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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Luis A. Ortiz López

2007 TSPR 4

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Luis A. Ortiz López

CP-2005-0007

Conducta Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2007 TSPR 4

Luis A. Ortiz López

169 DPR ____

Número del Caso: CP-2005-7

Fecha: 22 de diciembre de 2007

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Ramón Vega González

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión del abogado advino final y firme el día

16 de enero de 2007)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Luis A. Ortiz López

CP-2005-7

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2006.

Nos corresponde atender una querella contra

un abogado que aceptó la representación legal de

unos clientes para instar una demanda en daños y

perjuicios y, al no tener éxito en la reclamación

extrajudicial,

permitió

que

prescribiera

la

acción civil sin informárselo a dichos clientes y

sin

entregarles

requerido.

Por

querellado

se

el

expediente

entender

apartó

de

cuando

le

fue

actuación

del

que

la

las

normas

éticas

que

rigen el ejercicio de la profesión, resolvemos

que su conducta infringió los Cánones 18, 19 y 20

de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

CP-2005-7

2

I

El

querellado

Luis

A.

Ortiz

López

(en

adelante,

Ortiz López) fue admitido al ejercicio de la abogacía en

enero de 1992 y al ejercicio del notariado en enero de

1997.

A mediados del año 2000, el Sr. Celso J. Arocho

Irizarry y su esposa, la Sra. Isolina Santiago Rivera (en

adelante,

esposos

Arocho-Santiago),

contrataron

verbalmente los servicios profesionales de Ortiz López

para que iniciara una reclamación en daños y perjuicios a

favor de éstos y de la hija menor de ambos, por una caída

que sufrió la Sra. Santiago en Palmas del Mar, mientras

se encontraba en su séptimo mes de embarazo.

En

agosto

gestiones

a

de

favor

2000,

de

sus

Ortiz

López

clientes.

comenzó

Mediante

a

hacer

carta

al

efecto, reclamó extrajudicialmente a la aseguradora de

Palmas del Mar, pero ésta denegó asumir responsabilidad.

En vista de que las gestiones extrajudiciales no

tuvieron éxito, en diciembre de 2000, los esposos ArochoSantiago y Ortiz López redujeron a escrito los términos

del contrato de servicios profesionales, con el fin de

dar

inicio

a

la

reclamación

judicial.

En

efecto,

del

contrato surge que las partes discutieron los méritos del

caso. Los clientes, además, le entregaron a Ortiz López

la suma de $500.00 para que éste cumpliera la referida

encomienda. Ortiz López, por su parte, remitió una carta

a sus clientes afirmando que tenían que demandar.

CP-2005-7

3

El tiempo transcurrió sin que los esposos ArochoSantiago

recibieran

información

sobre

el

pleito.

Realizaron gestiones para reunirse con Ortiz López, mas

por

lo

ante

la

general

resultaron

insistencia

de

infructuosas.

sus

clientes

Eventualmente,

por

conocer

del

status del caso, Ortiz López les remitió copia de un

interrogatorio que supuestamente había enviado la parte

demandada.

Cabe destacar que el interrogatorio cursado contenía

un

epígrafe

que

identificaba

el

caso

como

“ISOLINA

SANTIAGO RIVERA, DEMANTANTE VS. ROYAL INSURANCE COMPANY

ET AL, DEMANDADOS”. De éste surgía que el Tribunal de

Primera

Instancia,

Sala

Superior

de

Humacao,

estaba

tramitando el pleito bajo el número HDP 2001 1537.

Al

pasar

reclamación,

varios

los

años

esposos

sin

conocer

Arocho-Santiago

sobre

su

optaron

por

acudir a la Sala Superior de Humacao para inquirir sobre

el asunto. Allí finalmente descubrieron que no se había

presentado ningún caso a su nombre.

En vista de lo anterior, los clientes presentaron

una queja mediante la cual reclamaron la devolución del

expediente del caso y el dinero entregado. Ortiz López

conoció

de

tal

requerimiento

en

junio

de

2003.

Sin

embargo, transcurrió más de un año antes de que efectuara

la entrega.

En agosto de 2004, el Procurador General sometió

ante

nuestra

consideración

el

Informe

relativo

a

la

CP-2005-7

4

referida queja contra Ortiz López. Examinado el Informe,

ordenamos la presentación de la querella correspondiente.

El

Procurador

General

le

imputa

al

querellado

violaciones a los cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética

Profesional,

Específicamente

supra.

aduce

que

el

querellado violentó dichos cánones al no ser diligente,

competente y capaz en la protección de los derechos de

sus

clientes

y

con

ello

permitir

que

cualquier

acción

que

éstos

tuvieran;

al

informados

a

clientes

sus

encomendado por éstos; al no

del

prescribiera

no

desarrollo

mantener

del

asunto

consultar la estrategia a

seguir; y, finalmente, al no hacer una entrega rápida del

expediente del caso una vez conoció de tal requerimiento.

Con posterioridad, Ortiz López compareció ante nos y

negó los cargos imputados. Eventualmente, designamos al

honorable

Especial

Enrique

para

que

Rivera

nos

Santana

rindiese

el

como

Comisionado

informe

pertinente

luego de cumplir con los trámites de rigor.

El Comisionado Especial sometió su Informe el 2 de

junio

de

2006.

Señala

que

Ortiz

López

ahora

aceptaba

libre y voluntariamente los hechos, según expuestos en el

Informe del Procurador General, así como los tres cargos

imputados en la querella.

Sometido

resolver.

el

caso,

estamos

en

condiciones

para

CP-2005-7

5

II

El Canon 18 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX

C.18., dispone, en lo que nos concierne, que es deber del

abogado defender los intereses del cliente diligentemente

desplegando

en

cada

caso

su

más

profundo

saber

y

habilidad y actuando en aquella forma que la profesión

jurídica en general estima adecuada y responsable.

Dicho

canon

establece

también

que

el

abogado

no

podrá asumir una representación profesional cuando está

consciente

de

que

no

puede

rendir

una

labor

idónea

competente y que no puede prepararse adecuadamente sin

que

ello

apareje

gastos

o

demoras

irrazonables

a

su

cliente o a la administración de la justicia. Canon 18,

supra.

Es norma establecida que cuando un abogado asume la

representación de un cliente, tiene la responsabilidad

indelegable de llevar a cabo esa gestión profesional con

el más alto grado de diligencia y competencia posible. In

Re Ortiz Morales, res. el 8 de noviembre de 2005, 2005

TSPR 199.

En lo pertinente al caso de autos, hemos reiterado

que el desatender o abandonar un caso, o permitir que

expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una

acción, son algunos de los tipos de conducta que violan

este

deber

de

diligencia.

Véase

In

Re

Ortiz

Morales,

supra; In Re Roca Roselli, res. el 1 de abril de 2005,

2005 TSPR 60; In Re Díaz Santiago, res. el 4 de marzo de

2005,

2005 TSPR 26.

CP-2005-7

6

Este Tribunal ha sido enfático en reiterar que el

deber de diligencia profesional es incompatible con la

desidia, despreocupación, inacción y displicencia. In Re

Padilla

Pérez,

135

D.P.R.

770

(1994).

Por

tanto,

un

abogado no debe demostrar poco interés en proseguir el

caso de su cliente porque aparentemente el caso carece de

méritos. In Re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985).

Por otro lado, el Canon 19 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX C.19, claramente establece que el abogado

debe

mantener

a

su

cliente

siempre

informado

de

todo

asunto importante que surja en el desarrollo del caso que

le ha sido encomendado. El deber de mantener informado al

cliente

es

un

elemento

imprescindible

en

la

relación

fiduciaria abogado-cliente. In re Hernández Nazario, res.

el 28 de marzo de 2003, 2003 TSPR 45.

En In Re Hernández Nazario, supra, específicamente

reiteramos que volverse inaccesible para un cliente, no

responder a sus llamadas, no mantenerlo informado de la

situación procesal del caso, no informarlo del resultado

adverso de su gestión, o no informarlo inmediatamente de

una sentencia de archivo o en sus méritos, entre otras

cosas, contraviene lo establecido por el referido Canon

19.

CP-2005-7

Por último,

del

Canon

20

del

Código

de

7

Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.20, surge que en nuestro

ordenamiento un abogado no tiene un derecho de retención

sobre el expediente de su cliente. Una vez el cliente le

solicita

la

renuncia

a

su

abogado,

la

entrega

del

expediente de su caso debe ser inmediata y sin dilación

alguna. In re Criado Vázquez, res. el 29 de octubre de

2001, 2001 TSPR 154.

III

En el caso de autos, no está en controversia que

Ortiz López incurrió en la conducta que se le imputa en

la querella. Ortiz López aceptó los cargos y, a base de

ello y de la prueba desfilada, el Comisionado Especial

concluyó que el querellado incurrió en infracción a los

tres cánones señalados. Veamos.

Ortiz López nunca instó demanda en los tribunales a

pesar de haber aceptado la representación legal de los

esposos Arocho-Santiago para iniciar la acción judicial.

Surge

del

Informe

del

Comisionado

Especial

querellado

entendió

que

hacía

la

lo

consiguió.

perito,

pero

no

falta

Con

opinión

que

el

de

un

posterioridad,

desatendió negligentemente la reclamación y permitió, por

su inacción, que prescribiera la causa de acción de los

esposos Arocho-Santiago.

El Comisionado Especial expone en su Informe que

Ortiz

López,

al

no

tener

éxito

en

la

reclamación

CP-2005-7

8

extrajudicial, dudó sobre los méritos de la acción civil

a incoarse. No obstante, no le informó lo anterior a sus

clientes, ni renunció a su representación legal. Por el

contrario, precisamente por el hecho de que las gestiones

extrajudiciales fueron infructuosas, Ortiz López notificó

a sus clientes la necesidad de demandar y, además, aceptó

la suma de $500.00 para iniciar el proceso judicial.

En lugar de asesorar a sus clientes y consultarles

la estrategia a seguir, Ortiz López los mantuvo ajenos

del verdadero status del caso. El querellado evadió la

comunicación

con

sus

clientes

y

los

indujo

a

creer

-mediante el envío de un interrogatorio falso- que la

reclamación judicial existía.

La conducta de Ortiz López evidentemente tuvo el

efecto inalterable de privar a sus clientes del derecho a

reclamar los daños y perjuicios sufridos. Su desidia,

despreocupación, inacción y displicencia en el manejo del

caso a todas luces constituye una violación a los deberes

de diligencia e información contenidos en los cánones 18

y 19 de los de Ética Profesional, supra. In Re Pérez

Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); In Re Ortiz Morales,

supra. Reiteramos que un abogado que acepta un caso y

luego no demuestra la competencia y diligencia que exige

el ejercicio de la abogacía y no mantiene al cliente

informado de los desarrollos del caso, incurre en una

violación

seria

de

ética

profesional.

Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

In

Re

Arroyo

CP-2005-7

Por último,

el

querellado

aceptó

haber

indebidamente el expediente de sus clientes.

9

retenido

Es menester

insistir en que actúa en contravención al Canon 20 aquel

abogado que no entrega de inmediato y sin dilación alguna

el expediente del caso una vez el cliente se lo requiere.

En el caso de autos, Ortiz López demoró más de un año en

devolver

el

expediente

una

vez

conoció

de

tal

requerimiento. Dicha demora, sin duda alguna, constituye

una dilación irrazonable.

En el presente caso, Ortiz López se allanó a los

tres cargos imputados. Aunque aclara que, para el momento

de los hechos, pasaba por incidentes personales que le

impidieron

ejercer

adecuadamente

sus

deberes

como

abogado, el querellado se olvida de que nuestra normativa

claramente

dispone

que

justifican

desatender

las

las

situaciones

personales

responsabilidades

éticas

no

que

rigen el ejercicio de la abogacía.

Por ende, resolvemos que Ortiz López incumplió los

deberes que tenía para con sus clientes, infringiendo de

esta forma los cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética

Profesional,

supra.

disciplinaria

aplicable

Para

determinar

la

sanción

al

querellado,

tomaremos

en

consideración que éste aceptó la responsabilidad por los

cargos imputados en su contra, pidió disculpas y expresó

su sincero arrepentimiento. Ortiz López reconoció que su

conducta

no

estuvo

a

la

altura

de

lo

que

exige

el

ejercicio de la abogacía. Finalmente, pagó a sus clientes

una compensación monetaria de $10,000, luego de hipotecar

CP-2005-7

10

un inmueble para obtener esta suma. Consideramos estos

actos como elementos atenuantes de las violaciones éticas

descritas anteriormente. Véase In Re Quiñones Ayala, res.

el 30 de junio de 2005, 2005 TSPR 99; In Re Pagán Ayala,

117 D.P.R. 180 (1986).

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que

del expediente personal del querellado surge que ésta es

la primera querella en su contra, suspendemos a Ortiz

López del ejercicio de la abogacía y de la notaría por el

término

desempeño

de

de

tres

la

(3)

meses,

profesión.

Se

por

deficiencia

en

el

le

apercibe

que

el

de

incumplimiento con sus deberes profesionales en el futuro

puede conllevar una sanción más severa.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra

y sello notarial del licenciado Ortiz López y entregarlos

a la Directora Interina de la Oficina de Inspección de

Notaría para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Luis A. Ortiz López

CP-2005-7

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2006.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se dicta sentencia decretando la

suspensión de Luis A. Ortiz López del ejercicio de la

abogacía y la notaría por el término de tres (3) meses,

por deficiencia en el desempeño de la profesión. Se le

apercibe de que el incumplimiento con sus deberes

profesionales en el futuro puede conllevar una sanción

más severa.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la

obra y sello notarial del licenciado Ortiz López y

entregarlos a la Directora Interina de la Oficina de

Inspección

de

Notaría

para

la

correspondiente

investigación e informe.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina