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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Román Mártir

2007 TSPR 2

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Román Mártir

CC-2005-0229

Procedimiento Criminal-Moción bajo la Regla 192.1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2007 TSPR 2

Giovanni Román Mártir

169 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2005-229

Fecha: 11 de enero de 2007

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón-Panel XII

Panel integrado por su Presidenta, la Juez Rodríguez de Oronoz, la

Juez Pesante Martínez y el Juez Soler Aquino

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Ricardo E. Alegría Pons

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Carlos D. Riestra Cortés

Procurador General Auxiliar

Materia: Infracción a los artículos 166, 171, 180 del Código Penal y

el Artículo 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2005-0229

Giovanni Román Mártir

Recurrido

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007.

El caso de autos nos brinda la oportunidad de

resolver

si

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

asumir jurisdicción sobre un “Recurso de Apelación”

presentado por un recluso, un (1) año después de

dictada

sentencia

condenatoria,

producto

de

una

alegación de culpabilidad, acogiendo el referido

recurso como una moción bajo la Regla 192.1 de

Procedimiento Criminal, infra, y trasladándolo al

Tribunal de Primera Instancia para su disposición.

Recurre ante nos el Procurador General.

hechos que originan el presente recurso.

Veamos los

CC-2005-0229

2

I

El 31 de enero de 2003, el señor Giovanni Román Mártir,

en adelante señor Román Mártir o el acusado,

fue denunciado

por infringir los artículos 166, 171 y 180 del Código Penal

de

1974,

según

enmendado,

que

tipifican

los

delitos

de

apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado y daño

respectivamente.1

agravado,

Además,

fue

denunciado

por

violar el artículo 18 de la Ley para la Protección de la

Propiedad Vehicular, que tipifica el delito de apropiación

ilegal de vehículo de motor.2

Específicamente, se le imputó

haber penetrado la residencia habitada por la señora Carmen

Villafañe Pagán con la intención de cometer el delito de

apropiación ilegal, causar daños a dicha propiedad al forzar

su penetración, apropiarse ilegalmente de joyas, un vehículo

de motor y otros bienes muebles de considerable valor.

El 31 de enero de 2003, se determinó causa probable

para

el

delitos

arresto

del

imputados.

señor

Román

Asimismo,

el

Mártir

por

todos

14

abril

de

de

los

2003,

celebrada la vista preliminar que dispone la Regla 23 de

Procedimiento Criminal3, se determinó causa probable para

acusar

al

señor

Román

Mártir

por

todos

imputados.4

1

33 L.P.R.A. ant. secs. 4272, 4277 y 4286.

2

9 L.P.R.A. sec. 3217.

3

34 L.P.R.A. Ap. II.

4

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 5.

los

delitos

CC-2005-0229

El

3

Ministerio

Tribunal

de

Público

Primera

procedió

Instancia

a

presentar

las

ante

el

correspondientes

acusaciones.

Todas alegaban la condición de reincidente

habitual

acusado.

del

notificaban

que

el

Específicamente,

señor

Román

Mártir

las

acusaciones

fue

convicto

y

sentenciado los días 5 de noviembre de 1993 y 17 de junio de

1997,

por

la

comisión

de

agravados

y

amenaza

a

los

delitos

graves

funcionario

de

de

daños

justicia,

respectivamente, y que las referidas sentencias advinieron

finales

y

firmes

en

los

casos

criminales

números

SP1993G000101 y FJ1997G003507.5

El 30 de abril

de 2003, el defensor de oficio del

acusado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una

moción de supresión de identificación.6

El 23 de julio de

2003, el señor Román Mártir presentó, por derecho propio,

una moción en la que solicitó la celebración de una vista,

pues ya se había pautado la fecha del juicio y aún no se

había dilucidado la moción de supresión de identificación.7

Además,

informó

al

tribunal

que

no

había

podido

entrevistarse con su nuevo abogado de oficio, a pesar de que

restaban pocos días para la celebración del juicio en su

fondo, pautado para el 31 de julio de 2003.8

5

Íd., págs. 6-9.

6

Íd., pág. 23.

7

Íd.

8

Íd., págs. 23-24.

CC-2005-0229

4

No obstante, previo al acto del juicio, el Ministerio

Público y la defensa del acusado negociaron un preacuerdo

sobre alegación.

el

acusado

se

El preacuerdo consistió en lo siguiente:

declararía

culpable

de

todos

los

delitos

imputados, a cambio de lo cual el Ministerio Público se

obligaría

a

eliminar

la

alegación

sobre

reincidencia

habitual incluida en todas las acusaciones.

El tribunal

aceptó la alegación preacordada por las partes.

Así las cosas, el 31 de julio de 2003, llamado el caso

para

juicio

en

su

fondo,

compareció

en

sala,

tanto

el

fiscal como el acusado, asistido de su abogado, licenciado

Ángel R. Vázquez Cintrón.

Luego de leérsele al señor Román

Mártir las acusaciones en su contra, y preguntado por el

tribunal qué alegación hacía, el acusado manifestó que se

declaraba culpable.

Culpable, en cada uno de los cuatro

(4) delitos que le fueron imputados.

El señor Román Mártir

solicitó que se dictara sentencia en su contra en el acto.9

A renglón seguido, el Tribunal de Primera Instancia

aceptó

las

declaraciones

de

dictando, en esa misma fecha,

culpabilidad

del

acusado,

cuatro (4) sentencias de

culpabilidad, una por cada delito confesado.

El tribunal

hizo constar en sus sentencias que el señor Román Mártir,

en adelante, también denominado como el convicto, realizó

las

9

alegaciones

Íd., págs. 10-13.

de

culpabilidad

voluntariamente,

con

CC-2005-0229

5

conocimiento

de

la

naturaleza

de

los

delitos

graves

imputados y de las consecuencias de las mismas.10

El Tribunal de Primera Instancia condenó al señor Román

Mártir a cumplir las penas siguientes: ocho (8) años de

reclusión

carcelaria

por

infracción

al

artículo

171

del

Código Penal, supra, seis (6) años de prisión por violación

a

su

artículo

166,

seis

supra,

(6)

años

de

cárcel

por

quebrantar el artículo 18 de la Ley para la Protección de

la Propiedad Vehicular, supra, y dos (2) años de reclusión

carcelaria por infracción al artículo 180 del Código Penal,

Dispuso que los años de prisión fueren cumplidos

supra.

concurrentes entre sí, y de forma consecutiva con cualquier

otra sentencia que el convicto estuviese cumpliendo en ese

momento.11

El 5 de septiembre de 2003, ya advenidas finales y

firmes

las

referidas

sentencias,

el

señor

Román

Mártir

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, por derecho

propio, una “Moción de Rebaja de Sentencia”.

El 16 de

septiembre

plano

moción.12

de

2003,

ese

tribunal

rechazó

de

la

El convicto no recurrió de dicha denegatoria.

El 20 de julio de 2004, el señor Román Mártir presentó,

también por derecho propio, y esta vez ante el Tribunal de

Apelaciones,

un

10

Íd.

11

Íd.

12

Íd., pág. 24.

“Recurso

de

Apelación”.

Citamos

en

su

CC-2005-0229

totalidad

6

las

exposiciones,

alegaciones

y

súplica

que

hiciera en este recurso13:

Al Honorable Tribunal

Comparece el Peticionario de Epígrafe En Forma

Pauperis y Por Derecho Propio y Ante Este

Honorable

Tribunal

de

Justicia

y

Muy

Respetuosamente Expone Alega y Solicita.

1) Que el Peticionario se encuentra extinguiendo

una sentencia impuesta por el Honorable Tribunal

de Bayamón el día 31 de julio de 2003.

2)

Que

el

Peticionario

recurre

ante

este

Honorable Circuito de Apelaciones en Apelación a

las sentencias impuestas por el Tribunal Superior

de Bayamón.

3) Que el Peticionario recurre en Apelación a las

sentencias impuestas ya que a este se le violaron

sus derechos como acusado y le fue violado el

debido proceso de ley que le cobija en cualquier

proceso criminal al que fue sometido.

4) Que el Peticionario solicita de este Honorable

Tribunal que le asigne una representación legal

de oficio para que siga con el proceso de

Apelación al que este solicita

Por Todo Lo cual Suplica y Apela al sentimiento

de justicia y Equidad de este Honorable Tribunal

de justicia para que declare Ha Lugar el presente

recurso con cualquier otro pronunciamiento que en

derecho proceda.

Respetuosamente sometido (énfasis nuestro).14

El 24 de enero de 2005, el Tribunal de Apelaciones

emitió

una

resolución,

archivada

en

autos

copia

de

su

notificación a las partes el 11 de febrero de 2005, en la

que reconoció que carecía de jurisdicción para revisar las

13

Por ser innumerables los errores gramaticales contenidos

en el escrito del convicto y para no obstaculizar

irrazonablemente

la

lectura,

hemos

optado

por

no

identificarlos.

14

Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 17-19.

CC-2005-0229

sentencias

7

condenatorias

peticionario.

Ello,

que

porque

pesaban

el

contra

denominado

el

allí

“Recurso

de

Apelación” se había presentado casi un (1) año después de

haber

sido

dictadas,

en

circunstancias

en

que

el

señor

Román Mártir sólo contaba con un término jurisdiccional de

treinta

(30)

días

para

hacerlo.15

No

obstante,

decidió

acoger el asunto planteado en el recurso presentado por el

recluso como una moción al amparo de la Regla 192.1 de

Procedimiento Criminal, infra, y trasladarlo al tribunal

sentenciador para que así se atendiera.16

Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo de

2005, el Procurador General acudió ante nosotros mediante

recurso de certiorari, señalando los errores siguientes:

I. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL

ASUMIR JURISDICCIÓN EN EL CASO DE AUTOS, A

PESAR DE HABER EXPIRADO YA EL TÉRMINO

PROVISTO

EN

LEY

PARA

RECURRIR

DE

LA

SENTENCIA.

II. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

ACOGER

EL

RECURSO

DE

APELACION

DEL

RECURRIDO, CUYO TÉRMINO ESTABA PRESCRITO,

COMO UNO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 DE

PROCEDIMIENTO

CRIMINAL,

NO

OBSTANTE

NO

CUMPLIR ÉSTE CON NINGUNO DE LOS FUNDAMENTOS

TAXATIVOS EXIGIDOS POR DICHA REGLA.

III. INCIDIÓ, Y EN CONSECUENCIA ABUSÓ DE SU

DISCRESIÓN, EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL

ACOGER UN RECURSO A TODAS LUCES IMPROCEDENTE

EN DERECHO.

ELLO TUVO EL EFECTO DE

INFRINGIR

EL

PRINCIPIO

DE

CERTEZA

O

SEGURIDAD JURÍDICA.

15

Íd., pág. 24.

16

Íd., págs. 22 y 25.

CC-2005-0229

8

Posteriormente, el 27 de abril de 2005, el Procurador General

presentó ante nos una “MOCIÓN EN AUXILIO DE JURISDICCIÓN”,

solicitando la paralización de una vista judicial pautada por

el Tribunal de Primera Instancia para el 6 de mayo de 2005, a

raíz del dictamen del Tribunal de Apelaciones.

El 29 de abril

de 2005, expedimos el recurso de certiorari.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes17,

nos encontramos en posición de resolver.

II

En

vista

Procurador

de

que

General

los

están

señalamientos

íntimamente

de

error

del

relacionados,

los

discutiremos en conjunto.

El

Procurador

Apelaciones

incidió

General

al

arguye

asumir

que

el

Tribunal

jurisdicción

sobre

de

un

“Recurso de Apelación” presentado casi un (1) año después

de dictadas las sentencias condenatorias recurridas.18

17

El convicto, señor Román Mártir, compareció por derecho

propio.

En el ejercicio de nuestra discreción, le

concedimos término para que compareciera, además, a través

de abogado de oficio. Debemos puntualizar que recientemente

reiteramos la norma de que aunque un convicto indigente

tiene un derecho constitucional a que se le nombre un

abogado de oficio para la presentación de una primera

apelación, éste no se extiende a la presentación de recursos

discrecionales o ataques colaterales a una convicción.

Pueblo v. Rivera Crespo, 2006 T.S.P.R. 78, 2006 J.T.S. 87,

167 D.P.R. __ (2006).

18

Alegato del Procurador General, pág.4. Según indicamos en

la relación de hechos que antecede, las sentencias de

culpabilidad del aquí recurrido fueron dictadas el 31 de

julio de 2003, mientras que el “Recurso de Apelación” fue

presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 20 de julio de

2004.

CC-2005-0229

9

A

La

Regla

193

de

Procedimiento

Criminal

dispone

lo

siguiente:

Las sentencias finales dictadas en casos

criminales originados en el Tribunal de

Primera Instancia podrán ser apeladas por el

acusado en la forma prescrita por estas

reglas. En estos casos el acusado podrá

establecer una apelación para ante el Tribunal

de Circuito de Apelaciones, excepto en los

casos

de

convicción

por

alegación

de

culpabilidad,

en

los

cuales

procederá

únicamente un recurso de certiorari, en cuyo

caso el auto será expedido por el Tribunal de

Circuito de Apelaciones a su discreción. La

solicitud de certiorari deberá presentarse

dentro de los treinta (30) días siguientes a

la fecha en que la sentencia fue dictada. Este

término es jurisdiccional (énfasis añadido).19

Se desprende de lo aquí citado que el término disponible

para presentar un recurso de certiorari para revisar una

sentencia

condenatoria

dictada

por

alegación

de

culpabilidad es de carácter fatal o jurisdiccional, treinta

(30) días, a partir de la fecha en que la sentencia fue

dictada.

No

obstante,

sentenciado

por

el

señor

alegación

Román

de

Mártir,

convicto

y

culpabilidad,

presentó

su

“Recurso de Apelación” ante el Tribunal de Apelaciones tres

cientos cincuenta y cinco (355) días después de dictadas

las sentencias que le condenaban.

Al momento de presentar

el denominado “Recurso de Apelación”, vencido ya el término

jurisdiccional

de

treinta

(30)

días

en

cuestión,

el

Tribunal de Apelaciones carecía de autoridad para entender

19

34 L.P.R.A. Ap. II.

CC-2005-0229

10

en el mismo.

Al así reconocerlo en su sentencia, actuó

correctamente el referido foro.20

No obstante, a pesar de declararse sin jurisdicción en el

recurso en alzada presentado por el convicto, el Tribunal

de Apelaciones acogió el asunto planteado en él como una

moción

al

amparo

de

la

Regla

192.1

de

Procedimiento

Criminal, infra, y acto seguido, lo trasladó al Tribunal de

Primera Instancia para que allí se resolviera, como una

cuestión de jurisdicción original en el foro.

El Procurador General sostiene ante nos que, al así

actuar, el Tribunal de Apelaciones erró, toda vez que las

sentencias condenatorias atacadas por el convicto fueron

dictadas como resultado de su alegación de culpabilidad.

Aduce que cuando el señor Román Mártir hizo alegación de

culpabilidad, renunció a los derechos constitucionales que

invocó ante el tribunal intermedio apelativo.21

Debemos

recordar que en el denominado “Recurso de Apelación” el

convicto alegó que en el foro primario le fueron violentados

sus derechos como acusado y su derecho constitucional a un

debido proceso de ley.

General

que,

“siendo

Arguye, entonces, el Procurador

su

sentencia

una

20

secuela

de

una

Es menester destacar que el convicto debió designar su

escrito como “Recurso de Certiorari”. No obstante, es norma

antigua que el nombre con que se designa un recurso no es

determinante de su naturaleza, ni debe ser decisivo desde el

punto de vista de la función de hacer justicia, por lo que

los tribunales deben hacer caso omiso de los nombres o

títulos mal puestos en los recursos, y considerarlos como

corresponda.

Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 293

(1975) y casos allí citados.

21

Alegato del Procurador General, págs. 3-4.

CC-2005-0229

admisión

de

11

culpabilidad,

el

convicto

está

impedido

de

invocar estos derechos”.22

En la alternativa, el Procurador General alega que el

contenido del denominado “Recurso de Apelación” no cumplió

con los fundamentos y exigencias del remedio contemplado por

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y que su

acogida, como una moción bajo la referida regla, infringió

el principio de certeza y seguridad jurídica.

Veamos.

B

En

Pueblo

Supremo

sobre

el

federal

v.

Figueroa

en

concepto

Brady

de

García23,

v.

United

alegación

de

citando

States24,

al

Tribunal

expresamos

culpabilidad

(“guilty

plea”) lo siguiente:

... a guilty plea is a grave and solemn act to

be accepted only with care and discernment has

long been recognized. Central to the plea and

the foundation for entering judgment against

the defendant is the defendant's admission in

open court that he committed the acts charged

in the indictment. He thus stands as a witness

against himself and he is shielded by the

Fifth Amendment from being compelled to do so

--hence the minimum requirement that his plea

be the voluntary expression of his own choice.

But the plea is more than an admission of past

conduct; it is the defendant's consent that

judgment of conviction may be entered without

a trial-- a waiver of his right to trial

before

a

jury

or

a

judge.

Waivers

of

constitutional

rights

not

only

must

be

voluntary but must be knowing, intelligent

acts done with sufficient awareness of the

relevant

circumstances

and

likely

consequences.25

22

Íd.

23

129 D.P.R. 798 (1992).

24

397 U.S. 742, 748 (1970).

25

Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804.

CC-2005-0229

Por

12

otro

lado,

recientemente,

en

Pueblo

v.

Montero

Luciano26, reiteramos la norma jurisprudencial que establece

que, al hacer alegación de culpabilidad, el acusado renuncia

a

valiosos

derechos

constitucionales,

entre

ellos,

el

derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda

razonable,

el

derecho

a

un

juicio

justo,

imparcial

y

público, el derecho a ser juzgado ante un juez o jurado, y

el derecho a presentar evidencia a su favor y rebatir la

evidencia presentada en su contra.

No

obstante,

hemos

establecido

que

una

sentencia

dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es revisable

mediante recurso de certiorari, librado discrecionalmente, a

los fines de examinar un ataque a (1) la suficiencia de la

acusación, (2) la jurisdicción del tribunal sentenciador y

(3) para plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento

de la sentencia.27

Hemos expresado que el hecho de que un

acusado

convicto

haya

culpabilidad

sido

no

impide

que

mediante

alegación

de

ataque

directamente

la

(4)

el

resultado

de

su

de

éste

validez

de

la

alegación,

cuando

coacción

o

(5)

cuando

tribunal

un

una

es

incumple

deber

investigar asuntos requeridos por la Constitución o por la

ley.

Asimismo, hemos señalado que un convicto por alegación

26

2006 T.S.P.R. 158, 2006 J.T.S. 167, 169 D.P.R. __ (2006).

Véase, además, Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 807.

Además, también, Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340,

350 (1976) y Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854

(1973).

27

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 210 (1998);

Pueblo v. Pueblo Internacional, 106 D.P.R. 202, 208 (1977).

CC-2005-0229

13

de culpabilidad puede impugnar colateralmente su sentencia

(6) si no fue producto de una decisión inteligente.28

Aunque

ciertamente

hemos

resuelto

que

al

hacerse

alegación de culpabilidad se renuncia a valiosos derechos

constitucionales

relacionados,

esencialmente,

con

el

acto

del juicio, y consustanciales con el derecho constitucional

a un debido proceso de ley, bajo ninguna circunstancia puede

interpretarse que tal alegación implica una renuncia total a

éste último.

No puede ser de otra manera, pues la cláusula

del debido proceso de ley, consagrada en la Sección 7 de la

Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico29, ha

sido denominada como la disposición matriz de la garantía de

los derechos individuales ante la intervención injustificada

del Estado con el ciudadano.30

Dicho de otra forma, el

derecho constitucional a un debido proceso de ley representa

la garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano

contra los posibles abusos o usos arbitrarios de poder por

parte

del

Estado

y

constituye

la

aspirada justicia plena e imparcial.

máxima

garantía

de

la

Es responsabilidad de

esta Curia proteger el derecho constitucional a un debido

28

29

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 210-211.

Art. II, sec. 7, Const. E.L.A.,

Dispone, en lo aquí pertinente, que:

L.P.R.A.,

Tomo

1.

[…]Ninguna persona será privada de su libertad o

propiedad sin debido proceso de ley…

30

Pueblo v. Montero Luciano, supra; Pueblo v. Vega, 198

D.P.R. 980 (1999).

CC-2005-0229

14

proceso de ley como una de las columnas en que se erige

nuestro sistema de justicia.

Así las cosas, un ciudadano convicto mediante alegación

de

culpabilidad,

sentencia

podría

dictada

de

atacar

dicha

conformidad,

convicción,

si

cuenta

y

la

con

un

planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley.

Podría

hacerlo

directamente,

a

través

del

recurso

de

certiorari correspondiente, o colateralmente, a través de

procedimientos

posteriores

a

la

sentencia,

perfeccionados

conforme a derecho, tales como la moción bajo la Regla 192.1

de Procedimiento Criminal, infra, y el recurso de habeas

Todo planteamiento o defensa de este tipo deberá

corpus.

estar debidamente acreditada y fundamentada en el recurso o

moción presentada.

ataque

colateral

Enfatizamos que si se tratare de un

a

la

sentencia,

estrictamente

a

circunstancias,

planteamientos

gobiernan

el

los

procedimiento,

deberá

fundamentos,

y

normas

recurso,

conformarse

condiciones,

de

derecho

mecanismo

o

que

moción

presentada a esos fines.

En vista de lo

Procurador

General

anterior, no le asiste la razón al

cuando

con

sus

argumentos

ante

nos

pretende implicar que, al hacer alegación de culpabilidad,

el

señor

Román

Mártir

renunció

a

todo

planteamiento

o

defensa apuntalada en el derecho constitucional a un debido

proceso de ley.

Ahora

directo

a

bien,

las

descartada

sentencias

la

procedencia

condenatorias

en

de

un

ataque

controversia

CC-2005-0229

mediante

15

recurso

de

certiorari,

por

ausencia

de

jurisdicción, debemos evaluar si el contenido del denominado

“Recurso de Apelación”, presentado por el convicto ante el

Tribunal

de

Apelaciones,

cumplió

Procedimiento Criminal, infra.

con

la

Regla

192.1

de

Ello, con el objetivo de

determinar si dicho foro actuó con corrección jurídica al

(1) acoger el asunto planteado en él como una moción bajo la

referida regla y (2) remitirlo al tribunal sentenciador para

su disposición.

C

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, en adelante

Regla 192.1, autoriza a cualquier persona que se encuentre

detenida en virtud de sentencia condenatoria, a presentar

una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que

la dictó, con el objetivo de que sea anulada, dejada sin

efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue el

derecho

a

ser

puesto

en

libertad

por

cualquiera

fundamentos siguientes:

(1) La sentencia fue impuesta en violación de

la Constitución o las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico o la Constitución y

las leyes de Estados Unidos; o

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para

imponer dicha sentencia; o

(3) la sentencia impuesta excede de la pena

prescrita por la ley, o

(4)

la

sentencia

está

sujeta

a

ataque

31

colateral por cualquier motivo.

31

34 L.P.R.A. Ap. II.

de

los

CC-2005-0229

La

16

moción

tribunal

en

cuestión

sentenciador

en

puede

ser

cualquier

presentada

momento,

ante

el

después

de

dictada sentencia, incluso cuando ésta haya advenido final y

firme.32

La Regla 192.1 requiere que se incluyan en la

moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para

solicitar

el

particular,

remedio

la

provisto

referida

norma

en

la

misma.

procesal

Sobre

establece

este

que

se

considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en la

moción, excepto que el tribunal, con base en un escrito

subsiguiente,

determine

que

no

pudieron

razonablemente

presentarse en la moción original.33

El mecanismo procesal provisto por la Regla 192.1 puede

ser

utilizado

para

atacar

colateralmente

la

validez

o

constitucionalidad de una sentencia criminal final y firme,

cuando el convicto está cumpliendo prisión por razón de la

misma.34

Los fundamentos para solicitar la revisión de una

sentencia bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de

derecho, por lo que no puede ser utilizado para revisar

señalamientos sobre errores de hecho.35

inocencia

del

convicto

no

es

La culpabilidad o

asunto

susceptible de

32

Íd.; D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal

Puertorriqueño, 7ma ed., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del

Derecho, 2004, §15.5, pág. 221.

33

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.

34

Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 896 (1993);

Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 292 (1975).

35

Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra; Pueblo v. Ruiz Torres,

127 D.P.R. 612, 615 (1990).

Véase, además, Nevares Muñiz,

op cit, pág. 221.

CC-2005-0229

17

plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión de si

la sentencia impugnada está viciada por un error fundamental

que contradice la noción más básica y elemental de lo que

constituye un procedimiento criminal justo.36

Una moción al amparo de la Regla 192.1 procederá cuando

la sentencia dictada sea contraria a la ley o viole algún

precepto constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción,

exceda la pena prescrita por la ley, o cuando esté sujeta a

un ataque colateral por un fundamento válido.

de

Primera

Instancia

podrá,

El Tribunal

discrecionalmente,

dejar

sin

efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y

su puesta en libertad, dictar nueva sentencia o conceder un

nuevo juicio, según proceda.37

Expuesta la normativa de derecho anterior, procedemos a

aplicarla a los hechos particulares del caso de marras.

Según

Apelación”

se

desprende

presentado

por

del

el

denominado

señor

Román

“Recurso

Mártir

ante

de

el

Tribunal de Apelaciones, éste se limitó a alegar en él lo

siguiente: que “se le violaron sus derechos como acusado y

le fue violado el debido proceso de ley”.

En esa única,

llana y escueta afirmación descansó el convicto para atacar

su convicción y sentencia ante el foro intermedio apelativo.

36

D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed.

revisada, San Juan, Ed. Programa Educación Jurídica Continua

de la Facultad Derecho U.I.P.R., 1996, pág. 185.

37

Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 893; Pueblo v.

Ruiz Torres, supra, pág. 614.

Véase, además, Rivé Rivera,

op cit., pág. 181.

CC-2005-0229

18

En una comparecencia en forma de “Moción de Absolución

Perentoria”

que

por

derecho

propio

radicó

en

nuestra

Secretaría, el señor Román Mártir alegó que:

…fue víctima del Tribunal de Justicia donde sus

derechos como acusados [sic] fueron violados en

una forma sin precedentes ya que este [sic] fue

acusado con un coautor que el Tribunal le

desestimó los cargos sin [el coautor] tener

representación legal, en un caso en donde [sic]

el

peticionario

[sic]

y

coacusado

fueron

sorprendidos montándose en vehículo que había

sido hurtado en Bayamón (énfasis suplido).38

Adujo, además, que el Tribunal de Primera Instancia:

…actuó con pasión, prejuicio o parcialidad en

contra del peticionario [sic] y favoreciendo al

coacusado el día 23 de abril de 2003, entiéndase

que el coacusado tiene un pariente una [sic] tía

que labora en el Tribunal de Bayamón, entiéndase

que éste [coautor] sin una representación legal

que [sic] fue absuelto por dicho juez.39

Terminó solicitando en su moción:

…muy respetuosamente abducción [sic] perentoria

en estos casos ya que el Tribunal de Primera

Instancia de Bayamón incidió y en consecuencia

abuso [sic] de su discreción a todas luces

improcedente en derecho. Lo cual tuvo el efecto

de infringir el principio de la certeza y

seguridad jurídica.40

En

una

comparecencia

subsiguiente,

el

convicto

nos

señaló que “fue acusado de unos delitos dónde al coacusado

38

“Moción de Absolución Perentoria”, presentada por el

convicto en nuestra Secretaría el 12 de agosto de 2005, pág.

2.

39

Íd.

40

Íd.

CC-2005-0229

[el]

19

tribunal

le

desestimó

los

cargos

[sic]

dejando

los

cargos al peticionario”.41

Las expresiones citadas no fueron hechas por el señor

Román

Mártir

al

Tribunal

de

Apelaciones.

Pero,

aun

si

hiciéramos abstracción de ese hecho, como hemos apreciado,

representan

el

mejor

ejemplo

de

aserciones

inmeritorias,

flacas, descarnadas y carentes de fundamento. La aseveración

hecha

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

de

que

el

foro

primario le violó sus derechos como acusado y el derecho

constitucional a un debido proceso de ley, sin apoyarla allí

con

datos

y

argumentos

concretos,

fue

claramente

insuficiente para justificar acoger el denominado “Recurso

de Apelación” como una moción bajo la Regla 192.1.

El

convicto ni remotamente cumplió con las exigencias de la

referida regla.

Ésta le requería que incluyera todos los

fundamentos que a bien tuviera para solicitar un remedio.

No obstante, el señor Román Mártir no esbozó ninguno.

Coincidimos con la profesora Dora Nevares Muñiz, quien

al interpretar la Regla 192.1 comenta, y así lo resolvemos,

que

si

de

su

faz

la

moción

presentada

a

su

amparo

no

demuestra que el peticionario tiene derecho a algún remedio,

deberá ser rechazada de plano.42

faz,

lo

procedente

ulterior trámite.

es

su

Si es inmeritoria de su

declaración

“Sin

Lugar”,

sin

Siendo el procedimiento provisto por la

41

Moción intitulada presentada en nuestra Secretaría por el

señor Román Mártir el 31 de octubre de 2005, pág. 2.

42

Nevares Muñiz, op cit, pág. 221.

CC-2005-0229

20

referida regla uno de naturaleza civil, semejante al recurso

de habeas corpus, separado e independiente del procedimiento

criminal cuya sentencia se impugna, es el peticionario quien

tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene derecho

al remedio solicitado.43

Le corresponde en primera instancia

al recluso, mediante la presentación de la moción, poner al

tribunal en condiciones de resolver,

argumentos

de

derecho

celebración

de

una

planteamientos

concretos,

vista,

para

constitucionales,

a través de datos y

que

es

imperiosa

atender

sus

o

ausencia

de

la

fundados

de

jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta, a tenor

con la concernida regla.

En el presente caso, las cuatro (4) acusaciones que

pesaban contra el señor Román Mártir alegaban su condición

de reincidente habitual.

La implicación de ello era que de

resultar culpable en juicio, se exponía a una condena de

separación permanente de la sociedad, reclusión perpetua.44

Producto de sus alegaciones de culpabilidad, preacordadas

con el Ministerio Público y aceptadas por el Tribunal de

Primera Instancia, se eliminaron de los pliegos acusatorios

las alegaciones sobre reincidencia habitual.

El señor Román

Mártir se benefició claramente de ello: obtuvo una condena

de sólo ocho (8) años de prisión.

43

44

Rivé Rivera, op cit., págs. 190-191.

Artículo 62 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. ant.

sec. 3302.

CC-2005-0229

21

Las sentencias condenatorias dictadas demuestran que el

convicto, de conformidad con la Regla 70 de Procedimiento

Criminal45, fue examinado bajo juramento por el Tribunal de

Primera Instancia, luego de lo cual realizó las alegaciones

de culpabilidad, voluntariamente, con conocimiento de la

naturaleza

de

consecuencias

los

de

delitos

las

graves

mismas.

imputados

Inclusive,

y

de

las

surge

de

las

referidas sentencias que el señor Román Mártir solicitó al

tribunal que lo sentenciara en el acto.

El convicto no

trajo a la atención del Tribunal de Apelaciones fundamento

alguno que demostrase que al dictarse las sentencias en

controversia el foro primario actuó inconstitucionalmente,

sin jurisdicción o excediendo la pena prescrita en la ley.

Tampoco realizó un ataque colateral contra ellas por un

motivo válido.

planteó

Sencillamente, el señor Román Mártir no

ante

el

foro

intermedio

controversia

de

derecho

que

apelativo

justificara

la

una

legítima

concesión

de

algún remedio bajo la Regla 192.1.

No podemos perder de perspectiva que el proceso de

impartir

justicia

incluye

la

debida

protección

del

principio de finalidad de los procedimientos penales.

Por

tener como objetivo lograr la revocación de convicciones y

sentencias finales y firmes, la Regla 192.1 debe ser vista

por

los

tribunales

como

una

de

naturaleza

excepcional.

Así, las mociones a su amparo deben ser examinadas con un

gran cuidado, desplegándose en todo momento un juicioso y

45

34 L.P.R.A. Ap. II.

CC-2005-0229

22

responsable

ejercicio

de

imperativo

que

convictos

los

discreción.

de

Recordemos

delito

que

es

presenten

en

procedimientos apelativos todos los fundamentos que a bien

tengan

para

atacar

sus

corresponde

desalentar

fundamentos

en

convicciones

que

y

éstos

procedimientos

sentencias.

levanten

posteriores

Nos

dichos

colaterales,

máxime si, como en el presente caso, se esgrimen argumentos

infundados

y

peregrinos.

No

debemos

alimentar

la

congestión de nuestros tribunales con recursos inmeritorios

de reclusos que tienen como propósito permanecer en el foro

judicial atacando colateralmente sentencias no apeladas o

infructuosamente

apeladas,

en

un

esfuerzo

de

revocar

veredictos, fallos o sentencias de culpabilidad finales y

firmes.

III

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

resolvemos

que

erró el Tribunal de Apelaciones al acoger el denominado

“Recurso de Apelación” presentado por el señor Román Mártir

como una moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al

Tribunal

46

de

Primera

Instancia

para

su

dilucidación.46

Queremos acentuar que la competencia para resolver una

moción bajo la Regla 192.1 es del tribunal sentenciador. Si

el “Recurso de Apelación” del convicto hubiese cumplido con

las exigencias de la moción regulada por la referida regla

procesal criminal, la actuación del Tribunal de Apelaciones

hubiera sido una jurídicamente correcta.

Nótese que dicho

foro no dilucidó la moción (el “Recurso de Apelación”) sino

que, en obediencia a la referida norma de competencia, lo

remitió a tales fines al Tribunal de Primera Instancia.

CC-2005-0229

Debió,

sin

23

más,

desestimar

el

recurso

del

convicto

por

falta de jurisdicción.

En virtud de lo que aquí resolvemos, procede revocar la

resolución

del

Tribunal

denominado

“Recurso

de

de

Apelaciones

Apelación”

y

desestimar

presentado

convicto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

por

el

el

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2005-229

Giovanni Román Mártir

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, resolvemos que erró el

Tribunal de Apelaciones al acoger el “Recurso de

Apelación” presentado por el aquí recurrido como una

moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al

Tribunal de Primera Instancia para su dilucidación.

Debió, sin más, desestimar el recurso del convicto

por falta de jurisdicción.

En virtud de lo que aquí resolvemos, procede

revocar la resolución del Tribunal de Apelaciones y

desestimar el “Recurso de Apelación” presentado por

el recurrido.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster

Berlingeri y la Jueza Asociada señora Rodríguez

Rodríguez concurren sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo