Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ladislaus M. Szendrey y su esposa Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos v. F. Castillo Family Properties, Inc., et al.
2007 TSPR 6
Poder Judicial de Puerto Rico
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Ladislaus M. Szendrey y su esposa Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos v. F. Castillo Family Properties, Inc., et al.
CC-2006-0456
Procedimiento Civil – Notificación a las partes de la Moción bajo Regla 53.3; Derecho apelativo: falta de jurisdicción del tribunal apelativo en recurso presentado prematuramente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Landislaus M. Szendrey y su
esposa Maricarmen Ramos de
Szendrey y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales compuesta
por ambos
Certiorari
2007 TSPR 6
Recurridos
169 DPR ____
v.
F. Castillo Family Properties,
Inc., et al.
Peticionarios
Número del Caso: CC-2006-456
Fecha: 16 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel V
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Martínez, el
Juez González Rivera y el Juez Ramírez Nazario.
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José G. Barea Fernández
Lcdo. Ángel López Hidalgo
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Ernesto González Piñero
Lcdo. Juan J. Hernández López De Victoria
Lcdo. Maricarmen Ramos De Szendrey
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales
Procuradora General Auxiliar
Materia: Régimen de Propiedad Horizontal y Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Landislaus M. Szendrey y su
esposa Maricarmen Ramos de
Szendrey y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales compuesta
por ambos
Recurridos
CC-2006-456
v.
F. Castillo Family Properties,
Inc., et al.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2007
Corresponde determinar en esta ocasión si procede
revocar
la
Apelaciones
sentencia
por
dictada
carecer
este
por
el
Tribunal
de
foro
de
jurisdicción
para entender en un recurso de apelación presentado
prematuramente.
intermedio
Por entender que el foro apelativo
asumió
y
retuvo
jurisdicción
impropiamente, revocamos su determinación.
I
El
señor
Landislaus
M.
Szendrey,
su
esposa
Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad Legal de
Gananciales
compuesta
por
ambos
(en
adelante
“los
esposos Szendrey Ramos”) presentaron demanda contra
2
CC-2006-456
F.
Castillo
Family
Properties,
Inc.
(en
adelante
“Castillo”), Inversiones y Desarrollos del Caribe, Inc. (en
adelante “INDECA”), los esposos Irizarry Almendáriz, GAM
Realty Sociedad en Comandita S.E. (en adelante “GAM”), los
esposos Collazo Torres, Metropolitan Professional Park Inc.
(en adelante “MPP”), el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la
Administración
de
Corrección.
Reclamaron
daños
y
perjuicios por sufrimientos y angustias mentales y daños
por el uso de una propiedad en contravención del reglamento
del inmueble.
Primera
El 28 de junio de 2005, el Tribunal de
Instancia,
Sala
Superior
de
San
Juan,
dictó
sentencia declarando con lugar algunas de las reclamaciones
de
los
esposos
Szendrey
Ramos
y
desestimando
otras
por
insuficiencia de la prueba presentada.
Inconformes,
el
19
de
julio
de
2005,
los
esposos
Szendrey Ramos presentaron una solicitud de determinaciones
de hechos adicionales al amparo de la Regla 43.3 de las de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. III R. 43.3.
De igual
forma y en esta misma fecha, los codemandados INDECA, los
esposos
Irizarry
Almendáriz,
GAM,
los
esposos
Collazo
Torres y MPP (en adelante “los codemandados”) presentaron
también una moción en virtud de la referida Regla 43.3.
El
3
codemandados
de
en
agosto
de
2005,
el
pleito,
Castillo,
presentó
uno
de
los
a
la
oposición
solicitud presentada por los esposos Szendrey Ramos.
Alegó
que la referida moción le fue notificada fuera del término
CC-2006-456
3
de diez (10) días establecido por la Regla 43.3 para su
presentación.
Adujo además, que por ser este término uno
de cumplimiento estricto, los esposos Szendrey Ramos tenían
que
demostrar
la
existencia
de
justa
causa
para
la
notificación que le realizaron un día después de finalizado
el término dispuesto.
Así las cosas, el 6 de septiembre de 2005, estando
pendiente de consideración las mociones presentadas por las
partes
y
la
determinación
de
justa
causa
para
su
notificación tardía, los esposos Szendrey Ramos presentaron
un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones
solicitando
la
revisión
tribunal de instancia.
desestimación
de
la
sentencia
dictada
por
el
En respuesta, Castillo solicitó la
del
recurso
presentado
sentencia
recurrida
no
final
demandantes
como
los
era
alegando
ya
demandados
que
habían
que
la
tanto
los
presentado
oportunamente las mociones en controversia.
Adujo que esta
presentación
presentar
el
recurso de revisión ante el foro apelativo intermedio.
De
otra
parte,
interrumpió
los
el
esposos
término
Szendrey
solicitud
alegando
que
el
interrumpió
porque
la
moción
Ramos
término
de
para
objetaron
apelativo
los
esta
nunca
se
codemandados
fue
notificada tardíamente también y que por lo tanto ninguna
de las mociones interrumpió el término apelativo.
Luego
de
varios
incidentes
procesales,
el
27
de
octubre de 2005, el Tribunal de Apelaciones desestimó por
falta de jurisdicción el recurso de apelación presentado
CC-2006-456
4
por los esposos Szendrey Ramos.
En esencia, dicho foro
determinó que el recurso presentado era prematuro y que no
podía
asumir
jurisdicción
hasta
tanto
el
tribunal
de
instancia determinase si existió o no justa causa para la
notificación tardía de las mociones, o, que de otra parte,
resolviera definitivamente las solicitudes en controversia.
En desacuerdo, los esposos Szendrey Ramos solicitaron
oportunamente
reconsideración
de
esta
determinación.
Adujeron que el término para instar un recurso apelativo
nunca se interrumpió ya que la moción fue notificada fuera
del término de diez (10) días establecido por la Regla 43.3
para su presentación.
que
el
tribunal
de
Alegaron que en la eventualidad de
instancia
concluyera
que
no
existía
justa causa para la notificación tardía de la moción, esta
determinación tendría el efecto de no haber interrumpido el
término
para
presentar
el
recurso
apelativo
por
quedarían desprovistos de un remedio de revisión.
lo
que
Por lo
anterior, peticionaron que el tribunal apelativo retuviera
jurisdicción sobre su recurso hasta tanto el tribunal de
instancia
determinara
si
existió
justa
causa
para
la
notificación tardía de la moción.
El
Tribunal
determinación
y
devolver
caso
el
el
de
Apelaciones
28
de
diciembre
al
tribunal
de
reconsideró
de
2005,
instancia
su
determinó
para
que
resolviera el asunto jurisdiccional planteado, determinando
la existencia o no de justa causa para la notificación
tardía
de
las
mociones
en
controversia.
Razonó
que
CC-2006-456
mientras
5
el
tribunal
de
instancia
no
determinara
la
existencia de justa causa o resolviera definitivamente las
mociones presentadas por la partes, debía “abstenerse de
expresarse en cuanto a los méritos del recurso, puesto que
dependiendo de la determinación del [tribunal de instancia]
podía
carecer
recurso
de
jurisdicción
presentado.”1
jurisdicción
sobre
Más
el
recurso
por
resultar
aún,
dicho
presentado
prematuro
foro
hasta
el
retuvo
tanto
el
tribunal de instancia resolviera la controversia sobre las
solicitudes
evitaría
presentadas,
que
los
argumentando
demandantes
que
quedaran
lo
anterior
desprovistos
de
alternativas para apelar la determinación del tribunal de
instancia.
Insatisfechos, el 25 de enero de 2006 los codemandados
Castillo, GAM y MPP, solicitaron sin éxito reconsideración.
Alegaron que el foro apelativo intermedio no podía retener
jurisdicción para entender posteriormente en el recurso de
apelación
y
instancia,
a
su
ya
que
consideración
las
vez
emitir
órdenes
al
tribunal
de
todavía
estaban
pendientes
de
mociones
presentadas.
Argumentaron
además, que dicho foro estaba adquiriendo una jurisdicción
de
tipo
contingente
que
no
había
sido
establecida
estatutariamente.
El 24 de abril de 2006, el Tribunal de Apelaciones
declaró
no
presentada
1
ha
por
lugar
los
la
solicitud
codemandados.
de
reconsideración
Además,
ordenó
al
Resolución del Tribunal de Apelaciones de 28 de diciembre
de 2005, apéndice del recurso de certiorari a la pág. 709.
CC-2006-456
6
tribunal de instancia que dentro del término de diez (10)
días
determinara
si
existía
justa
causa
o
no
para
la
notificación tardía de las mociones en controversia.2
Inconformes, los codemandados acudieron ante nosotros
mediante moción en auxilio de nuestra jurisdicción el 12 de
mayo de 2006, solicitándonos revisión de la determinación
del tribunal apelativo.
Alegaron que dicho foro erró “al
conferirse una jurisdicción de carácter contingente . . .
sujeta
a
las
Instancia.”3
determinaciones
del
Tribunal
de
Primera
El 17 de mayo de 2006 denegamos esta petición.
No obstante, a solicitud de los codemandados, el 23 junio
de 2006 reconsideramos esta determinación y expedimos el
auto solicitado.
Luego de varios incidentes procesales y contando con
la comparecencia de las partes pasamos a resolver.
II
Una
dictada
parte
adversamente
afectada
por
por
Tribunal
Primera
Instancia
el
de
una
sentencia
tiene
la
facultad al amparo de la Regla 43.3 de las de Procedimiento
Civil, de presentar una moción solicitando determinaciones
iniciales
derecho,
o
o
adicionales
de
otra
de
forma,
hechos
o
peticionando
conclusiones
de
enmiendas
las
2
a
El tribunal de instancia, cumpliendo con el mandado del
Tribunal
de
Apelaciones,
consideró
las
mociones
en
controversia. En Resolución emitida el 12 de mayo de 2006
y notificada a las partes y al tribunal apelativo en esta
misma fecha, dicho tribunal determinó que no había justa
causa para la notificación tardía de las mociones ante su
consideración.
3
Certiorari presentado por los peticionarios, pág. 5.
CC-2006-456
7
determinaciones ya hechas mediante sentencia. Alicea Aguayo
v.
R&G
D.P.R.
Mortgage
___,
Corp.,
T.S.P.R.
res.
2
145.
de
octubre
de
2006,
La
razón
cardinal
169
para
solicitarle al tribunal sentenciador que “determine hechos
específicos y consigne sus conclusiones de derecho es para
que
el
juez
atendido
de
instancia
todas
las
quede
satisfecho
controversias
de
de
forma
que
ha
propia
y
completa, y demás para permitir a las partes y al foro
apelativo estar completamente informados de la base de la
decisión.”
J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal
Civil, San Juan, Puerto Rico, Publicaciones JTS, 2000, Tomo
I, a la pág. 695.
En
reiteradas
ocasiones
hemos
expresado
que
una
oportuna y bien fundamentada solicitud de determinaciones
de hechos y conclusiones de derecho adicionales, interrumpe
los
términos
que
tienen
las
partes
para
interponer
una
apelación, certiorari, reconsideración de sentencia o un
recurso de certificación, entre otros.
Carattini et al. v.
Collazo
D.P.R.
Systems
Analysis,
Inc.,
158
345
(2003);
Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366
(2001).
Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649 (2000).
De
acuerdo a la Regla 43.4 de las de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A.
Ap.
III
R.
43.4,
estos
términos
comenzarán
a
transcurrir nuevamente tan pronto se archive en autos copia
de la notificación de la resolución emitida por el tribunal
de primera instancia resolviendo la referida moción.
Juliá
et
366;
al.
v.
Epifanio
Vidal,
S.E.,
supra,
a
la
pág.
CC-2006-456
8
Rodríguez v. Zegarra, supra, a la pág. 653.
forma,
es
a
partir
de
la
fecha
en
que
Dicho de otra
el
tribunal
de
instancia resuelve y notifica la resolución atendiendo la
moción solicitando determinaciones de hechos y conclusiones
de derecho adicionales, que comienza a decursar nuevamente
el término jurisdiccional de treinta (30) días que se tiene
para recurrir en apelación al tribunal apelativo.
Íd.
Es pertinente señalar que la Regla 53.1(g)(1) de las
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 53.1(g)(1),
dispone
que
el
término
para
solicitar
revisión
de
una
sentencia ante el tribunal apelativo quedará interrumpido
por
la
presentación
determinaciones
de
oportuna
hechos
y
de
una
conclusiones
solicitud
de
de
derecho
adicionales.
Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra,
a la pág. 366.
Rodríguez v. Zegarra, supra, a la pág. 653.
Dispone este precepto procesal, que el término apelativo se
comenzará a computar nuevamente desde que sea archivada en
autos
copia
de
la
notificación
de
cualquiera
de
las
siguientes órdenes relacionadas con esta moción, como por
ejemplo:
(1)
En
las
apelaciones
al
Tribunal
[de
Apelaciones] provenientes del Tribunal de Primera
Instancia, declarando con lugar o denegando una
moción bajo la Regla 43.3 para enmendar o hacer
determinaciones
iniciales
o
adicionales
de
hechos, fuere o no necesaria una modificación de
la sentencia si se declarare con lugar la moción.
Íd.;
Regla 53.1(g)(1) de las de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III R. 53(g)(1).
CC-2006-456
9
La notificación de la presentación de una moción al
amparo de la Regla 43.3 de las de Procedimiento Civil, debe
realizarse dentro del término de diez (10) días establecido
para su presentación.
Específicamente, en Suc. Salvador
Jiménez v. Pérez, 153 D.P.R. 527, 533 (2001), resolvimos
que
el
término
solicitud
de
para
notificar
determinaciones
la
de
presentación
hechos
de
una
adicionales
al
amparo de la citada Regla 43.3, es el mismo de diez (10)
días
que
se
tiene
para
su
presentación
posterior
al
dictamen y notificación de una sentencia del tribunal de
instancia.
Como
señaláramos
en
aquella
ocasión,
este
trámite procesal es uno de cumplimiento estricto, por lo
que su incumplimiento implicará que no se interrumpirá el
término
disponible
para
apelar
una
sentencia
ante
el
Tribunal de Apelaciones.
Reiteradamente hemos resuelto que cuando se trata de
un
término
de
cumplimiento
estricto,
los
tribunales
no
están atados al automatismo que conlleva un requisito de
carácter jurisdiccional y pueden por lo tanto, proveer el
remedio
que
estimen
pertinente,
según las circunstancias.
150
D.P.R.
560,
564
extendiendo
el
término
Rojas v. Axtmayer Ent., Inc.,
(2000);
Lugo
Rodríguez
v.
Súarez
Camejo, 19 de septiembre de 2005, 165 D.P.R. ___, 2005
T.S.P.R. 136.
acoger
y
Sin embargo, los tribunales, a la hora de
considerar
un
recurso
presentado
ante
su
consideración, no pueden prorrogar este término de forma
automática.
Íd.
CC-2006-456
Los
10
tribunales
pueden
extender
discrecionalmente
un
término de cumplimiento estricto o permitir su cumplimiento
tardío, “solo cuando la parte que lo solicita demuestre
justa causa para la tardanza.”
Íd; véase además Arriaga v.
F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998).
Elaborando sobre lo
anterior,
foros
pueden
hemos
eximir
determinado
a
una
que
parte
los
del
adjudicativos
requisito
de
observar
fielmente un término de cumplimiento estricto si:
(1) en
efecto existe justa causa para la dilación, y, (2) si la
parte
le
demuestra
detalladamente
al
tribunal
las
bases
razonables que tiene para la dilación; es decir, que la
parte interesada le acredite al tribunal de manera adecuada
la
justa
causa
aludida.
Íd.
En
ausencia
de
estas
circunstancias, los tribunales carecen de discreción para
prorrogar el término y, en consecuencia, acoger el recurso
de revisión ante su consideración.
Íd; véase además Bco.
Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657
(1997).
Consistentemente
hemos
advertido
que
los
tribunales
deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que no
tienen discreción para asumir jurisdicción allí donde no la
tienen.
Lugo Rodríguez v. Súarez Camejo, supra; Morán Ríos
v. Marti Bardisona, res. 5 de agosto de 2005, 165 D.P.R.
___,
2005
T.S.P.R.
110.
Lo
anterior
nos
ha
llevado
a
concluir que las cuestiones relativas a la jurisdicción de
un tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y
resolverse
con
preferencia
a
cualesquiera
otras.
Íd.;
CC-2006-456
11
Autoridad
sobre
Hogares
(1950).
En
tribunales
deben
v.
Sagastivelza,
cumplimiento
tener
con
este
presente
que
71
D.P.R.
deber,
“[u]na
436
nuestros
sentencia,
dictada sin jurisdicción por un tribunal, es una sentencia
nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.”
Rivera v. Policía, 150 D.P.R. 917, 921 (2000).
Montañez
(Énfasis en
el original).
La
falta
de
jurisdicción
susceptible de ser subsanada.
de
un
tribunal
no
es
Souffront Cordero v. A.A.A.,
res. 21 de abril de 2005, 163 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R. 49
y casos allí citados.
En consideración de lo anterior, le
corresponde a los foros adjudicativos examinar su propia
jurisdicción, así como aquella del foro de donde procede el
recurso ante su consideración.
Más aún, los tribunales
tienen
ministerial,
una
examinar
evaluar
el
deber
jurisdicción,
de
y
vez
cuestionada
su
rigurosamente
el
planteamiento jurisdiccional pues éste incide directamente
sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.
Íd.
Una vez un tribunal determina que no tiene jurisdicción
para
entender
consideración,
recurso
en
el
procede
apelativo
asunto
ante
su
inmediata
desestimación
del
lo
por
la
conforme
presentado
ordenado
las
leyes
y
reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos.
Íd.
En
numerosas
ocasiones
hemos
expresado
que
este
Tribunal tiene la responsabilidad de asegurarse que nuestro
foro
apelativo
intermedio
dispense
justicia
conforme
el
CC-2006-456
ámbito
12
de
autoridad
estatutariamente.
tarea,
que
se
le
ha
conferido
Es entonces que, en el ejercicio de esta
“[c]uando
el
Tribunal
de
Apelaciones
asuma
jurisdicción en un recurso cuando no la tenga[,] es nuestro
Morán Ríos
deber así declararlo y desestimar el recurso.”
v. Marti Bardisona, supra.
(Énfasis suplido.)
Es norma reiterada por este Foro que “[u]na apelación
o
un
recurso
prematuro,
al
igual
que
uno
tardío,
sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de
privar de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.”
Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra, a la pág. 366;
Pérez
v.
C.R.
Jiménez,
Inc.,
148
D.P.R.
153
(1999);
Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 D.P.R. 492 (1997).
Conforme
este
pronunciamiento,
hemos
concluido
que
todo
recurso presentado prematuramente carece de eficacia y por
tanto no produce efecto jurídico alguno ya que al momento
de
ser
presentado
el
tribunal
no
tiene
autoridad
para
acogerlo y mucho menos para conservarlo con la intención de
reactivarlo
posteriormente
en
virtud
de
una
moción
informativa.
Juliá et al. v. Epifanio Vidal S.E., supra, a
la pág. 366 citando a Pueblo v. Santana Rodríguez, 148
D.P.R. 400 (1999).
De hecho, considerando una controversia
similar a la de autos, hemos expresado que:
Si
el
[Tribunal
de
Apelaciones]
no
tenía
jurisdicción
para entender en la apelación,
tampoco la tenía para, usando como base las
precitadas Reglas 53.9(a) de Procedimiento Civil
y 18 de su Reglamento, ordenar al Tribunal de
Primera Instancia que resolviera de nuevo la
moción para solicitar determinaciones de hecho
CC-2006-456
13
adicionales que estaba pendiente al presentarse
la apelación.
El efecto suspensivo que reconocen ambas reglas
está apuntalado en la premisa de que el foro
apelativo tiene jurisdicción en virtud de la
apelación interpuesta. Lógicamente, de carecerla
por prematura, como en el caso de autos, la
apelación
no
tiene
el
efecto
suspensivo
visualizado en esa normativa.
Íd. a la pág. 367 citando a Rodríguez v. Zegarra, supra, a
las págs. 654-655.
A la luz de la doctrina antes expuesta, evaluemos los
hechos
que
originan
la
controversia
ante
nuestra
consideración.
III
Las partes del presente caso solicitaron oportunamente
determinaciones
de
adicionales
amparo
al
hechos
Procedimiento Civil.
de
y
conclusiones
de
derecho
la
Regla
de
las
43.3
de
La presentación de estas solicitudes
ante el Tribunal de Primera Instancia se realizó dentro del
término
de
precepto
diez
(10)
procesal.
peticionaria
como
presentación
de
días
establecido
por
Sin
embargo,
tanto
los
sus
recurridos,
solicitudes
un
el
referido
la
parte
notificaron
la
día
de
después
finalizado el término disponible para presentar las mismas.
Como
señaláramos,
el
requisito
de
notificar
la
presentación de una solicitud de determinaciones de hechos
y
conclusiones
de
derecho
cumplimiento
estricto.
requerimiento,
privará
El
de
adicionales
es
incumplimiento
jurisdicción
al
uno
de
con
este
tribunal
de
CC-2006-456
instancia
14
para
entender
en
las
mismas.
Más
aún,
la
inobservancia de este precepto no interrumpirá el término
que se tiene para solicitar la revisión de una sentencia
ante el Tribunal de Apelaciones.
Ahora bien, tratándose de un requisito de cumplimiento
estricto,
el
tribunal
de
instancia
podía
permitir
la
notificación tardía de la presentación de las solicitudes
en controversia, si determinaba que existía justa causa que
justifique este trámite fuera del término.
De hecho, al
momento en que los señores Zsendrey Ramos presentaron su
recurso
apelativo
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones,
el
Tribunal de Primera Instancia había acogido las mociones
presentadas por las partes y tenía la intención de evaluar
si existía o no justa causa para la notificación tardía de
las mismas.
Ante lo anterior, resulta forzoso concluir que
el tribunal de instancia no había considerado ni se había
expresado
aún
sobre
un
asunto
que
estaba
dentro
de
su
jurisdicción, por lo cual no había comenzado a transcurrir
el término para acudir en alzada.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Apelaciones
acogió
y
consideró
un
recurso
prematura.
Reiteramos,
todavía
Tribunal
el
al
de
de
apelación
momento
Primera
de
ser
Instancia
de
forma
presentado,
no
había
determinado si en efecto tenía jurisdicción para considerar
las solicitudes en controversia y si las mismas procedían.
Esta
situación
acogiera
y
impedía
que
el
foro
considerara
el
recurso
apelativo
de
intermedio
apelación
y
mucho
CC-2006-456
15
menos que retuviera jurisdicción sobre el mismo hasta que
el tribunal de instancia cumpliera con su mandato.
resultado
de
dictó
sentencia
una
este
proceder,
nula
e
el
Como
Tribunal
de
Apelaciones
inexistente
por
haber
sido
dictada sin jurisdicción.
En
vista
de
lo
anterior,
procede
dictar
sentencia
revocando la determinación del Tribunal de Apelaciones y
desestimar el recurso presentado ante dicho foro por falta
de jurisdicción.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Landislaus M. Szendrey y su
esposa Maricarmen Ramos de
Szendrey y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales compuesta
por ambos
Recurridos
CC-2006-456
v.
F. Castillo Family Properties,
Inc., et al.
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2007
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente,
se
dicta
Sentencia
revocatoria
del
dictamen emitido en el presente caso por el Tribunal
de Apelaciones y se ordena la desestimación del
recurso allí presentado.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez
Asociado señor Rebollo López no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo