Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cruz González v. Pep Boys
2007 TSPR 3
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cruz González v. Pep Boys
CC-2005-0431
Sentencia con Opinión de Conformidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Cruz González
Peticionario
Certiorari
v.
2007 TSPR 3
Pep Boys
169 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2005-431
Fecha: 11 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente:
Hon. Roberto L. Córdova Arone
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ramón A. Pérez González
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez
Lcdo. Antonio L. García Ramírez
Materia: Ley 2, Proc. Sumario, Salarios; Ley 45 del Fondo del
Seguro del Estado Art. 5-A, Daños y Perjuicios Ley 80,
Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Cruz González
Peticionario
Certiorari
v.
2007 TSPR 3
Pep Boys
169 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2005-431
Fecha: 11 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente:
Hon. Roberto L. Córdova Arone
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ramón A. Pérez González
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez
Lcdo. Antonio L. García Ramírez
Materia: Ley 45 del Fondo del Seguro del Estado Art. 5-A, Daños y
Perjuicios Ley 80, Despido Injustificado
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Cruz González
Peticionario
v.
CC-2005-431
Pep Boys
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007
El peticionario, Víctor Cruz González comenzó a
trabajar en Pep Boys como técnico automotriz, el 18
de mayo de 2000.
El 30 de junio de 2003, sufrió un
accidente laboral en el que se lastimó su espalda
mientras
instalaba
motor.
Al
día
unas
piezas
siguiente
y
de
como
un
vehículo
resultado
de
del
accidente, Cruz González se reportó a la Corporación
del Fondo del Seguro del Estado (el “Fondo”).
Fondo
le
concedió
diagnosticándole
tratamiento
trauma
lumbar.
Poco
en
El
descanso
después,
su
condición empeoró y fue hospitalizado en el Hospital
Industrial.
alta
En octubre de 2003, el Fondo le dio de
definitiva
sin
fijarle
incapacidad.
CC-2005-431
2
Inconforme con la determinación del Fondo de no fijarle
incapacidad,
el
peticionario
Comisión Industrial.
acudió
en
revisión
ante
la
Pendiente el recurso, el señor Cruz
González le solicitó a su patrono que le reinstalara en su
puesto, pues había sido dado de alta por el Fondo.
El
patrono le solicitó que presentara un certificado médico
que especificara con mayor rigor su condición médica.
Cruz
González acudió en varias ocasiones a su lugar de empleo
solicitando su reinstalación, pero en todas las ocasiones
se condicionó su reingreso a que sometiera la evidencia
médica
requerida.
El
peticionario
nunca
sometió
el
documento requerido.
El 12 de abril de 2004, el peticionario presentó una
querella
contra
Pep
Instancia
al
amparo
Boys
en
del
reclamaciones salariales.
el
Tribunal
procedimiento
de
Primera
sumario
de
32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.
En la demanda instada se alegó que el patrono había violado
la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A.
secs. et seq., al negarse a reinstalarlo al empleo.
Se
adujo además que Cruz González fue despedido injustamente.
En
la
querella
instada,
el
peticionario
solicitó
la
reinstalación a su empleo, el pago de los salarios que
hubiese
devengado
de
haber
sido
reinstalado
y
perjuicios por las alegadas violaciones del ley.
daños
y
En la
alternativa, solicitó el remedio de mesada dispuesto en la
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185.
CC-2005-431
3
Pep Boys contestó la demanda y oportunamente solicitó
que
se
dictara
sentencia
sumaria
a
su
favor.
El
peticionario se opuso.
Mientras se dilucidaba el pleito,
la
resolvió
Comisión
Industrial
instado el señor Cruz González.
la
apelación
que
había
La Comisión devolvió el
caso al Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico
al peticionario.
Una vez devuelto el caso ante el Fondo,
éste determinó concederle al peticionario un CT.
En otras
palabras,
González
el
Fondo
dispuso
que
el
señor
Cruz
recibiera tratamiento médico mientras trabajaba.
Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el foro
primario dictó sentencia sumaria a favor de Pep Boys.
El
señor Cruz González acudió ante el Tribunal de Apelaciones.
El foro apelativo intermedio confirmó la determinación del
foro sentenciador.
Concluyó, que al momento de solicitar
reinstalación el peticionario no se encontraba apto para
trabajar y así lo reflejaba el récord del caso.
Inconforme, Cruz González acudió ante este Tribunal
señalando como error el siguiente:
“Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la
sentencia emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, que desestimó sumariamente la querella
presentada por el querellante peticionario.”
Las partes comparecieron posteriormente y presentaron sus
respectivos alegatos.
Estudiados los alegatos presentados por las partes así
como el expediente del caso, se dicta sentencia y se revoca
la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
CC-2005-431
4
celebre la vista en su fondo y se determine si en efecto el
señor Cruz González se encontraba apto para trabajar al
momento de solicitar reinstalación a su empleo.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la cual
se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el
Juez Asociado señor Rebollo López.
El Juez Asociado señor
Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Cruz González
Peticionario
v.
CC-2005-431
Pep Boys
Recurrido
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la cual se le unen el Juez Presidente señor Hernández
Denton y el Juez Asociado señor Rebollo López
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007
La cuestión a resolver en esta ocasión, es si
una determinación de la Corporación del Fondo del
Seguro del Estado (el “Fondo”), dando de alta a un
empleado
luego
ocupacional,
capacitado
puesto,
éste
supone
para
por
de
lo
sufrir
que
desempeñar
que
el
un
el
las
patrono
accidente
empleado
está
funciones
de
no
requerir
puede
su
evidencia adicional del empleado que corrobore su
aptitud para el trabajo.
I
El señor Víctor Cruz González (“Cruz González”
o el “peticionario”) comenzó a trabajar en Pep Boys
como
técnico
automotriz,
el
18
de
mayo
de
2000.
2
CC-2005-431
Entre
sus
funciones
estaba
hacer
diagnósticos
de
los
automóviles, instalar gomas y piezas a los vehículos de
motor, descargar mercancía de furgones, tales como gomas,
baterías, aceite y herramientas.
Tales funciones requerían
realizar esfuerzo físico continuamente, doblar el cuello,
la cintura y estar de pie todo el tiempo.
El 30 de junio de 2003, el peticionario sufrió un
accidente laboral en el que se lastimó su espalda mientras
instalaba unas piezas a un vehículo de motor.
Por tal
razón, el peticionario se reportó al día siguiente, 1ro. de
julio de 2003, a la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado.
Ese mismo día, el Fondo le concedió tratamiento en
descanso y le diagnosticó trauma lumbar, que luego resultó
ser un disco herniado y el nervio ciático pinchado.
Pocos
días después, mientras recibía tratamiento en descanso, sus
padecimientos empeoraron al extremo de no poder caminar.
Debido
a
Hospital
ello,
fue
hospitalizado
Industrial.
Al
cabo
de
ocho
(8)
días
ese
tiempo,
en
el
continuó
recibiendo tratamiento médico en descanso hasta el 7 de
octubre de 2003, cuando el Fondo le dio de alta definitiva
sin fijarle incapacidad.
Oportunamente, el señor Cruz González apeló ante la
Comisión Industrial la decisión del Fondo de darle de alta
definitiva
sin
fijarle
por
ciento
de
incapacidad.
El
fundamento de dicha apelación se consignó en los siguientes
términos:
“solicito
tratamiento
médico
e
incapacidad,
tengo dolor en la espalda, no puedo caminar bien, en mis
condiciones no puedo volver a ejercer mis funciones en el
3
CC-2005-431
lugar donde trabajo, no me puedo doblar, no puedo dormir
por causa de los dolores.”
Al mismo tiempo, el señor Cruz González solicitó a su
patrono que le reinstalara en su puesto.
le
entregó
a
su
supervisor
inmediato
El peticionario
la
“Decisión
del
Administrador sobre Tratamiento Médico” que indicaba que
éste había sido dado de alta del Fondo el día anterior, sin
incapacidad.
No obstante, el peticionario le expresó a su
supervisor que aún no se sentía bien y que había apelado
dicha
determinación
ante
la
Comisión
Industrial.
Inmediatamente, el supervisor le solicitó que presentara un
certificado médico adicional que fuera más específico en
cuanto a su condición médica.
Luego de ello, el señor Cruz
González acudió en varias ocasiones al taller de empleo
para
solicitar
su
reinstalación,
pero
en
todas
las
ocasiones se condicionó su reingreso a que sometiera la
evidencia
médica
requerida.
El
peticionario
nunca
la
produjo.
Ante
la
negativa
a
reinstalarlo,
presentó
una
querella
ante
el
el
Departamento
peticionario
del
Trabajo,
Negociado de Normas de Trabajo, por despido injustificado y
violación a la Ley del Sistema de Accidentes en el Trabajo,
infra.
Así las cosas, Pep Boys envió el 4 de enero de
2004,
una
misiva
al
peticionario
expresándole
su
disposición de reinstalarlo en su puesto bajo la condición
de que éste proveyera un certificado médico que indicara
que se encontraba físicamente capacitado para trabajar.
4
CC-2005-431
Mediante carta del 24 de enero de 2004, el Departamento
del Trabajo determinó que Pep Boys adeudaba al peticionario
la suma de $4,064.00 por concepto de salarios dejados de
devengar
conforme
dispone
la
Ley
del
Sistema
de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et
seq (“Ley Núm. 45”).
Además, se ordenó la reposición del
peticionario en su empleo.1
El 12 de abril de 2004 el peticionario presentó una
querella
contra
Pep
Instancia
al
amparo
Boys
del
en
el
Tribunal
procedimiento
de
Primera
sumario
de
reclamaciones salariales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de
1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.2
En
la misma, se alegó que el patrono había violado la Ley Núm.
45, supra, al negarle la reinstalación al peticionario, a
pesar de que éste la solicitó dentro de los 15 días de
haber sido dado de alta por el Fondo y sin que hubiesen
pasado 12 meses desde que ocurrió el accidente.
Se alegó,
además, que al momento de solicitar su reinstalación se
encontraba física y mentalmente capacitado para ocupar el
puesto que desempeñaba al momento de ocurrir el accidente y
1
Posterior a ello, el Departamento del Trabajo envió una
carta al peticionario para que compareciera a sus oficinas
el 14 de abril de 2004 para discutir los resultados de la
investigación de su caso. No surge del expediente si hubo
algún procedimiento ulterior o alguna determinación final
del ente administrativo que fuera concluyente para el
presente caso.
2
Luego, se determinó que la querella se tramitaría bajo el
procedimiento ordinario.
5
CC-2005-431
que dicho puesto aún subsistía.
Finalmente, se adujo que
fue despedido injustificadamente.
El peticionario solicitó la reinstalación a su empleo,
el pago de los salarios que hubiese devengado de haber sido
reinstalado
y
daños
violaciones de ley.
y
perjuicios
por
las
presuntas
En la alternativa, solicitó el remedio
de mesada dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de
1976, 29 L.P.R.A. sec. 185.
Oportunamente, Pep Boys contestó la querella presentada
en
su
contra,
negó
las
alegaciones
esenciales
del
querellante y levantó varias defensas afirmativas, entre
ellas: (1) que el peticionario no se encontraba ni física
ni emocionalmente apto para ejercer las funciones de su
plaza, y (2), que el peticionario no fue despedido.3
Posteriormente,
Pep
Boys
solicitó
del
Tribunal
de
Primera Instancia que dictara sentencia sumaria a su favor.
Alegó que la única razón por la cual el Fondo concedió el
alta al peticionario fue debido a que éste no estuvo de
acuerdo en someterse al tratamiento médico disponible, el
cual consistía en una operación quirúrgica, toda vez que no
le garantizaban que luego de la operación pudiese caminar.
En apoyo de lo anterior, Pep Boys incluyó con la moción
de
sentencia
sumaria
una
transcripción
de
la
deposición
tomada al peticionario el 23 de julio de 2004.
misma,
3
éste
admitió,
además,
que
en
la
fecha
En la
en
que
Entre las defensas afirmativas, el patrono alegó además
que el peticionario “libre, voluntaria y espontáneamente
expresó a los oficiales de la empresa que no estaba ni
física ni mentalmente capacitado para desempeñarse en su
puesto de Técnico Automotriz.” Apéndice, a la pág. 8.
6
CC-2005-431
solicitó su reinstalación, no podía ejercer las funciones
esenciales de su plaza, las cuales requerían, entre otras
cosas, levantar objetos pesados de hasta 83 libras, doblar
su cuello y su espalda.
En consecuencia, Pep Boys adujo
que el peticionario no cumplió con todos los requisitos que
establece el Art. 5(a) de la Ley Núm. 45 para ser acreedor
a la reinstalación.
El peticionario, por su parte, presentó oposición a la
solicitud de sentencia sumaria.
En la misma, el señor Cruz
González
deposición
señaló
que
de
la
presentada
desprende que estaba capacitado para trabajar.
se
Además, que
tenía derecho a ser reinstalado toda vez que el Fondo lo
había dado de alta, lo cual automáticamente lo cualificaba
para ejercer las funciones de su puesto y que su apelación
ante la Comisión Industrial obedeció a que éste interesaba
que se le diera un “CT”, en lugar de un alta definitiva.
Mientras
se
ventilaban
los
procedimientos
Tribunal
de
Primera
Instancia,
la
resolvió
la
apelación
que
instado
González.
había
Comisión
el
ante
el
Industrial
señor
Cruz
En su resolución del 8 de septiembre de 2004, la
Comisión decidió devolver el caso al Fondo para que se le
ofreciera tratamiento al peticionario.
Una vez devuelto el
caso,
al
el
Fondo
determinó
concederle
peticionario
un
“CT”, es decir que continuara recibiendo tratamiento médico
mientras trabajaba, a partir del 4 de octubre de 2004.
Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el Tribunal
de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar
la solicitud de sentencia sumaria.
En su sentencia, el
7
CC-2005-431
foro
primario
expresó
que
de
la
deposición
tomada
al
peticionario surgía que al momento de éste solicitar su
reinstalación,
“no
se
sentía
bien,
no
podía
doblar
su
cuerpo; sólo con dificultad; que no podía levantar objetos
pesados, lo cual según reconoció era una función especial
de su puesto, que al no sentirse bien y no estar de acuerdo
con el alta recibida, radicó una apelación ante la Comisión
Industrial.”
(Énfasis
en
el
original).
Sentencia
del
Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, a las págs. 157158.
No conforme, el señor Cruz González acudió ante el
Tribunal
de
confirmó
la
Apelaciones.
El
determinación
foro
del
intermedio
foro
apelativo
sentenciador
por
entender que la evidencia que constaba en el expediente
claramente demostraba que cuando el peticionario solicitó
la reposición a su puesto, no se encontraba físicamente
apto
para
ejercer
las
funciones
del
mismo.
En
consecuencia, dicho foro concluyó que el peticionario no
cumplió con todos los requisitos que dispone el Art. 5(a)
de la Ley Núm. 45, supra.
Insatisfecho
todavía,
el
señor Cruz
González
acudió
ante nosotros mediante recurso de certiorari y nos planteó
como único señalamiento de error que:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la
sentencia emitida por el Tribunal de Primera
Instancia, que desestimó sumariamente la querella
presentada por el querellante peticionario.4
4
En el alegato que posteriormente nos sometió,
peticionario reformuló su señalamiento de error de
siguiente manera:
el
la
8
CC-2005-431
Ambas
partes
han
comparecido
con
sus
respectivos
alegatos, por lo que estamos en posición de resolver y así
procedemos.
II
A
La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,
supra, es una legislación de protección social que reconoce
e
instrumenta
trabajadores
el
en
derecho
Puerto
constitucional
Rico
a
recibir
de
todos
protección
los
contra
riesgos a la salud e integridad personal en sus talleres de
trabajo, derecho que está garantizado por el Artículo II,
Sec. 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
Véase, Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155
D.P.R. 460 (2001).
Esta legislación, de carácter remedial, ofrece ciertas
garantías y beneficios al trabajador que sufre un accidente
o enfermedad relacionado con el trabajo que lo inhabilite
para realizar sus funciones.
Entre las disposiciones que
provee la ley a tales fines se encuentra el Art. 5(a), el
cual le impone al patrono la obligación de reservar por
doce meses (360 días) el empleo a aquel trabajador que ha
sufrido
un
accidente
o
enfermedad
ocupacional.
Conjuntamente, el patrono tiene el deber de reinstalar al
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
no había controversia real sustancial en cuanto a
ningún hecho material y que como cuestión de
derecho debía dictarse sentencia sumaria.
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
el peticionario no puede prevalecer bajo ningún
supuesto de hecho y que no tiene derecho a la
concesión de un remedio, cualquiera que éste sea.
9
CC-2005-431
empleado en su antiguo puesto, siempre que concurran las
condiciones que estatuye dicho artículo.5
infra.
Véase discusión
En consecuencia, el empleado no podrá ser despedido
5
El Artículo 5(a) de la Ley Núm.45 de 18 de abril de 1935,
según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7, reza de la siguiente
manera:
En los casos de inhabilitación para el trabajo de
acuerdo con las disposiciones de este Capítulo,
el patrono vendrá obligado a reservar el empleo
que desempeñaba el obrero al momento de ocurrir
el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto
a las siguientes condiciones:
(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono
para que lo reponga en su empleo dentro del
término de quince días, contados a partir de la
fecha en que el obrero o empleado fuere dado de
alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a
tratamiento, siempre y cuando dicho requerimiento
no se haga después de transcurridos doce meses
desde la fecha del accidente;
(2) que el obrero o empleado esté mental y
físicamente capacitado para ocupar dicho empleo
en el momento en que solicite del patrono su
reposición, y
(3) que dicho empleo subsista en el momento en
que el obrero o empleado solicite reposición. (Se
entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo
esté vacante o lo ocupe otro obrero o empleado.
Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando
el mismo fuere cubierto por otro obrero o
empleado dentro de los treinta días siguientes a
la fecha en que se hizo el requerimiento de
reposición).
Si el patrono no cumpliera con las disposiciones
de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero
o empleado o a sus beneficiarios los salarios que
dicho obrero o empleado hubiere devengado de
haber sido reinstalado, además le responderá de
todos los daños y perjuicios que le haya
ocasionado.
El
obrero
o
empleado,
o
sus
beneficiarios,
podían
instar
y
tramitar
la
correspondiente reclamación de reinstalación y/o
daños en corte por la acción ordinaria o mediante
el procedimiento para reclamación de salarios,
establecido en las secciones. 3118 a 3132 del
Título 32. 11 L.P.R.A. sec. 7.
10
CC-2005-431
durante ese periodo de tiempo, salvo que medie justa causa.6
García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364 (1999); Santiago
v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).
Hemos establecido que el cómputo de los 12 meses de
reserva
que
provee
el
Artículo
5(a)
es
de
caducidad
y
comienza a transcurrir a partir de la fecha en que ocurrió
el accidente o enfermedad laboral.
Segarra Hernández v.
Royal Bank, 145 d.P.R. 178, 199 (1998).
Por tratarse de un
término de caducidad, este periodo de reserva, tiene una
existencia limitada que se consume por el transcurso del
tiempo fijado por ley.
No está sujeto a interrupción ni
ampliación de clase alguna.
Torres González v. Star Kist,
134 D.P.R. 1024, 1033 (1994); Vélez Rodríguez v. Pueblo
Internacional, Inc., 135 D.P.R. 500 (1994).
Véase además,
Opiniones del Fondo del Seguro del Estado, Consulta Núm. C89-15 de 6 de julio de 1989; Consulta Núm. C-92-17 de 19 de
junio de 1992; Consulta Núm. C-96-43 de 30 de septiembre de
1996.
Incluso, hemos determinado que el aludido término de
12 meses que dispone el Art. 5(a), no se interrumpe por el
hecho del empleado presentar una apelación ante la Comisión
Industrial.
(1997).
Cintrón v. SF&F Lab. Co., 142 D.P.R. 803, 814
Véase además, Opinión del Fondo del Seguro de
Estado, Consulta Núm. C-90-30 de 15 de agosto de 1990.7
6
Hemos interpretado que habrá justa causa para despedir al
trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo si con
anterioridad a sufrir dicho accidente llevó a cabo una
conducta que es causa justificada para despedirlo. Véase,
Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).
7
En dicha Opinión se expresó lo siguiente:
11
CC-2005-431
Ciertamente,
el
referido
Art.
5(a)
constituye
una
limitación a la discreción del patrono para administrar su
negocio porque le prohíbe que durante el término de reserva
despida
a
un
empleado
contraído
una
enfermedad
trabajo.
No
obstante,
que
la
ha
sufrido
durante
el
prohibición
un
accidente
desempeño
de
o
de
su
y
la
despido
obligación de reservar y reinstalar al trabajador en el
puesto que desempeñaba al momento en que se inhabilitó para
trabajar, no es absoluta. Rodríguez v. Méndez & Co., 144
D.P.R. 734, 741 (1999); Santiago v. Kodak, supra, a la pág.
770.
Esta obligación del patrono está sujeta a que se
De igual forma, las apelaciones radicadas ante la
Comisión Industrial de Puerto Rico, o las
decisiones que éste emita, no tienen el efecto e
[sic] interrumpir el término de 12 meses por dos
razones fundamentales:
(1) Como
se
señala
anteriormente
el
referido término es de caducidad, no sujeto
a interrupción o ampliación de clase alguna
y
(2) el artículo 10 de la ley, [Ley Núm. 45,
supra] que regula todo lo concerniente a las
apelaciones ante la Comisión Industrial, no
establece que la radicación de las referidas
apelaciones, tengan el efecto de interrumpir
o ampliar el referido término.
Debe recordarse que las apelaciones ante la
Comisión Industrial, son partes intrínsecas del
andamiaje administrativo procesal, establecido en
la ley para la protección de los derechos de los
obreros o empleados que sufren un accidente del
trabajo y no tiene el efecto de conceder mayores
derechos que aquellos contemplados o reconocidos
en el estatuto.
Aunque
la
ley
de
Compensaciones
por
accidentes del Trabajo, es una de carácter
remedial y exige una interpretación liberal, no
puede
incluirse
en
la
ley,
por
vía
de
interpretación, lo que no está dispuesto en la
misma. (Citas Omitidas).
12
CC-2005-431
cumplan los requisitos que el propio artículo establece, a
saber:
1. que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite
al empleado para trabajar;
2. que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley
Núm. 45;
3. que dentro de los quince (15) días de haber sido dado
de
alta
o
autorizado
a
trabajar
por
el
Fondo
con
derecho a tratamiento, el empleado solicite al patrono
reposición en su empleo;8
4. que dicho requerimiento de reposición se haga dentro
de los doce (12) meses de haber ocurrido el accidente
o enfermedad;
5. que al solicitar su reposición el empleado esté física
y
mentalmente
capacitado
para
desempeñarse
en
las
momento
que
el
Cuevas
v.
funciones del empleo que ocupaba;
6. que
dicho
empleo
subsista
al
en
trabajador solicita su reinstalación.
Santiago
v.
Kodak
Caribbean,
Ltd.,
supra;
Ethicon, 148 D.P.R. 839 (1999).
Reiteradamente hemos establecido que es necesario que
converjan
todos
los
requisitos
mencionados
para
que
se
configure la protección de reinstalación que consagra el
8
Mediante la Ley Núm. 162 de 24 de junio de 2004 se enmendó
el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 45, supra, a los fines de
aclarar que el término de quince días dispuesto para que un
empleado lesionado solicite su reinstalación en el empleo
comienza a transcurrir no solamente desde la fecha en que
es dado de alta por el Fondo, sino también desde que dicha
agencia lo autoriza a trabajar con derecho a tratamiento
(“CT”).
13
CC-2005-431
Rivera v. Vélez Stores, a la pág. 468.
Art. 5(a).
El
legislador, al imponer estos requisitos intentó establecer
un balance entre los intereses del patrono y la protección
social
al
empleado
proporciona
al
lesionado.
trabajador
Por
que
un
lado,
sufre
un
la
ley
le
accidente
ocupacional gran tranquilidad porque tiene la seguridad de
que,
cumpliendo
ciertos
requisitos,
su
ausencia
en
el
trabajo durante doce meses no le priva su derecho a ser
reinstalado en su empleo.
García v. Darex, supra, pág.
377; Vélez v. Pueblo Internacional, Inc., 135 D.P.R. 500,
513 (1994).
Pero a la misma vez, se imponen restricciones
para el reingreso al trabajo y se limita el tiempo en que
el patrono tiene que reservar el puesto, para así aliviar
la carga que supone para cualquier patrono verse obligado
por la ley a congelar un sinnúmero de plazas por un período
de tiempo.
Segarra Hernández v. Royal Bank, 145 D.P.R.
178, 199 (1998).
Estudio
de
la
Derecho
Laboral
R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el
Legislación
Protectora
San
Puertorriqueño,
del
Trabajo
Juan,
Puerto
en
el
Rico,
2005, a la pág. 191.
En
esta
ocasión,
debemos
expresarnos
sobre
el
requisito del Art. 5(a) de la Ley Núm. 45 que exige que el
empleado
se
encuentre,
al
momento
de
solicitar
reinstalación, “mental y físicamente capacitado para ocupar
dicho
empleo”
meramente
y
si
presentando
se
cumple
ante
el
con
dicho
patrono
la
requerimiento,
certificación
emitida por el Fondo dando de alta al empleado, sin que
14
CC-2005-431
éste
pueda
requerir
información
adicional
sobre
la
requisitos
[de
condición del empleado.
B
La
Ley
Núm.
45,
“no
establece
los
forma] que debe cumplir el obrero al solicitar que se le
reponga en su empleo,”
atenderse
caso
a
por lo que cada controversia debe
caso,
en
función
de
la
naturaleza
reparadora de la ley y con particular atención al propio
lenguaje de la misma.
R. N. Delgado Zayas, op. cit., pág.
192.
Anteriormente, hemos expresado que una determinación
del Fondo que autoriza a un empleado a trabajar mientras
recibe
tratamiento
médico,
“necesariamente
presupone
que
éste está habilitado para trabajar y puede efectivamente
reintegrase a la fuerza laboral.”
Rivera v. Blanco Vélez
Stores, supra, a la pág. 472.
Incluso, hemos señalado que “es de presumirse que un
obrero en “CT” cumple con [los requisitos que preceptúa el
Artículo 5(a)], pues de otro modo no se explica como el
Fondo le ha dado de alta para trabajar mientras recibe
tratamiento.”
Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, a la
pág. 473.
Hemos basado ese razonamiento, en parte, en el
Reglamento
sobre
Reglamento
Núm.
Derechos
3966
de
de
9
de
Obreros
y
Empleados,
agosto
de
1989
(el
“Reglamento”), que establece en su Sección 4(Q), que el
“CT”
se
concede
a
un
empleado
“cuando
el
programa
terapéutico trazado [al] paciente se efectúa mientras éste
sigue trabajando, ya que está hábil para hacerlo según el
15
CC-2005-431
cuadro clínico diagnosticado por el médico".9
nuestras
expresiones
encuentran
apoyo
Por lo tanto,
en
el
propio
Reglamento que rige los procesos ante el Fondo.
En lo que concierne la controversia que hoy nos ocupa,
el Reglamento indica en su Sección 7, que la determinación
de
dar
de
alta
a
un
trabajador
ocurre:
“[c]uando
el
Administrador, previos los dictámenes médicos rendidos en
cualquier
caso,
llegue
a
la
conclusión
de
que
mayor
tratamiento no ha de mejorar la condición del obrero o
empleado, le dará de alta y procederá a fijar el grado de
incapacidad
suplido).
con
que
haya
quedado,
si
alguna.”
(Énfasis
La definición que provee el Reglamento sobre la
determinación
de
alta
no
nos
permite
concluir
que,
necesariamente, el empleado está hábil para realizar las
funciones
de
Reglamento,
su
lo
puesto.
único
Más
que
bien,
certifica
según
una
el
texto
del
determinación
de
alta es que no existe otro tratamiento que pueda mejorar la
condición
del
obrero
o
empleado.10
Por
tanto,
la
lo
determinación
de
alta,
no
conlleva
inevitablemente
una
adjudicación
por
parte
del
Fondo
el
el
9
en
sentido
que
El Reglamento Núm. 3966 fue promulgado el 10 de octubre de
1989, con el propósito de establecer de forma clara y
específica aquellos derechos que confiere la Ley de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Sección I,
Reglamento Núm. 3966.
10
Cabe señalar que la certificación que produce el Fondo
que certifica que el empleado ha sido dado de alta
definitiva no provee un acápite en el que se explique si
las razones por las que se dio de alta al empleado obedece
a que el empleado se encuentra capacitado para regresar a
sus funciones.
16
CC-2005-431
empleado
está
capacitado
para
desempeñar
las
funciones
la
Ley
propias de su puesto.
Reiteradamente
Compensaciones
hemos
por
resuelto
Accidentes
que
del
de
Trabajo
debe
interpretarse liberalmente a favor del obrero por ser ésta
un estatuto remedial.
(1994).
Ortiz v. F.S.E., 137 D.P.R. 367
Sin embargo, esto no significa que si "la ley es
clara [y] libre de ambigüedad, la letra de ella [deba] ser
menospreciada
bajo
pretexto
de
cumplir
su
espíritu.”
Articulo 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 201; Ríos v.
Méndez & Co., 115 D.P.R. 50, 53 (1984).
No obstante lo anterior, el objetivo del tratamiento
médico que se le ofrece al empleado lesionado o enfermo una
vez se acoge a los beneficios del Fondo es “facilitarle su
recuperación y retorno a las labores.”
Stores, supra, a la pág. 470.
La
Rivera v. Vélez
Sección 7 del Reglamento
dispone que “el objetivo primordial de[l] . . . tratamiento
[médico] es que el obrero o empleado se reintegre a la
fuerza trabajadora.”
trabajador
de
De ahí que, se le garantice a todo
recibir
todo
tratamiento
médico
que
el
facultativo del Fondo determine que sea necesario de suerte
que el obrero pueda regresar a sus labores.
Por
dicha
razón
soy
del
criterio
que,
una
determinación de alta por parte del Fondo, en principio,
presupone que se ha completado el programa terapéutico y el
empleado
se
encuentra
en
condición
para
regresar
a
su
17
CC-2005-431
taller de trabajo.11
Por lo que, de no mediar alguna otra
consideración de la cual se pueda inferir lo contrario,
debemos considerar que el documento de alta emitido por el
Fondo es una prueba prima facie de que el trabajador se
encuentra capacitado para desempeñar las funciones de su
antiguo puesto.
En otras palabras, crea una presunción
rebatible de que el trabajador está hábil para el trabajo.
Con
esta
interpretación
adelantamos
y
hacemos
eficaz
el
objetivo primordial del tratamiento médico que ofrece el
Fondo, a saber, que todo empleado regrese y se reincorpore
a su trabajo.
Antes bien, como presunción rebatible al fin admite
prueba
en
contrario.
controversia
ante
Precisamente
nuestra
de
eso
consideración,
a
trata
saber:
la
si
exitía base suficiente -–razonable y objetiva-- para que el
patrono concluyese que el peticionario no estaba apto para
ejercer las funciones de su puesto no empece haber sido
dado
de
alta
por
el
Fondo
y
le
exigiese
prueba
médica
adicional para corroborar su aptitud para cumplir con las
obligaciones y responsabilidades de su empleo.
Recapitulando,
la
determinación
de
alta
del
Fondo
constituye evidencia prima facie de que el obrero cumple
con el requisito que impone el Artículo 5(a) de que se
11
Como nos señala el Lcdo. Ruy N. Delgado Zayas, el
requerimiento de reinstalación “puede hacerse de varias
formas, siempre y cuando se haga en tiempo y . . . éste le
muestre al patrono al menos el documento que acredita que
fue dado de alta y autorizado a trabajar.” Ruy N. Delgado
Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora
del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, supra,
pág. 192.
18
CC-2005-431
encuentre física y mentalmente capacitado para desempeñar
sus
funciones
sentido.
que
Pero
situaciones
crea
ello
una
no
presunción
es
excepcionales
rebatible
impedimento,
se
pueda
para
en
tal
que
en
rebatir
dicha
presunción.
III
Procede entonces analizar los hechos de este caso a la
luz
de
los
principios
reseñados.
La
sentencia
inicial
dictada en este caso fue una sentencia sumaria en la cual
se determinó que según la prueba suministrada no existía
controversia de hecho en cuanto a que el peticionario no
estaba físicamente capacitado para realizar sus funciones,
por lo que como cuestión de derecho no cumplía con todos
los requisitos que estatuye el Artículo 5(a) para que sea
merecedor del derecho a la reinstalación.
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. AP.
III, R. 36, permite que cualquiera de las partes en un
pleito
pueda
sumaria
a
solicitar
su
favor
que
el
tras
tribunal
demostrar
emita
que
sentencia
no
existe
controversia real sustancial sobre los hechos pertinentes.
Hemos
resuelto,
remedio
concederse
además,
extraordinario
cuando
no
hay
que
la
sentencia
discrecional
una
genuina
sumaria
que
es
un
sólo
debe
controversia
sobre
hechos materiales y el Tribunal se convence que tiene ante
sí la verdad de todos los hechos pertinentes. Malavé v.
Oriental Bank, res. 20 de abril de 2006, D.P.R. ___ (2006)
T.S.P.R. 63.
Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,
144 D.P.R. 563 (1997).
19
CC-2005-431
La
claros
sentencia
y
sumaria
cualquier
duda
sólo
debe
en
cuanto
dictarse
a
si
en
hay
casos
hechos
pertinentes en controversia debe resolverse contra la parte
que solicita la sentencia sumaria.
Por ende, y conforme a
las Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal solamente
procederá a emitir una sentencia sumaria si a la luz de los
documentos
sometidos,
además
de
los
que
contienen
los
autos, "no hay controversia real en cuanto a ningún hecho
material
y
como
cuestión
de
derecho
procede
dictarse."
Regla 26.3, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.3; García v. Darex
P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 (1999); Méndez Arocho v. El
Vocero de P. R., 130 D.P.R. 867 (1992).
En el caso de autos, de la moción de sentencia sumaria
presentada
por
Pep
Boys
y
de
la
oposición
a
la
misma
presentada por el señor Cruz González, surge como hecho
incontrovertido, que al momento del peticionario solicitar
su
reinstalación
Industrial
la
éste
decisión
estaba
del
definitiva sin incapacidad.
apelando
Fondo
de
ante
la
concederle
Comisión
un
alta
Es un hecho incontrovertido,
además, que en dicha apelación el peticionario expresó su
inconformidad con la decisión del Fondo y a tales efectos
señaló lo siguiente:
“en mis condiciones no puedo volver a
ejercer mis funciones en el lugar donde trabajo, no me
puedo doblar, no puedo dormir por causa de los dolores.”
(Énfasis nuestro).
Además, surge de la deposición que se
le tomó al peticionario que éste informó a su supervisor
tales hechos.
la pág. 81.
Transcripción de la deposición, Apéndice a
Estas expresiones levantan serias dudas acerca
20
CC-2005-431
de la verdadera rehabilitación del empleado cuando solicitó
su reinstalación y sobre la capacidad física de éste para
realizar
sus
funciones,
que
entre
otras
cosas
incluían
doblarse, levantar objetos pesados y estar constantemente
de pie.12
Véase además,
Transcripción de la deposición;
Apéndice, pág. 75-76.
Por otro lado, surge del expediente que la Comisión
Industrial al resolver la apelación instada por el señor
Cruz González dispuso que el caso le fuera devuelto al
Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico.
Una vez
ello ocurrió, el Fondo determinó conferirle al peticionario
12
La descripción del puesto de técnico automotriz que fue
estipulada por las partes es la siguiente:
Productivity
(A) Service personnel must be able to perform
physical labor including but not limited to: (a)
battery installation and charging (b) remove
rotors and drums, true and replace, (c) tire
changing, matching (d) removing and installing
exhaust
systems/
torches
(e)
removing
and
installing shock absorbers and struts (f) fluid
and filter service (g) remove, repair, replace
hard parts (h) disc and drum brake repair (i)
wheel alignment/ steering/suspension (j) heating
and cooling system (k) air conditioning service
and repair (j) cruise control/ sounds/security/
phone installation (m) standard fuel systems (n)
clutches (FWD and RWD) (o) performance tune-ups.
. . .
. . .
(D) While performing these job duties services
personnel are required to lift a wide variety of
items, including various hand and air tools.
Lifting of weights from a few ounces to twentyfive (25) pounds would be performed a continuous
basis.
Service personnel occasionally lift
twenty-six to fifty (50) pounds during the day.
Lifting of fifty (50) to eighty-three (83) pounds
will occur one to three times per day…
21
CC-2005-431
un CT, que como sabemos, le permitía continuar trabajando
mientras recibía tratamiento médico.
Los hechos antes mencionados ponen de manifiesto una
incongruencia respecto un hecho material, a saber:
peticionario
estaba
físicamente
apto
para
si el
trabajar.
La
única forma de dilucidar esta controversia es a través de
un
juicio
plenario.
En
vista
de
Tribunal
de
Primera
Instancia
al
mediante
el
procedimiento
lo
sumario.
anterior,
resolver
Procede
erró
este
el
caso
entonces
revocar dicho dictamen y devolver a dicho foro tal y como
se dispone en la sentencia dictada.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada