LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cruz González v. Pep Boys

2007 TSPR 3

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cruz González v. Pep Boys

CC-2005-0431

Sentencia con Opinión de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Cruz González

Peticionario

Certiorari

v.

2007 TSPR 3

Pep Boys

169 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2005-431

Fecha: 11 de enero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ramón A. Pérez González

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez

Lcdo. Antonio L. García Ramírez

Materia: Ley 2, Proc. Sumario, Salarios; Ley 45 del Fondo del

Seguro del Estado Art. 5-A, Daños y Perjuicios Ley 80,

Despido Injustificado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Cruz González

Peticionario

Certiorari

v.

2007 TSPR 3

Pep Boys

169 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2005-431

Fecha: 11 de enero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ramón A. Pérez González

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos A. Padilla Vélez

Lcdo. Antonio L. García Ramírez

Materia: Ley 45 del Fondo del Seguro del Estado Art. 5-A, Daños y

Perjuicios Ley 80, Despido Injustificado

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Cruz González

Peticionario

v.

CC-2005-431

Pep Boys

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007

El peticionario, Víctor Cruz González comenzó a

trabajar en Pep Boys como técnico automotriz, el 18

de mayo de 2000.

El 30 de junio de 2003, sufrió un

accidente laboral en el que se lastimó su espalda

mientras

instalaba

motor.

Al

día

unas

piezas

siguiente

y

de

como

un

vehículo

resultado

de

del

accidente, Cruz González se reportó a la Corporación

del Fondo del Seguro del Estado (el “Fondo”).

Fondo

le

concedió

diagnosticándole

tratamiento

trauma

lumbar.

Poco

en

El

descanso

después,

su

condición empeoró y fue hospitalizado en el Hospital

Industrial.

alta

En octubre de 2003, el Fondo le dio de

definitiva

sin

fijarle

incapacidad.

CC-2005-431

2

Inconforme con la determinación del Fondo de no fijarle

incapacidad,

el

peticionario

Comisión Industrial.

acudió

en

revisión

ante

la

Pendiente el recurso, el señor Cruz

González le solicitó a su patrono que le reinstalara en su

puesto, pues había sido dado de alta por el Fondo.

El

patrono le solicitó que presentara un certificado médico

que especificara con mayor rigor su condición médica.

Cruz

González acudió en varias ocasiones a su lugar de empleo

solicitando su reinstalación, pero en todas las ocasiones

se condicionó su reingreso a que sometiera la evidencia

médica

requerida.

El

peticionario

nunca

sometió

el

documento requerido.

El 12 de abril de 2004, el peticionario presentó una

querella

contra

Pep

Instancia

al

amparo

Boys

en

del

reclamaciones salariales.

el

Tribunal

procedimiento

de

Primera

sumario

de

32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.

En la demanda instada se alegó que el patrono había violado

la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 L.P.R.A.

secs. et seq., al negarse a reinstalarlo al empleo.

Se

adujo además que Cruz González fue despedido injustamente.

En

la

querella

instada,

el

peticionario

solicitó

la

reinstalación a su empleo, el pago de los salarios que

hubiese

devengado

de

haber

sido

reinstalado

y

perjuicios por las alegadas violaciones del ley.

daños

y

En la

alternativa, solicitó el remedio de mesada dispuesto en la

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185.

CC-2005-431

3

Pep Boys contestó la demanda y oportunamente solicitó

que

se

dictara

sentencia

sumaria

a

su

favor.

El

peticionario se opuso.

Mientras se dilucidaba el pleito,

la

resolvió

Comisión

Industrial

instado el señor Cruz González.

la

apelación

que

había

La Comisión devolvió el

caso al Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico

al peticionario.

Una vez devuelto el caso ante el Fondo,

éste determinó concederle al peticionario un CT.

En otras

palabras,

González

el

Fondo

dispuso

que

el

señor

Cruz

recibiera tratamiento médico mientras trabajaba.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el foro

primario dictó sentencia sumaria a favor de Pep Boys.

El

señor Cruz González acudió ante el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo intermedio confirmó la determinación del

foro sentenciador.

Concluyó, que al momento de solicitar

reinstalación el peticionario no se encontraba apto para

trabajar y así lo reflejaba el récord del caso.

Inconforme, Cruz González acudió ante este Tribunal

señalando como error el siguiente:

“Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, que desestimó sumariamente la querella

presentada por el querellante peticionario.”

Las partes comparecieron posteriormente y presentaron sus

respectivos alegatos.

Estudiados los alegatos presentados por las partes así

como el expediente del caso, se dicta sentencia y se revoca

la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

CC-2005-431

4

celebre la vista en su fondo y se determine si en efecto el

señor Cruz González se encontraba apto para trabajar al

momento de solicitar reinstalación a su empleo.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la cual

se le unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y el

Juez Asociado señor Rebollo López.

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Cruz González

Peticionario

v.

CC-2005-431

Pep Boys

Recurrido

Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la cual se le unen el Juez Presidente señor Hernández

Denton y el Juez Asociado señor Rebollo López

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007

La cuestión a resolver en esta ocasión, es si

una determinación de la Corporación del Fondo del

Seguro del Estado (el “Fondo”), dando de alta a un

empleado

luego

ocupacional,

capacitado

puesto,

éste

supone

para

por

de

lo

sufrir

que

desempeñar

que

el

un

el

las

patrono

accidente

empleado

está

funciones

de

no

requerir

puede

su

evidencia adicional del empleado que corrobore su

aptitud para el trabajo.

I

El señor Víctor Cruz González (“Cruz González”

o el “peticionario”) comenzó a trabajar en Pep Boys

como

técnico

automotriz,

el

18

de

mayo

de

2000.

2

CC-2005-431

Entre

sus

funciones

estaba

hacer

diagnósticos

de

los

automóviles, instalar gomas y piezas a los vehículos de

motor, descargar mercancía de furgones, tales como gomas,

baterías, aceite y herramientas.

Tales funciones requerían

realizar esfuerzo físico continuamente, doblar el cuello,

la cintura y estar de pie todo el tiempo.

El 30 de junio de 2003, el peticionario sufrió un

accidente laboral en el que se lastimó su espalda mientras

instalaba unas piezas a un vehículo de motor.

Por tal

razón, el peticionario se reportó al día siguiente, 1ro. de

julio de 2003, a la Corporación del Fondo del Seguro del

Estado.

Ese mismo día, el Fondo le concedió tratamiento en

descanso y le diagnosticó trauma lumbar, que luego resultó

ser un disco herniado y el nervio ciático pinchado.

Pocos

días después, mientras recibía tratamiento en descanso, sus

padecimientos empeoraron al extremo de no poder caminar.

Debido

a

Hospital

ello,

fue

hospitalizado

Industrial.

Al

cabo

de

ocho

(8)

días

ese

tiempo,

en

el

continuó

recibiendo tratamiento médico en descanso hasta el 7 de

octubre de 2003, cuando el Fondo le dio de alta definitiva

sin fijarle incapacidad.

Oportunamente, el señor Cruz González apeló ante la

Comisión Industrial la decisión del Fondo de darle de alta

definitiva

sin

fijarle

por

ciento

de

incapacidad.

El

fundamento de dicha apelación se consignó en los siguientes

términos:

“solicito

tratamiento

médico

e

incapacidad,

tengo dolor en la espalda, no puedo caminar bien, en mis

condiciones no puedo volver a ejercer mis funciones en el

3

CC-2005-431

lugar donde trabajo, no me puedo doblar, no puedo dormir

por causa de los dolores.”

Al mismo tiempo, el señor Cruz González solicitó a su

patrono que le reinstalara en su puesto.

le

entregó

a

su

supervisor

inmediato

El peticionario

la

“Decisión

del

Administrador sobre Tratamiento Médico” que indicaba que

éste había sido dado de alta del Fondo el día anterior, sin

incapacidad.

No obstante, el peticionario le expresó a su

supervisor que aún no se sentía bien y que había apelado

dicha

determinación

ante

la

Comisión

Industrial.

Inmediatamente, el supervisor le solicitó que presentara un

certificado médico adicional que fuera más específico en

cuanto a su condición médica.

Luego de ello, el señor Cruz

González acudió en varias ocasiones al taller de empleo

para

solicitar

su

reinstalación,

pero

en

todas

las

ocasiones se condicionó su reingreso a que sometiera la

evidencia

médica

requerida.

El

peticionario

nunca

la

produjo.

Ante

la

negativa

a

reinstalarlo,

presentó

una

querella

ante

el

el

Departamento

peticionario

del

Trabajo,

Negociado de Normas de Trabajo, por despido injustificado y

violación a la Ley del Sistema de Accidentes en el Trabajo,

infra.

Así las cosas, Pep Boys envió el 4 de enero de

2004,

una

misiva

al

peticionario

expresándole

su

disposición de reinstalarlo en su puesto bajo la condición

de que éste proveyera un certificado médico que indicara

que se encontraba físicamente capacitado para trabajar.

4

CC-2005-431

Mediante carta del 24 de enero de 2004, el Departamento

del Trabajo determinó que Pep Boys adeudaba al peticionario

la suma de $4,064.00 por concepto de salarios dejados de

devengar

conforme

dispone

la

Ley

del

Sistema

de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de

18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et

seq (“Ley Núm. 45”).

Además, se ordenó la reposición del

peticionario en su empleo.1

El 12 de abril de 2004 el peticionario presentó una

querella

contra

Pep

Instancia

al

amparo

Boys

del

en

el

Tribunal

procedimiento

de

Primera

sumario

de

reclamaciones salariales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 3118 et seq.2

En

la misma, se alegó que el patrono había violado la Ley Núm.

45, supra, al negarle la reinstalación al peticionario, a

pesar de que éste la solicitó dentro de los 15 días de

haber sido dado de alta por el Fondo y sin que hubiesen

pasado 12 meses desde que ocurrió el accidente.

Se alegó,

además, que al momento de solicitar su reinstalación se

encontraba física y mentalmente capacitado para ocupar el

puesto que desempeñaba al momento de ocurrir el accidente y

1

Posterior a ello, el Departamento del Trabajo envió una

carta al peticionario para que compareciera a sus oficinas

el 14 de abril de 2004 para discutir los resultados de la

investigación de su caso. No surge del expediente si hubo

algún procedimiento ulterior o alguna determinación final

del ente administrativo que fuera concluyente para el

presente caso.

2

Luego, se determinó que la querella se tramitaría bajo el

procedimiento ordinario.

5

CC-2005-431

que dicho puesto aún subsistía.

Finalmente, se adujo que

fue despedido injustificadamente.

El peticionario solicitó la reinstalación a su empleo,

el pago de los salarios que hubiese devengado de haber sido

reinstalado

y

daños

violaciones de ley.

y

perjuicios

por

las

presuntas

En la alternativa, solicitó el remedio

de mesada dispuesto en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de

1976, 29 L.P.R.A. sec. 185.

Oportunamente, Pep Boys contestó la querella presentada

en

su

contra,

negó

las

alegaciones

esenciales

del

querellante y levantó varias defensas afirmativas, entre

ellas: (1) que el peticionario no se encontraba ni física

ni emocionalmente apto para ejercer las funciones de su

plaza, y (2), que el peticionario no fue despedido.3

Posteriormente,

Pep

Boys

solicitó

del

Tribunal

de

Primera Instancia que dictara sentencia sumaria a su favor.

Alegó que la única razón por la cual el Fondo concedió el

alta al peticionario fue debido a que éste no estuvo de

acuerdo en someterse al tratamiento médico disponible, el

cual consistía en una operación quirúrgica, toda vez que no

le garantizaban que luego de la operación pudiese caminar.

En apoyo de lo anterior, Pep Boys incluyó con la moción

de

sentencia

sumaria

una

transcripción

de

la

deposición

tomada al peticionario el 23 de julio de 2004.

misma,

3

éste

admitió,

además,

que

en

la

fecha

En la

en

que

Entre las defensas afirmativas, el patrono alegó además

que el peticionario “libre, voluntaria y espontáneamente

expresó a los oficiales de la empresa que no estaba ni

física ni mentalmente capacitado para desempeñarse en su

puesto de Técnico Automotriz.” Apéndice, a la pág. 8.

6

CC-2005-431

solicitó su reinstalación, no podía ejercer las funciones

esenciales de su plaza, las cuales requerían, entre otras

cosas, levantar objetos pesados de hasta 83 libras, doblar

su cuello y su espalda.

En consecuencia, Pep Boys adujo

que el peticionario no cumplió con todos los requisitos que

establece el Art. 5(a) de la Ley Núm. 45 para ser acreedor

a la reinstalación.

El peticionario, por su parte, presentó oposición a la

solicitud de sentencia sumaria.

En la misma, el señor Cruz

González

deposición

señaló

que

de

la

presentada

desprende que estaba capacitado para trabajar.

se

Además, que

tenía derecho a ser reinstalado toda vez que el Fondo lo

había dado de alta, lo cual automáticamente lo cualificaba

para ejercer las funciones de su puesto y que su apelación

ante la Comisión Industrial obedeció a que éste interesaba

que se le diera un “CT”, en lugar de un alta definitiva.

Mientras

se

ventilaban

los

procedimientos

Tribunal

de

Primera

Instancia,

la

resolvió

la

apelación

que

instado

González.

había

Comisión

el

ante

el

Industrial

señor

Cruz

En su resolución del 8 de septiembre de 2004, la

Comisión decidió devolver el caso al Fondo para que se le

ofreciera tratamiento al peticionario.

Una vez devuelto el

caso,

al

el

Fondo

determinó

concederle

peticionario

un

“CT”, es decir que continuara recibiendo tratamiento médico

mientras trabajaba, a partir del 4 de octubre de 2004.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2004, el Tribunal

de Primera Instancia dictó sentencia declarando con lugar

la solicitud de sentencia sumaria.

En su sentencia, el

7

CC-2005-431

foro

primario

expresó

que

de

la

deposición

tomada

al

peticionario surgía que al momento de éste solicitar su

reinstalación,

“no

se

sentía

bien,

no

podía

doblar

su

cuerpo; sólo con dificultad; que no podía levantar objetos

pesados, lo cual según reconoció era una función especial

de su puesto, que al no sentirse bien y no estar de acuerdo

con el alta recibida, radicó una apelación ante la Comisión

Industrial.”

(Énfasis

en

el

original).

Sentencia

del

Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, a las págs. 157158.

No conforme, el señor Cruz González acudió ante el

Tribunal

de

confirmó

la

Apelaciones.

El

determinación

foro

del

intermedio

foro

apelativo

sentenciador

por

entender que la evidencia que constaba en el expediente

claramente demostraba que cuando el peticionario solicitó

la reposición a su puesto, no se encontraba físicamente

apto

para

ejercer

las

funciones

del

mismo.

En

consecuencia, dicho foro concluyó que el peticionario no

cumplió con todos los requisitos que dispone el Art. 5(a)

de la Ley Núm. 45, supra.

Insatisfecho

todavía,

el

señor Cruz

González

acudió

ante nosotros mediante recurso de certiorari y nos planteó

como único señalamiento de error que:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, que desestimó sumariamente la querella

presentada por el querellante peticionario.4

4

En el alegato que posteriormente nos sometió,

peticionario reformuló su señalamiento de error de

siguiente manera:

el

la

8

CC-2005-431

Ambas

partes

han

comparecido

con

sus

respectivos

alegatos, por lo que estamos en posición de resolver y así

procedemos.

II

A

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,

supra, es una legislación de protección social que reconoce

e

instrumenta

trabajadores

el

en

derecho

Puerto

constitucional

Rico

a

recibir

de

todos

protección

los

contra

riesgos a la salud e integridad personal en sus talleres de

trabajo, derecho que está garantizado por el Artículo II,

Sec. 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

Véase, Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155

D.P.R. 460 (2001).

Esta legislación, de carácter remedial, ofrece ciertas

garantías y beneficios al trabajador que sufre un accidente

o enfermedad relacionado con el trabajo que lo inhabilite

para realizar sus funciones.

Entre las disposiciones que

provee la ley a tales fines se encuentra el Art. 5(a), el

cual le impone al patrono la obligación de reservar por

doce meses (360 días) el empleo a aquel trabajador que ha

sufrido

un

accidente

o

enfermedad

ocupacional.

Conjuntamente, el patrono tiene el deber de reinstalar al

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

no había controversia real sustancial en cuanto a

ningún hecho material y que como cuestión de

derecho debía dictarse sentencia sumaria.

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

el peticionario no puede prevalecer bajo ningún

supuesto de hecho y que no tiene derecho a la

concesión de un remedio, cualquiera que éste sea.

9

CC-2005-431

empleado en su antiguo puesto, siempre que concurran las

condiciones que estatuye dicho artículo.5

infra.

Véase discusión

En consecuencia, el empleado no podrá ser despedido

5

El Artículo 5(a) de la Ley Núm.45 de 18 de abril de 1935,

según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7, reza de la siguiente

manera:

En los casos de inhabilitación para el trabajo de

acuerdo con las disposiciones de este Capítulo,

el patrono vendrá obligado a reservar el empleo

que desempeñaba el obrero al momento de ocurrir

el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto

a las siguientes condiciones:

(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono

para que lo reponga en su empleo dentro del

término de quince días, contados a partir de la

fecha en que el obrero o empleado fuere dado de

alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a

tratamiento, siempre y cuando dicho requerimiento

no se haga después de transcurridos doce meses

desde la fecha del accidente;

(2) que el obrero o empleado esté mental y

físicamente capacitado para ocupar dicho empleo

en el momento en que solicite del patrono su

reposición, y

(3) que dicho empleo subsista en el momento en

que el obrero o empleado solicite reposición. (Se

entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo

esté vacante o lo ocupe otro obrero o empleado.

Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando

el mismo fuere cubierto por otro obrero o

empleado dentro de los treinta días siguientes a

la fecha en que se hizo el requerimiento de

reposición).

Si el patrono no cumpliera con las disposiciones

de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero

o empleado o a sus beneficiarios los salarios que

dicho obrero o empleado hubiere devengado de

haber sido reinstalado, además le responderá de

todos los daños y perjuicios que le haya

ocasionado.

El

obrero

o

empleado,

o

sus

beneficiarios,

podían

instar

y

tramitar

la

correspondiente reclamación de reinstalación y/o

daños en corte por la acción ordinaria o mediante

el procedimiento para reclamación de salarios,

establecido en las secciones. 3118 a 3132 del

Título 32. 11 L.P.R.A. sec. 7.

10

CC-2005-431

durante ese periodo de tiempo, salvo que medie justa causa.6

García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364 (1999); Santiago

v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).

Hemos establecido que el cómputo de los 12 meses de

reserva

que

provee

el

Artículo

5(a)

es

de

caducidad

y

comienza a transcurrir a partir de la fecha en que ocurrió

el accidente o enfermedad laboral.

Segarra Hernández v.

Royal Bank, 145 d.P.R. 178, 199 (1998).

Por tratarse de un

término de caducidad, este periodo de reserva, tiene una

existencia limitada que se consume por el transcurso del

tiempo fijado por ley.

No está sujeto a interrupción ni

ampliación de clase alguna.

Torres González v. Star Kist,

134 D.P.R. 1024, 1033 (1994); Vélez Rodríguez v. Pueblo

Internacional, Inc., 135 D.P.R. 500 (1994).

Véase además,

Opiniones del Fondo del Seguro del Estado, Consulta Núm. C89-15 de 6 de julio de 1989; Consulta Núm. C-92-17 de 19 de

junio de 1992; Consulta Núm. C-96-43 de 30 de septiembre de

1996.

Incluso, hemos determinado que el aludido término de

12 meses que dispone el Art. 5(a), no se interrumpe por el

hecho del empleado presentar una apelación ante la Comisión

Industrial.

(1997).

Cintrón v. SF&F Lab. Co., 142 D.P.R. 803, 814

Véase además, Opinión del Fondo del Seguro de

Estado, Consulta Núm. C-90-30 de 15 de agosto de 1990.7

6

Hemos interpretado que habrá justa causa para despedir al

trabajador que ha sufrido un accidente del trabajo si con

anterioridad a sufrir dicho accidente llevó a cabo una

conducta que es causa justificada para despedirlo. Véase,

Santiago v. Kodak, 129 D.P.R. 763 (1992).

7

En dicha Opinión se expresó lo siguiente:

11

CC-2005-431

Ciertamente,

el

referido

Art.

5(a)

constituye

una

limitación a la discreción del patrono para administrar su

negocio porque le prohíbe que durante el término de reserva

despida

a

un

empleado

contraído

una

enfermedad

trabajo.

No

obstante,

que

la

ha

sufrido

durante

el

prohibición

un

accidente

desempeño

de

o

de

su

y

la

despido

obligación de reservar y reinstalar al trabajador en el

puesto que desempeñaba al momento en que se inhabilitó para

trabajar, no es absoluta. Rodríguez v. Méndez & Co., 144

D.P.R. 734, 741 (1999); Santiago v. Kodak, supra, a la pág.

770.

Esta obligación del patrono está sujeta a que se

De igual forma, las apelaciones radicadas ante la

Comisión Industrial de Puerto Rico, o las

decisiones que éste emita, no tienen el efecto e

[sic] interrumpir el término de 12 meses por dos

razones fundamentales:

(1) Como

se

señala

anteriormente

el

referido término es de caducidad, no sujeto

a interrupción o ampliación de clase alguna

y

(2) el artículo 10 de la ley, [Ley Núm. 45,

supra] que regula todo lo concerniente a las

apelaciones ante la Comisión Industrial, no

establece que la radicación de las referidas

apelaciones, tengan el efecto de interrumpir

o ampliar el referido término.

Debe recordarse que las apelaciones ante la

Comisión Industrial, son partes intrínsecas del

andamiaje administrativo procesal, establecido en

la ley para la protección de los derechos de los

obreros o empleados que sufren un accidente del

trabajo y no tiene el efecto de conceder mayores

derechos que aquellos contemplados o reconocidos

en el estatuto.

Aunque

la

ley

de

Compensaciones

por

accidentes del Trabajo, es una de carácter

remedial y exige una interpretación liberal, no

puede

incluirse

en

la

ley,

por

vía

de

interpretación, lo que no está dispuesto en la

misma. (Citas Omitidas).

12

CC-2005-431

cumplan los requisitos que el propio artículo establece, a

saber:

1. que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite

al empleado para trabajar;

2. que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley

Núm. 45;

3. que dentro de los quince (15) días de haber sido dado

de

alta

o

autorizado

a

trabajar

por

el

Fondo

con

derecho a tratamiento, el empleado solicite al patrono

reposición en su empleo;8

4. que dicho requerimiento de reposición se haga dentro

de los doce (12) meses de haber ocurrido el accidente

o enfermedad;

5. que al solicitar su reposición el empleado esté física

y

mentalmente

capacitado

para

desempeñarse

en

las

momento

que

el

Cuevas

v.

funciones del empleo que ocupaba;

6. que

dicho

empleo

subsista

al

en

trabajador solicita su reinstalación.

Santiago

v.

Kodak

Caribbean,

Ltd.,

supra;

Ethicon, 148 D.P.R. 839 (1999).

Reiteradamente hemos establecido que es necesario que

converjan

todos

los

requisitos

mencionados

para

que

se

configure la protección de reinstalación que consagra el

8

Mediante la Ley Núm. 162 de 24 de junio de 2004 se enmendó

el Artículo 5(a) de la Ley Núm. 45, supra, a los fines de

aclarar que el término de quince días dispuesto para que un

empleado lesionado solicite su reinstalación en el empleo

comienza a transcurrir no solamente desde la fecha en que

es dado de alta por el Fondo, sino también desde que dicha

agencia lo autoriza a trabajar con derecho a tratamiento

(“CT”).

13

CC-2005-431

Rivera v. Vélez Stores, a la pág. 468.

Art. 5(a).

El

legislador, al imponer estos requisitos intentó establecer

un balance entre los intereses del patrono y la protección

social

al

empleado

proporciona

al

lesionado.

trabajador

Por

que

un

lado,

sufre

un

la

ley

le

accidente

ocupacional gran tranquilidad porque tiene la seguridad de

que,

cumpliendo

ciertos

requisitos,

su

ausencia

en

el

trabajo durante doce meses no le priva su derecho a ser

reinstalado en su empleo.

García v. Darex, supra, pág.

377; Vélez v. Pueblo Internacional, Inc., 135 D.P.R. 500,

513 (1994).

Pero a la misma vez, se imponen restricciones

para el reingreso al trabajo y se limita el tiempo en que

el patrono tiene que reservar el puesto, para así aliviar

la carga que supone para cualquier patrono verse obligado

por la ley a congelar un sinnúmero de plazas por un período

de tiempo.

Segarra Hernández v. Royal Bank, 145 D.P.R.

178, 199 (1998).

Estudio

de

la

Derecho

Laboral

R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el

Legislación

Protectora

San

Puertorriqueño,

del

Trabajo

Juan,

Puerto

en

el

Rico,

2005, a la pág. 191.

En

esta

ocasión,

debemos

expresarnos

sobre

el

requisito del Art. 5(a) de la Ley Núm. 45 que exige que el

empleado

se

encuentre,

al

momento

de

solicitar

reinstalación, “mental y físicamente capacitado para ocupar

dicho

empleo”

meramente

y

si

presentando

se

cumple

ante

el

con

dicho

patrono

la

requerimiento,

certificación

emitida por el Fondo dando de alta al empleado, sin que

14

CC-2005-431

éste

pueda

requerir

información

adicional

sobre

la

requisitos

[de

condición del empleado.

B

La

Ley

Núm.

45,

“no

establece

los

forma] que debe cumplir el obrero al solicitar que se le

reponga en su empleo,”

atenderse

caso

a

por lo que cada controversia debe

caso,

en

función

de

la

naturaleza

reparadora de la ley y con particular atención al propio

lenguaje de la misma.

R. N. Delgado Zayas, op. cit., pág.

192.

Anteriormente, hemos expresado que una determinación

del Fondo que autoriza a un empleado a trabajar mientras

recibe

tratamiento

médico,

“necesariamente

presupone

que

éste está habilitado para trabajar y puede efectivamente

reintegrase a la fuerza laboral.”

Rivera v. Blanco Vélez

Stores, supra, a la pág. 472.

Incluso, hemos señalado que “es de presumirse que un

obrero en “CT” cumple con [los requisitos que preceptúa el

Artículo 5(a)], pues de otro modo no se explica como el

Fondo le ha dado de alta para trabajar mientras recibe

tratamiento.”

Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, a la

pág. 473.

Hemos basado ese razonamiento, en parte, en el

Reglamento

sobre

Reglamento

Núm.

Derechos

3966

de

de

9

de

Obreros

y

Empleados,

agosto

de

1989

(el

“Reglamento”), que establece en su Sección 4(Q), que el

“CT”

se

concede

a

un

empleado

“cuando

el

programa

terapéutico trazado [al] paciente se efectúa mientras éste

sigue trabajando, ya que está hábil para hacerlo según el

15

CC-2005-431

cuadro clínico diagnosticado por el médico".9

nuestras

expresiones

encuentran

apoyo

Por lo tanto,

en

el

propio

Reglamento que rige los procesos ante el Fondo.

En lo que concierne la controversia que hoy nos ocupa,

el Reglamento indica en su Sección 7, que la determinación

de

dar

de

alta

a

un

trabajador

ocurre:

“[c]uando

el

Administrador, previos los dictámenes médicos rendidos en

cualquier

caso,

llegue

a

la

conclusión

de

que

mayor

tratamiento no ha de mejorar la condición del obrero o

empleado, le dará de alta y procederá a fijar el grado de

incapacidad

suplido).

con

que

haya

quedado,

si

alguna.”

(Énfasis

La definición que provee el Reglamento sobre la

determinación

de

alta

no

nos

permite

concluir

que,

necesariamente, el empleado está hábil para realizar las

funciones

de

Reglamento,

su

lo

puesto.

único

Más

que

bien,

certifica

según

una

el

texto

del

determinación

de

alta es que no existe otro tratamiento que pueda mejorar la

condición

del

obrero

o

empleado.10

Por

tanto,

la

lo

determinación

de

alta,

no

conlleva

inevitablemente

una

adjudicación

por

parte

del

Fondo

el

el

9

en

sentido

que

El Reglamento Núm. 3966 fue promulgado el 10 de octubre de

1989, con el propósito de establecer de forma clara y

específica aquellos derechos que confiere la Ley de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Sección I,

Reglamento Núm. 3966.

10

Cabe señalar que la certificación que produce el Fondo

que certifica que el empleado ha sido dado de alta

definitiva no provee un acápite en el que se explique si

las razones por las que se dio de alta al empleado obedece

a que el empleado se encuentra capacitado para regresar a

sus funciones.

16

CC-2005-431

empleado

está

capacitado

para

desempeñar

las

funciones

la

Ley

propias de su puesto.

Reiteradamente

Compensaciones

hemos

por

resuelto

Accidentes

que

del

de

Trabajo

debe

interpretarse liberalmente a favor del obrero por ser ésta

un estatuto remedial.

(1994).

Ortiz v. F.S.E., 137 D.P.R. 367

Sin embargo, esto no significa que si "la ley es

clara [y] libre de ambigüedad, la letra de ella [deba] ser

menospreciada

bajo

pretexto

de

cumplir

su

espíritu.”

Articulo 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 201; Ríos v.

Méndez & Co., 115 D.P.R. 50, 53 (1984).

No obstante lo anterior, el objetivo del tratamiento

médico que se le ofrece al empleado lesionado o enfermo una

vez se acoge a los beneficios del Fondo es “facilitarle su

recuperación y retorno a las labores.”

Stores, supra, a la pág. 470.

La

Rivera v. Vélez

Sección 7 del Reglamento

dispone que “el objetivo primordial de[l] . . . tratamiento

[médico] es que el obrero o empleado se reintegre a la

fuerza trabajadora.”

trabajador

de

De ahí que, se le garantice a todo

recibir

todo

tratamiento

médico

que

el

facultativo del Fondo determine que sea necesario de suerte

que el obrero pueda regresar a sus labores.

Por

dicha

razón

soy

del

criterio

que,

una

determinación de alta por parte del Fondo, en principio,

presupone que se ha completado el programa terapéutico y el

empleado

se

encuentra

en

condición

para

regresar

a

su

17

CC-2005-431

taller de trabajo.11

Por lo que, de no mediar alguna otra

consideración de la cual se pueda inferir lo contrario,

debemos considerar que el documento de alta emitido por el

Fondo es una prueba prima facie de que el trabajador se

encuentra capacitado para desempeñar las funciones de su

antiguo puesto.

En otras palabras, crea una presunción

rebatible de que el trabajador está hábil para el trabajo.

Con

esta

interpretación

adelantamos

y

hacemos

eficaz

el

objetivo primordial del tratamiento médico que ofrece el

Fondo, a saber, que todo empleado regrese y se reincorpore

a su trabajo.

Antes bien, como presunción rebatible al fin admite

prueba

en

contrario.

controversia

ante

Precisamente

nuestra

de

eso

consideración,

a

trata

saber:

la

si

exitía base suficiente -–razonable y objetiva-- para que el

patrono concluyese que el peticionario no estaba apto para

ejercer las funciones de su puesto no empece haber sido

dado

de

alta

por

el

Fondo

y

le

exigiese

prueba

médica

adicional para corroborar su aptitud para cumplir con las

obligaciones y responsabilidades de su empleo.

Recapitulando,

la

determinación

de

alta

del

Fondo

constituye evidencia prima facie de que el obrero cumple

con el requisito que impone el Artículo 5(a) de que se

11

Como nos señala el Lcdo. Ruy N. Delgado Zayas, el

requerimiento de reinstalación “puede hacerse de varias

formas, siempre y cuando se haga en tiempo y . . . éste le

muestre al patrono al menos el documento que acredita que

fue dado de alta y autorizado a trabajar.” Ruy N. Delgado

Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora

del Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, supra,

pág. 192.

18

CC-2005-431

encuentre física y mentalmente capacitado para desempeñar

sus

funciones

sentido.

que

Pero

situaciones

crea

ello

una

no

presunción

es

excepcionales

rebatible

impedimento,

se

pueda

para

en

tal

que

en

rebatir

dicha

presunción.

III

Procede entonces analizar los hechos de este caso a la

luz

de

los

principios

reseñados.

La

sentencia

inicial

dictada en este caso fue una sentencia sumaria en la cual

se determinó que según la prueba suministrada no existía

controversia de hecho en cuanto a que el peticionario no

estaba físicamente capacitado para realizar sus funciones,

por lo que como cuestión de derecho no cumplía con todos

los requisitos que estatuye el Artículo 5(a) para que sea

merecedor del derecho a la reinstalación.

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. AP.

III, R. 36, permite que cualquiera de las partes en un

pleito

pueda

sumaria

a

solicitar

su

favor

que

el

tras

tribunal

demostrar

emita

que

sentencia

no

existe

controversia real sustancial sobre los hechos pertinentes.

Hemos

resuelto,

remedio

concederse

además,

extraordinario

cuando

no

hay

que

la

sentencia

discrecional

una

genuina

sumaria

que

es

un

sólo

debe

controversia

sobre

hechos materiales y el Tribunal se convence que tiene ante

sí la verdad de todos los hechos pertinentes. Malavé v.

Oriental Bank, res. 20 de abril de 2006, D.P.R. ___ (2006)

T.S.P.R. 63.

Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos.,

144 D.P.R. 563 (1997).

19

CC-2005-431

La

claros

sentencia

y

sumaria

cualquier

duda

sólo

debe

en

cuanto

dictarse

a

si

en

hay

casos

hechos

pertinentes en controversia debe resolverse contra la parte

que solicita la sentencia sumaria.

Por ende, y conforme a

las Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal solamente

procederá a emitir una sentencia sumaria si a la luz de los

documentos

sometidos,

además

de

los

que

contienen

los

autos, "no hay controversia real en cuanto a ningún hecho

material

y

como

cuestión

de

derecho

procede

dictarse."

Regla 26.3, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 36.3; García v. Darex

P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 (1999); Méndez Arocho v. El

Vocero de P. R., 130 D.P.R. 867 (1992).

En el caso de autos, de la moción de sentencia sumaria

presentada

por

Pep

Boys

y

de

la

oposición

a

la

misma

presentada por el señor Cruz González, surge como hecho

incontrovertido, que al momento del peticionario solicitar

su

reinstalación

Industrial

la

éste

decisión

estaba

del

definitiva sin incapacidad.

apelando

Fondo

de

ante

la

concederle

Comisión

un

alta

Es un hecho incontrovertido,

además, que en dicha apelación el peticionario expresó su

inconformidad con la decisión del Fondo y a tales efectos

señaló lo siguiente:

“en mis condiciones no puedo volver a

ejercer mis funciones en el lugar donde trabajo, no me

puedo doblar, no puedo dormir por causa de los dolores.”

(Énfasis nuestro).

Además, surge de la deposición que se

le tomó al peticionario que éste informó a su supervisor

tales hechos.

la pág. 81.

Transcripción de la deposición, Apéndice a

Estas expresiones levantan serias dudas acerca

20

CC-2005-431

de la verdadera rehabilitación del empleado cuando solicitó

su reinstalación y sobre la capacidad física de éste para

realizar

sus

funciones,

que

entre

otras

cosas

incluían

doblarse, levantar objetos pesados y estar constantemente

de pie.12

Véase además,

Transcripción de la deposición;

Apéndice, pág. 75-76.

Por otro lado, surge del expediente que la Comisión

Industrial al resolver la apelación instada por el señor

Cruz González dispuso que el caso le fuera devuelto al

Fondo para que se le ofreciera tratamiento médico.

Una vez

ello ocurrió, el Fondo determinó conferirle al peticionario

12

La descripción del puesto de técnico automotriz que fue

estipulada por las partes es la siguiente:

Productivity

(A) Service personnel must be able to perform

physical labor including but not limited to: (a)

battery installation and charging (b) remove

rotors and drums, true and replace, (c) tire

changing, matching (d) removing and installing

exhaust

systems/

torches

(e)

removing

and

installing shock absorbers and struts (f) fluid

and filter service (g) remove, repair, replace

hard parts (h) disc and drum brake repair (i)

wheel alignment/ steering/suspension (j) heating

and cooling system (k) air conditioning service

and repair (j) cruise control/ sounds/security/

phone installation (m) standard fuel systems (n)

clutches (FWD and RWD) (o) performance tune-ups.

. . .

. . .

(D) While performing these job duties services

personnel are required to lift a wide variety of

items, including various hand and air tools.

Lifting of weights from a few ounces to twentyfive (25) pounds would be performed a continuous

basis.

Service personnel occasionally lift

twenty-six to fifty (50) pounds during the day.

Lifting of fifty (50) to eighty-three (83) pounds

will occur one to three times per day…

21

CC-2005-431

un CT, que como sabemos, le permitía continuar trabajando

mientras recibía tratamiento médico.

Los hechos antes mencionados ponen de manifiesto una

incongruencia respecto un hecho material, a saber:

peticionario

estaba

físicamente

apto

para

si el

trabajar.

La

única forma de dilucidar esta controversia es a través de

un

juicio

plenario.

En

vista

de

Tribunal

de

Primera

Instancia

al

mediante

el

procedimiento

lo

sumario.

anterior,

resolver

Procede

erró

este

el

caso

entonces

revocar dicho dictamen y devolver a dicho foro tal y como

se dispone en la sentencia dictada.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada