Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Julio E. Rivera Aponte
2007 TSPR 14
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Julio E. Rivera Aponte
AB-2004-0064
Conducta Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
2007 TSPR 14
Julio E. Rivera Aponte
170 DPR ____
Número del Caso: AB-2004-64
Fecha: 19 de diciembre de 2006
AbogadoS de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Pedro E. Ortiz Álvarez
Lcda. Pilar Muñoz Nazario
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Lcda. Marla D. Ríos Díaz
Directora Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el día
25 de enero de 2007)
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Julio E. Rivera Aponte
AB-2004-64
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2006.
El Lcdo. Julio E. Rivera Aponte fue admitido al
ejercicio de la abogacía y la notaría en 1986. El 12
de
marzo
de
2004
el
Contralor
de
Puerto
Rico
presentó una queja ante este Tribunal alegando que
el
licenciado
Rivera
Aponte
había
incurrido
en
conducta violatoria de la Ley Notarial y los Cánones
35 y 38 del Código de Ética Profesional.
En dicha queja, el Contralor explicó que una
auditoría
realizada
al
Municipio
de
Guayanilla
reveló que el licenciado Rivera Aponte dio fe, en
una declaración jurada de abril de 2001, de que los
declarantes
la
habían
suscrito
y
firmado
en
su
presencia, sin que éste realmente estuviera presente
en
la
firma
del
documento.
La
suscrita
por
tres
policías
municipales
secretaria de la Policía Municipal.
declaración
y
fue
una
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2
Ordenamos al notario, Lcdo. Rivera Aponte, expresarse
sobre
la
queja
presentada
por
el
Contralor.
En
su
comparecencia, el notario no niega los hechos alegados por
el Contralor y se limita a explicar que a pesar de no
recordar
las
circunstancias
en
que
se
suscribió
la
declaración jurada, sí reconoce que el documento contiene
su
firma
y
sello
encontrar
en
su
notarial.
Registro
Añade
de
que
no
Testimonios
ha
podido
la
anotación
del
notario,
correspondiente.
Luego
de
recibir
la
contestación
referimos el caso a la Oficina de Inspección de Notaría,
en
adelante
ODIN.
En
su
informe,
ODIN
explica
que
la
declaración jurada es nula porque ésta no fue anotada en
el
Registro
informada
en
de
Testimonios
su
índice
del
notarial.
notario,
ODIN
ni
tampoco
concluye
que
el
procedimiento utilizado para otorgar la declaración jurada
no cumplió con los requisitos establecidos para ello en
nuestro ordenamiento.
Finalmente, el licenciado Rivera Aponte respondió al
informe de la ODIN, aceptando la falta que se le imputa.
Solicita, además, que al momento de determinar la sanción
disciplinaria
consideración
correspondiente,
las
circunstancias
este
foro
atenuantes
tome
en
particulares
aplicables a su caso.
II
La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el
esquema de autenticidad documental. In re Tejada Rivera,
155 D.P.R. 175, 180 (2001). Por eso, el artículo 2 de la
Ley Notarial de 1987, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,
delega al notario la función de ser el principal custodio
de la fe pública notarial:
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El notario es el profesional del Derecho que ejerce
una función pública, autorizado para dar fe y
autenticidad conforme a las leyes de los negocios
jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que
ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en
las leyes especiales. Es su función recibir e
interpretar la voluntad de las partes, dándole forma
legal,
redactar
las
escrituras
y
documentos
notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los
mismos. La fe pública al notario es plena respecto a
los hechos que, en el ejercicio de su función
personalmente ejecute o compruebe y también respecto
a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4
L.P.R.A. sec. 2002.
A base de esta función pública, existe una presunción
de que un documento notarial avalado por la dación de fe
de un notario cumple con todas las formalidades de ley y
es legal, verdadero y legítimo.
brinda
la
confianza
de
que
Además, la dación de fe
los
hechos
jurídicos
y
circunstancias que acredita el notario fueron percibidos y
comprobados con sus sentidos o ejecutados por él. In re
Feliciano, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Véase además, In re
Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 7 (1999). Es precisamente esta
presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le
brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial.
Por esto, es imprescindible que el notario actúe con el
más alto grado de honradez y honestidad como custodio de
la fe pública notarial. In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570
(1976). Véase además, In re Vera Vélez, supra, 7, In re
Tejada Rivera, supra, 180.
Al
ejercer
esta
función
pública
el
notario
debe
cumplir estrictamente tanto con la Ley Notarial como con
el Código de Ética Profesional, cuyo Canon 35 impone a
todo
abogado
un
deber
de
sinceridad
y
honradez.
4
L.P.R.A. Ap. IX, C.35. In re Vera Vélez, supra, 7. Dicho
canon dispone lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión
legal
ante
los
tribunales,
para
con
sus
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4
representados
y
en
las
relaciones
compañeros debe ser sincera y honrada.
con
sus
No es sincero ni honrado el utilizar medios que
sean inconsistentes con la verdad ni se debe
inducir al juzgador a error utilizando artificios o
una falsa relación de los hechos o del derecho. Es
impropio variar o distorsionar las citas jurídicas,
suprimir parte de ellas para transmitir una idea
contraria a la que el verdadero contexto establece
u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los
hechos al examinar los testigos, al redactar
afidávit u otros documentos, y al presentar causas.
El destruir evidencia documental o facilitar la
desaparición de evidencia testifical en un caso es
también altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX,
C. 35.
Conforme a esta disposición, cuando un notario da fe
de
un
hecho
falso
“[n]o
también
notarial,
si
no
profesión
al
incumplir
sólo
quebranta
socava
con
la
el
la
fe
pública
integridad
deber
de
de
la
honradez
y
sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del
Código de Ética Profesional, supra.” In re Rivera Arvelo y
Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 863 (1993). Véase además,
In re Vera Vélez, supra, 7-8.
Un
testimonio
o
declaración
de
autenticidad
documento notarial en el
cual
el notario da
veracidad
que
le
de
un
hecho
consta
de
es
un
fe de la
personal
conocimiento. El testimonio puede referirse, entre otras
cosas,
a
la
legitimación
de
firmas.
In
re
Figueroa
Álvarez, 155 D.P.R. 875, 882 (2001). Véase además, Art. 56
de la Ley Notarial, supra. En especial, un testimonio de
legitimación
de
firma
acredita
el
hecho
de
que
en
determinada fecha, una firma fue puesta en presencia del
notario y por la persona que el notario acredita que es
quien
dice
ser.
Este
tipo
de
testimonio
puede
o
no
comprender el juramento o afirmación del firmante. En este
testimonio,
el
notario
hará
constar
su
conocimiento
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5
personal del firmante o en su defecto la utilización de
los
medios
artículo
supletorios
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de
la
de
Ley
identificación
Notarial,
supra.
que
provee
Regla
el
67
del
fe
de
Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 67.
En
casos
anteriores
hemos
explicado
que
la
conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes
al
autorizar
lograr
el
documento
correspondencia
notarial.
real
y
El
legítima
mecanismo
entre
para
persona
y
firma, es que la ley exija la comparecencia y conocimiento
por el notario.
In re Cruz Cruz, 126 D.P.R.
448, 451
(1990). Véase además, In re Medina Lugo, 136 D.P.R. 120,
124 (1994).
Además de las exigencias de la Ley Notarial, cuando un
notario autoriza un testimonio de legitimación de firma
debe
cumplir
con
el
deber
de
sinceridad
y
honradez
impuesto por el Canon 35 del Código de Ética Profesional,
supra.
El
notario
debe
ajustarse
a
la
sinceridad
y
realidad de los hechos que acredite bajo su fe notarial.
Respecto
a
las
declaraciones
juradas,
que
son
testimonios de legitimación de firma, es norma reiterada
por este Tribunal que conforme a lo que exigen la Ley
Notarial y el Canon 35 del Código de Ética Profesional,
los notarios “[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe
notarial de declaración jurada si la persona que va a
otorgar
el
documento
o
la
declaración
jurada
no
ha
comparecido personalmente.” In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R.
848, 849 (1977). Véase además, In re Surillo Ascar, 2004
T.S.P.R. 12, In re Medina Lugo, supra, 124, In re López de
Victoria Bras, 135 D.P.R. 688, 695-696 (1994),
In re
Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603, 608 (1994), In re Nieves
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Rivera,
6
124
D.P.R.
803,
808
(1989),
In
re
González
González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987).
En una declaración jurada la fe pública se concretiza
a través de la persona del notario con la presencia del
compareciente o firmante. In re González González, supra,
499. Por esto, si al momento de firmar la declaración
jurada el notario no está presente o si el documento es
autorizado en ausencia de la persona firmante, el notario
quebranta
la
fe
pública
notarial,
afectando
todo
el
da
que
la
sistema. Id.
De
igual
declaración
forma,
jurada
si
el
notario
fue
suscrita
y
fe
de
firmada
por
los
declarantes en su presencia y esto es un hecho falso, el
notario quebranta el deber de sinceridad y honradez que le
impone
el
Además,
Canon
es
35
norma
del
Código
de
clara
de
este
Ética
Profesional.
Tribunal
que
la
certificación de un hecho falso es una de las faltas más
graves
que
puede
cometer
un
notario.
In
re
Vargas
licenciado
Rivera
Hernández, supra, 607.
En
este
caso
en
particular,
el
Aponte autorizó una declaración jurada en ausencia de los
declarantes y sin haber estado presente al momento en que
éstos firmaron el documento. Además, el notario dio fe de
que
los
declarantes
habían
suscrito
y
firmado
la
declaración jurada en su presencia, cuando esto implicaba
acreditar un hecho falso en el documento notarial.
Esta
actuación
del
licenciado
Rivera
Aponte
es
evidentemente quebrantadora de la fe pública notarial y
violatoria
del
deber
de
sinceridad
y
honradez
que
le
impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional. Hemos
repudiado
dicha
práctica
reiteradamente.
La
misma
ha
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generado seria preocupación respecto a la importancia que
le brindan los notarios a su función pública de ser los
principales custodios de la fe pública notarial.
In re
Sánchez Ruiz, supra. Véase además, In re Surillo Ascar,
supra, In re Medina Lugo, supra, In re López de Victoria
Bras, supra,
In re Vargas Hernández, supra, In re Nieves
Rivera, supra, In re González González, supra.
Procede, pues, disciplinar la conducta antiética del
licenciado
Rivera
Aponte.
Lo
hacemos,
al
igual
que
en
casos anteriores, tomando en consideración los siguientes
factores:
(i) la buena reputación del abogado en la comunidad;
(ii) el historial previo de éste; (iii) si ésta
constituye su primera falta y si ninguna parte ha
resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta
y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una
conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en
su actuación; (vii) resarcimiento al cliente; y
(viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien
atenuantes o agravantes, que medien a tenor con los
hechos. In re Quiñones Ayala, 2005 T.S.P.R. 99. Véase
además, In re Meléndez la Fontaine, 2006 T.S.P.R. 22.
Debido
a
la
buena
reputación
del
licenciado
Rivera
Aponte, el hecho de que ésta es su primera falta, que la
aceptó
y
mostró
su
arrepentimiento,
que
la
conducta
sancionada fue una conducta aislada dentro de sus 20 años
de desempeño como notario y que no actuó movido por ánimo
de lucro, se ordena la suspensión del licenciado Rivera
Aponte del ejercicio de la notaría por el término de un
(1) mes.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Julio E. Rivera Aponte
Queja
AB 2004-64
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2006.
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente, se suspende al licenciado
Rivera Aponte del ejercicio de la notaría por el
término de un (1) mes.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse
de la obra y sello notarial del licenciado Rivera
Aponte y entregarlos a la Directora de la Oficina de
Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor
Fuster Berlingeri no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo