LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Elvin Rivera Beltrán v. Junta de Libertad Bajo Palabra

2007 TSPR 8

Poder Judicial de Puerto Rico

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Elvin Rivera Beltrán v. Junta de Libertad Bajo Palabra

AC-2005-0024

Sentencia con Opinión Concurrente Jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Elvin Rivera Beltrán

Apelante

Certiorari

v.

2007 TSPR 8

Junta de Libertad Bajo Palabra

170 DPR ____

Apelado

Número del Caso: AC-2005-24

Fecha: 18 de enero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aguadilla

Juez Ponente:

Hon. Roberto L. Córdova Arone

Abogados de la Parte Apelante:

Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera

Lcdo. José R. Roque Velázquez

Lcdo. Joel Román Román

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts

Procurador General

Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley Número 33 de 1993

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Elvin Rivera Beltrán

Apelante

v.

AC-2005-024

Junta de Libertad Bajo Palabra

Apelado

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2007.

El Sr. Elvin Rivera Beltrán (en adelante,

Rivera

Beltrán)

recurre

de

una

decisión

del

Tribunal de Apelaciones, que a su vez confirmó

una determinación de la Junta de Libertad Bajo

Palabra

(en

adelante,

Junta),

en

la

resolvió

que

el

peticionario

no

es

que

se

elegible

para disfrutar del beneficio de libertad bajo

palabra al amparo de la Ley Núm. 33 de 27 de

julio de 1993 (en adelante, Ley Núm. 33).

El

recurso nos permite resolver si una persona,

que hace una alegación de culpabilidad que no

incluye

el

uso

de

un

arma

de

fuego

en

la

AC-2005-024

2

comisión

de

los

disfrutar

del

delitos

beneficio

imputados,

de

es

libertad

elegible

bajo

palabra

para

aun

cuando fue acusado por ese hecho.

I

Rivera Beltrán fue acusado por los delitos de recibo

de

bienes

apropiados

ilegalmente,

robo

domiciliario,

tentativa de asesinato y por infracción a los Arts. 4, 6

y 8 de la Ley de Armas.

En la acusación se alegó que

utilizó un arma de fuego en la comisión de los delitos

imputados.

Durante el juicio, Rivera Beltrán y el Ministerio

Público llegaron a un acuerdo, en virtud del cual se

enmendó la acusación para eliminar toda referencia al uso

de

un

arma

de

fuego

en

la

comisión

de

los

delitos.

Conforme al acuerdo, el acusado se declaró culpable de

los delitos según imputados en la acusación enmendada.

Aceptado el acuerdo y la alegación de culpabilidad, el

tribunal lo sentenció.

Posteriormente, Rivera Beltrán solicitó a la Junta

que le concediera el beneficio de libertad bajo palabra.

Sin embargo, la Junta se declaró sin jurisdicción por

entender

que

la

Ley

Núm.

33

excluye

del

beneficio

solicitado a la persona que haya utilizado un arma de

fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa.

Inconforme, Rivera Beltrán acudió ante el Tribunal

de Apelaciones, aduciendo que la Junta erró al declararse

sin jurisdicción toda vez que él nunca fue sentenciado

AC-2005-024

por

haber

3

utilizado

un

arma

de

fuego.

confirmó la decisión de la Junta.

Dicho

foro

Insatisfecho con el

dictamen, Rivera Beltrán apela ante nos y alega que erró

el foro intermedio al confirmar la determinación de la

Junta sin considerar que la sentencia condenatoria no

incluyó la determinación sobre el uso de un arma de fuego

en la comisión de los delitos.

Acogimos el recurso como una petición de certiorari

y

acordamos

expedir.

Las

partes

han

exponer sus respectivas posiciones.

comparecido

a

Conforme a ello,

resolvemos.

II

La

controversia

establecer

si

la

del

caso

elegibilidad

de

autos

para

el

se

limita

a

beneficio

de

libertad bajo palabra debe determinarse a la luz de la

sentencia o el fallo condenatorio o si, por el contrario,

la Junta está facultada para hacer su determinación a la

luz de la totalidad del expediente del proceso judicial.

En

Puerto

Rico,

la

libertad

bajo

palabra

está

regulada por la Ley Núm. 118 de 22 de Julio de 1974, 4

L.P.R.A. Sec. 1501 et seq. (en adelante, Ley Núm. 118) y

constituye

interés

de

establezcan

confinado.

un

privilegio

la

que

sociedad

que

y

propiciará

se

otorga

cuando

las

la

en

el

mejor

circunstancias

rehabilitación

del

Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito,

91 D.P.R. 567 (1964).

AC-2005-024

La

4

Ley

Núm.

y

le

Palabra

118

creó

concedió

la

Junta

discreción

de

Libertad

para

Bajo

decretar

la

libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en

las instituciones penales de Puerto Rico, sujeto a que

cumpla el término mínimo dispuesto por ley y que no se

trate de los delitos excluidos de dicho beneficio.

4

L.P.R.A. Sec. 1503; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134

D.P.R.

161

(1993);

Ortiz

v.

Alcaide

Penitenciaría

Estatal, 131 D.P.R. 849 (1992).

En

vista

de

que

se

trata

de

un

privilegio,

la

Asamblea Legislativa puede limitar su concesión y excluir

del beneficio a las personas que hayan cometido ciertos

delitos.

Así lo hizo cuando aprobó la Ley Núm. 33.

considerar

que

es

peligroso

que

las

personas

Por

que

delinquen utilizando armas de fuegos estén en la libre

comunidad antes de que cumplan el término de reclusión,

el Legislador estableció que “[en] los casos en que se

determine que la persona utilizó1 un arma de fuego en la

comisión

de

un

delito

concederá

el

beneficio

grave

o

de

libertad

la

su

tentativa,

bajo

no

se

palabra”.

Leyes de Puerto Rico, 1993, Parte 1, pág. 174 (Énfasis

suplido).

Por tanto, para que una persona quede excluida del

beneficio de libertad bajo palabra, tiene que haber una

La Ley Núm. 33 originalmente excluía del beneficio

de libertad bajo palabra a la persona que utilizó o

intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un

delito grave o su tentativa.

Posteriormente, dicha ley

fue enmendada por la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997,

que suprimió la parte “o intentó utilizar”.

1

AC-2005-024

5

determinación de que la persona utilizó un arma de fuego

en la comisión de un delito grave o su tentativa.

En

nuestro ordenamiento dicha determinación surge del fallo

o

de

la

sentencia

recaída,

que

recoge

los

hechos

efectivamente probados ante el juzgador2.

Por ende, la

Junta

la

tiene

que

considerar

el

fallo

o

sentencia

emitida por el tribunal sentenciador para determinar si

una persona recluida es elegible para el beneficio de

libertad bajo palabra.

Como consecuencia, la Junta no puede utilizar la

denuncia o la acusación para este propósito, pues dichos

documentos

contienen

hechos

que

no

se

probaron

en

el

proceso judicial, luego de brindarle al acusado todas las

garantías del debido proceso de ley.

Los mismos sólo son

documentos con los cuales se comienza el trámite procesal

penal

que

imputa

la

comisión

de

un

posible

Rabell v. Tribunal, 102 D.P.R. 39 (1974).

delito.

De utilizarse

la denuncia o la acusación, se estaría privando a una

persona de la oportunidad de solicitar la concesión de la

libertad

bajo

palabra

basado

en

hechos

que

no

fueron

probados por el juzgador.

2

El fallo es el pronunciamiento de absolución o

culpabilidad que hace el juez en virtud de la alegación

de culpabilidad del acusado, o el veredicto del jurado o

de su propia determinación en casos por tribunal de

derecho.

Por

otro

lado,

la

sentencia

es

el

pronunciamiento judicial de la pena que se le impone al

acusado tras el fallo de culpabilidad.

E. L. Chiesa,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Vol. I, (1993), págs. 519, 522.

AC-2005-024

6

A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 33, en

Pueblo

v.

Álvarez

Rodríguez,

154

D.P.R.

566

(2001),

concluimos que una persona que ha sido convicta de un

delito grave o su tentativa y que utilizó un arma de

fuego

no

es

suspendida.

acreedora

al

En

caso

dicho

beneficio

el

de

una

Tribunal

sentencia

expresamente

declaró al acusado culpable de un delito grave mediante

el uso de un arma de fuego.

se

ha

pronunciado

hasta

Ahora bien, este Tribunal no

ahora

si

dicha

normativa

se

extiende cuando medie una alegación pre-acodada que no

incluye el uso de un arma de fuego.

Esa es precisamente

la controversia de autos.

Al adjudicar la misma, partimos de la premisa que

mediante las alegaciones pre-acordadas, un acusado puede

declararse culpable del delito por el cual se le acusa, o

bien por uno de grado inferior o relacionado.

Una vez un

acusado

acepta

se

declara

culpable

y

el

tribunal

la

alegación de culpabilidad, la misma se hace formar parte

de la sentencia.

Como la sentencia recoge los hechos

probados, su contenido es determinante para establecer la

elegibilidad del beneficio de libertad bajo palabra.

Por

ende, si el tribunal acepta una alegación de culpabilidad

que no incluye el uso de un arma de fuego, la Junta está

impedida

de

utilizar

ese

hecho

para

determinar

si

el

acusado es elegible para el beneficio de libertad bajo

palabra, precisamente porque el mismo no se hizo formar

parte de la sentencia.

AC-2005-024

7

Visto el derecho aplicable, analicemos los hechos

ante nos.

III

Rivera Beltrán recurre ante nos y cuestiona que la

Junta erró al declararse sin jurisdicción en su caso.

Sostiene

que

la

sentencia

condenatoria

no

incluyó

la

determinación sobre el uso de un arma de fuego en la

comisión de los delitos y que, por tanto, la Junta no

podía

declarase

sin

jurisdicción.

Específicamente,

afirma que se declaró culpable de los delitos imputados

después de que, en virtud de un preacuerdo con el fiscal,

se

eliminara

de

la

acusación

la

alegación

de

la

utilización de un arma de fuego en la comisión de dichos

delitos.

Aduce que nunca se declaró culpable del uso de

un arma de fuego y que este hecho no quedó incorporado a

la

sentencia

condenatoria,

por

lo

que

no

podía

ser

considerado por la Junta para determinar su jurisdicción.

Por su parte, el Procurador General afirma que la

declaración de culpabilidad por los delitos de poseer y

portar un arma sin licencia es concluyente en cuanto a la

presencia de un arma de fuego en la escena de los hechos.

Aduce que es razonable concluir, como lo hizo la Junta,

que el acusado usó dicha arma.

No tiene razón.

Para determinar si se utilizó un arma de fuego en la

comisión

de

los

obligada

a

usar

delitos

imputados,

criterios

ordenamiento jurídico.

la

cónsonos

Junta

con

venía

nuestro

En particular, la Junta no podía

AC-2005-024

8

declararse sin jurisdicción para entender en la solicitud

de Rivera Beltrán a base de consideraciones fácticas que

el

juzgador

no

encontró

no

fueron

su

alegación

acordada.

Es por eso que la Junta tenía que considerar

condenatoria

en

que

por

sentencia

peticionario

y

admitidas

la

el

probadas,

para

pre-

determinar

su

jurisdicción.

Distinto al caso de Pueblo v. Álvarez Rodríguez,

supra, en el cual se determinó que el acusado cometió el

delito

mediante

el

uso

de

un

arma

de

fuego,

Rivera

Beltrán nunca se declaró culpable de la utilización del

arma de fuego y ese hecho tampoco se le probó más allá de

duda razonable.

En vista de ello, y no habiendo otra

razón para excluirlo de la elegibilidad para disfrutar

del beneficio, concluimos que la Junta tenía jurisdicción

para evaluar la solicitud de Rivera Beltrán.

Nuestra

decisión no implica que el peticionario tenga derecho a

que se le conceda la libertad bajo palabra.

Corresponde

a la Junta evaluar, en el ejercicio de su discreción y

conforme a los criterios establecidos por ley, si procede

concederle dicho privilegio.

IV

Por

revoca

la

los

fundamentos

sentencia

del

expuestos

Tribunal

de

anteriormente,

se

Apelaciones.

Se

devuelve el caso a la Junta de Libertad Bajo Palabra para

que oportunamente examine la solicitud de Rivera Beltrán

AC-2005-024

9

y determine si procede concederle los beneficios de la

libertad bajo palabra.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Concurrente a la

cual se unió el Juez Asociado señor Rebollo López. El

Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Elvin Rivera Beltrán

Peticionario

v.

AC-2005-024

Junta de Libertad Bajo Palabra

Recurrida

Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la cual se le une el Juez Asociado señor Rebollo López

San Juan de Puerto Rico, a 18 de enero de 2007

La controversia a resolver en este caso es si en

virtud de la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, que

excluyó

toda

del

persona

privilegio

que

de

utilice

libertad

bajo

un

de

arma

palabra

fuego

en

a

la

comisión de un delito grave o su tentativa, la Junta

de Libertad bajo Palabra puede asumir jurisdicción en

un caso en que el acusado –-conforme un preacuerdo--,

se declaró culpable de los delitos imputados luego de

eliminarse de la acusación la alegación de uso de

arma de fuego en la comisión del delito base, y bajo

esos términos se hizo la alegación de culpabilidad.

Sólo

dictamen

puedo

del

concurrir

Tribunal ya

con

el

resultado

que entiendo

del

que resulta

2

AC-2005-24

medular

a

la

discusión

controversia

sobre

la

ante

nuestra

naturaleza

de

consideración

las

la

alegaciones

preacordadas y el contenido de las advertencias que se le

deben hacer al acusado previo a que éste haga alegación de

culpabilidad.

La ausencia de una discusión profunda sobre

estos

me

asuntos,

impide

prestarle

mi

conformidad

a

la

sentencia dictada ya que sostengo que según suscrita la

misma queda trunca.

Después de todo, este caso se da en el

contexto de una alegación preacordada.

I

Iniciamos exponiendo el trasfondo fáctico y procesal

que

dio

lugar

a

la

controversia

traída

ante

nuestra

atención, sobre el cual no hay controversia.

Por hechos ocurridos el 31 de marzo de 1998, Elvin

Rivera Beltrán (el “peticionario” o “Rivera Beltrán”) fue

acusado

por

los

delitos

de

tentativa

de

asesinato

(3

cargos), por infracción de los Arts. 4, 6 y 8 de la Ley de

Armas

(5

cargos),

por

recibo

de

bienes

apropiados

ilegalmente (3 cargos), y por robo domiciliario (1 cargo).

Se

alegó

en

utilización

la

de

un

denuncia

arma

de

y

luego

fuego

en

en

la

la

acusación,

comisión

de

la

los

delitos.

El 16 de mayo de 2000, durante la celebración del

juicio criminal ante jurado, las partes manifestaron haber

llegado a unos acuerdos y el Ministerio Público solicitó,

como parte de estos acuerdos, las siguientes enmiendas a

las acusaciones:

3

AC-2005-24

Elvin Rivera Beltrán: Se elimine la alegación de

reincidencia; eliminar toda referencia al uso de arma

de fuego en los casos de Tentativa de Asesinato, Infr.

Artículos 8 y 6 de Armas. En el caso de Robo

Domiciliario en el mismo se eliminaría el agravante

donde indica que ‘los hechos fueron cometidos en la

residencia de los perjudicados y utilizaron armas de

fuego y una cuchilla para cometer el delito’.

(Énfasis nuestro.)

Véase Minuta del 16 de mayo de 2000.

Apéndice del recurso

de certiorari, pág. 52.

A esos efectos, se enmendó la acusación para reflejar

los acuerdos entre el acusado y el Ministerio Público.

El

acusado se declaró entonces culpable por confesión en corte

abierta de todos los delitos y el preacuerdo fue avalado

por el tribunal.

El cargo por violación al Art. 4 de la

Ley de Armas fue imputado en su modalidad de delito menos

grave.

Así

se

hizo

constar

en

la

sentencia

dictada.

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 54.

El 22 de mayo de 2000, el peticionario fue sentenciado

a una pena concurrente de 15 años de cárcel por todos los

delitos.

Apéndice del recurso de certiorari, pág. 58.

Eventualmente, el peticionario solicitó a la Junta de

Libertad bajo Palabra (la “Junta”) que lo evaluara para

disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra.

El 12 de

julio de 2004, la Junta emitió una resolución mediante la

cual se declaró sin jurisdicción por disposición expresa de

la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, según enmendada,

(“Ley

Núm.

privilegio

33”)

de

la

cual,

libertad

bajo

como

se

palabra

señaló,

excluye

del

a

persona

que

toda

4

AC-2005-24

utilice un arma de fuego en la comisión de un delito grave

o su tentativa.

Inconforme

presentó

un

con

esta

recurso

de

determinación,

el

peticionario

revisión

el

Tribunal

ante

de

Apelaciones.

En el recurso presentado apuntó que la Junta

había

al

declararse

le

fue

errado

sentencia

que

sin

impuesta

jurisdicción

eliminó,

referencia al uso de arma de fuego.

porque

la

expresamente,

la

En su escrito, expresó

que fue su objetivo al declararse culpable que se eliminara

tal

alegación

de

suerte

que

pudiera

cualificar,

en

su

momento, para los beneficios de libertad bajo palabra.

El

Ministerio Público no ha refutado tal aseveración.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de

la Junta.

El foro apelativo intermedio resolvió, sin mayor

discusión, que el texto de la ley era claro al privar de

jurisdicción

a la Junta de Libertad bajo Palabra en casos

donde se utilizó un arma de fuego en la comisión de un

delito grave o su tentativa.

Indicó que el hecho de que

como resultado de la alegación preacordada se eliminara la

alegación

relacionada

con

el

uso

de

un

arma,

era

inconsecuente porque la transacción entre el acusado y el

Ministerio Público no podía conferirle jurisdicción a la

Junta allí donde la ley se la negaba.

Insatisfecho nuevamente, el peticionario presentó un

escrito

de

apelación

ante

este

Tribunal.

En

el

mismo

señaló como error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la resolución emitida por la Junta de Libertad

5

AC-2005-24

bajo Palabra, en la agencia se declaró sin

jurisdicción para considerar el referido del Sr.

Elvin Rivera Beltrán en menosprecio de lo

resuelto por el tribunal sentenciador que el Sr.

Rivera Beltrán no utilizó un arma de fuego en la

comisión del delito violentando así el derecho

constitucional del apelante a un debido proceso

de ley, a la presunción de inocencia, al derecho

a un juicio justo e imparcial, violentando a su

vez la separación de poderes.

El pasado 22 de julio de 2005 acogimos la apelación

presentada como una petición de certiorari y expedimos el

auto.

El peticionario presentó el alegato correspondiente

y posteriormente, el Procurador General hizo lo propio en

representación

de

la

Junta

de

Estando en posición de resolver,

Libertad

bajo

Palabra.

pasamos a así hacerlo.

II

Como indicamos inicialmente, la cuestión a resolver es

si la Ley Núm. 33 le impide a la Junta de Libertad bajo

Palabra asumir jurisdicción para atender la solicitud del

peticionario

virtud

de

de

que

excarcelación

en

la

sentencia

bajo

palabra.

dictada

en

este

Ello,

en

caso

se

eliminó la alegación de utilización de un arma de fuego en

la comisión del delito base, como resultado del preacuerdo

a que llegó el Ministerio Público con la defensa y que fue

avalado por el tribunal sentenciador.

Alegación que fue

eliminada de la acusación enmendada.

El peticionario sostiene que nada impide que la Junta

asuma jurisdicción y atienda su solicitud de libertad bajo

palabra.

Argumentó en su recurso que la Junta de Libertad

bajo Palabra no puede hacer una determinación de hechos

-–que se utilizó un arma durante la comisión del delito—-

6

AC-2005-24

contraria a lo que adjudicó ya el foro sentenciador al

recaer el fallo condenatorio en este caso, para con esa

determinación rehusarse a atender su petición.

Indicó que

al eliminarse de la acusación la alegación de uso de arma

de

fuego,

ese

hecho

no

fue

probado

más

allá

de

duda

razonable ante el juzgador de los hechos, ni fue admitido

por

el

acusado,

por

lo

que

no

puede

servir

de

base

o

fundamento para negarse a atender su petición de libertad

bajo

palabra.

El

peticionario

basó

su

reclamo,

principalmente, en lo dispuesto por el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, 531 U.S. 466

(2000) y su progenie.

El

Procurador

General

por

su

parte,

adelantó

los

siguientes fundamentos para sostener la determinación de la

Junta, a saber: Primero, que la alegación preacordada no

puede impedirle a la Junta que cumpla con la Ley Núm. 33 y

actúe acorde a ésta.

Segundo, que con la alegación de

culpabilidad por los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas,

--poseer y portar un arma cargada sin licencia-- se probó

“la presencia de un arma de fuego en la escena de los

hechos”, lo que era suficiente para cumplir con la Ley Núm.

33.

Alegato del Procurador General, págs. 13-15.

En cuyo

caso, era razonable que la Junta concluyera, al evaluar el

expediente, que el peticionario “usó la misma durante los

hechos.”

Finalmente,

adujo

que

existiendo

evidencia

sustancial en el récord de la agencia sobre ese particular

procede

confirmar

la

determinación

de

la

Junta.

En

7

AC-2005-24

específico, el Procurador General apuntó que la Junta tomó

conocimiento judicial del expediente criminal oficial del

peticionario

donde

constan

las

acusaciones

presentadas

originalmente en este caso.

Pasemos entonces a evaluar los planteamientos de las

partes.

Iniciamos

naturaleza

de

la

nuestra

alegación

discusión

preacordada

repasando

pues

es

en

contexto que se plantea la controversia de autos.

la

este

Luego

entonces discutiremos el alcance la Ley Núm. 33.

III

Las Alegaciones Preacordadas

La decisión de cuándo encausar a un sospechoso y qué

delito imputar es una decisión de la entera incumbencia del

Poder Ejecutivo.

(2000).

Pueblo v. Castellón, 151 D.P.R. 15, 24

Así también es prerrogativa del Poder Ejecutivo,

una vez presentada la correspondiente acusación, solicitar

la

reducción

o

archivo

de

cargos

criminales,

bien

como

parte de un proceso de negociación preacordada, o no.

Las

alegaciones

un

componente

indispensable del sistema de justicia penal.

Constituyen

un

generis

acuerdo

de

preacordadas

voluntades

de

son

naturaleza

sui

que

depende, para su consumación, de la aprobación final del

tribunal.

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179,

194 (1998).

No hay duda que éstas representan el mecanismo

principal de disposición de los casos penales. Pueblo v.

Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992)(“Sin las alegaciones

preacordadas sería difícil enjuiciar a todas las personas

8

AC-2005-24

acusadas

de

requeridos

cometer

por

Constitución.”)

569 (1984).

delitos

el

dentro

ordenamiento

de

los

procesal

y

términos

por

la

Véase, Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R.

Véase también, Santobello v. New York, 404

U.S. 257, 260 (1971)(“the disposition of criminal charges

by

agreement

between

the

prosecutor

and

the

accused,

sometimes loosely called ‘plea bargaining’ is an essential

component

of

the

administration

of

Justice.”);

Brady

v.

United States, 397 U.S. 742 (1970).3

Son innumerables las razones que explican la razón de

ser de la alegación preacordada y la utilidad que la misma

supone

tanto

acusado.

valga

para

el

ministerio

público

Véase nota al calce 2, infra.

recalcar

que

no

es

inusual

como

para

el

A modo de ejemplo

que

un

acusado,

confrontado con una acusación por un delito, o bajo unas

condiciones, que le inhabilite para recibir los beneficios

de

una

sentencia

suspendida

o

libertad

bajo

palabra,

procure negociar con fiscalía declararse culpable de otro

delito

-–o

bajo

otras

tales consecuencias.

circunstancias--

que

no

conlleve

E.g., W. LaFave, J. Israel, N. King.,

Criminal Procedure, West Group, Minneapolis, 1999, Vol. 5,

3

Sobre los beneficios o los perjuicios de las alegaciones

preacordadas véase, Bibas, Plea Bargaining Outside the

Shadow of Trial, 117 Harv. L. Rev. 2463 (2004); Stuntz,

Plea Bargaining and Criminal Law’s Disappearing Shadow, 117

Harv. L. Rev. 2548 (2004); Palmer, Abolishing Plea

Bargaining: An End to the Same Old Song and Dance, 26 Am.

J. Crim. L. 505 (1999); Guidorizzi, Should We Really “Ban

Plea Bargaining?:

The Core Concerns of Plea Bargining

Critics, 47 Emory L. J. 753, 754 (1998); Scott, Stuntz, A

Reply:

Imperfect Bargains, Imperfect Trials, and Innocent

Defendants, 101 Yale L. J. 2011, 2015 (1992).

9

AC-2005-24

sec. 21.1, pág. 5 (“by his plea, the defendant may avoid a

high

statutory

probation.”)

minimum

or

sentence,

a

statutory

bar

to

(Énfasis nuestro.)

La Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II,

regula

el

procedimiento

de

las

alegaciones preacordadas y el efecto de las mismas una vez

sometidas para la aprobación del tribunal.

Mediante la

utilización de este mecanismo el acusado, renunciando a su

derecho a no auto incriminarse y a someterse a un juicio

por jurado, acuerda declararse culpable en corte abierta

del delito negociado.

Toda vez que una declaración de

culpabilidad

la

conlleva

renuncia

de

estos

derechos

constitucionales, la misma tiene que ser voluntaria, con

conocimiento y con conciencia de todas las implicaciones o

consecuencias directas que ésta conlleve.

Véase, Brady v.

United States, ante, pág. 748; Henderson v. Morgan, 426

U.S. 637 (1976).

Véase además,

W. LaFave, J. Israel, N.

King., op. cit., sec. 21.1.

De ahí que la Regla 72, inciso 7, provea que, aceptada

la alegación preacordada por el tribunal, el juez “deberá

cerciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento,

conformidad y voluntariedad del imputado. . . .”

procedimiento

culpabilidad

para

es

determinar

voluntaria

e

si

una

Aunque el

declaración

inteligente

“no

de

requiere

determinado ritual”, el juez viene obligado a inquirir del

acusado si comprende la naturaleza de su declaración de

culpabilidad,

y

tiene

pleno

conocimiento

de

sus

10

AC-2005-24

implicaciones,

para

lo

cual

debe

advertirle

de

las

consecuencias directas de la misma.

Díaz Díaz v. Alcalde,

101

Una

declaración

de

conocimiento,

conformidad

y

D.P.R.

846,

857

(1973).

culpabilidad

sin

pleno

voluntariedad de parte del imputado puede ser impugnada por

ofender el debido procedimiento de ley.

Mabry v. Johnson,

467

it

U.S.

504,

509

(1984)(“only

when

develops

that

defendant was not fairly apprised of its consequences can

his

plea

Véase,

be

challenged

Santobello

(1971).

v.

under

New

the

York,

Due

404

Process

U.S.

Clause.”)

257,

261-261

Véase además, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, Colombia, 1993,

vol. III, sec. 20.3, págs. 591-592.

El pleno conocimiento requiere, necesariamente, que se

le informe al acusado de la sentencia a que se expone por

ser

ésto

una

consecuencia

directa

de

su

declaración

de

culpabilidad.

En Díaz Díaz, ante, pág. 857, indicamos que

el

informarle

juez

delito

debe

por

el

cual

al

está

acusado

“de

procesado

saber el mínimo y el máximo.”

la

pena

que

el

haciéndole

conlleva,

(Énfasis nuestro.)

En la

medida que el acusado no tenga la plena conciencia del

castigo

a

que

se

expone,

no

es

posible

hablar

de

una

declaración de culpabilidad “con conocimiento” como exige

la

Regla

72,

y

la

misma

sería

preguntarse

entonces,

si

también

que

constitucionalmente

deficiente.

Cabe

advertido

de

el

delito

el

acusado

del

que

debe

se

ser

declara

11

AC-2005-24

culpable

lo

inhabilita

para

libertad bajo palabra.

afirmativa.

delito

que

beneficio

recibir

los

beneficios

de

La respuesta tiene que ser en la

No hay duda que declararse culpable de un

le

impida

afecta

el

al

acusado

tiempo

que

cualificar

para

la

permanece

persona

este

encarcelada y, en su consecuencia, lo expone a un castigo

mayor y más oneroso.

Habida cuenta de lo anterior, este es un factor que el

acusado debe sopesar a la hora de tomar su decisión de

declararse

culpable

y

bajo

efecto

tendrá

su

declaración

que

permanecerá encarcelado.

F.2d 177, 179

qué

términos,

sobre

en

el

vista

del

tiempo

que

Véase, Bye v. United States, 435

(2nd Cir. 1970)(“We agree with the position

. . . that ineligibility for parole is indeed a consequence

of

the

plea

about

which

a

defendant

.

.

.

must

be

informed.”); Berry v. United States, 412 F.2d 189, 192 (3rd

Cir.

1969)(“Except

for

capital

punishment,

no

other

consequence can be as significant to an accused as the

period of possible confinement.

When one enters a plea of

guilty he should be told what is the worst to expect.”);

Harris

v.

United

states,

426

F.2d

99

(6th

Cir.

1970);

Jenkins v. United States, 420 F.2d 433 (10th Cir. 1970);

Durant v. United States, 410 F.2d 689 (1st Cir 1969); State

v. Kovack, 453 A.2d 521, 525 (N.J. 1982)(“a defendant must

be informed of any period of parole ineligibility that is

likely to become part of his sentence . . . the court must

make certain that defendant has been made aware of any loss

12

AC-2005-24

of parole opportunities that may be a component of the

sentence.”);

2000).

State

v.

Byrge,

614

N.W.2d

477,

495

(Wis.

Véase además, W. LaFave, J. Israel, N. King, op.

cit., sec. 21.4(d), pág. 170 (“the better view is that the

defendant should be advised if the offense to which he is

pleading may not lead to parole”), y casos en nota al calce

97.

El hecho que el beneficio de libertad a prueba sea una

gracia legislativa y no un derecho del convicto en nada

varía el resultado.

de

las

La exigencia de “pleno conocimiento”

consecuencias

directas

de

la

declaración

de

culpabilidad de la Regla 72 de las Reglas de Procedimiento

Criminal, es corolario del debido proceso de ley pues tal

declaración

supone

una

renuncia

de

derechos

constitucionales.

IV

El Régimen de Libertad bajo Palabra y la Ley Núm. 33

A

El sistema de libertad bajo palabra está reglamentado

por

la

Ley

enmendada,

Núm.

4

118

L.P.R.A.

de

22

secs.

de

1501

julio

et

de

seq.

1974,

según

Mediante

este

sistema se permite que una persona que haya sido convicta y

sentenciada

a

un

término

de

reclusión

cumpla

la

última

parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto

a

las

condiciones

que

se

impongan

para

conceder

la

libertad. Este beneficio tiene el propósito principal de

ayudar a los confinados a reintegrarse a la sociedad.

4

13

AC-2005-24

L.P.R.A. sec. 1503; Maldonado Elías v. González Rivera, 118

D.P.R. 270, 275 (1987).4

Este privilegio es un componente

del proceso de rehabilitación del confinado.

Se considera

que

técnicamente,

mientras

disfrutan

del

extinguiendo su condena.

mismo

están,

Véase, Logan, The Importance of

Purpose in Probation Decision Making, 7 Buff. Crim. L. Rev.

171 (2003).

La

Junta

de

Libertad

bajo

Palabra

es

el

ente

gubernamental facultado por ley para administrar el sistema

de

libertad

bajo

palabra.

La

Junta

podrá

decretar

la

libertad condicionada del convicto siempre y cuando éste

cumpla con los requisitos establecidos por la ley o por los

reglamentos.

El Art. 3(a),

sec.

1502(a),

sopesa

la

excarcelación.

establece

Junta

de la Ley Núm. 118, 4 L.P.R.A.

las

cuando

condiciones

generales

que

evalúa

petición

de

una

Entre otras cosas, el artículo dispone:

La libertad bajo palabra será decretada para

el mejor interés de la sociedad y cuando las

circunstancias presentes permitan a la Junta

creer, con razonable certeza, que tal medida

habrá

de

ayudar

a

la

rehabilitación

del

delincuente. Para determinar si concede o no la

libertad bajo palabra la Junta tendrá ante sí

toda la información posible sobre el historial

social, médico, ocupacional y delictivo de cada

confinado, incluyendo la actitud de la comunidad

respecto a la libertad condicional del sujeto, y

una

evaluación

que

deberá

someter

a

la

Administración de Corrección.

4

Para un recuento histórico sobre el sistema de libertad a

prueba en los Estados Unidos, véase, R. Clegg, Probation

and Parole, Charles c. Thomas, Illinois, 1964; N. Cohen, J.

Gobert, The Law of Probation and Parole, Shepard´s Mc Graw

Hill, Colorado, 1983, secs. 1.05-1.08.

14

AC-2005-24

La

Junta

decretar

la

tiene,

libertad

como

bajo

indicamos,

palabra

de

discreción

cualquier

para

persona

recluida en las instituciones penales, siempre que no se

trate de delitos excluidos de dicho beneficio y que la

persona hubiere cumplido el término mínimo dispuesto por

ley.

Toro

D.P.R.

Ruiz

161,

166

v.

Junta

(1993);

de

Libertad

Ortiz

v.

bajo

Alcalde

Estatal, 131 D.P.R. 849, 858 (1992).

Palabra,

134

Penitenciaría

Véase, N. Cohen, J.

Gobert, The Law of Probation and Parole, Shepard´s Mc Graw

Hill, Colorado, 1983, sec. 3.01.

B

La Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, enmendó, entre

otros, el Art. 3(a) de la Ley Núm. 118, para establecer que

“[e]n los casos en que se determine que la persona utilizó

o intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un

delito grave o su tentativa, no se concederá el beneficio

de la libertad bajo palabra.”

(Énfasis nuestro.)

Puerto Rico, 1993 Parte 1, pág. 174.5

Leyes de

De igual forma, el

Art. 2 de la Ley Núm. 33 excluyó del beneficio de sentencia

suspendida a las personas que hubieran utilizado “un arma

de fuego en la comisión de un delito grave o tentativa”,

enmendado a esos efectos la Ley de Sentencias Suspendidas y

Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946,

según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1027.

5

Este párrafo no fue incluido, suponemos por inadvertencia,

en las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

Véase, 4 L.P.R.A.

sec. 1503(a).

15

AC-2005-24

Sólo en dos ocasiones anteriores hemos interpretado la

Ley

Núm.

imposición

33,

en

ambas

de

una

ocasiones

sentencia

en

el

suspendida.

contexto

En

de

la

Pueblo

v.

Negrón Caldero, res. 28 de junio de 2002, 166 D.P.R. ___,

2002 TSPR 95, indicamos que el propósito de esta ley fue

“proteger a la sociedad puertorriqueña de los criminales de

oficio,”

por

lo

que

la

misma

“excluyó

del

régimen

de

sentencia suspendida a los convictos de delito grave que

hayan

utilizado

armas

de

fuego

ilegalmente

poseídas

portadas en la comisión del delito o su tentativa.”

o

En

igual sentido, Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566,

570-571 (2001).

Huelga apuntar que el mismo fundamento es

extensible a los casos de libertad bajo palabra.

Veamos

los hechos de estos casos en detalle.

En Pueblo v. Álvarez Rodríguez, el acusado enfrentaba

cargos por el delito de asesinato en primer grado por haber

dado muerte a dos personas al hacerle varios disparos a

cada uno con un revólver.

Además, enfrentaba cargos por

infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto

Rico.

Celebrado el juicio, éste fue declarado culpable de

los cargos que pesaban en su contra.

El foro de instancia

dictó sentencia y le concedió el beneficio de una sentencia

suspendida

por

entender

que

aplicaba

al

caso

la

norma

establecida en Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530

(1999).

La

controversia

planteada

fue

si

Álvarez

podía

ser

acreedor a los beneficios de una sentencia suspendida, a la

16

AC-2005-24

luz de la aprobación de la Ley Núm. 33, la cual no estaba

vigente al momento de resolverse Zayas Rodríguez, por lo

que

este

último

no

era

de

aplicación.

Determinamos

entonces, que el texto de la Ley Núm. 33 era claro y no

podía

ser

ignorado.

A

esos

efectos

indicamos

que

“si

alguien ha sido convicto de un delito grave o su tentativa,

y utilizó o intentó utilizar un arma de fuego durante la

comisión de dicho delito, esta persona no tendrá derecho a

una

sentencia

suspendida.”

154

D.P.R.

571.6

pág.

Expresamos que aun cuando se considerara que la ley era

“inflexible”

y

que

ésta

no

representaba

“la

más

sabia

solución al problema del crimen en Puerto Rico” no podíamos

arrogarnos

“poderes

legislativos”

e

ignorar

el

mandato

claro del legislador.

Poco después de nuestra decisión en Álvarez Rodríguez,

nos enfrentamos nuevamente a la Ley Núm. 33.

En Pueblo v.

Negrón Caldero, ante, en una intricada opinión, discutimos

extensamente el historial legislativo de la Ley Núm. 33,

para

atender

la

siguiente

controversia:

“si

una

persona

convicta por el delito de homicidio voluntario, cometido

con un arma de fuego para la cual tenía licencia de poseer

y

portar,

sigue

siendo

sentencia en libertad.”

acreedor

del

beneficio

de

una

Negrón Caldero, ante, pág. 5.

En el caso, al acusado se le imputó la comisión del

delito de homicidio y violación al Art. 8 de la Ley de

6

No surge de la opinión si la acusación formulada en este

caso incluyó el agravante de utilización del arma de fuego

en la comisión del delito.

17

AC-2005-24

Armas,

25

L.P.R.A.

sec.

418.

Celebrado

el

juicio,

el

acusado fue declarado culpable del delito de homicidio y

absuelto de la infracción a la Ley de Armas ya que tenía

licencia de poseer y portar arma de fuego.

La Opinión

resaltó este último hecho para distinguir el caso de la

situación en Álvarez Rodríguez.

Concluimos, como señalamos

previamente,

que

33

proteger

la

a

la

Ley

sociedad

Núm.

de

los

tenía

como

criminales

propósito

de

oficio.

Interpretando restrictivamente la Ley Núm. 33 y tomando en

consideración

ese

historial

y

propósito

legislativo,

indicamos entonces lo siguiente:

“Entendemos que el legislador no contempló, por

lo cual no pretendió excluir del beneficio de una

sentencia en probatoria a una persona convicta

por el delito de homicidio utilizando un arma de

fuego para la cual tenía licencia de poseer y

portar.” (Énfasis nuestro.)

De Negrón Caldero debemos colegir que la Ley Núm. 33

debe interpretarse limitadamente.

Lo que es cónsono con la

norma reiterada de derecho penal, que la interpretación de

los estatutos penales debe hacerse de manera restrictiva en

cuanto

perjudica

favorece.

al

acusado

y

liberalmente

cuando

le

Pueblo v. Martínez Rivera, 144 D.P.R. 631, 647

(1997); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530. 533

(1988); Mari Brás v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 516 (1972);

Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276 (1914).

En

rigor

sin

embargo

y

no

empece

a

lo

discutido

anteriormente, parece evidente que lo dispuesto en Álvarez

Rodríguez y Negrón Caldero no dispone expresamente de la

18

AC-2005-24

controversia ante nuestra consideración.

Veámosla entonces

con mayor detenimiento.

V

Como

sostenido

indicamos

que

la

inicialmente,

Junta

podía

el

asumir

peticionario

jurisdicción

en

ha

su

petición toda vez que, luego de un preacuerdo, se enmendó

la acusación para eliminar la alegación de utilización de

armas de fuego durante la comisión del delito.

Y fue de

los delitos así enmendados de los que se declaró culpable

en

corte

abierta

y

por

los

que

fue

convicto.

El

peticionario nos indicó también que al momento de evaluar

su petición de libertad bajo palabra, la Junta no podía

considerar un hecho que no formó parte de su alegación de

culpabilidad

y

del

delito

eventualmente sentenciado.7

por

el

cual

fue

convicto

y

El argumento principal gira en

torno a que al eliminarse de la acusación la alegación de

7

Para esta última proposición, el peticionario invocó lo

dispuesto en Apprendi v. New Jersey, 531 U.S. 466 (2000) y

su progenie.

En Apprendi, el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos sostuvo que el debido proceso de ley, así

como el derecho a juicio por jurado, exigen que cualquier

hecho que tenga como resultado un incremento en la

sentencia máxima a que se expone un acusado, tiene que ser

probado más allá de duda razonable por el juzgador de los

hechos. Específicamente, el Tribunal señaló: “Other than

the fact of a prior conviction, any fact that increases the

penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum

. . . must be submitted to a jury, and proved beyond a

reasonable doubt.” 530 U.S., pág. 490. (Énfasis nuestro.)

Subsiguientemente, el Tribunal Supremo ha ido construyendo

sobre Apprendi.

E.g., Harris v. United States, 536 U.S.

545 (2002); Ring V. Arizona, 536 U.S. 584 (2002); Blakely

v. Washington, 542 U.S. 296 (2004) Shepard v. United

States, 544 U.S. 13 (2005); United States v. Booker, 543

U.S.

220

(2005).

En

la

situación

ante

nuestra

consideración es evidente que Apprendi no aplica.

Véase,

Pueblo v. Montero Luciano, res. 30 de octubre de 2006, 169

D.P.R. ___, 2006 TSPR 158.

19

AC-2005-24

uso de arma de fuego, éste nunca se declaró culpable de ese

hecho, por lo que la Junta tenía jurisdicción para atender

su petición de excarcelación.

La acusación es la alegación que sirve de base para el

juicio ya que son los hechos consignados en la misma los

que

permiten

identificar

el

delito

imputado

y

las

disposiciones estatutarias involucradas.

Ésta es suscrita

y

en

jurada

por

el

fiscal

y

presentada

el

Tribunal

Superior.

Reglas 34 y 35 de las Reglas de Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A.

Ap.

II.

Alonso,

156

D.P.R.

428

(2002);

Véase,

Pueblo

Pueblo

v.

v.

Ríos

González

Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617 (1985); Pueblo v. Candelaria

Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971); Pueblo v. Bermúdez, 75

D.P.R. 760, 763-764 (1954).

Es en función de la acusación

que el acusado queda informado de la naturaleza y extensión

de

la

conducta

que

se

le

desarrollar su defensa.

imputa

para

que

así

pueda

Rivera Alonso, ante, pág. 437.

Chiesa, op. cit., secs. 24.1 et seq.

Hemos resuelto que la acusación debe interpretarse con

liberalidad

y

no

es

necesario

incluir

estereotipado o técnico o talismánico.”

Cerijo, 110 D.P.R. 691, 694 (1981).

145.

Lo

elementos

debida

del

de

v.

lo

es

delito

notificación

cargos”,

Pueblo

esencial

que

imputado

de

la

contrario

Santigo

“la

Cedeño,

Pueblo v. Calviño

acusación

en

forma

acusación

106

“lenguaje

Chiesa, op. cit., pág.

naturaleza

la

un

D.P.R.

consigne

que

y

los

constituya

causa

de

los

es

insuficiente.

663,

666

(1978).

20

AC-2005-24

Véase además, Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338,

341-342

(1978).

Como

señala

acertadamente

el

profesor

Chiesa, op. cit., pág. 149, “[p]uede afirmarse, en fin, que

la suficiencia de una acusación, se evalúa en forma liberal

en

cuanto

al

lenguaje

utilizado

en

la

imputación

del

delito, aunque en forma rigurosa en cuanto a la necesidad

de imputar todos los elementos del mismo.”

Aun cuando el hecho de utilización de arma de fuego no

es

propiamente

resolvemos

un

que

elemento

para

del

efectos

delito

de

en

este

caso,

si

tiene

determinar

jurisdicción la Junta de Libertad bajo Palabra sobre una

petición de excarcelación, ese hecho debe considerarse como

tal.

En

vista

de

lo

cual,

para

que

aplique

la

inhabilitación de la Ley Núm. 33, la alegación sobre la

utilización

del

arma

de

fuego

tiene

que

haber

sido

consignada en la acusación que dio base a la declaración de

culpabilidad y que sirvió como fundamento para el fallo

condenatorio

dictado.

Adviértase

que

estamos

ante

una

declaración de culpabilidad producto de un preacuerdo que

no incluyó el hecho de que se utilizó un arma de fuego en

la comisión del delito base.

Por lo tanto, permitir que se

considere ese hecho para efectos de la determinación de la

jurisdicción

de

la

Junta,

supondría

avalar

una

incongruencia insubsanable con lo alegado en la acusación y

lo

que

quedó

probado

mediante

la

declaración

de

culpabilidad; para con ello, hacer más onerosa la sentencia

impuesta al convicto.

21

AC-2005-24

Somos

tiene

del

criterio

jurisdicción

que,

cuando

la

no

sobre

una

o

Junta

evalúe

petición

si

de

excarcelación, los hechos que habrá de sopesar tienen que

haberse notificados previamente al convicto, de la misma

forma que exigimos que ante una alegación preacordada el

tribunal le notifique al acusado que el delito por el cual

se

declara

beneficios

culpable

de

una

lo

inhabilita

libertad

bajo

para

palabra,

recibir

para

que

los

éste

quede adecuadamente informado del castigo a que se expone.

La manera de así hacerlo, es cerciorándonos que sean solo

los

hechos

que

consten

en

la

acusación

los

que

se

consideren para efectos de evaluar su jurisdicción, pues

son de éstos de los cuales el acusado se declaró culpable.

Después de todo, la adecuada notificación es un componente

básico del debido proceso de ley.

Pueblo v. Rivera Rivera,

145 D.P.R. 366 (1988).

De

otra

Procurador

parte,

General

en

no

el

nos

convence

sentido

de

el

argumento

que

al

del

declararse

culpable el acusado bajo los Arts. 6 y 8 de la Ley de

Armas, de poseer y portar arma de fuego sin licencia, se

probó “la presencia de un arma de fuego en la escena de los

hechos” y ello es suficiente para cumplir con la exigencia

de la Ley Núm. 33.

La Ley Núm. 33 exige que se utilice el

arma de fuego en la comisión del delito o su tentativa, lo

que es muy distinto a que se posea un arma de fuego sin

licencia para ello, aunque sea en el lugar de los hechos.

La posesión no es sinónimo de la utilización.

Ya hemos

22

AC-2005-24

advertido que la Ley Núm. 33, como todo estatuto penal,

tiene

que

ser

interpretado

de

forma

restrictiva

y

no

expansivamente como sugiere el Procurador General.8

La determinación de si se usó o no un arma de fuego en

la comisión de un delito hay que hacerla en virtud del

fallo condenatorio y la sentencia emitida por el tribunal,

y no por las denuncias, acusaciones iniciales, órdenes de

arresto, u otros documentos que pudieran formar parte del

expediente criminal del convicto.

contrario

implicaría,

cuestionamiento

sobre

entre

la

Ciertamente, resolver lo

otras

validez

de

cosas,

la

un

serio

alegación

de

culpabilidad del peticionario en este caso.

Por los fundamentos antes mencionados, procede revocar

la decisión del Tribunal de Apelaciones y concluir que la

Junta

de

Libertad

Bajo

Palabra

tiene

jurisdicción

para

atender la solicitud del peticionario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

8

A tenor con el resultado a que llegamos, se hace

innecesario discutir los otros señalamientos del Procurador

General.