LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sofia Martí Soler v. Fernando Gallardo Álvarez

2007 TSPR 9

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sofia Martí Soler v. Fernando Gallardo Álvarez

CC-2006-0503

Procedimiento Civil – Solicitud de Inhibición de Juez bajo la Regla 63.2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sofía Martí Soler

Peticionaria

Certiorari

v.

2007 TSPR 9

Fernando Gallardo Álvarez

170 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2006-503

Fecha: 19 de enero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón

Juez Ponente:

Hon. José Miranda de Hostos

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Emilio F. Soler

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ludwig Ortiz Belaval

Materia: Acción Civil

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sofía Marti Soler

Peticionaria

v.

CC-2006-503

Fernando Gallardo Álvarez

Recurrido

PER CURIAM

San Juan Puerto Rico a 19 de enero de 2007

En esta ocasión nos corresponde determinar si

presentada una moción de inhibición sin juramentar

posterior

a

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

hubiese dictado sentencia, el juez contra quien se

presenta, debe abstenerse de resolver las mociones

post-sentencia

los

méritos

juez.

pendientes

de

la

hasta

moción

de

tanto

se

inhibición

diluciden

ante

otro

A la luz de los hechos particulares en este

caso, resolvemos en la negativa.

I.

El

caso

ante

nuestra

consideración

tiene

su

origen el 8 de julio de 2004, cuando la recurrente,

Sra. Sofía

Martí

Soler,

instó una acción

civil de

2

CC-2006-503

liquidación de sociedad de gananciales contra su ex-esposo,

el

recurrido,

Certiorari,

Sr.

Fernando

Gallardo

Apéndice

V,

41.

pág.

Álvarez.

Poco

Véase,

después,

la

demandante presentó una moción urgente al tribunal en la

cual solicitaba se tomaran medidas provisionales sobre la

administración de los bienes gananciales ya que alegó que su

ex-esposo

la

había

defraudado

y

había

incurrido,

presuntamente, en actos delictivos.

El demandado-recurrido presentó una moción por derecho

propio solicitando prórroga para contestar la demanda ya que

según alegó, su representación legal estaba de viaje.

después,

la

abogada

que

alegadamente

le

Poco

representaba

presentó una moción donde indicó que ella no había sido

contratada por el señor Gallardo

representante legal.

éste

un

término

por lo cual no era su

El tribunal entonces le concedió a

de

treinta

días

para

que

anunciara

su

representación legal.

Así las cosas, el tribunal le anotó la rebeldía al

demandado-recurrido.

Posteriormente, el demandado presentó

por

propio

su

ordenó

consignar

derecho

tribunal

le

contestación

la

a

la

cantidad

demanda.

de

$50.00

sanción, para proceder a levantarle la rebeldía.1

El

como

En la

resolución indicó que la vista en rebeldía se convertiría en

una vista con antelación al juicio.

La referida vista se celebró el 2 de diciembre de 2004.

A

1

ésta

el

recurrido

compareció

representado

por

abogado

No surge del expediente del Tribunal de Primera Instancia

que el demandado hubiese consignado la referida cantidad.

3

CC-2006-503

quién días antes había asumido su representación legal.

La

vista se celebró en esa fecha, convirtiéndose para todos los

efectos

en

una

vista

de

seguimiento,

por

lo

que

la

conferencia con antelación al juicio quedó pautada para el

17 de febrero de 2005.

Posteriormente se señaló el caso

para vista en su fondo, pero la misma no se pudo celebrar

debido

a

la

incomparecencia

del

abogado

del

demandado.

Luego de varios trámites procesales se pautó el juicio para

el 5 de abril del 2005.

Ángel

Pagán

Ocasio,

la

A esta vista, ante el juez Hon.

representación

legal

de

la

parte

demandada no compareció y el abogado de la demandante le

informó al tribunal del estado de las conversaciones entre

las partes.

La vista fue re-señalada.

El 27 de mayo de 2005, la representación legal del

demandado presentó una moción solicitando se le autorizara

renunciar

a

la

representación

del

señor

Gallardo.

El

Tribunal de Primera Instancia accedió a la solicitud y le

concedió veinte (20) días al demandado para que anunciara

nueva representación legal.

El

29

de

septiembre,

se

celebró

una

vista

de

seguimiento a la cual no compareció la parte demandada.

En

es fecha el foro primario le anotó la rebeldía al demandado,

señalándose la fecha para la vista en rebeldía.

La vista en rebeldía se celebró en la fecha pautada.

La

misma

fue

presidida

por

el

juez

Pagán

Ocasio.

La

peticionaria compareció representada por su abogado y el

recurrido

por

derecho

propio.

Del

récord

surge

que

el

4

CC-2006-503

demandado era consciente de que la vista era una en rebeldía

y él participó activamente en la misma.

El Tribunal de

Primera Instancia dictó sentencia liquidando la comunidad de

bienes el 8 de noviembre de 2005 y la notificó a las partes

el 29 de noviembre de 2005.

Véase, Certiorari, Apéndice I,

págs. 1-10.

El 9 de diciembre de 2005, el recurrido, por conducto

de

una

nueva

representación

titulado

“Moción

Iniciales

o

Juicio

al

Solicitando

legal,

presentó

Enmiendas

o

un

Determinaciones

Adicionales,

de

Reconsideración

y

amparo

las

Reglas

47

de

escrito

43.3,

de

Nuevo

y

48,

respectivamente, de las Reglas de Procedimiento Civil de

Puerto

Rico

de

1979

y

en

Solicitud

de

Inhibición

del

Honorable Juez Pagán Ocasio.”

En cuanto a la solicitud de inhibición, la cual fue

presentada

sin

juramentar,

el

recurrido

alegó

“…que

el

proceso fue presidido por un Juez que debió haberse inhibido

motu propio (sic), sobre todo cuando escuchó de forma ex

parte a la demandante declarar bajo juramento sobre hechos

que luego testificó nuevamente en el juicio…”2 Certiorari,

Apéndice II, pág. 18.

La alegación que antecede se basa en

una orden de allanamiento emitida por el juez Pagán Ocasio

el 1 de julio de 2004, para registrar un almacén público

alegadamente arrendado por el señor Gallardo Álvarez, en

2

No fue hasta el 27 de abril de 2006, luego de dictada la

sentencia del Tribunal de Apelaciones, que el recurrido

presentó la declaración jurada correspondiente.

Véase,

Memorando en Oposición a que se Expida Auto de Certiorari,

Alegato de la Parte Demandada-Recurrida, Apéndice I, págs.

1-2.

5

CC-2006-503

busca de un vehículo presuntamente hurtado que le pertenecía

a la señora Martí Soler.3

Certiorari, Apéndice V, págs. 64-

66.

El juez Pagán Ocasio procedió a resolver las mociones

sobre determinaciones de hechos adicionales, reconsideración

y nuevo juicio, declarándolas sin lugar. Sobre la moción de

inhibición

dispuso

que

aunque

tardía,

la

refería

a

la

atención del Hon. Misael Ramos Torres, Juez Coordinador de

Asuntos de lo Civil.

de enero de 2006.

El

juez

Esta Resolución fue notificada el 23

Certiorari, Apéndice V, pág. 139.

Ramos

Torres

emitió

una

orden

sobre

el

particular el 24 de enero de 2006, la cual se notificó el 10

de febrero de 2006.

Indicó, que no tenía nada que disponer

en esa etapa de los procedimientos y que de ser necesario

dispondría oportunamente.

Certiorari, Apéndice IV pág. 25 y

Apéndice V, pág. 141.

Inconforme

presentó

un

con

recurso

dicha

de

determinación,

certiorari

ante

Apelaciones el 27 de febrero de 2006.

Coordinador

presentada.

erró

al

no

resolver

la

el

el

recurrido

Tribunal

de

Alegó que el Juez

moción

de

inhibición

Además, planteó que había cometido error el

Tribunal de Primera Instancia al resolver las mociones de

reconsideración, de determinaciones de hechos adicionales y

nuevo juicio sin haber dilucidado antes los méritos de la

petición de inhibición.

3

Como tercer error señaló que de

La orden manifiesta que el juez evaluó una declaración

jurada firmada por la Sra. Sofía Martí Soler pero no se hace

referencia a testimonio alguno ofrecido por la recurrente.

Certiorari, Apéndice II, págs. 64-66.

6

CC-2006-503

tener

la

facultad

el

juez

Pagán

Ocasio

para

atender

la

moción, entonces cometió error al declararla no ha lugar.

Véase, Certiorari, Apéndice V, pág. 33.

El Tribunal de Apelaciones, luego de declarar no ha

lugar una moción de desestimación por falta de jurisdicción

presentada por la señora Martí Soler, expidió el auto de

certiorari.

Oportunamente dictó sentencia en la que dejó

sin efecto la resolución del Tribunal de Primera Instancia

denegando la moción de reconsideración, de determinaciones

de hechos adicionales y de nuevo juicio.

Devolvió el caso

al

fuera

foro

inferior

para

que

el

juez

que

designado

procediera a resolver la moción de inhibición y luego se

resolvieran

Álvarez.

De

las

mociones

instadas

por

el

señor

Gallardo

Íbid, pág. 232.

esta

determinación

la

peticionaria

recurrió

ante

nosotros mediante el correspondiente recurso de certiorari.

Señaló que erró el Tribunal Apelativo al denegar la moción

de desestimación y revocar la denegatoria de las mociones

post-sentencia,

por

entender

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia debió abstenerse de decidir.

El 21 de julio de 2006 emitimos una orden de mostrar

causa dirigida al recurrido de por qué no debíamos expedir

el

auto

solicitado

apelativo.

Éste

y

revocar

la

determinación

del

compareció

por

lo

ulterior

que,

trámite, pasamos a resolver conforme intimamos.

sin

foro

7

CC-2006-503

II.

El juez ejerce en nuestra sociedad una singular función

de equilibrio en los conflictos humanos.

Debe “discernir el

bien del mal, para distinguir lo que puede y debe hacerse,

de

aquello

que

debe

ser

evitado.”

Soto

Nieto,

Ética

profesional y su proyección en la prueba penal, en Ética de

las

profesiones

jurídicas,

Estudios

sobre

Deontología,

Quaderna Editorial, Murcia, España, 2003, vol. I, pág. 591.

El Estado de Derecho se asienta sobre el recto y sabio

ejercicio de las funciones judiciales.

La singularidad de

esta función, configura la imparcialidad del juzgador como

exigencia

del

debido

proceso

de

ley.

Véase,

Hernández

González v. Izquierdo Encarnación, res. 4 de abril de 2005,

163 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R. 38; Rivera Rodríguez v. Lee

Stowell, 133 D.P.R. 881, 888-889 (1993); Rivera Santiago v.

Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (1987).

El ordenamiento legal ha provisto de varios mecanismos

que le garantizan al ciudadano que en la adjudicación de su

causa el juzgador será un ente imparcial.

Y es que así debe

ser pues los tribunales constituyen el último asidero de la

fe

de

nuestro

pueblo

en

la

Justicia.

“La

fe

de

la

ciudadanía en el sistema de justicia que impera en nuestro

país . . . se preserva únicamente en la medida en que los

ciudadanos

confíen

imparcialidad

de

en

quienes

impartir justicia.”

la

integridad,

tienen

la

noble

honestidad

e

encomienda

de

Rivera Cartagena v. Mariani y otros,

8

CC-2006-503

res. 16 de octubre de 2003, 160 D.P.R. ___, 2003 T.S.P.R.

151.

El Canon 20 de los Cánones de Ética Judicial, ordena a

los jueces a inhibirse en caso de perjuicio o parcialidad

que

les

impida

presidir

un

procedimiento

judicial

manera más justa, objetiva e imparcial.4

Procedimiento

Civil

por

su

parte,

32

Las

de

la

Reglas de

L.P.R.A.

Ap.

III,

regulan el procedimiento para solicitar la inhibición del

juez y así salvaguardar el derecho del litigante a un debido

proceso de ley.

El procedimiento para la inhibición o recusación de un

juez

que

preside

específicamente

en

un

la

caso

Regla

civil

63

de

está

dispuesto

las

Reglas

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 63.

La Regla

63.2, pauta el contenido de una moción de inhibición.

esos

efectos

jurada

y

dispone:

expondrá

los

“Cualquier

recusación

hechos

que

en

se

de

deberá

funda.

A

ser

Dicha

recusación deberá ser presentada tan pronto el solicitante

advenga en conocimiento de la causa de recusación.”

Regla

63.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III, R. 63.2.

4

El referido Canon dispone:

“Las juezas y los jueces

entenderán y adjudicarán los asuntos que se les asignen,

salvo aquellos en los que la ley requiera su inhibición y en

cualesquiera de los casos siguientes, pero sin limitarse a

éstos:

a. por tener prejuicio o parcialidad hacia

cualesquiera de las personas, las abogadas o los

abogados que intervengan en el pleito o por haber

prejuzgado el caso…”

In re:

Aprobación de

Cánones de Ética Judicial de 2005, 163 D.P.R. ___

(2005), 2005 T.S.P.R. 39, Canon 20.

9

CC-2006-503

De lo anterior se desprende que los componentes de la

solicitud de inhibición son la juramentación, la exposición

de los hechos en que se asienta y además, la exigencia

temporal que la misma se presente sin dilación alguna una

vez se conozcan las razones o motivos para la inhibición.

Estas

exigencias

obedecen

a

serias

consideraciones

de

política pública pues la solicitud de inhibición pone en

tela de juicio la imparcialidad en la adjudicación de una

controversia,

Justicia.

elemento

éste

de

la

esencia

misma

de

la

No son éstos meros requerimientos superfluos o

tecnicismos triviales de los cuales se puede prescindir al

antojo.

De 1904 hasta el 1958, la materia de inhibición de

jueces estaba regulada por los artículos 23 y 83 del Código

de

Enjuiciamiento

disposiciones

Civil

mediante

causa

inhibición

enumeradas.

derogados.

la

inhibición

de

juez

se

donde

se

especificaba

la

las

causales

allí

en

vista

estatutarias,

solicitaba

de

ya

La

una

moción

a

la

petición

luz

debía

de

Bajo

sostenerse

evidenciaria citada para esos propósitos.

un

una

estas

No se exigía que

la solicitud fuera juramentada.5

Con

las

Reglas

de

Procedimiento

Civil

de

1958,

se

introdujo por primera vez la exigencia de que hubiese una

5

Los Arts. 23 y 83 del Código de Enjuiciamiento Civil de

Puerto Rico provienen del Código de Enjuiciamiento Civil de

California. Del proceso de inhibición bajo las disposiciones

del código californiano se desprende el requisito de que la

solicitud de inhibición se hiciera mediante una affidávit.

Véase, Codes and Statutes of California, Code of Civil

Procedure, 1901, Sec. 170, pág. 40.

10

CC-2006-503

declaración

bajo

juramento.

El

eje

principal

del

procedimiento establecido por dichas reglas fue precisamente

esa declaración jurada imputando perjuicio, lo que se conoce

como

el

“affidavit

of

prejudice”.

R.

Hernández

Colón,

Manual de Derecho Procesal Civil, Orford, N. H., 2da ed.

rev. 1981, pág. 208-210.

Adviértase que previo al 1958,

como indicamos, la solicitud de inhibición se dilucidaba en

una vista evidenciaria donde, evidentemente, el testimonio

vertido era bajo juramento.

Con las Reglas del 1958 se

eliminó

vista

el

requerimiento

moción juramentada.

de

pero

se

introdujo

la

No es irrazonable concluir a base de lo

anterior, que la exigencia de que la petición se juramente

sustituye el testimonio bajo juramento que se requería bajo

el esquema anterior del Código de Enjuiciamiento Civil.

La

vigente

Regla

63.2,

aprobada

en

1979,

supra,

simplificó el procedimiento para solicitar la inhibición de

un juez, manteniendo el requisito de juramentación.

J. A.

Cuevas

Civil,

Segarra,

Publicaciones

JTS,

Tratado

de

Derecho

2000,

Tomo

II,

Procesal

Cap.

X,

pág.

1135;

Hernández Colón, op. cit., pág. 213.

La

regla,

según

redactada,

pretende

establecer

un

adecuado balance entre el derecho de todo litigante a tener

un juzgador imparcial y el respeto institucional debido a

los tribunales y sus magistrados.6

6

De ahí que la regla

“El abogado debe observar para con los tribunales una

conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello

incluye la obligación de desalentar y evitar ataques

injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o

contra el buen orden en la administración de la justicia en

11

CC-2006-503

establezca un mecanismo relativamente sencillo para que el

litigante solicite la inhibición de un juez, pero a su vez

exige que la solicitud sea juramentada y se presente tan

pronto se tenga consciencia de la razón o los motivos para

la inhibición.

Adviértase

alegaciones,

que

el

mociones

u

excepción y no la regla.

requisito

otros

de

escritos

juramentar

judiciales

es

las

la

“El propósito del juramento es el

de someter a la parte a la penalidad de perjurio si se

probara

que

el

contenido

de

sus

manifestaciones

o

declaraciones juradas no es cierto, por lo que carece de

eficacia

cualquier

escrito

que

bajo

las

Reglas

Procedimiento Civil deba ser jurado y no lo esté.”

nuestro.)

de

(Énfasis

Piñero Fernández v. Martínez Santiago, 104 D.P.R.

587, 590 (1976).7

La exigencia de una declaración jurada sirve entonces

como mecanismo profiláctico para frenar la presentación de

mociones de inhibición infundadas y frívolas.

Véase, In re:

Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768, 778 (1990) (Rebollo López, J.,

op. dis.)

empañar

la

Así se evita mancillar la reputación de un juez y

imagen

procesos judiciales.

de

objetividad

e

imparcialidad

de

los

Pues, después de todo, la credibilidad

_________________________

los tribunales…” Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX C.9.

7

En Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815

(1983), atemperamos la doctrina de Piñero Fernández v.

Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587 (1976), al resolver que la

omisión de jurar una demanda instada a tenor con la Ley Núm.

74 de 30 de mayo de 1976, 26 L.P.R.A. sec. 4110, podía ser

subsanada

mediante

solicitud

al

efecto

de

la

parte

demandante.

12

CC-2006-503

del juez se revela indispensable para la eficaz función de

apaciguador de tensiones.

“Dada la naturaleza y delicadeza

del asunto es requisito sine qua non para ser considerada

que

la

moción

[de

inhibición]

(Énfasis nuestro.)

juramento.”

debe

venir

acompañada

de

Cuevas Segarra, op. cit.,

pág. 1135.

En

igual

sentido,

el

requisito

que

la

moción

se

presente tan pronto se tenga conocimiento de la causa de

inhibición, pretende evitar el abuso en la presentación de

este

tipo

de

innecesariamente

colocar

a

la

moción.

este

parte

Permitir

planteamiento

que

solicita

que

tiene

la

el

se

efecto

inhibición

posición privilegiada frente a su contraparte.

dilate

en

de

una

Así, si el

fallo recaído le beneficia la parte guarda silencio y si le

es desfavorable solicita la inhibición.

Departamento de la

Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618, 646 (1999).

Lo cierto es que el derecho del litigante a solicitar

la inhibición de un juez está limitado por los principios de

la buena fe, abuso del derecho e incuria.

op. cit., pág. 1120.

Cuevas Segarra,

Ciertamente, ninguna dimensión del

comportamiento humano es ajena a la ética.

Véase, Gabaldón

López, Reflexiones sobre la Ética Judicial, en Ética de las

profesiones jurídicas, op. cit., vol. II, págs. 781 et seq.

En

consecuencia,

si

una

parte

conociendo

las

causas

de

inhibición de un magistrado guarda silencio y se somete al

procedimiento

ante

ese

juez,

renuncia

a

su

derecho

a

13

CC-2006-503

solicitar su inhibición luego de que ha recaído sentencia.

Hernández Colón, op. cit., pág. 212.

Por otra parte, la Regla 63.3 establece que “presentada

y notificada la solicitud a que se refiere la Regla 63.2, se

designará otro juez para que resuelva la misma”.

Regla 63.3

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,

R. 63.3.8

En otras palabras, el mandato contenido en la

Regla

63.3

es

que

inhibición

que

reúna

cuando

los

se

presente

requisitos

una

solicitud

establecidos

en

de

el

inciso anterior, ésta debe ser referida a otro juez.

Con este marco doctrinal de trasfondo veamos los hechos

del caso.

III.

En el caso ante nuestra consideración el recurrido, una

vez recayó sentencia en su contra, presentó una moción sin

juramentar solicitando la inhibición del juez Pagán Ocasio,

por hechos conocidos desde que se instó la demanda.

Como

vimos anteriormente, el requisito de juramentación es uno

sine qua non de la moción de inhibición, por lo que su

incumplimiento, en este caso, se levanta como impedimento

para considerar la misma como tal.

Como señalamos en Piñero

Fernández, ante, “carece de eficacia” aquella moción que las

Reglas de Procedimiento Civil disponen ha de presentarse

8

La Regla 63.3 recoge un sano principio adoptado en 1958,

sin correspondencia federal. J. A. Cuevas Segarra, Tratado

de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2000, Tomo II,

Cap. X, pág. 1137, Reglas de Práctica para Puerto Rico,

Orford, N.H., 1959, pág. 121, Tribunal Supremo de Puerto

Rico, Borrador del Proyecto de Reglas de Enjuiciamiento

Civil, 1954, pág. 162.

14

CC-2006-503

jurada.

De

esta

forma,

como

se

discutió,

se

evita

la

presentación de mociones frívolas que afectan la tramitación

de un caso y cuestionan la integridad del proceso judicial.

Resolvemos por lo tanto que en este caso y dado las

particularidades del mismo, la petición de inhibición no

constituyó una eficaz moción de inhibición que le impidiese

al juez de instancia atender la solicitud de determinaciones

de hechos, reconsideración y nuevo juicio presentada en el

mismo escrito donde se solicitó la inhibición.

Habida

cuenta

de

lo

anterior,

la

resolución

del

Tribunal de Primera Instancia declarando no ha lugar las

mociones

sobre

determinaciones

de

hechos

adicionales,

reconsideración y nuevo juicio marcó el inicio del término

para apelar; en cuyo caso, el recurrido tenía hasta el 22 de

febrero de 2006 para presentar su recurso de apelación.9

Habiéndose presentado ante el Tribunal de Apelaciones

el recurso de certiorari el 27 de febrero de 2006, el mismo

fue tardío y dicho foro no tenía jurisdicción para acogerlo

y

9

posteriormente

dictar

sentencia

como

hizo.10

En

“El recurso de apelación deberá ser presentado en la forma

antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de

treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una

copia de la notificación de la sentencia dictada por el

tribunal apelado.”

Regla 53.1 (c) de las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, Regla 53.1 (c).

Véase también, Morán Ríos v. Martí Bardisona, res. 5 de

agosto de 2005, 165 D.P.R. ___, 2005 TSPR 110; Juliá v.

Vidal S.E., 153 D.P.R. 357, 365-367 (2001); Santiago v.

Palmas del Mar Properties, Inc., 143 D.P.R. 886, 897 (1997).

10

En el recurso de certiorari presentado ante el Tribunal

de Apelaciones también se solicitó la revisión de la orden

dictada por el Hon. Misael Ramos Torres.

La orden en

cuestión no tiene ninguna eficacia ya que su génesis es una

moción de inhibición, que como explicamos, es inoficiosa.

15

CC-2006-503

conclusión, el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción

para entender en el recuso de certiorari presentado por el

recurrido.

En atención a lo anterior, procede que se expida el

auto

solicitado

y

se

dicte

sentencia

revocativa

de

la

misma

es

dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Se dicta sentencia de conformidad

_________________________

Cualquier trámite ulterior

improcedente.

consecuencia

de

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sofía Marti Soler

Peticionaria

vi.

CC-2006-503

Fernando Gallardo Álvarez

Recurrido

SENTENCIA

San Juan Puerto Rico a 19 de enero de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se expide el auto

solicitado y se revoca la sentencia dictada por

el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El

Juez

Asociado

señor

Rivera

Pérez

no

intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo