Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Luis A. Ortiz López
2007 TSPR 4
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Luis A. Ortiz López
CP-2005-0007
Conducta Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2007 TSPR 4
Luis A. Ortiz López
169 DPR ____
Número del Caso: CP-2005-7
Fecha: 22 de diciembre de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Ramón Vega González
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión del abogado advino final y firme el día
16 de enero de 2007)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Luis A. Ortiz López
CP-2005-7
Conducta
Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2006.
Nos corresponde atender una querella contra
un abogado que aceptó la representación legal de
unos clientes para instar una demanda en daños y
perjuicios y, al no tener éxito en la reclamación
extrajudicial,
permitió
que
prescribiera
la
acción civil sin informárselo a dichos clientes y
sin
entregarles
requerido.
Por
querellado
se
el
expediente
entender
apartó
de
cuando
le
fue
actuación
del
que
la
las
normas
éticas
que
rigen el ejercicio de la profesión, resolvemos
que su conducta infringió los Cánones 18, 19 y 20
de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
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I
El
querellado
Luis
A.
Ortiz
López
(en
adelante,
Ortiz López) fue admitido al ejercicio de la abogacía en
enero de 1992 y al ejercicio del notariado en enero de
1997.
A mediados del año 2000, el Sr. Celso J. Arocho
Irizarry y su esposa, la Sra. Isolina Santiago Rivera (en
adelante,
esposos
Arocho-Santiago),
contrataron
verbalmente los servicios profesionales de Ortiz López
para que iniciara una reclamación en daños y perjuicios a
favor de éstos y de la hija menor de ambos, por una caída
que sufrió la Sra. Santiago en Palmas del Mar, mientras
se encontraba en su séptimo mes de embarazo.
En
agosto
gestiones
a
de
favor
2000,
de
sus
Ortiz
López
clientes.
comenzó
Mediante
a
hacer
carta
al
efecto, reclamó extrajudicialmente a la aseguradora de
Palmas del Mar, pero ésta denegó asumir responsabilidad.
En vista de que las gestiones extrajudiciales no
tuvieron éxito, en diciembre de 2000, los esposos ArochoSantiago y Ortiz López redujeron a escrito los términos
del contrato de servicios profesionales, con el fin de
dar
inicio
a
la
reclamación
judicial.
En
efecto,
del
contrato surge que las partes discutieron los méritos del
caso. Los clientes, además, le entregaron a Ortiz López
la suma de $500.00 para que éste cumpliera la referida
encomienda. Ortiz López, por su parte, remitió una carta
a sus clientes afirmando que tenían que demandar.
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3
El tiempo transcurrió sin que los esposos ArochoSantiago
recibieran
información
sobre
el
pleito.
Realizaron gestiones para reunirse con Ortiz López, mas
por
lo
ante
la
general
resultaron
insistencia
de
infructuosas.
sus
clientes
Eventualmente,
por
conocer
del
status del caso, Ortiz López les remitió copia de un
interrogatorio que supuestamente había enviado la parte
demandada.
Cabe destacar que el interrogatorio cursado contenía
un
epígrafe
que
identificaba
el
caso
como
“ISOLINA
SANTIAGO RIVERA, DEMANTANTE VS. ROYAL INSURANCE COMPANY
ET AL, DEMANDADOS”. De éste surgía que el Tribunal de
Primera
Instancia,
Sala
Superior
de
Humacao,
estaba
tramitando el pleito bajo el número HDP 2001 1537.
Al
pasar
reclamación,
varios
los
años
esposos
sin
conocer
Arocho-Santiago
sobre
su
optaron
por
acudir a la Sala Superior de Humacao para inquirir sobre
el asunto. Allí finalmente descubrieron que no se había
presentado ningún caso a su nombre.
En vista de lo anterior, los clientes presentaron
una queja mediante la cual reclamaron la devolución del
expediente del caso y el dinero entregado. Ortiz López
conoció
de
tal
requerimiento
en
junio
de
2003.
Sin
embargo, transcurrió más de un año antes de que efectuara
la entrega.
En agosto de 2004, el Procurador General sometió
ante
nuestra
consideración
el
Informe
relativo
a
la
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4
referida queja contra Ortiz López. Examinado el Informe,
ordenamos la presentación de la querella correspondiente.
El
Procurador
General
le
imputa
al
querellado
violaciones a los cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética
Profesional,
Específicamente
supra.
aduce
que
el
querellado violentó dichos cánones al no ser diligente,
competente y capaz en la protección de los derechos de
sus
clientes
y
con
ello
permitir
que
cualquier
acción
que
éstos
tuvieran;
al
informados
a
clientes
sus
encomendado por éstos; al no
del
prescribiera
no
desarrollo
mantener
del
asunto
consultar la estrategia a
seguir; y, finalmente, al no hacer una entrega rápida del
expediente del caso una vez conoció de tal requerimiento.
Con posterioridad, Ortiz López compareció ante nos y
negó los cargos imputados. Eventualmente, designamos al
honorable
Especial
Enrique
para
que
Rivera
nos
Santana
rindiese
el
como
Comisionado
informe
pertinente
luego de cumplir con los trámites de rigor.
El Comisionado Especial sometió su Informe el 2 de
junio
de
2006.
Señala
que
Ortiz
López
ahora
aceptaba
libre y voluntariamente los hechos, según expuestos en el
Informe del Procurador General, así como los tres cargos
imputados en la querella.
Sometido
resolver.
el
caso,
estamos
en
condiciones
para
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5
II
El Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX
C.18., dispone, en lo que nos concierne, que es deber del
abogado defender los intereses del cliente diligentemente
desplegando
en
cada
caso
su
más
profundo
saber
y
habilidad y actuando en aquella forma que la profesión
jurídica en general estima adecuada y responsable.
Dicho
canon
establece
también
que
el
abogado
no
podrá asumir una representación profesional cuando está
consciente
de
que
no
puede
rendir
una
labor
idónea
competente y que no puede prepararse adecuadamente sin
que
ello
apareje
gastos
o
demoras
irrazonables
a
su
cliente o a la administración de la justicia. Canon 18,
supra.
Es norma establecida que cuando un abogado asume la
representación de un cliente, tiene la responsabilidad
indelegable de llevar a cabo esa gestión profesional con
el más alto grado de diligencia y competencia posible. In
Re Ortiz Morales, res. el 8 de noviembre de 2005, 2005
TSPR 199.
En lo pertinente al caso de autos, hemos reiterado
que el desatender o abandonar un caso, o permitir que
expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una
acción, son algunos de los tipos de conducta que violan
este
deber
de
diligencia.
Véase
In
Re
Ortiz
Morales,
supra; In Re Roca Roselli, res. el 1 de abril de 2005,
2005 TSPR 60; In Re Díaz Santiago, res. el 4 de marzo de
2005,
2005 TSPR 26.
CP-2005-7
6
Este Tribunal ha sido enfático en reiterar que el
deber de diligencia profesional es incompatible con la
desidia, despreocupación, inacción y displicencia. In Re
Padilla
Pérez,
135
D.P.R.
770
(1994).
Por
tanto,
un
abogado no debe demostrar poco interés en proseguir el
caso de su cliente porque aparentemente el caso carece de
méritos. In Re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985).
Por otro lado, el Canon 19 de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX C.19, claramente establece que el abogado
debe
mantener
a
su
cliente
siempre
informado
de
todo
asunto importante que surja en el desarrollo del caso que
le ha sido encomendado. El deber de mantener informado al
cliente
es
un
elemento
imprescindible
en
la
relación
fiduciaria abogado-cliente. In re Hernández Nazario, res.
el 28 de marzo de 2003, 2003 TSPR 45.
En In Re Hernández Nazario, supra, específicamente
reiteramos que volverse inaccesible para un cliente, no
responder a sus llamadas, no mantenerlo informado de la
situación procesal del caso, no informarlo del resultado
adverso de su gestión, o no informarlo inmediatamente de
una sentencia de archivo o en sus méritos, entre otras
cosas, contraviene lo establecido por el referido Canon
19.
CP-2005-7
Por último,
del
Canon
20
del
Código
de
7
Ética
Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.20, surge que en nuestro
ordenamiento un abogado no tiene un derecho de retención
sobre el expediente de su cliente. Una vez el cliente le
solicita
la
renuncia
a
su
abogado,
la
entrega
del
expediente de su caso debe ser inmediata y sin dilación
alguna. In re Criado Vázquez, res. el 29 de octubre de
2001, 2001 TSPR 154.
III
En el caso de autos, no está en controversia que
Ortiz López incurrió en la conducta que se le imputa en
la querella. Ortiz López aceptó los cargos y, a base de
ello y de la prueba desfilada, el Comisionado Especial
concluyó que el querellado incurrió en infracción a los
tres cánones señalados. Veamos.
Ortiz López nunca instó demanda en los tribunales a
pesar de haber aceptado la representación legal de los
esposos Arocho-Santiago para iniciar la acción judicial.
Surge
del
Informe
del
Comisionado
Especial
querellado
entendió
que
hacía
la
lo
consiguió.
perito,
pero
no
falta
Con
opinión
que
el
de
un
posterioridad,
desatendió negligentemente la reclamación y permitió, por
su inacción, que prescribiera la causa de acción de los
esposos Arocho-Santiago.
El Comisionado Especial expone en su Informe que
Ortiz
López,
al
no
tener
éxito
en
la
reclamación
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extrajudicial, dudó sobre los méritos de la acción civil
a incoarse. No obstante, no le informó lo anterior a sus
clientes, ni renunció a su representación legal. Por el
contrario, precisamente por el hecho de que las gestiones
extrajudiciales fueron infructuosas, Ortiz López notificó
a sus clientes la necesidad de demandar y, además, aceptó
la suma de $500.00 para iniciar el proceso judicial.
En lugar de asesorar a sus clientes y consultarles
la estrategia a seguir, Ortiz López los mantuvo ajenos
del verdadero status del caso. El querellado evadió la
comunicación
con
sus
clientes
y
los
indujo
a
creer
-mediante el envío de un interrogatorio falso- que la
reclamación judicial existía.
La conducta de Ortiz López evidentemente tuvo el
efecto inalterable de privar a sus clientes del derecho a
reclamar los daños y perjuicios sufridos. Su desidia,
despreocupación, inacción y displicencia en el manejo del
caso a todas luces constituye una violación a los deberes
de diligencia e información contenidos en los cánones 18
y 19 de los de Ética Profesional, supra. In Re Pérez
Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); In Re Ortiz Morales,
supra. Reiteramos que un abogado que acepta un caso y
luego no demuestra la competencia y diligencia que exige
el ejercicio de la abogacía y no mantiene al cliente
informado de los desarrollos del caso, incurre en una
violación
seria
de
ética
profesional.
Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).
In
Re
Arroyo
CP-2005-7
Por último,
el
querellado
aceptó
haber
indebidamente el expediente de sus clientes.
9
retenido
Es menester
insistir en que actúa en contravención al Canon 20 aquel
abogado que no entrega de inmediato y sin dilación alguna
el expediente del caso una vez el cliente se lo requiere.
En el caso de autos, Ortiz López demoró más de un año en
devolver
el
expediente
una
vez
conoció
de
tal
requerimiento. Dicha demora, sin duda alguna, constituye
una dilación irrazonable.
En el presente caso, Ortiz López se allanó a los
tres cargos imputados. Aunque aclara que, para el momento
de los hechos, pasaba por incidentes personales que le
impidieron
ejercer
adecuadamente
sus
deberes
como
abogado, el querellado se olvida de que nuestra normativa
claramente
dispone
que
justifican
desatender
las
las
situaciones
personales
responsabilidades
éticas
no
que
rigen el ejercicio de la abogacía.
Por ende, resolvemos que Ortiz López incumplió los
deberes que tenía para con sus clientes, infringiendo de
esta forma los cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética
Profesional,
supra.
disciplinaria
aplicable
Para
determinar
la
sanción
al
querellado,
tomaremos
en
consideración que éste aceptó la responsabilidad por los
cargos imputados en su contra, pidió disculpas y expresó
su sincero arrepentimiento. Ortiz López reconoció que su
conducta
no
estuvo
a
la
altura
de
lo
que
exige
el
ejercicio de la abogacía. Finalmente, pagó a sus clientes
una compensación monetaria de $10,000, luego de hipotecar
CP-2005-7
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un inmueble para obtener esta suma. Consideramos estos
actos como elementos atenuantes de las violaciones éticas
descritas anteriormente. Véase In Re Quiñones Ayala, res.
el 30 de junio de 2005, 2005 TSPR 99; In Re Pagán Ayala,
117 D.P.R. 180 (1986).
En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que
del expediente personal del querellado surge que ésta es
la primera querella en su contra, suspendemos a Ortiz
López del ejercicio de la abogacía y de la notaría por el
término
desempeño
de
de
tres
la
(3)
meses,
profesión.
Se
por
deficiencia
en
el
le
apercibe
que
el
de
incumplimiento con sus deberes profesionales en el futuro
puede conllevar una sanción más severa.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra
y sello notarial del licenciado Ortiz López y entregarlos
a la Directora Interina de la Oficina de Inspección de
Notaría para la correspondiente investigación e informe.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Luis A. Ortiz López
CP-2005-7
Conducta
Profesional
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2006.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se dicta sentencia decretando la
suspensión de Luis A. Ortiz López del ejercicio de la
abogacía y la notaría por el término de tres (3) meses,
por deficiencia en el desempeño de la profesión. Se le
apercibe de que el incumplimiento con sus deberes
profesionales en el futuro puede conllevar una sanción
más severa.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la
obra y sello notarial del licenciado Ortiz López y
entregarlos a la Directora Interina de la Oficina de
Inspección
de
Notaría
para
la
correspondiente
investigación e informe.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Dimarie Alicea Lozada
Secretaria del Tribunal Supremo Interina