Tribunal Supremo de Puerto Rico
Elvin Rivera Beltrán v. Junta de Libertad Bajo Palabra
2007 TSPR 8
Poder Judicial de Puerto Rico
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Elvin Rivera Beltrán v. Junta de Libertad Bajo Palabra
AC-2005-0024
Sentencia con Opinión Concurrente Jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Elvin Rivera Beltrán
Apelante
Certiorari
v.
2007 TSPR 8
Junta de Libertad Bajo Palabra
170 DPR ____
Apelado
Número del Caso: AC-2005-24
Fecha: 18 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Aguadilla
Juez Ponente:
Hon. Roberto L. Córdova Arone
Abogados de la Parte Apelante:
Lcdo. Rafael E. Rodríguez Rivera
Lcdo. José R. Roque Velázquez
Lcdo. Joel Román Román
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts
Procurador General
Lcda. Amir Cristina Nieves Villegas
Procuradora General Auxiliar
Materia: Ley Número 33 de 1993
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Elvin Rivera Beltrán
Apelante
v.
AC-2005-024
Junta de Libertad Bajo Palabra
Apelado
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2007.
El Sr. Elvin Rivera Beltrán (en adelante,
Rivera
Beltrán)
recurre
de
una
decisión
del
Tribunal de Apelaciones, que a su vez confirmó
una determinación de la Junta de Libertad Bajo
Palabra
(en
adelante,
Junta),
en
la
resolvió
que
el
peticionario
no
es
que
se
elegible
para disfrutar del beneficio de libertad bajo
palabra al amparo de la Ley Núm. 33 de 27 de
julio de 1993 (en adelante, Ley Núm. 33).
El
recurso nos permite resolver si una persona,
que hace una alegación de culpabilidad que no
incluye
el
uso
de
un
arma
de
fuego
en
la
AC-2005-024
2
comisión
de
los
disfrutar
del
delitos
beneficio
imputados,
de
es
libertad
elegible
bajo
palabra
para
aun
cuando fue acusado por ese hecho.
I
Rivera Beltrán fue acusado por los delitos de recibo
de
bienes
apropiados
ilegalmente,
robo
domiciliario,
tentativa de asesinato y por infracción a los Arts. 4, 6
y 8 de la Ley de Armas.
En la acusación se alegó que
utilizó un arma de fuego en la comisión de los delitos
imputados.
Durante el juicio, Rivera Beltrán y el Ministerio
Público llegaron a un acuerdo, en virtud del cual se
enmendó la acusación para eliminar toda referencia al uso
de
un
arma
de
fuego
en
la
comisión
de
los
delitos.
Conforme al acuerdo, el acusado se declaró culpable de
los delitos según imputados en la acusación enmendada.
Aceptado el acuerdo y la alegación de culpabilidad, el
tribunal lo sentenció.
Posteriormente, Rivera Beltrán solicitó a la Junta
que le concediera el beneficio de libertad bajo palabra.
Sin embargo, la Junta se declaró sin jurisdicción por
entender
que
la
Ley
Núm.
33
excluye
del
beneficio
solicitado a la persona que haya utilizado un arma de
fuego en la comisión de un delito grave o su tentativa.
Inconforme, Rivera Beltrán acudió ante el Tribunal
de Apelaciones, aduciendo que la Junta erró al declararse
sin jurisdicción toda vez que él nunca fue sentenciado
AC-2005-024
por
haber
3
utilizado
un
arma
de
fuego.
confirmó la decisión de la Junta.
Dicho
foro
Insatisfecho con el
dictamen, Rivera Beltrán apela ante nos y alega que erró
el foro intermedio al confirmar la determinación de la
Junta sin considerar que la sentencia condenatoria no
incluyó la determinación sobre el uso de un arma de fuego
en la comisión de los delitos.
Acogimos el recurso como una petición de certiorari
y
acordamos
expedir.
Las
partes
han
exponer sus respectivas posiciones.
comparecido
a
Conforme a ello,
resolvemos.
II
La
controversia
establecer
si
la
del
caso
elegibilidad
de
autos
para
el
se
limita
a
beneficio
de
libertad bajo palabra debe determinarse a la luz de la
sentencia o el fallo condenatorio o si, por el contrario,
la Junta está facultada para hacer su determinación a la
luz de la totalidad del expediente del proceso judicial.
En
Puerto
Rico,
la
libertad
bajo
palabra
está
regulada por la Ley Núm. 118 de 22 de Julio de 1974, 4
L.P.R.A. Sec. 1501 et seq. (en adelante, Ley Núm. 118) y
constituye
interés
de
establezcan
confinado.
un
privilegio
la
que
sociedad
que
y
propiciará
se
otorga
cuando
las
la
en
el
mejor
circunstancias
rehabilitación
del
Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito,
91 D.P.R. 567 (1964).
AC-2005-024
La
4
Ley
Núm.
y
le
Palabra
118
creó
concedió
la
Junta
discreción
de
Libertad
para
Bajo
decretar
la
libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en
las instituciones penales de Puerto Rico, sujeto a que
cumpla el término mínimo dispuesto por ley y que no se
trate de los delitos excluidos de dicho beneficio.
4
L.P.R.A. Sec. 1503; Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 134
D.P.R.
161
(1993);
Ortiz
v.
Alcaide
Penitenciaría
Estatal, 131 D.P.R. 849 (1992).
En
vista
de
que
se
trata
de
un
privilegio,
la
Asamblea Legislativa puede limitar su concesión y excluir
del beneficio a las personas que hayan cometido ciertos
delitos.
Así lo hizo cuando aprobó la Ley Núm. 33.
considerar
que
es
peligroso
que
las
personas
Por
que
delinquen utilizando armas de fuegos estén en la libre
comunidad antes de que cumplan el término de reclusión,
el Legislador estableció que “[en] los casos en que se
determine que la persona utilizó1 un arma de fuego en la
comisión
de
un
delito
concederá
el
beneficio
grave
o
de
libertad
la
su
tentativa,
bajo
no
se
palabra”.
Leyes de Puerto Rico, 1993, Parte 1, pág. 174 (Énfasis
suplido).
Por tanto, para que una persona quede excluida del
beneficio de libertad bajo palabra, tiene que haber una
La Ley Núm. 33 originalmente excluía del beneficio
de libertad bajo palabra a la persona que utilizó o
intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un
delito grave o su tentativa.
Posteriormente, dicha ley
fue enmendada por la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997,
que suprimió la parte “o intentó utilizar”.
1
AC-2005-024
5
determinación de que la persona utilizó un arma de fuego
en la comisión de un delito grave o su tentativa.
En
nuestro ordenamiento dicha determinación surge del fallo
o
de
la
sentencia
recaída,
que
recoge
los
hechos
efectivamente probados ante el juzgador2.
Por ende, la
Junta
la
tiene
que
considerar
el
fallo
o
sentencia
emitida por el tribunal sentenciador para determinar si
una persona recluida es elegible para el beneficio de
libertad bajo palabra.
Como consecuencia, la Junta no puede utilizar la
denuncia o la acusación para este propósito, pues dichos
documentos
contienen
hechos
que
no
se
probaron
en
el
proceso judicial, luego de brindarle al acusado todas las
garantías del debido proceso de ley.
Los mismos sólo son
documentos con los cuales se comienza el trámite procesal
penal
que
imputa
la
comisión
de
un
posible
Rabell v. Tribunal, 102 D.P.R. 39 (1974).
delito.
De utilizarse
la denuncia o la acusación, se estaría privando a una
persona de la oportunidad de solicitar la concesión de la
libertad
bajo
palabra
basado
en
hechos
que
no
fueron
probados por el juzgador.
2
El fallo es el pronunciamiento de absolución o
culpabilidad que hace el juez en virtud de la alegación
de culpabilidad del acusado, o el veredicto del jurado o
de su propia determinación en casos por tribunal de
derecho.
Por
otro
lado,
la
sentencia
es
el
pronunciamiento judicial de la pena que se le impone al
acusado tras el fallo de culpabilidad.
E. L. Chiesa,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Vol. I, (1993), págs. 519, 522.
AC-2005-024
6
A tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 33, en
Pueblo
v.
Álvarez
Rodríguez,
154
D.P.R.
566
(2001),
concluimos que una persona que ha sido convicta de un
delito grave o su tentativa y que utilizó un arma de
fuego
no
es
suspendida.
acreedora
al
En
caso
dicho
beneficio
el
de
una
Tribunal
sentencia
expresamente
declaró al acusado culpable de un delito grave mediante
el uso de un arma de fuego.
se
ha
pronunciado
hasta
Ahora bien, este Tribunal no
ahora
si
dicha
normativa
se
extiende cuando medie una alegación pre-acodada que no
incluye el uso de un arma de fuego.
Esa es precisamente
la controversia de autos.
Al adjudicar la misma, partimos de la premisa que
mediante las alegaciones pre-acordadas, un acusado puede
declararse culpable del delito por el cual se le acusa, o
bien por uno de grado inferior o relacionado.
Una vez un
acusado
acepta
se
declara
culpable
y
el
tribunal
la
alegación de culpabilidad, la misma se hace formar parte
de la sentencia.
Como la sentencia recoge los hechos
probados, su contenido es determinante para establecer la
elegibilidad del beneficio de libertad bajo palabra.
Por
ende, si el tribunal acepta una alegación de culpabilidad
que no incluye el uso de un arma de fuego, la Junta está
impedida
de
utilizar
ese
hecho
para
determinar
si
el
acusado es elegible para el beneficio de libertad bajo
palabra, precisamente porque el mismo no se hizo formar
parte de la sentencia.
AC-2005-024
7
Visto el derecho aplicable, analicemos los hechos
ante nos.
III
Rivera Beltrán recurre ante nos y cuestiona que la
Junta erró al declararse sin jurisdicción en su caso.
Sostiene
que
la
sentencia
condenatoria
no
incluyó
la
determinación sobre el uso de un arma de fuego en la
comisión de los delitos y que, por tanto, la Junta no
podía
declarase
sin
jurisdicción.
Específicamente,
afirma que se declaró culpable de los delitos imputados
después de que, en virtud de un preacuerdo con el fiscal,
se
eliminara
de
la
acusación
la
alegación
de
la
utilización de un arma de fuego en la comisión de dichos
delitos.
Aduce que nunca se declaró culpable del uso de
un arma de fuego y que este hecho no quedó incorporado a
la
sentencia
condenatoria,
por
lo
que
no
podía
ser
considerado por la Junta para determinar su jurisdicción.
Por su parte, el Procurador General afirma que la
declaración de culpabilidad por los delitos de poseer y
portar un arma sin licencia es concluyente en cuanto a la
presencia de un arma de fuego en la escena de los hechos.
Aduce que es razonable concluir, como lo hizo la Junta,
que el acusado usó dicha arma.
No tiene razón.
Para determinar si se utilizó un arma de fuego en la
comisión
de
los
obligada
a
usar
delitos
imputados,
criterios
ordenamiento jurídico.
la
cónsonos
Junta
con
venía
nuestro
En particular, la Junta no podía
AC-2005-024
8
declararse sin jurisdicción para entender en la solicitud
de Rivera Beltrán a base de consideraciones fácticas que
el
juzgador
no
encontró
no
fueron
su
alegación
acordada.
Es por eso que la Junta tenía que considerar
condenatoria
en
que
por
sentencia
peticionario
y
admitidas
la
el
probadas,
para
pre-
determinar
su
jurisdicción.
Distinto al caso de Pueblo v. Álvarez Rodríguez,
supra, en el cual se determinó que el acusado cometió el
delito
mediante
el
uso
de
un
arma
de
fuego,
Rivera
Beltrán nunca se declaró culpable de la utilización del
arma de fuego y ese hecho tampoco se le probó más allá de
duda razonable.
En vista de ello, y no habiendo otra
razón para excluirlo de la elegibilidad para disfrutar
del beneficio, concluimos que la Junta tenía jurisdicción
para evaluar la solicitud de Rivera Beltrán.
Nuestra
decisión no implica que el peticionario tenga derecho a
que se le conceda la libertad bajo palabra.
Corresponde
a la Junta evaluar, en el ejercicio de su discreción y
conforme a los criterios establecidos por ley, si procede
concederle dicho privilegio.
IV
Por
revoca
la
los
fundamentos
sentencia
del
expuestos
Tribunal
de
anteriormente,
se
Apelaciones.
Se
devuelve el caso a la Junta de Libertad Bajo Palabra para
que oportunamente examine la solicitud de Rivera Beltrán
AC-2005-024
9
y determine si procede concederle los beneficios de la
libertad bajo palabra.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Concurrente a la
cual se unió el Juez Asociado señor Rebollo López. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Elvin Rivera Beltrán
Peticionario
v.
AC-2005-024
Junta de Libertad Bajo Palabra
Recurrida
Opinión Concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la cual se le une el Juez Asociado señor Rebollo López
San Juan de Puerto Rico, a 18 de enero de 2007
La controversia a resolver en este caso es si en
virtud de la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, que
excluyó
toda
del
persona
privilegio
que
de
utilice
libertad
bajo
un
de
arma
palabra
fuego
en
a
la
comisión de un delito grave o su tentativa, la Junta
de Libertad bajo Palabra puede asumir jurisdicción en
un caso en que el acusado –-conforme un preacuerdo--,
se declaró culpable de los delitos imputados luego de
eliminarse de la acusación la alegación de uso de
arma de fuego en la comisión del delito base, y bajo
esos términos se hizo la alegación de culpabilidad.
Sólo
dictamen
puedo
del
concurrir
Tribunal ya
con
el
resultado
que entiendo
del
que resulta
2
AC-2005-24
medular
a
la
discusión
controversia
sobre
la
ante
nuestra
naturaleza
de
consideración
las
la
alegaciones
preacordadas y el contenido de las advertencias que se le
deben hacer al acusado previo a que éste haga alegación de
culpabilidad.
La ausencia de una discusión profunda sobre
estos
me
asuntos,
impide
prestarle
mi
conformidad
a
la
sentencia dictada ya que sostengo que según suscrita la
misma queda trunca.
Después de todo, este caso se da en el
contexto de una alegación preacordada.
I
Iniciamos exponiendo el trasfondo fáctico y procesal
que
dio
lugar
a
la
controversia
traída
ante
nuestra
atención, sobre el cual no hay controversia.
Por hechos ocurridos el 31 de marzo de 1998, Elvin
Rivera Beltrán (el “peticionario” o “Rivera Beltrán”) fue
acusado
por
los
delitos
de
tentativa
de
asesinato
(3
cargos), por infracción de los Arts. 4, 6 y 8 de la Ley de
Armas
(5
cargos),
por
recibo
de
bienes
apropiados
ilegalmente (3 cargos), y por robo domiciliario (1 cargo).
Se
alegó
en
utilización
la
de
un
denuncia
arma
de
y
luego
fuego
en
en
la
la
acusación,
comisión
de
la
los
delitos.
El 16 de mayo de 2000, durante la celebración del
juicio criminal ante jurado, las partes manifestaron haber
llegado a unos acuerdos y el Ministerio Público solicitó,
como parte de estos acuerdos, las siguientes enmiendas a
las acusaciones:
3
AC-2005-24
Elvin Rivera Beltrán: Se elimine la alegación de
reincidencia; eliminar toda referencia al uso de arma
de fuego en los casos de Tentativa de Asesinato, Infr.
Artículos 8 y 6 de Armas. En el caso de Robo
Domiciliario en el mismo se eliminaría el agravante
donde indica que ‘los hechos fueron cometidos en la
residencia de los perjudicados y utilizaron armas de
fuego y una cuchilla para cometer el delito’.
(Énfasis nuestro.)
Véase Minuta del 16 de mayo de 2000.
Apéndice del recurso
de certiorari, pág. 52.
A esos efectos, se enmendó la acusación para reflejar
los acuerdos entre el acusado y el Ministerio Público.
El
acusado se declaró entonces culpable por confesión en corte
abierta de todos los delitos y el preacuerdo fue avalado
por el tribunal.
El cargo por violación al Art. 4 de la
Ley de Armas fue imputado en su modalidad de delito menos
grave.
Así
se
hizo
constar
en
la
sentencia
dictada.
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 54.
El 22 de mayo de 2000, el peticionario fue sentenciado
a una pena concurrente de 15 años de cárcel por todos los
delitos.
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 58.
Eventualmente, el peticionario solicitó a la Junta de
Libertad bajo Palabra (la “Junta”) que lo evaluara para
disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra.
El 12 de
julio de 2004, la Junta emitió una resolución mediante la
cual se declaró sin jurisdicción por disposición expresa de
la Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, según enmendada,
(“Ley
Núm.
privilegio
33”)
de
la
cual,
libertad
bajo
como
se
palabra
señaló,
excluye
del
a
persona
que
toda
4
AC-2005-24
utilice un arma de fuego en la comisión de un delito grave
o su tentativa.
Inconforme
presentó
un
con
esta
recurso
de
determinación,
el
peticionario
revisión
el
Tribunal
ante
de
Apelaciones.
En el recurso presentado apuntó que la Junta
había
al
declararse
le
fue
errado
sentencia
que
sin
impuesta
jurisdicción
eliminó,
referencia al uso de arma de fuego.
porque
la
expresamente,
la
En su escrito, expresó
que fue su objetivo al declararse culpable que se eliminara
tal
alegación
de
suerte
que
pudiera
cualificar,
en
su
momento, para los beneficios de libertad bajo palabra.
El
Ministerio Público no ha refutado tal aseveración.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución de
la Junta.
El foro apelativo intermedio resolvió, sin mayor
discusión, que el texto de la ley era claro al privar de
jurisdicción
a la Junta de Libertad bajo Palabra en casos
donde se utilizó un arma de fuego en la comisión de un
delito grave o su tentativa.
Indicó que el hecho de que
como resultado de la alegación preacordada se eliminara la
alegación
relacionada
con
el
uso
de
un
arma,
era
inconsecuente porque la transacción entre el acusado y el
Ministerio Público no podía conferirle jurisdicción a la
Junta allí donde la ley se la negaba.
Insatisfecho nuevamente, el peticionario presentó un
escrito
de
apelación
ante
este
Tribunal.
En
el
mismo
señaló como error lo siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la resolución emitida por la Junta de Libertad
5
AC-2005-24
bajo Palabra, en la agencia se declaró sin
jurisdicción para considerar el referido del Sr.
Elvin Rivera Beltrán en menosprecio de lo
resuelto por el tribunal sentenciador que el Sr.
Rivera Beltrán no utilizó un arma de fuego en la
comisión del delito violentando así el derecho
constitucional del apelante a un debido proceso
de ley, a la presunción de inocencia, al derecho
a un juicio justo e imparcial, violentando a su
vez la separación de poderes.
El pasado 22 de julio de 2005 acogimos la apelación
presentada como una petición de certiorari y expedimos el
auto.
El peticionario presentó el alegato correspondiente
y posteriormente, el Procurador General hizo lo propio en
representación
de
la
Junta
de
Estando en posición de resolver,
Libertad
bajo
Palabra.
pasamos a así hacerlo.
II
Como indicamos inicialmente, la cuestión a resolver es
si la Ley Núm. 33 le impide a la Junta de Libertad bajo
Palabra asumir jurisdicción para atender la solicitud del
peticionario
virtud
de
de
que
excarcelación
en
la
sentencia
bajo
palabra.
dictada
en
este
Ello,
en
caso
se
eliminó la alegación de utilización de un arma de fuego en
la comisión del delito base, como resultado del preacuerdo
a que llegó el Ministerio Público con la defensa y que fue
avalado por el tribunal sentenciador.
Alegación que fue
eliminada de la acusación enmendada.
El peticionario sostiene que nada impide que la Junta
asuma jurisdicción y atienda su solicitud de libertad bajo
palabra.
Argumentó en su recurso que la Junta de Libertad
bajo Palabra no puede hacer una determinación de hechos
-–que se utilizó un arma durante la comisión del delito—-
6
AC-2005-24
contraria a lo que adjudicó ya el foro sentenciador al
recaer el fallo condenatorio en este caso, para con esa
determinación rehusarse a atender su petición.
Indicó que
al eliminarse de la acusación la alegación de uso de arma
de
fuego,
ese
hecho
no
fue
probado
más
allá
de
duda
razonable ante el juzgador de los hechos, ni fue admitido
por
el
acusado,
por
lo
que
no
puede
servir
de
base
o
fundamento para negarse a atender su petición de libertad
bajo
palabra.
El
peticionario
basó
su
reclamo,
principalmente, en lo dispuesto por el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, 531 U.S. 466
(2000) y su progenie.
El
Procurador
General
por
su
parte,
adelantó
los
siguientes fundamentos para sostener la determinación de la
Junta, a saber: Primero, que la alegación preacordada no
puede impedirle a la Junta que cumpla con la Ley Núm. 33 y
actúe acorde a ésta.
Segundo, que con la alegación de
culpabilidad por los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas,
--poseer y portar un arma cargada sin licencia-- se probó
“la presencia de un arma de fuego en la escena de los
hechos”, lo que era suficiente para cumplir con la Ley Núm.
33.
Alegato del Procurador General, págs. 13-15.
En cuyo
caso, era razonable que la Junta concluyera, al evaluar el
expediente, que el peticionario “usó la misma durante los
hechos.”
Finalmente,
adujo
que
existiendo
evidencia
sustancial en el récord de la agencia sobre ese particular
procede
confirmar
la
determinación
de
la
Junta.
En
7
AC-2005-24
específico, el Procurador General apuntó que la Junta tomó
conocimiento judicial del expediente criminal oficial del
peticionario
donde
constan
las
acusaciones
presentadas
originalmente en este caso.
Pasemos entonces a evaluar los planteamientos de las
partes.
Iniciamos
naturaleza
de
la
nuestra
alegación
discusión
preacordada
repasando
pues
es
en
contexto que se plantea la controversia de autos.
la
este
Luego
entonces discutiremos el alcance la Ley Núm. 33.
III
Las Alegaciones Preacordadas
La decisión de cuándo encausar a un sospechoso y qué
delito imputar es una decisión de la entera incumbencia del
Poder Ejecutivo.
(2000).
Pueblo v. Castellón, 151 D.P.R. 15, 24
Así también es prerrogativa del Poder Ejecutivo,
una vez presentada la correspondiente acusación, solicitar
la
reducción
o
archivo
de
cargos
criminales,
bien
como
parte de un proceso de negociación preacordada, o no.
Las
alegaciones
un
componente
indispensable del sistema de justicia penal.
Constituyen
un
generis
acuerdo
de
preacordadas
voluntades
de
son
naturaleza
sui
que
depende, para su consumación, de la aprobación final del
tribunal.
Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179,
194 (1998).
No hay duda que éstas representan el mecanismo
principal de disposición de los casos penales. Pueblo v.
Figueroa García, 129 D.P.R. 798 (1992)(“Sin las alegaciones
preacordadas sería difícil enjuiciar a todas las personas
8
AC-2005-24
acusadas
de
requeridos
cometer
por
Constitución.”)
569 (1984).
delitos
el
dentro
ordenamiento
de
los
procesal
y
términos
por
la
Véase, Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R.
Véase también, Santobello v. New York, 404
U.S. 257, 260 (1971)(“the disposition of criminal charges
by
agreement
between
the
prosecutor
and
the
accused,
sometimes loosely called ‘plea bargaining’ is an essential
component
of
the
administration
of
Justice.”);
Brady
v.
United States, 397 U.S. 742 (1970).3
Son innumerables las razones que explican la razón de
ser de la alegación preacordada y la utilidad que la misma
supone
tanto
acusado.
valga
para
el
ministerio
público
Véase nota al calce 2, infra.
recalcar
que
no
es
inusual
como
para
el
A modo de ejemplo
que
un
acusado,
confrontado con una acusación por un delito, o bajo unas
condiciones, que le inhabilite para recibir los beneficios
de
una
sentencia
suspendida
o
libertad
bajo
palabra,
procure negociar con fiscalía declararse culpable de otro
delito
-–o
bajo
otras
tales consecuencias.
circunstancias--
que
no
conlleve
E.g., W. LaFave, J. Israel, N. King.,
Criminal Procedure, West Group, Minneapolis, 1999, Vol. 5,
3
Sobre los beneficios o los perjuicios de las alegaciones
preacordadas véase, Bibas, Plea Bargaining Outside the
Shadow of Trial, 117 Harv. L. Rev. 2463 (2004); Stuntz,
Plea Bargaining and Criminal Law’s Disappearing Shadow, 117
Harv. L. Rev. 2548 (2004); Palmer, Abolishing Plea
Bargaining: An End to the Same Old Song and Dance, 26 Am.
J. Crim. L. 505 (1999); Guidorizzi, Should We Really “Ban
Plea Bargaining?:
The Core Concerns of Plea Bargining
Critics, 47 Emory L. J. 753, 754 (1998); Scott, Stuntz, A
Reply:
Imperfect Bargains, Imperfect Trials, and Innocent
Defendants, 101 Yale L. J. 2011, 2015 (1992).
9
AC-2005-24
sec. 21.1, pág. 5 (“by his plea, the defendant may avoid a
high
statutory
probation.”)
minimum
or
sentence,
a
statutory
bar
to
(Énfasis nuestro.)
La Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal,
34
L.P.R.A.
Ap.
II,
regula
el
procedimiento
de
las
alegaciones preacordadas y el efecto de las mismas una vez
sometidas para la aprobación del tribunal.
Mediante la
utilización de este mecanismo el acusado, renunciando a su
derecho a no auto incriminarse y a someterse a un juicio
por jurado, acuerda declararse culpable en corte abierta
del delito negociado.
Toda vez que una declaración de
culpabilidad
la
conlleva
renuncia
de
estos
derechos
constitucionales, la misma tiene que ser voluntaria, con
conocimiento y con conciencia de todas las implicaciones o
consecuencias directas que ésta conlleve.
Véase, Brady v.
United States, ante, pág. 748; Henderson v. Morgan, 426
U.S. 637 (1976).
Véase además,
W. LaFave, J. Israel, N.
King., op. cit., sec. 21.1.
De ahí que la Regla 72, inciso 7, provea que, aceptada
la alegación preacordada por el tribunal, el juez “deberá
cerciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento,
conformidad y voluntariedad del imputado. . . .”
procedimiento
culpabilidad
para
es
determinar
voluntaria
e
si
una
Aunque el
declaración
inteligente
“no
de
requiere
determinado ritual”, el juez viene obligado a inquirir del
acusado si comprende la naturaleza de su declaración de
culpabilidad,
y
tiene
pleno
conocimiento
de
sus
10
AC-2005-24
implicaciones,
para
lo
cual
debe
advertirle
de
las
consecuencias directas de la misma.
Díaz Díaz v. Alcalde,
101
Una
declaración
de
conocimiento,
conformidad
y
D.P.R.
846,
857
(1973).
culpabilidad
sin
pleno
voluntariedad de parte del imputado puede ser impugnada por
ofender el debido procedimiento de ley.
Mabry v. Johnson,
467
it
U.S.
504,
509
(1984)(“only
when
develops
that
defendant was not fairly apprised of its consequences can
his
plea
Véase,
be
challenged
Santobello
(1971).
v.
under
New
the
York,
Due
404
Process
U.S.
Clause.”)
257,
261-261
Véase además, E. Chiesa, Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, Colombia, 1993,
vol. III, sec. 20.3, págs. 591-592.
El pleno conocimiento requiere, necesariamente, que se
le informe al acusado de la sentencia a que se expone por
ser
ésto
una
consecuencia
directa
de
su
declaración
de
culpabilidad.
En Díaz Díaz, ante, pág. 857, indicamos que
el
informarle
juez
delito
debe
por
el
cual
al
está
acusado
“de
procesado
saber el mínimo y el máximo.”
la
pena
que
el
haciéndole
conlleva,
(Énfasis nuestro.)
En la
medida que el acusado no tenga la plena conciencia del
castigo
a
que
se
expone,
no
es
posible
hablar
de
una
declaración de culpabilidad “con conocimiento” como exige
la
Regla
72,
y
la
misma
sería
preguntarse
entonces,
si
también
que
constitucionalmente
deficiente.
Cabe
advertido
de
el
delito
el
acusado
del
que
debe
se
ser
declara
11
AC-2005-24
culpable
lo
inhabilita
para
libertad bajo palabra.
afirmativa.
delito
que
beneficio
recibir
los
beneficios
de
La respuesta tiene que ser en la
No hay duda que declararse culpable de un
le
impida
afecta
el
al
acusado
tiempo
que
cualificar
para
la
permanece
persona
este
encarcelada y, en su consecuencia, lo expone a un castigo
mayor y más oneroso.
Habida cuenta de lo anterior, este es un factor que el
acusado debe sopesar a la hora de tomar su decisión de
declararse
culpable
y
bajo
efecto
tendrá
su
declaración
que
permanecerá encarcelado.
F.2d 177, 179
qué
términos,
sobre
en
el
vista
del
tiempo
que
Véase, Bye v. United States, 435
(2nd Cir. 1970)(“We agree with the position
. . . that ineligibility for parole is indeed a consequence
of
the
plea
about
which
a
defendant
.
.
.
must
be
informed.”); Berry v. United States, 412 F.2d 189, 192 (3rd
Cir.
1969)(“Except
for
capital
punishment,
no
other
consequence can be as significant to an accused as the
period of possible confinement.
When one enters a plea of
guilty he should be told what is the worst to expect.”);
Harris
v.
United
states,
426
F.2d
99
(6th
Cir.
1970);
Jenkins v. United States, 420 F.2d 433 (10th Cir. 1970);
Durant v. United States, 410 F.2d 689 (1st Cir 1969); State
v. Kovack, 453 A.2d 521, 525 (N.J. 1982)(“a defendant must
be informed of any period of parole ineligibility that is
likely to become part of his sentence . . . the court must
make certain that defendant has been made aware of any loss
12
AC-2005-24
of parole opportunities that may be a component of the
sentence.”);
2000).
State
v.
Byrge,
614
N.W.2d
477,
495
(Wis.
Véase además, W. LaFave, J. Israel, N. King, op.
cit., sec. 21.4(d), pág. 170 (“the better view is that the
defendant should be advised if the offense to which he is
pleading may not lead to parole”), y casos en nota al calce
97.
El hecho que el beneficio de libertad a prueba sea una
gracia legislativa y no un derecho del convicto en nada
varía el resultado.
de
las
La exigencia de “pleno conocimiento”
consecuencias
directas
de
la
declaración
de
culpabilidad de la Regla 72 de las Reglas de Procedimiento
Criminal, es corolario del debido proceso de ley pues tal
declaración
supone
una
renuncia
de
derechos
constitucionales.
IV
El Régimen de Libertad bajo Palabra y la Ley Núm. 33
A
El sistema de libertad bajo palabra está reglamentado
por
la
Ley
enmendada,
Núm.
4
118
L.P.R.A.
de
22
secs.
de
1501
julio
et
de
seq.
1974,
según
Mediante
este
sistema se permite que una persona que haya sido convicta y
sentenciada
a
un
término
de
reclusión
cumpla
la
última
parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto
a
las
condiciones
que
se
impongan
para
conceder
la
libertad. Este beneficio tiene el propósito principal de
ayudar a los confinados a reintegrarse a la sociedad.
4
13
AC-2005-24
L.P.R.A. sec. 1503; Maldonado Elías v. González Rivera, 118
D.P.R. 270, 275 (1987).4
Este privilegio es un componente
del proceso de rehabilitación del confinado.
Se considera
que
técnicamente,
mientras
disfrutan
del
extinguiendo su condena.
mismo
están,
Véase, Logan, The Importance of
Purpose in Probation Decision Making, 7 Buff. Crim. L. Rev.
171 (2003).
La
Junta
de
Libertad
bajo
Palabra
es
el
ente
gubernamental facultado por ley para administrar el sistema
de
libertad
bajo
palabra.
La
Junta
podrá
decretar
la
libertad condicionada del convicto siempre y cuando éste
cumpla con los requisitos establecidos por la ley o por los
reglamentos.
El Art. 3(a),
sec.
1502(a),
sopesa
la
excarcelación.
establece
Junta
de la Ley Núm. 118, 4 L.P.R.A.
las
cuando
condiciones
generales
que
evalúa
petición
de
una
Entre otras cosas, el artículo dispone:
La libertad bajo palabra será decretada para
el mejor interés de la sociedad y cuando las
circunstancias presentes permitan a la Junta
creer, con razonable certeza, que tal medida
habrá
de
ayudar
a
la
rehabilitación
del
delincuente. Para determinar si concede o no la
libertad bajo palabra la Junta tendrá ante sí
toda la información posible sobre el historial
social, médico, ocupacional y delictivo de cada
confinado, incluyendo la actitud de la comunidad
respecto a la libertad condicional del sujeto, y
una
evaluación
que
deberá
someter
a
la
Administración de Corrección.
4
Para un recuento histórico sobre el sistema de libertad a
prueba en los Estados Unidos, véase, R. Clegg, Probation
and Parole, Charles c. Thomas, Illinois, 1964; N. Cohen, J.
Gobert, The Law of Probation and Parole, Shepard´s Mc Graw
Hill, Colorado, 1983, secs. 1.05-1.08.
14
AC-2005-24
La
Junta
decretar
la
tiene,
libertad
como
bajo
indicamos,
palabra
de
discreción
cualquier
para
persona
recluida en las instituciones penales, siempre que no se
trate de delitos excluidos de dicho beneficio y que la
persona hubiere cumplido el término mínimo dispuesto por
ley.
Toro
D.P.R.
Ruiz
161,
166
v.
Junta
(1993);
de
Libertad
Ortiz
v.
bajo
Alcalde
Estatal, 131 D.P.R. 849, 858 (1992).
Palabra,
134
Penitenciaría
Véase, N. Cohen, J.
Gobert, The Law of Probation and Parole, Shepard´s Mc Graw
Hill, Colorado, 1983, sec. 3.01.
B
La Ley Núm. 33 de 27 de julio de 1993, enmendó, entre
otros, el Art. 3(a) de la Ley Núm. 118, para establecer que
“[e]n los casos en que se determine que la persona utilizó
o intentó utilizar un arma de fuego en la comisión de un
delito grave o su tentativa, no se concederá el beneficio
de la libertad bajo palabra.”
(Énfasis nuestro.)
Puerto Rico, 1993 Parte 1, pág. 174.5
Leyes de
De igual forma, el
Art. 2 de la Ley Núm. 33 excluyó del beneficio de sentencia
suspendida a las personas que hubieran utilizado “un arma
de fuego en la comisión de un delito grave o tentativa”,
enmendado a esos efectos la Ley de Sentencias Suspendidas y
Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946,
según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1027.
5
Este párrafo no fue incluido, suponemos por inadvertencia,
en las Leyes de Puerto Rico Anotadas.
Véase, 4 L.P.R.A.
sec. 1503(a).
15
AC-2005-24
Sólo en dos ocasiones anteriores hemos interpretado la
Ley
Núm.
imposición
33,
en
ambas
de
una
ocasiones
sentencia
en
el
suspendida.
contexto
En
de
la
Pueblo
v.
Negrón Caldero, res. 28 de junio de 2002, 166 D.P.R. ___,
2002 TSPR 95, indicamos que el propósito de esta ley fue
“proteger a la sociedad puertorriqueña de los criminales de
oficio,”
por
lo
que
la
misma
“excluyó
del
régimen
de
sentencia suspendida a los convictos de delito grave que
hayan
utilizado
armas
de
fuego
ilegalmente
poseídas
portadas en la comisión del delito o su tentativa.”
o
En
igual sentido, Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 D.P.R. 566,
570-571 (2001).
Huelga apuntar que el mismo fundamento es
extensible a los casos de libertad bajo palabra.
Veamos
los hechos de estos casos en detalle.
En Pueblo v. Álvarez Rodríguez, el acusado enfrentaba
cargos por el delito de asesinato en primer grado por haber
dado muerte a dos personas al hacerle varios disparos a
cada uno con un revólver.
Además, enfrentaba cargos por
infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto
Rico.
Celebrado el juicio, éste fue declarado culpable de
los cargos que pesaban en su contra.
El foro de instancia
dictó sentencia y le concedió el beneficio de una sentencia
suspendida
por
entender
que
aplicaba
al
caso
la
norma
establecida en Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530
(1999).
La
controversia
planteada
fue
si
Álvarez
podía
ser
acreedor a los beneficios de una sentencia suspendida, a la
16
AC-2005-24
luz de la aprobación de la Ley Núm. 33, la cual no estaba
vigente al momento de resolverse Zayas Rodríguez, por lo
que
este
último
no
era
de
aplicación.
Determinamos
entonces, que el texto de la Ley Núm. 33 era claro y no
podía
ser
ignorado.
A
esos
efectos
indicamos
que
“si
alguien ha sido convicto de un delito grave o su tentativa,
y utilizó o intentó utilizar un arma de fuego durante la
comisión de dicho delito, esta persona no tendrá derecho a
una
sentencia
suspendida.”
154
D.P.R.
571.6
pág.
Expresamos que aun cuando se considerara que la ley era
“inflexible”
y
que
ésta
no
representaba
“la
más
sabia
solución al problema del crimen en Puerto Rico” no podíamos
arrogarnos
“poderes
legislativos”
e
ignorar
el
mandato
claro del legislador.
Poco después de nuestra decisión en Álvarez Rodríguez,
nos enfrentamos nuevamente a la Ley Núm. 33.
En Pueblo v.
Negrón Caldero, ante, en una intricada opinión, discutimos
extensamente el historial legislativo de la Ley Núm. 33,
para
atender
la
siguiente
controversia:
“si
una
persona
convicta por el delito de homicidio voluntario, cometido
con un arma de fuego para la cual tenía licencia de poseer
y
portar,
sigue
siendo
sentencia en libertad.”
acreedor
del
beneficio
de
una
Negrón Caldero, ante, pág. 5.
En el caso, al acusado se le imputó la comisión del
delito de homicidio y violación al Art. 8 de la Ley de
6
No surge de la opinión si la acusación formulada en este
caso incluyó el agravante de utilización del arma de fuego
en la comisión del delito.
17
AC-2005-24
Armas,
25
L.P.R.A.
sec.
418.
Celebrado
el
juicio,
el
acusado fue declarado culpable del delito de homicidio y
absuelto de la infracción a la Ley de Armas ya que tenía
licencia de poseer y portar arma de fuego.
La Opinión
resaltó este último hecho para distinguir el caso de la
situación en Álvarez Rodríguez.
Concluimos, como señalamos
previamente,
que
33
proteger
la
a
la
Ley
sociedad
Núm.
de
los
tenía
como
criminales
propósito
de
oficio.
Interpretando restrictivamente la Ley Núm. 33 y tomando en
consideración
ese
historial
y
propósito
legislativo,
indicamos entonces lo siguiente:
“Entendemos que el legislador no contempló, por
lo cual no pretendió excluir del beneficio de una
sentencia en probatoria a una persona convicta
por el delito de homicidio utilizando un arma de
fuego para la cual tenía licencia de poseer y
portar.” (Énfasis nuestro.)
De Negrón Caldero debemos colegir que la Ley Núm. 33
debe interpretarse limitadamente.
Lo que es cónsono con la
norma reiterada de derecho penal, que la interpretación de
los estatutos penales debe hacerse de manera restrictiva en
cuanto
perjudica
favorece.
al
acusado
y
liberalmente
cuando
le
Pueblo v. Martínez Rivera, 144 D.P.R. 631, 647
(1997); Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530. 533
(1988); Mari Brás v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 516 (1972);
Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276 (1914).
En
rigor
sin
embargo
y
no
empece
a
lo
discutido
anteriormente, parece evidente que lo dispuesto en Álvarez
Rodríguez y Negrón Caldero no dispone expresamente de la
18
AC-2005-24
controversia ante nuestra consideración.
Veámosla entonces
con mayor detenimiento.
V
Como
sostenido
indicamos
que
la
inicialmente,
Junta
podía
el
asumir
peticionario
jurisdicción
en
ha
su
petición toda vez que, luego de un preacuerdo, se enmendó
la acusación para eliminar la alegación de utilización de
armas de fuego durante la comisión del delito.
Y fue de
los delitos así enmendados de los que se declaró culpable
en
corte
abierta
y
por
los
que
fue
convicto.
El
peticionario nos indicó también que al momento de evaluar
su petición de libertad bajo palabra, la Junta no podía
considerar un hecho que no formó parte de su alegación de
culpabilidad
y
del
delito
eventualmente sentenciado.7
por
el
cual
fue
convicto
y
El argumento principal gira en
torno a que al eliminarse de la acusación la alegación de
7
Para esta última proposición, el peticionario invocó lo
dispuesto en Apprendi v. New Jersey, 531 U.S. 466 (2000) y
su progenie.
En Apprendi, el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos sostuvo que el debido proceso de ley, así
como el derecho a juicio por jurado, exigen que cualquier
hecho que tenga como resultado un incremento en la
sentencia máxima a que se expone un acusado, tiene que ser
probado más allá de duda razonable por el juzgador de los
hechos. Específicamente, el Tribunal señaló: “Other than
the fact of a prior conviction, any fact that increases the
penalty for a crime beyond the prescribed statutory maximum
. . . must be submitted to a jury, and proved beyond a
reasonable doubt.” 530 U.S., pág. 490. (Énfasis nuestro.)
Subsiguientemente, el Tribunal Supremo ha ido construyendo
sobre Apprendi.
E.g., Harris v. United States, 536 U.S.
545 (2002); Ring V. Arizona, 536 U.S. 584 (2002); Blakely
v. Washington, 542 U.S. 296 (2004) Shepard v. United
States, 544 U.S. 13 (2005); United States v. Booker, 543
U.S.
220
(2005).
En
la
situación
ante
nuestra
consideración es evidente que Apprendi no aplica.
Véase,
Pueblo v. Montero Luciano, res. 30 de octubre de 2006, 169
D.P.R. ___, 2006 TSPR 158.
19
AC-2005-24
uso de arma de fuego, éste nunca se declaró culpable de ese
hecho, por lo que la Junta tenía jurisdicción para atender
su petición de excarcelación.
La acusación es la alegación que sirve de base para el
juicio ya que son los hechos consignados en la misma los
que
permiten
identificar
el
delito
imputado
y
las
disposiciones estatutarias involucradas.
Ésta es suscrita
y
en
jurada
por
el
fiscal
y
presentada
el
Tribunal
Superior.
Reglas 34 y 35 de las Reglas de Procedimiento
Criminal,
34
L.P.R.A.
Ap.
II.
Alonso,
156
D.P.R.
428
(2002);
Véase,
Pueblo
Pueblo
v.
v.
Ríos
González
Olivencia, 116 D.P.R. 614, 617 (1985); Pueblo v. Candelaria
Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971); Pueblo v. Bermúdez, 75
D.P.R. 760, 763-764 (1954).
Es en función de la acusación
que el acusado queda informado de la naturaleza y extensión
de
la
conducta
que
se
le
desarrollar su defensa.
imputa
para
que
así
pueda
Rivera Alonso, ante, pág. 437.
Chiesa, op. cit., secs. 24.1 et seq.
Hemos resuelto que la acusación debe interpretarse con
liberalidad
y
no
es
necesario
incluir
estereotipado o técnico o talismánico.”
Cerijo, 110 D.P.R. 691, 694 (1981).
145.
Lo
elementos
debida
del
de
v.
lo
es
delito
notificación
cargos”,
Pueblo
esencial
que
imputado
de
la
contrario
Santigo
“la
Cedeño,
Pueblo v. Calviño
acusación
en
forma
acusación
106
“lenguaje
Chiesa, op. cit., pág.
naturaleza
la
un
D.P.R.
consigne
que
y
los
constituya
causa
de
los
es
insuficiente.
663,
666
(1978).
20
AC-2005-24
Véase además, Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338,
341-342
(1978).
Como
señala
acertadamente
el
profesor
Chiesa, op. cit., pág. 149, “[p]uede afirmarse, en fin, que
la suficiencia de una acusación, se evalúa en forma liberal
en
cuanto
al
lenguaje
utilizado
en
la
imputación
del
delito, aunque en forma rigurosa en cuanto a la necesidad
de imputar todos los elementos del mismo.”
Aun cuando el hecho de utilización de arma de fuego no
es
propiamente
resolvemos
un
que
elemento
para
del
efectos
delito
de
en
este
caso,
si
tiene
determinar
jurisdicción la Junta de Libertad bajo Palabra sobre una
petición de excarcelación, ese hecho debe considerarse como
tal.
En
vista
de
lo
cual,
para
que
aplique
la
inhabilitación de la Ley Núm. 33, la alegación sobre la
utilización
del
arma
de
fuego
tiene
que
haber
sido
consignada en la acusación que dio base a la declaración de
culpabilidad y que sirvió como fundamento para el fallo
condenatorio
dictado.
Adviértase
que
estamos
ante
una
declaración de culpabilidad producto de un preacuerdo que
no incluyó el hecho de que se utilizó un arma de fuego en
la comisión del delito base.
Por lo tanto, permitir que se
considere ese hecho para efectos de la determinación de la
jurisdicción
de
la
Junta,
supondría
avalar
una
incongruencia insubsanable con lo alegado en la acusación y
lo
que
quedó
probado
mediante
la
declaración
de
culpabilidad; para con ello, hacer más onerosa la sentencia
impuesta al convicto.
21
AC-2005-24
Somos
tiene
del
criterio
jurisdicción
que,
cuando
la
no
sobre
una
o
Junta
evalúe
petición
si
de
excarcelación, los hechos que habrá de sopesar tienen que
haberse notificados previamente al convicto, de la misma
forma que exigimos que ante una alegación preacordada el
tribunal le notifique al acusado que el delito por el cual
se
declara
beneficios
culpable
de
una
lo
inhabilita
libertad
bajo
para
palabra,
recibir
para
que
los
éste
quede adecuadamente informado del castigo a que se expone.
La manera de así hacerlo, es cerciorándonos que sean solo
los
hechos
que
consten
en
la
acusación
los
que
se
consideren para efectos de evaluar su jurisdicción, pues
son de éstos de los cuales el acusado se declaró culpable.
Después de todo, la adecuada notificación es un componente
básico del debido proceso de ley.
Pueblo v. Rivera Rivera,
145 D.P.R. 366 (1988).
De
otra
Procurador
parte,
General
en
no
el
nos
convence
sentido
de
el
argumento
que
al
del
declararse
culpable el acusado bajo los Arts. 6 y 8 de la Ley de
Armas, de poseer y portar arma de fuego sin licencia, se
probó “la presencia de un arma de fuego en la escena de los
hechos” y ello es suficiente para cumplir con la exigencia
de la Ley Núm. 33.
La Ley Núm. 33 exige que se utilice el
arma de fuego en la comisión del delito o su tentativa, lo
que es muy distinto a que se posea un arma de fuego sin
licencia para ello, aunque sea en el lugar de los hechos.
La posesión no es sinónimo de la utilización.
Ya hemos
22
AC-2005-24
advertido que la Ley Núm. 33, como todo estatuto penal,
tiene
que
ser
interpretado
de
forma
restrictiva
y
no
expansivamente como sugiere el Procurador General.8
La determinación de si se usó o no un arma de fuego en
la comisión de un delito hay que hacerla en virtud del
fallo condenatorio y la sentencia emitida por el tribunal,
y no por las denuncias, acusaciones iniciales, órdenes de
arresto, u otros documentos que pudieran formar parte del
expediente criminal del convicto.
contrario
implicaría,
cuestionamiento
sobre
entre
la
Ciertamente, resolver lo
otras
validez
de
cosas,
la
un
serio
alegación
de
culpabilidad del peticionario en este caso.
Por los fundamentos antes mencionados, procede revocar
la decisión del Tribunal de Apelaciones y concluir que la
Junta
de
Libertad
Bajo
Palabra
tiene
jurisdicción
para
atender la solicitud del peticionario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
8
A tenor con el resultado a que llegamos, se hace
innecesario discutir los otros señalamientos del Procurador
General.