Tribunal Supremo de Puerto Rico
Felipe Rivera Prudencio, et al v. Municipio de San Juan, et al
2007 TSPR 19
Poder Judicial de Puerto Rico
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Felipe Rivera Prudencio, et al v. Municipio de San Juan, et al
CC-2003-0520
Ley de Represalias (Ley 115 de 20 diciembre 1991)-Protección a Empleados Municipales; Daños y Perjuicios-Daños Continuados y daños sucesivos.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Felipe Rivera Prudencio, et al
Recurrido
Certiorari
v.
2007 TSPR 19
Municipio de San Juan, et al
170 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2003-520
Fecha: 2 de febrero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial San Juan, Panel I
Juez Ponente:
Hon. Roberto González Rivera
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcda. Lourdes G. Aguirrechu Salom
Lcdo. Guillermo Ramos Luiña
Materia: Acción Civil
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de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Felipe Rivera Prudencio, et al
Recurrido
CC-2003-520
v.
Municipio de San Juan, et al
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero 2007
La controversia medular que tenemos que atender
en el presente caso gira en torno al alcance de la
Ley
Núm.
115
del
20
de
diciembre
de
1991,
según
enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 194 et seq., comúnmente
conocida como “Ley de Represalias”.
debemos
resolver
si
dicha
ley
Específicamente,
protege
a
empleados
municipales y al testimonio que presten ante un foro
administrativo municipal.
I
El
señor
Felipe
Rivera
Prudencio
(“Rivera
Prudencio” o el “recurrido”) comenzó a trabajar el 18
de enero de 1994 en el Departamento de Vivienda y
Desarrollo
Comunal
del
Municipio
de
San
Juan
(el
2
CC-2003-520
“Municipio”), como funcionario ejecutivo III.1
Dos años más
tarde,
Programa
se
le
Sección 8.
presentó
informó
que
sería
asignado
al
de
Inconforme con dicha determinación, el recurrido
una
querella
ante
la
Oficina
de
Igualdad
en
el
Empleo y Relaciones Laborales adscrita a la Comisión para
Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio el 25
de junio de 1996, alegando que su reubicación respondía a una
acción discriminatoria y caprichosa de la entidad nominadora.
Aproximadamente seis (6) meses mas tarde y pendiente aun
la
querella
instada,
el
Municipio
le
informó
que
sería
reubicado en el área de autosuficiencia a partir del 27 de
enero de 1997.
Al año siguiente, el recurrido fue asignado
al área de inspección.
Dos años después, se le reubicó en el
programa de implantación de ordenanzas.
Al cabo de tres
meses de estar allí el recurrido recibió una carta en la que
le notificaban que a partir del 12 de mayo de 1999, sería
trasladado
al
área
de
inspección
por
necesidades
del
servicio.
El 17 de mayo de 1999 se le reubicó en el programa de
rehabilitación de vivienda.
Sin embargo, una semana después,
el señor Rivera Prudencio fue reasignado nuevamente en esta
ocasión al programa de adquisición y realojo.
El 30 de junio de 1999, se le informó que conforme el
Plan de Clasificación y Retribución del Municipio, su puesto
estaba
1
catalogado
como
oficial
administrativo
I
y
dicha
Debido a la etapa procesal que el caso nos llega, la
relación de hechos se basa en las alegaciones contenidas en
la demanda instada en este caso.
CC-2003-520
3
designación era retroactiva al 1ero de marzo de 1999.
El
recurrido impugnó la clasificación de su puesto señalando que
la misma obedecía a las funciones que desempeñaba en ese
momento
y
no
al
puesto
que
en
efecto
ostentaba
bajo
el
anterior plan de clasificación de funcionario ejecutivo III.
Señaló que el nuevo plan le ubicó en un puesto de inferior
jerarquía
que
el
que
le
correspondía;
lo
que
a
su
vez
conllevaba una reducción de su salario.
En vista de todo lo anterior, el señor Rivera Prudencio
junto a su esposa, la señora Norma Santiago Colón, y en
representación de la sociedad de gananciales compuesta por
ambos,
presentaron
una
demanda
contra
el
Municipio
por
represalia al amparo de la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre
de 1991, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq., (“Ley Núm. 115” o “Ley
de Represalias”).
En la misma, el recurrido alegó que fue
trasladado a diferentes posiciones en represalia por haber
instado una querella contra el Municipio ante la Comisión
para Ventilar Querellas y Asunto de Personal, Oficina de
Igualdad en el Empleo y Relaciones Laborales (la “Comisión”)
del
Municipio.
Solicitó
ser
ubicado
en
un
puesto
con
funciones compatibles con su clasificación como funcionario
ejecutivo III, así como la correspondiente compensación en
daños y perjuicios.
A su vez, su esposa reclamó bajo el
Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, por
los daños y perjuicios que alegadamente sufrió debido a los
distintos traslados de su esposo.
CC-2003-520
Como
4
parte
instancia,
el
requerimiento
del
trámite
recurrido
de
procesal
cursó
admisiones
un
al
ante
el
foro
interrogatorio
Municipio.
Pasado
y
de
un
varios
meses sin que el Municipio contestara los mismos el tribunal
los dio por admitidos.
Luego de solicitar reconsideración y
de un largo trámite judicial, el 22 de marzo de 2002, el
Municipio finalmente contestó el requerimiento de admisión,
pero sin juramentar el mismo.
En vista de lo anterior, la
parte recurrida solicitó que no se aceptara la respuesta del
Municipio
y
se
diera
por
admitido
el
requerimiento
de
admisiones.
El
Municipio
presentó
sendas
mociones
desestimación de la demanda instada.
solicitando
la
En la primera, alegó
falta de jurisdicción sobre la materia por entender que la
Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del
Municipio no era un “foro administrativo”
Ley de Represalias.
un
ente
para efectos de la
Ello, en virtud que la Comisión no era
administrativo
bajo
la
Ley
de
Procedimientos
Administrativos Uniforme (la “LPAU”), 3 L.P.R.A. secs. 2101
et seq.
Adujo además que la Ley Núm. 115 no aplicaba a los
empleados
públicos
que
ostenten
nombramiento
de
carrera,
conforme lo establece la definición de empleado que provee la
propia ley.
En
planteó
la
segunda
que
los
moción
daños
de
desestimación,
reclamados
por
el
el
Municipio
señor
Rivera
Prudencio antes del 14 de julio de 1997 estaban prescritos,
como también los daños reclamados por la señora Santiago
CC-2003-520
Colón.
5
En esta moción el Municipio solicitó también que no
se diera por admitido el requerimiento de admisiones que le
cursó la parte demandante.
La parte recurrida se opuso a ambas mociones alegando,
entre
otras
cosas,
que
el
foro
de
instancia
tenía
jurisdicción para atender la reclamación instada al amparo de
la
Ley
Núm.
115.
Además,
adujo
que
los
daños
que
se
reclamaban en la demanda no estaban prescritos toda vez que
el término prescriptivo para una reclamación bajo la Ley Núm.
115 era de tres (3) años computados desde la fecha en que
ocurrió la violación.
Se adujo que el término comenzó a
computarse a partir del 24 de enero de 1997, fecha en que
comenzó la cadena de traslados y movimientos de personal.
Habiéndose presentado la demanda el 14 de julio de 1999, la
misma no estaba prescrita.
Sobre los daños reclamados por la señora Santiago Colón,
la
parte
recurrida
continuado
por
oportunamente.
lo
alegó
que
su
Asimismo,
que
éstos
eran
de
carácter
causa
de
acción
se
presentó
la
parte
recurrida
reiteró
su
solicitud de que no se aceptara la contestación tardía del
Municipio a los requerimientos de admisiones.
Trabada
mediante
así
sendas
la
controversia,
resoluciones,
el
proveyó
foro
de
no
lugar
ha
instancia
a
las
solicitudes de desestimación presentadas por el Municipio.2
2
Anteriormente,
el
Municipio había
renunciado
a
su
planteamiento de prescripción en cuanto a la reclamación del
señor Rivera Prudencio por entender que había cometido un
error al efectuar el cómputo de la prescripción.
Pero,
CC-2003-520
6
El tribunal resolvió que la reclamación bajo la Ley Núm. 115
no estaba prescrita y además, que los daños reclamados por la
señora Santiago eran de carácter continuo por lo que tampoco
estaban
prescritos.
admisiones,
trámite
el
En
cuanto
foro
de
instancia,
accidentado
de
la
al
luego
solicitud
de
requerimiento
de
de
resaltar
el
requerimiento
de
admisiones, concluyó que el Municipio había sido displicente
y no había contestado el mismo a tiempo por lo que lo dio por
admitido.3
Luego
de
notificada
ambas
resoluciones,
el
Municipio
solicitó oportunamente reconsideración al foro de instancia
de
su
decisión
admisiones.
de
dar
por
admitido
el
requerimiento
de
El 18 de diciembre de 2002, el tribunal acogió
la moción de reconsideración.
Sin embargo, dos días antes --
el 16 de diciembre de 2002-- el Municipio ya había presentado
su recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.4
En su recurso ante el foro apelativo, el Municipio cuestionó
___________________________
respecto a la reclamación de la señora Santiago Colón reiteró
su alegación de que estaba prescrita.
3
Respecto a la moción de desestimación por falta de
jurisdicción sobre la materia, el Tribunal de Primera
Instancia la declaró no ha lugar sin más.
4
Hemos establecido que el Tribunal de Primera Instancia
puede considerar una oportuna moción de reconsideración luego
de transcurrido el término que provee la regla para
atenderla, siempre que dicho foro no haya sido privado de
jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la
sentencia un recurso de apelación o de certiorari o no haya
expirado el término para interponer dichos recursos.
El
Mundo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965),
reafirmado en Caro Ortiz v. Cardona Rivera, res. 11 de
febrero de 2003, 158 D.P.R. ___ (2003), 2003 T.S.P.R. 11,
2003 J.T.S. 13. De ahí que, en el presente caso el foro de
instancia carecía de jurisdicción cuando acogió la moción de
reconsideración, por haberse interpuesto previamente un
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
CC-2003-520
la
7
determinación
del
tribunal
de
instancia
denegando
las
solicitudes de desestimación y al haber ordenado que se diera
por admitido el requerimiento de admisiones.
El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto
presentado por entender que no se cometieron los errores
señalados.
Núm.
115
proteger
Según el foro apelativo los términos de la Ley
eran
a
claros.
todo
La
empleado
intención
por
del
legislador
expresiones
vertidas
fue
en
cualquier foro administrativo sin excepción de persona y sin
exceptuar
aquellos
foros
administrativos
creados
mediante
ordenanza municipal que no estuviesen cubiertos por la LPAU.
Asimismo, el foro apelativo subrayó que los daños reclamados
por la señora Santiago Colón eran de naturaleza continua, por
lo que éstos no habían prescrito al momento de presentarse la
demanda.
Finalmente, dicho foro concluyó que procedía que se
diera por admitido el requerimiento cursado, en vista del
reiterado incumplimiento del Municipio en contestar el mismo
para ello y a pesar de los múltiples apercibimientos del
Tribunal
sobre
las
consecuencias
el
Municipio
de
no
San
Juan
contestarlo
oportunamente.
Insatisfecho,
nosotros.5
5
En el
errores:
de
acudió
ante
El 5 de septiembre de 2003 expedimos el auto
escrito
presentado
se
señalaron
los
siguientes
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que la Comisión para Ventilar Querellas y
Asuntos de Personal del Municipio de San Juan es un
foro administrativo.
CC-2003-520
presentado.
8
Las partes han comparecido por lo que estamos en
posición de resolver y pasamos a así hacerlo.
II
Los primeros tres errores señalados por el Municipio de
San Juan en su recurso se refieren al alcance de la Ley Núm.
115.
los
El Municipio sostiene que la Ley Núm. 115 no aplica a
municipios
por
éstos
no
haber
sido
definición de “patrono” que dispone la ley.
incluidos
en
la
Además, planteó
que la Comisión no era una agencia administrativa conforme
las disposiciones de la LPAU, por lo que el testimonio que el
señor Rivera Prudencio ofreció ante dicho organismo no era
una actividad comprendida dentro del ámbito de protección de
la Ley Núm. 115.
Pasemos entonces a discutir este asunto.
A
La Ley Núm. 115 es un estatuto de carácter reparador que
prohíbe
el
discrimen
contra
un
empleado
por
ofrecer
___________________________
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que un testimonio ofrecido ante la
Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de
Personal
del
Municipio
es
una
actividad
comprendida en el ámbito de protección de la Ley
115 de 20 de diciembre de de 1991.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que el Tribunal de Primera Instancia tiene
jurisdicción para entender sobre la reclamación de
los recurridos bajo la Ley 115, supra.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que la reclamación de la Sra. Santiago
Colón no está parcialmente prescrita.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al
concluir que el Tribunal de Primera Instancia no
incurrió en error al dar por admitidos el
requerimiento de admisiones.
o
CC-2003-520
intentar
9
ofrecer
información
o
testimonio
ante
un
foro
legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico.
ley
provee
para
que
todo
empleado
que
fuere
La
despedido,
amenazado o que fuere objeto de discrimen en el empleo por
motivo de represalia, pueda instar una acción civil en contra
del patrono dentro de los 3 años próximos a la fecha en que
ocurrió dicha violación.
29 L.P.R.A. 194a. Véase sobre el
particular, Cintrón Díaz v. Ritz Carlton, res. 26 de mayo de
2004, 161 D.P.R.___, 2004 T.S.P.R. 82; Marín Kuilan v. Díaz
Fastening System, 142 D.P.R. 499 (1997).
Véase también, A.
Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada,
Ramallo Print. Bros., San Juan, 1999, 6ta Ed., pág. 250.
La
Exposición
claramente
que
de
con
Motivos
esta
de
ley
la
se
Ley
Núm.
procura
115
indica
ratificar
“la
protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las
instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del sector
privado, cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de
sus comisiones, y ante foros administrativos o judiciales
para colaborar con dichos foros.”
(Énfasis suplido.)
Este
texto es claro y no admite confusión y apunta a que el
legislador
tenía
protección
conferida
gubernamental.
la
intención
por
la
de
Ley
hacer
Núm.
extensiva
115
al
la
sector
Como sabemos, de ordinario, la exposición de
motivos de un estatuto recoge el propósito del mismo.
No
obstante, del texto de la ley no surge expresamente o con
total claridad lo que se declara en la exposición de motivos.
Nos explicamos.
CC-2003-520
10
La ley define patrono como: “cualquier persona que tenga
uno o más empleados.”
Art. 1, Ley Núm. 115, 29 L.P.R.A. 194.
Persona, por su parte, se define como: “individuo, sociedad,
corporación,
asociación,
jurídica.”6
Íbid.
así
como
Empleado,
cualquier
aparece
entidad
definido
de
la
siguiente manera: “cualquier persona que preste servicios a
cambio
de
salarios,
o
cualquier
tipo
de
remuneración,
mediante un contrato oral, escrito, explícito o implícito.”
Como puede observarse, aunque la exposición de motivos hace
alusión al sector gubernamental, la falta de precisión en las
definiciones
contenidas
en
la
ley
dejan
margen
para
una
interpretación en contrario.
El historial legislativo pone de manifiesto esta falta
de
claridad
sobre
gubernamental.
la
A
aplicabilidad
esos
efectos,
de
la
en
la
ley
al
sector
ponencia
del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el P del S.
987, --que luego se convertiría en la Ley Núm. 115—- se
indicó lo siguiente: “debido a que de las definiciones de
empleado
y
patrono
no
se
hace
exclusión
alguna[,]
[e]tendemos (sic) que la ley especial resultante será de
aplicación a todo tipo de empleado de la empresa privada y de
6
No estimamos que la expresión “entidad jurídica” comprenda
al sector gubernamental lo que incluye claro está al
municipio pues como se sabe, cuando las palabras generales
siguen a las palabras específicas en un enumeración
descriptiva, las palabras generales se interpretan para que
incluyan solamente asuntos similares en su naturaleza a los
enumerados en forma específica.
Autoridad sobre Hogares v.
Tribunal Superior, 82 D.P.R. 344, 358-359 (1961); Puerto Rico
Ilustrado v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, 921-923 (1945).
L.
Elfren Bernier, Aprobación e interpretación de las Leyes en
Puerto Rico, pág. 341.
CC-2003-520
gobierno,
11
sin
importar
el
nivel
de
gobierno
(central
o
municipal) ni el tipo de agencia (tradicional o corporación
pública semejante a negocio o empresa privada).
Nótese la
expresión que en ese sentido se hace en el segundo párrafo de
la Exposición de Motivos.
Si la intención de la medida no
fuere
expuesto,
como
hemos
dejado
aclaraciones de rigor.”
La
Junta
de
corresponde
hacer
las
Puerto
Rico
(Énfasis nuestro.)
Relaciones
del
Trabajo
de
expresó igual preocupación ante la Comisión de lo Jurídico
del Senado.
En su ponencia expresó: “dado que la Exposición
de Motivos indica el deseo de proteger a los trabajadores,
tanto de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado
(ELA) como del sector privado, entiendo que la definición de
“Patrono” (Artículo 1(b) de la proyectada ley) debe incluir,
específicamente,
(Énfasis
a
las
nuestro.)
El
instrumentalidades
texto
del
proyecto
del
de
ley
E.L.A.”
no
se
modificó conforme habían sugerido tanto el Secretario del
Trabajo como la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.
El Secretario de Justicia sin embargo, da por sentado
que la misma aplica tanto al sector público como al privado,
al indicar en su ponencia expresamente: “[e]l P. del S. 987
propone ratificar y confirmar la política pública que ofrece
protección a los empleados de los trabajadores, tanto de las
agencias
e
instrumentalidades
privado. . . .”
públicas
como
del
sector
(Énfasis nuestro.)
Esta ambivalencia se ha reflejado en leyes posteriores.
Por ejemplo, la exposición de motivos de Ley Núm. 426 de 7 de
CC-2003-520
12
noviembre de 2000, conocida como la “Ley para la protección
de
los
derechos
denunciantes,
de
empleados
querellantes
o
y
funcionarios
testigos
de
públicos
alegados
actos
constitutivos de corrupción”, expresa lo siguiente: “en lo
que respecta a los empleados del sector privado, la Ley Núm.
115
de
20
adicional
de
diciembre
cuando
un
de
1991
empleado
establece
ofrezca
o
una
protección
intente
ofrecer
La misma
información sobre el mal manejo de una empresa.
establece las prohibiciones, así como las violaciones y la
responsabilidad civil y criminal contra cualquier patrono que
exhiba esa conducta.
Es imperativo que al sector público se
le extienda una protección similar.”
La Ley Núm. 426 se
aprobó para ofrecer protección a empleados y funcionarios
públicos que denuncien o sean testigos de actos constitutivos
de corrupción en el gobierno.
Evidentemente, el legislador
al aprobar la Ley Núm. 426 partió de la premisa que la Ley de
Represalias sólo era de aplicación al sector privado.
Por el contrario, la exposición de motivos de la Ley
Núm. 14 de 11 de abril de 2001, conocida como la “Ley de
protección y compensación a personas denunciantes actos de
corrupción contra fondos y propiedad pública”, señala que en
Puerto Rico se ha aprobado legislación para proteger a los
empleados
públicos
combatir
los
gubernamentales
que
divulguen
información
dirigida
actos
ilegales
de
funcionarios
y
sostener
esta
para
los
proposición
expresamente, la Ley Núm. 115 y la Ley Núm. 426.
se
a
cita
La Asamblea
Legislativa por lo tanto, no ha hablado con una voz uniforme
CC-2003-520
respecto
13
la
aplicabilidad
de
la
Ley
Núm.
115
al
sector
gubernamental.
Existe un evidente desfase entre lo que aparenta ser la
intención
legislativa
según
consta
en
la
exposición
de
motivos de la Ley Núm. 115 y el contenido mismo de la ley,
según
ejemplificado
Asamblea
Legislativa
por
la
sobre
interpretación
el
alcance
de
hecha
dicha
por
ley.
la
Al
dilucidar estas incongruencias lo hacemos tomando en cuenta
que, por ser la Ley Núm. 115 un estatuto de carácter laboral,
toda
duda
en
cuanto
a
su
interpretación
y
alcance
debe
resolverse a favor del obrero o empleado, para de esta forma
adelantar los principios reparadores y sociales que animan
nuestra legislación laboral.
Así se logra garantizar la
mayor protección de los derechos a nuestras trabajadoras y
trabajadores.
E.g., Rosario Toledo v. Distribudora Kikuet,
151 D.P.R. 634 (2000); Irizarry v. Johnson & Johnson Consumer
Products Co., 150 D.P.R. 155, 164 (2000); Méndez v. Fondo del
Seguro del Estado, 140 D.P.R. 375 (1996).
El antecedente de la Ley Núm. 115 lo encontramos en la
Ley Núm. 65 de 3 de julio de 1986.
Johnson, supra, pág. 166.
Irizarry v. Johnson &
Esta última enmendó el Art. 2 Ley
Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185b, para
disponer que no sería justa causa para el despido de un
empleado sus “expresiones relacionadas con el negocio de su
patrono,
en
una
investigación
ante
cualquier
foro
administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico. . . .”
CC-2003-520
14
29 L.P.R.A. sec. 185b.7
Del texto de la Ley Núm. 65 y su
propia exposición de motivos surgía que el alcance de la
enmienda era limitar la protección ofrecida a expresiones
hechas por el empleado en el curso de una investigación del
negocio del patrono.
En Irizarry, al enfrentamos a un cuestionamiento sobre
el alcance de la Ley Núm. 115 concluimos, luego de analizar
detalladamente
el
historial
legislativo
así
como
los
antecedentes de la ley, que el propósito del legislador al
aprobar
la
Ley
Núm.
115
fue
crear
una
ley
general
de
represalias y ampliar la protección que ofrecía el Art. 2 de
la Ley Núm. 80, según enmendada por la Ley Núm. 65.
Ello
así, al eliminar el requisito de que el testimonio protegido
fuera, exclusivamente, aquél ofrecido durante el curso de una
investigación al patrono.8
El historial legislativo sí es
claro al expresar que la Ley Núm. 115 pretende conferirle la
mayor protección posible a los trabajadores.
Al establecer un amplio entramado de protección a los
trabajadores, es razonable concluir que se pretendió, tal y
como se explica en la exposición de motivos de la ley, hacer
extensiva
la
gubernamental.
protección
que
ofrece
la
ley
al
sector
La falta de especificidad en los artículos de
7
Como sabemos, la Ley Núm. 80 aplica con carácter de
exclusividad
a
la
empresa
privada
y
a
los
entes
gubernamentales que operan como corporaciones públicas. Guía
Revisada, para la interpretación y aplicación de la Ley Núm.
80, 30 de mayo de 1976, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, pág. 24.
8
Véase, Memorando de la Junta de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico sobre el P. del S. 987.
CC-2003-520
15
la ley no detracta de lo que pretendió hacer el legislador al
aprobar esta ley y de cuál fue su verdadero alcance.
Una
interpretación como la propuesta por el Municipio dejaría
fuera del ámbito de protección a un sector importante de la
clase trabajadora puertorriqueña, lo que sería contrario a la
intención legislativa.
No podemos avalar por lo tanto la
interpretación propuesta por el Municipio de San Juan.
Concluimos por lo tanto, que a la luz del historial
legislativo, las normas de hermenéuticas aplicables y la mas
reciente expresión legislativa respecto el alcance de la Ley
Núm. 115, ésta ofrece protección a los empleados municipales.
B
El Municipio de San Juan también arguyó que en vista que
la LPAU no le aplica a un municipio y, toda vez que en
Irizarry v. Johnson & Johnson concluimos que expresiones ante
el Fondo del Seguro del Estado estaban protegidas por la Ley
Núm.
115
al
aplicarle
al
Fondo
la
definición
de
foro
administrativo de la LPAU, expresiones hechas ante los foros
municipales no están cobijadas por la protección que ofrece
la Ley Núm. 115.
La
No tiene razón el Municipio.
Comisión
para
Ventilar
Querellas
y
Asuntos
de
Personal, adscrita a la Oficina de Igualdad de Oportunidades
en el Servicio del Municipio de San Juan, fue creada mediante
la
Ordenanza
Municipal
noviembre de 1985.
Núm.
32,
serie
1985-86,
de
13
de
La ordenanza dispone que dicha Comisión
será “el foro administrativo adecuado ante el cual puede
recurrir todo empleado municipal para ejercer su derecho a
CC-2003-520
solicitar
16
una
controversia
vista
y
administrativa
controvertir
los
para
cargos
dilucidar
formulados
la
en
su
contra, en aquellos casos en los que se ha generado contra
éste
una
acción
disciplinaria
que
puede
resultar
en
una
suspensión de empleo y sueldo por un término no mayor de 30
días o en una destitución”.
Además, dispone que la Comisión
es “el foro administrativo adecuado que le garantiza a todo
empleado municipal el derecho a ventilar sus querellas por
alegado
discrimen
.
.
.
en
relación
con
la
obtención
o
tenencia de un empleo en el Municipio de San Juan.”
Aunque la Ley Núm. 115 no define el concepto de “foros
administrativos”,
lo
cierto
es
que
conforme
señalamos
anteriormente, con ésta el legislador pretendió conferirle a
los obreros o empleados la protección más amplia en contra de
las
represalias
que
pudiera
tomar
su
patrono
ante
las
expresiones vertidas por sus empleados en distintos foros
incluyendo
los
contrasentido,
foros
dejar
administrativos.
fuera
del
ámbito
de
Sería
protección
un
la
entidad administrativa creada por el Municipio precisamente
para escuchar y atender las quejas del empleado municipal en
contra del propio Municipio.
Siendo la Comisión, por sus
propios
administrativo,
términos,
un
foro
no
debemos
excluirla de la Ley Núm. 115 y ponerle trabas a esta ley que
no fueron concebidas por el legislador.
Por lo tanto, no
erró el foro apelativo intermedio al disponer que en efecto
la presentación de una querella por parte de un empleado ante
la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del
CC-2003-520
17
Municipio de San Juan era una de las “actividades protegidas”
por la Ley Núm. 115.
III
El
próximo
señalamiento
de
error
del
Municipio
se
refiere a que erró el tribunal a quo al concluir que la
reclamación extracontractual de la señora Santiago Colón, no
estaba
prescrita
toda
vez
que
los
daños
reclamaba eran de carácter continuo.
por
los
que
se
El Municipio alegó por
el contrario, que los mismos eran daños sucesivos y como tal,
aquéllos que, alegadamente, la señora Santiago sufrió antes
del año en que se presentó la demanda estaban prescritos.
A
Las
acciones
para
exigir
el
resarcimiento
del
daño
sufrido como consecuencia de la culpa o negligencia de un
tercero
posee
una
vida
plazo
limitada
y
se
estatuido
sin
extingue
que
se
una
vez
transcurrido
el
interrumpa
eficazmente.
Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 5303.
El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo
de los derechos a la vez que se protege al obligado de la
eterna pendencia de un reclamo en su contra.
ocasiones
hemos
dicho,
en
Puerto
Rico
Como en tantas
la
prescripción
constituye un derecho sustantivo y acarrea la desestimación
de cualquier demanda presentada fuera del término previsto
para ello.
De
Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001).
ordinario,
el
término
prescriptivo
comienza
a
transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del daño
y pudo ejercer su causa de acción, lo que no necesariamente
CC-2003-520
18
coincide con el momento en que se sufre el daño resarcible.
Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2000).
Por
ello, es menester identificar el tipo de daño que se trate
para poder establecer el punto de partida o momento inicial
del cómputo y de esta forma conocer con certeza cual será su
momento final.
J. Puig Brutau, Caducidad y Prescripción
Extintiva, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 7. Cintrón v.
ELA, 127 D.P.R. 582, 593 (1990).
Entre
las
diversas
categorías
identificado
los
llamados
daños
sucesivos.9
Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383,
386 (1982).
Hemos señalado que los daños continuados son
“aquellos
producidos
por
uno
de
daños,
hemos
y
daños
continuados
o
más
actos
los
culposos
o
negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan
en
consecuencias
lesivas
ininterrumpidas,
sostenidas,
duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al
ser
conocidas
hacen
que
también
se
conozca
--por
ser
previsible-- el carácter continuado e ininterrumpido de sus
efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto
compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha
acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto."
Galib
Frangie
v
El
Vocero,
138
D.P.R.
560,
575
(1995);
Santiago v. Ríos Alonso, ante.
9
Véase sobre el particular, Q.M. Scaevola, Código Civil,
Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 881; A.
Borrell
Macia,
Responsabilidad
derivada
de
culpa
extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958,
pág. 344 et seq; J. Castán Tabeñas, Derecho Civil Español,
Común y Foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. I, Vol.
2, pág. 963.
CC-2003-520
Los
19
daños
derivados
de
continuados
acto
se
ilícito
distinguen
como
unidad
pluralidad de daños particulares.
plazo
prescriptivo
para
por
reclamar
y
ser
no
daños
como
una
Por su naturaleza, el
por
daños
de
naturaleza
continua comienza a transcurrir cuando se verifique el último
de los actos o se produzca el resultado definitivo.
Véase
además, Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 192 (2002).
Por
aquella
otro
lado,
“secuencia
los
daños
sucesivos
de
reconocimientos
se
definen
como
de
consecuencias
lesivas por parte del perjudicado, las que se producen y
manifiestan periódicamente, o aún continuamente, pero que se
van conociendo en momentos distintos entre los que medió un
lapso
de
tiempo
previsibles
los
finito,
sin
que
en
momento
daños
subsiguientes,
ni
alguno
sea
descubrirlos empleando diligencia razonable.”
sean
posible
H. Brau del
Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto
Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X,
pág. 643.
De lo anterior se desprende que los daños sucesivos
constituye
una
cadena
de
daños
unitarios,
individuales
y
concretos que se producen en intervalos finitos de tiempo y
producen efectos jurídicos distintos.
Lo que distingue a los
llamados daños sucesivos de los daños continuados es que los
sucesivos son daños ciertos que se van repitiendo, sin que
necesariamente
sean
previsibles
susceptibles
o
diligencia razonable.
idénticos,
de
de
forma
tal
que
ser
descubiertos
no
son
empleando
Brau del Toro, op. cit., 643.
Es
CC-2003-520
20
decir, el rasgo determinante de esta categoría es que la
repetición del daño no es previsible.
No puede considerarse
que la secuencia de los daños ciertos son previsible cuando
la
repetición
especulativa.
de
los
episodios
lesivos
es
meramente
Id., pág. 644.
Nos explica el profesor Brau del Toro que la causa que
propicia los daños sucesivos puede ser “una secuencia de
actos culposos o negligentes del actor,” o por el contrario,
puede tratarse de “un acto único o varios coetáneos que no se
repiten pero pueden seguir ejerciendo su efecto lesivo en
forma sostenida y duradera, cuyos actos no son previsibles en
supuesto alguno.”
Brau del Toro, op. cit., pág. 643.
En
ambos casos los actos u omisiones negligentes por parte del
autor, que se repiten periódicamente, o el acto generador de
las correspondientes consecuencias lesivas, hacen que cada
daño se manifieste y sea reconocido cada vez que ocurre.
Por
consiguiente,
en
los
"daños
sucesivos",
cada
reconocimiento de una lesión a causa de un acto culposo o
negligente produce un daño distinto, generando así cada acto
una causa de acción independiente.
De allí que el término
prescriptivo para el ejercicio de cada una de ellas comienza
a contar en el momento en que el daño se manifiesta y el
perjudicado tiene conocimiento del mismo.
cit., pág. 644.
Brau del Toro, op
De esta forma, si el perjudicado interpone
una “acción resarcitoria transcurrido más de un año del acto
dañoso
original,
su
acción
estará
limitada
a
los
daños
CC-2003-520
ocurridos
21
durante
el
último
año
únicamente,
ocurridas con anterioridad están prescritas.”
ya
que
las
Id, pág. 645.
Lo anterior es cónsono con la teoría general de daños
que
dispone
que
el
periodo
prescriptivo
de
un
año
para
acciones de responsabilidad civil extracontractual comienza a
transcurrir en la fecha en que el perjudicado conoce del daño
y
quién
fue
su
autor,
y
además
conoce
los
elementos
necesarios para ejercer efectivamente su causa de acción.
Santiago Rivera v. Ríos Alonso, supra, pág. 189.
En ese
sentido, hemos establecido que el término prescriptivo de la
acción
para
exigir
de
la
autoridad
nominadora
la
responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir por
un traslado ilegal y discriminatorio de un empleado público
comenzará
a
transcurrir
a
partir
del
momento
en
que
el
empleado es notificado de la decisión decretando finalmente
el traslado.
Véase, Cintrón v. ELA, 127 D.P.R. 582, 594
(1990); Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 D.P.R. 347
(1988.
Ello es así, debido a que es a partir de este momento
que el agraviado adviene en conocimiento de los daños que le
ocasionó la actuación arbitraria.
Ríos v. Administración de
Servicios Agrícolas, 140 D.P.R. 868, 872, (1996).
B
En el presente caso la parte recurrida argumentó que los
distintos
traslados
constituyeron
un
“daño
continuo
e
ininterrumpido” y por lo tanto, el plazo prescriptivo de su
causa de acción comenzó a transcurrir el día de la producción
del
resultado
dañoso
definitivo.
Alegó
que
todos
los
CC-2003-520
22
traslados fueron producto de una acción en represalia de la
autoridad
nominadora,
por
su
esposo
haber
presentado
una
querella ante un foro administrativo alegando que fue objeto
de un traslado discriminatorio y caprichoso.
que se suscitaran los posteriores traslados.
Ello produjo
No tiene razón.
Somos del criterio que los posibles daños resultantes de
la secuencia de traslados que se suscitaron en el presente
caso
por
Estamos
alegada
ante
una
represalia
serie
de
son
de
daños
sucesivo.10
carácter
ciertos,
individuales
y
concretos, los cuales no hubiesen podidos ser previstos por
el más diligente de la persona prudente y razonable.
Es
decir, los traslados que se repitieron periódicamente y sus
posibles
consecuencias
lesivas
se
manifestaron
reconocidos cada vez que ocurrieron.
y
fueron
No eran jurídicamente
previsibles, sino que por el contrario, la creencia de que
ocurrirían
subsiguientes
traslados
era
meramente
especulativa.
En el presente caso, contrario a lo que decidieron los
foros
inferiores,
producto
de
una
los
daños
secuencia
alegados
en
demanda
son
de
independientes
que
actos
conformaron los llamados daños sucesivos.
la
De modo que, cada
traslado produjo un daño distinto que generó una causa de
acción
independiente
notificó los mismos.
desde
que
la
autoridad
nominadora
Resolvemos, por lo tanto, que los daños
reclamados por la señora Santiago Colón que fueron producto
10
Las expresiones que hacemos hoy no deben entenderse como
una adjudicación en los méritos de la causa de acción por la
que se reclama en el presente caso.
Ello le competerá al
Tribunal de Primera Instancia dirimir en su día.
CC-2003-520
23
de actuaciones realizadas anterior al año en que se presentó
la demanda de epígrafe están prescritos.
IV
Finalmente, nos resta determinar si de acuerdo a los
hechos
del
presente
caso
procedía
dar
por
admitido
el
requerimiento de admisiones que le fue cursado al Municipio
de San Juan.
Los requerimientos de admisiones cumplen una
función importante en nuestro sistema adversativo pues sirven
como un instrumento sencillo y económico para delimitar las
controversias del caso.
J.A. Cuevas Segarra, Tratado de
Derecho Procesal Civil, Tomo I, Publicaciones JTS, San Juan,
2000, pág. 565.
Sist.
Est.
expresamos
Así lo reconocimos en Audiovisual Lang. v.
Natal
que
la
Hnos.,
144
Regla
33
D.P.R.
de
562
(1997),
Procedimiento
donde
Civil,
32
L.P.R.A. Ap. III, que regula lo relativo al requerimiento de
admisiones, persigue “aligerar los procedimientos, definiendo
y limitando las controversias del caso, proporcionando así un
cuadro más claro sobre las mismas.”
Audiovisual Lang., ante,
pág. 571.
A través de un requerimiento de admisiones una parte
puede requerir a la otra que admita la veracidad de cualquier
materia que esté dentro del alcance de la Regla 23-1 de
Procedimiento Civil, respecto a cuestiones u opiniones de
hechos o con la aplicación de la ley a los hechos, o que
admita la autenticidad de cualquier documento que se acompañe
con el requerimiento.
Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal
Hnos., supra, pág. 572.
Cuevas Segarra, op. cit., pág. 565.
CC-2003-520
24
El efecto de dicha admisión es que releva a la parte adversa
de tener que presentar en el juicio prueba del hecho admitido
y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y no se
incurran en gastos innecesarios.
Cuevas Segarra, op. cit.,
pág. 566.
Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se
considerará
definitiva,
salvo
que
el
tribunal
que
admitir
permita
su
negar
lo
retiro o una enmienda a ésta.
La
parte
interpelada
tiene
o
requerido bajo juramento o presentar una objeción escrita
sobre la materia en cuestión dentro del término de 20 días.
Si ésta no cumple con este término, “las cuestiones sobre las
cuales se solicitó la admisión, automáticamente se tendrán
por admitidas.”
Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos.,
ante, pág. 573.
El requerido tiene un deber afirmativo de
responder y de efectuar las gestiones necesarias para obtener
la información para admitir o negar.
En el presente caso, en apretada síntesis y según el
tracto fáctico recogido en la resolución del Tribunal de
Primera
Instancia,
el
13
de
octubre
de
2000
la
parte
recurrida le envió por correo ordinario al Municipio de San
Juan
el
primer
documentos
y
pliego
de
requerimiento
interrogatorios,
de
admisiones.11
producción
de
El
de
1
11
El requerimiento de admisiones enviado al Municipio
contenía lo siguiente:
1) Admita que el demandante Felipe Rivera comenzó
a trabajar el 18 de enero de 1994 en el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal
del Municipio de San Juan.
2) Admita que para el 18 de enero de 1994, el
demandante Felipe Rivera se desempeñaba como
CC-2003-520
diciembre
25
de
2000
el
Municipio
presentó
una
moción
de
prórroga de 45 días para contestar los requerimientos de
admisiones.
Inmediatamente,
el
recurrido
se
opuso
___________________________
Funcionario Ejecutivo III en el Programa de
Rehabilitación
de
Vivienda
encargado
del
almacén y devengando un salario de [sic]
mensual de $905.00 [sic]
3) Admita que efectivo el 20 de junio de 1996 el
demandante Felipe Rivera fue reubicado en el
Programa de Sección 8.
4) Admita
que
el
demandante
Felipe
Rivera
presentó la Querella número 1712-096-083 ante
la Oficina de Igualdad en el Empleo y
Relaciones Laborales.
5) Admita que efectivo el 27 de enero de 1997, el
demandante Felipe Rivera ocupó el puesto de
Técnico del Área de Autosuficiencia o “Self
Sufficiency”.
6) Admita que efectivo el 1ro. De febrero de 1998
el demandante Felipe Rivera trabajó en el área
de Inspección.
7) Admita que efectivo el 12 de enero de 1999, el
demandante Felipe Rivera estuvo asignado al
Programa de Ordenanzas.
8) Admita que efectivo el 12 de mayo de 1999 el
demandante Felipe Rivera estuvo asignado al
Área de Inspección.
9) Admita que efectivo el 18 de mayo de 1999 el
demandante
Felipe
Rivera
trabajó
en
el
Programa de Rehabilitación de Vivienda.
10)Admita que efectivo el 27 de mayo de 1999 el
demandante Felipe Rivera estuvo asignado al
Programa de Adquisición y Realojo.
11)Admita que retroactivo al 1ro. de marzo de
1999 al demandante Felipe Rivera se le asignó
el puesto de Oficial Administrativo I con
escala de 5 devengando un sueldo de $1,225.00.
12)Admita
que
bajo
el
actual
Plan
de
Reclasificación el sueldo del Funcionario
Ejecutivo III es mayor que el de Oficial
Administrativo 1.
a
la
CC-2003-520
26
prórroga solicitada alegando que la misma se había solicitado
fuera del término y en su lugar solicitó que se dieran por
admitidos los requerimientos.
que
el
Municipio
no
El tribunal, aunque reconoció
presentó
oportunamente
su
moción
de
prórroga, le concedió hasta el 22 de febrero de 2001 para
contestar los mismos, apercibiéndole que de no contestar o
solicitar
prórroga
dentro
del
término
se
darían
por
admitidos.
Según el expediente de autos, la abogada del Municipio
solicitó al tribunal de instancia el 23 de febrero de 2001
autorización
para
renunciar
a
la
representación
legal.
Varios días después y ante el incumplimiento del Municipio
con la orden del tribunal, la parte recurrida nuevamente
solicitó que se dieran por admitidos los requerimientos.
Municipio no presentó oposición.
El
Finalmente, el 4 de mayo de
2001 el foro de instancia dictó la orden según lo intimado
por la parte recurrida.
El 17 de mayo de 2001, el Municipio presentó una moción
en cumplimiento de orden y otros extremos, la cual se acogió
como una solicitud de reconsideración.
En dicha moción se
solicitó que se dejara sin efecto la referida orden del 4 de
mayo de 2001.
La parte recurrida se opuso y alegó que el
Municipio estaba impedido por sus propios actos de solicitar
que se dejara sin efecto dicha orden cuando aún no había
contestado los requerimientos.
El 13 de diciembre de 2001, sin haberse tomado acción
alguna
sobre
el
asunto
de
los
requerimientos,
la
nueva
CC-2003-520
27
representación legal del Municipio renunció a la misma.
Así
las cosas, no es hasta el 22 de febrero de 2002 que el
Municipio
finalmente
notificó
la
requerimientos, pero, sin juramentar.
parte
recurrida
presentó
la
contestación
a
los
En atención a ello, la
correspondiente
oposición
solicitando que no se aceptara dicha contestación por ser
tardía.
Una
lectura
del
anterior
tracto
procesal
pone
de
manifiesto la falta de diligencia de la representación legal
del Municipio en cumplir con las órdenes del tribunal y con
las Reglas de Procedimiento Civil que establecen un término
mandatario de 20 días para admitir o negar un requerimiento
de admisiones.
No podemos refrendar la dejadez y desidia de
una parte que con sus actuaciones promueve la dilación de los
procedimientos
judiciales.
Ante
el
incumplimiento
del
Municipio en realizar actos afirmativos para responder el
requerimiento cursado, a pesar de haber sido apercibido de
las consecuencias de no actuar cumplidamente, entendemos que
no erró el foro apelado en mantener vigente la orden de dar
por admitidos el requerimiento de admisiones.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
confirma
la
determinación del Tribunal de Apelaciones respecto a que el
Tribunal de Primera Instancia posee jurisdicción sobre la
materia y la determinación de que procede dar por admitidos
los
requerimientos
Municipio
de
San
de
admisiones
Juan.
No
que
fueron
obstante,
se
cursados
al
revoca
la
determinación del tribunal recurrido en cuanto a que no está
CC-2003-520
28
parcialmente prescrita la reclamación de la señora Santiago
Colón.
Devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Felipe Rivera Prudencio, et al
Recurrido
v.
CC-2003-520
Municipio de San Juan, et al
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero 2007
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión que antecede, los cuales se incorporan
íntegramente
a
la
presente,
se
confirma
la
determinación del Tribunal de Apelaciones respecto
a que el Tribunal de Primera Instancia posee
jurisdicción sobre la materia y la determinación de
que procede dar por admitidos los requerimientos de
admisiones que fueron cursados al Municipio de San
Juan. No obstante, se revoca la determinación del
tribunal recurrido en cuanto a la reclamación de la
Sra. Norma Santiago Colón.
Resolvemos que los
daños de ésta son de carácter sucesivo y no
continuos
por
lo
que
su
reclamación
está
parcialmente prescrita.
Devolvemos los autos al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación
de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
La
Juez Asociada señora Fiol Matta, inhibida.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo