LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gran Vista I, Inc. v. Minerva Gutiérrez Santiago y otros

2007 TSPR 20

Poder Judicial de Puerto Rico

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Gran Vista I, Inc. v. Minerva Gutiérrez Santiago y otros

CC-2003-0387

Procedimiento Civil-Requisito de adherir aranceles a los escritos; efecto de la solicitud para litigar en forma pauperis en trámite apelativo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gran Vista I, Inc.

Demandante-Recurrida

Certiorari

v.

2007 TSPR 20

Minerva Gutiérrez Santiago,

John Doe ambos por sí y en

Representación de la S/L/G

Constituída entre ellos

170 DPR ____

Demandada-Peticionaria

Número del Caso: CC-2003-387

Fecha: 2 de febrero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial VI- Caguas/Humacao/Guayama

Juez Ponente:

Hon. Frank Rodríguez García

Abogado de la Parte Peticionaria:

Por Derecho Propio

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos A. Mercado Rivera

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gran Vista I, Inc.

Demandante-Recurrida

v.

CC-2003-387

Minerva Gutiérrez Santiago,

John Doe ambos por sí y en

representación de la S/L/G

constituída entre ellos

Demandada-Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2007.

El

actuó

presente

caso

correctamente

Apelaciones

al

requiere

el

desestimar

que

Tribunal

el

determinemos

si

de

de

recurso

Circuito

de

apelación

presentado por la peticionaria por ésta haber omitido

incluir los sellos de rentas de internas requeridos

por ley para presentar una apelación.

La peticionaria sostiene que por carecer de los

medios económicos para sufragar el costo de dichos

aranceles, cumplimentó una solicitud para presentar

su apelación en forma pauperis según lo permitía la

Regla 78 del entonces vigente Reglamento del Tribunal

de Circuito de Apelaciones de 1996.

que

de

determinar

que

no

Sostiene además

procedía

permitirle

CC-2003-387

litigar

2

en

forma

el

pauperis,

tribunal

debió

permitirle

cancelar el arancel de presentación, en lugar de desestimar

su recurso.

A

la

luz

de

estos

hechos,

resolvemos

que

erró

el

tribunal apelativo al desestimar el recurso de apelación

presentado por la peticionaria.

I.

Una vez más, nos enfrentamos a una controversia que

requiere que hagamos un balance de intereses entre el deber

de

salvaguardar

ordenamiento

le

el

derecho

reconoce

a

de

todo

apelar

que

litigante

nuestro

adversamente

afectado por una sentencia y el interés del Estado en que

los procesos judiciales se tramiten de forma justa, rápida

y económica.

Véase Soc. de Gananciales v. García Robles,

142 D.P.R. 241 (1997).

En primer lugar, al resolver esta controversia debemos

tomar

en

Judicatura

cuenta

de

que

1994

la

tuvo

aprobación

como

de

propósito

la

Ley

proveer

de

la

justicia

apelativa a todos los ciudadanos adversamente afectados por

las decisiones de un tribunal inferior.1 En segundo lugar,

1

Como cuestión de umbral, debemos aclarar que los hechos

del presente caso se desarrollaron mientras estaba vigente

la Ley de la Judicatura de 1994. Por lo tanto, en nuestra

discusión haremos alusión a dicho estatuto.

Sin embargo,

es meritorio señalar que la Ley de la Judicatura de 2003,

Ley núm. 20 de 22 de agosto de 2003, reitera la importancia

de garantizar que las controversias se resuelvan en los

méritos.

A estos efectos, el artículo 4.002 de la Ley de

la Judicatura de 2003, dispone que el Tribunal Apelativo

“[d]eberá ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus

procedimientos,

eliminando

obstáculos

y

barreras

que

impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con

reclamos válidos”.

4 L.P.R.A. sec. 24u.

Además, el

CC-2003-387

3

debemos sopesar el interés de que los ciudadanos cumplan

estrictamente con las normas y reglamentos aplicables al

perfeccionamiento de los recursos apelativos, frente a la

importancia de que las normas procesales no se apliquen de

forma rígida e inflexible de forma tal que priven a un

litigante de su derecho a ventilar su causa de acción en

nuestros tribunales.

Finalmente, debemos tener en cuenta

el principio que ha guiado nuestras decisiones, que permea

la Ley de la Judicatura de 1994 y favorece que los casos se

ventilen en los méritos.

Véase Id. Veamos los hechos del

presente caso.

II.

El

23

Instancia,

de

enero

Sala

de

Municipal

2003,

de

el

Tribunal

Gurabo,

de

dictó

Primera

sentencia

sumaria en la que declaró con lugar una demanda en cobro de

dinero

presentada

por

la

demandante-recurrida,

la

Asociación de Residentes Gran Vista I, Inc. (“Gran Vista

I”), en contra de la peticionaria, la licenciada Minerva

Gutiérrez

(la

“peticionaria”),

su

esposo

y

la

Sociedad

_________________________

artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003 establece

que el reglamento interno del Tribunal de Apelaciones

deberá adoptar:

reglas dirigidas a reducir al mínimo el número de

recursos desestimados por defectos de forma o de

notificación,

reglas

que

provean

oportunidad

razonable para la corrección de defectos de forma o

de notificación que no afecten los derechos de las

partes, y reglas que permitan la comparecencia

efectiva de apelantes por derecho propio y en forma

pauperis.

4 L.P.R.A. sec. 24w.

CC-2003-387

4

Legal de Gananciales compuesta por ambos.2

En su demanda,

Gran Vista I reclamó de los esposos, co-propietarios de una

vivienda en la urbanización Gran Vista I, el pago de cuotas

de mantenimiento atrasadas. La peticionaria compareció por

derecho propio en dicho pleito y, entre otros documentos,

presentó contestación a la demanda en la cual incluyó los

correspondientes aranceles de presentación.

El 26 de febrero de 2003, luego de que el tribunal de

instancia dictara sentencia en su contra, la peticionaria

presentó

un

recurso

de

apelación

ante

el

denominado Tribunal de Circuito de Apelaciones.3

de

presentar

cumplimentó

su

una

recurso

de

“Declaración

apelación,

en

apoyo

la

de

entonces

Al momento

peticionaria

solicitud

para

litigar como indigente” (in forma pauperis).

Indicó en

dicha

declaración

económica

estaba

imposibilitada

jurada

de

que

por

pagar

su

los

situación

derechos

correspondientes a su escrito de apelación.

y

aranceles

Alegó además

que sus ingresos mensuales fluctuaban entre los $300 y $700

y que era propietaria de un inmueble residencial.

sus

2

deudas,

adujo

que

pagaba

$1,500.00

Entre

mensuales

de

El Tribunal de Primera Instancia ordenó a los esposos

demandados a pagar $7,060.16 por concepto de cuotas de

mantenimiento adeudadas y $700.00 por concepto de gastos,

costas y honorarios de abogados.

3

A raíz de una “Moción de reconsideración urgente de fecha

de notificación de archivo en autos por la de notificación

real” presentada por la peticionaria ante el Tribunal de

Primera Instancia, dicho tribunal notificó, el 20 de

febrero de 2003, que la fecha de la notificación de la

sentencia era el 13 de febrero de 2003 y que en dicha fecha

comenzó a correr el término para apelar.

CC-2003-387

hipoteca

y

5

que

el

pago

mensual

de

su

automóvil

era

de

$259.00.4

El 28 de febrero de 2003, la peticionaria presentó una

moción informativa ante el tribunal apelativo en la que

solicitó que dicho foro dispusiera conforme a derecho en

cuanto

al

arancel

de

presentación.

Por

su

parte,

el

Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una resolución

el 18 de marzo de 2003 en la que desestimó el recurso de

apelación

presentado

por

la

peticionaria.

En

su

resolución,

dicho

apelativo

determinó

que

la

allí

$2,226.00

y

era

co-

apelante

percibía

foro

ingresos

de

propietaria de la casa en que reside, por lo que no podía

ser considerada como litigante indigente.

Indicó además

que la peticionaria no había litigado como indigente ante

el tribunal de instancia pues había pagado los aranceles de

presentación en su contestación a la demanda.

la

peticionaria

no

había

pagado

e

Debido a que

adherido

los

correspondientes sellos de rentas internas en su recurso de

apelación, el Tribunal de Circuito de Apelaciones determinó

que no tenía jurisdicción para atender el mismo.

Oportunamente, la peticionaria presentó una moción de

reconsideración en la que alegó que al momento de presentar

su

recurso

litigar

4

en

de

apelación

forma

cumplimentó

pauperis

porque

la

no

solicitud

tenía

el

para

sello

Además, del estimado de gastos mensuales provisto por la

peticionaria por concepto de comida, ropa, agua, luz,

teléfono y transportación, se deduce que éstos fluctúan

entre $600.00 y $850.00 mensuales.

CC-2003-387

6

correspondiente.

Indicó

que

su

ingreso

de

$2,226.00

correspondía a una pensión alimentaria para tres hijos de

los cuales sólo le sobraban $766.00 luego del pago de su

hipoteca.

Solicitó, como medida correctiva, que dicho foro

apelativo le concediera tiempo razonable y oportunidad para

cancelar el arancel de forma tal que su caso se pudiese

considerar en los méritos.

El 11 de abril de 2003, el

Tribunal de Circuito de Apelaciones declaró no ha lugar la

reconsideración

e

indicó

que

la

peticionaria

litigado

indigente

ante

el

Tribunal

como

de

no

había

Primera

Instancia y que la moción reconsideración no aducía causa

ni fundamento que le permitiese alterar su dictamen previo.

Inconforme

con

la

determinación

del

tribunal

apelativo, el 21 de mayo de 2003, la peticionaria acudió

ante nosotros mediante recurso de certiorari.

julio de 2003, lo declaramos no ha lugar.

El 11 de

El 29 de agosto

de 2003 reconsideramos nuestro dictamen y ordenamos a la

Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones a elevar

los autos originales o copia certificada de los mismos en

el

presente

caso.

El

2

de

octubre

de

2003,

la

parte

recurrida acudió ante nosotros y solicitó la desestimación

del recurso.5

El 17 de octubre de 2003, declaramos dicha

moción no ha lugar.

Finalmente, la peticionaria presentó

su alegato el 22 de diciembre de 2003.

5

La parte recurrida alegó que el recurso no se había

perfeccionado porque el apéndice no contenía los documentos

del caso presentados en el Tribunal de Primera Instancia.

CC-2003-387

7

En el ínterin, el 30 julio de 2003, la peticionaria

presentó una moción de relevo de sentencia ante el Tribunal

de Primera Instancia en la que alegó que el asunto objeto

del presente caso había sido adjudicado de forma adversa a

la

parte

recurrida

por

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones en el caso Gran Vista I. vs. Luis G. Gómez

Ortiz, KLAN 200300173.6

tribunal

moción

de

de

instancia

relevo

de

El 22 de septiembre de 2003, el

determinó

que

era

improcedente

sentencia

por

estar

pendiente

la

el

recurso ante este Tribunal y por haber transcurrido más de

seis meses desde que se notificó la sentencia en el caso.

Sobre esa determinación acudió la peticionaria en recurso

de certiorari al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El

20 de enero de 2004, dicho foro desestimó el recurso por

haberse presentado tardíamente.7

El 1ro de abril de 2004, la parte recurrida compareció

ante nosotros.

Alegó que procedía desestimar el recurso

pues

que

entendía

la

peticionaria

mantenía

de

forma

impermisible dos procesos paralelos en su contra por los

mismos hechos.

El 15 de junio de 2004, la peticionaria

presento

en

6

moción

auxilio

de

jurisdicción

en

la

cual

Alegó la peticionaria que había impedimento colateral por

sentencia y que procedía relevarla de los efectos de la

sentencia dictada en su contra por el tribunal de instancia

en el presente caso.

7

El 18 de febrero de 2004, la peticionaria presentó una

moción de reconsideración, inhibición y anulación de

resolución que fue declarada no ha lugar el 18 de marzo de

2004. Posteriormente, el 27 de abril de 2004, el tribunal

de

apelaciones

declaró

no

ha

lugar

la

moción

de

reconsideración sobre la resolución en cuanto a la

inhibición y anulación.

CC-2003-387

8

solicitó nuevamente que le permitiéramos litigar en forma

pauperis ante los tribunales del país.

El 21 de junio de

2004, le concedimos a la parte recurrida un término de 20

días para que presentara su alegato.

El 23 de julio de

2003, sin contar con el alegato de la parte recurrida,

quedó sometido el caso ante nosotros.

Estando en posición de hacerlo, procedemos a resolver.

III.

A.

Nuestro

ordenamiento

procesal

apelativo

reconoce

el

derecho de todo ciudadano a que un tribunal de superior

jerarquía revise, como cuestión de derecho, las sentencias

dictadas

por

los

tribunales

invocar

la

jurisdicción

puramente

estatutario,

Asamblea

Legislativa

Rivera,

69

D.P.R.

de

por

lo

947,

inferiores.

un

lo

Este

tribunal

derecho

apelativo

a

es

que

depende

de

que

la

reconozca.

Vázquez

Suárez

v.

949

(1949);

R.

Hernández

Colón,

Manual de derecho procesal civil, 2da ed. Equity Publishing

Corp. 1989, sec. 4603, pág. 314. Tratándose de un derecho

estatutario, el legislador puede prescribir las formas en

que

los

litigantes

podrán

ejercer

su

derecho

a

apelar.

Padilla v. García, 61 D.P.R. 734 (1943); Reyes v. Delgado,

81 D.P.R. 937, 942-43 (1960).

Por otro lado, el derecho a

apelar una sentencia no es automático, pues presupone un

diligenciamiento y su perfeccionamiento.

La Ley de la Judicatura de 1994, vigente al momento en

que se dilucidó este caso, reconoció el derecho de todo

CC-2003-387

9

ciudadano a presentar recursos de apelación.

Uno de los

propósitos que propulsó la aprobación de dicho estatuto fue

“[c]onceder el derecho de apelación a los ciudadanos en

casos

civiles

y

criminales,

extendiéndose

a

todo

puertorriqueño afectado adversamente por una decisión de un

tribunal de derecho a que un panel apelativo de un mínimo

de tres jueces revise esa decisión.”

Exposición de motivos

de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley núm.

1(a) de 28 de julio de 1994.

1994 L.P.R.A. págs. 2800-

2803. Al interpretar dicho estatuto, hemos establecido que

uno

de

sus

propósitos

fue

ampliar

el

acceso

de

los

litigantes a los tribunales apelativos y asegurar que todo

litigante tenga la oportunidad de que un tribunal colegiado

revise las sentencias de los tribunales inferiores.

Soc.

de Gananciales v. García Robles, supra; Pueblo v. Santana

Vélez, res. 22 de mayo de 2006, 168 D.P.R. __, 2006 TSPR

86.

En aras de cumplir el mandato establecido por la Ley

de

la

Judicatura

Tribunal

de

Reglamento,

de

1994,

Circuito

vigente

de

al

aprobamos

el

Reglamento

Apelaciones

de

1996.

momento

en

que

el

del

Dicho

Tribunal

de

Circuito de Apelaciones resolvió el presente caso, reiteró

la importancia de facilitar el acceso a los tribunales y

salvaguardar

el

recurso

apelación.

de

derecho

de

toda

Véase

persona

Regla

2,

Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996.

a

presentar

Reglamento

un

del

CC-2003-387

10

B.

Los requisitos aplicables al perfeccionamiento de un

recurso de apelación están contenidos en el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones de 1996, la Ley de la Judicatura de

1994, supra, y en las Reglas de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III.

En

reiteradas

ocasiones

hemos

establecido

que

los

litigantes deben observar rigurosamente las disposiciones

reglamentarias sobre el perfeccionamiento de los recursos

ante este Tribunal y ante el tribunal apelativo intermedio.

Arriaga v. F.S.E. 145 D.P.R. 122, 130-31 (1998); Pellot

Ferrer v. Avon Mirabella, res. 7 de agosto de 2003, 2003

TSPR 131, 159 D.P.R. __; Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151

D.P.R. 906, 913 (2000); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119

D.P.R. 642, 659 (1987).

riguroso

con

las

Esta exigencia de cumplimiento

formalidades

sobre

los

recursos

de

apelación responde al principio de que no podemos dejar “al

arbitrio

de

los

reglamentarias

F.S.E.

supra

abogados

deben

pág.

decidir

acatarse

130

y

citando

qué

disposiciones

cuándo…”.

a

Matos

Arriaga

v.

v.

Metropolitan

Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125 (1975). No empece lo

anterior, hemos dispuesto que este principio “no implica

una

adhesión

inflexible

a

las

disposiciones

reglamentarias.” Rodríguez v. Sucn. Martínez, supra.

En

caso

procedimientos

de

incumplimiento

requeridos

para

con

las

presentar

formalidades

y

un

de

recurso

apelación, la Regla 83(c) del Reglamento del Tribunal de

CC-2003-387

11

Apelaciones de 1996 permitía que dicho foro desestimara un

recurso

de

apelación

que

no

conforme

a

la

Véase

además

ley.

se

hubiese

perfeccionado

Regla

de

53.1(1)

las

Reglas de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. III.

Sin

embargo,

se

en

virtud

del

interés

de

que

los

casos

consideren en los méritos, hemos establecido que la sanción

de

desestimación

último recurso.

de

una

apelación

debe

utilizarse

como

Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R.

163, 167 (2002); Salinas v. Alonso Estrada, res. 13 de

noviembre de 2003, 2003 TSPR 165, 160 D.P.R.__.

De igual

modo, no todo incumplimiento con los requisitos de forma

para perfeccionar el recurso ameritan la desestimación del

mismo.

Al

resolver

controversias

sobre

incumplimiento

con

disposiciones del Reglamento del foro apelativo intermedio,

hemos establecido que dicho foro debe ser flexible en la

aplicación de su reglamento cuando se trata de un mero

requisito de forma de menor importancia, Santos y otros v.

Mun.

de

Comerío,

140

D.P.R.

12

(1996),

o

cuando

se

ha

impuesto la sanción de la desestimación sin antes haber

apercibido a la parte debidamente, López Rivera v. Rivera

Díaz, 141 D.P.R. 194 (1996); Arriaga v. F.S.E., supra, pág.

130.

En López Rivera v. Rivera Díaz, supra, determinamos

que el Tribunal de Circuito de Apelaciones no debió aplicar

la drástica sanción de la desestimación ante la dilación de

la

parte

peticionaria

en

obtener

la

aprobación

de

la

CC-2003-387

12

exposición

narrativa

de

la

prueba.

En

dicho

caso

resolvimos que el foro apelativo debió haber apercibido a

la peticionaria de su intención de desestimar el recurso.

López Rivera v. Rivera Díaz, supra, págs. 197-98.

Así mismo, en Soc. de Gananciales v. García Robles,

resolvimos

que

el

foro

apelativo

había

abusado

de

su

discreción al desestimar un recurso de apelación por la

omisión

del

apelante

de

elevar

presentada en el foro primario.

García

Robles,

discreción

que

supra,

págs.

tiene

todo

la

prueba

testifical

Soc. de Gananciales v.

260-61.

tribunal

Amparados

al

en

la

implementar

sus

normas procesales y en la norma que favorece que los casos

se

ventilen

desestimar

en

los

méritos,

el

recurso,

el

determinamos

Tribunal

que

de

antes

de

Circuito

de

Apelaciones debió haber apercibido a la parte de su omisión

para que ésta tomase la correspondiente acción correctiva.

Id. pág. 260.

En vista de la normativa antes reseñada, reiteramos

que

a

pesar

de

que

el

tribunal

apelativo

cuenta

con

discreción para desestimar los recursos de apelación que no

se perfeccionan conforme lo exigen las normas aplicables,

no

podemos

permitir

que

la

aplicación

inflexible

y

automática de estos requisitos prive a un litigante de su

derecho de acceso a la justicia y frustre el principio

rector

de

méritos.

favorecer

que

los

casos

se

ventilen

en

los

CC-2003-387

13

A la luz de lo anterior, procedemos a analizar el

requisito de incluir en todo escrito judicial el arancel de

presentación

requerido

por

ley

y

el

efecto

que

el

incumplimiento con dicho requisito debe tener en un caso en

el que la parte solicita presentar una apelación en forma

pauperis.

IV.

A.

Entre

las

condiciones

dispuestas

en

nuestro

ordenamiento para perfeccionar un recurso de apelación se

encuentra el pago de los aranceles de presentación.

tanto,

como

requisito

de

umbral

para

Por lo

invocar

la

jurisdicción del foro apelativo, todo apelante debe pagar

dichos aranceles y adherir los sellos a su recurso.

El requisito de pagar los correspondientes aranceles

de

presentación

y

de

adherir

los

sellos

de

rentas

de

internas a todo escrito judicial busca cubrir los gastos

asociados

dispone

a

los

nuestro

trámites

Código

judiciales.

de

A

estos

efectos,

Enjuiciamiento

Civil

que

el

propósito del pago de un arancel de derechos es cubrir “las

operaciones

tribunales.”

de

los

secretarios

y

32 L.P.R.A. § 1477.

alguaciles

de

los

En el caso de todo

escrito de apelación civil o de certiorari presentando ante

el

Tribunal

de

Apelaciones,

el

Código

de

Civil exige que se pague un arancel de $50.00.

Enjuiciamiento

Id.

Sobre la validez de un documento judicial en el que no

se adhieren los sellos de rentas internas, la Ley núm. 17

CC-2003-387

14

de 11 de marzo de 1915 establece que serán nulos todos los

documentos judiciales que por dicha ley deben llevar sellos

de rentas internas, a menos que éstos se adhieran a los

referidos documentos judiciales.

repetidas

ocasiones

hemos

32 L.P.R.A. § 1481.

establecido

que

es

nulo

En

e

ineficaz un escrito judicial al cual no se le han adherido

los correspondientes sellos de rentas internas.

v.

Levitt

(1977);

&

Sons.

Maldonado

Of

v.

P.R.,

Inc.,

Pichardo,

104

106

D.P.R.

D.P.R.

Meléndez

437,

778,

438

781-82

(1976); González v. Jiménez, 70 D.P.R. 165 (1949); Vázquez

Suárez v. Rivera, 69 D.P.R. 947, 951 (1949); Piñas v. Corte

Municipal, 61 D.P.R. 181, 184 (1942); Nazario v. Santos,

Juez Municipal, 27 D.P.R. 89 (1919).

La sanción de nulidad de todo documento judicial que

no

tenga

adherido

el

correspondiente

sello

de

rentas

internas persigue evitar fraudes al erario público.

Salas

v. Baquero, 47 D.P.R. 108, 113-14 (1934).

Sin embargo,

siendo el Pueblo de Puerto Rico la parte verdaderamente

afectada en todo caso en que un litigante omite pagar y

adherir a sus escritos los sellos requeridos por ley, hemos

reconocido instancias en las que dicha omisión no conlleva

la nulidad ab initio del documento.

En Salas v. Baquero expresamos que “si el propósito de

la ley es proteger los derechos del estado y evitar fraudes

al erario público, no parece lógico que una vez cubiertos

los derechos, una parte que en nada se perjudica pueda

aprovecharse del error alegando que la actuación judicial

CC-2003-387

15

es nula de su origen.”

Id. pág. 114.

Por lo tanto,

resolvimos en dicha ocasión que es anulable un documento en

el

que

un

funcionario

judicial,

inadvertidamente,

sin

intervención de la parte y sin intención de defraudar, deja

de

cancelar

un

sello

o

cancela

una

cantidad

menor.

Determinamos entonces que un error de esa naturaleza puede

subsanarse por la parte a quien corresponde el pago del

arancel.8

Id.

En igual sentido, en Lawyers Cooperative Publishing

Co. v. Corte, 51 D.P.R. 465 (1937), clarificamos que toda

persona que impugne la validez de un documento judicial por

ausencia de sellos de rentas internas sólo tiene que probar

que el escrito carece de éstos.

Corresponde entonces a la

parte que omitió adherir el sello, justificar su omisión y

“demostrar que ello se debió a un error o por inhabilidad

de obtenerlo.”

Id. pág. 468.

Además, corresponde a la

parte que deja de incluir el sello, presentar un caso prima

facie

de

buena

fe,

prueba a esos efectos.

mediante

un

affidávit

de

méritos

o

Id. pág. 469.

De lo anterior se desprende que, en ausencia de fraude

o

colusión,

nos

hemos

negado

a

invalidar

documentos

judiciales y desestimar apelaciones por insuficiencia de

sellos de rentas internas cuando por error del secretario

8

En Córdova Montes, 47 D.P.R. 108 (1934), nos negamos a

invalidar un proceso de ejecución de hipoteca porque el

alguacil dejó de cancelar $ 0.25 en sellos de rentas

internas por cada milla corrida al practicar la diligencia

o notificación.

Determinamos que el alguacil había

cancelado $3.00 en sellos, cantidad que era suficiente para

cubrir los derechos exigidos por ley.

CC-2003-387

del

16

tribunal

se

fija

como

importe

una

suma

menor

a

la

requerida o cuando por instrucciones de dicho funcionario,

la parte deja de incluir los sellos.

Cintrón v. Yabucoa

Sugar Co., 52 D.P.R. 402 (1937); Salas v. Baquero, supra.

B.

Habiendo

establecido

que

la

omisión

de

incluir

los

en

un

documento

judicial

no

aranceles

de

presentación

conlleva

la

nulidad

automática

del

escrito,

nos

resta

considerar el efecto que dicha normativa tiene en un caso

en el que la parte solicita litigar con el beneficio de

insolvencia ante el tribunal apelativo.

Comenzamos

por

indicar

que

no

hay

un

derecho

constitucional a presentar una apelación en forma pauperis.

Padilla

v.

necesario

García,

que

supra,

un

pág.

estatuto

735.

Por

reconozca

lo

tanto,

este

es

derecho

expresamente.

Los

estatutos

aprobados

con

el

fin

de

permitir

la

litigación en forma pauperis cumplen el propósito de abrir

las puertas de los tribunales a todos los ciudadanos, no

empece la incapacidad económica de algunos para sufragar

los

costos

asociados

a

un

litigio.

Por

lo

tanto,

el

litigante que obtiene un permiso para tramitar su caso en

forma

pauperis,

está

exento

de

pagar

los

aranceles

o

derechos de presentación requeridos por ley.

Tanto en casos de índole criminal, como en casos de

litigación civil, hemos expresado que para poder litigar en

forma

pauperis,

el

solicitante

“no

viene

obligado

a

CC-2003-387

17

demostrar que es absolutamente insolvente, desamparado, y

sin medios de vida.

Más bien[,] el requisito es que por

razón de pobreza no pueda pagar los derechos.”

Camacho v.

Corte, 67 D.P.R. 802, 804 (1947); Pueblo v. Castro, 69

D.P.R.

450,

455(1948).

Le

corresponde

al

solicitante

demostrar su insolvencia, pues la concesión del privilegio

de

litigar

con

interpretarse

el

beneficio

estrictamente.

de

Camacho

insolvencia

debe

v.

supra

Corte,

pag.805.

Entre los costos que un litigante debe soportar para

perfeccionar un recurso de apelación, está el pago de los

aranceles de presentación.

En este aspecto, expresamos en

Vázquez Suárez que “el requerir la cancelación de sellos de

rentas internas en un escrito de apelación no menoscaba

derechos de clase alguna, no suspende el ejercicio de tal

derecho,

no

Orgánica.”

La

viola

ningún

precepto

de

nuestra

Carta

Vázquez Suárez v. Rivera, supra, pág.951.

sección

7

del

Código

de

Enjuiciamiento

Civil

reconoce el derecho estatutario de los indigentes a litigar

en

forma

pleito.

pauperis;

libre

del

32 L.P.R.A. sec. 1482.

pago

de

las

costas

de

Dicha sección dispone:

Cualquier persona de Puerto Rico que desee

entablar una acción civil o recurso y no pudiere

pagar los derechos requeridos por las secs. 1476

a 1482 de este título podrá presentar al

secretario una declaración jurada exponiendo su

imposibilidad

de

pagar

dichos

derechos,

juntamente con una copia de la demanda que se

propone deducir, y el secretario someterá dicha

declaración jurada y la referida demanda o

recurso al juez del tribunal; y si dicho juez

juzgare

suficiente

en

derecho

la

demanda

permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual

un

CC-2003-387

18

el

demandante

tendrá

derecho

a

todos

los

servicios de todos los funcionarios del tribunal

y a todos los mandamientos y providencias del

mismo, como si los derechos hubiesen sido

satisfechos.

…

Mas, en todo caso, el juez podrá requerir

cualquier

información

adicional

que

creyere

necesaria cuando una persona solicita que se le

releve del pago de costas. Los recursos a nivel

apelativo o discrecionales que se presenten en el

Tribunal de Circuito de Apelaciones o en el

Tribunal Supremo disfrutarán de la referida

exención de conformidad al trámite dispuesto.

Id. (Énfasis suplido).

Como

recurrir

salvaguarda

a

los

al

tribunales

derecho

de

apelativos,

todo

la

litigante

Regla

78

a

del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996,

permitía

derecho

que

a

apelativo.

los

litigantes

indigentes

in

pauperis

ante

la

78

litigar

A

estos

forma

efectos,

regla

solicitaran

dicho

del

el

foro

referido

Reglamento disponía lo siguiente:

[c]ualquier parte en el procedimiento que por

primera vez solicite litigar in forma pauperis,

presentará ante el Tribunal de Circuito de

Apelaciones una declaración jurada, en la cual

expondrá los hechos que demuestren su incapacidad

para pagar los derechos y costas o para prestar

garantía por éstos; su convencimiento de que

tiene derecho a un remedio; y una exposición de

los asuntos que se propone plantear en apelación.

Si la solicitud se concede, la parte podrá

litigar sin el pago de derecho y costas, o sin la

presentación de fianza para ello.

Énfasis

suplido. Id.9

9

Es importante puntualizar que esta disposición se mantuvo

vigente en el Reglamento Transitorio del Tribunal de

Apelaciones del 2003 y en el hoy vigente Reglamento del

2004. Actualmente, la Regla 78 del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones de 2004 dispone que:

Cualquier parte en el procedimiento que por

primera vez solicite litigar in forma pauperis,

presentará ante el Tribunal de Apelaciones una

declaración jurada, en la cual expondrá los

hechos que demuestren su incapacidad para pagar

CC-2003-387

19

De lo anterior se desprende que, conforme a nuestro

Código de Enjuiciamiento Civil y al Reglamento del tribunal

apelativo, el ciudadano que tenga una reclamación meritoria

y que por su condición económica esté impedido de sufragar

los costos de un litigio, puede solicitar el beneficio de

litigar en forma pauperis, tanto al presentar su acción,

como al apelar una sentencia.

Para obtener la referida

exención del pago de costas, el solicitante debe presentar

una declaración jurada en la que acredite su incapacidad

económica.

El secretario o funcionario judicial que reciba

la solicitud para litigar en forma pauperis debe remitirla

a un juez.

económica

El juez, luego de evaluar tanto la condición

del

solicitante,

como

los

méritos

de

su

reclamación, determinará entonces si procede conceder el

privilegio de litigar en forma pauperis.

En resumen, al examinar una solicitud para litigar en

forma

pauperis,

el

tribunal

tiene

discreción

para

determinar si el solicitante carece de medios económicos

para pagar los gastos del pleito y si su reclamación es

meritoria.

Por lo tanto, la decisión sobre la procedencia

de una solicitud para litigar como indigente, no debe ser

_________________________

los derechos y costas o para prestar garantía por

éstos; su convencimiento de que tiene derecho a

un remedio; y una exposición de los asuntos que

se propone plantear en el recurso.

Si la solicitud se concede, la parte podrá

litigar sin el pago de derecho y costas, o sin la

prestación de fianza para ello.

El

Tribunal

de

Apelaciones

podrá

preparar

formularios

para

facilitar

la

comparecencia

efectiva de apelantes o recurrentes en forma

pauperis. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 78.

CC-2003-387

20

alterada en apelación a menos que el récord demuestre que

el tribunal abusó de su discreción.

D.P.R. 450, 452 (1948).

Pueblo v. Castro, 69

(citas omitidas).

A pesar de que esta es la primera ocasión en la que

analizamos

el

procedimiento

apelativo

para

presentar

forma

hemos

pauperis,

una

tenido

a

seguir

ante

solicitud

la

el

para

oportunidad

tribunal

litigar

de

en

atender

controversias relacionadas a solicitudes para litigar en

forma pauperis en los tribunales de instancia y el efecto

que la concesión de dicho permiso tiene en los trámites

apelativos.

En Vázquez Suárez v. Rivera indicamos que, en nuestra

jurisdicción, el litigante que cumpla con los requisitos

establecidos en la ley, puede litigar en forma pauperis

tanto al presentar su solicitud en el tribunal inferior,

como al apelar ante nosotros.

supra, pág. 950.

D.P.R.

59,

61

Vázquez Suárez v. Rivera,

De igual modo, en Torres v. Rivera, 70

(1949)

resolvimos,

bajo

el

Código

de

Enjuiciamiento Civil de 1933, que un litigante que obtuvo

una

resolución

permitiéndole

litigar

en

forma

pauperis,

tiene derecho a presentar un escrito de apelación sin el

pago de los derechos de rentas internas fijados por la ley.

Parrilla v. Loíza Sugar Co., 49 D.P.R. 597 (1936); Rosado

v. American Railroad Co., 37 D.P.R. 623 (1928).

Por otro lado, en Vázquez Suárez v. Rivera, supra, al

examinar una controversia sobre la omisión de incluir los

sellos

de

rentas

internas

en

un

documento

judicial,

CC-2003-387

21

resolvimos que, en ausencia de una petición para litigar en

forma pauperis, procedía desestimar un recurso de apelación

en el que no se habían adherido los referidos derechos y

aranceles

de

presentación.

Así

mismo,

en

Padilla

v.

García, supra, desestimamos una apelación por no haberse

presentado una trascripción del récord.

resolvimos

que,

en

apelado

la

cual

en

ausencia

se

de

una

acreditara

la

En dicha ocasión

orden

del

tribunal

insolvencia

de

la

apelante o se ordenara al taquígrafo la entrega de una

trascripción

libre

de

derechos,

la

apelante

no

perfeccionado su recurso y procedía desestimarlo.

había

Padilla

v. García, supra, pág. 737.

En

dichos

casos,

sin

embargo,

nos

enfrentamos

a

situaciones en las que la parte no había solicitado litigar

en forma pauperis, ni había obtenido un permiso para así

No

hacerlo.

estaba

ante

nuestra

consideración

una

situación como la presente en la que el litigante omitió

incluir

los

sellos

de

rentas

internas

porque

solicitó

tramitar su apelación en forma pauperis.

Con este marco doctrinal en mente, pasamos a analizar

los hechos de caso ante nuestra consideración.

V.

En

el

presente

caso,

la

peticionaria

siguió

el

procedimiento dispuesto en el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones de 1996 para solicitar litigar libre del pago

de las costas del pelito.

Alegó que por recomendación del

personal de la Secretaría del foro apelativo intermedio,

CC-2003-387

22

cumplimentó

solicitud

y

juramentó

para

litigar

una

como

declaración

indigente.

en

apoyo

a

Posteriormente,

presentó una moción informativa en la que solicitó que el

tribunal apelativo dispusiera sobre el arancel conforme a

derecho.

Sin

embargo,

luego

vencido

su

recurso

oportunidad

de

presentar

los

sellos,

Apelaciones

dictó

resolución

de

desestimó el mismo.

$2,226.00

la

apelación

el

perfeccionar

Circuito

de

de

y

término

sin

el

para

proveerle

Tribunal

en

la

de

cual

Determinó que por recibir ingresos de

mensuales y ser co-propietaria de un inmueble,

peticionaria

no

podía

litigar

como

indigente.

En

ausencia de prueba de que la peticionaria había litigado en

forma pauperis ante el Tribunal de Primera Instancia, el

foro apelado resolvió que procedía desestimar el recurso en

controversia por incumplimiento con el requisito de adherir

los correspondientes aranceles de presentación.

En atención al interés de que las controversias se

diluciden en los méritos y al principio que desfavorece

imponer la sanción de la desestimación como primer recurso,

resolvemos que erró el tribunal apelativo al desestimar el

recurso de la peticionaria sin proveerle la oportunidad de

subsanar su omisión.

Habiendo aseverado la peticionaria que omitió incluir

el

sello

de

rentas

internas

por

no

tener

la

capacidad

económica para pagarlo al momento de presentar el recurso y

ante

la

Circuito

realidad

de

de

que

Apelaciones

el

Reglamento

disponía

que

del

Tribunal

una

parte

de

podía

CC-2003-387

23

cumplimentar una solicitud para presentar una apelación en

forma

pauperis,

presentar

los

entendemos

sellos

era

que

un

en

defecto

recurso presentado fuera anulable.

supra.

este

caso,

que

el

hacía

omitir

que

el

Véase Salas v. Baquero,

Por tanto, la peticionaria podía subsanar dicho

defecto oportunamente.

Al determinar que la peticionaria no era indigente, el

foro apelativo debió proveerle un término razonable para

cumplir con el requisito de presentar los sellos de rentas

internas correspondientes a un recurso de apelación.

El

hecho de que la peticionaria no hubiese litigado en forma

pauperis ante el foro primario no implica que su recurso

era

nulo

por

internas.

no

haberse

incluido

el

sello

de

rentas

Esto, debido a que el propio Reglamento del

Tribunal de Circuito de Apelaciones le permitía solicitar

permiso para litigar en forma pauperis, sin necesidad de

demostrar

que

había

litigado

en

tal

que

el

tribunal

determinar

si

la

calidad

ante

el

tribunal de instancia.

No

cuestionamos

discreción

indigente.10

10

para

apelativo

peticionaria

era

tenía

o

no

Sin embargo, entendemos que ante los hechos

Coincidimos con el tribunal apelativo en su determinación

de que, con un salario de $2,226.00 mensuales, la

peticionaria, co-propietaria de un inmueble y abogada de

profesión que estaba litigando por derecho propio, no podía

ser considerada indigente a los efectos de eximirla del

pago del arancel de presentación de $50.00.

A modo

ilustrativo,

señalamos

que

bajo

los

criterios

del

Reglamento para la asignación de abogados o abogadas de

oficio

en

procedimientos

de

naturaleza

penal,

la

peticionaria no podría ser considerada indigente para

recibir los servicios de un abogado de oficio. 4 L.P.R.A.

CC-2003-387

del

24

presente

automática

caso,

el

no

recurso

de

procedía

desestimar

apelación

de

la

de

forma

peticionaria.

Avalar la acción del tribunal apelativo implicaría permitir

que, de decidir el tribunal que no procede conceder el

privilegio

de

litigar

en

forma

pauperis,

el

solicitante

estaría expuesto a perder su derecho a apelar.

Habida

cuenta de que el permiso para litigar en forma pauperis no

se

concede

de

forma

automática,

no

podemos

imponer

la

sanción de la desestimación si, posteriormente, el tribunal

decide que el litigante no es indigente.

En ausencia de fraude o colusión de la peticionaria

quien, según obra en el récord, siguió el trámite que se le

indicó en la secretaría del tribunal para perfeccionar su

recurso libre del pago de los aranceles de presentación, y

posteriormente

solicitó

que

el

tribunal

determinara

si

debía cancelar el sello de rentas internas, resolvemos que

no procedía desestimar su apelación.

Al así resolver, no le estamos abriendo las puertas a

litigantes inescrupulosos que, so pretexto de solicitar el

beneficio

de

insolvencia,

incumplan

con

el

requisito

de

pagar y adherir los sellos de rentas internas según lo

exige

la

ley.

Es

deber

de

los

litigantes

pagar

los

_________________________

Ap. XXVIII.

En el presente

caso, la peticionaria indicó

que tiene tres hijos por lo que su núcleo familiar es de

cuatro personas, incluyéndola a ella. Según el Reglamento

antes mencionado, el ingreso máximo permitido para una

persona cuya familia consta de cuatro personas es de

$1,371.00 mensuales. Id. R. 35. Por lo tanto, tomando en

cuenta su ingreso de $2, 226.00 mensuales, la peticionaria

no podía ser considerada indigente bajo los niveles máximos

de ingresos dispuestos en el Reglamento para la asignación

de abogados o abogadas de oficio.

CC-2003-387

25

derechos correspondientes para perfeccionar sus recursos.

Sin embargo, en el presente caso existen circunstancias de

peso que militan en contra de imponer la severa sanción de

la desestimación que hemos establecido debe ser un recurso

de última instancia.

VI.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

la

resolución del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones

que desestimó el recurso de apelación de la peticionaria y

se devuelve el caso a dicho foro para que le conceda un

término

razonable

a

sellos

de

internas

rentas

la

peticionaria

para

presentar

correspondientes.

De

los

ésta

incumplir con dicho término el foro apelativo intermedio

tomará las medidas que estime correspondan, incluyendo, la

desestimación del recurso.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gran Vista I, Inc.

Demandante-Recurrida

vi.

Minerva Gutiérrez Santiago;

John Doe ambos por sí y en.

representación de la S/L/G

constituída entre ellos

CC-2003-387

Demandada-Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2007

Por los fundamentos expresados en la Opinión

que antecede, los cuales se incorporan íntegramente

a la presente, se revoca la resolución del entonces

Tribunal de Circuito de Apelaciones que desestimó el

recurso de apelación de la peticionaria y se

devuelve el caso a dicho foro para que le conceda un

término razonable a la peticionaria para presentar

los sellos de rentas internas correspondientes. De

ésta incumplir con dicho término el foro apelativo

intermedio

tomará

las

medidas

que

estime

correspondan,

incluyendo,

la

desestimación

del

recurso.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo