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Tribunal Supremo de Puerto Rico

James Patrick Smyth Delgado and Sheila Ivonne Puig Caballero v. Oriental Bank & Trust and José Ramón Carrión Morales, Chapter 13 Trustee; United States Bankruptcy Appellate Panel For The First Circuit

2007 TSPR 12

Poder Judicial de Puerto Rico

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James Patrick Smyth Delgado and Sheila Ivonne Puig Caballero v. Oriental Bank & Trust and José Ramón Carrión Morales, Chapter 13 Trustee; United States Bankruptcy Appellate Panel For The First Circuit

CT-2006-0004

Resolución con Voto de Conformidad y un Voto Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

James Patrick Smyth Delgado and

Sheila Ivonne Puig Caballero

Apelantes

Certificación

v.

2007 TSPR 12

Oriental Bank & Trust and

José Ramón Carrión Morales,

Chapter 13 Trustee

170 DPR ____

Apelados

United States Bankruptcy

Appellate Panel For The First

Circuit

Tribunal Solicitante

Número del Caso: CT-2006-4

Fecha: 22 de enero de 2007

Abogado de la Parte Apelante:

Lcdo. José A. León Landrau

Abogados de la Parte Apelada:

Lcda. Vanessa M. Torres Quiñones

Lcdo. Jorge Martínez Landrón

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

James Patrick Smyth Delgado and

Sheila Ivonne Puig Caballero

Apelantes

v.

Oriental Bank & Trust and

José Ramón Carrión Morales,

Chapter 13 Trustee

Apelados

CT-2006-4

United States Bankruptcy

Appellate Panel For The First

Circuit

Tribunal Solicitante

RESOLUCION

San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 2007

Atendida la petición de certificación presentada en

el caso de epígrafe, se anula el auto y se deniega la

misma por estar igualmente dividido el Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

El Juez Presidente señor Hernández

Denton emite un Voto de conformidad. La Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez emite un Voto disidente al

cual se le unen el Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

James Patrick Smyth Delgado and

Sheila Ivonne Puig Caballero

Apelantes

v.

Oriental Bank & Trust and

José Ramón Carrión Morales,

Chapter 13 Trustee

Certificación

Apelados

CT-2006-4

United States Bankruptcy

Appellate Panel For The First

Circuit

Tribunal Solicitante

Voto de Conformidad

HERNÁNDEZ DENTON

emitido

por

el

Juez

Presidente

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 22 enero de 2007.

Entendemos

que,

con

la

desestimación

del

pleito por la Corte de Quiebra de los Estados

Unidos

para

el

Distrito

de

Puerto

Rico

(en

adelante, la Corte de Quiebra) y la consiguiente

desestimación de la apelación por el Panel de

Apelaciones de Quiebra de los Estados Unidos para

el

Primer

Circuito

(en

adelante,

el

Panel

de

Apelaciones de Quiebra), la cuestión certificada

ante nosotros se tornó académica.

A la luz de

los principios de justiciabilidad que gobiernan

nuestra función revisora, debemos abstenernos de

intervenir en este caso. Por ende, coincidimos

con la Resolución del Tribunal que anula el auto

expedido y deniega la petición de certificación.

CT-2006-4

2

I.

Oriental Bank & Trust (en adelante, Oriental) presentó

una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por

vía ordinaria contra James Patrick Smyth y Shayla Ivonne

Puig Caballero (en adelante, los deudores) en el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

Así las

cosas, en la venta judicial Oriental se adjudicó uno de los

inmuebles de los deudores.

Antes

de

que

se

otorgara

la

escritura

de

venta

judicial, los deudores presentaron una petición de quiebra

ante la Corte de Quiebra.

En vista de que el Tribunal de

Primera Instancia ordenó que se expidiera el mandamiento

para lanzar a los deudores, Oriental presentó una moción

ante la Corte de Quiebra, solicitando que se levantara la

paralización

automática

para

permitirle

lanzar

a

los

deudores.

Arguyó que el bien inmueble no era parte del

caudal

quiebra

de

adquirido

el

adjudicación

y

que

dominio

en

la

le

pertenecía

sobre

venta

el

ya

mismo

judicial.

No

que

había

mediante

la

obstante

la

oposición de los deudores, la Corte de Quiebra levantó la

paralización automática.

Oportunamente

los

deudores

recurrieron

al

Panel

de

Apelaciones de Quiebra. Como no existe un precedente claro,

el

Panel

de

Apelaciones

de

Quiebra

nos

certificó

que

aclaremos si el dominio sobre el inmueble objeto de un

procedimiento

ordinario

de

ejecución

hipotecaria

se

CT-2006-4

3

transfiere

al

momento

de

la

adjudicación

o

mediante

la

escritura de venta judicial.

Sin

embargo,

posteriormente

la

Corte

de

Quiebra

desestimó el caso porque los deudores incumplieron con el

plan de pago.

una

moción

recurso

En vista de ello, los deudores presentaron

ante

de

nosotros,

certificación

solicitando

por

haberse

el

archivo

tornado

del

académico.

Por su parte, Oriental se opuso al archivo, argumentando

que la cuestión certificada es una recurrente y capaz de

evitar

la

revisión

judicial.

Finalmente,

el

Panel

de

Apelaciones de Quiebra desestimó la apelación a instancia

de

los

deudores.

En

atención

a

este

tracto

procesal,

resolvemos.

II.

La

gobierna

doctrina

el

de

la

ejercicio

justiciabilidad

de

la

función

de

las

causas

revisora

de

tribunales, fijando la jurisdicción de los mismos.

los

Dicha

doctrina nace del principio elemental de que los tribunales

existen

únicamente

para

resolver

controversias

genuinas

surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real

en obtener un remedio judicial que haya de afectar sus

relaciones jurídicas.

Esto es, para el ejercicio válido

del poder judicial se requiere la existencia de un caso o

controversia real.

Ortiz v. Panel F.E.I., 2001 T.S.P.R.

134, res. el 8 de octubre de 2001.

CT-2006-4

4

Como corolario de la doctrina de justiciabilidad, los

tribunales están impedidos de emitir opiniones consultivas.

De lo contrario, se producirían decisiones en el vacío, en

el abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, y

los tribunales, contrario a su función, estarían actuando

como asesores o consejeros.

Justicia,

109

D.P.R.

715

Com. de la Mujer v. Srio de

(1980);

E.L.A.

v.

Aguayo,

80

D.P.R. 552 (1968).

En vista de que la justiciabilidad es una doctrina

auto-impuesta, los propios tribunales deben preguntarse y

evaluar si es o no apropiado entender en un determinado

caso,

mediante

un

análisis

que

les

permite

ejercer

su

discreción en cuanto al límite de su poder constitucional.

Rexach v. Ramírez Vélez, res. el 15 de junio de 2004, 2004

T.S.P.R. 97.

Por

otro

lado,

inter-jurisdiccional

el

es

procedimiento

el

instrumento

de

certificación

procesal

adecuado

que permite a un tribunal someter, para una contestación

definitiva,

a

otro

tribunal

de

jurisdicción

distinta,

preguntas sobre cuestiones que se refieren al derecho de

esa

jurisdicción.

Las

contestaciones

a

esas

preguntas

obligan en cualquier procedimiento judicial ulterior entre

las

mismas

partes,

bajo

la

doctrina

de

cosa

juzgada.

Guzmán v. Calderón, 2005 T.S.P.R. 33, res. el 23 de marzo

de 2005.

La certificación es el medio más directo, rápido y

económico

para

que

un

tribunal

federal

obtenga

una

CT-2006-4

5

interpretación autorizada sobre el derecho estatal.

En

virtud

no

de

resueltas

este

en

procedimiento,

el

derecho

las

estatal

controversias

son

transferidas

directamente al foro de mayor jerarquía del estado mediante

la

certificación

específicas

para

por

tal

Corte

precisar

obligue a las partes.

De

la

manera,

una

federal

cuestión

de

preguntas

definitiva

que

Id.

el

mecanismo

de

la

certificación

permite preservar y respetar la función prístina de las

cortes estatales de interpretar y formular el derecho de

los estados.

Además, ofrece la ventaja de evitar que las

partes tengan que iniciar un nuevo pleito en los tribunales

estatales, siguiendo todo el trámite judicial, usualmente

lento y costoso, hasta obtener una interpretación final y

firme sobre el derecho estatal.

Pan Ame. Comp. Corp. v.

Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982).

Según establecido por la nueva Ley de la Judicatura de

2003,

este

Tribunal

“mediante

auto

de

certificación

podrá conocer de un asunto que fuera certificado por el

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

de

América,

un

Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos de

América, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de

América o el más alto tribunal apelativo de cualquiera de

los

estados

existe

ante

de

el

los

Estados

tribunal

Unidos

de

solicitante

América,

cuando

cualquier

asunto

judicial en el que estén implicadas cuestiones de derecho

CT-2006-4

6

puertorriqueño que puedan determinar el resultado del mismo

y respecto al cual, en la opinión del tribunal solicitante,

no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este

Tribunal”.

Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de

Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Sec. 24s.

Por tanto, nuestra capacidad de conocer en materia de

certificación no es absoluta.

Es necesario: 1) que haya un

asunto judicial existente ante el tribunal solicitante; 2)

que implique cuestiones de derecho puertorriqueño; 3) que

puedan determinar el resultado del pleito; y 4) que no

existan precedentes claros en nuestra jurisprudencia.

Estos

requisitos

revelan

la

naturaleza

de

la

certificación como mecanismo en apoyo a otra jurisdicción.

Nuestra intervención en una certificación se justifica en

cuanto exista un pleito ante el tribunal solicitante, en el

cual

lo

que

se

determine

finalmente

por

el

tribunal

certificado produzca efectos concretos.

el

Esto se debe a que la certificación no puede

eludir

principio

y

fundamental

que

fija

el

sentido

el

propósito de la función judicial.

Nos referimos al hecho

de

sólo

puede

ejercerse

concretas,

reales

y

que

la

resolver

función

judicial

controversias

para

efectivas

entre litigantes que reclaman derechos opuestos ante un

tribunal.

tanto,

que

E.L.A. v. Aguayo, supra.

la

certificación

Es necesario, por

satisfaga

cabalmente

el

principio elemental de justiciabilidad no sólo en nuestro

CT-2006-4

7

foro, sino, además, en el foro federal.

Pan Ame. Comp.

Corp. v. Data Gen. Corp., supra.

Una de las manifestaciones concretas del principio de

justiciabilidad es la doctrina de academicidad.

Un caso es

académico cuando el paso del tiempo o los cambios fácticos

o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal

causan que el pleito pierda su carácter adversativo, de

manera que el remedio que pueda adoptar el tribunal no ha

de

llegar

a

tener

controversia.

carácter

efecto

real

alguno

en

cuanto

a

esa

Una vez se determina que ha desaparecido el

adversativo

entre

los

intereses

de

las

partes

involucradas, los tribunales pierden su jurisdicción en el

pleito y, por tanto, deben abstenerse de considerar el caso

en sus méritos.

Con esta limitación sobre el poder de los

tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de los

recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos

de

los

tribunales

que

resulten

superfluos.

C.E.E.

v.

Depto. De Estado, 134 D.P.R. 927 (1993); E.L.A. v. Aguayo,

supra.

Sin

embargo,

existen

varias

excepciones

a

la

doctrina de academicidad: a saber, cuando se plantea una

cuestión recurrente y que por su naturaleza evade o se hace

muy

difícil

adjudicación

ante

los

casos

en

que

la

propia

demandante

voluntariamente

su

conducta

ilegal;

aquellos

la

si

tribunales;

la

en

termina

situación

de

hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene

visos de permanencia; en los casos en que el tribunal ha

CT-2006-4

8

certificado un pleito de clase y la controversia se tornó

académica para un miembro de la clase, mas no para el

representante de la misma; o aquellos casos que aparentan

ser académicos, pero que en realidad no lo son por sus

consecuencias

colaterales.

El

Vocero

v.

Junta

de

Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

La excepción sobre el carácter recurrente o repetitivo

de la controversia exige el estudio de tres factores: la

probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en

el procedimiento; y la probabilidad de que la controversia

evada

adjudicación

o

revisión

judicial.

El

elemento

principal en el proceso de concluir si una determinación

afirmativa de academicidad promoverá la finalidad de la

autolimitación judicial es la probabilidad de recurrencia.

Cuando existe la probabilidad de que la controversia se

repita

o

recurra,

los

tribunales

debemos

considerar

el

asunto planteado a pesar de que el mismo haya advenido

académico.

sustancial

de

Además,

debe

que

controversia,

la

existir

recurrente, evite la adjudicación.

una

a

probabilidad

pesar

de

ser

Esto sucede con mayor

frecuencia en aquellas controversias que son de por sí de

muy

corta

duración,

aunque

pueden

existir

otras

que

ocasionen que una controversia eluda la revisión judicial.

Asociación de Periodistas v. González Vázquez, 127 D.P.R.

704 (1991).

CT-2006-4

En

9

conclusión,

un

dictamen

judicial

en

una

controversia académica, en cuanto ofrece una solución que

no tiene efectos prácticos sobre las partes, constituye una

opinión consultiva.

Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel.,

150 D.P.R. 924 (2000);

(2000).

De

no

excepcionales

Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10

verificarse

antes

ninguno

mencionados,

de

el

los

supuestos

ejercicio

de

la

facultad revisora por los tribunales en un caso académico

constituye

una

actuación

contraria

a

la

doctrina

de

justiciabilidad.

III.

A la luz del derecho aplicable, entendemos que el caso

ante nuestra consideración no es uno justiciable.

Se

nos

planteó

una

cuestión

del

Veamos.

derecho

puertorriqueño, la cual surgió de un caso que no estaba

pendiente de adjudicación ante nosotros.

Mediante recurso

de certificación, el Panel de Apelaciones de Quiebra nos

pidió aclarar esa cuestión ineludible para resolver el caso

que tenía ante su consideración.

A la luz de la doctrina de justiciabilidad, estamos

impedidos de emitir opiniones en ausencia de un caso o

controversia real.

la

certificación

derecho

local

aun

Por vía excepcional, el mecanismo

nos

permite

cuando

adjudicación ante nosotros.

no

de

atender

una

cuestión

del

haya

caso

pendiente

de

un

Sin embargo, para conocer de

un asunto certificado se requiere que exista un pleito

CT-2006-4

10

pendiente

de

ser

resuelto

cuestión

certificada

ante

pueda

otro

tribunal

determinar

el

y

que

resultado

la

del

mismo.

Se trata de una aparente excepción a la doctrina de

justiciabilidad.

Lo

que

hace

justiciable

una

cuestión

certificada es el hecho de que exista un pleito, aunque

ante otro tribunal, en función del cual estamos decidiendo.

Nuestra intervención queda así justificada por existir una

controversia genuina entre partes opuestas, que tienen un

interés real en nuestro pronunciamiento, el cual afectará

sus relaciones jurídicas.

Ahora

bien,

nos

preguntamos

si

procede

nuestra

intervención cuando, antes de que nos pronunciemos sobre

una

cuestión

certificada,

se

desestima

el

pleito

relación al cual se nos solicitó la certificación.

en

A la

luz de la doctrina de justiciabilidad, nuestra contestación

debe ser en la negativa.

La

naturaleza

y

certificación

imponen

que

certificación

subsistan

en

nuestro

misma

pronunciamiento.

el

propósito

los

el

En

del

recurso

requisitos

momento

en

específico,

que

por

de

de

la

emitimos

la

manera

peculiar de operar de la certificación, es esencial que, al

momento

en

que

nos

pronunciemos,

el

tribunal

que

certificó aún tenga ante su consideración el pleito.

contrario, emitiríamos una opinión consultiva.

nos

De lo

CT-2006-4

En

11

el

caso

a

después

quo,

de

presentada

la

certificación, la Corte de Quiebra desestimó el pleito y el

Panel de Apelaciones de Quiebra desestimó la apelación.

Por

ende,

antes

de

nosotros

decidir

la

cuestión

certificada, el pleito en función del cual se justificaba

nuestra intervención ya no está pendiente de adjudicación.

Conforme

a

los

principios

de

justiciabilidad

esbozados, procede desestimar la certificación por haberse

vuelta académica.

Cualquier pronunciamiento en ese sentido

constituiría

opinión

una

consultiva

impermisible.

En

efecto, al desestimarse el pleito ante la Corte de Quiebra

se perdió el carácter adversativo de los intereses entre

las partes y, por tanto, nuestro pronunciamiento no tendría

efecto real alguno.

Estamos

ante

un

caso

claramente

académico,

en

relación al cual no se cumple ninguna de las excepciones

que

justificarían

nuestra

intervención.

trata de una cuestión que podría

Aun

repetirse,

cuando

se

entendemos

que no sería susceptible de evadir la revisión judicial.

En efecto, el pleito se tornó académico por razón de la

desestimación

y

no

porque

duración.

Una

vez

la

Apelaciones

de

Quiebra

la

Corte

controversia

de

Quiebra

desestimaron

el

y

sea

de

el

Panel

de

por

ser

pleito

corta

académico, procede que nosotros también anulemos el auto

expedido

por

haberse

tornado

originó la certificación.

académico

Por ende,

el

recurso

estamos

que

conformes

CT-2006-4

12

con la Resolución del Tribunal que anula el auto expedido y

deniega la petición de certificación.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

James Patrick Smyth Delgado and

Sheila Ivonne Puig Caballero

Apelantes

v.

Oriental Bank & Trust and

José Ramón Carrión Morales,

Chapter 13 Trustee

Apelados

CT-2006-4

United States Bankruptcy

Appellate Panel For The First

Circuit

Tribunal Solicitante

Voto Disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

al cual se le unen el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 2007

Disiento de la determinación del Tribunal de anular

el auto, denegando la petición de certificación que nos

fue solicitada por el Panel de Apelaciones de Quiebras

de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

nuestra

decisión

nos

negamos

concluyentemente

una

controversia

puertorriqueño,

real

y

a

de

recurrente,

resolver

derecho

que

Con

se

civil

plantea

comúnmente ante el Tribunal de Quiebras y que hasta

ahora

ha

evitado

la

revisión

judicial.

Nuestra

renuencia a intervenir poco abona a la interrelación

judicial

además

armoniosa

con

entre

nuestro

puertorriqueño.

ambos

deber

de

foros

pautar

e

incumplimos

el

Derecho

CT-2006-4

2

El presente recurso de certificación plantea la siguiente

controversia:

si, en el procedimiento ordinario de ejecución

hipotecaria, un deudor o tercer poseedor pierde su dominio sobre

el inmueble ejecutado cuando se perfecciona la venta judicial o

cuando

se

otorga

la

correspondiente

escritura

pública.

Resolvemos que, generalmente, la transferencia dominical precisa

del instrumento público

I.

Los hechos pertinentes son estos.1

Oriental Bank and Trust

(“Oriental”) instó una acción ordinaria sobre cobro de dinero y

ejecución de hipoteca contra James Patrick Smyth Delgado y Sheyla

Ivonne

Puig

Instancia,

Caballero

Sala

(“deudores”)

Superior

de

en

el

Tribunal

Caguas.

de

Primera

Efectuados

los

procedimientos de rigor, hubo una venta judicial el 28 de abril

de

2005.

Allí

se

adjudicó

Oriental,

quien

recibió

la

un

inmueble

buena

pro.

de

los

Sin

demandados

embargo,

a

estos

presentaron una petición de quiebra el 3 de mayo de 2005, antes

de que el alguacil otorgara la escritura de venta judicial.

El

15 de junio de 2005, a instancia de Oriental, el Tribunal de

Primera Instancia ordenó que se expidiera el Mandamiento para

lanzar a los deudores,

1

Véase: Memorandum and Order Certifying and Requesting

Consideration of Legal Question to the Puerto Rico Supreme Court

(“Memorandum and Order”), págs. 2-3; Acta de Subasta, Apéndice

del Alegato de Oriental Bank and Trust (“Apéndice”), págs. 39-40;

Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, de 15 de

julio de 2005, Apéndice, págs 41-42.

CT-2006-4

3

Por otro lado, Oriental presentó una moción ante el Tribunal

de Quiebra, el 13 de junio de 2005, para que éste levantara la

paralización automática y le permitiera procurar el lanzamiento

(“evict”) de los demandados en el Tribunal de Primera Instancia.

Adujo que el inmueble era suyo, pues la adjudicación mediante

venta judicial le bastó para adquirir el dominio.

los

demandados

que,

ausente

la

tradición

inmueble pertenecía al caudal de quiebra.

Respondieron

instrumental,

el

El Tribunal acogió la

posición de Oriental y levantó la paralización el 2 de septiembre

de 2005.

Los demandados acudieron oportunamente al Panel de

Apelaciones de Quiebra de los Estados Unidos para el

Primer

Circuito (“Panel”).

El Panel, a su vez,

presentó

motu

proprio

un

primer

lugar,

de certificación ante nos.

Observó,

en

la

del

derecho

puertorriqueño

caso.

Según

caracterización

determinante

en

este

Código

de

Quiebra,

quiebra

incluye

11

“all

U.S.C.A.

legal

or

la

§

sección

que

resulta

541(a)(1)

541(a)(1),

equitable

recurso

del

el

caudal

de

interests

of

the

debtor in property as of the commencement of the case”.

Se

entiende

en

que

propiedad’

el

es

derecho

parte

estatal

determina

resuelto

que

si

la

propietario

(“rights

dentro

la

de

del

federal

determina

si

un

caudal,

mientras

que

‘interés

el

existe

tal

interés.

Así,

sección

541

incluye

cualquier

to

property”)

jurisdicción

del

que

tenga

tribunal

al

presentar su petición de quiebra,

mas

no

sobre los cuales

todo

interés

haya

perdido

derecho

se

el

derecho

deudor

momento

aquellos

ha

de

bienes

propietario,

CT-2006-4

antes

de

4

la

petición,

(“eviction”).

por

vía

de

ejecución

o

desahucio

Consecuentemente, para determinar si el inmueble

aquí disputado es parte del caudal de quiebra, huelga saber si la

venta judicial privó a los demandados de todo interés propietario

sobre el mismo.

El Panel continúa señalando que los tribunales de quiebra se

han dividido con respecto al efecto de una venta judicial al

amparo

del

procedimiento

ordinario

de

ejecución

de

hipoteca.

Algunos han entendido que la Regla 51.8 de Procedimiento Civil,

32 L.P.R.A. Ap. III, caracteriza la escritura de venta judicial

como un requisito sine qua non para la transferencia del dominio,

lo cual significa que el deudor tiene un interés en propiedad

hasta el otorgamiento de dicho instrumento.

Otros tribunales han

resuelto, al amparo de Ríos Méndez v. Banco Popular, 81 D.P.R.

378

(1959),

que

la

escritura

de

venta

judicial

es

un

acto

simbólico cuya ausencia no impide la transferencia del dominio y,

por ende, la pérdida de todo interés propietario.

Destaca el

foro peticionario que esta desavenencia responde a la ausencia de

un claro precedente nuestro o del Tribunal de Apelaciones del

Primer Circuito.2

Memorandum and Order, págs. 3-5.

En mérito de lo anterior, se nos ha certificado la siguiente

pregunta:

2

Evidentemente, una decisión del Tribunal de Apelaciones de los

Estados

Unidos

para

el

Primer

Circuito

no

resolvería

definitivamente la cuestión, aunque vincularía al Panel de

Apelaciones de Quiebra del Primer Circuito.

CT-2006-4

5

...the question raised here is whether the Debtors were

divested of all interest in the Property upon the

adjudication of the Property at the pre-petition

judicial sale, but before the marshal executed the

public deed.

There is no clear precedent as to

whether, under Puerto Rico law, title to real property

is transferred upon “adjudication” at a judicial sale,

or upon the marshal’s subsequent execution of a public

deed to the buyer. . . .

Memorandum and Order, págs. 5-6.

Examinado

partes

un

el

recurso

término

de

certificación,

concedimos

de

para

simultáneo

20

días

a

las

someter

sus

alegatos, contados a partir del 11 de mayo de 2006.

compareció oportunamente.

de

10

días,

alegato”.

el

7

de

Oriental

Los deudores solicitaron una prórroga

junio

de

2006,

“para

someter

nuestro

Concedimos el término solicitado, a partir del 28 de

junio de 2006.

Sin embargo, el 12 de junio de 2006 el Tribunal de Quiebra

del

Distrito

de

Puerto

Rico

desestimó

el

caso,

“[u]pon

de

trustee’s application for dismissal of the above captioned case

on the grounds that the debtor(s) failed to comply with the plan

and the payments required thereunder, and the debtor(s) having

failed to timely reply to said motion...”

Una copia de dicha

orden la anejaron los demandados a su Moción sobre Academicidad

del

Recurso,

presentada

el

14

de

julio

de

2006,

aproximadamente un mes después de la desestimación.

es

decir,

Indicaron

que habrían de atenerse a la misma e informar al Panel, hechos

que

hacían

académicas

su

apelación

y

la

correspondiente

certificación.

En vista de ello, concedimos

un

plazo

de 5 días a

CT-2006-4

6

Oriental y a José Carrión Morales, el Síndico de Quiebra bajo el

capítulo 13, mediante una Resolución emitida y notificada los

días 4 y 7 de agosto de 2006, para que se expresaran al respecto.

El 11 de agosto de 2006, Oriental solicitó una prórroga de 20

días.

Adujo que, a pesar de sus esfuerzos, no había recibido una

copia completa del escrito de los demandados.

solicitado

y

Oriental

compareció,

Accedimos a lo

oportunamente,

mediante

una

Moción en Oposición a Desestimación.

Sostiene que la cuestión

certificada

evitar

es

recurrente

y

capaz

de

la

adjudicación.

Finalmente, el Panel desestimó la apelación el 21 de septiembre

de 2006, a instancia de los deudores.3

3

La desestimación ocurrió al ampara de las Reglas 8001(c)(2) de

Procedimiento de Quiebra y 8001-1(c)(2) del Panel, 11 U.S.C.

Dispone la primera:

If an appeal has been docketed and the parties to the

appeal sign and file with the clerk of the district

court or the clerk of the bankruptcy appellate panel an

agreement that the appeal be dismissed and pay any

court costs or fees that may be due, the clerk of the

district court or the clerk of the bankruptcy appellate

panel shall enter an order dismissing the appeal. An

appeal may also be dismissed on motion of the appellant

on terms and conditions fixed by the district court or

bankruptcy appellate panel.

La segunda Regla dispone:

If an appeal has been docketed in the BAP, it may be

dismissed by the parties in the manner set forth in

Rule 8001(c)(2) of the Federal Rules of Bankruptcy

Procedure. An appeal may also be dismissed on motion of

all appellants, if no response or opposition is filed

within ten (10) days after service of the motion, on

terms and conditions determined by the BAP.

CT-2006-4

7

II.

A.

Los tribunales puertorriqueños están impedidos de resolver

casos académicos.

Un caso se torna académico cuando cesa su

condición de controversia viva y presente debido al transcurso

del tiempo.

Véase, e.g.: Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo

v. Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 150 D.P.R.

924 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).

Esta

doctrina refleja, en cierta medida, nada más que el requisito de

una acción legitimada en el tiempo, y su propósito es evitar los

precedentes

innecesarios

recursos judiciales.

así

como

el

uso

inadecuado

de

los

P.N.P. v. Carrasquillo, res. 27 de octubre

de 2005, 165 D.P.R. ___, 2005 TSPR 157.

Ahora,

existen

prohibición.

presenta

Un

alguna

varias

caso

académico

recurrente

Igual

excepción

academicidad ha sido

provocada

una conducta sin indicios

lugar,

aparentemente

tener

es

académica

además,

referida

resolverse

cuando

capaz

aplica

permanencia.

atender

su

una

sobre

las

controversia

de

Puede

clase

mas no para

entre

otras

cosas,

que

en

tribunales.

procuran

pregunta

P.N.P.

habrá

haya

excepciones

misma

En

se

de

la

la

mediante

partes.

miembros

Estas

una

la

controversia

adjudicación

otros

los

cuando

de

de

repetidamente

evadir

adecuados

académica para el representante

ella.

de

demandado

cuando

una

la

el

colaterales

que

y

a

por

posible

consecuencias

ocurrir,

puede

cuestión

adjudicación.

tercer

excepciones

v.

se

tornado

evitar,

litigue

Carrasquillo,

CT-2006-4

8

Véase,

supra.

res.

Corrección,

también:

28

de

Cruz

marzo

Negrón

v.

Administración

2005,

163

D.P.R.

de

___,

de

2005

T.S.P.R. 34; Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra,

150 D.P.R. 10 (2000).

La primera excepción indicada se aplica con miras al balance

de tres consideraciones.

El factor principal es si existe una

probabilidad

que

razonable

de

recurra

la

controversia.

Ésta

podría surgir nuevamente entre las mismas partes, en cuyo caso

resulta más prudente su adjudicación, pero la identidad de partes

no es imperativa.

Por último, debe existir una probabilidad

sustancial de que la controversia, a pesar de ser recurrente,

evite

la

adjudicación.

Cruz

Negrón

v.

Administración

de

Corrección, supra; Angueira v. Junta de Libertad Bajo Palabra,

supra.

El caso de autos se

ajusta

a

la

excepción

recurrente.4

Sin duda que la cuestión certificada es

¿qué probabilidad tiene

el

futuro?

Obsérvese

de

que

evadir

dicha

nuestra

cuestión

frecuencia en los tribunales del Estado

el

ámbito

federal,

tribunales

de

automática,

cuyos

ha

quiebra

surgido

reseñada.

adjudicación

surge

Libre

Ahora,

con

muy

poca

Asociado.

En

principalmente

y

debido

a

la

efectos

cesan

con

norma

el

en

de

en

los

paralización

descargue

o

la

desestimación del caso,

entre

otras

la sección

Código

de Quiebra, 11 U.S.C. § 362.

4

362

del

circunstancias.

con

Véase

Los siguientes casos discuten el problema y hacen referencia a

múltiples litigios donde ha surgido:

In re Rodríguez, 334 B.R.

754 (1st Cir. B.A.P. 2005); In re Ortiz, 306 B.R. 727 (Bankr. D.

P.R. 2004); In re Hernández, 244 B.R. 549 (Bankr. D. P.R. 2000).

CT-2006-4

9

Dichos tribunales, a su vez, operan en el contexto de un proceso

relativamente expedito y matizado por la precaria situación del

deudor.

una

Así lo demuestra el caso de marras, donde se presentó

petición

de

quiebra

y

se

desestimó

la

misma

porque

los

deudores incumplieron su plan de reorganización, todo ello en

aproximadamente trece meses.

Este conjunto de factores produce

una probabilidad sustancial de que la cuestión planteada evite

nuestra futura adjudicación.

B.

Recientemente, en Guzmán

de

marzo

de

expresamos

2005,

163

sobre

las

artículo

3.002(f)

de

L.P.R.A.

§

sobre

24s,

inter-jurisdiccional.

Vargas

D.P.R.

v.

___,

Ley

los

de

la

Surge

de

de

nuestra

proceda

de

un

tribunal

supra;

(2)

que

la

asunto

judicial

certificada

cuestión

ante

pueda

mencionado

dicho

determinar

referido asunto judicial; (4)

sea

de

derecho

en

foro;

el

que

puertorriqueño,

(3)

aún

que

no

exista

respecto

a

la

Procedimiento

un

precedente

cuestión

Civil

claro

cuestión

cuando

certificada.

y

25

de

de

3.002(f),

la

con

relacionada con cuestiones de derecho federal

(5)

certificación

implicada

que

dicho

cumplimiento

artículo

resultado

la

que

el

esté

4

certificación

la

el

certificada

2003,

Opinión

que

(1)

el

de

la

de

requisitos:

tenido

ha

exige

siguientes

nos

que

recurso es de carácter discrecional y

los

33,

T.S.P.R.

Judicatura

requisitos

23

2005

consecuencias

la

res.

Calderón,

en

un

cuestión

respecto

al

certificada

pueda

estar

o

estatal;

y

este

Tribunal

con

Las

Reglas

este

Tribunal

53

de

deben

CT-2006-4

10

interpretarse en armonía con estas normas.

32 L.P.R.A. Ap. III;

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Por

otro

pública

lado,

subyacen

jurisdiccional.

2005,

164

importantes

el

consideraciones

mecanismo

de

de

política

certificación

ínter

En Santana v. Calderón, res. 17 de junio de

D.P.R.

___,

2005

T.S.P.R.

86,

apuntamos

que

este

mecanismo “propicia [la] interrelación judicial armoniosa y de

respeto mutuo entre los dos sistemas judiciales soberanos que

conviven en el Estado Libre Asociado,” al hacer viable que este

Tribunal

defina

concluyentemente

los

parámetros

del

Derecho

puertorriqueño.

Como

discutiremos

consideración

cumple

a

a

previamente enumerados.

continuación,

cabalidad

con

el

los

el

artículo

Empero,

su

Memorandum

señala,

que

se

trata

de

Tribunal

de

correctamente,

Estados

derivan

Unidos

para

características la

de

un

tribunal

tribunales

aceptado

de

del

el

convierten

federal

otras

recursos

de

en

distrito.

jurisdicciones

de

certificación

tribunales de quiebra y los paneles

5

y

la

una

Order

entidad

cuyas

de

Circuito

el

de

and

Apelaciones

Primer

uno

3.002(f)

Regla 25(a), supra.5

bajo

parámetros

Ciertamente, el Panel no es

los tribunales enumerados en

facultades

recurso

los

y

equivalente

Añade

cuyas

funcional

que

los

estadounidenses

han

provenientes

los

apelativos,

aún

de

cuando

Son el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los Tribunales de

Apelaciones de Circuito de Estados Unidos, los Tribunales de

Distrito de Estados Unidos, y el más alto tribunal apelativo de

cada jurisdicción estatal estadounidense.

CT-2006-4

11

sus reglamentos contienen disposiciones similares a nuestra Regla

25(a).

Pág. 6 n. 2.

Veamos los requisitos segundo y tercero.

Cuando el Panel

instó su recurso, la cuestión certificada estaba implicada en un

asunto ante dicho tribunal, cuyo resultado podía depender de la

misma.

Por ejemplo, si la transferencia del dominio ocurrió al

perfeccionarse

la

pertenecía

caudal

al

venta

judicial,

de

paralización automática.

pertinentes.

La

el

inmueble

subastado

no

y

procedía

levantar

la

quiebra

Con ello se verifican los requisitos

posterior

desestimación

del

caso

suscita

un

problema de academicidad que debemos resolver –-y hemos resuelto- conforme al derecho local.

También se han cumplido los requisitos cuatro y cinco.

La

cuestión certificada versa sobre el derecho puertorriqueño, y su

íntima relación con una cuestión de derecho federal no impide el

recurso de certificación.

establecido

un

Por otro lado, este Tribunal no ha

precedente

claro

sobre

la

controversia

certificada, a pesar de su importancia en el tráfico jurídico,

todo lo cual explicaremos más adelante.

Finalmente,

cumplimos

con

al

nuestra

atender

función

esta

petición

normativa

de

de

certificación

pautar

el

Derecho

puertorriqueño a la misma vez que promovemos la interrelación de

los dos soberanos que convergen en nuestra jurisdicción.

III.

La cuestión certificada se refiere a la ejecución de

CT-2006-4

12

créditos

hipotecarios

mediante

el

llamado

procedimiento

ordinario.

Comenzamos, pues, con un análisis de esa figura.

A.

En atención a la controversia de marras, podemos definir la

hipoteca como “un derecho real que . . . sujeta o vincula lo

hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de exigir

eventualmente la realización de su valor así como la adopción de

medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía

de la efectividad de alguna obligación dineraria . . . .”

L. R.

Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San

Juan,

Jurídica

Editores,

2002,

pág.

481

(énfasis

suprimido)

(citando a Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona,

Bosch, 1995, T. VII, págs. 113-114).

Véase: Junta de Retiro para

Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 572-573 (1980).

De modo

que la hipoteca permite el cobro de una obligación dineraria, en

determinadas circunstancias, mediante la ‘realización del valor’

del

inmueble

hipotecado

e

independientemente

de

quien

sea

su

titular.

Tal ‘realización de valor’ se logra mediante la enajenación

del inmueble hipotecado.

Derechos

reales

y

A. López y López, V. Montés Panadés,

Derecho

inmobiliario

registral,

Tirant

lo

Blanch, Valencia, 1994, pág. 740. (“Instado el correspondiente

procedimiento para la ejecución de la hipoteca, es decir, en

ejercicio del crédito hipotecario, tras los trámites oportunos se

procede a la venta en pública subasta del inmueble hipotecado.

CT-2006-4

13

Esto es lo que llamamos la realización del valor del bien.”)

Quiérese

decir

que

nuestro

ordenamiento

prohíbe

el

pacto

comisorio, mediante el cual un acreedor hipotecario recibe el

derecho de apropiarse o disponer del inmueble para cobrar su

crédito vencido e insatisfecho.

Artículos 1757, 1758 y 1780 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 5002, 5003 y 5048.

Así se protege

al deudor o tercer poseedor de una disparidad entre la deuda y el

valor del inmueble.

También se permite que los acreedores con

gravámenes posteriores cobren sus acreencias del valor realizado

en exceso del crédito hipotecario ejecutado, lo cual facilita el

tráfico

jurídico

posteriores.

al

hacer

más

atractivos

dichos

gravámenes

Rivera Rivera, op. cit., pág. 482.

El modo de enajenar los inmuebles hipotecados es la venta en

pública subasta.

Evidentemente, nuestro legislador ha insistido

en la subasta por razones análogas a las que desvirtúan el pacto

comisorio.

Se pretende ejecutar el derecho crediticio mediante

un procedimiento que sea capaz de realizar un valor adecuado y

que esté abierto a la participación de los interesados, todo ello

en protección del acreedor, del deudor, del tercer poseedor, de

los acreedores con gravámenes posteriores y del tráfico jurídico.6

6

Esta caracterización deriva de nuestras expresiones previas

sobre los propósitos de varias normas aplicables a la ejecución

hipotecaria. Véase: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Sagrada

Familia v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 379, 385 (1997); Arroyo

v. Ortiz Rivera, 133 D.P.R. 62, 70 (1993); Ponce Federal Bank v.

Arblas Industrial Supplies, 132 D.P.R. 687, 690 (1993); Junta de

Retiro para Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 571-572, 574

(1980); Ponce Federal Savings and Loan Assoc. v. Gómez Monagas,

108 D.P.R. 585, 588-590 (1979).

CT-2006-4

14

Antes bien, conviene recordar que se admiten tres mecanismos

distintos para cobrar un crédito hipotecario.

En Atanasia Corp.

v. Jorge M. Saldaña, Inc., 133 D.P.R. 284, 292 (1993) (citas

omitidas), caracterizamos las alternativas del siguiente modo:

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico le brinda al

acreedor hipotecario tres (3) vías procesales distintas

para hacer efectivo su crédito y ejecutar su garantía

real. Uno es el procedimiento de ejecución de hipoteca

por la vía ordinaria (30 L.P.R.A. sec. 2701; Regla 51.3

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III); otro es

el procedimiento ejecutivo sumario (30 L.P.R.A. sec.

2701 et seq.), y además, puede instar la acción

ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca

si lo desea, en aseguramiento de sentencia (Regla 51 de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III).

B.

A

pesar

de

su

importancia

y

frecuente

uso,

no

ha

sido

sencillo precisar la naturaleza jurídica de los mecanismos de

ejecución

hipotecaria.7

Mas

un

análisis

de

nuestra

7

Badenes Gasset resume algunas de las posturas doctrinales

habidas en el derecho comparado, especialmente el derecho

italiano, al dirimir si existe la obligación de saneamiento por

evicción en las ventas forzosas:

Hay quien afirma que el vendedor es el deudor

expropiado, mientras

que el

Tribunal

no

es

más

que el órgano del Estado por medio

del

cual

se

actúa la transmisión coactiva.

En cambio, otros

sostienen que el

vendedor

es

el

acreedor

en

virtud de un derecho propio

que

se

ejercita

por

vía de acción; otros, que

el

vendedor

es

el

Estado, en el ejercicio de un acto de imperio,

perteneciente a la esfera de los actos del poder

ejecutivo,

como

sucede

en

todas

las

formas

de

expropiación;

hay

quien

niega

que

se

trate

de

contrato,

considerando,

en

cambio,

aquellas

ventas como actos unilaterales traslativos de

(Continúa . . .)

CT-2006-4

15

jurisprudencia

instituciones

revela

de

que

carácter

se

han

conceptualizado

jurídico-procesal

inspiradas

como

en

el

contrato de compraventa.

Por un lado, hemos indicado que la fase post-sentencia del

procedimiento ordinario es “eminentemente ejecutiva”.

Atanasia

Corp. v. Jorge M. Saldaña, Inc., supra, a la pág. 293.

Es por

ello

que

dicho

mecanismo

se

rige

por

determinadas

reglas

de

procedimiento civil, unidas a ciertas disposiciones procesales de

la Ley Hipotecaria, cuyo incumplimiento se ha examinado bajo la

doctrina del debido proceso de ley.

D.P.R. 62, 67-68, 75-76 (1993).

Arroyo v. Ortiz Rivera, 133

Incluso, expresamos lo siguiente

en Banco Gubernamental de Fomento v. Abarca Warehouses Corp., 109

D.P.R. 132, 134-135 (1979) (notas omitidas):

La venta forzosa judicial carece de la

base

consensual del

contrato

de

compra

y

venta

definido en el Art.

1334

del

Código

Civil,

31

LPRA

sec.

3741.

La

intervención

del

alguacil

dirigiendo la subasta para la realización de los

bienes, no es la de un contratante

pactando

libremente sobre algo que le pertenece, sino

la

de

un

funcionario

del

Estado

cumpliendo

el

mandamiento de ejecución

emitido

por

el

tribunal.

El alguacil no es mandatario

del

deudor

cuyos

bienes

ejecuta,

y sí el

brazo eficaz de la

________________________

propiedad a título oneroso, y otros, en fin, las

conciben como actos bilaterales mixtos, combinación de

procedimiento y de negocio. Dice CARNELUTTI: “A parte

emptoris es un verdadero y propio negocio jurídico...

A parte venditoris, en cambio, la cosa cambia, porque

no es un propietario el que vende la cosa propia, sino

un Oficial público que vende la cosa ajena, y por eso

ejercita un poder, no se vale de un derecho subjetivo,

y así forma un procedimiento, no un negocio.

El Contrato de Compraventa, Madrid, Tecnos, 1969, T. I, págs.

622-623 (citas omitidas).

CT-2006-4

16

justicia para que el crédito del ejecutante quede

satisfecho. En el descargo de su deber ministerial debe

ajustarse a las Reglas de Procedimiento Civil y en el

caso por éstas imprevisto seguirá la norma que mejor

garantice la corrección e integridad de la subasta. ...

No obstante, se ha indicado que el mecanismo de ejecución

hipotecaria

comparte

múltiples

rasgos

con

el

contrato

de

compraventa.

En el propio caso de Banco Gubernamental de Fomento

v. Abarca Warehouses Corp., supra, cualificamos las expresiones

citadas con unos comentarios de Roca Sastre, cuyo contenido vale

la pena reproducir parcialmente:

El pensamiento del legislador en punto a la naturaleza

de la adjudicación al rematante o adjudicatario es ver

en ella una especie de compraventa, ya que a veces

habla de ‘venta’ y de ‘precio’. Guasp se opone a esta

tesis, por entender que falta el consentimiento del

dueño, pero como en definitiva, se produce una

transmisión por precio, cabe asimilar en muchos

aspectos este acto al contrato de compraventa, sin

olvidar que dada la intervención de la justicia en esta

realización de bienes ella participa del carácter de un

acto estatal, circunstancia que hacen destacar los

procesalistas. (Énfasis suprimido).

109

D.P.R.

pág.

135

n.

1

(énfasis

y

nota

suprimidos)

(citando a Roca Sastre, Derecho Hipotecario,

6ta ed.,

T. 4, Vol. 2do, pág. 1062).

hemos

Así

que, “[s]alvo contadas excepciones,

en

mismo,

el

manos

del

alguacil

del

tribunal

ejecutante

el

proceso

post

sentencia

los

bienes

adjudicación

crédito.”

a

de

Atanacia Corp. v.

la pág. 294.

foro

y

ejecutados

Jorge

M.

observado

judicial

del

de

1968,

subasta,

para

deja

acreedor

venta

y

satisfacer

el

Saldaña, Inc.,

supra,

También se ha indicado que los alguaciles

intervienen en las escrituras de venta judicial como

CT-2006-4

17

representantes

documentos

de

los

notariales

calificación registral.

deudores,

–-no

y

que

tales

judiciales--

escrituras

para

fines

de

son

la

C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662,

667-668 (1986); Atanacia Corp. v. Jorge M. Saldaña, Inc., supra,

a la pág. 294; Rigores, Inc. v. Registrador, 2005 T.S.P.R. 135.

Véase,

además:

Cooperativa

de

Ahorro

y

Crédito

La

Sagrada

Familia v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 384 (1997).

Lo cierto es que “[n]o constituye un tema pacífico el de la

determinación de la naturaleza jurídica de la subasta judicial.”

M. Rivera Fernández, La ejecución hipotecaria inmobiliaria, Ed.

Dilex,

S.L.,

Fernández

inclina

Madrid,

concluye

por

no

entender

2004,

pág.

364.

El

que

“la

doctrina

estamos

ante

un

empece,

que

profesor

Rivera

civilista

contrato

de

se

venta

forzosa del bien, ya que en ella concurren los dos elementos

reales de la misma: cosa y precio, hay comprador y un vendedor. .

. .”

Loc. cit.

Véase, STS 20 marzo 1964 (A. 1450), STS 9 marzo

1985 (A. 1132) y 25 octubre 1999 (A. 7623).

La interrelación de la subasta judicial con la compraventa

se deduce también del Art. 1378a del Código Civil, 31 L.P.R.A. §

3846, comprendido dentro del título referente a la compraventa,

cuando dice que “en las ventas judiciales nunca habrá lugar a la

responsabilidad por daños y perjuicios; pero sí a todo lo demás

dispuesto en los artículos anteriores.”

Véase, Art. 1378a, del

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3846a

Surge de los precedentes reseñados y

la

normativa

CT-2006-4

expuesta

18

una

concepción

jurídico-procesal

de

la

ejecución

hipotecaria, cuyas normas se inspiran en la compraventa.

Es

decir,

su

tratándose

reglamentación

procesales.

de

está

un

procedimiento

pautada

en

jurídico

las

coactivo,

correspondientes

normas

Pero éstas han sido elaboradas e interpretadas como

si tuvieran el propósito de configurar una especie de compraventa

entre deudor y rematante (o acreedor adjudicatario).

Por ende,

las normas aplicables a la compraventa vienen a facilitar la

interpretación y llenar las lagunas del esquema procesal.

La

ejecución hipotecaria, que supone la transmisión de un patrimonio

a

otro,

se

embebe

dentro

de

la

naturaleza

traslaticia

del

establecido

definitivamente

contrato de compraventa.

IV.

Nuestra

jurisprudencia

no

ha

cuándo se pierde el dominio sobre un inmueble cuya hipoteca ha

sido

ejecutada.

En

Ríos

Méndez

v.

Banco

Popular,

ante,

examinamos una controversia sobre el momento en que comienza a

correr el término prescriptivo de la acción subsidiaria sobre

daños y perjuicios proveniente de la nulidad de un procedimiento

ejecutivo sumario.

Resolvimos que dicho plazo corre “desde el

instante en que se despoja ilegalmente al deudor de su propiedad,

o sea, desde la fecha de la subasta y adjudicación de los bienes

hipotecados.”

Sin

81 D.P.R. pág. 390.

embargo,

el

carácter

normativo

Banco Popular, supra, es limitado.

La

de

Ríos

Méndez

controversia allí

v.

CT-2006-4

trabada

se

19

refería

al

procedimiento

sumario,

y

no

exigía

un

análisis detenido del momento en que se pierde la titularidad del

inmueble ejecutado.

Es por ello que las expresiones del Tribunal

carecen de una fundamentación adecuada.

Posteriormente, la norma

de Ríos Méndez quedó en jaque al indicarse en Cooperativa de

Ahorro y Crédito La Sagrada Familia v. Registrador:

Una vez preparada la referida acta y adjudicada la

propiedad, el alguacil debe proceder entonces a otorgar

una escritura pública de traspaso en favor del

rematante o del adjudicatario. Véanse: Regla 51.8 de

Procedimiento Civil, supra, para el procedimiento

ordinario de ejecución, y Art. 230 de la Ley

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A.

sec.

2730,

para

el

procedimiento

sumario.

Esta

escritura, contrario al acta de subasta, no tiene el

propósito de reflejar lo acontecido en la subasta, sino

que se otorga con el único fin de transferir el título

de propiedad.

142 D.P.R. pág. 382.

Algo similar expresamos, recientemente, en

Rigores, Inc. v. Registrador, supra:

...ante la importancia de la exigencia que le impone la

propia Ley Hipotecaria al acreedor hipotecario, el

Registrador será responsable de velar porque se haya

cumplido con el requisito de notificación al titular

registral previo a la inscripción de una escritura de

venta judicial mediante la cual se transfiere el

derecho de propiedad a otra persona.

Ahora bien, las controversias planteadas en Cooperativa y Rigores

no se referían al momento de la transferencia del dominio, por lo

cual sus expresiones no revocaron definitivamente lo resuelto en

Ríos Méndez.8

8

Cabe añadir que nuestra Opinión en Piovanetti Doumont v.

Martínez, 99 D.P.R. 663, 664-665 (1971), se expresa con cierta

ambigüedad sobre la norma establecida en Ríos Méndez.

CT-2006-4

20

V.

El

procedimiento

ordinario

de

ejecución

hipotecaria

está

reglamentado principalmente en las Reglas 51.2, 51.3 y 51.8 de

Procedimiento

Civil,

así

como

las

disposiciones

de

la

Ley

Hipotecaria que enumera su artículo 201, 30 L.P.R.A. § 2701.9

Dichos

preceptos

no

indican

expresamente

dominio sobre un inmueble hipotecado.

cuándo

se

pierde

el

Sin embargo, un análisis

integrador de las normas procesales, su contexto y sus propósitos

nos convence de que hubo la intención legislativa de exigir el

otorgamiento

de

la

escritura

de

venta

judicial

previo

a

la

pérdida del dominio.

A.

Es preciso acudir, en primer lugar, a las Reglas pertinentes

de Procedimiento Civil.

Señala la Regla 51.2, inter alia:

El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden

para el pago de una suma de dinero y para recobrar las

costas concedidas por el tribunal será mediante

mandamiento de ejecución. El mandamiento especificará

los términos de la sentencia y la cantidad pendiente de

pago. Todo mandamiento de ejecución será dirigido al

alguacil.

De modo que

el

trámite

ejecutivo

comienza

definitivamente

con

el

mandamiento

dirigido

añade,

inter alia,

que

9

la

al

alguacil.

ejecución

de

La

Regla

hipotecas

y

51.3(b)

otros

El referido artículo 201 establece que aplican al procedimiento

ordinario de ejecución de hipoteca los artículos 202, 207

(incisos V y VI), 211, 220-224, 226 (excepto la frase sobre el

requisito de confirmación), 227-229, 231, 232 y 234. 30 L.P.R.A.

§§ 2702, 2707, 2711, 2720-2724, 2726, 2727-2729, 2731, 2732 y

2734.

CT-2006-4

21

gravámenes será mediante venta judicial.10

Los efectos pertinentes del mandamiento ejecutorio surgen de

la Regla 51.3(a).

Ésta se dedica principalmente a las sentencias

que ordenan a una parte a realizar ciertos actos específicos.

Añade, sin embargo:

En todos los casos en que el tribunal ordenare una

venta judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha

orden tendrá la fuerza y efecto de un auto disponiendo

la entrega física de la posesión, debiendo consignarse

así en el fallo u orden para que el alguacil u otro

funcionario actuante proceda a poner al comprador en

posesión de la propiedad vendida en el plazo de veinte

(20) días desde el de la venta o subasta, sin perjuicio

de los derechos de terceros que no hayan intervenido en

el procedimiento.

Obsérvese como esta Regla no priva al deudor del dominio.

Sólo

establece que el mandamiento debe ordenar la entrega del mueble o

inmueble al funcionario correspondiente.

Cumplido ese requisito,

el mandamiento constituye una orden al deudor para que transfiera

la posesión de la cosa al tribunal.

Por

10

otro

lado,

la

Regla

51.8 establece los

pormenores

Dispone la Regla 51.3(b):

En las sentencias que se dicten en juicios sobre

ejecución de hipotecas y otros

gravámenes

se

ordenará que el demandante recupere su crédito,

intereses y costas mediante venta

de

la

finca

sujeta al gravamen.

Al efecto, se expedirá una orden

al alguacil, disponiendo que proceda a venderla para

satisfacer la sentencia, en la forma prescrita por la

ley para la venta de propiedad bajo ejecución; y si no

se encontrase la finca hipotecada o si el resultado de

su

venta

fuese

insuficiente

para

satisfacer

la

totalidad de la sentencia, entonces el alguacil

procederá a recuperar el resto del dinero o remanente

del importe de la sentencia sobre cualquiera otra

propiedad del demandado, como en el caso de cualquiera

otra ejecución ordinaria.

CT-2006-4

22

del procedimiento para las ventas judiciales.

Su inciso (d) es

pertinente a la controversia de marras:

Verificada la venta, el oficial a cargo de la misma

levantará

un

acta

por

escrito

describiendo

lo

acontecido durante la subasta y la adjudicación en

venta al mejor postor, quien pagará el importe de la

venta en dinero efectivo o en cheque certificado a la

orden

del

oficial

en

cuestión.

En

casos

extraordinarios, el tribunal podrá ordenar cualquier

otra forma de pago. Si se tratare de bienes muebles, el

oficial hará entrega al comprador de los bienes

vendidos y si éste lo solicitare, le hará entrega de

una copia del acta de subasta debidamente certificada

por él. Dicha copia certificada constituirá evidencia

oficial del título del comprador sobre los bienes

vendidos subrogándole en los derechos del vendedor

sobre dichos bienes. En caso de venta de propiedad

inmueble, el oficial encargado de la venta otorgará

escritura pública a favor del comprador ante el notario

que este último seleccione, abonando éste el importe de

tal escritura.

Este inciso de la Regla 51.8 establece el procedimiento a seguir

una vez se haya perfeccionada la venta en pública subasta.

El

comprador debe cumplir inmediatamente su obligación de pagar el

precio.

Entonces el alguacil adjudica la cosa al deudor y otorga

un Acta de subasta.

Los

procedimientos

a

partir

de

la

pautados en las últimas tres oraciones de

En el caso de

alguacil

los bienes muebles,

entregará

se

comprador

certificada del Acta no es

el

título,

mismo.

inmuebles,

respecto

alguacil otorgará una

cosa

la

al

Con

la

adjudicación

a

los

escritura

de

Regla

bienes

muebles,

y

dado

expresamente el modo de transferir

que

que

y

la

que

la

el

copia

sino evidencia del

se

venta

la

51.8(d).

dispone

indica

que

judicial.

este precepto yace justamente después del que

los

están

se

Regla

posesión

el

Como

refiere

a

no

establece

y

evidenciar

CT-2006-4

23

el título, entendemos que tales son las funciones de la escritura

pública.

Así interpretada, la Regla 51.8(d) no establece cuándo se

transfiere el dominio del deudor al comprador.

El alguacil tiene

una obligación de poner al comprador en posesión de los bienes,

sean muebles o inmuebles.

esa obligación.

Mas la Regla no aclara el por qué de

Quizás el alguacil debe entregar la cosa al

comprador porque ésta le pertenece al comprador.

entregarla para culminar el traspaso dominical.

O quizás debe

La Regla 51.8(d)

guarda silencio al respecto.

B.

Antes

la

Ley

Hipotecaria

sugieren que la intención legislativa ha sido

la

de

una

bien,

escritura

dominio.

El

varias

de

disposiciones

venta

artículo

judicial

231

la escritura de traspaso

los

la

de

instancia

del

rematante”.

artículo

232

establece,

la

a

para

la

establece

ordenará la cancelación de

deban cancelarse debido a

de

transferencia

que

asientos

el

“una

vez

finca

derecho

que

otorgada

hipotecado a

30

L.P.R.A.

§ 2731.11

su

vez,

un

que

del

tribunal

registrales

ejecución,

o

exigir

El

acreedor

adjudicatario debe entregar la cantidad correspondiente al

11

“El tribunal, una vez otorgada la escritura de traspaso de la

finca o derecho hipotecado a instancia del rematante ordenará que

se practiquen en el Registro de la Propiedad las cancelaciones de

los asientos que procedan, incluso los hechos en favor de la

persona que hubiere inscrito su derecho con posterioridad a la

fecha de la anotación del procedimiento a que se refiere la sec.

2709 de este título.” 30 L.P.R.A. § 2731

CT-2006-4

derecho

de

24

hogar

seguro

del

deudor

o

tercer

poseedor,

si

lo

hubiese, antes de otorgar la escritura de adjudicación judicial.

30 L.P.R.A. § 2732.12

Por último, obsérvese que el artículo 228

distingue implícitamente entre la adjudicación y la transferencia

del dominio.

30 L.P.R.A. § 2728.13

C.

El

contexto

jurídico

de

las

normas

examinadas

nuestra apreciación de la intención legislativa.

la

transferencia

de

un

derecho

real,

es

Tratándose de

preciso

artículo 549 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 1931.

confirma

acudir

al

Éste dispone:

La propiedad se adquiere por la ocupación.

La propiedad y los demás derechos sobre los

bienes se adquieren y transmiten por la ley, por

donación, por sucesión testada e intestada y por

consecuencia de ciertos contratos mediante la

12

“De acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la

reclamación del derecho de "Hogar Seguro", efectuado y confirmado

el remate y venta de una finca hipotecada deberá retenerse y

depositarse la cantidad que las expresadas disposiciones ordenan.

Igual medida se aplicará en caso de adjudicación, una vez

confirmada, debiendo al efecto el adjudicatario entregar la suma

correspondiente al alguacil o depositarl[a] en la secretaría del

tribunal, antes de otorgarse la escritura de adjudicación

judicial.” 30 L.P.R.A. § 2732.

13

“El procedimiento de ejecución regulado en las secciones

anteriores será igualmente aplicable al caso en que deje de

pagarse una parte del capital o de los intereses, cuyo pago debe

hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos, sin

cumplir el deudor su obligación y siempre que tal estipulación

conste inscrita.

Si para el pago de algunos de los plazos del

capital o de los intereses fuere necesario enajenar la finca

hipotecada, y aún quedaren por vencer otros plazos de la

obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca o

derecho al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte

del crédito que no estuviere satisfecha.” 30 L.P.R.A. § 2728.

CT-2006-4

25

tradición.

Puede también adquirirse por medio de la prescripción.

Hemos acogido el criterio doctrinal que atribuye a este artículo

la incorporación generalizada del sistema de título y modo a

nuestro

derecho

civil

patrimonial.

Ramírez

Quiñones

v.

Soto

Padilla, res. 20 de junio de 2006, 168 D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R.

100.

Véase,

Comentarios

también:

M.

Código

Civil

al

Albaladejo,

y

“Artículo

compilaciones

609”,

en

forales,

M.

Albaladejo (dir.), Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1987,

T. VIII, v. 1, pág. 3.

Véase además, M. Navarro Castro, La

tradición instrumental, Ed. Bosch, Barcelona, 1997.

Con

el

sistema

transferencia

circunstancias.

las

de

título

ciertos

y

derechos

modo

se

reales

reglamenta

en

la

determinadas

Entre esos derechos figura el dominio, y entre

circunstancias

transferencia

de

necesarias

contractual.

figura

J.

Puig

el

que

se

Brutau,

trate

de

una

Fundamentos

de

Derecho Civil, Barcelona, Bosch, 1971, págs. 359-360; Albaladejo,

op. cit., pág. 12.

Evidentemente, la doctrina de título y modo

aplica al contrato de compraventa e implica que su perfección no

basta para transferir el dominio, sino que genera obligaciones de

carácter

personal.

jurisdicción.

D.P.R.

670

Tal

Véase,

(1936);

ha

e.g.:

Varcárcel

sido

la

Benítez

v.

norma

reiterada

Flores

Sancho

v.

Bonet,

en

esta

Llompart,

61

D.P.R.

(1942); Segarra v. Vda. De Llorens, 99 D.P.R. 60 (1970).

Nuestro ordenamiento reconoce

varias

formas

de

lograr

50

213

CT-2006-4

26

la tradición, sin hacer una lista taxativa.

Artículos 1351-1353

del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3811-3813; Segarra v. Vda. de

Llorens,

supra.

Entre

supuesto

que

cuando

una

escritura

pública

las

partes

surge

y

impedir la tradición.

Es

natural,

examinadas

en

ellas

figura

compraventa

no

modo

se

expresan

instrumental,

otorga

su

mediante

intención

de

Artículo 1351 del Código Civil, supra.

entonces,

interpretar

contexto

de

el

el

la

las

doctrina

normas

de

procesales

título

y

modo,

especialmente cuando la venta judicial es una figura jurídicoprocesal

visto

inspirada

que

la

en

Regla

la

compraventa.

51.8(d)

es

clara

Específicamente,

al

disponer

hemos

que

los

alguaciles deben otorgar una escritura de venta judicial para

transferir la posesión de los inmuebles subastados mediante el

procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria.

claro

es

el

por

qué.

¿Será

que

el

Lo que no está

inmueble

pertenece

al

comprador o que huelga un traspaso posesorio para transferir el

dominio?

La firme trayectoria de la doctrina de título y modo,

unida

la

a

intención

de

configurar

un

mecanismo

procesal

inspirado en la compraventa, abona a que respaldemos la segunda

alternativa.

D.

El

resultado

contextualizadas

que

no

pragmáticas pertinentes.

arrojan

desvanece

las

normas

reseñadas

y

ante

las

consideraciones

De éstas surge la razón que pudo tener

nuestro legislador al insistir en la escritura de venta judicial.

CT-2006-4

27

Ese

requisito

los

de

traspaso

deudores

jurídico.

Cuando se otorga una escritura pública, el notario

legal

verdadero,

y

legítima.

ésta

cumple

y

las

que

la

estabilidad

formalidades

contiene

una

del

alguna

a

que

a

ofrece

protección

asegura

y

instrumental

tráfico

pertinentes,

transacción

que

es

válida

y

Véase, e.g.: artículo 2 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A.

§ 2002; In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 895 (2000);

Deliz Muñoz v. Igartua Moñoz, res. ___, ___ D.P.R. ___, 2003

T.S.P.R. 4.

Por ende, si hubiera alguna irregularidad procesal o

sustantiva, el notario debe abstenerse de autorizar la misma.

Tal intervención notarial constituye un último cedazo jurídico

antes de configurarse la transferencia del dominio mediante un

procedimiento que, en gran medida, se ha dejado en manos del

acreedor ejecutante y del alguacil.

Es por ello que la escritura

de venta judicial protege a los deudores y facilita el tráfico

jurídico al procurar su estabilidad.

Somos

conscientes

pragmáticas

tendientes

que

a

desvirtuar

tradición

instrumental.

deudores

serán

entregar

(o

han

entregado)

Tribunal,

y

cuyo

dominio

perfeccionado

desde

deudor

un

en

dueños

la

venta

punto

de

la

medida

existen

Éste

por

un

que

el

por

periodo

durante

la

posesión

probablemente

Tal

jurídico

éste

requisito

implica,

judicial.

vista

consideraciones

y

deba

ejemplo,

el

que

cual

del

de

deben

inmueble

perderán,

los

al

habiéndose

situación,

anómala

económico,

perjudica

cumplir

obligaciones

las

patrimoniales correspondientes a un derecho dominical sin

al

CT-2006-4

28

grandes beneficios.

La dilación del traspaso también perjudica a

los acreedores en la medida que les impide tomar posesión del

inmueble

para

evitar

los

daños

que

mediante la intervención judicial.

huérfanos

de

evidencia

no

sea

práctico

atender

Sin embargo, los autos están

tendiente

a

demostrar

que

estas

dificultades superan los beneficios de la tradición instrumental

con tal claridad como para demostrar que nuestro legislador quiso

prescindir de la misma.

E.

Debemos concluir, en síntesis, que la intención legislativa

ha sido la de exigir una escritura de venta judicial antes de

privar

a

los

deudores

de

su

derecho

dominical

procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria.

varias

disposiciones

contractuales

del

de

proceso

la

Ley

ejecutivo

carácter

de

norma

excepciones

o

cuando

partes

las

normas

no

general,

ordinario,

sin

cumplen

que

los

matices

la

función

y

Acogemos dicha postura

expresarnos

complementarias

un

Así lo intiman

Hipotecaria,

fehaciente del notariado puertorriqueño.

en

mediante

hoy

podrían

adecuadamente

sobre

las

encomendarse

sus

respectivas

obligaciones.

VI.

Por los fundamentos expresados, soy

este

Tribunal

presentada,

y

debió

expedir

responder

a

del

criterio

la

Petición

de

la

pregunta

certificada

Certificación

generalmente, un deudor o tercer poseedor pierde su

sobre

el

inmueble

objeto

de

un

procedimiento

que

que,

dominio

ordinario

de

CT-2006-4

29

ejecución hipotecaria al otorgase la correspondiente escritura de

venta judicial.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada