LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez Ruiz y otros v. Hospital San Jorge y otros

2007 TSPR 5

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rodríguez Ruiz y otros v. Hospital San Jorge y otros

CC-2004-0383

Artículo 41.50 del Código de Seguros de Puerto Rico-Inmunidad de participantes del Plan de Práctica Médica Intramural Universitaria del Recinto de Ciencias Médicas UPR

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Rodríguez Ruiz y Erica

Ortiz Cancel, por sí y en

representación de su hija menor

V.R.O y la sociedad legal de

ganaciales compuesta entre

ambos

2007 TSPR 5

Demandantes-peticionarios

169 DPR ____

Certiorari

v.

Hospital San Jorge, Dr. Vigo y

la sociedad legal de

gananciales compuesta por éste

y su esposa Jane Doe, et als

Demandados-recurridos

Número del Caso: CC-2004-383

Fecha: 16 de enero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel III

Juez Ponente:

Hon. Jorge Segarra Olivero

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Víctor A. García Rodon

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Sigrid López González

Lcdo. Pedro J. Landrau López

Lcdo. José A. Miranda Daleccio

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Rodríguez Ruiz y Erica

Ortiz Cancel, por sí y en

representación de su hija menor

V.R.O. y la sociedad legal de

gananciales

compuesta

entre

ambos

Demandantes-peticionarios

CC-2004-383

Certiorari

v.

Hospital San Jorge, Dr. Vigo y

la

sociedad

legal

de

gananciales compuesta por éste

y su esposa Jane Doe, et als

Demandados-recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la JUEZA ASOCIADA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2007.

Debemos

participan

Médica

resolver

del

si

programa

Intramural

los

del

Plan

Universitaria

doctores

de

que

Práctica

(PPIU)

del

Recinto de Ciencias Médicas están protegidos por

la

inmunidad

que

otorga

el

artículo

41.50

del

Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. §

4105

(Supl.

empleados

del

2005),

a

los

Estado

Libre

médicos

Asociado

que

de

son

Puerto

Rico, sus dependencias e instrumentalidades. Por

las

razones

que

exponemos

a

continuación,

resolvemos que sí.

I

Los

peticionarios,

el

señor

Roberto

Rodríguez

Ruiz y la señora Erica Ortiz Cancel presentaron,

por sí y en representación de la sociedad legal de

CC-2004-383

2

bienes gananciales compuesta entre ambos y de su hija

menor Vilmary Rodríguez Ortiz, una demanda sobre daños y

perjuicios por impericia médica contra el Hospital San

Jorge, el doctor Juan A. Vigo Prieto y la sociedad legal

de bienes gananciales que éste compone junto a su esposa,

el Centro Médico de Puerto Rico, el Hospital Pediátrico

Universitario,

la

Universidad

respectivas

aseguradoras.

peticionarios

expusieron

de

En

que

Puerto

la

su

Rico,

y

demanda,

hija,

sus

los

paciente

de

hidrocefalia desde su nacimiento, fue atendida y operada

en el Hospital San Jorge de apendicitis; que luego de ser

dada de alta tuvo que ser llevada nuevamente al hospital

en donde se le diagnosticó encefalitis ocasionada por una

infección.

Alegan que el caso de su hija le fue referido

en el Hospital San Jorge al doctor Vigo Prieto para una

consulta,

y

que

a

instancias

de

éste

la

niña

fue

trasladada al Hospital Pediátrico Universitario. Según la

demanda,

la

menor

Hospital

Pediátrico

adecuadamente.

tuvo

Luego

que

esperar

tres

días

Universitario

para

ser

de

días,

la

esos

tres

en

el

atendida

menor

fue

operada por el doctor Vigo Prieto.

Para la fecha de los hechos, el doctor Vigo Prieto

era catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico

del Recinto de Ciencias Médicas. Participaba también del

programa del Plan de Práctica Médica Intramural (PPIU)

del Recinto a través del grupo de neurocirugía,1 Además, tenía

1

Mediante estos programas la facultad y el personal

administrativo del Recinto de Ciencias Médicas se organiza

en grupos para ofrecer servicios médicos utilizando las

facilidades del Recinto. Las ganancias que resultan de

este esfuerzo se dividen entre el Recinto y el personal

docente y administrativo que participa del programa. El

propósito primordial es ofrecerle un incentivo económico

al personal docente para que no abandone la cátedra por la

CC-2004-383

3

una oficina en el Hospital San Jorge y privilegios para

operar en este hospital. Los peticionarios alegan que la

atención tardía del doctor Vigo Prieto y el traslado de

la niña al Hospital Universitario cuando podía atenderse

en el Hospital San Jorge causaron que ésta sufriera daños

físicos y cerebrales que no padecía anteriormente y que

la afectarán durante toda su vida. Por ello solicitan que

el

doctor

los

indemnice.

El

doctor

Vigo

contestó

la

demanda; negó esencialmente las alegaciones, y levantó,

en lo pertinente y como defensa afirmativa, que atendió a

la

menor

Vilmary

Rodríguez

en

el

Hospital

Pediátrico

Universitario como empleado de la Universidad de Puerto

Rico a través del grupo de neurocirugía del PPIU del

Recinto

de

Ciencias

intervino con la

Médicas

y

que

en

ningún

momento

menor cuando ésta visitó el Hospital

San Jorge.

Luego de esto, el doctor Vigo Prieto presentó una

moción de sentencia sumaria en la que solicitó que se

desestimara la demanda instada en su contra ya que él

estaba cobijado por la inmunidad otorgada por el Artículo

41.50 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. §

4105 (Supl. 2005), a los médicos que son empleados del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e

instrumentalidades. Los peticionarios se opusieron a la

solicitud de sentencia sumaria. Argumentaron, en primer

lugar, que las alegaciones de la demanda en contra del

doctor Vigo fueron en su carácter como médico del Hospital

San

Jorge.

También

expresaron

su

interés

en

conocer

el

práctica privada de la Medicina. Para una discusión más

profunda sobre los PPIU véase la sección IV de esta

opinión.

CC-2004-383

4

tipo de relación contractual que mantenían el doctor y la

Universidad de Puerto Rico. Por último, solicitaron que

antes

de

resolver

la

moción

de

sentencia

sumaria,

se

finalizara el descubrimiento de prueba de modo que se

pudiera aclarar la relación del doctor Vigo Prieto con el

Hospital San Jorge y con la Universidad de Puerto Rico, y

cuál fue su intervención con la paciente en el Hospital

San Jorge. En esencia, los peticionarios plantearon que

existía

controversia

de

hechos

y

que

era

necesario

ordenar al doctor Vigo y a la Universidad de Puerto Rico

a

que

produjeran

ciertos

documentos

que

permitieran

evaluar si el doctor estaba protegido por la norma de

inmunidad. 2

En

septiembre

de

2001,

el

doctor

Vigo

Prieto

presentó nuevamente una moción de sentencia sumaria. En

noviembre de ese año, se celebró una vista en la cual se

discutió la solicitud de sentencia sumaria. Luego de la

vista, el tribunal de instancia le concedió un término

adicional a las partes para que finalizaran el descubrimiento de

prueba.

2

Las

controversias

en

cuanto

al

descubrimiento

de

En específico los peticionarios deseaban que el el

Tribunal le ordenara a los demandados entregarle copia de

los siguientes documentos: deposición tomada al doctor

Vigo el 29 de agosto de 2001; informe de consulta del

Hospital San Jorge del 22 de julio de 1997 en el cual

alegadamente hay una anotación que indica que se le

dirigió una consulta al doctor Vigo sobre la menor Vilmary

Rodríguez Ortiz a las 3:50 pm; historial de pagos hechos

por Triple S por servicios prestados para el tratamiento

de la niña Vilmary Rodríguez; Normas y Procedimientos del

Plan de Práctica Intramural Universitaria; Plan de

Práctica Intramural Universitaria; Normas Provisionales

Complementarias Especiales al Reglamento para la Creación

y Administración de Planes de Práctica Intramural para el

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto

Rico; Certificación Núm. 124 del período de 1996-1997

aprobada por la Junta de Síndicos de la Universidad de

Puerto Rico con el propósito de incluir en el Reglamento

General de la Universidad las disposiciones relacionadas

con la creación del Plan de Práctica Universitaria

Intramural.

CC-2004-383

prueba

5

continuaron

hasta

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia dictó sentencia sumaria parcial en septiembre

de 2002.3

doctor

En ésta, desestimó la

Vigo

Prieto,

según

demanda en cuanto al

había

resuelto

“en

corte

abierta” el 22 de mayo de 2001.4

Inconforme

acudieron

ante

Apelaciones.

con

ese

el

entonces

Los

dictamen,

los

Tribunal

peticionarios

de

entendían

peticionarios

Circuito

que

se

de

había

equivocado el Tribunal de Primera Instancia al resolver

que al doctor Vigo Prieto le cobijaba la inmunidad de los

médicos

empleados

por

el

Estado,

porque

existía

una

controversia real de hechos sobre si éste había incurrido

3

El 17 de enero de 2002, los apelantes solicitaron

nuevamente que se le ordenara a la Universidad de Puerto

Rico a que produjera ciertos documentos. El 17 de abril de

2002, la Universidad de Puerto Rico presentó una moción en

la que informó que le había enviado a los apelantes los

documentos solicitados. El 26 de junio de 2002, en la

conferencia

con

antelación

al

juicio

las

partes

argumentaron sus posiciones. Además, los peticionarios

solicitaron que se les permitiera descubrir prueba en

torno a las gestiones del doctor Vigo Prieto en el

Hospital San Jorge. Luego de la conferencia con antelación

al juicio, el tribunal dispuso que se dejaba sometida la

moción del doctor Vigo Prieto en la cual se solicitaba se

dictara sentencia sumaria parcial e igualmente el asunto

sobre la necesidad de la información que solicitaron los

peticionarios.

El 19 de agosto de 2002, los peticionarios se opusieron

nuevamente a que se dictara sentencia sumaria a favor del

doctor Vigo Prieto y solicitaron que no se dictara

sentencia hasta tanto se finalizara el descubrimiento de

prueba relacionado con: las operaciones realizadas por el

doctor Vigo Prieto en el Hospital San Jorge y todo el

expediente de facturación de dicho médico, y con el

historial de facturación de los planes médicos Triple S y

GA Life correspondiente a la paciente Vilmary Rodríguez.

Los peticonarios señalaron, además, que interesaban

tomarle una deposición al funcionario de la Universidad de

Puerto Rico encargado de todo lo relacionado con el Plan

de Práctica Intramural.

4

De la minuta del 22 de mayo de 2001 se desprende que el

Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la intervención

del doctor Vigo Prieto con la menor Vilamry Rodríguez en

el Hospital Pediátrico.

CC-2004-383

6

en actos u omisiones negligentes como médico del Hospital

San Jorge y si el galeno había actuado como contratista

independiente o como empleado del Hospital Universitario.

El foro apelativo confirmó la sentencia

en cuanto a

la inmunidad del doctor Vigo Prieto en su práctica en el

Hospital Pediátrico Universitario y la revocó en cuanto a

su práctica en el Hospital San Jorge. Entendió que la

sentencia de instancia se extendía a las reclamaciones

fundamentadas en la relación del doctor Vigo Prieto con

ese hospital,5 Los peticionarios acuden ante nosotros y

nos

señalan

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

confirmar al Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la

extensión de la inmunidad del artículo 41.50 al doctor

Vigo Prieto por sus actuaciones en Hospital Pediátrico

Universitario, cuando existe una controversia de hechos

sobre si al atender a la menor a través del PPIU de

neurocirugía éste lo hizo como contratista independiente

o como empleado de dicho hospital.

Por tanto, debemos resolver si el doctor Vigo Prieto

estaba protegido, mientras atendió a la menor como parte

del

grupo

de

neurocirugía

del

programa

del

PPIU

del

Recinto de Ciencias Médicas, por la inmunidad que otorga

el artículo 41.50 del Código de Seguros de Puerto Rico,

supra, a los médicos que son empleados del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Además, debemos resolver si en

efecto el tribunal

de

primera

instancia

adjudicó

la

5

Esta fue la determinación del Tribunal de Apelaciones, a

pesar de que la sentencia del tribunal de instancia debió

entenderse que tenía efectos sólo en cuanto a las acciones

realizadas por el doctor en el Hospital Pedriático

Universitario, según se desprende de la minuta del 22 de

mayo de 2001. El juez Negroni Cintrón disintió por

entender que la responsabilidad o la inmunidad del doctor

Vigo Prieto no podía ser adjudicada sumariamente.

CC-2004-383

7

posible responsabilidad del doctor Vigo Prieto en cuanto

al tratamiento de la menor en el Hospital San Jorge y su

traslado

al

Hospital

procede

adjudicar

Universitario

en

torno

a

y,

dicha

de

ser

así,

si

responsabilidad

de

manera sumaria en esta etapa del procedimiento.

II

En Puerto Rico hemos reconocido desde hace más de

cinco

décadas

que

los

médicos

que

son

empleados

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias e

instrumentalidades

gozan

de

inmunidad

en

pleitos

de

impericia profesional relacionados con el desempeño de su

labor. Véase Ley núm. 74 del 30 de mayo de 1976; Lind

Rodríguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67 (1982);

Flores Román

v. Ramos González, 127 D.P.R. 601 (1990); Art. 41.50 Cód.

Seg. P.R., 26 L.P.R.A. § 4105 (Supl. 2005). Curiosamente,

esta protección se encuentra regulada en el Código de

Seguros de Puerto Rico y no el Código Civil dentro del

capítulo sobre las obligaciones que nacen de la culpa o

la

negligencia.

El

legislador

decidió

colocar

esta

protección en el mismo artículo que pretende garantizar

que

la

población

puertorriqueña

esté

protegida

en

los

casos de impericia médica al exigirle a los médicos que

posean un seguro de responsabilidad profesional. Véase

Exposición

de

Motivos

de

la

Ley

núm.

4

del

30

de

diciembre de 1980. En la actualidad, este artículo del

Código de Seguros provee, en lo pertinente, lo siguiente:

Todo profesional de servicios de salud e

institución de cuidado de salud deberá radicar

anualmente

prueba

de

su

responsabilidad

financiera

por

la

cantidad

de

cien

mil

(100,000) dólares por incidente o hasta un

agregado de trescientos mil (300,000) dólares

por año. El Comisionado podrá requerir límites

hasta un máximo de quinientos mil (500,000)

dólares por incidente médico y un agregado de

CC-2004-383

un millón (1,000,000) de dólares por año, en

los casos de instituciones de cuidado de salud

y de aquellas clasificaciones tarifarias de

profesionales de servicios de salud dedicados a

la práctica de especialidades de alto riesgo….

Están exentos de esta obligación aquellos

profesionales de servicios de salud que no

ejercen privadamente su profesión y trabajan

exclusivamente como empleados de instituciones

de cuidado de salud privadas, siempre y cuando

estuvieren

cubiertos

por

la

prueba

de

responsabilidad financiera de éstas. También

están

exentos

de

esta

obligación

los

profesionales de servicios de salud que presten

servicios

exclusivamente

como

empleados

o contratistas del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades

y

municipios

y

que

no

ejercen

privadamente su profesión. Están exentas además

las instituciones de cuidado de salud que

pertenezcan y sean operadas o administradas por

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

dependencias, instrumentalidades y municipios.

. . . .

Ningún profesional de servicios de salud

podrá ser incluido como parte demandada en una

acción civil de reclamación de daños por culpa

o

negligencia

por

impericia

profesional

(malpractice) que cause en el desempeño de su

profesión

mientras

dicho

profesional

de

servicios de salud actúe en cumplimiento de sus

deberes y funciones como empleado del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

sus

dependencias, instrumentalidades, El Centro

Comprensivo de Cáncer de la Universidad de

Puerto Rico y municipios o contratistas de

éstos, mientras actúe en cumplimiento de sus

deberes

y

funciones

en

las

áreas

de

obstetricia,

ortopedia,

cirugía

general

o

trauma en una instalación médico-hospitalaria

propiedad del Estado Libre Asociado, sus

dependencias,

instrumentalidades

y/o

municipios, independientemente de si dicha

instalación está siendo administrada u operada

por una entidad privada.

En toda acción civil en que se le reclamen

daños y perjuicios a la Universidad de Puerto

Rico; en todo caso en que recaiga sentencia por

actos

constitutivos

de

impericia

médicohospitalaria (malpractíce) que cometan los

empleados, miembros de la facultad, residentes,

o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas

de la Universidad de Puerto Rico o médicos que

presten

servicios

bajo

contrato

con

la

Universidad de Puerto Rico en el desempeño de

sus tareas institucionales; o cuando recaiga

sentencia por actos constitutivos de culpa o

negligencia directamente relacionada con la

operación por la Universidad de Puerto Rico de

una institución de cuidado de la salud, se

sujetará a la Universidad de Puerto Rico a los

8

CC-2004-383

9

límites de responsabilidad y condiciones que

las secs. 3077 et seq. del Título 32, impone

para exigirle responsabilidad al Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

en

similares

circunstancias.

. . .

Art. 41.50 Cód. Seg. P.R., supra.6

Nuestra

última

expresión

sobre

este

artículo

en

cuanto a la inmunidad de los médicos que son empleados

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico,

sus

dependencias, instrumentalidades y municipios fue en el

caso de Flores Román v. Ramos González, supra.

caso reiteramos la norma

En ese

que esbozáramos originalmente

en el caso de Lind Rodríguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67

(1982),

de que este artículo del Código de Seguros exime

de responsabilidad no sólo a los médicos que trabajan

exclusivamente para el Estado, sino también a los médicos

que al mismo tiempo ejercen la práctica privada mientras

actúan en el cumplimiento de su deber como empleados del

Estado.

Establecimos entonces que para ser protegido por

la inmunidad estatutaria se debe ser un profesional en el

cuidado

de

impericia

la

deben

cumplimiento

de

salud

y

haber

sus

los

daños

surgido

deberes

y

ocasionados

mientras

funciones

por

su

actuaba

en

profesionales

como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

sus dependencias, instrumentalidades y municipios. Flores

Román v. Ramos González, supra en la pág. 606.

Asimismo, determinamos que la inmunidad, además de

proteger a los médicos que ocupan puestos de carrera o de

confianza

en

el

gobierno

del

E.L.A.,

puede

cobijar

médicos que tengan contratos con el gobierno. En cuanto

6

Énfasis suplido. Véanse notas 7, 9, 11.

a

CC-2004-383

al

10

personal

bajo

contrato

establecimos

que

hay

que

determinar si al causar el daño el médico cumplía las

funciones

de

un

empleado

de

la

realidad

las

responsabilidades

agencia

y

tenía

asignadas

a

un

en

puesto

dentro de la estructura organizativa o si el grado de

control

ejercido

por

el

patrono

sobre

su

trabajo

era

análogo al de un empleado. Establecimos que estos médicos

están cobijados por la inmunidad si luego de analizar

ciertos factores se determina que la relación del médico

con el gobierno no es de contratista independiente. Los

factores

a

considerar

contratista

independiente

siguientes:

1.

pagados;

la

2.

facilidades

para

la

o

forma

el

grado

alguien

es

son

los

gobierno

que

los

servicios

fueron

equipo

científico

y

en

de

si

del

en

inversión

saber

dependencia

en

el

en

equipo

suministrado por el gobierno; 3. si se le requiere un

seguro de responsabilidad profesional;

independencia

Ramos

en su juicio profesional. Flores Román v.

González,

factor

de

y 4. el grado de

supra,

grado

en

de

la

pág.

609.

independencia

en

En

cuanto

su

al

juicio

profesional, es incuestionable que para que los médicos

ejerzan su labor adecuadamente deben tener el mayor grado

de independencia. Por tanto, este factor no es importante

cuando se trata de profesionales de la salud, así que no

debe

ser

considerado

al

momento

de

determinar

si

un

médico está protegido por la inmunidad del artículo 41.50

del Código de Seguros, supra.

Lo anterior implica que cuando nos enfrentamos al

caso de un médico que esté trabajando para el gobierno

por contrato, es necesario determinar, en primer lugar,

la naturaleza del vínculo contractual particular. De ello

CC-2004-383

dependerá

11

si

está

cobijado

por

la

inmunidad

y,

por

consiguiente, si procede la desestimación de la demanda

en su contra. Después de todo la inmunidad dispuesta por

ley no es meramente una defensa; se trata más bien de la

inexistencia de una causa de acción.

Lind Rodríguez v.

E.L.A., supra en la pág. 69.

Ahora bien, antes de evaluar la relación del doctor

Vigo Prieto con el Recinto de Ciencias Médicas a la luz

de los factores que mencionáramos debemos considerar si

nuestras expresiones en Flores Román v. Ramos González,

supra, continúan vigentes luego de las varias enmiendas

que desde esa opinión ha sufrido el artículo 41.50 del

Código de Seguros.

III

La inmunidad que se recoge hoy en el artículo 41.50

fue incluida en el Código de Seguros de Puerto Rico por

primera vez en 1976, cuando se añadió el Capítulo 41 al

Código. Véase Ley núm. 74 del 30 de mayo de 1976. La

norma se encontraba entonces en el artículo 41.80 que

proveía,

al

igual

que

esencialmente dos cosas.

el

41.50

en

la

actualidad,

Primero, que los profesionales

en el cuidado de la salud que no ejercían privadamente su

profesión

y

prestaban

servicios

exclusivamente

como

empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

dependencias,

instrumentalidades

exentos

mostrar

de

que

y

municipios

tenían

un

estaban

seguro

de

responsabilidad. Art. 41.80 Ley núm. 74 del 30 de mayo de

1976. La ley proveía, en segundo lugar, que ningún profesional de

servicios de la salud podía ser incluido como parte demandada en

una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia

por impericia profesional por actos

cometido

en el

desempeño

CC-2004-383

12

de su profesión mientras actuaba en cumplimiento de sus

deberes

y

Asociado

funciones

de

como

empleado

Puerto

Rico,

del

sus

Estado

Libre

dependencias,

instrumentalidades y municipios. En otras palabras, estos

profesionales

no

responsabilidad,

tenían

que

precisamente

adquirir

un

porque

ley

la

seguro

de

eliminaba

cualquier causa de acción en su contra.

Esta ley fue enmendada en 1978, pero la inmunidad de

los médicos que son empleados del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y

municipios no fue alterada. Véase Ley núm. 55 del 18 de

julio de 1978. En 1986, se redactó un nuevo Capítulo 41

del Código de Seguros y se derogó el anterior. Véase Ley

núm. 4

del 30 de diciembre de 1986. Este nuevo capítulo

también reconoció la inmunidad de los médicos empleados

del

E.L.A.,

al

eximirles

de

la

responsabilidad

de

presentar prueba de tener un seguro de responsabilidad y

al disponer expresamente que no podían ser incluidos como

parte demandada en una acción civil de reclamación de

daños

por

Además,

la

culpa

o

ley

de

negligencia

1986

por

incluyó,

impericia

entre

los

médica.

que

están

exentos de presentar evidencia de tener seguro, a las

instituciones de cuidado de salud que pertenezcan y sean

operadas o administradas por el E.L.A. y a los médicos

que trabajan exclusivamente con instituciones privadas si

éstas

los

incluyen

dentro

de

sus

seguros

de

responsabilidad.7 Sin embargo, aunque se les eximió de

presentar prueba sobre el seguro de responsabilidad,

7

no se

El texto bajo la ley de 1986 es lo destacado en

bastardillas en el texto del artículo actual del artículo

41.50 del Código Seguros en las págs. 7-8.

CC-2004-383

13

les eximió de su responsabilidad. Por eso, ninguna de las

instituciones o los médicos añadidos a la exención goza

de inmunidad bajo el nuevo esquema del Código Seguros

de

1986.

Esto no representaba problema para aquellos médicos

en la práctica privada que trabajaran exclusivamente para

instituciones privadas, quienes tendrían la cubierta del

seguro de responsabilidad para casos de impericia

que

sus

patronos debían obtener a nombre suyo. No obstante, las

instituciones de salud operadas o administradas por el

E.L.A. seguían sujetas a pagar por los daños que fueran

resultado de la impericia de los médicos u otras personas

que trabajaran en sus facilidades.

En 1994, esta situación motivó a

enmendar

nuevamente

la

sección

los legisladores a

de

responsabilidad

financiera del Capítulo 41 del Código de Seguros. Surgió

la preocupación de que la Universidad de Puerto Rico, que

se entendía no estaba cobijada por los límites que impone

la Ley 104 del 29 de junio de 1955, tuviera que responder

por la totalidad de los daños que pudieran causar los

galenos que trabajaban en sus facilidades, quienes, sin

embargo, estaban inmunes a cualquier acción de daños.8 La

8

En la Exposición de Motivos de la Ley núm. 98 del 24 de

agosto de 1994 los legisladores expusieron que:

La exposición económica ilimitada de la

Universidad se torna en extremo onerosa, si

consideramos que, a tenor con lo dispuesto en

el Artículo 41.050, ningún profesional de

servicios de salud podrá ser incluido como

parte

demandada

en

una

acción

civil

de

reclamación de daños por impericia profesional,

mientras actúe en cumplimiento de sus deberes y

funciones como empleado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, sus dependencias,

instrumentalidades

y

municipios.

Tal

disposición expone a la Universidad de Puerto

Rico a tener que responder en forma ilimitada

CC-2004-383

14

Ley núm. 98 del 24 de agosto de 1994 sujeta a los límites

de responsabilidad de la Ley 104 toda acción contra la

Universidad

de

Puerto

Rico

por

daños

y

perjuicios

o

impericia médico-hospitalaria de los empleados, miembros

de la facultad, residentes, o estudiantes del Recinto de

Ciencias

Médicas

médicos

que

de

la

presten

Universidad

servicios

de

bajo

Puerto

contrato

Rico

o

con

la

Universidad de Puerto Rico, en el desempeño de sus tareas

institucionales

relacionados

o

con

por

la

actos

de

operación

de

culpa

una

o

negligencia

institución

de

cuidado de la salud la Universidad.9

Esta enmienda no cambió la inmunidad de los médicos

que trabajan para el Estado Libre Asociado, por lo cual

nuestros

pronunciamientos

González,

supra,

en

siguieron

Flores

Román

v.

Ramos

vigentes.

Es

más,

esta

por los daños que ocasionen sus empleados

inmunizados cuando cometen actos de impericia

profesional médico-hospitalaria (malpractice)

en el descargo de sus funciones. Idéntica

responsabilidad y por los mismos motivos se le

impone al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

excepto que, en atención a los dispuesto en la

Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1995, según

enmendada, la responsabilidad del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico se limitó hasta la suma

de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00) por

los daños sufridos por una persona o su

propiedad y hasta ciento cincuenta mil dólares

($150,000.00) cuando los daños y perjuicios se

le causaron a más de una persona, o cuando sean

varias las causas de acción a que tenga derecho

un solo perjudicado.

Es justo y conveniente para el interés

público extenderle a la Universidad de Puerto

Rico la misma limitación de responsabilidad por

daños resultantes de culpa o negligencia que al

presente existe para beneficio del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, cuando la Universidad

presta servicios mediante acuerdo con el

Departamento de Salud del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico o en sustitución de dicho

Departamento

o

cuando

opera

hospitales

públicos.

CC-2004-383

15

enmienda recogió parte de nuestras expresiones en el caso

de Flores Román v. Ramos González, supra, pues reconoció,

entre

las

personas

que

pueden

beneficiarse

de

la

inmunidad, es decir, entre aquellos por cuya impericia

respondería la Universidad de Puerto Rico, a los médicos

bajo contrato con la Universidad dentro del límite que

impone la Ley 104. Se impone esta interpretación de la

enmienda ya que de otra forma habría que considerar a

estos médicos como contratistas independientes. En ese

caso, para que la Universidad respondiera sería necesario

probar que ésta no

le requirió al médico que tomara las medidas de seguridad

necesarias para su práctica o que no ejerció la debida

diligencia

en

tomar

Municipio

de

Barcelonesa,

Barrientos

v.

Gobierno

estas

de

medidas.

87

la

Véase

D.P.R.

Capital,

Bonet

81

97

v.

(1963);

D.P.R.

552

(1969); López v. Cruz Ruiz, 131 D.P.R. 694 (1992); Pons

Anca v. Engebretson, 2003 TSPR 150. Esta situación, en la

cual la Universidad respondería por las acciones de sus

contratistas

independientes,

está

contemplada

en

el

tercer escenario que vislumbra la enmienda de 1994, al

establecer que

la Universidad estará sujeta a los límites de la

Ley 104 cuando recaiga sentencia por actos constitutivos de culpa o

negligencia directamente relacionados con la operación por parte de

ésta de una institución de cuidado de la salud.

Al

mismo tiempo, la enmienda de 1994 arrojó luz sobre

quiénes los

legisladores

consideran

exentos de cumplir con el deber de

son los profesionales

evidenciar

que

poseen

un seguro y quiénes están cobijados por la inmunidad por

9

El texto de esta enmienda es lo destacado en doble

subrayado en el texto del artículo actual del artículo

41.50 del Código Seguros en las págs. 7-8.

CC-2004-383

ser

16

empleados

del

Estado

Libre

Asociado.

Entre

estos

profesionales se encuentran los empleados, miembros de la

facultad,

residentes,

Ciencias

Médicas

médicos

que

de

presten

o

la

estudiantes

Universidad

servicios

del

de

bajo

Recinto

Puerto

contrato

de

Rico

o

con

la

Universidad de Puerto Rico en el desempeño de sus tareas

institucionales.10

Aunque la última enmienda que se le hizo al artículo

41.50

nos

no trajo ningún cambio en cuanto al asunto que se

plantea

en

este

caso,

sí

introdujo

inciden en las normas que expusiéramos en

cambios

que

Flores Román

v. Ramos González, supra. En el 2004, los legisladores

preocupados por los efectos que trajo la privatización de

la mayor parte de las facilidades de salud del gobierno y

la posterior recuperación de algunas de éstas, enmendaron

el artículo de responsabilidad financiera para otorgarle

inmunidad

en

casos

de

impericia

profesional

a

los

profesionales que prestan ciertos servicios específicos.

Según la enmienda, tienen inmunidad los especialistas en

10

En el informe de la Comisión de lo Jurídico para el

Proyecto de la Cámara 3592, que dio paso a la última

enmienda que se le hizo al artículo 41.50 del Código de

Seguros se señala en el análisis de la medida que:

Actualmente,

entre

los

médicos

participantes

de

esta

inmunidad

podemos

mencionar los que están contratados por el

Hospital Universitario de Distrito (UDH), los

empleados, miembros de la facultad, residentes

o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas

de la Universidad de Puerto Rico, o médicos que

presten

servicios

bajo

contrato

con

la

Universidad de Puerto Rico en el desempeño de

sus

tareas

institucionales,

todas

las

profesiones de salud que se desempeñen en las

facilidades médico hospitalarias que estén bajo

la tutela y administración del Estado Libre

Asociado a través del Departamento de Salud y

los

profesionales

de

servicios

de

salud

adscritos a la Administración de Servicios

Médicos de Puerto Rico.

CC-2004-383

17

obstetricia,

ortopedia,

cirugía

general

y

trauma

que

prestan servicios exclusivamente en instalaciones médico

hospitalarias

propiedad

del

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades o sus

municipios, independientemente de si la institución es

administrada u operada por alguna empresa privada.

Para lograr esto se hicieron dos cambios al artículo

41.50.

de

El primero fue incluir entre los médicos exentos

presentar

prueba

de

responsabilidad

médica

a

los

profesionales de la salud que trabajan como contratistas

del Estado Libre Asociado. El segundo fue extender la

inmunidad

mencionados.11

a

los

contratistas

ya

profesionales

son

también

contratistas

exentos

de

presentar

la

los

prueba

de

que

Estos

están

responsabilidad,

en

otras palabras, exentos de tener un seguro personal. Así

lo evidencia la exposición de motivos de la ley y su

historial legislativo.12

11

El texto de esta enmienda es lo destacado en subrayado

en el texto del artículo actual del artículo 41.50 del

Código Seguros en las págs. 7-8.

12

La Exposición de Motivos de la Ley núm. 228 del 24 de

agosto de 2004 deja esto claro al señalar que:

No

obstante,

para

poder

reclutar

profesionales de la salud que deseen practicar

su profesión en las instalaciones propiedad del

Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades o

municipios, entendemos necesario garantizarles

la misma protección que recibirían si fuesen

empleados del ELA bajo el esquema previo a la

década de los 1990. Por ello, debe extendérsele

la inmunidad contenida en el Artículo 41.050

del Código de Seguros.

Junto

a

la

presente

Ley

y

mediante

legislación separada, se enmendará la Ley Núm.

104, supra, para disponer que el Estado Libre

Asociado será responsable por reclamaciones

contra profesionales de la salud por impericia

médico-hospitalaria por los límites dispuestos

en dicha ley cuando estos rindieron sus

servicios

en

las

áreas

de obstetricia,

CC-2004-383

18

ortopedia,

cirugía

general

y

trauma

exclusivamente

en

instalaciones

de

salud

propiedad del Estado Libre Asociado, sus

instrumentalidades o municipios.

En el informe de la Comisión de lo Jurídico para el

Proyecto de la Cámara 3592, que dio paso a la la Ley núm.

228 del 24 de agosto de 2004 se señala en el análisis de

la medida que:

Los médicos que son empleados de una

administración

privada

no

pueden

ser

considerados empleados, funcionarios o agentes

del Estado Libre Asociado, por lo que no les

aplica la inmunidad establecida en el Artículo

41.050.

La contratación en este escenario es

entre

personas

particulares:

médicos

y

administración privada.

Por esta razón, aún

(sic) cuando el Estado Libre Asociado o sus

municipios recuperen la posesión de facilidades

que en un momento fueron vendidas a entidades

privadas, de contratar el ELA o sus municipios

con entidades privadas para la administración

de las facilidades, los médicos que prestan sus

servicios

en

dichas

facilidades

vienen

obligados a cumplir con la responsabilidad

financiera que requiere el Artículo 41.050, y

son responsables por los daños y perjuicios

causados por impericia médica.

La

situación

descrita

en

el

párrafo

anterior ha resultado en que muchos médicos que

previo a la Reforma de Salud prestaban sus

servicios

exclusivamente

en

facilidades

gubernamentales y estaban cobijados por la

inmunidad del estado, se han convertido en

empleados o contratistas de privatizadores.

Ello los ha obligado a obtener pólizas de

seguros de impericia médica y estar sujetos a

responsabilidad

por

impericia

médica

como

cualquier otro médico privado.

Esto a su vez

ha causado que muchos de estos médicos se

rehúsen a prestar sus servicios en facilidades

recuperadas por el estado o los municipios, ya

que los costos de las pólizas de impericia

médica y los riesgos asumidos al brindar

servicios en facilidades gubernamentales no son

razonables

ante

los

salarios

que

dichas

facilidades pueden pagar.

Ante esto, hemos

visto

una

reducción

significativa

en

la

disponibilidad de servicios médicos en las

facilidades del estado y los municipios,

particularmente en las áreas de obstetricia,

ortopedia, cirugía general y trauma.

Esta

Asamblea

Legislativa

considera

que

las

enmiendas propuestas en el P. de la C. 3592

ayudarán a aliviar la situación presente, y

proveerán incentivos para que puedan brindarse

nuevamente servicios de salud en las áreas

antes mencionadas.

CC-2004-383

Esta

19

enmienda

resulta

por

tanto,

en

un

cambio

importante a la norma que adoptamos en Flores Román v.

Ramos González, supra.

Hoy es posible que un contratista

independiente tenga inmunidad bajo el artículo 41.50 del

Código

de

Seguros,

siempre

y

cuando

sea

uno

de

los

contratistas incluidos en la ley. En conclusión, la norma

vigente para saber si un médico goza de inmunidad contra

demandas por impericia es que si luego de analizar los

primeros

tres

factores

que

explicamos

en

el

caso

de

Flores Román v. Ramos González, supra,13 se determina que

la

relación

del

médico

con

el

gobierno

no

es

de

contratista independiente, éste estará cobijado por la

inmunidad

establecida

en

el

artículo

41.50.

Esta

inmunidad también aplicará a aquellos médicos que sean

contratistas

de

una

instalación

médico-hospitalaria

propiedad del Estado Libre Asociado, sus dependencias,

instrumentalidades

o

municipios,

sin

importar

si

la

instalación es administrada

....

Es necesario aclarar además que la presente

enmienda no tiene el propósito ni el efecto de

convertir a los médicos que brindan sus

servicios como empleados o contratistas de

entidades

privadas

que

contratan

la

administración de facilidades propiedad de

entidades

gubernamentales

en

empleados

ni

agentes del Estado Libre Asociado ni de sus

municipios.

Finalmente, se aclara que, en el

caso de acuerdos de afiliación entre la

Universidad de Puerto Rico e instituciones

privadas sin fines de lucro,

no se exime de

responsabilidad por impericia médica a dichas

instituciones privadas cuando el alegado acto

de impericia médica es cometido por empleados o

agentes que no estén exentos en virtud del

Artículo enmendado.

13

1. La forma en que los servicios fueron pagados; 2. La

inversión en equipo científico y en facilidades o el grado

de dependencia en el equipo suministrado por el gobierno;

3. Si se le requiere un seguro de responsabilidad

profesional.

CC-2004-383

20

u operada por una entidad privada, exclusivamente en las

especialidades de obstetricia, ortopedia, cirugía general

o trauma. Así que los médicos que trabajen para el Estado

o una entidad del Estado administrada por una entidad

privada en estas cuatro áreas siempre estarán cubiertos

por la inmunidad sean contratistas independientes o no.

Ya que el trabajo del doctor Vigo Prieto como parte

del PPIU del Recinto de Ciencias Médicas a través del

grupo de neurocirugía no está dentro de las cuatro áreas

de trabajo antes mencionadas, nos toca determinar si su

labor bajo el plan equivale a la de un empleado o la de

un

contratista

estudiar

la

independiente.

estructura

y

Para

esto

es

necesario

propósito

de

los

PPIU

del

Recinto de Ciencias Médicas.

IV

En

1996,

los

legisladores

autorizaron

a

la

Universidad de Puerto Rico a crear en sus unidades los

Planes de Práctica Intramural Universitaria. Ley núm. 174

del 31 de agosto de 1996, 18 L.P.R.A. § 612 (2002). Entre

los propósitos de la creación de estos planes en los

distintos

recintos

opciones

de

se

encuentra

retribución

ofrecer

acordes

con

a

las

la

facultad

realidades

económicas y profesionales de Puerto Rico, crear recursos

económicos adicionales para facilitar el reclutamiento y

la

retención

presupuesto

del

personal

institucional,

docente,

complementar

fortalecer

el

el

del

ingreso

personal que presta los servicios, así como utilizarlos

de

taller

de

práctica

para

los

estudiantes.

Véase

Exposición de Motivos de la Ley núm. 174 del 31 de agosto

de 1996.

Al amparo de los Planes de Práctica Intramural

Universitaria

las

unidades

de

la

Universidad

pueden

CC-2004-383

contratar

21

con

personas

e

instituciones

públicas

y

privadas, domésticas o extranjeras, para que su personal

les preste servicios. Estos servicios son prestados de

forma voluntaria por el personal docente y pueden darse

durante su horario regular o fuera de éste, sin menoscabo

de su carga académica. Los Planes de Práctica Intramural

Universitaria deben ser autosuficientes. Los fondos que

recauda la Universidad bajo estos planes son considerados

fondos públicos, y son consignados en un fondo especial

en las unidades que los generen. Los fondos que generan

los PPIU se utilizan para sufragar los gastos directos

del

programa

y

para

pagar

al

personal

participante.

También se utiliza el dinero para fortalecer otros planes

con

menor

demanda,

para

atender

gastos

no

recurrentes

prioritarios dentro de la misma unidad de la Universidad

y para hacer una aportación anual al Fondo General de la

Universidad de Puerto Rico. Ley núm. 174 del 31 de agosto

de 1996. Los contratos hechos al amparo de los PPIU son

otorgados a nombre de la Universidad de Puerto Rico y son

suscritos en representación de ésta por el Rector de la

unidad correspondiente. Artículo XII, Certificación núm.

123 1996-97 de la Junta de Síndicos de la Universidad de

Puerto Rico.

Cada unidad del sistema establece

la estructura de

sus PPIU en conformidad con el Reglamento aprobado por la

Junta de Síndicos para esto. Por consiguiente, debemos

estudiar las Normas y Procedimientos del Plan de Práctica

Intramural del Recinto Ciencias Médicas, para analizar si

el

doctor

Vigo

Prieto

es

un

médico

cobijado

por

la

inmunidad del artículo 41.50 a la luz de los factores de

Flores Román v. Ramos González, supra.

CC-2004-383

Las

22

normas

del

Recinto

de

Ciencias

Médicas

establecen en cuanto a la utilización y el manejo de

fondos que toda recaudación por servicios prestados bajo

los PPIU se ingresarán a un Fondo Especial que a su vez

tendrá cuentas para cada PPIU del Recinto. Una vez se

ingresan

los

recaudos

por

los

servicios

sólo

se

autorizarán desembolsos cuando las cuentas tengan balance

disponible y se hayan cubiertos los gastos de operación

del

PPIU.

El

Departamento

de

Recursos

Fiscales

del

Recinto es el encargado de cobrar por los servicios, de

identificar

recobro.

se

deudores

y

hacer

las

gestiones

para

el

Luego que se tienen los ingresos netos, éstos

distribuyen

entre

el

Fondo

General,

el

Fondo

Institucional, el Fondo del Decanato y la Facultad y el

Personal

Participante.

Estos

fondos

fortalecer

el

de

Universidad

presupuesto

la

sirven

de

para

Puerto

Rico, del Recinto de Ciencias Médicas, y de los distintos

decanatos del Recinto. Los fondos que se distribuyen a

los docentes y al otro personal participante se pagan

como

honorarios

Procedimientos

Universitaria

profesionales.

del

del

Plan

Recinto

de

Véase

Práctica

Ciencias

Médicas,

Normas

y

Intramural

págs.

6-

9(1998). Por esta razón, el dinero pagado a los doctores

por los PPIU sujeto a retención se informa en el Formulario

480.6 y los médicos deben cumplir con las leyes fiscales que

afectan a los contratistas independientes. Por otra parte, el

dinero que reciben los profesores por sus servicios no se puede

utilizar para cotizar en el Sistema de Retiro de los Empleados de

la Universidad de Puerto Rico. Sección 100.9.1, Certificación

núm.

124

1996-97

de

la

Universidad de Puerto Rico.

Junta

de

Síndicos

de

la

CC-2004-383

23

En otras palabras, los PPIU del Recinto de Ciencias

Médicas

funcionan

de

la

siguiente

manera.

El

Recinto

presta sus facilidades y equipo a los médicos para que

rindan servicios a instituciones privadas y públicas. Los

médicos sólo prestan sus servicios. El Recinto se encarga

de manejar todos los asuntos financieros relacionados con

los

PPIU.

Una

vez

se

distribuyen

entre

manera,

Universidad

la

el

obtienen

Recinto

se

y

ganancias

los

asegura

éstas

se

De

esta

médicos.

de

mantener

a

su

facultad y de contar con recursos para sus funciones.

A

la

luz

de

este

esquema,

queda

claro

que

los

servicios no son pagados directamente a los médicos y que

éstos no realizan ninguna inversión en equipo científico y

en facilidades sino que dependen del equipo suministrado

por el gobierno. Por tanto, en cuanto a los dos primeros

factores que debemos considerar bajo la norma de Flores

Román

v.

Ramos

González,

supra,

los

médicos

serían

empleados del Recinto para efectos del artículo 41.50 del

Código de Seguros.

En

cuanto

a

si

se

les

responsabilidad profesional a los

Normas

y

Procedimientos

Universitario

Ante esta

14

del

situación,

del

requiere

un

seguro

de

doctores

del

PPIU,

las

Plan

de

Práctica

Recinto Ciencias Médicas

y

considerados

el

Intramural

nada disponen.14

propósito

de

los

Antes de que se enmendara la ley de la Universidad de

Puerto Rico para permitir que la Universidad creara los

PPIM y que el Recinto creara las Normas y Procedimientos

del Plan de Práctica Intramural del Recinto Ciencias

Médicas, el

recinto de Ciencias Médicas tenía un

reglamento para regular los Planes Intramurales de

Práctica Médica, un sistema muy parecido al de los PPIM.

CC-2004-383

24

PPIU y su funcionamiento, debemos concluir que los médicos son

considerados empleados del Recinto cubiertos entonces

por la institución.

41.50

del

Código

Por tanto, para efectos del artículo

de

Seguros

deberían

ser

considerados

como empleados del Recinto y cobijados por la inmunidad

allí establecida.

En

este

caso,

los

doctor

Vigo

Prieto

peticionarios

tenía

un

sostienen

seguro

de

que

el

impericia

profesional. Sin embargo, aun si este seguro cubriera al

doctor por sus actuaciones en el Recinto y no sólo sus

actuaciones en su práctica privada, esto no impide que al

doctor Vigo Prieto se le extienda la inmunidad dispuesta

por el artículo 41.50. El adquirir un seguro no elimina

la protección contra demandas que provee la ley.

Al evaluar la organización

los

tres

supra,

factores

debemos

servicios

bajo

de

Flores

de los PPIU a la luz de

Román

v.

colegir

que

los

los

son

empleados

PPIU

Ramos

doctores

del

González,

que

prestan

Recinto

de

Ciencias Médicas obijados por la inmunidad del artículo

41.50 del Código de Seguros.

V

Por último, al igual que el Tribunal de Apelaciones,

entendemos

que

existe

una

controversia

sustancial

en

cuanto si el doctor Vigo Prieto tiene alguna relación con

el tratamiento de la menor Vilmary Rodríguez Ortiz en el

Hospital San Jorge. Sin embargo, contrario a ese foro

concluimos

que

la

sentencia

del

Tribunal

de

Primera

Instancia no se extendió a esa controversia sino que sus

efectos se limitaron a las acciones realizadas por el

Bajo ese reglamento el Recinto les proveía a los médicos

de un seguro médico.

CC-2004-383

25

doctor en el Hospital Pedriático Universitario. A eso se

contrae la minuta

del 22 de mayo de 2001, a la cual nos

refiere, a su vez, la sentencia de instancia. Ese asunto

no

estaba,

apelativo,

revocar

pues,

por

la

lo

ante

que

sentencia

la

consideración

encontramos

en

cuanto

que

a

su

este

del

foro

decisión

de

aspecto

fue

innecesaria.

VI

Por todo lo anterior, resolvemos que el Tribunal de

Primera

Instancia

actuaciones

del

tuvo

doctor

razón

al

resolver

Vigo

Prieto

en

el

que

las

Hospital

Pediátrico Universitario están cobijadas por la inmunidad

del artículo 41.50. Se confirma, por tanto, la decisión

del Tribunal de Apelaciones en cuanto a este aspecto. Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que se dilucide si el doctor Vigo Prieto tiene alguna

relación con el tratamiento de la menor Vilmary Rodríguez

Ortiz

en

el

Hospital

San

Jorge

y

se

determine

la

responsabilidad, si alguna, que por ello le corresponda.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Roberto Rodríguez Ruiz y Erica

Ortiz Cancel, por sí y en

representación de su hija menor

V.R.O. y la sociedad legal de

gananciales

compuesta

entre

ambos

Demandantes-peticionarios

CC-2004-383

Certiorari

v.

Hospital San Jorge, Dr. Vigo y

la

sociedad

legal

de

gananciales compuesta por éste

y su esposa Jane Doe, et als

Demandados-recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de enero de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de

la presente Sentencia, se confirma la decisión del

Tribunal

de

Apelaciones

en

cuanto

a

que

las

actuaciones del doctor Vigo Prieto en el Hospital

Pediátrico Universitario están cobijadas por la

inmunidad del artículo 41.50 y se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que se dilucide si

el doctor Vigo Prieto tiene alguna relación con el

tratamiento de la menor Vilmary Rodríguez Ortiz en el

Hospital San Jorge y se determine la responsabilidad,

si alguna, que por ello le corresponda.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri concurre sin opinión escrita. El Juez

Asociado señor Rivera Pérez no interviene y la Jueza

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo