Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sofia Martí Soler v. Fernando Gallardo Álvarez
2007 TSPR 9
Poder Judicial de Puerto Rico
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Sofia Martí Soler v. Fernando Gallardo Álvarez
CC-2006-0503
Procedimiento Civil – Solicitud de Inhibición de Juez bajo la Regla 63.2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sofía Martí Soler
Peticionaria
Certiorari
v.
2007 TSPR 9
Fernando Gallardo Álvarez
170 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2006-503
Fecha: 19 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. José Miranda de Hostos
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Emilio F. Soler
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Ludwig Ortiz Belaval
Materia: Acción Civil
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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sofía Marti Soler
Peticionaria
v.
CC-2006-503
Fernando Gallardo Álvarez
Recurrido
PER CURIAM
San Juan Puerto Rico a 19 de enero de 2007
En esta ocasión nos corresponde determinar si
presentada una moción de inhibición sin juramentar
posterior
a
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
hubiese dictado sentencia, el juez contra quien se
presenta, debe abstenerse de resolver las mociones
post-sentencia
los
méritos
juez.
pendientes
de
la
hasta
moción
de
tanto
se
inhibición
diluciden
ante
otro
A la luz de los hechos particulares en este
caso, resolvemos en la negativa.
I.
El
caso
ante
nuestra
consideración
tiene
su
origen el 8 de julio de 2004, cuando la recurrente,
Sra. Sofía
Martí
Soler,
instó una acción
civil de
2
CC-2006-503
liquidación de sociedad de gananciales contra su ex-esposo,
el
recurrido,
Certiorari,
Sr.
Fernando
Gallardo
Apéndice
V,
41.
pág.
Álvarez.
Poco
Véase,
después,
la
demandante presentó una moción urgente al tribunal en la
cual solicitaba se tomaran medidas provisionales sobre la
administración de los bienes gananciales ya que alegó que su
ex-esposo
la
había
defraudado
y
había
incurrido,
presuntamente, en actos delictivos.
El demandado-recurrido presentó una moción por derecho
propio solicitando prórroga para contestar la demanda ya que
según alegó, su representación legal estaba de viaje.
después,
la
abogada
que
alegadamente
le
Poco
representaba
presentó una moción donde indicó que ella no había sido
contratada por el señor Gallardo
representante legal.
éste
un
término
por lo cual no era su
El tribunal entonces le concedió a
de
treinta
días
para
que
anunciara
su
representación legal.
Así las cosas, el tribunal le anotó la rebeldía al
demandado-recurrido.
Posteriormente, el demandado presentó
por
propio
su
ordenó
consignar
derecho
tribunal
le
contestación
la
a
la
cantidad
demanda.
de
$50.00
sanción, para proceder a levantarle la rebeldía.1
El
como
En la
resolución indicó que la vista en rebeldía se convertiría en
una vista con antelación al juicio.
La referida vista se celebró el 2 de diciembre de 2004.
A
1
ésta
el
recurrido
compareció
representado
por
abogado
No surge del expediente del Tribunal de Primera Instancia
que el demandado hubiese consignado la referida cantidad.
3
CC-2006-503
quién días antes había asumido su representación legal.
La
vista se celebró en esa fecha, convirtiéndose para todos los
efectos
en
una
vista
de
seguimiento,
por
lo
que
la
conferencia con antelación al juicio quedó pautada para el
17 de febrero de 2005.
Posteriormente se señaló el caso
para vista en su fondo, pero la misma no se pudo celebrar
debido
a
la
incomparecencia
del
abogado
del
demandado.
Luego de varios trámites procesales se pautó el juicio para
el 5 de abril del 2005.
Ángel
Pagán
Ocasio,
la
A esta vista, ante el juez Hon.
representación
legal
de
la
parte
demandada no compareció y el abogado de la demandante le
informó al tribunal del estado de las conversaciones entre
las partes.
La vista fue re-señalada.
El 27 de mayo de 2005, la representación legal del
demandado presentó una moción solicitando se le autorizara
renunciar
a
la
representación
del
señor
Gallardo.
El
Tribunal de Primera Instancia accedió a la solicitud y le
concedió veinte (20) días al demandado para que anunciara
nueva representación legal.
El
29
de
septiembre,
se
celebró
una
vista
de
seguimiento a la cual no compareció la parte demandada.
En
es fecha el foro primario le anotó la rebeldía al demandado,
señalándose la fecha para la vista en rebeldía.
La vista en rebeldía se celebró en la fecha pautada.
La
misma
fue
presidida
por
el
juez
Pagán
Ocasio.
La
peticionaria compareció representada por su abogado y el
recurrido
por
derecho
propio.
Del
récord
surge
que
el
4
CC-2006-503
demandado era consciente de que la vista era una en rebeldía
y él participó activamente en la misma.
El Tribunal de
Primera Instancia dictó sentencia liquidando la comunidad de
bienes el 8 de noviembre de 2005 y la notificó a las partes
el 29 de noviembre de 2005.
Véase, Certiorari, Apéndice I,
págs. 1-10.
El 9 de diciembre de 2005, el recurrido, por conducto
de
una
nueva
representación
titulado
“Moción
Iniciales
o
Juicio
al
Solicitando
legal,
presentó
Enmiendas
o
un
Determinaciones
Adicionales,
de
Reconsideración
y
amparo
las
Reglas
47
de
escrito
43.3,
de
Nuevo
y
48,
respectivamente, de las Reglas de Procedimiento Civil de
Puerto
Rico
de
1979
y
en
Solicitud
de
Inhibición
del
Honorable Juez Pagán Ocasio.”
En cuanto a la solicitud de inhibición, la cual fue
presentada
sin
juramentar,
el
recurrido
alegó
“…que
el
proceso fue presidido por un Juez que debió haberse inhibido
motu propio (sic), sobre todo cuando escuchó de forma ex
parte a la demandante declarar bajo juramento sobre hechos
que luego testificó nuevamente en el juicio…”2 Certiorari,
Apéndice II, pág. 18.
La alegación que antecede se basa en
una orden de allanamiento emitida por el juez Pagán Ocasio
el 1 de julio de 2004, para registrar un almacén público
alegadamente arrendado por el señor Gallardo Álvarez, en
2
No fue hasta el 27 de abril de 2006, luego de dictada la
sentencia del Tribunal de Apelaciones, que el recurrido
presentó la declaración jurada correspondiente.
Véase,
Memorando en Oposición a que se Expida Auto de Certiorari,
Alegato de la Parte Demandada-Recurrida, Apéndice I, págs.
1-2.
5
CC-2006-503
busca de un vehículo presuntamente hurtado que le pertenecía
a la señora Martí Soler.3
Certiorari, Apéndice V, págs. 64-
66.
El juez Pagán Ocasio procedió a resolver las mociones
sobre determinaciones de hechos adicionales, reconsideración
y nuevo juicio, declarándolas sin lugar. Sobre la moción de
inhibición
dispuso
que
aunque
tardía,
la
refería
a
la
atención del Hon. Misael Ramos Torres, Juez Coordinador de
Asuntos de lo Civil.
de enero de 2006.
El
juez
Esta Resolución fue notificada el 23
Certiorari, Apéndice V, pág. 139.
Ramos
Torres
emitió
una
orden
sobre
el
particular el 24 de enero de 2006, la cual se notificó el 10
de febrero de 2006.
Indicó, que no tenía nada que disponer
en esa etapa de los procedimientos y que de ser necesario
dispondría oportunamente.
Certiorari, Apéndice IV pág. 25 y
Apéndice V, pág. 141.
Inconforme
presentó
un
con
recurso
dicha
de
determinación,
certiorari
ante
Apelaciones el 27 de febrero de 2006.
Coordinador
presentada.
erró
al
no
resolver
la
el
el
recurrido
Tribunal
de
Alegó que el Juez
moción
de
inhibición
Además, planteó que había cometido error el
Tribunal de Primera Instancia al resolver las mociones de
reconsideración, de determinaciones de hechos adicionales y
nuevo juicio sin haber dilucidado antes los méritos de la
petición de inhibición.
3
Como tercer error señaló que de
La orden manifiesta que el juez evaluó una declaración
jurada firmada por la Sra. Sofía Martí Soler pero no se hace
referencia a testimonio alguno ofrecido por la recurrente.
Certiorari, Apéndice II, págs. 64-66.
6
CC-2006-503
tener
la
facultad
el
juez
Pagán
Ocasio
para
atender
la
moción, entonces cometió error al declararla no ha lugar.
Véase, Certiorari, Apéndice V, pág. 33.
El Tribunal de Apelaciones, luego de declarar no ha
lugar una moción de desestimación por falta de jurisdicción
presentada por la señora Martí Soler, expidió el auto de
certiorari.
Oportunamente dictó sentencia en la que dejó
sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia
denegando la moción de reconsideración, de determinaciones
de hechos adicionales y de nuevo juicio.
Devolvió el caso
al
fuera
foro
inferior
para
que
el
juez
que
designado
procediera a resolver la moción de inhibición y luego se
resolvieran
Álvarez.
De
las
mociones
instadas
por
el
señor
Gallardo
Íbid, pág. 232.
esta
determinación
la
peticionaria
recurrió
ante
nosotros mediante el correspondiente recurso de certiorari.
Señaló que erró el Tribunal Apelativo al denegar la moción
de desestimación y revocar la denegatoria de las mociones
post-sentencia,
por
entender
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia debió abstenerse de decidir.
El 21 de julio de 2006 emitimos una orden de mostrar
causa dirigida al recurrido de por qué no debíamos expedir
el
auto
solicitado
apelativo.
Éste
y
revocar
la
determinación
del
compareció
por
lo
ulterior
que,
trámite, pasamos a resolver conforme intimamos.
sin
foro
7
CC-2006-503
II.
El juez ejerce en nuestra sociedad una singular función
de equilibrio en los conflictos humanos.
Debe “discernir el
bien del mal, para distinguir lo que puede y debe hacerse,
de
aquello
que
debe
ser
evitado.”
Soto
Nieto,
Ética
profesional y su proyección en la prueba penal, en Ética de
las
profesiones
jurídicas,
Estudios
sobre
Deontología,
Quaderna Editorial, Murcia, España, 2003, vol. I, pág. 591.
El Estado de Derecho se asienta sobre el recto y sabio
ejercicio de las funciones judiciales.
La singularidad de
esta función, configura la imparcialidad del juzgador como
exigencia
del
debido
proceso
de
ley.
Véase,
Hernández
González v. Izquierdo Encarnación, res. 4 de abril de 2005,
163 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R. 38; Rivera Rodríguez v. Lee
Stowell, 133 D.P.R. 881, 888-889 (1993); Rivera Santiago v.
Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (1987).
El ordenamiento legal ha provisto de varios mecanismos
que le garantizan al ciudadano que en la adjudicación de su
causa el juzgador será un ente imparcial.
Y es que así debe
ser pues los tribunales constituyen el último asidero de la
fe
de
nuestro
pueblo
en
la
Justicia.
“La
fe
de
la
ciudadanía en el sistema de justicia que impera en nuestro
país . . . se preserva únicamente en la medida en que los
ciudadanos
confíen
imparcialidad
de
en
quienes
impartir justicia.”
la
integridad,
tienen
la
noble
honestidad
e
encomienda
de
Rivera Cartagena v. Mariani y otros,
8
CC-2006-503
res. 16 de octubre de 2003, 160 D.P.R. ___, 2003 T.S.P.R.
151.
El Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial, ordena a
los jueces a inhibirse en caso de perjuicio o parcialidad
que
les
impida
presidir
un
procedimiento
judicial
manera más justa, objetiva e imparcial.4
Procedimiento
Civil
por
su
parte,
32
Las
de
la
Reglas de
L.P.R.A.
Ap.
III,
regulan el procedimiento para solicitar la inhibición del
juez y así salvaguardar el derecho del litigante a un debido
proceso de ley.
El procedimiento para la inhibición o recusación de un
juez
que
preside
específicamente
en
un
la
caso
Regla
civil
63
de
está
dispuesto
las
Reglas
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 63.
La Regla
63.2, pauta el contenido de una moción de inhibición.
esos
efectos
jurada
y
dispone:
expondrá
los
“Cualquier
recusación
hechos
que
en
se
de
deberá
funda.
A
ser
Dicha
recusación deberá ser presentada tan pronto el solicitante
advenga en conocimiento de la causa de recusación.”
Regla
63.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.
III, R. 63.2.
4
El referido Canon dispone:
“Las juezas y los jueces
entenderán y adjudicarán los asuntos que se les asignen,
salvo aquellos en los que la ley requiera su inhibición y en
cualesquiera de los casos siguientes, pero sin limitarse a
éstos:
a. por tener prejuicio o parcialidad hacia
cualesquiera de las personas, las abogadas o los
abogados que intervengan en el pleito o por haber
prejuzgado el caso…”
In re:
Aprobación de
Cánones de Ética Judicial de 2005, 163 D.P.R. ___
(2005), 2005 T.S.P.R. 39, Canon 20.
9
CC-2006-503
De lo anterior se desprende que los componentes de la
solicitud de inhibición son la juramentación, la exposición
de los hechos en que se asienta y además, la exigencia
temporal que la misma se presente sin dilación alguna una
vez se conozcan las razones o motivos para la inhibición.
Estas
exigencias
obedecen
a
serias
consideraciones
de
política pública pues la solicitud de inhibición pone en
tela de juicio la imparcialidad en la adjudicación de una
controversia,
Justicia.
elemento
éste
de
la
esencia
misma
de
la
No son éstos meros requerimientos superfluos o
tecnicismos triviales de los cuales se puede prescindir al
antojo.
De 1904 hasta el 1958, la materia de inhibición de
jueces estaba regulada por los artículos 23 y 83 del Código
de
Enjuiciamiento
disposiciones
Civil
mediante
causa
inhibición
enumeradas.
derogados.
la
inhibición
de
juez
se
donde
se
especificaba
la
las
causales
allí
en
vista
estatutarias,
solicitaba
de
ya
La
una
moción
a
la
petición
luz
debía
de
Bajo
sostenerse
evidenciaria citada para esos propósitos.
un
una
estas
No se exigía que
la solicitud fuera juramentada.5
Con
las
Reglas
de
Procedimiento
Civil
de
1958,
se
introdujo por primera vez la exigencia de que hubiese una
5
Los Arts. 23 y 83 del Código de Enjuiciamiento Civil de
Puerto Rico provienen del Código de Enjuiciamiento Civil de
California. Del proceso de inhibición bajo las disposiciones
del código californiano se desprende el requisito de que la
solicitud de inhibición se hiciera mediante una affidávit.
Véase, Codes and Statutes of California, Code of Civil
Procedure, 1901, Sec. 170, pág. 40.
10
CC-2006-503
declaración
bajo
juramento.
El
eje
principal
del
procedimiento establecido por dichas reglas fue precisamente
esa declaración jurada imputando perjuicio, lo que se conoce
como
el
“affidavit
of
prejudice”.
R.
Hernández
Colón,
Manual de Derecho Procesal Civil, Orford, N. H., 2da ed.
rev. 1981, pág. 208-210.
Adviértase que previo al 1958,
como indicamos, la solicitud de inhibición se dilucidaba en
una vista evidenciaria donde, evidentemente, el testimonio
vertido era bajo juramento.
Con las Reglas del 1958 se
eliminó
vista
el
requerimiento
moción juramentada.
de
pero
se
introdujo
la
No es irrazonable concluir a base de lo
anterior, que la exigencia de que la petición se juramente
sustituye el testimonio bajo juramento que se requería bajo
el esquema anterior del Código de Enjuiciamiento Civil.
La
vigente
Regla
63.2,
aprobada
en
1979,
supra,
simplificó el procedimiento para solicitar la inhibición de
un juez, manteniendo el requisito de juramentación.
J. A.
Cuevas
Civil,
Segarra,
Publicaciones
JTS,
Tratado
de
Derecho
2000,
Tomo
II,
Procesal
Cap.
X,
pág.
1135;
Hernández Colón, op. cit., pág. 213.
La
regla,
según
redactada,
pretende
establecer
un
adecuado balance entre el derecho de todo litigante a tener
un juzgador imparcial y el respeto institucional debido a
los tribunales y sus magistrados.6
6
De ahí que la regla
“El abogado debe observar para con los tribunales una
conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello
incluye la obligación de desalentar y evitar ataques
injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o
contra el buen orden en la administración de la justicia en
11
CC-2006-503
establezca un mecanismo relativamente sencillo para que el
litigante solicite la inhibición de un juez, pero a su vez
exige que la solicitud sea juramentada y se presente tan
pronto se tenga consciencia de la razón o los motivos para
la inhibición.
Adviértase
alegaciones,
que
el
mociones
u
excepción y no la regla.
requisito
otros
de
escritos
juramentar
judiciales
es
las
la
“El propósito del juramento es el
de someter a la parte a la penalidad de perjurio si se
probara
que
el
contenido
de
sus
manifestaciones
o
declaraciones juradas no es cierto, por lo que carece de
eficacia
cualquier
escrito
que
bajo
las
Reglas
Procedimiento Civil deba ser jurado y no lo esté.”
nuestro.)
de
(Énfasis
Piñero Fernández v. Martínez Santiago, 104 D.P.R.
587, 590 (1976).7
La exigencia de una declaración jurada sirve entonces
como mecanismo profiláctico para frenar la presentación de
mociones de inhibición infundadas y frívolas.
Véase, In re:
Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768, 778 (1990) (Rebollo López, J.,
op. dis.)
empañar
la
Así se evita mancillar la reputación de un juez y
imagen
procesos judiciales.
de
objetividad
e
imparcialidad
de
los
Pues, después de todo, la credibilidad
_________________________
los tribunales…” Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX C.9.
7
En Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815
(1983), atemperamos la doctrina de Piñero Fernández v.
Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587 (1976), al resolver que la
omisión de jurar una demanda instada a tenor con la Ley Núm.
74 de 30 de mayo de 1976, 26 L.P.R.A. sec. 4110, podía ser
subsanada
mediante
solicitud
al
efecto
de
la
parte
demandante.
12
CC-2006-503
del juez se revela indispensable para la eficaz función de
apaciguador de tensiones.
“Dada la naturaleza y delicadeza
del asunto es requisito sine qua non para ser considerada
que
la
moción
[de
inhibición]
(Énfasis nuestro.)
juramento.”
debe
venir
acompañada
de
Cuevas Segarra, op. cit.,
pág. 1135.
En
igual
sentido,
el
requisito
que
la
moción
se
presente tan pronto se tenga conocimiento de la causa de
inhibición, pretende evitar el abuso en la presentación de
este
tipo
de
innecesariamente
colocar
a
la
moción.
este
parte
Permitir
planteamiento
que
solicita
que
tiene
la
el
se
efecto
inhibición
posición privilegiada frente a su contraparte.
dilate
en
de
una
Así, si el
fallo recaído le beneficia la parte guarda silencio y si le
es desfavorable solicita la inhibición.
Departamento de la
Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618, 646 (1999).
Lo cierto es que el derecho del litigante a solicitar
la inhibición de un juez está limitado por los principios de
la buena fe, abuso del derecho e incuria.
op. cit., pág. 1120.
Cuevas Segarra,
Ciertamente, ninguna dimensión del
comportamiento humano es ajena a la ética.
Véase, Gabaldón
López, Reflexiones sobre la Ética Judicial, en Ética de las
profesiones jurídicas, op. cit., vol. II, págs. 781 et seq.
En
consecuencia,
si
una
parte
conociendo
las
causas
de
inhibición de un magistrado guarda silencio y se somete al
procedimiento
ante
ese
juez,
renuncia
a
su
derecho
a
13
CC-2006-503
solicitar su inhibición luego de que ha recaído sentencia.
Hernández Colón, op. cit., pág. 212.
Por otra parte, la Regla 63.3 establece que “presentada
y notificada la solicitud a que se refiere la Regla 63.2, se
designará otro juez para que resuelva la misma”.
Regla 63.3
de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
R. 63.3.8
En otras palabras, el mandato contenido en la
Regla
63.3
es
que
inhibición
que
reúna
cuando
los
se
presente
requisitos
una
solicitud
establecidos
en
de
el
inciso anterior, ésta debe ser referida a otro juez.
Con este marco doctrinal de trasfondo veamos los hechos
del caso.
III.
En el caso ante nuestra consideración el recurrido, una
vez recayó sentencia en su contra, presentó una moción sin
juramentar solicitando la inhibición del juez Pagán Ocasio,
por hechos conocidos desde que se instó la demanda.
Como
vimos anteriormente, el requisito de juramentación es uno
sine qua non de la moción de inhibición, por lo que su
incumplimiento, en este caso, se levanta como impedimento
para considerar la misma como tal.
Como señalamos en Piñero
Fernández, ante, “carece de eficacia” aquella moción que las
Reglas de Procedimiento Civil disponen ha de presentarse
8
La Regla 63.3 recoge un sano principio adoptado en 1958,
sin correspondencia federal. J. A. Cuevas Segarra, Tratado
de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2000, Tomo II,
Cap. X, pág. 1137, Reglas de Práctica para Puerto Rico,
Orford, N.H., 1959, pág. 121, Tribunal Supremo de Puerto
Rico, Borrador del Proyecto de Reglas de Enjuiciamiento
Civil, 1954, pág. 162.
14
CC-2006-503
jurada.
De
esta
forma,
como
se
discutió,
se
evita
la
presentación de mociones frívolas que afectan la tramitación
de un caso y cuestionan la integridad del proceso judicial.
Resolvemos por lo tanto que en este caso y dado las
particularidades del mismo, la petición de inhibición no
constituyó una eficaz moción de inhibición que le impidiese
al juez de instancia atender la solicitud de determinaciones
de hechos, reconsideración y nuevo juicio presentada en el
mismo escrito donde se solicitó la inhibición.
Habida
cuenta
de
lo
anterior,
la
resolución
del
Tribunal de Primera Instancia declarando no ha lugar las
mociones
sobre
determinaciones
de
hechos
adicionales,
reconsideración y nuevo juicio marcó el inicio del término
para apelar; en cuyo caso, el recurrido tenía hasta el 22 de
febrero de 2006 para presentar su recurso de apelación.9
Habiéndose presentado ante el Tribunal de Apelaciones
el recurso de certiorari el 27 de febrero de 2006, el mismo
fue tardío y dicho foro no tenía jurisdicción para acogerlo
y
9
posteriormente
dictar
sentencia
como
hizo.10
En
“El recurso de apelación deberá ser presentado en la forma
antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de
treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una
copia de la notificación de la sentencia dictada por el
tribunal apelado.”
Regla 53.1 (c) de las Reglas de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, Regla 53.1 (c).
Véase también, Morán Ríos v. Martí Bardisona, res. 5 de
agosto de 2005, 165 D.P.R. ___, 2005 TSPR 110; Juliá v.
Vidal S.E., 153 D.P.R. 357, 365-367 (2001); Santiago v.
Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 897 (1997).
10
En el recurso de certiorari presentado ante el Tribunal
de Apelaciones también se solicitó la revisión de la orden
dictada por el Hon. Misael Ramos Torres.
La orden en
cuestión no tiene ninguna eficacia ya que su génesis es una
moción de inhibición, que como explicamos, es inoficiosa.
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CC-2006-503
conclusión, el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción
para entender en el recuso de certiorari presentado por el
recurrido.
En atención a lo anterior, procede que se expida el
auto
solicitado
y
se
dicte
sentencia
revocativa
de
la
misma
es
dictada por el Tribunal de Apelaciones.
Se dicta sentencia de conformidad
_________________________
Cualquier trámite ulterior
improcedente.
consecuencia
de
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sofía Marti Soler
Peticionaria
vi.
CC-2006-503
Fernando Gallardo Álvarez
Recurrido
SENTENCIA
San Juan Puerto Rico a 19 de enero de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se expide el auto
solicitado y se revoca la sentencia dictada por
el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El
Juez
Asociado
señor
Rivera
Pérez
no
intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo