Tribunal Supremo de Puerto Rico
James Patrick Smyth Delgado and Sheila Ivonne Puig Caballero v. Oriental Bank & Trust and José Ramón Carrión Morales, Chapter 13 Trustee; United States Bankruptcy Appellate Panel For The First Circuit
2007 TSPR 12
Poder Judicial de Puerto Rico
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James Patrick Smyth Delgado and Sheila Ivonne Puig Caballero v. Oriental Bank & Trust and José Ramón Carrión Morales, Chapter 13 Trustee; United States Bankruptcy Appellate Panel For The First Circuit
CT-2006-0004
Resolución con Voto de Conformidad y un Voto Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
James Patrick Smyth Delgado and
Sheila Ivonne Puig Caballero
Apelantes
Certificación
v.
2007 TSPR 12
Oriental Bank & Trust and
José Ramón Carrión Morales,
Chapter 13 Trustee
170 DPR ____
Apelados
United States Bankruptcy
Appellate Panel For The First
Circuit
Tribunal Solicitante
Número del Caso: CT-2006-4
Fecha: 22 de enero de 2007
Abogado de la Parte Apelante:
Lcdo. José A. León Landrau
Abogados de la Parte Apelada:
Lcda. Vanessa M. Torres Quiñones
Lcdo. Jorge Martínez Landrón
Materia: Certificación
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que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
James Patrick Smyth Delgado and
Sheila Ivonne Puig Caballero
Apelantes
v.
Oriental Bank & Trust and
José Ramón Carrión Morales,
Chapter 13 Trustee
Apelados
CT-2006-4
United States Bankruptcy
Appellate Panel For The First
Circuit
Tribunal Solicitante
RESOLUCION
San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 2007
Atendida la petición de certificación presentada en
el caso de epígrafe, se anula el auto y se deniega la
misma por estar igualmente dividido el Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
El Juez Presidente señor Hernández
Denton emite un Voto de conformidad. La Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez emite un Voto disidente al
cual se le unen el Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
James Patrick Smyth Delgado and
Sheila Ivonne Puig Caballero
Apelantes
v.
Oriental Bank & Trust and
José Ramón Carrión Morales,
Chapter 13 Trustee
Certificación
Apelados
CT-2006-4
United States Bankruptcy
Appellate Panel For The First
Circuit
Tribunal Solicitante
Voto de Conformidad
HERNÁNDEZ DENTON
emitido
por
el
Juez
Presidente
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 22 enero de 2007.
Entendemos
que,
con
la
desestimación
del
pleito por la Corte de Quiebra de los Estados
Unidos
para
el
Distrito
de
Puerto
Rico
(en
adelante, la Corte de Quiebra) y la consiguiente
desestimación de la apelación por el Panel de
Apelaciones de Quiebra de los Estados Unidos para
el
Primer
Circuito
(en
adelante,
el
Panel
de
Apelaciones de Quiebra), la cuestión certificada
ante nosotros se tornó académica.
A la luz de
los principios de justiciabilidad que gobiernan
nuestra función revisora, debemos abstenernos de
intervenir en este caso. Por ende, coincidimos
con la Resolución del Tribunal que anula el auto
expedido y deniega la petición de certificación.
CT-2006-4
2
I.
Oriental Bank & Trust (en adelante, Oriental) presentó
una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por
vía ordinaria contra James Patrick Smyth y Shayla Ivonne
Puig Caballero (en adelante, los deudores) en el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.
Así las
cosas, en la venta judicial Oriental se adjudicó uno de los
inmuebles de los deudores.
Antes
de
que
se
otorgara
la
escritura
de
venta
judicial, los deudores presentaron una petición de quiebra
ante la Corte de Quiebra.
En vista de que el Tribunal de
Primera Instancia ordenó que se expidiera el mandamiento
para lanzar a los deudores, Oriental presentó una moción
ante la Corte de Quiebra, solicitando que se levantara la
paralización
automática
para
permitirle
lanzar
a
los
deudores.
Arguyó que el bien inmueble no era parte del
caudal
quiebra
de
adquirido
el
adjudicación
y
que
dominio
en
la
le
pertenecía
sobre
venta
el
ya
mismo
judicial.
No
que
había
mediante
la
obstante
la
oposición de los deudores, la Corte de Quiebra levantó la
paralización automática.
Oportunamente
los
deudores
recurrieron
al
Panel
de
Apelaciones de Quiebra. Como no existe un precedente claro,
el
Panel
de
Apelaciones
de
Quiebra
nos
certificó
que
aclaremos si el dominio sobre el inmueble objeto de un
procedimiento
ordinario
de
ejecución
hipotecaria
se
CT-2006-4
3
transfiere
al
momento
de
la
adjudicación
o
mediante
la
escritura de venta judicial.
Sin
embargo,
posteriormente
la
Corte
de
Quiebra
desestimó el caso porque los deudores incumplieron con el
plan de pago.
una
moción
recurso
En vista de ello, los deudores presentaron
ante
de
nosotros,
certificación
solicitando
por
haberse
el
archivo
tornado
del
académico.
Por su parte, Oriental se opuso al archivo, argumentando
que la cuestión certificada es una recurrente y capaz de
evitar
la
revisión
judicial.
Finalmente,
el
Panel
de
Apelaciones de Quiebra desestimó la apelación a instancia
de
los
deudores.
En
atención
a
este
tracto
procesal,
resolvemos.
II.
La
gobierna
doctrina
el
de
la
ejercicio
justiciabilidad
de
la
función
de
las
causas
revisora
de
tribunales, fijando la jurisdicción de los mismos.
los
Dicha
doctrina nace del principio elemental de que los tribunales
existen
únicamente
para
resolver
controversias
genuinas
surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real
en obtener un remedio judicial que haya de afectar sus
relaciones jurídicas.
Esto es, para el ejercicio válido
del poder judicial se requiere la existencia de un caso o
controversia real.
Ortiz v. Panel F.E.I., 2001 T.S.P.R.
134, res. el 8 de octubre de 2001.
CT-2006-4
4
Como corolario de la doctrina de justiciabilidad, los
tribunales están impedidos de emitir opiniones consultivas.
De lo contrario, se producirían decisiones en el vacío, en
el abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, y
los tribunales, contrario a su función, estarían actuando
como asesores o consejeros.
Justicia,
109
D.P.R.
715
Com. de la Mujer v. Srio de
(1980);
E.L.A.
v.
Aguayo,
80
D.P.R. 552 (1968).
En vista de que la justiciabilidad es una doctrina
auto-impuesta, los propios tribunales deben preguntarse y
evaluar si es o no apropiado entender en un determinado
caso,
mediante
un
análisis
que
les
permite
ejercer
su
discreción en cuanto al límite de su poder constitucional.
Rexach v. Ramírez Vélez, res. el 15 de junio de 2004, 2004
T.S.P.R. 97.
Por
otro
lado,
inter-jurisdiccional
el
es
procedimiento
el
instrumento
de
certificación
procesal
adecuado
que permite a un tribunal someter, para una contestación
definitiva,
a
otro
tribunal
de
jurisdicción
distinta,
preguntas sobre cuestiones que se refieren al derecho de
esa
jurisdicción.
Las
contestaciones
a
esas
preguntas
obligan en cualquier procedimiento judicial ulterior entre
las
mismas
partes,
bajo
la
doctrina
de
cosa
juzgada.
Guzmán v. Calderón, 2005 T.S.P.R. 33, res. el 23 de marzo
de 2005.
La certificación es el medio más directo, rápido y
económico
para
que
un
tribunal
federal
obtenga
una
CT-2006-4
5
interpretación autorizada sobre el derecho estatal.
En
virtud
no
de
resueltas
este
en
procedimiento,
el
derecho
las
estatal
controversias
son
transferidas
directamente al foro de mayor jerarquía del estado mediante
la
certificación
específicas
para
por
tal
Corte
precisar
obligue a las partes.
De
la
manera,
una
federal
cuestión
de
preguntas
definitiva
que
Id.
el
mecanismo
de
la
certificación
permite preservar y respetar la función prístina de las
cortes estatales de interpretar y formular el derecho de
los estados.
Además, ofrece la ventaja de evitar que las
partes tengan que iniciar un nuevo pleito en los tribunales
estatales, siguiendo todo el trámite judicial, usualmente
lento y costoso, hasta obtener una interpretación final y
firme sobre el derecho estatal.
Pan Ame. Comp. Corp. v.
Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982).
Según establecido por la nueva Ley de la Judicatura de
2003,
este
Tribunal
“mediante
auto
de
certificación
podrá conocer de un asunto que fuera certificado por el
Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos
de
América,
un
Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos de
América, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de
América o el más alto tribunal apelativo de cualquiera de
los
estados
existe
ante
de
el
los
Estados
tribunal
Unidos
de
solicitante
América,
cuando
cualquier
asunto
judicial en el que estén implicadas cuestiones de derecho
CT-2006-4
6
puertorriqueño que puedan determinar el resultado del mismo
y respecto al cual, en la opinión del tribunal solicitante,
no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este
Tribunal”.
Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de
Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Sec. 24s.
Por tanto, nuestra capacidad de conocer en materia de
certificación no es absoluta.
Es necesario: 1) que haya un
asunto judicial existente ante el tribunal solicitante; 2)
que implique cuestiones de derecho puertorriqueño; 3) que
puedan determinar el resultado del pleito; y 4) que no
existan precedentes claros en nuestra jurisprudencia.
Estos
requisitos
revelan
la
naturaleza
de
la
certificación como mecanismo en apoyo a otra jurisdicción.
Nuestra intervención en una certificación se justifica en
cuanto exista un pleito ante el tribunal solicitante, en el
cual
lo
que
se
determine
finalmente
por
el
tribunal
certificado produzca efectos concretos.
el
Esto se debe a que la certificación no puede
eludir
principio
y
fundamental
que
fija
el
sentido
el
propósito de la función judicial.
Nos referimos al hecho
de
sólo
puede
ejercerse
concretas,
reales
y
que
la
resolver
función
judicial
controversias
para
efectivas
entre litigantes que reclaman derechos opuestos ante un
tribunal.
tanto,
que
E.L.A. v. Aguayo, supra.
la
certificación
Es necesario, por
satisfaga
cabalmente
el
principio elemental de justiciabilidad no sólo en nuestro
CT-2006-4
7
foro, sino, además, en el foro federal.
Pan Ame. Comp.
Corp. v. Data Gen. Corp., supra.
Una de las manifestaciones concretas del principio de
justiciabilidad es la doctrina de academicidad.
Un caso es
académico cuando el paso del tiempo o los cambios fácticos
o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal
causan que el pleito pierda su carácter adversativo, de
manera que el remedio que pueda adoptar el tribunal no ha
de
llegar
a
tener
controversia.
carácter
efecto
real
alguno
en
cuanto
a
esa
Una vez se determina que ha desaparecido el
adversativo
entre
los
intereses
de
las
partes
involucradas, los tribunales pierden su jurisdicción en el
pleito y, por tanto, deben abstenerse de considerar el caso
en sus méritos.
Con esta limitación sobre el poder de los
tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de los
recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos
de
los
tribunales
que
resulten
superfluos.
C.E.E.
v.
Depto. De Estado, 134 D.P.R. 927 (1993); E.L.A. v. Aguayo,
supra.
Sin
embargo,
existen
varias
excepciones
a
la
doctrina de academicidad: a saber, cuando se plantea una
cuestión recurrente y que por su naturaleza evade o se hace
muy
difícil
adjudicación
ante
los
casos
en
que
la
propia
demandante
voluntariamente
su
conducta
ilegal;
aquellos
la
si
tribunales;
la
en
termina
situación
de
hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene
visos de permanencia; en los casos en que el tribunal ha
CT-2006-4
8
certificado un pleito de clase y la controversia se tornó
académica para un miembro de la clase, mas no para el
representante de la misma; o aquellos casos que aparentan
ser académicos, pero que en realidad no lo son por sus
consecuencias
colaterales.
El
Vocero
v.
Junta
de
Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).
La excepción sobre el carácter recurrente o repetitivo
de la controversia exige el estudio de tres factores: la
probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en
el procedimiento; y la probabilidad de que la controversia
evada
adjudicación
o
revisión
judicial.
El
elemento
principal en el proceso de concluir si una determinación
afirmativa de academicidad promoverá la finalidad de la
autolimitación judicial es la probabilidad de recurrencia.
Cuando existe la probabilidad de que la controversia se
repita
o
recurra,
los
tribunales
debemos
considerar
el
asunto planteado a pesar de que el mismo haya advenido
académico.
sustancial
de
Además,
debe
que
controversia,
la
existir
recurrente, evite la adjudicación.
una
a
probabilidad
pesar
de
ser
Esto sucede con mayor
frecuencia en aquellas controversias que son de por sí de
muy
corta
duración,
aunque
pueden
existir
otras
que
ocasionen que una controversia eluda la revisión judicial.
Asociación de Periodistas v. González Vázquez, 127 D.P.R.
704 (1991).
CT-2006-4
En
9
conclusión,
un
dictamen
judicial
en
una
controversia académica, en cuanto ofrece una solución que
no tiene efectos prácticos sobre las partes, constituye una
opinión consultiva.
Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E. Tel.,
150 D.P.R. 924 (2000);
(2000).
De
no
excepcionales
Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10
verificarse
antes
ninguno
mencionados,
de
el
los
supuestos
ejercicio
de
la
facultad revisora por los tribunales en un caso académico
constituye
una
actuación
contraria
a
la
doctrina
de
justiciabilidad.
III.
A la luz del derecho aplicable, entendemos que el caso
ante nuestra consideración no es uno justiciable.
Se
nos
planteó
una
cuestión
del
Veamos.
derecho
puertorriqueño, la cual surgió de un caso que no estaba
pendiente de adjudicación ante nosotros.
Mediante recurso
de certificación, el Panel de Apelaciones de Quiebra nos
pidió aclarar esa cuestión ineludible para resolver el caso
que tenía ante su consideración.
A la luz de la doctrina de justiciabilidad, estamos
impedidos de emitir opiniones en ausencia de un caso o
controversia real.
la
certificación
derecho
local
aun
Por vía excepcional, el mecanismo
nos
permite
cuando
adjudicación ante nosotros.
no
de
atender
una
cuestión
del
haya
caso
pendiente
de
un
Sin embargo, para conocer de
un asunto certificado se requiere que exista un pleito
CT-2006-4
10
pendiente
de
ser
resuelto
cuestión
certificada
ante
pueda
otro
tribunal
determinar
el
y
que
resultado
la
del
mismo.
Se trata de una aparente excepción a la doctrina de
justiciabilidad.
Lo
que
hace
justiciable
una
cuestión
certificada es el hecho de que exista un pleito, aunque
ante otro tribunal, en función del cual estamos decidiendo.
Nuestra intervención queda así justificada por existir una
controversia genuina entre partes opuestas, que tienen un
interés real en nuestro pronunciamiento, el cual afectará
sus relaciones jurídicas.
Ahora
bien,
nos
preguntamos
si
procede
nuestra
intervención cuando, antes de que nos pronunciemos sobre
una
cuestión
certificada,
se
desestima
el
pleito
relación al cual se nos solicitó la certificación.
en
A la
luz de la doctrina de justiciabilidad, nuestra contestación
debe ser en la negativa.
La
naturaleza
y
certificación
imponen
que
certificación
subsistan
en
nuestro
misma
pronunciamiento.
el
propósito
los
el
En
del
recurso
requisitos
momento
en
específico,
que
por
de
de
la
emitimos
la
manera
peculiar de operar de la certificación, es esencial que, al
momento
en
que
nos
pronunciemos,
el
tribunal
que
certificó aún tenga ante su consideración el pleito.
contrario, emitiríamos una opinión consultiva.
nos
De lo
CT-2006-4
En
11
el
caso
a
después
quo,
de
presentada
la
certificación, la Corte de Quiebra desestimó el pleito y el
Panel de Apelaciones de Quiebra desestimó la apelación.
Por
ende,
antes
de
nosotros
decidir
la
cuestión
certificada, el pleito en función del cual se justificaba
nuestra intervención ya no está pendiente de adjudicación.
Conforme
a
los
principios
de
justiciabilidad
esbozados, procede desestimar la certificación por haberse
vuelta académica.
Cualquier pronunciamiento en ese sentido
constituiría
opinión
una
consultiva
impermisible.
En
efecto, al desestimarse el pleito ante la Corte de Quiebra
se perdió el carácter adversativo de los intereses entre
las partes y, por tanto, nuestro pronunciamiento no tendría
efecto real alguno.
Estamos
ante
un
caso
claramente
académico,
en
relación al cual no se cumple ninguna de las excepciones
que
justificarían
nuestra
intervención.
trata de una cuestión que podría
Aun
repetirse,
cuando
se
entendemos
que no sería susceptible de evadir la revisión judicial.
En efecto, el pleito se tornó académico por razón de la
desestimación
y
no
porque
duración.
Una
vez
la
Apelaciones
de
Quiebra
la
Corte
controversia
de
Quiebra
desestimaron
el
y
sea
de
el
Panel
de
por
ser
pleito
corta
académico, procede que nosotros también anulemos el auto
expedido
por
haberse
tornado
originó la certificación.
académico
Por ende,
el
recurso
estamos
que
conformes
CT-2006-4
12
con la Resolución del Tribunal que anula el auto expedido y
deniega la petición de certificación.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
James Patrick Smyth Delgado and
Sheila Ivonne Puig Caballero
Apelantes
v.
Oriental Bank & Trust and
José Ramón Carrión Morales,
Chapter 13 Trustee
Apelados
CT-2006-4
United States Bankruptcy
Appellate Panel For The First
Circuit
Tribunal Solicitante
Voto Disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
al cual se le unen el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri y la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 2007
Disiento de la determinación del Tribunal de anular
el auto, denegando la petición de certificación que nos
fue solicitada por el Panel de Apelaciones de Quiebras
de los Estados Unidos para el Primer Circuito.
nuestra
decisión
nos
negamos
concluyentemente
una
controversia
puertorriqueño,
real
y
a
de
recurrente,
resolver
derecho
que
Con
se
civil
plantea
comúnmente ante el Tribunal de Quiebras y que hasta
ahora
ha
evitado
la
revisión
judicial.
Nuestra
renuencia a intervenir poco abona a la interrelación
judicial
además
armoniosa
con
entre
nuestro
puertorriqueño.
ambos
deber
de
foros
pautar
e
incumplimos
el
Derecho
CT-2006-4
2
El presente recurso de certificación plantea la siguiente
controversia:
si, en el procedimiento ordinario de ejecución
hipotecaria, un deudor o tercer poseedor pierde su dominio sobre
el inmueble ejecutado cuando se perfecciona la venta judicial o
cuando
se
otorga
la
correspondiente
escritura
pública.
Resolvemos que, generalmente, la transferencia dominical precisa
del instrumento público
I.
Los hechos pertinentes son estos.1
Oriental Bank and Trust
(“Oriental”) instó una acción ordinaria sobre cobro de dinero y
ejecución de hipoteca contra James Patrick Smyth Delgado y Sheyla
Ivonne
Puig
Instancia,
Caballero
Sala
(“deudores”)
Superior
de
en
el
Tribunal
Caguas.
de
Primera
Efectuados
los
procedimientos de rigor, hubo una venta judicial el 28 de abril
de
2005.
Allí
se
adjudicó
Oriental,
quien
recibió
la
un
inmueble
buena
pro.
de
los
Sin
demandados
embargo,
a
estos
presentaron una petición de quiebra el 3 de mayo de 2005, antes
de que el alguacil otorgara la escritura de venta judicial.
El
15 de junio de 2005, a instancia de Oriental, el Tribunal de
Primera Instancia ordenó que se expidiera el Mandamiento para
lanzar a los deudores,
1
Véase: Memorandum and Order Certifying and Requesting
Consideration of Legal Question to the Puerto Rico Supreme Court
(“Memorandum and Order”), págs. 2-3; Acta de Subasta, Apéndice
del Alegato de Oriental Bank and Trust (“Apéndice”), págs. 39-40;
Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, de 15 de
julio de 2005, Apéndice, págs 41-42.
CT-2006-4
3
Por otro lado, Oriental presentó una moción ante el Tribunal
de Quiebra, el 13 de junio de 2005, para que éste levantara la
paralización automática y le permitiera procurar el lanzamiento
(“evict”) de los demandados en el Tribunal de Primera Instancia.
Adujo que el inmueble era suyo, pues la adjudicación mediante
venta judicial le bastó para adquirir el dominio.
los
demandados
que,
ausente
la
tradición
inmueble pertenecía al caudal de quiebra.
Respondieron
instrumental,
el
El Tribunal acogió la
posición de Oriental y levantó la paralización el 2 de septiembre
de 2005.
Los demandados acudieron oportunamente al Panel de
Apelaciones de Quiebra de los Estados Unidos para el
Primer
Circuito (“Panel”).
El Panel, a su vez,
presentó
motu
proprio
un
primer
lugar,
de certificación ante nos.
Observó,
en
la
del
derecho
puertorriqueño
caso.
Según
caracterización
determinante
en
este
Código
de
Quiebra,
quiebra
incluye
11
“all
U.S.C.A.
legal
or
la
§
sección
que
resulta
541(a)(1)
541(a)(1),
equitable
recurso
del
el
caudal
de
interests
of
the
debtor in property as of the commencement of the case”.
Se
entiende
en
que
propiedad’
el
es
derecho
parte
estatal
determina
resuelto
que
si
la
propietario
(“rights
dentro
la
de
del
federal
determina
si
un
caudal,
mientras
que
‘interés
el
existe
tal
interés.
Así,
sección
541
incluye
cualquier
to
property”)
jurisdicción
del
que
tenga
tribunal
al
presentar su petición de quiebra,
mas
no
sobre los cuales
todo
interés
haya
perdido
derecho
se
el
derecho
deudor
momento
aquellos
ha
de
bienes
propietario,
CT-2006-4
antes
de
4
la
petición,
(“eviction”).
por
vía
de
ejecución
o
desahucio
Consecuentemente, para determinar si el inmueble
aquí disputado es parte del caudal de quiebra, huelga saber si la
venta judicial privó a los demandados de todo interés propietario
sobre el mismo.
El Panel continúa señalando que los tribunales de quiebra se
han dividido con respecto al efecto de una venta judicial al
amparo
del
procedimiento
ordinario
de
ejecución
de
hipoteca.
Algunos han entendido que la Regla 51.8 de Procedimiento Civil,
32 L.P.R.A. Ap. III, caracteriza la escritura de venta judicial
como un requisito sine qua non para la transferencia del dominio,
lo cual significa que el deudor tiene un interés en propiedad
hasta el otorgamiento de dicho instrumento.
Otros tribunales han
resuelto, al amparo de Ríos Méndez v. Banco Popular, 81 D.P.R.
378
(1959),
que
la
escritura
de
venta
judicial
es
un
acto
simbólico cuya ausencia no impide la transferencia del dominio y,
por ende, la pérdida de todo interés propietario.
Destaca el
foro peticionario que esta desavenencia responde a la ausencia de
un claro precedente nuestro o del Tribunal de Apelaciones del
Primer Circuito.2
Memorandum and Order, págs. 3-5.
En mérito de lo anterior, se nos ha certificado la siguiente
pregunta:
2
Evidentemente, una decisión del Tribunal de Apelaciones de los
Estados
Unidos
para
el
Primer
Circuito
no
resolvería
definitivamente la cuestión, aunque vincularía al Panel de
Apelaciones de Quiebra del Primer Circuito.
CT-2006-4
5
...the question raised here is whether the Debtors were
divested of all interest in the Property upon the
adjudication of the Property at the pre-petition
judicial sale, but before the marshal executed the
public deed.
There is no clear precedent as to
whether, under Puerto Rico law, title to real property
is transferred upon “adjudication” at a judicial sale,
or upon the marshal’s subsequent execution of a public
deed to the buyer. . . .
Memorandum and Order, págs. 5-6.
Examinado
partes
un
el
recurso
término
de
certificación,
concedimos
de
para
simultáneo
20
días
a
las
someter
sus
alegatos, contados a partir del 11 de mayo de 2006.
compareció oportunamente.
de
10
días,
alegato”.
el
7
de
Oriental
Los deudores solicitaron una prórroga
junio
de
2006,
“para
someter
nuestro
Concedimos el término solicitado, a partir del 28 de
junio de 2006.
Sin embargo, el 12 de junio de 2006 el Tribunal de Quiebra
del
Distrito
de
Puerto
Rico
desestimó
el
caso,
“[u]pon
de
trustee’s application for dismissal of the above captioned case
on the grounds that the debtor(s) failed to comply with the plan
and the payments required thereunder, and the debtor(s) having
failed to timely reply to said motion...”
Una copia de dicha
orden la anejaron los demandados a su Moción sobre Academicidad
del
Recurso,
presentada
el
14
de
julio
de
2006,
aproximadamente un mes después de la desestimación.
es
decir,
Indicaron
que habrían de atenerse a la misma e informar al Panel, hechos
que
hacían
académicas
su
apelación
y
la
correspondiente
certificación.
En vista de ello, concedimos
un
plazo
de 5 días a
CT-2006-4
6
Oriental y a José Carrión Morales, el Síndico de Quiebra bajo el
capítulo 13, mediante una Resolución emitida y notificada los
días 4 y 7 de agosto de 2006, para que se expresaran al respecto.
El 11 de agosto de 2006, Oriental solicitó una prórroga de 20
días.
Adujo que, a pesar de sus esfuerzos, no había recibido una
copia completa del escrito de los demandados.
solicitado
y
Oriental
compareció,
Accedimos a lo
oportunamente,
mediante
una
Moción en Oposición a Desestimación.
Sostiene que la cuestión
certificada
evitar
es
recurrente
y
capaz
de
la
adjudicación.
Finalmente, el Panel desestimó la apelación el 21 de septiembre
de 2006, a instancia de los deudores.3
3
La desestimación ocurrió al ampara de las Reglas 8001(c)(2) de
Procedimiento de Quiebra y 8001-1(c)(2) del Panel, 11 U.S.C.
Dispone la primera:
If an appeal has been docketed and the parties to the
appeal sign and file with the clerk of the district
court or the clerk of the bankruptcy appellate panel an
agreement that the appeal be dismissed and pay any
court costs or fees that may be due, the clerk of the
district court or the clerk of the bankruptcy appellate
panel shall enter an order dismissing the appeal. An
appeal may also be dismissed on motion of the appellant
on terms and conditions fixed by the district court or
bankruptcy appellate panel.
La segunda Regla dispone:
If an appeal has been docketed in the BAP, it may be
dismissed by the parties in the manner set forth in
Rule 8001(c)(2) of the Federal Rules of Bankruptcy
Procedure. An appeal may also be dismissed on motion of
all appellants, if no response or opposition is filed
within ten (10) days after service of the motion, on
terms and conditions determined by the BAP.
CT-2006-4
7
II.
A.
Los tribunales puertorriqueños están impedidos de resolver
casos académicos.
Un caso se torna académico cuando cesa su
condición de controversia viva y presente debido al transcurso
del tiempo.
Véase, e.g.: Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo
v. Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 150 D.P.R.
924 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).
Esta
doctrina refleja, en cierta medida, nada más que el requisito de
una acción legitimada en el tiempo, y su propósito es evitar los
precedentes
innecesarios
recursos judiciales.
así
como
el
uso
inadecuado
de
los
P.N.P. v. Carrasquillo, res. 27 de octubre
de 2005, 165 D.P.R. ___, 2005 TSPR 157.
Ahora,
existen
prohibición.
presenta
Un
alguna
varias
caso
académico
recurrente
Igual
excepción
academicidad ha sido
provocada
una conducta sin indicios
lugar,
aparentemente
tener
es
académica
además,
referida
resolverse
cuando
capaz
aplica
permanencia.
atender
su
una
sobre
las
controversia
de
Puede
clase
mas no para
entre
otras
cosas,
que
en
tribunales.
procuran
pregunta
P.N.P.
habrá
haya
excepciones
misma
En
se
de
la
la
mediante
partes.
miembros
Estas
una
la
controversia
adjudicación
otros
los
cuando
de
de
repetidamente
evadir
adecuados
académica para el representante
ella.
de
demandado
cuando
una
la
el
colaterales
que
y
a
por
posible
consecuencias
ocurrir,
puede
cuestión
adjudicación.
tercer
excepciones
v.
se
tornado
evitar,
litigue
Carrasquillo,
CT-2006-4
8
Véase,
supra.
res.
Corrección,
también:
28
de
Cruz
marzo
Negrón
v.
Administración
2005,
163
D.P.R.
de
___,
de
2005
T.S.P.R. 34; Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra,
150 D.P.R. 10 (2000).
La primera excepción indicada se aplica con miras al balance
de tres consideraciones.
El factor principal es si existe una
probabilidad
que
razonable
de
recurra
la
controversia.
Ésta
podría surgir nuevamente entre las mismas partes, en cuyo caso
resulta más prudente su adjudicación, pero la identidad de partes
no es imperativa.
Por último, debe existir una probabilidad
sustancial de que la controversia, a pesar de ser recurrente,
evite
la
adjudicación.
Cruz
Negrón
v.
Administración
de
Corrección, supra; Angueira v. Junta de Libertad Bajo Palabra,
supra.
El caso de autos se
ajusta
a
la
excepción
recurrente.4
Sin duda que la cuestión certificada es
¿qué probabilidad tiene
el
futuro?
Obsérvese
de
que
evadir
dicha
nuestra
cuestión
frecuencia en los tribunales del Estado
el
ámbito
federal,
tribunales
de
automática,
cuyos
ha
quiebra
surgido
reseñada.
adjudicación
surge
Libre
Ahora,
con
muy
poca
Asociado.
En
principalmente
y
debido
a
la
efectos
cesan
con
norma
el
en
de
en
los
paralización
descargue
o
la
desestimación del caso,
entre
otras
la sección
Código
de Quiebra, 11 U.S.C. § 362.
4
362
del
circunstancias.
con
Véase
Los siguientes casos discuten el problema y hacen referencia a
múltiples litigios donde ha surgido:
In re Rodríguez, 334 B.R.
754 (1st Cir. B.A.P. 2005); In re Ortiz, 306 B.R. 727 (Bankr. D.
P.R. 2004); In re Hernández, 244 B.R. 549 (Bankr. D. P.R. 2000).
CT-2006-4
9
Dichos tribunales, a su vez, operan en el contexto de un proceso
relativamente expedito y matizado por la precaria situación del
deudor.
una
Así lo demuestra el caso de marras, donde se presentó
petición
de
quiebra
y
se
desestimó
la
misma
porque
los
deudores incumplieron su plan de reorganización, todo ello en
aproximadamente trece meses.
Este conjunto de factores produce
una probabilidad sustancial de que la cuestión planteada evite
nuestra futura adjudicación.
B.
Recientemente, en Guzmán
de
marzo
de
expresamos
2005,
163
sobre
las
artículo
3.002(f)
de
L.P.R.A.
§
sobre
24s,
inter-jurisdiccional.
Vargas
D.P.R.
v.
___,
Ley
los
de
la
Surge
de
de
nuestra
proceda
de
un
tribunal
supra;
(2)
que
la
asunto
judicial
certificada
cuestión
ante
pueda
mencionado
dicho
determinar
referido asunto judicial; (4)
sea
de
derecho
en
foro;
el
que
puertorriqueño,
(3)
aún
que
no
exista
respecto
a
la
Procedimiento
un
precedente
cuestión
Civil
claro
cuestión
cuando
certificada.
y
25
de
de
3.002(f),
la
con
relacionada con cuestiones de derecho federal
(5)
certificación
implicada
que
dicho
cumplimiento
artículo
resultado
la
que
el
esté
4
certificación
la
el
certificada
2003,
Opinión
que
(1)
el
de
la
de
requisitos:
tenido
ha
exige
siguientes
nos
que
recurso es de carácter discrecional y
los
33,
T.S.P.R.
Judicatura
requisitos
23
2005
consecuencias
la
res.
Calderón,
en
un
cuestión
respecto
al
certificada
pueda
estar
o
estatal;
y
este
Tribunal
con
Las
Reglas
este
Tribunal
53
de
deben
CT-2006-4
10
interpretarse en armonía con estas normas.
32 L.P.R.A. Ap. III;
4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.
Por
otro
pública
lado,
subyacen
jurisdiccional.
2005,
164
importantes
el
consideraciones
mecanismo
de
de
política
certificación
ínter
En Santana v. Calderón, res. 17 de junio de
D.P.R.
___,
2005
T.S.P.R.
86,
apuntamos
que
este
mecanismo “propicia [la] interrelación judicial armoniosa y de
respeto mutuo entre los dos sistemas judiciales soberanos que
conviven en el Estado Libre Asociado,” al hacer viable que este
Tribunal
defina
concluyentemente
los
parámetros
del
Derecho
puertorriqueño.
Como
discutiremos
consideración
cumple
a
a
previamente enumerados.
continuación,
cabalidad
con
el
los
el
artículo
Empero,
su
Memorandum
señala,
que
se
trata
de
Tribunal
de
correctamente,
Estados
derivan
Unidos
para
características la
de
un
tribunal
tribunales
aceptado
de
del
el
convierten
federal
otras
recursos
de
en
distrito.
jurisdicciones
de
certificación
tribunales de quiebra y los paneles
5
y
la
una
Order
entidad
cuyas
de
Circuito
el
de
and
Apelaciones
Primer
uno
3.002(f)
Regla 25(a), supra.5
bajo
parámetros
Ciertamente, el Panel no es
los tribunales enumerados en
facultades
recurso
los
y
equivalente
Añade
cuyas
funcional
que
los
estadounidenses
han
provenientes
los
apelativos,
aún
de
cuando
Son el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los Tribunales de
Apelaciones de Circuito de Estados Unidos, los Tribunales de
Distrito de Estados Unidos, y el más alto tribunal apelativo de
cada jurisdicción estatal estadounidense.
CT-2006-4
11
sus reglamentos contienen disposiciones similares a nuestra Regla
25(a).
Pág. 6 n. 2.
Veamos los requisitos segundo y tercero.
Cuando el Panel
instó su recurso, la cuestión certificada estaba implicada en un
asunto ante dicho tribunal, cuyo resultado podía depender de la
misma.
Por ejemplo, si la transferencia del dominio ocurrió al
perfeccionarse
la
pertenecía
caudal
al
venta
judicial,
de
paralización automática.
pertinentes.
La
el
inmueble
subastado
no
y
procedía
levantar
la
quiebra
Con ello se verifican los requisitos
posterior
desestimación
del
caso
suscita
un
problema de academicidad que debemos resolver –-y hemos resuelto- conforme al derecho local.
También se han cumplido los requisitos cuatro y cinco.
La
cuestión certificada versa sobre el derecho puertorriqueño, y su
íntima relación con una cuestión de derecho federal no impide el
recurso de certificación.
establecido
un
Por otro lado, este Tribunal no ha
precedente
claro
sobre
la
controversia
certificada, a pesar de su importancia en el tráfico jurídico,
todo lo cual explicaremos más adelante.
Finalmente,
cumplimos
con
al
nuestra
atender
función
esta
petición
normativa
de
de
certificación
pautar
el
Derecho
puertorriqueño a la misma vez que promovemos la interrelación de
los dos soberanos que convergen en nuestra jurisdicción.
III.
La cuestión certificada se refiere a la ejecución de
CT-2006-4
12
créditos
hipotecarios
mediante
el
llamado
procedimiento
ordinario.
Comenzamos, pues, con un análisis de esa figura.
A.
En atención a la controversia de marras, podemos definir la
hipoteca como “un derecho real que . . . sujeta o vincula lo
hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de exigir
eventualmente la realización de su valor así como la adopción de
medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía
de la efectividad de alguna obligación dineraria . . . .”
L. R.
Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San
Juan,
Jurídica
Editores,
2002,
pág.
481
(énfasis
suprimido)
(citando a Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona,
Bosch, 1995, T. VII, págs. 113-114).
Véase: Junta de Retiro para
Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 572-573 (1980).
De modo
que la hipoteca permite el cobro de una obligación dineraria, en
determinadas circunstancias, mediante la ‘realización del valor’
del
inmueble
hipotecado
e
independientemente
de
quien
sea
su
titular.
Tal ‘realización de valor’ se logra mediante la enajenación
del inmueble hipotecado.
Derechos
reales
y
A. López y López, V. Montés Panadés,
Derecho
inmobiliario
registral,
Tirant
lo
Blanch, Valencia, 1994, pág. 740. (“Instado el correspondiente
procedimiento para la ejecución de la hipoteca, es decir, en
ejercicio del crédito hipotecario, tras los trámites oportunos se
procede a la venta en pública subasta del inmueble hipotecado.
CT-2006-4
13
Esto es lo que llamamos la realización del valor del bien.”)
Quiérese
decir
que
nuestro
ordenamiento
prohíbe
el
pacto
comisorio, mediante el cual un acreedor hipotecario recibe el
derecho de apropiarse o disponer del inmueble para cobrar su
crédito vencido e insatisfecho.
Artículos 1757, 1758 y 1780 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 5002, 5003 y 5048.
Así se protege
al deudor o tercer poseedor de una disparidad entre la deuda y el
valor del inmueble.
También se permite que los acreedores con
gravámenes posteriores cobren sus acreencias del valor realizado
en exceso del crédito hipotecario ejecutado, lo cual facilita el
tráfico
jurídico
posteriores.
al
hacer
más
atractivos
dichos
gravámenes
Rivera Rivera, op. cit., pág. 482.
El modo de enajenar los inmuebles hipotecados es la venta en
pública subasta.
Evidentemente, nuestro legislador ha insistido
en la subasta por razones análogas a las que desvirtúan el pacto
comisorio.
Se pretende ejecutar el derecho crediticio mediante
un procedimiento que sea capaz de realizar un valor adecuado y
que esté abierto a la participación de los interesados, todo ello
en protección del acreedor, del deudor, del tercer poseedor, de
los acreedores con gravámenes posteriores y del tráfico jurídico.6
6
Esta caracterización deriva de nuestras expresiones previas
sobre los propósitos de varias normas aplicables a la ejecución
hipotecaria. Véase: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Sagrada
Familia v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 379, 385 (1997); Arroyo
v. Ortiz Rivera, 133 D.P.R. 62, 70 (1993); Ponce Federal Bank v.
Arblas Industrial Supplies, 132 D.P.R. 687, 690 (1993); Junta de
Retiro para Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 571-572, 574
(1980); Ponce Federal Savings and Loan Assoc. v. Gómez Monagas,
108 D.P.R. 585, 588-590 (1979).
CT-2006-4
14
Antes bien, conviene recordar que se admiten tres mecanismos
distintos para cobrar un crédito hipotecario.
En Atanasia Corp.
v. Jorge M. Saldaña, Inc., 133 D.P.R. 284, 292 (1993) (citas
omitidas), caracterizamos las alternativas del siguiente modo:
Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico le brinda al
acreedor hipotecario tres (3) vías procesales distintas
para hacer efectivo su crédito y ejecutar su garantía
real. Uno es el procedimiento de ejecución de hipoteca
por la vía ordinaria (30 L.P.R.A. sec. 2701; Regla 51.3
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III); otro es
el procedimiento ejecutivo sumario (30 L.P.R.A. sec.
2701 et seq.), y además, puede instar la acción
ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca
si lo desea, en aseguramiento de sentencia (Regla 51 de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III).
B.
A
pesar
de
su
importancia
y
frecuente
uso,
no
ha
sido
sencillo precisar la naturaleza jurídica de los mecanismos de
ejecución
hipotecaria.7
Mas
un
análisis
de
nuestra
7
Badenes Gasset resume algunas de las posturas doctrinales
habidas en el derecho comparado, especialmente el derecho
italiano, al dirimir si existe la obligación de saneamiento por
evicción en las ventas forzosas:
Hay quien afirma que el vendedor es el deudor
expropiado, mientras
que el
Tribunal
no
es
más
que el órgano del Estado por medio
del
cual
se
actúa la transmisión coactiva.
En cambio, otros
sostienen que el
vendedor
es
el
acreedor
en
virtud de un derecho propio
que
se
ejercita
por
vía de acción; otros, que
el
vendedor
es
el
Estado, en el ejercicio de un acto de imperio,
perteneciente a la esfera de los actos del poder
ejecutivo,
como
sucede
en
todas
las
formas
de
expropiación;
hay
quien
niega
que
se
trate
de
contrato,
considerando,
en
cambio,
aquellas
ventas como actos unilaterales traslativos de
(Continúa . . .)
CT-2006-4
15
jurisprudencia
instituciones
revela
de
que
carácter
se
han
conceptualizado
jurídico-procesal
inspiradas
como
en
el
contrato de compraventa.
Por un lado, hemos indicado que la fase post-sentencia del
procedimiento ordinario es “eminentemente ejecutiva”.
Atanasia
Corp. v. Jorge M. Saldaña, Inc., supra, a la pág. 293.
Es por
ello
que
dicho
mecanismo
se
rige
por
determinadas
reglas
de
procedimiento civil, unidas a ciertas disposiciones procesales de
la Ley Hipotecaria, cuyo incumplimiento se ha examinado bajo la
doctrina del debido proceso de ley.
D.P.R. 62, 67-68, 75-76 (1993).
Arroyo v. Ortiz Rivera, 133
Incluso, expresamos lo siguiente
en Banco Gubernamental de Fomento v. Abarca Warehouses Corp., 109
D.P.R. 132, 134-135 (1979) (notas omitidas):
La venta forzosa judicial carece de la
base
consensual del
contrato
de
compra
y
venta
definido en el Art.
1334
del
Código
Civil,
31
LPRA
sec.
3741.
La
intervención
del
alguacil
dirigiendo la subasta para la realización de los
bienes, no es la de un contratante
pactando
libremente sobre algo que le pertenece, sino
la
de
un
funcionario
del
Estado
cumpliendo
el
mandamiento de ejecución
emitido
por
el
tribunal.
El alguacil no es mandatario
del
deudor
cuyos
bienes
ejecuta,
y sí el
brazo eficaz de la
________________________
propiedad a título oneroso, y otros, en fin, las
conciben como actos bilaterales mixtos, combinación de
procedimiento y de negocio. Dice CARNELUTTI: “A parte
emptoris es un verdadero y propio negocio jurídico...
A parte venditoris, en cambio, la cosa cambia, porque
no es un propietario el que vende la cosa propia, sino
un Oficial público que vende la cosa ajena, y por eso
ejercita un poder, no se vale de un derecho subjetivo,
y así forma un procedimiento, no un negocio.
El Contrato de Compraventa, Madrid, Tecnos, 1969, T. I, págs.
622-623 (citas omitidas).
CT-2006-4
16
justicia para que el crédito del ejecutante quede
satisfecho. En el descargo de su deber ministerial debe
ajustarse a las Reglas de Procedimiento Civil y en el
caso por éstas imprevisto seguirá la norma que mejor
garantice la corrección e integridad de la subasta. ...
No obstante, se ha indicado que el mecanismo de ejecución
hipotecaria
comparte
múltiples
rasgos
con
el
contrato
de
compraventa.
En el propio caso de Banco Gubernamental de Fomento
v. Abarca Warehouses Corp., supra, cualificamos las expresiones
citadas con unos comentarios de Roca Sastre, cuyo contenido vale
la pena reproducir parcialmente:
El pensamiento del legislador en punto a la naturaleza
de la adjudicación al rematante o adjudicatario es ver
en ella una especie de compraventa, ya que a veces
habla de ‘venta’ y de ‘precio’. Guasp se opone a esta
tesis, por entender que falta el consentimiento del
dueño, pero como en definitiva, se produce una
transmisión por precio, cabe asimilar en muchos
aspectos este acto al contrato de compraventa, sin
olvidar que dada la intervención de la justicia en esta
realización de bienes ella participa del carácter de un
acto estatal, circunstancia que hacen destacar los
procesalistas. (Énfasis suprimido).
109
D.P.R.
pág.
135
n.
1
(énfasis
y
nota
suprimidos)
(citando a Roca Sastre, Derecho Hipotecario,
6ta ed.,
T. 4, Vol. 2do, pág. 1062).
hemos
Así
que, “[s]alvo contadas excepciones,
en
mismo,
el
manos
del
alguacil
del
tribunal
ejecutante
el
proceso
post
sentencia
los
bienes
adjudicación
crédito.”
a
de
Atanacia Corp. v.
la pág. 294.
foro
y
ejecutados
Jorge
M.
observado
judicial
del
de
1968,
subasta,
para
deja
acreedor
venta
y
satisfacer
el
Saldaña, Inc.,
supra,
También se ha indicado que los alguaciles
intervienen en las escrituras de venta judicial como
CT-2006-4
17
representantes
documentos
de
los
notariales
calificación registral.
deudores,
–-no
y
que
tales
judiciales--
escrituras
para
fines
de
son
la
C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662,
667-668 (1986); Atanacia Corp. v. Jorge M. Saldaña, Inc., supra,
a la pág. 294; Rigores, Inc. v. Registrador, 2005 T.S.P.R. 135.
Véase,
además:
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
La
Sagrada
Familia v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 384 (1997).
Lo cierto es que “[n]o constituye un tema pacífico el de la
determinación de la naturaleza jurídica de la subasta judicial.”
M. Rivera Fernández, La ejecución hipotecaria inmobiliaria, Ed.
Dilex,
S.L.,
Fernández
inclina
Madrid,
concluye
por
no
entender
2004,
pág.
364.
El
que
“la
doctrina
estamos
ante
un
empece,
que
profesor
Rivera
civilista
contrato
de
se
venta
forzosa del bien, ya que en ella concurren los dos elementos
reales de la misma: cosa y precio, hay comprador y un vendedor. .
. .”
Loc. cit.
Véase, STS 20 marzo 1964 (A. 1450), STS 9 marzo
1985 (A. 1132) y 25 octubre 1999 (A. 7623).
La interrelación de la subasta judicial con la compraventa
se deduce también del Art. 1378a del Código Civil, 31 L.P.R.A. §
3846, comprendido dentro del título referente a la compraventa,
cuando dice que “en las ventas judiciales nunca habrá lugar a la
responsabilidad por daños y perjuicios; pero sí a todo lo demás
dispuesto en los artículos anteriores.”
Véase, Art. 1378a, del
Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3846a
Surge de los precedentes reseñados y
la
normativa
CT-2006-4
expuesta
18
una
concepción
jurídico-procesal
de
la
ejecución
hipotecaria, cuyas normas se inspiran en la compraventa.
Es
decir,
su
tratándose
reglamentación
procesales.
de
está
un
procedimiento
pautada
en
jurídico
las
coactivo,
correspondientes
normas
Pero éstas han sido elaboradas e interpretadas como
si tuvieran el propósito de configurar una especie de compraventa
entre deudor y rematante (o acreedor adjudicatario).
Por ende,
las normas aplicables a la compraventa vienen a facilitar la
interpretación y llenar las lagunas del esquema procesal.
La
ejecución hipotecaria, que supone la transmisión de un patrimonio
a
otro,
se
embebe
dentro
de
la
naturaleza
traslaticia
del
establecido
definitivamente
contrato de compraventa.
IV.
Nuestra
jurisprudencia
no
ha
cuándo se pierde el dominio sobre un inmueble cuya hipoteca ha
sido
ejecutada.
En
Ríos
Méndez
v.
Banco
Popular,
ante,
examinamos una controversia sobre el momento en que comienza a
correr el término prescriptivo de la acción subsidiaria sobre
daños y perjuicios proveniente de la nulidad de un procedimiento
ejecutivo sumario.
Resolvimos que dicho plazo corre “desde el
instante en que se despoja ilegalmente al deudor de su propiedad,
o sea, desde la fecha de la subasta y adjudicación de los bienes
hipotecados.”
Sin
81 D.P.R. pág. 390.
embargo,
el
carácter
normativo
Banco Popular, supra, es limitado.
La
de
Ríos
Méndez
controversia allí
v.
CT-2006-4
trabada
se
19
refería
al
procedimiento
sumario,
y
no
exigía
un
análisis detenido del momento en que se pierde la titularidad del
inmueble ejecutado.
Es por ello que las expresiones del Tribunal
carecen de una fundamentación adecuada.
Posteriormente, la norma
de Ríos Méndez quedó en jaque al indicarse en Cooperativa de
Ahorro y Crédito La Sagrada Familia v. Registrador:
Una vez preparada la referida acta y adjudicada la
propiedad, el alguacil debe proceder entonces a otorgar
una escritura pública de traspaso en favor del
rematante o del adjudicatario. Véanse: Regla 51.8 de
Procedimiento Civil, supra, para el procedimiento
ordinario de ejecución, y Art. 230 de la Ley
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A.
sec.
2730,
para
el
procedimiento
sumario.
Esta
escritura, contrario al acta de subasta, no tiene el
propósito de reflejar lo acontecido en la subasta, sino
que se otorga con el único fin de transferir el título
de propiedad.
142 D.P.R. pág. 382.
Algo similar expresamos, recientemente, en
Rigores, Inc. v. Registrador, supra:
...ante la importancia de la exigencia que le impone la
propia Ley Hipotecaria al acreedor hipotecario, el
Registrador será responsable de velar porque se haya
cumplido con el requisito de notificación al titular
registral previo a la inscripción de una escritura de
venta judicial mediante la cual se transfiere el
derecho de propiedad a otra persona.
Ahora bien, las controversias planteadas en Cooperativa y Rigores
no se referían al momento de la transferencia del dominio, por lo
cual sus expresiones no revocaron definitivamente lo resuelto en
Ríos Méndez.8
8
Cabe añadir que nuestra Opinión en Piovanetti Doumont v.
Martínez, 99 D.P.R. 663, 664-665 (1971), se expresa con cierta
ambigüedad sobre la norma establecida en Ríos Méndez.
CT-2006-4
20
V.
El
procedimiento
ordinario
de
ejecución
hipotecaria
está
reglamentado principalmente en las Reglas 51.2, 51.3 y 51.8 de
Procedimiento
Civil,
así
como
las
disposiciones
de
la
Ley
Hipotecaria que enumera su artículo 201, 30 L.P.R.A. § 2701.9
Dichos
preceptos
no
indican
expresamente
dominio sobre un inmueble hipotecado.
cuándo
se
pierde
el
Sin embargo, un análisis
integrador de las normas procesales, su contexto y sus propósitos
nos convence de que hubo la intención legislativa de exigir el
otorgamiento
de
la
escritura
de
venta
judicial
previo
a
la
pérdida del dominio.
A.
Es preciso acudir, en primer lugar, a las Reglas pertinentes
de Procedimiento Civil.
Señala la Regla 51.2, inter alia:
El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden
para el pago de una suma de dinero y para recobrar las
costas concedidas por el tribunal será mediante
mandamiento de ejecución. El mandamiento especificará
los términos de la sentencia y la cantidad pendiente de
pago. Todo mandamiento de ejecución será dirigido al
alguacil.
De modo que
el
trámite
ejecutivo
comienza
definitivamente
con
el
mandamiento
dirigido
añade,
inter alia,
que
9
la
al
alguacil.
ejecución
de
La
Regla
hipotecas
y
51.3(b)
otros
El referido artículo 201 establece que aplican al procedimiento
ordinario de ejecución de hipoteca los artículos 202, 207
(incisos V y VI), 211, 220-224, 226 (excepto la frase sobre el
requisito de confirmación), 227-229, 231, 232 y 234. 30 L.P.R.A.
§§ 2702, 2707, 2711, 2720-2724, 2726, 2727-2729, 2731, 2732 y
2734.
CT-2006-4
21
gravámenes será mediante venta judicial.10
Los efectos pertinentes del mandamiento ejecutorio surgen de
la Regla 51.3(a).
Ésta se dedica principalmente a las sentencias
que ordenan a una parte a realizar ciertos actos específicos.
Añade, sin embargo:
En todos los casos en que el tribunal ordenare una
venta judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha
orden tendrá la fuerza y efecto de un auto disponiendo
la entrega física de la posesión, debiendo consignarse
así en el fallo u orden para que el alguacil u otro
funcionario actuante proceda a poner al comprador en
posesión de la propiedad vendida en el plazo de veinte
(20) días desde el de la venta o subasta, sin perjuicio
de los derechos de terceros que no hayan intervenido en
el procedimiento.
Obsérvese como esta Regla no priva al deudor del dominio.
Sólo
establece que el mandamiento debe ordenar la entrega del mueble o
inmueble al funcionario correspondiente.
Cumplido ese requisito,
el mandamiento constituye una orden al deudor para que transfiera
la posesión de la cosa al tribunal.
Por
10
otro
lado,
la
Regla
51.8 establece los
pormenores
Dispone la Regla 51.3(b):
En las sentencias que se dicten en juicios sobre
ejecución de hipotecas y otros
gravámenes
se
ordenará que el demandante recupere su crédito,
intereses y costas mediante venta
de
la
finca
sujeta al gravamen.
Al efecto, se expedirá una orden
al alguacil, disponiendo que proceda a venderla para
satisfacer la sentencia, en la forma prescrita por la
ley para la venta de propiedad bajo ejecución; y si no
se encontrase la finca hipotecada o si el resultado de
su
venta
fuese
insuficiente
para
satisfacer
la
totalidad de la sentencia, entonces el alguacil
procederá a recuperar el resto del dinero o remanente
del importe de la sentencia sobre cualquiera otra
propiedad del demandado, como en el caso de cualquiera
otra ejecución ordinaria.
CT-2006-4
22
del procedimiento para las ventas judiciales.
Su inciso (d) es
pertinente a la controversia de marras:
Verificada la venta, el oficial a cargo de la misma
levantará
un
acta
por
escrito
describiendo
lo
acontecido durante la subasta y la adjudicación en
venta al mejor postor, quien pagará el importe de la
venta en dinero efectivo o en cheque certificado a la
orden
del
oficial
en
cuestión.
En
casos
extraordinarios, el tribunal podrá ordenar cualquier
otra forma de pago. Si se tratare de bienes muebles, el
oficial hará entrega al comprador de los bienes
vendidos y si éste lo solicitare, le hará entrega de
una copia del acta de subasta debidamente certificada
por él. Dicha copia certificada constituirá evidencia
oficial del título del comprador sobre los bienes
vendidos subrogándole en los derechos del vendedor
sobre dichos bienes. En caso de venta de propiedad
inmueble, el oficial encargado de la venta otorgará
escritura pública a favor del comprador ante el notario
que este último seleccione, abonando éste el importe de
tal escritura.
Este inciso de la Regla 51.8 establece el procedimiento a seguir
una vez se haya perfeccionada la venta en pública subasta.
El
comprador debe cumplir inmediatamente su obligación de pagar el
precio.
Entonces el alguacil adjudica la cosa al deudor y otorga
un Acta de subasta.
Los
procedimientos
a
partir
de
la
pautados en las últimas tres oraciones de
En el caso de
alguacil
los bienes muebles,
entregará
se
comprador
certificada del Acta no es
el
título,
mismo.
inmuebles,
respecto
alguacil otorgará una
cosa
la
al
Con
la
adjudicación
a
los
escritura
de
Regla
bienes
muebles,
y
dado
expresamente el modo de transferir
que
que
y
la
que
la
el
copia
sino evidencia del
se
venta
la
51.8(d).
dispone
indica
que
judicial.
este precepto yace justamente después del que
los
están
se
Regla
posesión
el
Como
refiere
a
no
establece
y
evidenciar
CT-2006-4
23
el título, entendemos que tales son las funciones de la escritura
pública.
Así interpretada, la Regla 51.8(d) no establece cuándo se
transfiere el dominio del deudor al comprador.
El alguacil tiene
una obligación de poner al comprador en posesión de los bienes,
sean muebles o inmuebles.
esa obligación.
Mas la Regla no aclara el por qué de
Quizás el alguacil debe entregar la cosa al
comprador porque ésta le pertenece al comprador.
entregarla para culminar el traspaso dominical.
O quizás debe
La Regla 51.8(d)
guarda silencio al respecto.
B.
Antes
la
Ley
Hipotecaria
sugieren que la intención legislativa ha sido
la
de
una
bien,
escritura
dominio.
El
varias
de
disposiciones
venta
artículo
judicial
231
la escritura de traspaso
los
la
de
instancia
del
rematante”.
artículo
232
establece,
la
a
para
la
establece
ordenará la cancelación de
deban cancelarse debido a
de
transferencia
que
asientos
el
“una
vez
finca
derecho
que
otorgada
hipotecado a
30
L.P.R.A.
§ 2731.11
su
vez,
un
que
del
tribunal
registrales
ejecución,
o
exigir
El
acreedor
adjudicatario debe entregar la cantidad correspondiente al
11
“El tribunal, una vez otorgada la escritura de traspaso de la
finca o derecho hipotecado a instancia del rematante ordenará que
se practiquen en el Registro de la Propiedad las cancelaciones de
los asientos que procedan, incluso los hechos en favor de la
persona que hubiere inscrito su derecho con posterioridad a la
fecha de la anotación del procedimiento a que se refiere la sec.
2709 de este título.” 30 L.P.R.A. § 2731
CT-2006-4
derecho
de
24
hogar
seguro
del
deudor
o
tercer
poseedor,
si
lo
hubiese, antes de otorgar la escritura de adjudicación judicial.
30 L.P.R.A. § 2732.12
Por último, obsérvese que el artículo 228
distingue implícitamente entre la adjudicación y la transferencia
del dominio.
30 L.P.R.A. § 2728.13
C.
El
contexto
jurídico
de
las
normas
examinadas
nuestra apreciación de la intención legislativa.
la
transferencia
de
un
derecho
real,
es
Tratándose de
preciso
artículo 549 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 1931.
confirma
acudir
al
Éste dispone:
La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los
bienes se adquieren y transmiten por la ley, por
donación, por sucesión testada e intestada y por
consecuencia de ciertos contratos mediante la
12
“De acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
reclamación del derecho de "Hogar Seguro", efectuado y confirmado
el remate y venta de una finca hipotecada deberá retenerse y
depositarse la cantidad que las expresadas disposiciones ordenan.
Igual medida se aplicará en caso de adjudicación, una vez
confirmada, debiendo al efecto el adjudicatario entregar la suma
correspondiente al alguacil o depositarl[a] en la secretaría del
tribunal, antes de otorgarse la escritura de adjudicación
judicial.” 30 L.P.R.A. § 2732.
13
“El procedimiento de ejecución regulado en las secciones
anteriores será igualmente aplicable al caso en que deje de
pagarse una parte del capital o de los intereses, cuyo pago debe
hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos, sin
cumplir el deudor su obligación y siempre que tal estipulación
conste inscrita.
Si para el pago de algunos de los plazos del
capital o de los intereses fuere necesario enajenar la finca
hipotecada, y aún quedaren por vencer otros plazos de la
obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca o
derecho al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte
del crédito que no estuviere satisfecha.” 30 L.P.R.A. § 2728.
CT-2006-4
25
tradición.
Puede también adquirirse por medio de la prescripción.
Hemos acogido el criterio doctrinal que atribuye a este artículo
la incorporación generalizada del sistema de título y modo a
nuestro
derecho
civil
patrimonial.
Ramírez
Quiñones
v.
Soto
Padilla, res. 20 de junio de 2006, 168 D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R.
100.
Véase,
Comentarios
también:
M.
Código
Civil
al
Albaladejo,
y
“Artículo
compilaciones
609”,
en
forales,
M.
Albaladejo (dir.), Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1987,
T. VIII, v. 1, pág. 3.
Véase además, M. Navarro Castro, La
tradición instrumental, Ed. Bosch, Barcelona, 1997.
Con
el
sistema
transferencia
circunstancias.
las
de
título
ciertos
y
derechos
modo
se
reales
reglamenta
en
la
determinadas
Entre esos derechos figura el dominio, y entre
circunstancias
transferencia
de
necesarias
contractual.
figura
J.
Puig
el
que
se
Brutau,
trate
de
una
Fundamentos
de
Derecho Civil, Barcelona, Bosch, 1971, págs. 359-360; Albaladejo,
op. cit., pág. 12.
Evidentemente, la doctrina de título y modo
aplica al contrato de compraventa e implica que su perfección no
basta para transferir el dominio, sino que genera obligaciones de
carácter
personal.
jurisdicción.
D.P.R.
670
Tal
Véase,
(1936);
ha
e.g.:
Varcárcel
sido
la
Benítez
v.
norma
reiterada
Flores
Sancho
v.
Bonet,
en
esta
Llompart,
61
D.P.R.
(1942); Segarra v. Vda. De Llorens, 99 D.P.R. 60 (1970).
Nuestro ordenamiento reconoce
varias
formas
de
lograr
50
213
CT-2006-4
26
la tradición, sin hacer una lista taxativa.
Artículos 1351-1353
del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3811-3813; Segarra v. Vda. de
Llorens,
supra.
Entre
supuesto
que
cuando
una
escritura
pública
las
partes
surge
y
impedir la tradición.
Es
natural,
examinadas
en
ellas
figura
compraventa
no
modo
se
expresan
instrumental,
otorga
su
mediante
intención
de
Artículo 1351 del Código Civil, supra.
entonces,
interpretar
contexto
de
el
el
la
las
doctrina
normas
de
procesales
título
y
modo,
especialmente cuando la venta judicial es una figura jurídicoprocesal
visto
inspirada
que
la
en
Regla
la
compraventa.
51.8(d)
es
clara
Específicamente,
al
disponer
hemos
que
los
alguaciles deben otorgar una escritura de venta judicial para
transferir la posesión de los inmuebles subastados mediante el
procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria.
claro
es
el
por
qué.
¿Será
que
el
Lo que no está
inmueble
pertenece
al
comprador o que huelga un traspaso posesorio para transferir el
dominio?
La firme trayectoria de la doctrina de título y modo,
unida
la
a
intención
de
configurar
un
mecanismo
procesal
inspirado en la compraventa, abona a que respaldemos la segunda
alternativa.
D.
El
resultado
contextualizadas
que
no
pragmáticas pertinentes.
arrojan
desvanece
las
normas
reseñadas
y
ante
las
consideraciones
De éstas surge la razón que pudo tener
nuestro legislador al insistir en la escritura de venta judicial.
CT-2006-4
27
Ese
requisito
los
de
traspaso
deudores
jurídico.
Cuando se otorga una escritura pública, el notario
legal
verdadero,
y
legítima.
ésta
cumple
y
las
que
la
estabilidad
formalidades
contiene
una
del
alguna
a
que
a
ofrece
protección
asegura
y
instrumental
tráfico
pertinentes,
transacción
que
es
válida
y
Véase, e.g.: artículo 2 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A.
§ 2002; In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 895 (2000);
Deliz Muñoz v. Igartua Moñoz, res. ___, ___ D.P.R. ___, 2003
T.S.P.R. 4.
Por ende, si hubiera alguna irregularidad procesal o
sustantiva, el notario debe abstenerse de autorizar la misma.
Tal intervención notarial constituye un último cedazo jurídico
antes de configurarse la transferencia del dominio mediante un
procedimiento que, en gran medida, se ha dejado en manos del
acreedor ejecutante y del alguacil.
Es por ello que la escritura
de venta judicial protege a los deudores y facilita el tráfico
jurídico al procurar su estabilidad.
Somos
conscientes
pragmáticas
tendientes
que
a
desvirtuar
tradición
instrumental.
deudores
serán
entregar
(o
han
entregado)
Tribunal,
y
cuyo
dominio
perfeccionado
desde
deudor
un
en
dueños
la
venta
punto
de
la
medida
existen
Éste
por
un
que
el
por
periodo
durante
la
posesión
probablemente
Tal
jurídico
éste
requisito
implica,
judicial.
vista
consideraciones
y
deba
ejemplo,
el
que
cual
del
de
deben
inmueble
perderán,
los
al
habiéndose
situación,
anómala
económico,
perjudica
cumplir
obligaciones
las
patrimoniales correspondientes a un derecho dominical sin
al
CT-2006-4
28
grandes beneficios.
La dilación del traspaso también perjudica a
los acreedores en la medida que les impide tomar posesión del
inmueble
para
evitar
los
daños
que
mediante la intervención judicial.
huérfanos
de
evidencia
no
sea
práctico
atender
Sin embargo, los autos están
tendiente
a
demostrar
que
estas
dificultades superan los beneficios de la tradición instrumental
con tal claridad como para demostrar que nuestro legislador quiso
prescindir de la misma.
E.
Debemos concluir, en síntesis, que la intención legislativa
ha sido la de exigir una escritura de venta judicial antes de
privar
a
los
deudores
de
su
derecho
dominical
procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria.
varias
disposiciones
contractuales
del
de
proceso
la
Ley
ejecutivo
carácter
de
norma
excepciones
o
cuando
partes
las
normas
no
general,
ordinario,
sin
cumplen
que
los
matices
la
función
y
Acogemos dicha postura
expresarnos
complementarias
un
Así lo intiman
Hipotecaria,
fehaciente del notariado puertorriqueño.
en
mediante
hoy
podrían
adecuadamente
sobre
las
encomendarse
sus
respectivas
obligaciones.
VI.
Por los fundamentos expresados, soy
este
Tribunal
presentada,
y
debió
expedir
responder
a
del
criterio
la
Petición
de
la
pregunta
certificada
Certificación
generalmente, un deudor o tercer poseedor pierde su
sobre
el
inmueble
objeto
de
un
procedimiento
que
que,
dominio
ordinario
de
CT-2006-4
29
ejecución hipotecaria al otorgase la correspondiente escritura de
venta judicial.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada