,

por

perjuicio

o,

por

ignorancia de que puede ejercitar una acción, no ejerce su

derecho.

Si tal ignorancia es producto de la negligencia o

CC-2005-554

descuido

11

del

reclamante,

transcurso del término.

no

se

aplaza

el

comienzo

del

Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R.

232, 244 (1984).

La pregunta que tenemos que hacernos en esta ocasión

es cuál es el punto de partida --o momento inicial-- del

cómputo (dies a quo) de la acción civil por hostigamiento

sexual, de suerte que podamos determinar si la reclamación

instada en este caso se ajustó a dicho término.

Hemos

reconocido que el momento exacto en que se conoce, o se

debió conocer el daño, constituye un delicado problema de

prueba

e

interpretación,

debido

a

la

variedad

de

“circunstancias en que se da el problema del conocimiento

del daño.”

(1995).

Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 574

Véase también, Delgado Rodríguez v. Nazario de

Ferrer, 121 D.P.R. 347, 360 (1988); Rivera Encarnación v.

E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385-386 (1982).

Hechos distintos

requerirán

Esta

determinación

se

trata

soluciones

particularmente

diversas.

delicada

cuando

de

es

daños

producidos por un período prolongado de tiempo, como por

ejemplo, los llamados daños continuados.

L. Díez-Picazo y

Ponce de León, op. cit., pág. 246(“La determinación del

momento inicial de la prescripción suscita dificultades en

los casos que se pueden llamar de daños continuados o de

daños con secuela.”)

El daño continuado se refiere a aquellos “producidos

por uno o más actos culposos o negligentes imputables al

actor,

coetáneos

o

no,

que

resultan

en

consecuencias

CC-2005-554

lesivas

12

ininterrumpidas,

sostenidas,

duraderas

sin

interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas

hace también que se conozca

carácter

continuado

e

--por ser previsible-- el

ininterrumpido

de

sus

efectos,

convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto

por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido), y

de daño futuro previsible y por tanto cierto.”

Del

Toro,

Los

daños

y

perjuicios

H.M. Brau

extracontractuales

Puerto Rico, Pub. JTS, 1986, Vol. II, pág. 648.

Santiago v. Ríos Alonso, ante, pág. 191.

en

Véase,

En estos casos

nos enfocamos más en la causa de los daños que en el evento

dañoso en particular.

Es decir, el principio que anima la

doctrina del daño continuado no descansa en la naturaleza

intrínseca del perjuicio ocasionado por la perturbación y

sí, en el carácter continuo o progresivo de la causa que lo

ocasiona, la cual renueva constantemente la acción dañosa.

Este

tipo

de

daños

lo

produce

uno

o

más

actos

negligentes o culposos que, llegado determinado momento, la

agraviada logra percatarse que las consecuencias lesivas

ocasionadas continuarán en el futuro.

En ese momento, por

convertirse en un daño cierto, sobreviene una sola causa de

acción

resarcitoria

ininterrumpidas

y

por

todas

sostenidas.

las

Bajo

consecuencias

esta

lesivas

categoría,

los

daños derivados del acto ilícito se estiman como una unidad

y no como una pluralidad de daños particulares.

De

lo

anterior

se

coligen

tres

factores

que

caracterizan el daño continuado, a saber: 1) un acto o

CC-2005-554

13

varias actuaciones negligentes o culposas;5 2) que dichos

actos

unidos

entre

sí

causen

daños

ininterrumpidos

y

sostenidos; y 3) que sea previsible que los daños continúen

en el futuro.

daños

Este tercer criterio supone que existen unos

“actuales”

junto

a

otros

que

son

aunque estos últimos no se verifiquen.

que todos los daños sean ciertos.

“previsibles”,

Ello hace entonces

La certeza se fundamenta

en que la afectada, una vez advierte de la naturaleza de

los agravios ya experimentados y constata que los mismos

tienen un patrón y están unidos por ser el resultado de una

misma

causa,

prever,

que

logra

de

comprender

mantenerse

y

vigente

puede

la

razonablemente

causa

continuará

sufriendo daños de la misma naturaleza hasta tanto no cese

la misma.

La

doctrina

civilista

moderna

postula

que

ante

la

imposibilidad de fraccionar en etapas distintas los actos

culposos o negligentes, ya que como hemos visto los daños

continuados se producen sucesiva e ininterrumpidamente, el

inicio del plazo prescriptivo para reclamar por estos daños

comienza

en

el

momento

de

la

producción

del

resultado

definitivo o hasta que se verifique el último de los actos.

Ello,

naturalmente

presupone

que

ésta

no

confronta

obstáculo alguno para ejercitar su causa de acción.

Véase,

F. Reglero Campos en M. Albaladejo, Comentarios al Código

5

Este primer elemento coloca dentro del concepto de años

continuados la situación de que un acto culposo atribuible a

cierta persona o entidad es la causa próxima de una serie de

daños resultantes.

Es decir, que los daños en cuestión

tienen una causa común.

Agosto Ortiz v. Municipio de Río

Grande, 143 D.P.R. 174, 184-185 (1997).

CC-2005-554

14

Civil y Compilaciones Forales, Ed. Rev. Der. Priv., Madrid,

España,

1994,

Tomo

Berdejo,

Derecho

de

XXV,

Vol.

2,

pág.

458;

Obligaciones,

Ed.

Bosch,

España, 1995, 3ra ed., Vol. 2, pág. 518;

la

Cuesta,

Comentario

del

Código

J.L.

Lacruz

Barcelona,

I. Sierra Gil de

Civil,

Ed.

Bosch,

Barcelona, España, 2000, Tomo 9, pág. 554.

Es decir, en caso de daños continuados el cómputo del

plazo de prescripción no se inicia sino hasta la producción

del

definitivo

resultado.

Comentando

el

tenor

de

la

jurisprudencia del Tribunal Supremo español, el profesor

Díez-Picazo

y

Ponce

de

León

señala

lo

siguiente:

“Las

sentencias más modernas . . . se inclinan por la idea de

que el comienzo del plazo de prescripción se produce con la

verificación total del daño. . . .”

(Énfasis nuestro.)

L.

Díez-Picazo y Ponce de León, op. cit., pág. 246.6

6

Sobre

este

particular,

confróntese

la

siguiente

jurisprudencia

que

versa

sobre

la

prescripción

en

situaciones que involucran daños de carácter continuo.

E.g., STS 10 de septiembre 1986 (“Debe indicarse que es

doctrina

igualmente

constante

de

esta

Sala

que

la

computación de los plazos iniciales en la prescripción, no

puede comenzar sino a partir de que concluyan las

actuaciones o presupuestos fácticos en que se apoye el

ejercicio de la acción esgrimida. . . .”) (Énfasis

nuestro.) STS 12 diciembre 1980 (A. 4747)(“En los casos de

comportamiento ilícito continuado . . . no ha dejado de

sostener la doctrina científica el criterio de que el día

inicial de la prescripción será no el del comienzo del

hecho sino el de su verificación total . . . parece justo

iniciar el cómputo del tiempo para la posible reacción

contra el acto antijurídico el de su plena efectividad e

incluso el de su cesación . . . .”) (Énfasis nuestro.) STS

27 junio 1990 (A. 4900)(“Por ser los daños de que se trata

de los denominados continuados, esto es, aquellos que

continuamente se están operando y produciendo, respecto de

los cuales la Jurisprudencia de la Sala tiene declarado que

‘el cómputo del plazo de prescripción no se inicia hasta la

producción del definitivo resultado, cuando no es posible

CC-2005-554

15

Nuestra jurisprudencia revela un criterio parecido al

español.

En Capella v. Carreras, 57 D.P.R. 258 (1940),

resolvimos que los estorbos producen un daño continuo cuya

causa de acción no comienza a prescribir hasta que cese el

estorbo.

daños

y

Indicamos expresamente que cuando “se trata de

perjuicios

causados

por

actos

continuos

.

.

.

[éstos] están latentes hasta que cesa la causa que los

genera. . . [E]n tal caso la acción dañosa se renueva de

día a día. . . .”

266.

(Énfasis nuestro.)

57 D.P.R., pág.

Posteriormente nos hemos reafirmado en esta doctrina.

E.g.,

Arcelay

(1955)(son

v.

daños

Sánchez,

continuados

77

D.P.R.

aquellos

824,

generados

837-839

por

los

ruidos y pestes que producía una planta pasteurizadora);

Seda v. Miranda Hmnos. & Co., 88 D.P.R. 355, 361 (1963)(son

daños

continuados

los

ocasionados

por

una

chimenea

que

despedía humos y ruidos).

A un resultado análogo llegamos en Santiago v. Ríos

Alonso, ante, donde resolvimos que el término prescriptivo

de una acción torticera derivada de la violencia doméstica

tuvo

su

inicio

cuando

cesó

dicha

conducta.

Estas

decisiones, por supuesto, estuvieron matizadas por hechos

particulares

y

por

el

interés

público

en

evitar

los

fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la

serie proseguida’ . . . no resultando siempre fácil

determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido

ese ‘definitivo resultado’ que en relación con el concepto

de daños continuados se nos ofrece como algo vivo, latente

y

conectado

precisamente

a

la

causa

originadora

y

determinante de los mismos, que subsiste y se mantiene

hasta su adecuada corrección.”)

Véase también, STS 21

marzo 2005 (A. 3878); STS 24 mayo 1993 (A. 3727).

CC-2005-554

16

estorbos y combatir la violencia doméstica.

Mas no dejan

de apoyar la norma general que el término prescriptivo de

las acciones sobre daños continuos comienza a transcurrir

cuando se ha verificado la previsibilidad del daño y el fin

de la conducta ilícita.7

Responsabilidad

Civil

Véase además, C. Irizarry Yunqué,

Extracontractual,

4ta.

Ed.,

2000,

pág. 730.

Pasemos en este momento a reseñar las características

de la acción por hostigamiento sexual en su modalidad de

ambiente

hostil,

para

luego

entonces

determinar

la

naturaleza del daño resultante.

B

La delimitación del concepto concreto de acoso sexual

en el trabajo presenta variadas dificultades debido a la

complejidad de las relaciones interpesonales.

No empece,

hemos reconocido dos modalidades de hostigamiento sexual, a

saber: el hostigamiento sexual por ambiente hostil y el

7

Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560 (1995), no

contradice cabalmente el principio aludido. Allí se planteó

que una serie de artículos periodísticos produjeron un daño

continuo cuya causa de acción estuvo sujeta a la prescripción

desde la fecha del último artículo. Indicamos al respecto,

“que las características señaladas, [respecto los daños en

dicho caso], no son suficientes para constituir un daño

continuo.” (Énfasis nuestro.) 138 D.P.R., pág. 574. Luego

expresamos que “lo determinante en cuanto a los daños

continuos es el momento cuando comienza la producción de los

daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del

término de prescripción, al presuponer que los perjudicados

los conocían desde entonces y que pudieran ejercitar la causa

de acción.”

138 D.P.R., pág. 575.

Empero, habiéndose

resuelto que no existía tal daño, estas expresiones

constituyeron un obiter dictum que no debe oponerse al

análisis más deliberado de Capella Carreras, Arcelay, Seda y

Santiago Ríos.

Cf., Álvarez González, Análisis del término

del Tribunal Supremo de Puerto Rico: Responsabilidad civil

extracontractual, 72 Rev. Jur. U.P.R. 615, 638-642 (2003).

CC-2005-554

17

llamado hostigamiento equivalente o quid pro quo.

primera

vertiente,

la

que

nos

ocupa,

“el

Bajo la

hostigamiento

sexual se produce cuando la conducta sexual para con un

individuo tiene el efecto de interferir irrazonablemente

con el desempeño de su trabajo o de crear en el mismo un

ambiente

intimidante,

Meléndez

v.

(1990).

La conducta puede afectar el funcionamiento y la

Sup.

Amigo,

efectividad

de

empleado

permanecer

a

hostil

la

u

Inc.,

víctima

en

ofensivo.”

126

en

el

el

mismo

D.P.R.

empleo,

y

Rodríguez

117,

131-132

desalentar

al

dificultarle

su

progreso en su carrera.

Véase, Art. 3(c), Ley Núm. 17, 29

L.P.R.A. sec. 155b(c).

Véase además, Afanador Irizarry v.

Roger Electric, 156 D.P.R. 651, 662 (2002); In re Robles

Sanabria, 151 D.P.R. 483, 492 (2000).

Estas particularidades de la causa de acción hacen que

la

misma

no

por

lo

para

establecer

cuándo comienza a correr el plazo prescriptivo.

Adviértase

dificulta

sea

fácilmente

establecer

una

discernible

regla

rígida

que

se

además, que la ley establece que para determinar si una

alegada

conducta

constituye

hostigamiento

sexual

en

el

empleo se considerará la totalidad de las circunstancias en

que ocurrieron los hechos.

Es decir, es una determinación

que se hace caso a caso.

Art. 4, Ley Núm. 17, 29 L.P.R.A.

sec. 155c.

Antes

hostil

bien,

involucra

por

su

varios

propia

actos

naturaleza,

acaecidos

a

el

ambiente

través

de

un

período de tiempo que crean un ambiente de tal naturaleza

CC-2005-554

18

pernicioso

como

para

expresamos

en

Robles

violar

la

ley.

Sanabria,

A

ante,

estos

efectos,

pág.

492,

lo

siguiente:

Para establecer un caso prima facie de

hostigamiento sexual por ambiente hostil, la

parte promovente de la acción debe probar que ha

ocurrido más de un incidente de conducta sexual

ofensiva.

Un acto aislado o un mero ‘piropo’,

aunque pudiera ser no deseado, no origina una

causa de acción bajo esa modalidad.

De ahí que

se diga que el hostigamiento por ambiente abusivo

se caracteriza por su multiplicidad.

(Énfasis

nuestro.)(Citas omitidas.)

Son los actos repetidos de naturaleza hostigante que

unidos entre sí o vistos en conjunto, crean el ambiente

abusivo y hostil, toda vez que cada acto por sí solo podría

no ser lo suficientemente severo como para justificar una

reclamación por hostigamiento sexual.

los

daños

se

configuran

por

la

Habida cuenta que

concatenación

de

varios

eventos aislados, que unidos entre sí configuran un patrón

de

comportamiento

que

procura

un

particular

aprehensión en la perjudicada, debemos concluir

estado

de

que éstos

necesariamente están enmarcados dentro de la categoría de

daños continuados.

ante.

E.g.,

Santiago Rivera v. Ríos Alonso,

Es evidente que hay una gran simetría o afinidad

entre los daños reclamados a causa de un ambiente hostil y

la doctrina del daño continuado.

Recordemos, como ya

apuntamos, que en casos de daños continuados la atención se

centra

en

el

ambiente

que

ha

producido

la

conducta

proscrita que es la causa de los daños, y no en los actos

por separado que contribuyen a crear ese ambiente, que son

los eventos dañosos en particular.

CC-2005-554

19

A la luz de lo anterior, resolvemos que en el presente

caso

el

término

reclamación

de

prescriptivo

de

hostigamiento

un

año

para

instar

sexual

por

ambiente

la

hostil

comenzó a correr a partir del 4 de febrero de 2000, fecha

en que la señora Umpierre Biascoechea, por motivo de un

incidente

que

su

supervisor

inmediato, decidió no regresar a su trabajo.

Es en este

momento

de

que

estimó

hostigante

finalizaron

hostigamiento.

Una

los

vez

con

eventos

la

o

recurrida

actos

no

alegado

regresó

a

su

trabajo cesó de estar expuesta al acto que le producía, a

tenor con su alegación, los daños por los que reclamaba.

Es decir, al no estar en su empleo ella no estaba expuesta

a

un

ambiente

ocurrencia

de

hostil.

nuevos

Siendo

actos

de

imposible

naturaleza

entonces

la

hostigante,

el

punto de partida para el cómputo de la prescripción es el

día que cesó de acudir a su empleo por ser ese el momento

en que finalizó la alegada conducta prohibida.

La recurrida nos arguye que el término debe computarse

a partir de la fecha en que sometió su carta de renuncia.

No

compartimos

ese

criterio.

Ya

para

esa

fecha

la

peticionaria no estaba expuesta al alegado ambiente hostil

por

el

cual

reclamó

judicialmente.

En

cuyo

caso,

no

podemos adoptar como punto de partida una fecha en la cual

había cesado la conducta proscrita y se había producido ya

el resultado definitivo del daño sufrido.

Esta

postura

es

la

que

mejor

se

ajusta

a

las

particularidades de la causa de acción por hostigamiento

CC-2005-554

20

sexual en la modalidad de ambiente hostil, procurando así

hacer efectiva la política pública que anima la Ley de

Hostigamiento

Sexual.

Al

así

resolver,

tomamos

en

consideración que la prescripción es un instituto flexible

que

nos

permite

circunstancias,

adecuar

de

suerte

su

que

se

alcance

conforme

procure

hacer

las

cumplida

justicia.

“El Derecho representa no solo lucha contra la

injusticia,

sino

también

por

más

justicia.”

(Énfasis

en

original.) M. Zavala de González, Actuaciones por daños,

Ed.

Hammurabi,

Buenos

Aires,

Argentina,

2004,

pág.

239.

Véase, Vega v. J. Pérez & Cia., Inc., 135 D.P.R. 746, 754

(1994).

Conviene observar que la norma acogida responde, no

sólo

a

nuestra

propósitos

de

jurisprudencia,

la

prescripción

sino

también

a

Ésta

viene

extintiva.

los

a

salvar la confianza de los deudores en la apariencia que

genera la inercia del deudor conforme exige la equidad.

También

protege

al

récord

evidenciario

demandado

ha

de

las

reclamaciones

desaparecido,

y

fomenta

cuyo

la

estabilidad de las relaciones jurídicas.

Así mal puede sostener el causante de un daño continuo

que

la

equidad

vindica

su

confianza

en

la

inercia

del

deudor durante aquel periodo de tiempo en que tuvo lugar su

conducta reñida con la equidad.

Igualmente, la perdida del

récord evidenciarios que pueda ocurrir en estos casos habrá

de ser atenuada, debido a la persistencia de la conducta, y

CC-2005-554

responderá

21

en

gran

medida

a

las

acciones

del

propio

demandado y no exclusivamente a la inercia del deudor.

La norma acogida también procura una mayor estabilidad

de

las

relaciones

jurídicas.

Evidentemente,

la

previsibilidad de un daño continuo puede configurarse antes

de culminar la conducta dañina, como, por ejemplo, cuando

se configura un “ambiente hostil” que dura varios años.

Hemos reconocido, sin embargo, que a menudo resulta difícil

determinar el momento preciso de la previsibilidad –e.g. el

día que surgió un ambiente hostil

Tal dificultad hace

incierta

e

jurídicas

casos.

Al añadirse el requisito de que haya cesado la

inestable

las

relaciones

en

estos

conducta dañosa, se podrá determinar con mayor precisión

cuándo

comienza

a

correr

los

correspondientes

términos

prescriptivos, abonando así la estabilidad jurídica.

Conforme lo discutido anteriormente y al aplicarlo a

los hechos de este caso, habría que concluir que la demanda

instada

estaba

prescrita.

Ahora

bien,

el

Tribunal

de

Apelaciones resolvió que la reclamación judicial no estaba

prescrita habida cuenta que la misma quedó interrumpida por

el referido hecho al Fondo de Seguro del Estado.

entonces que evaluar este señalamiento.

Tenemos

Veamos.

III

Como apuntamos anteriormente, con la prescripción se

pretende propiciar el pronto reclamo de un derecho, a la

misma vez que procura ponerle coto a la incertidumbre de

CC-2005-554

una

22

posible

reclamación

en

contra

del

obligado.

Colón

Prieto v. Géigel, ante, a la pág. 243.

De conformidad con el Artículo 1873 del Código Civil,

31

L.P.R.A.

reclamación

sec.

se

5303,

el

interrumpe

término

por

su

para

instar

una

ejercicio

ante

los

tribunales, por la reclamación extrajudicial del acreedor y

por cualquier reconocimiento de deuda por parte del deudor.

Díaz de Diana v. AJAS Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980).

Díez

Picazo,

op.

cit.,

pág.

109.

La

reclamación

extrajudicial que interrumpe el término prescriptivo de una

acción puede manifestarse a través de variadas acciones ya

que la ley no exige una forma especial para efectuar las

mismas.

No

obstante,

toda

reclamación

extrajudicial

debe

cumplir con los siguientes requisitos para que tenga el

efecto interruptor de la prescripción, a saber: (1) debe

ser

oportuna,

término

lo

que

establecido;

exige

que

se

presente

(2)

el

reclamante

dentro

debe

del

poseer

legitimación, por lo que la reclamación la debe ejercitar

el titular del derecho o acción cuya prescripción pretende

interrumpir;

(3)

el

medio

reclamación

debe

ser

el

existir

identidad

entre

utilizado

idóneo

el

para

derecho

afectado por la prescripción.

para

realizar

ello;

y,

reclamado

la

(4)

debe

y

aquél

Maldonado v. Russe, ante,

pág. 353.

Hemos

resuelto

administrativa

que

puede

la

presentación

considerarse

como

de

una

una

querella

forma

de

CC-2005-554

23

interrupción

Products,

judicial.

Inc.,

132

E.g.,

D.P.R.

470,

Matos

Molero

v.

Roche

486

(1993);

Srio.

del

Trabajo v. F.H. Cop., Inc., 116 D.P.R. 823, 824 (1985).

Cuando ello ocurre, el término queda congelado durante la

pendencia

del

trámite

administrativo

y

comienza

a

computarse nuevamente al cesar la causa interruptiva, es

decir, cuando se produzca la acción final de la agencia.

Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante, págs. 146-147 (1998);

De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985).

En Srio. del Trabajo v. F.H. Co., ante, resolvimos que

la

presentación

Unidad

de

una

Antidiscrimen

querella

del

administrativa

Departamento

del

ante

la

Trabajo

y

Recursos Humanos interrumpía el término prescriptivo para

instar una reclamación de discrimen bajo la Ley Núm. 100 de

30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146

et seq.

Reconocimos, que la propia Ley Núm. 100 deposita

en el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de

velar por el cumplimiento de las disposiciones contra el

discrimen consignadas en la ley.

En Matos Molero, ante,

llegamos a idéntico resultado respecto una reclamación de

discrimen

instada

Oportunidades

en

ante

el

la

Empleo

Oficina

(“EEOC”,

de

por

Igualdad

sus

siglas

de

en

inglés), al concluir que para efectos prácticos, presentar

un cargo ante la EEOC equivale a presentar el cargo ante la

Unidad

Antidiscremen

Recursos Humanos.

del

Departamento

del

Trabajo

y

CC-2005-554

24

En ambas ocasiones fundamentamos nuestra decisión en

dos

criterios,

a

saber:

primero,

la

existencia

de

una

identidad de propósitos entre la acción administrativa y la

civil, y segundo, que la notificación de la querella al

patrono constituyó una reclamación extrajudicial bastante

para interrumpir la prescripción.

Por otro lado, en Suárez Díaz, ante, se solicitó que

extendiéramos

la

norma

anteriormente

esbozada

a

un

procedimiento interno creado por el patrono para dilucidar

quejas

relacionadas

específicamente,

Luego

de

con

discrimen

querellas

analizar

los

sobre

el

empleo,

hostigamiento

sexual.

requisitos

en

antes

mencionados,

concluimos que la querella presentada ante el foro patronal

no tuvo el efecto interruptor deseado.

Indicamos que “el

propósito de este tipo de acción judicial [la reclamación

judicial

por

hostigamiento

sexual]

es

imponer

una

responsabilidad civil y criminal al patrono, mientras que

el trámite interno ante el patrono tiene como propósito

investigar los casos de alegado hostigamiento sexual en el

empleo y de ser necesario, tomar las medidas disciplinarias

y

correctivas

Además,

correspondientes.”

apuntamos

que

la

145

acción

D.P.R.,

judicial

pág.

154.

persigue

el

resarcimiento del agraviado, mientras que el procedimiento

interno sólo persigue “disciplinar al empleado hostigador y

. . . eliminar cualquier ambiente hostil en el empleo.”

Loc.

cit.

Nos

negamos

así

a

concluir

que

la

querella

presentada tuvo efecto interruptor alguno sobre el término

CC-2005-554

25

prescriptivo

para

instar

la

correspondiente

en

Maldonado

acción

judicial.

Adicionalmente,

concluimos

que

la

presentación

Negociado

de

Normas

de

v.

Russe,

ante,

de

una

querella

ante

Trabajo

(el

“Negociado”)

el

del

Departamento del Trabajo por, entre otras cosas, discrimen

por

condición

prescriptivo

de

embarazo

no

para

instar

la

correspondiente.

estaba

interrumpía

el

reclamación

término

judicial

Ello así, toda vez que el Negociado no

“facultado

para

investigar

las

acciones

por

discrimen reconocidas por diversas legislaciones laborales,

pues tal prerrogativa corresponde a la Unidad Antidiscrimen

del Departamento del Trabajo.”

En

el

caso

de

marras

153 D.P.R., pág. 355. 8

se

nos

ha

planteado

que

el

referido al Fondo de Seguro del Estado tuvo el efecto de

interrumpir el término prescriptivo por lo que no fue sino

hasta

la

decisión

final

del

Fondo,

que

comenzó

transcurrir el término para reclamar judicialmente.

atender

este

señalamiento,

pasemos

a

evaluar

el

a

Para

esquema

regulador especial creado por la Ley de Compensaciones por

Accidentes del Trabajo, a fin de determinar si el proceso

administrativo ante el Fondo persigue propósitos afines a

8

En Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1986), interpretamos

que el término prescriptivo de un año para incoar la acción

por violación a derechos civiles no quedó interrumpido

cuando el empleado destituido de su puesto acudió a

J.A.S.A.P. Ello pues, las disposiciones legales aplicables

no concedían a la agencia la facultad de responsabilizar

civilmente a los patronos y sus remedios se limitaban a la

reinstalación y los haberes dejados de percibir del

empleado, remedios que se imponen al patrono y no

necesariamente al causante del daño.

CC-2005-554

la

26

reclamación

judicial

por

actuaciones

discriminatorias

constitutivas de hostigamiento sexual.

IV

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo

(la “Ley de Compensaciones”), Ley Núm. 45 de 18 de abril de

1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., concede

inmunidad absoluta a los patronos asegurados con el Fondo

contra cualquier acción de daños y perjuicios que el obrero

o empleado de ordinario pudiera instar en su contra en

relación a accidentes laborales que originaron la lesión.9

Esta legislación de carácter remedial, establece un esquema

de

aportación

patronal

proveerle

a

enfermedad

que

consecuencia

libre

de

ordinaria.

los

las

obreros

ocurra

del

compulsoria

en

mismo,

que

el

un

complejidades

con

sufren

curso

del

el

propósito

alguna

lesión

trabajo

remedio

rápido

de

reclamación

una

y

y

de

o

como

eficiente,

judicial

Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, 147 D.P.R.

383, 392-393 (1999); Segarra Hernández v. Royal Bank, 145

D.P.R. 178 (1993).

9

Hemos sido enfáticos al extender la inmunidad patronal a

los co-empleados --oficiales, supervisores, agentes o

compañeros empleados-- cuyos actos negligentes o culposos

hayan sido la causa del accidente, cuando sus actuaciones

hayan surgido en el desempeño de los deberes generales de

su empleo.

González Rivera v. Multiventas, res. 19 de

octubre de 2005, 165 D.P.R. ____, 2005 T.S.P.R. 149; Guzmán

Cotto v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 (2002); Rivera Santana v.

Superior Packaging, 132 D.P.R. 115 (1992). No obstante lo

anterior, un oficial, agente o empleado será responsable

bajo el Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

5141, por los daños sufridos por un compañero empleado

cuando el acto negligente sea distinto e independiente del

deber del patrono de proveer un lugar seguro de empleo.

Guzmán Acevedo v. De Jesús Rivera, 155 D.P.R. 296 (2001).

CC-2005-554

27

Tal esquema provee una responsabilidad objetiva social

que

pretende

evitar

que

los

empleados

queden

en

una

situación de desamparo al tener que demostrar en un juicio

la

negligencia

del

patrono

para

poder

ser

indemnizados.

Martínez Rodríguez v. Bristol Myers, ante, págs. 392-393;

Santiago Hodge v. Parke Davis, Co., 126 D.P.R. 1, 9 (1990).

Así pues, sin importar el grado de negligencia atribuible

al patrono, el único remedio que tiene un obrero por una

lesión ocurrida en el empleo es precisamente el que se

dispone

en

la

Ley

de

Compensaciones

por

Accidentes

del

Trabajo.

Art. 18 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A.

sec. 21.

Ello claro está, siempre y cuando el patrono esté

asegurado.

Es menester enfatizar que la protección laboral “se

extiende

[exclusivamente]

a

las

lesiones

sufridas

como

consecuencia de accidentes que provengan de cualquier acto

o función inherente al trabajo de un empleado u obrero, que

ocurran en el curso de dicho trabajo o como consecuencia de

éste.”

Lebrón

Bonilla

v.

E.L.A.,

155

D.P.R.

475,

484

(2001); Ortiz Pérez v. F.S.E., 137 D.P.R. 367, 373 (1994).

Debido a ello, la Ley de Compensaciones no aplica a las

lesiones del trabajador producidas intencionalmente por el

patrono, como lo son las prácticas discriminatorias, toda

vez que éstas no se pueden considerar como inherentes a, o

relacionadas con, el empleo.

Segarra Hernández v. Royal

Bank, ante, pág. 196; Alonso García v. Comisión Industrial,

102

D.P.R.

689,

695-699

(1974).

Con

enorme

claridad

CC-2005-554

28

indicamos lo siguiente en Odriozola v. Superior Cosmetic

Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 501 (1985): “No puede alegarse

seriamente que una práctica discriminatoria sea inherente

al empleo.

Tampoco proviene de un acto del obrero, sino de

una actuación del patrono . . . . Tan ajeno al trabajo es

el

discrimen

que

se

ha

creado

en

Puerto

especial para castigarlo: la Ley Núm. 100.”

Rico

una

ley

Antes bien, al

no ser compensables los daños producidos por el discrimen

no opera la inmunidad patronal y exclusividad de remedios

que ordena la legislación laboral.

A

la

luz

de

la

discusión

Íbid.

que

antecede

no

podemos

concluir que exista identidad de propósitos entre la acción

judicial

para

reclamar

por

hostigamiento

sexual

en

el

empleo en la modalidad de ambiente hostil, y el esquema

rehabilitador que provee el Fondo del Seguro del Estado.

Adviértase,

Fondo

como

señalamos,

que

proveer

sostenimiento

adecuado

al

persigue

tratamiento

médico

la

reclamación

empleado

ante

el

económico

y

que

ha

sufrido

daños por un accidente o lesión en el trabajo.

Pero bajo

ningún

naturaleza

supuesto

ese

daño

puede

ser

de

intencional como lo es el discrimen pues éstos no son daños

inherentes al empleo.

La

acción

judicial

basada

en

la

Ley

Núm.

17

es

precisamente uno el mecanismos disponible al empleado para

resarcir su daño.

Por lo tanto, ésta provee el remedio que

no atiende el Fondo.

Siendo ello así, no existe identidad

de propósitos entre la acción administrativa ante el Fondo

CC-2005-554

29

del Seguro del Estado y la judicial instada al amparo de la

Ley Núm. 17, que nos permita resolver que la acción ante el

Fondo tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo

aplicable en este caso.

Ciertamente,

el

patrono

tiene

un

deber

legal

de

referir al Fondo a un empleado que le dice que ha sufrido

un daño como consecuencia de un incidente ocurrido mientras

se encontraba trabajando.

11 L.P.R.A. sec. 14.

Pero,

cuando se trata de hostigamiento sexual, por haber sido

esta

causa

expresamente

excluida

de

los

beneficios

del

Fondo, el empleado agraviado tiene una acción distinta e

independiente ante el tribunal cuya prescripción empieza a

partir del último incidente de hostigamiento.

En

concluir

virtud

que

la

de

lo

antes

reclamación

expuesto,

judicial

resulta

por

forzoso

hostigamiento

sexual instada por la señora Umpierre Biascoechea no quedó

“congelada” por haber sido ésta referida al Fondo de Seguro

del Estado.10

Siendo ello así y no habiéndose presentado la

correspondiente reclamación dentro del año previsto para

ello, la demanda instada estaba prescrita.

Finalmente, debemos indicar que tanto el foro primario

como el tribunal apelativo intermedio concluyeron que, a la

luz de nuestros dictámenes en Padín v. Cía. de Fomento

Ind., ante, y Vega Lozada, ante, el término para instar la

10

Cabe destacar aquí que la demanda en este caso se presentó

antes de que el Fondo del Seguro del Estado emitiese su

determinación final de que los daños de la señora Umpierre

no estaban cubiertos por el Fondo.

CC-2005-554

30

acción en este caso se había interrumpido con el referido

al Fondo.

casos

Erraron al así resolver.

versaba

sobre

la

término prescriptivo.

interrupción

Ninguno de dichos

extrajudicial

de

un

En Padín y Vega Lozada se planteó,

respectivamente, cuándo comenzaba para un obrero el término

para

instar

una

reclamación

judicial

contra

un

tercero

responsable, o contra un patrono no asegurado.

Lo allí

dispuesto

cómo

no

es

de

aplicación

al

asunto

sobre

se

interrumpe administrativamente un plazo prescriptivo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos procede revocar el

dictamen

del

reclamación

Tribunal

instada,

de

por

Apelaciones

lo

que

estoy

y

desestimar

conforme

sentencia dictada.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

con

la

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Umpierre Biascoechea

Recurrida

vs.

Certiorari

CC-2005-554

Banco Popular de Puerto Rico,

Jesús Cáez

Peticionarios

Opinión Disidente

BERLINGERI.

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

FUSTER

San Juan, Puerto Rico, a 5 DE FEBRERO DE 2007.

En mi criterio, en el caso de autos el

término

prescriptivo

se

cuando

interrumpió

el

gerente del Banco refirió a la recurrida al Fondo

del

Seguro

procurar

del

Estado

tratamiento

y

ella

acudió

allí

para

la

condición

para

que

la

mayoría

del

afligía.

Estoy

de

acuerdo

con

la

Tribunal en cuanto a que el proceso ante el Fondo

no

persigue

reclamación

los

mismos

judicial.

Pero

propósitos

en

mi

que

una

criterio

lo

verdaderamente crucial cuando se examina el asunto

de la prescripción de un derecho es si el titular

de éste se cruzó de brazos totalmente en cuanto a

hacer uso del mismo. Si el titular no hizo nada

CC-2005-554

2

durante el término que tenía para ejercer el derecho, éste

debe estimarse prescrito. Pero si el titular se valió en

algo de su derecho, aunque no sea su aprovechamiento óptimo,

no puede estimarse que el titular lo abandonó a tal grado

que se materializó su extinción. La prescripción extintiva

presupone el “silencio” del titular. Cualquier ejercicio,

por poco que sea, contradice ese “silencio”.

Es por lo anterior, que considero que la recurrida

interrumpió

aquí

el

término

prescriptivo

extrajudicialmente. No hubo total inacción de su parte. Los

actos

extrajudiciales,

pueden

tener

los

por

rasgos

su

propia

naturaleza,

definitorios

de

una

nunca

acción

judicial; no obstante, el Derecho admite plena eficacia a

la

interrupción

extrajudicial

de

la

prescripción.

Lo

determinante es si hubo tal inacción de parte del titular

que debe estimarse que éste abandonó su derecho. Si hubo

alguna

acción

prescripción

extrajudicial,

porque

sólo

de

la

ésta

interrumpe

total

inacción

la

puede

presumirse el abandono de un derecho. De otro modo no puede

privarse a un titular de lo que legítimamente le pertenece.

No

debe

olvidarse

que

la

prescripción

supone

una

expoliación, por lo que no debe estimarse qué ha ocurrido,

excepto cuando es claro que el titular ha abandonado su

derecho.

Como la mayoría del Tribunal resuelve de otro modo, yo

disiento.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Umpierre Biascochea

Recurrida

Certiorari

v.

CC-2005-554

Banco Popular de Puerto Rico;

Jesús Cáez

Peticionarios

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 2007.

Disiento de la determinación que toma en el

día

de

hoy

una

Mayoría

de

este

Tribunal

de

desestimar la reclamación de daños por hostigamiento

sexual al entender que la misma está prescrita. El

resultado al que llega la Mayoría del Tribunal en el

presente caso es contraria a la tendencia liberal

sobre

la

prescripción

establecido

en

de

nuestra

las

acciones

que

hemos

jurisprudencia,

la

cual

requiere que consideremos los elementos subjetivos

que afectan el dies a quo y el ejercicio efectivo de

una acción judicial. Véase Santiago v. Ríos Alonso,

156 D.P.R. 181, 195 (2002).

El hostigamiento por ambiente hostil se produce

cuando la conducta hacia una persona por razón de su

CC-2005-554 Opinión disidente

2

sexo interfiere irrazonablemente con el desempeño de su

trabajo

o

crea

un

“ambiente

intimidante,

hostil

u

ofensivo”. Rodríguez Meléndez v. Supermercados Amigo, Inc.,

126

D.P.R.

117,

132

(1990).

Esta

vertiente

del

hostigamiento sexual se caracteriza por la multiplicidad de

actos que la configura. In re Robles Sanabria, 151 D.P.R.

483, 500 (2000). La modalidad del ambiente hostil requiere

que acaezcan varios actos discriminatorios repetidos que

constituyan un patrón de conducta hostigante. Cada uno de

estos actos unidos entre sí o en conjunto produce el efecto

intimidante y hostil en la persona perjudicada. En Santiago

v. Ríos Alonso, supra, pág. 192, resolvimos que una causa

de acción fundamentada en unos incidentes repetidos que

componen un cuadro de daños físicos, emocionales y físico

constituye una modalidad de daños continuados. Por esta

razón, entiendo que los daños producidos por hostigamiento

sexual por ambiente hostil están enmarcados dentro de esta

categoría.

Anteriormente, citando al tratadista Herminio Brau del

Toro, hemos definido los daños continuados como “aquéllos

producidos

por

uno

imputables

al

actor,

consecuencias

o

más

actos

coetáneos

lesivas

culposos

o

no,

que

ininterrumpidas,

o

negligentes

resultan

en

sostenidas,

duraderas[,] sin interrupción, unidas entre sí, las cuales

al ser conocidas hacen también que se conozca —por ser

previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus

efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto

CC-2005-554 Opinión disidente

3

compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha

acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”.

Galib Frangie v. El Vocero, 138 D.P.R. 560, 575 (1995);

Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 190; Nazario v. ELA,

2003 T.S.P.R. 116, en la pág. 10.

Véase H.M. Brau del

Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto

Rico, 2nda Ed.,Publicaciones J.T.S., San Juan (1986), pág

648.

La

doctrina

civilista

y

nuestra

jurisprudencia

han

señalado que una acción por daños continuados se renueva

día a día hasta que la causa que los genera cesa. Capella

v. Cabrera, 57 D.P.R. 258, 266 (1940); Arcelay v. Sánchez

Martínez,

77

D.P.R.

824,

837-839

(1955).

A

su

vez,

en

Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 195, en el contexto de

violencia doméstica, establecimos que el momento a partir

del cual comienza a correr el término prescriptivo de la

acción en daños es cuando la víctima de un ambiente de

maltrato e intimidación rompe con el ciclo de barbarie, y

cesa,

por

tanto,

la

conducta

represiva

hacia

ésta.

Por

consiguiente, es forzoso concluir, al igual que lo hace la

Opinión de conformidad, que el plazo prescriptivo para la

acción que aquí nos ocupa comienza a transcurrir cuando se

produce el resultado definitivo del daño o hasta que se

verifique el último de los actos. Véase Nazario v. ELA,

supra, en la pág. 11; Santiago v. Ríos Alonso, supra.

Al

aplicar

la

doctrina

antes

explicada,

tanto

la

Mayoría de este Tribunal como la Opinión de conformidad

CC-2005-554 Opinión disidente

4

resuelven revocar al Tribunal de Apelaciones y desestimar

la acción de la demandante por prescripción. En particular,

entiende la Opinión de conformidad que la exposición de la

señora Umpierre Biascochea a un ambiente hostil cesó el 4

de febrero de 2000, fecha en que dejó de presentarse al

trabajo.

Expresa que es desde entonces que finalizaron los

actos del alegado hostigamiento. No estoy de acuerdo.

En

los

hechos

del

presente

caso,

debe

tenerse

en

cuenta que si bien la señora Umpierre Biascochea dejó de

acudir a su trabajo el 4 de febrero de 2000, no presentó su

renuncia en dicha fecha. No es hasta el 12 o 13 de marzo de

2000,11 después de reunirse con la gerencia del Banco y de

ser diagnosticada con depresión severa, que la demandante

se siente compelida a renunciar a su puesto. Ese día de su

renuncia

como

empleada

del

Banco

debe

ser

el

punto

de

partida para el cómputo de la prescripción de la acción en

daños.

No podemos concluir que el que la perjudicada no haya

asistido a su trabajo por un tiempo antes de renunciar

finalizó, de por sí, el patrón de hostigamiento al que

alegadamente

hostigamiento

11

era

sometida.

por

Hemos

ambiente

señalado

hostil

que

el

interfiere

Al examinar el expediente del caso, se desprende que

existe una controversia de hecho en cuanto a la fecha

exacta en la que la señora Umpierre Biascochea notificó su

carta de renuncia al Banco Popular. La carta está fechada

12 de marzo de 2000, mientras que en algunos documentos del

patrono se señala que la carta fue entregada el 13 de marzo

de 2000.

Contrario a la Opinión de conformidad, y según

explicaré más adelante, entiendo que la solución a esta

controversia es determinante para poder establecer el dies

a quo en el caso de autos.

CC-2005-554 Opinión disidente

5

irrazonablemente con el desempeño del trabajo de la víctima

y

causa

en

ésta

ansiedad,

debilita

su

autoestima

y

su

confianza. Rodríguez Meléndez v. Supermercados Amigo, Inc.,

supra,

pág.

132.

Por

eso,

el

ambiente

hostil

no

se

experimenta sólo con la cercanía física al hostigador y en

la

incomodidad

perdure

la

próxima

relación

del

entorno

laboral,

la

laboral.

ausencia

Mientras

física

de

la

perjudicada de su lugar de trabajo no suprime los efectos

del

hostigamiento

en

su

estado

anímico

y

emocional

ni

altera

la

ansiedad

producto

del

ambiente

intimidante

y

hostil

del

lugar

trabajo

al

cual

regresar.

El

de

debe

ambiente hostil creado por el patrón de conducta hostigante

no está delimitado por un espacio físico determinado sino

que se encuentra también en un estado mental y emocional de

humillación

e

intimidación

que

trasciende

el

lugar

de

trabajo. Ante esta realidad, la ausencia de la perjudicada

de su lugar de trabajo es un intento suyo de minimizar los

efectos nocivos del hostigamiento pero no finaliza de forma

automática el ambiente hostil que según las alegaciones la

afectaba y envilecía las condiciones de su empleo.

Como señalé anteriormente, tanto la Ley núm. 17 como

nuestra

jurisprudencia

manifestaciones

establecen

del

hostigamiento

manera

irrazonable

que

una

de

las

la

de

el

desempeño

del

las

condiciones

de

sexual

con

es

interferir

de

trabajo

o

afectar

empleo.

Art. 3 Ley núm. 17, 29 L.P.R.A. sec. 155b; In re

impermisiblemente

Robles Sanabria, supra, pág. 500; Rodríguez Meléndez v.

CC-2005-554 Opinión disidente

Supermercados

Amigo,

Inc.,

6

supra,

pág.

132.

No

debemos

pasar por alto que la señora Umpierre Biascochea vio sus

condiciones de empleo afectadas de modo tan significativo e

irrazonable

decisión

que

de

tuvo

que

ausentarse

de

su

alejarse

de

su

de

empleo

lugar

trabajo.

no

Su

fue

caprichosa ni pueril, mas bien fue provocada directamente

por el hostigamiento que alega haber sufrido constantemente

y

por

el

laboral.

ambiente

La

renuncia

Biascochea

fue

cesar

conducta

la

hostil

para

que

eventual

ella

la

contaminaba

de

la

solución

hostigante

y

su

entorno

señora

Umpierre

más

poder

efectiva

para

desprenderse

totalmente del ambiente hostil que sufría tanto en su lugar

de trabajo como en su estado anímico frente a éste. Por

eso, no es hasta que se vio obligada a renunciar a su

trabajo, que se concretó el “resultado definitivo” del daño

al que alude la Opinión de conformidad.

Dado que el daño

definitivo

su

(que

incluye

la

pérdida

de

trabajo)

se

produjo en un momento posterior al alegado último acto de

hostigamiento sexual (que fue lo que provocó la ausencia

inicial), es la fecha de la renuncia la que es determinante

para el cómputo de la prescripción.

Por último, es necesario destacar otra razón de peso

para concluir que la fecha de renuncia es la que determina

el

dies

a

quo

en

el

caso

de

autos.

Me

refiero

a

la

obligación del patrono de evitar el hostigamiento, que no

cesó respecto a la señora Umpierre Biascochea cuando ella

se ausentó de su trabajo.

CC-2005-554 Opinión disidente

7

La Ley núm. 17 tiene dos propósitos fundamentales,

prohibir

terminantemente

el

hostigamiento

sexual

en

el

empleo, por ser éste una forma de discrimen por razón de

sexo

que

viola

responsabilidades

la

dignidad

pertinentes

en

humana,

e

caso

incumplimiento.

de

imponer

las

Véase Art. 1 Ley núm. 17, supra, 29 L.P.R.A. sec. 155. Así,

la ley establece expresamente el deber de todo patrono de

“prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en

el empleo” y garantizar que los empleados “puedan trabajar

con seguridad y dignidad”. Art. 10 Ley núm. 17, supra, 29

L.P.R.A. sec. 155i.

su

deber

de

hostigamiento

La violación por parte del patrono a

mantener

sexual

el

e

centro

de

intimidación

trabajo

libre

contribuye

a

de

la

manifestación del ambiente hostil, y es el fundamento de su

responsabilidad por los daños causados a la víctima del

hostigamiento. A estos efectos, la ley responsabiliza al

patrono no sólo por sus propias acciones sino también por

las actuaciones hostigantes de sus agentes o supervisores.

Véase Art. 5 y 6 Ley núm. 17, supra,

29 L.P.R.A. secs.

155d-155e. El lenguaje de la Ley núm. 17 nos exige concluir

que el deber de todo patrono de asegurarle a cada uno de

sus

empleados

unas

condiciones

de

trabajo

libre

de

hostigamiento sexual es continuo e ineludible. Como bien

señaló el Juez Asociado señor Negrón García en Sánchez v.

Autoridad de Energía Eléctrica, 142 D.P.R. 880, 886 (1997)

(Opinión concurrente), “[este deber] prosigue, en cuanto de

CC-2005-554 Opinión disidente

cada

empleado

en

particular,

8

hasta

su

último

día

de

la

señora

Umpierre

trabajo”.

El

último

día

de

trabajo

de

Biascochea no fue el día en que huyó de un centro de empleo

que según alega estaba cargado de intimidación, hostilidad

y humillación. Su último día de trabajo fue el día de su

renuncia.

El

deber

del

Banco

de

mantener

un

centro

de

trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación se

extendió, respecto a las alegaciones de la señora Umpierre

Biascochea, hasta ese día. Interpretar que la obligación

del

patrono

fue

perjudicada,

interrumpida

sería

dar

al

por

la

traste

ausencia

de

con

máxima

la

la

constitucional que exige la inviolabilidad de la dignidad

del ser humano y con nuestra política pública imperante que

busca erradicar el hostigamiento sexual en el empleo. El

Banco

tenía

la

responsabilidad

de

cumplir

con

su

deber

patronal para con su empleada hasta el día en que ésta dejó

efectivamente

de

serlo.

Es

hasta

ese

momento

que

el

patrono pudo tomar las medidas necesarias para establecer

unas condiciones de empleo que permitieran el regreso de la

señora Umpierre Biascochea a un ambiente laboral libre de

hostigamiento

e

intimidación.

Entre

el

último

día

de

asistencia de la demandante a su trabajo y su renuncia, la

obligación del patrono conforme a la Ley núm. 17 estaba

vigente. Por eso, su posible responsabilidad ante el daño

alegado por la señora Umpierre Biascochea no cesó durante

este

periodo.

El

que

el

patrono

refiriese

a

la

señora

CC-2005-554 Opinión disidente

9

Umpierre Biascochea al Fondo del Seguro del Estado no fue

una medida apropiada ni suficiente para corregir la alegada

situación de hostigamiento.

Por todo lo anterior, devolvería el caso al Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

se

continúen

los

procedimientos y se resuelva la controversia en cuanto a la

fecha exacta en que se notificó la renuncia de la señora

Umpierre Biascochea al Banco Popular.12 La solución a esta

controversia

de

hecho

será

la

que

determine

si

la

reclamación por daños instada en el caso de autos estaba

prescrita. Siendo distinto el resultado al que llega una

Mayoría de este Tribunal, disiento.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

12

Véase supra nota 1.