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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Julio E. Rivera Aponte

2007 TSPR 14

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Julio E. Rivera Aponte

AB-2004-0064

Conducta Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

2007 TSPR 14

Julio E. Rivera Aponte

170 DPR ____

Número del Caso: AB-2004-64

Fecha: 19 de diciembre de 2006

AbogadoS de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez

Lcda. Pilar Muñoz Nazario

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcda. Carmen H. Carlos

Directora

Lcda. Marla D. Ríos Díaz

Directora Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el día

25 de enero de 2007)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Julio E. Rivera Aponte

AB-2004-64

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2006.

El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al

ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. El 12

de

marzo

de

2004

el

Contralor

de

Puerto

Rico

presentó una queja ante este Tribunal alegando que

el

licenciado

Rivera

Aponte

había

incurrido

en

conducta violatoria de la Ley Notarial y los Cánones

35 y 38 del Código de Ética Profesional.

En dicha queja, el Contralor explicó que una

auditoría

realizada

al

Municipio

de

Guayanilla

reveló que el licenciado Rivera Aponte dio fe, en

una declaración jurada de abril de 2001, de que los

declarantes

la

habían

suscrito

y

firmado

en

su

presencia, sin que éste realmente estuviera presente

en

la

firma

del

documento.

La

suscrita

por

tres

policías

municipales

secretaria de la Policía Municipal.

declaración

y

fue

una

AB-2004-64

2

Ordenamos al notario, Lcdo. Rivera Aponte, expresarse

sobre

la

queja

presentada

por

el

Contralor.

En

su

comparecencia, el notario no niega los hechos alegados por

el Contralor y se limita a explicar que a pesar de no

recordar

las

circunstancias

en

que

se

suscribió

la

declaración jurada, sí reconoce que el documento contiene

su

firma

y

sello

encontrar

en

su

notarial.

Registro

Añade

de

que

no

Testimonios

ha

podido

la

anotación

del

notario,

correspondiente.

Luego

de

recibir

la

contestación

referimos el caso a la Oficina de Inspección de Notaría,

en

adelante

ODIN.

En

su

informe,

ODIN

explica

que

la

declaración jurada es nula porque ésta no fue anotada en

el

Registro

informada

en

de

Testimonios

su

índice

del

notarial.

notario,

ODIN

ni

tampoco

concluye

que

el

procedimiento utilizado para otorgar la declaración jurada

no cumplió con los requisitos establecidos para ello en

nuestro ordenamiento.

Finalmente, el licenciado Rivera Aponte respondió al

informe de la ODIN, aceptando la falta que se le imputa.

Solicita, además, que al momento de determinar la sanción

disciplinaria

consideración

correspondiente,

las

circunstancias

este

foro

atenuantes

tome

en

particulares

aplicables a su caso.

II

La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el

esquema de autenticidad documental. In re Tejada Rivera,

155 D.P.R. 175, 180 (2001). Por eso, el artículo 2 de la

Ley Notarial de 1987, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,

delega al notario la función de ser el principal custodio

de la fe pública notarial:

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3

El notario es el profesional del Derecho que ejerce

una función pública, autorizado para dar fe y

autenticidad conforme a las leyes de los negocios

jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que

ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en

las leyes especiales. Es su función recibir e

interpretar la voluntad de las partes, dándole forma

legal,

redactar

las

escrituras

y

documentos

notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los

mismos. La fe pública al notario es plena respecto a

los hechos que, en el ejercicio de su función

personalmente ejecute o compruebe y también respecto

a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4

L.P.R.A. sec. 2002.

A base de esta función pública, existe una presunción

de que un documento notarial avalado por la dación de fe

de un notario cumple con todas las formalidades de ley y

es legal, verdadero y legítimo.

brinda

la

confianza

de

que

Además, la dación de fe

los

hechos

jurídicos

y

circunstancias que acredita el notario fueron percibidos y

comprobados con sus sentidos o ejecutados por él. In re

Feliciano, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Véase además, In re

Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999). Es precisamente esta

presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le

brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial.

Por esto, es imprescindible que el notario actúe con el

más alto grado de honradez y honestidad como custodio de

la fe pública notarial. In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570

(1976). Véase además, In re Vera Vélez, supra, 7, In re

Tejada Rivera, supra, 180.

Al

ejercer

esta

función

pública

el

notario

debe

cumplir estrictamente tanto con la Ley Notarial como con

el Código de Ética Profesional, cuyo Canon 35 impone a

todo

abogado

un

deber

de

sinceridad

y

honradez.

4

L.P.R.A. Ap. IX, C.35. In re Vera Vélez, supra, 7. Dicho

canon dispone lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión

legal

ante

los

tribunales,

para

con

sus

AB-2004-64

4

representados

y

en

las

relaciones

compañeros debe ser sincera y honrada.

con

sus

No es sincero ni honrado el utilizar medios que

sean inconsistentes con la verdad ni se debe

inducir al juzgador a error utilizando artificios o

una falsa relación de los hechos o del derecho. Es

impropio variar o distorsionar las citas jurídicas,

suprimir parte de ellas para transmitir una idea

contraria a la que el verdadero contexto establece

u ocultar alguna que le es conocida.

El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los

hechos al examinar los testigos, al redactar

afidávit u otros documentos, y al presentar causas.

El destruir evidencia documental o facilitar la

desaparición de evidencia testifical en un caso es

también altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX,

C. 35.

Conforme a esta disposición, cuando un notario da fe

de

un

hecho

falso

“[n]o

también

notarial,

si

no

profesión

al

incumplir

sólo

quebranta

socava

con

la

el

la

fe

pública

integridad

deber

de

de

la

honradez

y

sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del

Código de Ética Profesional, supra.” In re Rivera Arvelo y

Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 863 (1993). Véase además,

In re Vera Vélez, supra, 7-8.

Un

testimonio

o

declaración

de

autenticidad

documento notarial en el

cual

el notario da

veracidad

que

le

de

un

hecho

consta

de

es

un

fe de la

personal

conocimiento. El testimonio puede referirse, entre otras

cosas,

a

la

legitimación

de

firmas.

In

re

Figueroa

Álvarez, 155 D.P.R. 875, 882 (2001). Véase además, Art. 56

de la Ley Notarial, supra. En especial, un testimonio de

legitimación

de

firma

acredita

el

hecho

de

que

en

determinada fecha, una firma fue puesta en presencia del

notario y por la persona que el notario acredita que es

quien

dice

ser.

Este

tipo

de

testimonio

puede

o

no

comprender el juramento o afirmación del firmante. En este

testimonio,

el

notario

hará

constar

su

conocimiento

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5

personal del firmante o en su defecto la utilización de

los

medios

artículo

supletorios

17

de

la

de

Ley

identificación

Notarial,

supra.

que

provee

Regla

el

67

del

fe

de

Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 67.

En

casos

anteriores

hemos

explicado

que

la

conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes

al

autorizar

lograr

el

documento

correspondencia

notarial.

real

y

El

legítima

mecanismo

entre

para

persona

y

firma, es que la ley exija la comparecencia y conocimiento

por el notario.

In re Cruz Cruz, 126 D.P.R.

448, 451

(1990). Véase además, In re Medina Lugo, 136 D.P.R. 120,

124 (1994).

Además de las exigencias de la Ley Notarial, cuando un

notario autoriza un testimonio de legitimación de firma

debe

cumplir

con

el

deber

de

sinceridad

y

honradez

impuesto por el Canon 35 del Código de Ética Profesional,

supra.

El

notario

debe

ajustarse

a

la

sinceridad

y

realidad de los hechos que acredite bajo su fe notarial.

Respecto

a

las

declaraciones

juradas,

que

son

testimonios de legitimación de firma, es norma reiterada

por este Tribunal que conforme a lo que exigen la Ley

Notarial y el Canon 35 del Código de Ética Profesional,

los notarios “[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe

notarial de declaración jurada si la persona que va a

otorgar

el

documento

o

la

declaración

jurada

no

ha

comparecido personalmente.” In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R.

848, 849 (1977). Véase además, In re Surillo Ascar, 2004

T.S.P.R. 12, In re Medina Lugo, supra, 124, In re López de

Victoria Bras, 135 D.P.R. 688, 695-696 (1994),

In re

Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603, 608 (1994), In re Nieves

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Rivera,

6

124

D.P.R.

803,

808

(1989),

In

re

González

González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987).

En una declaración jurada la fe pública se concretiza

a través de la persona del notario con la presencia del

compareciente o firmante. In re González González, supra,

499. Por esto, si al momento de firmar la declaración

jurada el notario no está presente o si el documento es

autorizado en ausencia de la persona firmante, el notario

quebranta

la

fe

pública

notarial,

afectando

todo

el

da

que

la

sistema. Id.

De

igual

declaración

forma,

jurada

si

el

notario

fue

suscrita

y

fe

de

firmada

por

los

declarantes en su presencia y esto es un hecho falso, el

notario quebranta el deber de sinceridad y honradez que le

impone

el

Además,

Canon

es

35

norma

del

Código

de

clara

de

este

Ética

Profesional.

Tribunal

que

la

certificación de un hecho falso es una de las faltas más

graves

que

puede

cometer

un

notario.

In

re

Vargas

licenciado

Rivera

Hernández, supra, 607.

En

este

caso

en

particular,

el

Aponte autorizó una declaración jurada en ausencia de los

declarantes y sin haber estado presente al momento en que

éstos firmaron el documento. Además, el notario dio fe de

que

los

declarantes

habían

suscrito

y

firmado

la

declaración jurada en su presencia, cuando esto implicaba

acreditar un hecho falso en el documento notarial.

Esta

actuación

del

licenciado

Rivera

Aponte

es

evidentemente quebrantadora de la fe pública notarial y

violatoria

del

deber

de

sinceridad

y

honradez

que

le

impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional. Hemos

repudiado

dicha

práctica

reiteradamente.

La

misma

ha

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7

generado seria preocupación respecto a la importancia que

le brindan los notarios a su función pública de ser los

principales custodios de la fe pública notarial.

In re

Sánchez Ruiz, supra. Véase además, In re Surillo Ascar,

supra, In re Medina Lugo, supra, In re López de Victoria

Bras, supra,

In re Vargas Hernández, supra, In re Nieves

Rivera, supra, In re González González, supra.

Procede, pues, disciplinar la conducta antiética del

licenciado

Rivera

Aponte.

Lo

hacemos,

al

igual

que

en

casos anteriores, tomando en consideración los siguientes

factores:

(i) la buena reputación del abogado en la comunidad;

(ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta

constituye su primera falta y si ninguna parte ha

resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta

y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una

conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en

su actuación; (vii) resarcimiento al cliente; y

(viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien

atenuantes o agravantes, que medien a tenor con los

hechos. In re Quiñones Ayala, 2005 T.S.P.R. 99. Véase

además, In re Meléndez la Fontaine, 2006 T.S.P.R. 22.

Debido

a

la

buena

reputación

del

licenciado

Rivera

Aponte, el hecho de que ésta es su primera falta, que la

aceptó

y

mostró

su

arrepentimiento,

que

la

conducta

sancionada fue una conducta aislada dentro de sus 20 años

de desempeño como notario y que no actuó movido por ánimo

de lucro, se ordena la suspensión del licenciado Rivera

Aponte del ejercicio de la notaría por el término de un

(1) mes.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Julio E. Rivera Aponte

Queja

AB 2004-64

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2006.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente, se suspende al licenciado

Rivera Aponte del ejercicio de la notaría por el

término de un (1) mes.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse

de la obra y sello notarial del licenciado Rivera

Aponte y entregarlos a la Directora de la Oficina de

Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor

Fuster Berlingeri no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo