Tribunal Supremo de Puerto Rico
Gran Vista I, Inc. v. Minerva Gutiérrez Santiago y otros
2007 TSPR 20
Poder Judicial de Puerto Rico
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Gran Vista I, Inc. v. Minerva Gutiérrez Santiago y otros
CC-2003-0387
Procedimiento Civil-Requisito de adherir aranceles a los escritos; efecto de la solicitud para litigar en forma pauperis en trámite apelativo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gran Vista I, Inc.
Demandante-Recurrida
Certiorari
v.
2007 TSPR 20
Minerva Gutiérrez Santiago,
John Doe ambos por sí y en
Representación de la S/L/G
Constituída entre ellos
170 DPR ____
Demandada-Peticionaria
Número del Caso: CC-2003-387
Fecha: 2 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial VI- Caguas/Humacao/Guayama
Juez Ponente:
Hon. Frank Rodríguez García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Por Derecho Propio
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos A. Mercado Rivera
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gran Vista I, Inc.
Demandante-Recurrida
v.
CC-2003-387
Minerva Gutiérrez Santiago,
John Doe ambos por sí y en
representación de la S/L/G
constituída entre ellos
Demandada-Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2007.
El
actuó
presente
caso
correctamente
Apelaciones
al
requiere
el
desestimar
que
Tribunal
el
determinemos
si
de
de
recurso
Circuito
de
apelación
presentado por la peticionaria por ésta haber omitido
incluir los sellos de rentas de internas requeridos
por ley para presentar una apelación.
La peticionaria sostiene que por carecer de los
medios económicos para sufragar el costo de dichos
aranceles, cumplimentó una solicitud para presentar
su apelación en forma pauperis según lo permitía la
Regla 78 del entonces vigente Reglamento del Tribunal
de Circuito de Apelaciones de 1996.
que
de
determinar
que
no
Sostiene además
procedía
permitirle
CC-2003-387
litigar
2
en
forma
el
pauperis,
tribunal
debió
permitirle
cancelar el arancel de presentación, en lugar de desestimar
su recurso.
A
la
luz
de
estos
hechos,
resolvemos
que
erró
el
tribunal apelativo al desestimar el recurso de apelación
presentado por la peticionaria.
I.
Una vez más, nos enfrentamos a una controversia que
requiere que hagamos un balance de intereses entre el deber
de
salvaguardar
ordenamiento
le
el
derecho
reconoce
a
de
todo
apelar
que
litigante
nuestro
adversamente
afectado por una sentencia y el interés del Estado en que
los procesos judiciales se tramiten de forma justa, rápida
y económica.
Véase Soc. de Gananciales v. García Robles,
142 D.P.R. 241 (1997).
En primer lugar, al resolver esta controversia debemos
tomar
en
Judicatura
cuenta
de
que
1994
la
tuvo
aprobación
como
de
propósito
la
Ley
proveer
de
la
justicia
apelativa a todos los ciudadanos adversamente afectados por
las decisiones de un tribunal inferior.1 En segundo lugar,
1
Como cuestión de umbral, debemos aclarar que los hechos
del presente caso se desarrollaron mientras estaba vigente
la Ley de la Judicatura de 1994. Por lo tanto, en nuestra
discusión haremos alusión a dicho estatuto.
Sin embargo,
es meritorio señalar que la Ley de la Judicatura de 2003,
Ley núm. 20 de 22 de agosto de 2003, reitera la importancia
de garantizar que las controversias se resuelvan en los
méritos.
A estos efectos, el artículo 4.002 de la Ley de
la Judicatura de 2003, dispone que el Tribunal Apelativo
“[d]eberá ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus
procedimientos,
eliminando
obstáculos
y
barreras
que
impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con
reclamos válidos”.
4 L.P.R.A. sec. 24u.
Además, el
CC-2003-387
3
debemos sopesar el interés de que los ciudadanos cumplan
estrictamente con las normas y reglamentos aplicables al
perfeccionamiento de los recursos apelativos, frente a la
importancia de que las normas procesales no se apliquen de
forma rígida e inflexible de forma tal que priven a un
litigante de su derecho a ventilar su causa de acción en
nuestros tribunales.
Finalmente, debemos tener en cuenta
el principio que ha guiado nuestras decisiones, que permea
la Ley de la Judicatura de 1994 y favorece que los casos se
ventilen en los méritos.
Véase Id. Veamos los hechos del
presente caso.
II.
El
23
Instancia,
de
enero
Sala
de
Municipal
2003,
de
el
Tribunal
Gurabo,
de
dictó
Primera
sentencia
sumaria en la que declaró con lugar una demanda en cobro de
dinero
presentada
por
la
demandante-recurrida,
la
Asociación de Residentes Gran Vista I, Inc. (“Gran Vista
I”), en contra de la peticionaria, la licenciada Minerva
Gutiérrez
(la
“peticionaria”),
su
esposo
y
la
Sociedad
_________________________
artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003 establece
que el reglamento interno del Tribunal de Apelaciones
deberá adoptar:
reglas dirigidas a reducir al mínimo el número de
recursos desestimados por defectos de forma o de
notificación,
reglas
que
provean
oportunidad
razonable para la corrección de defectos de forma o
de notificación que no afecten los derechos de las
partes, y reglas que permitan la comparecencia
efectiva de apelantes por derecho propio y en forma
pauperis.
4 L.P.R.A. sec. 24w.
CC-2003-387
4
Legal de Gananciales compuesta por ambos.2
En su demanda,
Gran Vista I reclamó de los esposos, co-propietarios de una
vivienda en la urbanización Gran Vista I, el pago de cuotas
de mantenimiento atrasadas. La peticionaria compareció por
derecho propio en dicho pleito y, entre otros documentos,
presentó contestación a la demanda en la cual incluyó los
correspondientes aranceles de presentación.
El 26 de febrero de 2003, luego de que el tribunal de
instancia dictara sentencia en su contra, la peticionaria
presentó
un
recurso
de
apelación
ante
el
denominado Tribunal de Circuito de Apelaciones.3
de
presentar
cumplimentó
su
una
recurso
de
“Declaración
apelación,
en
apoyo
la
de
entonces
Al momento
peticionaria
solicitud
para
litigar como indigente” (in forma pauperis).
Indicó en
dicha
declaración
económica
estaba
imposibilitada
jurada
de
que
por
pagar
su
los
situación
derechos
correspondientes a su escrito de apelación.
y
aranceles
Alegó además
que sus ingresos mensuales fluctuaban entre los $300 y $700
y que era propietaria de un inmueble residencial.
sus
2
deudas,
adujo
que
pagaba
$1,500.00
Entre
mensuales
de
El Tribunal de Primera Instancia ordenó a los esposos
demandados a pagar $7,060.16 por concepto de cuotas de
mantenimiento adeudadas y $700.00 por concepto de gastos,
costas y honorarios de abogados.
3
A raíz de una “Moción de reconsideración urgente de fecha
de notificación de archivo en autos por la de notificación
real” presentada por la peticionaria ante el Tribunal de
Primera Instancia, dicho tribunal notificó, el 20 de
febrero de 2003, que la fecha de la notificación de la
sentencia era el 13 de febrero de 2003 y que en dicha fecha
comenzó a correr el término para apelar.
CC-2003-387
hipoteca
y
5
que
el
pago
mensual
de
su
automóvil
era
de
$259.00.4
El 28 de febrero de 2003, la peticionaria presentó una
moción informativa ante el tribunal apelativo en la que
solicitó que dicho foro dispusiera conforme a derecho en
cuanto
al
arancel
de
presentación.
Por
su
parte,
el
Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una resolución
el 18 de marzo de 2003 en la que desestimó el recurso de
apelación
presentado
por
la
peticionaria.
En
su
resolución,
dicho
apelativo
determinó
que
la
allí
$2,226.00
y
era
co-
apelante
percibía
foro
ingresos
de
propietaria de la casa en que reside, por lo que no podía
ser considerada como litigante indigente.
Indicó además
que la peticionaria no había litigado como indigente ante
el tribunal de instancia pues había pagado los aranceles de
presentación en su contestación a la demanda.
la
peticionaria
no
había
pagado
e
Debido a que
adherido
los
correspondientes sellos de rentas internas en su recurso de
apelación, el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó
que no tenía jurisdicción para atender el mismo.
Oportunamente, la peticionaria presentó una moción de
reconsideración en la que alegó que al momento de presentar
su
recurso
litigar
4
en
de
apelación
forma
cumplimentó
pauperis
porque
la
no
solicitud
tenía
el
para
sello
Además, del estimado de gastos mensuales provisto por la
peticionaria por concepto de comida, ropa, agua, luz,
teléfono y transportación, se deduce que éstos fluctúan
entre $600.00 y $850.00 mensuales.
CC-2003-387
6
correspondiente.
Indicó
que
su
ingreso
de
$2,226.00
correspondía a una pensión alimentaria para tres hijos de
los cuales sólo le sobraban $766.00 luego del pago de su
hipoteca.
Solicitó, como medida correctiva, que dicho foro
apelativo le concediera tiempo razonable y oportunidad para
cancelar el arancel de forma tal que su caso se pudiese
considerar en los méritos.
El 11 de abril de 2003, el
Tribunal de Circuito de Apelaciones declaró no ha lugar la
reconsideración
e
indicó
que
la
peticionaria
litigado
indigente
ante
el
Tribunal
como
de
no
había
Primera
Instancia y que la moción reconsideración no aducía causa
ni fundamento que le permitiese alterar su dictamen previo.
Inconforme
con
la
determinación
del
tribunal
apelativo, el 21 de mayo de 2003, la peticionaria acudió
ante nosotros mediante recurso de certiorari.
julio de 2003, lo declaramos no ha lugar.
El 11 de
El 29 de agosto
de 2003 reconsideramos nuestro dictamen y ordenamos a la
Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones a elevar
los autos originales o copia certificada de los mismos en
el
presente
caso.
El
2
de
octubre
de
2003,
la
parte
recurrida acudió ante nosotros y solicitó la desestimación
del recurso.5
El 17 de octubre de 2003, declaramos dicha
moción no ha lugar.
Finalmente, la peticionaria presentó
su alegato el 22 de diciembre de 2003.
5
La parte recurrida alegó que el recurso no se había
perfeccionado porque el apéndice no contenía los documentos
del caso presentados en el Tribunal de Primera Instancia.
CC-2003-387
7
En el ínterin, el 30 julio de 2003, la peticionaria
presentó una moción de relevo de sentencia ante el Tribunal
de Primera Instancia en la que alegó que el asunto objeto
del presente caso había sido adjudicado de forma adversa a
la
parte
recurrida
por
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones en el caso Gran Vista I. vs. Luis G. Gómez
Ortiz, KLAN 200300173.6
tribunal
moción
de
de
instancia
relevo
de
El 22 de septiembre de 2003, el
determinó
que
era
improcedente
sentencia
por
estar
pendiente
la
el
recurso ante este Tribunal y por haber transcurrido más de
seis meses desde que se notificó la sentencia en el caso.
Sobre esa determinación acudió la peticionaria en recurso
de certiorari al Tribunal de Circuito de Apelaciones.
El
20 de enero de 2004, dicho foro desestimó el recurso por
haberse presentado tardíamente.7
El 1ro de abril de 2004, la parte recurrida compareció
ante nosotros.
Alegó que procedía desestimar el recurso
pues
que
entendía
la
peticionaria
mantenía
de
forma
impermisible dos procesos paralelos en su contra por los
mismos hechos.
El 15 de junio de 2004, la peticionaria
presento
en
6
moción
auxilio
de
jurisdicción
en
la
cual
Alegó la peticionaria que había impedimento colateral por
sentencia y que procedía relevarla de los efectos de la
sentencia dictada en su contra por el tribunal de instancia
en el presente caso.
7
El 18 de febrero de 2004, la peticionaria presentó una
moción de reconsideración, inhibición y anulación de
resolución que fue declarada no ha lugar el 18 de marzo de
2004. Posteriormente, el 27 de abril de 2004, el tribunal
de
apelaciones
declaró
no
ha
lugar
la
moción
de
reconsideración sobre la resolución en cuanto a la
inhibición y anulación.
CC-2003-387
8
solicitó nuevamente que le permitiéramos litigar en forma
pauperis ante los tribunales del país.
El 21 de junio de
2004, le concedimos a la parte recurrida un término de 20
días para que presentara su alegato.
El 23 de julio de
2003, sin contar con el alegato de la parte recurrida,
quedó sometido el caso ante nosotros.
Estando en posición de hacerlo, procedemos a resolver.
III.
A.
Nuestro
ordenamiento
procesal
apelativo
reconoce
el
derecho de todo ciudadano a que un tribunal de superior
jerarquía revise, como cuestión de derecho, las sentencias
dictadas
por
los
tribunales
invocar
la
jurisdicción
puramente
estatutario,
Asamblea
Legislativa
Rivera,
69
D.P.R.
de
por
lo
947,
inferiores.
un
lo
Este
tribunal
derecho
apelativo
a
es
que
depende
de
que
la
reconozca.
Vázquez
Suárez
v.
949
(1949);
R.
Hernández
Colón,
Manual de derecho procesal civil, 2da ed. Equity Publishing
Corp. 1989, sec. 4603, pág. 314. Tratándose de un derecho
estatutario, el legislador puede prescribir las formas en
que
los
litigantes
podrán
ejercer
su
derecho
a
apelar.
Padilla v. García, 61 D.P.R. 734 (1943); Reyes v. Delgado,
81 D.P.R. 937, 942-43 (1960).
Por otro lado, el derecho a
apelar una sentencia no es automático, pues presupone un
diligenciamiento y su perfeccionamiento.
La Ley de la Judicatura de 1994, vigente al momento en
que se dilucidó este caso, reconoció el derecho de todo
CC-2003-387
9
ciudadano a presentar recursos de apelación.
Uno de los
propósitos que propulsó la aprobación de dicho estatuto fue
“[c]onceder el derecho de apelación a los ciudadanos en
casos
civiles
y
criminales,
extendiéndose
a
todo
puertorriqueño afectado adversamente por una decisión de un
tribunal de derecho a que un panel apelativo de un mínimo
de tres jueces revise esa decisión.”
Exposición de motivos
de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley núm.
1(a) de 28 de julio de 1994.
1994 L.P.R.A. págs. 2800-
2803. Al interpretar dicho estatuto, hemos establecido que
uno
de
sus
propósitos
fue
ampliar
el
acceso
de
los
litigantes a los tribunales apelativos y asegurar que todo
litigante tenga la oportunidad de que un tribunal colegiado
revise las sentencias de los tribunales inferiores.
Soc.
de Gananciales v. García Robles, supra; Pueblo v. Santana
Vélez, res. 22 de mayo de 2006, 168 D.P.R. __, 2006 TSPR
86.
En aras de cumplir el mandato establecido por la Ley
de
la
Judicatura
Tribunal
de
Reglamento,
de
1994,
Circuito
vigente
de
al
aprobamos
el
Reglamento
Apelaciones
de
1996.
momento
en
que
el
del
Dicho
Tribunal
de
Circuito de Apelaciones resolvió el presente caso, reiteró
la importancia de facilitar el acceso a los tribunales y
salvaguardar
el
recurso
apelación.
de
derecho
de
toda
Véase
persona
Regla
2,
Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996.
a
presentar
Reglamento
un
del
CC-2003-387
10
B.
Los requisitos aplicables al perfeccionamiento de un
recurso de apelación están contenidos en el Reglamento del
Tribunal de Apelaciones de 1996, la Ley de la Judicatura de
1994, supra, y en las Reglas de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III.
En
reiteradas
ocasiones
hemos
establecido
que
los
litigantes deben observar rigurosamente las disposiciones
reglamentarias sobre el perfeccionamiento de los recursos
ante este Tribunal y ante el tribunal apelativo intermedio.
Arriaga v. F.S.E. 145 D.P.R. 122, 130-31 (1998); Pellot
Ferrer v. Avon Mirabella, res. 7 de agosto de 2003, 2003
TSPR 131, 159 D.P.R. __; Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151
D.P.R. 906, 913 (2000); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119
D.P.R. 642, 659 (1987).
riguroso
con
las
Esta exigencia de cumplimiento
formalidades
sobre
los
recursos
de
apelación responde al principio de que no podemos dejar “al
arbitrio
de
los
reglamentarias
F.S.E.
supra
abogados
deben
pág.
decidir
acatarse
130
y
citando
qué
disposiciones
cuándo…”.
a
Matos
Arriaga
v.
v.
Metropolitan
Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125 (1975). No empece lo
anterior, hemos dispuesto que este principio “no implica
una
adhesión
inflexible
a
las
disposiciones
reglamentarias.” Rodríguez v. Sucn. Martínez, supra.
En
caso
procedimientos
de
incumplimiento
requeridos
para
con
las
presentar
formalidades
y
un
de
recurso
apelación, la Regla 83(c) del Reglamento del Tribunal de
CC-2003-387
11
Apelaciones de 1996 permitía que dicho foro desestimara un
recurso
de
apelación
que
no
conforme
a
la
Véase
además
ley.
se
hubiese
perfeccionado
Regla
de
53.1(1)
las
Reglas de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. III.
Sin
embargo,
se
en
virtud
del
interés
de
que
los
casos
consideren en los méritos, hemos establecido que la sanción
de
desestimación
último recurso.
de
una
apelación
debe
utilizarse
como
Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R.
163, 167 (2002); Salinas v. Alonso Estrada, res. 13 de
noviembre de 2003, 2003 TSPR 165, 160 D.P.R.__.
De igual
modo, no todo incumplimiento con los requisitos de forma
para perfeccionar el recurso ameritan la desestimación del
mismo.
Al
resolver
controversias
sobre
incumplimiento
con
disposiciones del Reglamento del foro apelativo intermedio,
hemos establecido que dicho foro debe ser flexible en la
aplicación de su reglamento cuando se trata de un mero
requisito de forma de menor importancia, Santos y otros v.
Mun.
de
Comerío,
140
D.P.R.
12
(1996),
o
cuando
se
ha
impuesto la sanción de la desestimación sin antes haber
apercibido a la parte debidamente, López Rivera v. Rivera
Díaz, 141 D.P.R. 194 (1996); Arriaga v. F.S.E., supra, pág.
130.
En López Rivera v. Rivera Díaz, supra, determinamos
que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no debió aplicar
la drástica sanción de la desestimación ante la dilación de
la
parte
peticionaria
en
obtener
la
aprobación
de
la
CC-2003-387
12
exposición
narrativa
de
la
prueba.
En
dicho
caso
resolvimos que el foro apelativo debió haber apercibido a
la peticionaria de su intención de desestimar el recurso.
López Rivera v. Rivera Díaz, supra, págs. 197-98.
Así mismo, en Soc. de Gananciales v. García Robles,
resolvimos
que
el
foro
apelativo
había
abusado
de
su
discreción al desestimar un recurso de apelación por la
omisión
del
apelante
de
elevar
presentada en el foro primario.
García
Robles,
discreción
que
supra,
págs.
tiene
todo
la
prueba
testifical
Soc. de Gananciales v.
260-61.
tribunal
Amparados
al
en
la
implementar
sus
normas procesales y en la norma que favorece que los casos
se
ventilen
desestimar
en
los
méritos,
el
recurso,
el
determinamos
Tribunal
que
de
antes
de
Circuito
de
Apelaciones debió haber apercibido a la parte de su omisión
para que ésta tomase la correspondiente acción correctiva.
Id. pág. 260.
En vista de la normativa antes reseñada, reiteramos
que
a
pesar
de
que
el
tribunal
apelativo
cuenta
con
discreción para desestimar los recursos de apelación que no
se perfeccionan conforme lo exigen las normas aplicables,
no
podemos
permitir
que
la
aplicación
inflexible
y
automática de estos requisitos prive a un litigante de su
derecho de acceso a la justicia y frustre el principio
rector
de
méritos.
favorecer
que
los
casos
se
ventilen
en
los
CC-2003-387
13
A la luz de lo anterior, procedemos a analizar el
requisito de incluir en todo escrito judicial el arancel de
presentación
requerido
por
ley
y
el
efecto
que
el
incumplimiento con dicho requisito debe tener en un caso en
el que la parte solicita presentar una apelación en forma
pauperis.
IV.
A.
Entre
las
condiciones
dispuestas
en
nuestro
ordenamiento para perfeccionar un recurso de apelación se
encuentra el pago de los aranceles de presentación.
tanto,
como
requisito
de
umbral
para
Por lo
invocar
la
jurisdicción del foro apelativo, todo apelante debe pagar
dichos aranceles y adherir los sellos a su recurso.
El requisito de pagar los correspondientes aranceles
de
presentación
y
de
adherir
los
sellos
de
rentas
de
internas a todo escrito judicial busca cubrir los gastos
asociados
dispone
a
los
nuestro
trámites
Código
judiciales.
de
A
estos
efectos,
Enjuiciamiento
Civil
que
el
propósito del pago de un arancel de derechos es cubrir “las
operaciones
tribunales.”
de
los
secretarios
y
32 L.P.R.A. § 1477.
alguaciles
de
los
En el caso de todo
escrito de apelación civil o de certiorari presentando ante
el
Tribunal
de
Apelaciones,
el
Código
de
Civil exige que se pague un arancel de $50.00.
Enjuiciamiento
Id.
Sobre la validez de un documento judicial en el que no
se adhieren los sellos de rentas internas, la Ley núm. 17
CC-2003-387
14
de 11 de marzo de 1915 establece que serán nulos todos los
documentos judiciales que por dicha ley deben llevar sellos
de rentas internas, a menos que éstos se adhieran a los
referidos documentos judiciales.
repetidas
ocasiones
hemos
32 L.P.R.A. § 1481.
establecido
que
es
nulo
En
e
ineficaz un escrito judicial al cual no se le han adherido
los correspondientes sellos de rentas internas.
v.
Levitt
(1977);
&
Sons.
Maldonado
Of
v.
P.R.,
Inc.,
Pichardo,
104
106
D.P.R.
D.P.R.
Meléndez
437,
778,
438
781-82
(1976); González v. Jiménez, 70 D.P.R. 165 (1949); Vázquez
Suárez v. Rivera, 69 D.P.R. 947, 951 (1949); Piñas v. Corte
Municipal, 61 D.P.R. 181, 184 (1942); Nazario v. Santos,
Juez Municipal, 27 D.P.R. 89 (1919).
La sanción de nulidad de todo documento judicial que
no
tenga
adherido
el
correspondiente
sello
de
rentas
internas persigue evitar fraudes al erario público.
Salas
v. Baquero, 47 D.P.R. 108, 113-14 (1934).
Sin embargo,
siendo el Pueblo de Puerto Rico la parte verdaderamente
afectada en todo caso en que un litigante omite pagar y
adherir a sus escritos los sellos requeridos por ley, hemos
reconocido instancias en las que dicha omisión no conlleva
la nulidad ab initio del documento.
En Salas v. Baquero expresamos que “si el propósito de
la ley es proteger los derechos del estado y evitar fraudes
al erario público, no parece lógico que una vez cubiertos
los derechos, una parte que en nada se perjudica pueda
aprovecharse del error alegando que la actuación judicial
CC-2003-387
15
es nula de su origen.”
Id. pág. 114.
Por lo tanto,
resolvimos en dicha ocasión que es anulable un documento en
el
que
un
funcionario
judicial,
inadvertidamente,
sin
intervención de la parte y sin intención de defraudar, deja
de
cancelar
un
sello
o
cancela
una
cantidad
menor.
Determinamos entonces que un error de esa naturaleza puede
subsanarse por la parte a quien corresponde el pago del
arancel.8
Id.
En igual sentido, en Lawyers Cooperative Publishing
Co. v. Corte, 51 D.P.R. 465 (1937), clarificamos que toda
persona que impugne la validez de un documento judicial por
ausencia de sellos de rentas internas sólo tiene que probar
que el escrito carece de éstos.
Corresponde entonces a la
parte que omitió adherir el sello, justificar su omisión y
“demostrar que ello se debió a un error o por inhabilidad
de obtenerlo.”
Id. pág. 468.
Además, corresponde a la
parte que deja de incluir el sello, presentar un caso prima
facie
de
buena
fe,
prueba a esos efectos.
mediante
un
affidávit
de
méritos
o
Id. pág. 469.
De lo anterior se desprende que, en ausencia de fraude
o
colusión,
nos
hemos
negado
a
invalidar
documentos
judiciales y desestimar apelaciones por insuficiencia de
sellos de rentas internas cuando por error del secretario
8
En Córdova Montes, 47 D.P.R. 108 (1934), nos negamos a
invalidar un proceso de ejecución de hipoteca porque el
alguacil dejó de cancelar $ 0.25 en sellos de rentas
internas por cada milla corrida al practicar la diligencia
o notificación.
Determinamos que el alguacil había
cancelado $3.00 en sellos, cantidad que era suficiente para
cubrir los derechos exigidos por ley.
CC-2003-387
del
16
tribunal
se
fija
como
importe
una
suma
menor
a
la
requerida o cuando por instrucciones de dicho funcionario,
la parte deja de incluir los sellos.
Cintrón v. Yabucoa
Sugar Co., 52 D.P.R. 402 (1937); Salas v. Baquero, supra.
B.
Habiendo
establecido
que
la
omisión
de
incluir
los
en
un
documento
judicial
no
aranceles
de
presentación
conlleva
la
nulidad
automática
del
escrito,
nos
resta
considerar el efecto que dicha normativa tiene en un caso
en el que la parte solicita litigar con el beneficio de
insolvencia ante el tribunal apelativo.
Comenzamos
por
indicar
que
no
hay
un
derecho
constitucional a presentar una apelación en forma pauperis.
Padilla
v.
necesario
García,
que
supra,
un
pág.
estatuto
735.
Por
reconozca
lo
tanto,
este
es
derecho
expresamente.
Los
estatutos
aprobados
con
el
fin
de
permitir
la
litigación en forma pauperis cumplen el propósito de abrir
las puertas de los tribunales a todos los ciudadanos, no
empece la incapacidad económica de algunos para sufragar
los
costos
asociados
a
un
litigio.
Por
lo
tanto,
el
litigante que obtiene un permiso para tramitar su caso en
forma
pauperis,
está
exento
de
pagar
los
aranceles
o
derechos de presentación requeridos por ley.
Tanto en casos de índole criminal, como en casos de
litigación civil, hemos expresado que para poder litigar en
forma
pauperis,
el
solicitante
“no
viene
obligado
a
CC-2003-387
17
demostrar que es absolutamente insolvente, desamparado, y
sin medios de vida.
Más bien[,] el requisito es que por
razón de pobreza no pueda pagar los derechos.”
Camacho v.
Corte, 67 D.P.R. 802, 804 (1947); Pueblo v. Castro, 69
D.P.R.
450,
455(1948).
Le
corresponde
al
solicitante
demostrar su insolvencia, pues la concesión del privilegio
de
litigar
con
interpretarse
el
beneficio
estrictamente.
de
Camacho
insolvencia
debe
v.
supra
Corte,
pag.805.
Entre los costos que un litigante debe soportar para
perfeccionar un recurso de apelación, está el pago de los
aranceles de presentación.
En este aspecto, expresamos en
Vázquez Suárez que “el requerir la cancelación de sellos de
rentas internas en un escrito de apelación no menoscaba
derechos de clase alguna, no suspende el ejercicio de tal
derecho,
no
Orgánica.”
La
viola
ningún
precepto
de
nuestra
Carta
Vázquez Suárez v. Rivera, supra, pág.951.
sección
7
del
Código
de
Enjuiciamiento
Civil
reconoce el derecho estatutario de los indigentes a litigar
en
forma
pleito.
pauperis;
libre
del
32 L.P.R.A. sec. 1482.
pago
de
las
costas
de
Dicha sección dispone:
Cualquier persona de Puerto Rico que desee
entablar una acción civil o recurso y no pudiere
pagar los derechos requeridos por las secs. 1476
a 1482 de este título podrá presentar al
secretario una declaración jurada exponiendo su
imposibilidad
de
pagar
dichos
derechos,
juntamente con una copia de la demanda que se
propone deducir, y el secretario someterá dicha
declaración jurada y la referida demanda o
recurso al juez del tribunal; y si dicho juez
juzgare
suficiente
en
derecho
la
demanda
permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual
un
CC-2003-387
18
el
demandante
tendrá
derecho
a
todos
los
servicios de todos los funcionarios del tribunal
y a todos los mandamientos y providencias del
mismo, como si los derechos hubiesen sido
satisfechos.
…
Mas, en todo caso, el juez podrá requerir
cualquier
información
adicional
que
creyere
necesaria cuando una persona solicita que se le
releve del pago de costas. Los recursos a nivel
apelativo o discrecionales que se presenten en el
Tribunal de Circuito de Apelaciones o en el
Tribunal Supremo disfrutarán de la referida
exención de conformidad al trámite dispuesto.
Id. (Énfasis suplido).
Como
recurrir
salvaguarda
a
los
al
tribunales
derecho
de
apelativos,
todo
la
litigante
Regla
78
a
del
Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996,
permitía
derecho
que
a
apelativo.
los
litigantes
indigentes
in
pauperis
ante
la
78
litigar
A
estos
forma
efectos,
regla
solicitaran
dicho
del
el
foro
referido
Reglamento disponía lo siguiente:
[c]ualquier parte en el procedimiento que por
primera vez solicite litigar in forma pauperis,
presentará ante el Tribunal de Circuito de
Apelaciones una declaración jurada, en la cual
expondrá los hechos que demuestren su incapacidad
para pagar los derechos y costas o para prestar
garantía por éstos; su convencimiento de que
tiene derecho a un remedio; y una exposición de
los asuntos que se propone plantear en apelación.
Si la solicitud se concede, la parte podrá
litigar sin el pago de derecho y costas, o sin la
presentación de fianza para ello.
Énfasis
suplido. Id.9
9
Es importante puntualizar que esta disposición se mantuvo
vigente en el Reglamento Transitorio del Tribunal de
Apelaciones del 2003 y en el hoy vigente Reglamento del
2004. Actualmente, la Regla 78 del Reglamento del Tribunal
de Apelaciones de 2004 dispone que:
Cualquier parte en el procedimiento que por
primera vez solicite litigar in forma pauperis,
presentará ante el Tribunal de Apelaciones una
declaración jurada, en la cual expondrá los
hechos que demuestren su incapacidad para pagar
CC-2003-387
19
De lo anterior se desprende que, conforme a nuestro
Código de Enjuiciamiento Civil y al Reglamento del tribunal
apelativo, el ciudadano que tenga una reclamación meritoria
y que por su condición económica esté impedido de sufragar
los costos de un litigio, puede solicitar el beneficio de
litigar en forma pauperis, tanto al presentar su acción,
como al apelar una sentencia.
Para obtener la referida
exención del pago de costas, el solicitante debe presentar
una declaración jurada en la que acredite su incapacidad
económica.
El secretario o funcionario judicial que reciba
la solicitud para litigar en forma pauperis debe remitirla
a un juez.
económica
El juez, luego de evaluar tanto la condición
del
solicitante,
como
los
méritos
de
su
reclamación, determinará entonces si procede conceder el
privilegio de litigar en forma pauperis.
En resumen, al examinar una solicitud para litigar en
forma
pauperis,
el
tribunal
tiene
discreción
para
determinar si el solicitante carece de medios económicos
para pagar los gastos del pleito y si su reclamación es
meritoria.
Por lo tanto, la decisión sobre la procedencia
de una solicitud para litigar como indigente, no debe ser
_________________________
los derechos y costas o para prestar garantía por
éstos; su convencimiento de que tiene derecho a
un remedio; y una exposición de los asuntos que
se propone plantear en el recurso.
Si la solicitud se concede, la parte podrá
litigar sin el pago de derecho y costas, o sin la
prestación de fianza para ello.
El
Tribunal
de
Apelaciones
podrá
preparar
formularios
para
facilitar
la
comparecencia
efectiva de apelantes o recurrentes en forma
pauperis. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 78.
CC-2003-387
20
alterada en apelación a menos que el récord demuestre que
el tribunal abusó de su discreción.
D.P.R. 450, 452 (1948).
Pueblo v. Castro, 69
(citas omitidas).
A pesar de que esta es la primera ocasión en la que
analizamos
el
procedimiento
apelativo
para
presentar
forma
hemos
pauperis,
una
tenido
a
seguir
ante
solicitud
la
el
para
oportunidad
tribunal
litigar
de
en
atender
controversias relacionadas a solicitudes para litigar en
forma pauperis en los tribunales de instancia y el efecto
que la concesión de dicho permiso tiene en los trámites
apelativos.
En Vázquez Suárez v. Rivera indicamos que, en nuestra
jurisdicción, el litigante que cumpla con los requisitos
establecidos en la ley, puede litigar en forma pauperis
tanto al presentar su solicitud en el tribunal inferior,
como al apelar ante nosotros.
supra, pág. 950.
D.P.R.
59,
61
Vázquez Suárez v. Rivera,
De igual modo, en Torres v. Rivera, 70
(1949)
resolvimos,
bajo
el
Código
de
Enjuiciamiento Civil de 1933, que un litigante que obtuvo
una
resolución
permitiéndole
litigar
en
forma
pauperis,
tiene derecho a presentar un escrito de apelación sin el
pago de los derechos de rentas internas fijados por la ley.
Parrilla v. Loíza Sugar Co., 49 D.P.R. 597 (1936); Rosado
v. American Railroad Co., 37 D.P.R. 623 (1928).
Por otro lado, en Vázquez Suárez v. Rivera, supra, al
examinar una controversia sobre la omisión de incluir los
sellos
de
rentas
internas
en
un
documento
judicial,
CC-2003-387
21
resolvimos que, en ausencia de una petición para litigar en
forma pauperis, procedía desestimar un recurso de apelación
en el que no se habían adherido los referidos derechos y
aranceles
de
presentación.
Así
mismo,
en
Padilla
v.
García, supra, desestimamos una apelación por no haberse
presentado una trascripción del récord.
resolvimos
que,
en
apelado
la
cual
en
ausencia
se
de
una
acreditara
la
En dicha ocasión
orden
del
tribunal
insolvencia
de
la
apelante o se ordenara al taquígrafo la entrega de una
trascripción
libre
de
derechos,
la
apelante
no
perfeccionado su recurso y procedía desestimarlo.
había
Padilla
v. García, supra, pág. 737.
En
dichos
casos,
sin
embargo,
nos
enfrentamos
a
situaciones en las que la parte no había solicitado litigar
en forma pauperis, ni había obtenido un permiso para así
No
hacerlo.
estaba
ante
nuestra
consideración
una
situación como la presente en la que el litigante omitió
incluir
los
sellos
de
rentas
internas
porque
solicitó
tramitar su apelación en forma pauperis.
Con este marco doctrinal en mente, pasamos a analizar
los hechos de caso ante nuestra consideración.
V.
En
el
presente
caso,
la
peticionaria
siguió
el
procedimiento dispuesto en el Reglamento del Tribunal de
Apelaciones de 1996 para solicitar litigar libre del pago
de las costas del pelito.
Alegó que por recomendación del
personal de la Secretaría del foro apelativo intermedio,
CC-2003-387
22
cumplimentó
solicitud
y
juramentó
para
litigar
una
como
declaración
indigente.
en
apoyo
a
Posteriormente,
presentó una moción informativa en la que solicitó que el
tribunal apelativo dispusiera sobre el arancel conforme a
derecho.
Sin
embargo,
luego
vencido
su
recurso
oportunidad
de
presentar
los
sellos,
Apelaciones
dictó
resolución
de
desestimó el mismo.
$2,226.00
la
apelación
el
perfeccionar
Circuito
de
de
y
término
sin
el
para
proveerle
Tribunal
en
la
de
cual
Determinó que por recibir ingresos de
mensuales y ser co-propietaria de un inmueble,
peticionaria
no
podía
litigar
como
indigente.
En
ausencia de prueba de que la peticionaria había litigado en
forma pauperis ante el Tribunal de Primera Instancia, el
foro apelado resolvió que procedía desestimar el recurso en
controversia por incumplimiento con el requisito de adherir
los correspondientes aranceles de presentación.
En atención al interés de que las controversias se
diluciden en los méritos y al principio que desfavorece
imponer la sanción de la desestimación como primer recurso,
resolvemos que erró el tribunal apelativo al desestimar el
recurso de la peticionaria sin proveerle la oportunidad de
subsanar su omisión.
Habiendo aseverado la peticionaria que omitió incluir
el
sello
de
rentas
internas
por
no
tener
la
capacidad
económica para pagarlo al momento de presentar el recurso y
ante
la
Circuito
realidad
de
de
que
Apelaciones
el
Reglamento
disponía
que
del
Tribunal
una
parte
de
podía
CC-2003-387
23
cumplimentar una solicitud para presentar una apelación en
forma
pauperis,
presentar
los
entendemos
sellos
era
que
un
en
defecto
recurso presentado fuera anulable.
supra.
este
caso,
que
el
hacía
omitir
que
el
Véase Salas v. Baquero,
Por tanto, la peticionaria podía subsanar dicho
defecto oportunamente.
Al determinar que la peticionaria no era indigente, el
foro apelativo debió proveerle un término razonable para
cumplir con el requisito de presentar los sellos de rentas
internas correspondientes a un recurso de apelación.
El
hecho de que la peticionaria no hubiese litigado en forma
pauperis ante el foro primario no implica que su recurso
era
nulo
por
internas.
no
haberse
incluido
el
sello
de
rentas
Esto, debido a que el propio Reglamento del
Tribunal de Circuito de Apelaciones le permitía solicitar
permiso para litigar en forma pauperis, sin necesidad de
demostrar
que
había
litigado
en
tal
que
el
tribunal
determinar
si
la
calidad
ante
el
tribunal de instancia.
No
cuestionamos
discreción
indigente.10
10
para
apelativo
peticionaria
era
tenía
o
no
Sin embargo, entendemos que ante los hechos
Coincidimos con el tribunal apelativo en su determinación
de que, con un salario de $2,226.00 mensuales, la
peticionaria, co-propietaria de un inmueble y abogada de
profesión que estaba litigando por derecho propio, no podía
ser considerada indigente a los efectos de eximirla del
pago del arancel de presentación de $50.00.
A modo
ilustrativo,
señalamos
que
bajo
los
criterios
del
Reglamento para la asignación de abogados o abogadas de
oficio
en
procedimientos
de
naturaleza
penal,
la
peticionaria no podría ser considerada indigente para
recibir los servicios de un abogado de oficio. 4 L.P.R.A.
CC-2003-387
del
24
presente
automática
caso,
el
no
recurso
de
procedía
desestimar
apelación
de
la
de
forma
peticionaria.
Avalar la acción del tribunal apelativo implicaría permitir
que, de decidir el tribunal que no procede conceder el
privilegio
de
litigar
en
forma
pauperis,
el
solicitante
estaría expuesto a perder su derecho a apelar.
Habida
cuenta de que el permiso para litigar en forma pauperis no
se
concede
de
forma
automática,
no
podemos
imponer
la
sanción de la desestimación si, posteriormente, el tribunal
decide que el litigante no es indigente.
En ausencia de fraude o colusión de la peticionaria
quien, según obra en el récord, siguió el trámite que se le
indicó en la secretaría del tribunal para perfeccionar su
recurso libre del pago de los aranceles de presentación, y
posteriormente
solicitó
que
el
tribunal
determinara
si
debía cancelar el sello de rentas internas, resolvemos que
no procedía desestimar su apelación.
Al así resolver, no le estamos abriendo las puertas a
litigantes inescrupulosos que, so pretexto de solicitar el
beneficio
de
insolvencia,
incumplan
con
el
requisito
de
pagar y adherir los sellos de rentas internas según lo
exige
la
ley.
Es
deber
de
los
litigantes
pagar
los
_________________________
Ap. XXVIII.
En el presente
caso, la peticionaria indicó
que tiene tres hijos por lo que su núcleo familiar es de
cuatro personas, incluyéndola a ella. Según el Reglamento
antes mencionado, el ingreso máximo permitido para una
persona cuya familia consta de cuatro personas es de
$1,371.00 mensuales. Id. R. 35. Por lo tanto, tomando en
cuenta su ingreso de $2, 226.00 mensuales, la peticionaria
no podía ser considerada indigente bajo los niveles máximos
de ingresos dispuestos en el Reglamento para la asignación
de abogados o abogadas de oficio.
CC-2003-387
25
derechos correspondientes para perfeccionar sus recursos.
Sin embargo, en el presente caso existen circunstancias de
peso que militan en contra de imponer la severa sanción de
la desestimación que hemos establecido debe ser un recurso
de última instancia.
VI.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
revoca
la
resolución del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones
que desestimó el recurso de apelación de la peticionaria y
se devuelve el caso a dicho foro para que le conceda un
término
razonable
a
sellos
de
internas
rentas
la
peticionaria
para
presentar
correspondientes.
De
los
ésta
incumplir con dicho término el foro apelativo intermedio
tomará las medidas que estime correspondan, incluyendo, la
desestimación del recurso.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Gran Vista I, Inc.
Demandante-Recurrida
vi.
Minerva Gutiérrez Santiago;
John Doe ambos por sí y en.
representación de la S/L/G
constituída entre ellos
CC-2003-387
Demandada-Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2007
Por los fundamentos expresados en la Opinión
que antecede, los cuales se incorporan íntegramente
a la presente, se revoca la resolución del entonces
Tribunal de Circuito de Apelaciones que desestimó el
recurso de apelación de la peticionaria y se
devuelve el caso a dicho foro para que le conceda un
término razonable a la peticionaria para presentar
los sellos de rentas internas correspondientes. De
ésta incumplir con dicho término el foro apelativo
intermedio
tomará
las
medidas
que
estime
correspondan,
incluyendo,
la
desestimación
del
recurso.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo