Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Román Mártir
2007 TSPR 2
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Román Mártir
CC-2005-0229
Procedimiento Criminal-Moción bajo la Regla 192.1
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2007 TSPR 2
Giovanni Román Mártir
169 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2005-229
Fecha: 11 de enero de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón-Panel XII
Panel integrado por su Presidenta, la Juez Rodríguez de Oronoz, la
Juez Pesante Martínez y el Juez Soler Aquino
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Ricardo E. Alegría Pons
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Carlos D. Riestra Cortés
Procurador General Auxiliar
Materia: Infracción a los artículos 166, 171, 180 del Código Penal y
el Artículo 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2005-0229
Giovanni Román Mártir
Recurrido
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007.
El caso de autos nos brinda la oportunidad de
resolver
si
el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
asumir jurisdicción sobre un “Recurso de Apelación”
presentado por un recluso, un (1) año después de
dictada
sentencia
condenatoria,
producto
de
una
alegación de culpabilidad, acogiendo el referido
recurso como una moción bajo la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, infra, y trasladándolo al
Tribunal de Primera Instancia para su disposición.
Recurre ante nos el Procurador General.
hechos que originan el presente recurso.
Veamos los
CC-2005-0229
2
I
El 31 de enero de 2003, el señor Giovanni Román Mártir,
en adelante señor Román Mártir o el acusado,
fue denunciado
por infringir los artículos 166, 171 y 180 del Código Penal
de
1974,
según
enmendado,
que
tipifican
los
delitos
de
apropiación ilegal agravada, escalamiento agravado y daño
respectivamente.1
agravado,
Además,
fue
denunciado
por
violar el artículo 18 de la Ley para la Protección de la
Propiedad Vehicular, que tipifica el delito de apropiación
ilegal de vehículo de motor.2
Específicamente, se le imputó
haber penetrado la residencia habitada por la señora Carmen
Villafañe Pagán con la intención de cometer el delito de
apropiación ilegal, causar daños a dicha propiedad al forzar
su penetración, apropiarse ilegalmente de joyas, un vehículo
de motor y otros bienes muebles de considerable valor.
El 31 de enero de 2003, se determinó causa probable
para
el
delitos
arresto
del
imputados.
señor
Román
Asimismo,
el
Mártir
por
todos
14
abril
de
de
los
2003,
celebrada la vista preliminar que dispone la Regla 23 de
Procedimiento Criminal3, se determinó causa probable para
acusar
al
señor
Román
Mártir
por
todos
imputados.4
1
33 L.P.R.A. ant. secs. 4272, 4277 y 4286.
2
9 L.P.R.A. sec. 3217.
3
34 L.P.R.A. Ap. II.
4
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 5.
los
delitos
CC-2005-0229
El
3
Ministerio
Tribunal
de
Público
Primera
procedió
Instancia
a
presentar
las
ante
el
correspondientes
acusaciones.
Todas alegaban la condición de reincidente
habitual
acusado.
del
notificaban
que
el
Específicamente,
señor
Román
Mártir
las
acusaciones
fue
convicto
y
sentenciado los días 5 de noviembre de 1993 y 17 de junio de
1997,
por
la
comisión
de
agravados
y
amenaza
a
los
delitos
graves
funcionario
de
de
daños
justicia,
respectivamente, y que las referidas sentencias advinieron
finales
y
firmes
en
los
casos
criminales
números
SP1993G000101 y FJ1997G003507.5
El 30 de abril
de 2003, el defensor de oficio del
acusado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una
moción de supresión de identificación.6
El 23 de julio de
2003, el señor Román Mártir presentó, por derecho propio,
una moción en la que solicitó la celebración de una vista,
pues ya se había pautado la fecha del juicio y aún no se
había dilucidado la moción de supresión de identificación.7
Además,
informó
al
tribunal
que
no
había
podido
entrevistarse con su nuevo abogado de oficio, a pesar de que
restaban pocos días para la celebración del juicio en su
fondo, pautado para el 31 de julio de 2003.8
5
Íd., págs. 6-9.
6
Íd., pág. 23.
7
Íd.
8
Íd., págs. 23-24.
CC-2005-0229
4
No obstante, previo al acto del juicio, el Ministerio
Público y la defensa del acusado negociaron un preacuerdo
sobre alegación.
el
acusado
se
El preacuerdo consistió en lo siguiente:
declararía
culpable
de
todos
los
delitos
imputados, a cambio de lo cual el Ministerio Público se
obligaría
a
eliminar
la
alegación
sobre
reincidencia
habitual incluida en todas las acusaciones.
El tribunal
aceptó la alegación preacordada por las partes.
Así las cosas, el 31 de julio de 2003, llamado el caso
para
juicio
en
su
fondo,
compareció
en
sala,
tanto
el
fiscal como el acusado, asistido de su abogado, licenciado
Ángel R. Vázquez Cintrón.
Luego de leérsele al señor Román
Mártir las acusaciones en su contra, y preguntado por el
tribunal qué alegación hacía, el acusado manifestó que se
declaraba culpable.
Culpable, en cada uno de los cuatro
(4) delitos que le fueron imputados.
El señor Román Mártir
solicitó que se dictara sentencia en su contra en el acto.9
A renglón seguido, el Tribunal de Primera Instancia
aceptó
las
declaraciones
de
dictando, en esa misma fecha,
culpabilidad
del
acusado,
cuatro (4) sentencias de
culpabilidad, una por cada delito confesado.
El tribunal
hizo constar en sus sentencias que el señor Román Mártir,
en adelante, también denominado como el convicto, realizó
las
9
alegaciones
Íd., págs. 10-13.
de
culpabilidad
voluntariamente,
con
CC-2005-0229
5
conocimiento
de
la
naturaleza
de
los
delitos
graves
imputados y de las consecuencias de las mismas.10
El Tribunal de Primera Instancia condenó al señor Román
Mártir a cumplir las penas siguientes: ocho (8) años de
reclusión
carcelaria
por
infracción
al
artículo
171
del
Código Penal, supra, seis (6) años de prisión por violación
a
su
artículo
166,
seis
supra,
(6)
años
de
cárcel
por
quebrantar el artículo 18 de la Ley para la Protección de
la Propiedad Vehicular, supra, y dos (2) años de reclusión
carcelaria por infracción al artículo 180 del Código Penal,
Dispuso que los años de prisión fueren cumplidos
supra.
concurrentes entre sí, y de forma consecutiva con cualquier
otra sentencia que el convicto estuviese cumpliendo en ese
momento.11
El 5 de septiembre de 2003, ya advenidas finales y
firmes
las
referidas
sentencias,
el
señor
Román
Mártir
presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, por derecho
propio, una “Moción de Rebaja de Sentencia”.
El 16 de
septiembre
plano
moción.12
de
2003,
ese
tribunal
rechazó
de
la
El convicto no recurrió de dicha denegatoria.
El 20 de julio de 2004, el señor Román Mártir presentó,
también por derecho propio, y esta vez ante el Tribunal de
Apelaciones,
un
10
Íd.
11
Íd.
12
Íd., pág. 24.
“Recurso
de
Apelación”.
Citamos
en
su
CC-2005-0229
totalidad
6
las
exposiciones,
alegaciones
y
súplica
que
hiciera en este recurso13:
Al Honorable Tribunal
Comparece el Peticionario de Epígrafe En Forma
Pauperis y Por Derecho Propio y Ante Este
Honorable
Tribunal
de
Justicia
y
Muy
Respetuosamente Expone Alega y Solicita.
1) Que el Peticionario se encuentra extinguiendo
una sentencia impuesta por el Honorable Tribunal
de Bayamón el día 31 de julio de 2003.
2)
Que
el
Peticionario
recurre
ante
este
Honorable Circuito de Apelaciones en Apelación a
las sentencias impuestas por el Tribunal Superior
de Bayamón.
3) Que el Peticionario recurre en Apelación a las
sentencias impuestas ya que a este se le violaron
sus derechos como acusado y le fue violado el
debido proceso de ley que le cobija en cualquier
proceso criminal al que fue sometido.
4) Que el Peticionario solicita de este Honorable
Tribunal que le asigne una representación legal
de oficio para que siga con el proceso de
Apelación al que este solicita
Por Todo Lo cual Suplica y Apela al sentimiento
de justicia y Equidad de este Honorable Tribunal
de justicia para que declare Ha Lugar el presente
recurso con cualquier otro pronunciamiento que en
derecho proceda.
Respetuosamente sometido (énfasis nuestro).14
El 24 de enero de 2005, el Tribunal de Apelaciones
emitió
una
resolución,
archivada
en
autos
copia
de
su
notificación a las partes el 11 de febrero de 2005, en la
que reconoció que carecía de jurisdicción para revisar las
13
Por ser innumerables los errores gramaticales contenidos
en el escrito del convicto y para no obstaculizar
irrazonablemente
la
lectura,
hemos
optado
por
no
identificarlos.
14
Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 17-19.
CC-2005-0229
sentencias
7
condenatorias
peticionario.
Ello,
que
porque
pesaban
el
contra
denominado
el
allí
“Recurso
de
Apelación” se había presentado casi un (1) año después de
haber
sido
dictadas,
en
circunstancias
en
que
el
señor
Román Mártir sólo contaba con un término jurisdiccional de
treinta
(30)
días
para
hacerlo.15
No
obstante,
decidió
acoger el asunto planteado en el recurso presentado por el
recluso como una moción al amparo de la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal, infra, y trasladarlo al tribunal
sentenciador para que así se atendiera.16
Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo de
2005, el Procurador General acudió ante nosotros mediante
recurso de certiorari, señalando los errores siguientes:
I. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL
ASUMIR JURISDICCIÓN EN EL CASO DE AUTOS, A
PESAR DE HABER EXPIRADO YA EL TÉRMINO
PROVISTO
EN
LEY
PARA
RECURRIR
DE
LA
SENTENCIA.
II. INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL
ACOGER
EL
RECURSO
DE
APELACION
DEL
RECURRIDO, CUYO TÉRMINO ESTABA PRESCRITO,
COMO UNO AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 DE
PROCEDIMIENTO
CRIMINAL,
NO
OBSTANTE
NO
CUMPLIR ÉSTE CON NINGUNO DE LOS FUNDAMENTOS
TAXATIVOS EXIGIDOS POR DICHA REGLA.
III. INCIDIÓ, Y EN CONSECUENCIA ABUSÓ DE SU
DISCRESIÓN, EL TRIBUNAL DE APELACIONES, AL
ACOGER UN RECURSO A TODAS LUCES IMPROCEDENTE
EN DERECHO.
ELLO TUVO EL EFECTO DE
INFRINGIR
EL
PRINCIPIO
DE
CERTEZA
O
SEGURIDAD JURÍDICA.
15
Íd., pág. 24.
16
Íd., págs. 22 y 25.
CC-2005-0229
8
Posteriormente, el 27 de abril de 2005, el Procurador General
presentó ante nos una “MOCIÓN EN AUXILIO DE JURISDICCIÓN”,
solicitando la paralización de una vista judicial pautada por
el Tribunal de Primera Instancia para el 6 de mayo de 2005, a
raíz del dictamen del Tribunal de Apelaciones.
El 29 de abril
de 2005, expedimos el recurso de certiorari.
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes17,
nos encontramos en posición de resolver.
II
En
vista
Procurador
de
que
General
los
están
señalamientos
íntimamente
de
error
del
relacionados,
los
discutiremos en conjunto.
El
Procurador
Apelaciones
incidió
General
al
arguye
asumir
que
el
Tribunal
jurisdicción
sobre
de
un
“Recurso de Apelación” presentado casi un (1) año después
de dictadas las sentencias condenatorias recurridas.18
17
El convicto, señor Román Mártir, compareció por derecho
propio.
En el ejercicio de nuestra discreción, le
concedimos término para que compareciera, además, a través
de abogado de oficio. Debemos puntualizar que recientemente
reiteramos la norma de que aunque un convicto indigente
tiene un derecho constitucional a que se le nombre un
abogado de oficio para la presentación de una primera
apelación, éste no se extiende a la presentación de recursos
discrecionales o ataques colaterales a una convicción.
Pueblo v. Rivera Crespo, 2006 T.S.P.R. 78, 2006 J.T.S. 87,
167 D.P.R. __ (2006).
18
Alegato del Procurador General, pág.4. Según indicamos en
la relación de hechos que antecede, las sentencias de
culpabilidad del aquí recurrido fueron dictadas el 31 de
julio de 2003, mientras que el “Recurso de Apelación” fue
presentado ante el Tribunal de Apelaciones el 20 de julio de
2004.
CC-2005-0229
9
A
La
Regla
193
de
Procedimiento
Criminal
dispone
lo
siguiente:
Las sentencias finales dictadas en casos
criminales originados en el Tribunal de
Primera Instancia podrán ser apeladas por el
acusado en la forma prescrita por estas
reglas. En estos casos el acusado podrá
establecer una apelación para ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones, excepto en los
casos
de
convicción
por
alegación
de
culpabilidad,
en
los
cuales
procederá
únicamente un recurso de certiorari, en cuyo
caso el auto será expedido por el Tribunal de
Circuito de Apelaciones a su discreción. La
solicitud de certiorari deberá presentarse
dentro de los treinta (30) días siguientes a
la fecha en que la sentencia fue dictada. Este
término es jurisdiccional (énfasis añadido).19
Se desprende de lo aquí citado que el término disponible
para presentar un recurso de certiorari para revisar una
sentencia
condenatoria
dictada
por
alegación
de
culpabilidad es de carácter fatal o jurisdiccional, treinta
(30) días, a partir de la fecha en que la sentencia fue
dictada.
No
obstante,
sentenciado
por
el
señor
alegación
Román
de
Mártir,
convicto
y
culpabilidad,
presentó
su
“Recurso de Apelación” ante el Tribunal de Apelaciones tres
cientos cincuenta y cinco (355) días después de dictadas
las sentencias que le condenaban.
Al momento de presentar
el denominado “Recurso de Apelación”, vencido ya el término
jurisdiccional
de
treinta
(30)
días
en
cuestión,
el
Tribunal de Apelaciones carecía de autoridad para entender
19
34 L.P.R.A. Ap. II.
CC-2005-0229
10
en el mismo.
Al así reconocerlo en su sentencia, actuó
correctamente el referido foro.20
No obstante, a pesar de declararse sin jurisdicción en el
recurso en alzada presentado por el convicto, el Tribunal
de Apelaciones acogió el asunto planteado en él como una
moción
al
amparo
de
la
Regla
192.1
de
Procedimiento
Criminal, infra, y acto seguido, lo trasladó al Tribunal de
Primera Instancia para que allí se resolviera, como una
cuestión de jurisdicción original en el foro.
El Procurador General sostiene ante nos que, al así
actuar, el Tribunal de Apelaciones erró, toda vez que las
sentencias condenatorias atacadas por el convicto fueron
dictadas como resultado de su alegación de culpabilidad.
Aduce que cuando el señor Román Mártir hizo alegación de
culpabilidad, renunció a los derechos constitucionales que
invocó ante el tribunal intermedio apelativo.21
Debemos
recordar que en el denominado “Recurso de Apelación” el
convicto alegó que en el foro primario le fueron violentados
sus derechos como acusado y su derecho constitucional a un
debido proceso de ley.
General
que,
“siendo
Arguye, entonces, el Procurador
su
sentencia
una
20
secuela
de
una
Es menester destacar que el convicto debió designar su
escrito como “Recurso de Certiorari”. No obstante, es norma
antigua que el nombre con que se designa un recurso no es
determinante de su naturaleza, ni debe ser decisivo desde el
punto de vista de la función de hacer justicia, por lo que
los tribunales deben hacer caso omiso de los nombres o
títulos mal puestos en los recursos, y considerarlos como
corresponda.
Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 293
(1975) y casos allí citados.
21
Alegato del Procurador General, págs. 3-4.
CC-2005-0229
admisión
de
11
culpabilidad,
el
convicto
está
impedido
de
invocar estos derechos”.22
En la alternativa, el Procurador General alega que el
contenido del denominado “Recurso de Apelación” no cumplió
con los fundamentos y exigencias del remedio contemplado por
la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra, y que su
acogida, como una moción bajo la referida regla, infringió
el principio de certeza y seguridad jurídica.
Veamos.
B
En
Pueblo
Supremo
sobre
el
federal
v.
Figueroa
en
concepto
Brady
de
García23,
v.
United
alegación
de
citando
States24,
al
Tribunal
expresamos
culpabilidad
(“guilty
plea”) lo siguiente:
... a guilty plea is a grave and solemn act to
be accepted only with care and discernment has
long been recognized. Central to the plea and
the foundation for entering judgment against
the defendant is the defendant's admission in
open court that he committed the acts charged
in the indictment. He thus stands as a witness
against himself and he is shielded by the
Fifth Amendment from being compelled to do so
--hence the minimum requirement that his plea
be the voluntary expression of his own choice.
But the plea is more than an admission of past
conduct; it is the defendant's consent that
judgment of conviction may be entered without
a trial-- a waiver of his right to trial
before
a
jury
or
a
judge.
Waivers
of
constitutional
rights
not
only
must
be
voluntary but must be knowing, intelligent
acts done with sufficient awareness of the
relevant
circumstances
and
likely
consequences.25
22
Íd.
23
129 D.P.R. 798 (1992).
24
397 U.S. 742, 748 (1970).
25
Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 804.
CC-2005-0229
Por
12
otro
lado,
recientemente,
en
Pueblo
v.
Montero
Luciano26, reiteramos la norma jurisprudencial que establece
que, al hacer alegación de culpabilidad, el acusado renuncia
a
valiosos
derechos
constitucionales,
entre
ellos,
el
derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda
razonable,
el
derecho
a
un
juicio
justo,
imparcial
y
público, el derecho a ser juzgado ante un juez o jurado, y
el derecho a presentar evidencia a su favor y rebatir la
evidencia presentada en su contra.
No
obstante,
hemos
establecido
que
una
sentencia
dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es revisable
mediante recurso de certiorari, librado discrecionalmente, a
los fines de examinar un ataque a (1) la suficiencia de la
acusación, (2) la jurisdicción del tribunal sentenciador y
(3) para plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento
de la sentencia.27
Hemos expresado que el hecho de que un
acusado
convicto
haya
culpabilidad
sido
no
impide
que
mediante
alegación
de
ataque
directamente
la
(4)
el
resultado
de
su
de
éste
validez
de
la
alegación,
cuando
coacción
o
(5)
cuando
tribunal
un
una
es
incumple
deber
investigar asuntos requeridos por la Constitución o por la
ley.
Asimismo, hemos señalado que un convicto por alegación
26
2006 T.S.P.R. 158, 2006 J.T.S. 167, 169 D.P.R. __ (2006).
Véase, además, Pueblo v. Figueroa García, supra, pág. 807.
Además, también, Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340,
350 (1976) y Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 854
(1973).
27
Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 210 (1998);
Pueblo v. Pueblo Internacional, 106 D.P.R. 202, 208 (1977).
CC-2005-0229
13
de culpabilidad puede impugnar colateralmente su sentencia
(6) si no fue producto de una decisión inteligente.28
Aunque
ciertamente
hemos
resuelto
que
al
hacerse
alegación de culpabilidad se renuncia a valiosos derechos
constitucionales
relacionados,
esencialmente,
con
el
acto
del juicio, y consustanciales con el derecho constitucional
a un debido proceso de ley, bajo ninguna circunstancia puede
interpretarse que tal alegación implica una renuncia total a
éste último.
No puede ser de otra manera, pues la cláusula
del debido proceso de ley, consagrada en la Sección 7 de la
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico29, ha
sido denominada como la disposición matriz de la garantía de
los derechos individuales ante la intervención injustificada
del Estado con el ciudadano.30
Dicho de otra forma, el
derecho constitucional a un debido proceso de ley representa
la garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano
contra los posibles abusos o usos arbitrarios de poder por
parte
del
Estado
y
constituye
la
aspirada justicia plena e imparcial.
máxima
garantía
de
la
Es responsabilidad de
esta Curia proteger el derecho constitucional a un debido
28
29
Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 210-211.
Art. II, sec. 7, Const. E.L.A.,
Dispone, en lo aquí pertinente, que:
L.P.R.A.,
Tomo
1.
[…]Ninguna persona será privada de su libertad o
propiedad sin debido proceso de ley…
30
Pueblo v. Montero Luciano, supra; Pueblo v. Vega, 198
D.P.R. 980 (1999).
CC-2005-0229
14
proceso de ley como una de las columnas en que se erige
nuestro sistema de justicia.
Así las cosas, un ciudadano convicto mediante alegación
de
culpabilidad,
sentencia
podría
dictada
de
atacar
dicha
conformidad,
convicción,
si
cuenta
y
la
con
un
planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley.
Podría
hacerlo
directamente,
a
través
del
recurso
de
certiorari correspondiente, o colateralmente, a través de
procedimientos
posteriores
a
la
sentencia,
perfeccionados
conforme a derecho, tales como la moción bajo la Regla 192.1
de Procedimiento Criminal, infra, y el recurso de habeas
Todo planteamiento o defensa de este tipo deberá
corpus.
estar debidamente acreditada y fundamentada en el recurso o
moción presentada.
ataque
colateral
Enfatizamos que si se tratare de un
a
la
sentencia,
estrictamente
a
circunstancias,
planteamientos
gobiernan
el
los
procedimiento,
deberá
fundamentos,
y
normas
recurso,
conformarse
condiciones,
de
derecho
mecanismo
o
que
moción
presentada a esos fines.
En vista de lo
Procurador
General
anterior, no le asiste la razón al
cuando
con
sus
argumentos
ante
nos
pretende implicar que, al hacer alegación de culpabilidad,
el
señor
Román
Mártir
renunció
a
todo
planteamiento
o
defensa apuntalada en el derecho constitucional a un debido
proceso de ley.
Ahora
directo
a
bien,
las
descartada
sentencias
la
procedencia
condenatorias
en
de
un
ataque
controversia
CC-2005-0229
mediante
15
recurso
de
certiorari,
por
ausencia
de
jurisdicción, debemos evaluar si el contenido del denominado
“Recurso de Apelación”, presentado por el convicto ante el
Tribunal
de
Apelaciones,
cumplió
Procedimiento Criminal, infra.
con
la
Regla
192.1
de
Ello, con el objetivo de
determinar si dicho foro actuó con corrección jurídica al
(1) acoger el asunto planteado en él como una moción bajo la
referida regla y (2) remitirlo al tribunal sentenciador para
su disposición.
C
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, en adelante
Regla 192.1, autoriza a cualquier persona que se encuentre
detenida en virtud de sentencia condenatoria, a presentar
una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que
la dictó, con el objetivo de que sea anulada, dejada sin
efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue el
derecho
a
ser
puesto
en
libertad
por
cualquiera
fundamentos siguientes:
(1) La sentencia fue impuesta en violación de
la Constitución o las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o la Constitución y
las leyes de Estados Unidos; o
(2) el tribunal no tenía jurisdicción para
imponer dicha sentencia; o
(3) la sentencia impuesta excede de la pena
prescrita por la ley, o
(4)
la
sentencia
está
sujeta
a
ataque
31
colateral por cualquier motivo.
31
34 L.P.R.A. Ap. II.
de
los
CC-2005-0229
La
16
moción
tribunal
en
cuestión
sentenciador
en
puede
ser
cualquier
presentada
momento,
ante
el
después
de
dictada sentencia, incluso cuando ésta haya advenido final y
firme.32
La Regla 192.1 requiere que se incluyan en la
moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para
solicitar
el
particular,
remedio
la
provisto
referida
norma
en
la
misma.
procesal
Sobre
establece
este
que
se
considerarán renunciados los fundamentos no incluidos en la
moción, excepto que el tribunal, con base en un escrito
subsiguiente,
determine
que
no
pudieron
razonablemente
presentarse en la moción original.33
El mecanismo procesal provisto por la Regla 192.1 puede
ser
utilizado
para
atacar
colateralmente
la
validez
o
constitucionalidad de una sentencia criminal final y firme,
cuando el convicto está cumpliendo prisión por razón de la
misma.34
Los fundamentos para solicitar la revisión de una
sentencia bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de
derecho, por lo que no puede ser utilizado para revisar
señalamientos sobre errores de hecho.35
inocencia
del
convicto
no
es
La culpabilidad o
asunto
susceptible de
32
Íd.; D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal
Puertorriqueño, 7ma ed., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del
Derecho, 2004, §15.5, pág. 221.
33
Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.
34
Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 896 (1993);
Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 292 (1975).
35
Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra; Pueblo v. Ruiz Torres,
127 D.P.R. 612, 615 (1990).
Véase, además, Nevares Muñiz,
op cit, pág. 221.
CC-2005-0229
17
plantearse bajo este procedimiento, sino la cuestión de si
la sentencia impugnada está viciada por un error fundamental
que contradice la noción más básica y elemental de lo que
constituye un procedimiento criminal justo.36
Una moción al amparo de la Regla 192.1 procederá cuando
la sentencia dictada sea contraria a la ley o viole algún
precepto constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción,
exceda la pena prescrita por la ley, o cuando esté sujeta a
un ataque colateral por un fundamento válido.
de
Primera
Instancia
podrá,
El Tribunal
discrecionalmente,
dejar
sin
efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y
su puesta en libertad, dictar nueva sentencia o conceder un
nuevo juicio, según proceda.37
Expuesta la normativa de derecho anterior, procedemos a
aplicarla a los hechos particulares del caso de marras.
Según
Apelación”
se
desprende
presentado
por
del
el
denominado
señor
Román
“Recurso
Mártir
ante
de
el
Tribunal de Apelaciones, éste se limitó a alegar en él lo
siguiente: que “se le violaron sus derechos como acusado y
le fue violado el debido proceso de ley”.
En esa única,
llana y escueta afirmación descansó el convicto para atacar
su convicción y sentencia ante el foro intermedio apelativo.
36
D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed.
revisada, San Juan, Ed. Programa Educación Jurídica Continua
de la Facultad Derecho U.I.P.R., 1996, pág. 185.
37
Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 893; Pueblo v.
Ruiz Torres, supra, pág. 614.
Véase, además, Rivé Rivera,
op cit., pág. 181.
CC-2005-0229
18
En una comparecencia en forma de “Moción de Absolución
Perentoria”
que
por
derecho
propio
radicó
en
nuestra
Secretaría, el señor Román Mártir alegó que:
…fue víctima del Tribunal de Justicia donde sus
derechos como acusados [sic] fueron violados en
una forma sin precedentes ya que este [sic] fue
acusado con un coautor que el Tribunal le
desestimó los cargos sin [el coautor] tener
representación legal, en un caso en donde [sic]
el
peticionario
[sic]
y
coacusado
fueron
sorprendidos montándose en vehículo que había
sido hurtado en Bayamón (énfasis suplido).38
Adujo, además, que el Tribunal de Primera Instancia:
…actuó con pasión, prejuicio o parcialidad en
contra del peticionario [sic] y favoreciendo al
coacusado el día 23 de abril de 2003, entiéndase
que el coacusado tiene un pariente una [sic] tía
que labora en el Tribunal de Bayamón, entiéndase
que éste [coautor] sin una representación legal
que [sic] fue absuelto por dicho juez.39
Terminó solicitando en su moción:
…muy respetuosamente abducción [sic] perentoria
en estos casos ya que el Tribunal de Primera
Instancia de Bayamón incidió y en consecuencia
abuso [sic] de su discreción a todas luces
improcedente en derecho. Lo cual tuvo el efecto
de infringir el principio de la certeza y
seguridad jurídica.40
En
una
comparecencia
subsiguiente,
el
convicto
nos
señaló que “fue acusado de unos delitos dónde al coacusado
38
“Moción de Absolución Perentoria”, presentada por el
convicto en nuestra Secretaría el 12 de agosto de 2005, pág.
2.
39
Íd.
40
Íd.
CC-2005-0229
[el]
19
tribunal
le
desestimó
los
cargos
[sic]
dejando
los
cargos al peticionario”.41
Las expresiones citadas no fueron hechas por el señor
Román
Mártir
al
Tribunal
de
Apelaciones.
Pero,
aun
si
hiciéramos abstracción de ese hecho, como hemos apreciado,
representan
el
mejor
ejemplo
de
aserciones
inmeritorias,
flacas, descarnadas y carentes de fundamento. La aseveración
hecha
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
de
que
el
foro
primario le violó sus derechos como acusado y el derecho
constitucional a un debido proceso de ley, sin apoyarla allí
con
datos
y
argumentos
concretos,
fue
claramente
insuficiente para justificar acoger el denominado “Recurso
de Apelación” como una moción bajo la Regla 192.1.
El
convicto ni remotamente cumplió con las exigencias de la
referida regla.
Ésta le requería que incluyera todos los
fundamentos que a bien tuviera para solicitar un remedio.
No obstante, el señor Román Mártir no esbozó ninguno.
Coincidimos con la profesora Dora Nevares Muñiz, quien
al interpretar la Regla 192.1 comenta, y así lo resolvemos,
que
si
de
su
faz
la
moción
presentada
a
su
amparo
no
demuestra que el peticionario tiene derecho a algún remedio,
deberá ser rechazada de plano.42
faz,
lo
procedente
ulterior trámite.
es
su
Si es inmeritoria de su
declaración
“Sin
Lugar”,
sin
Siendo el procedimiento provisto por la
41
Moción intitulada presentada en nuestra Secretaría por el
señor Román Mártir el 31 de octubre de 2005, pág. 2.
42
Nevares Muñiz, op cit, pág. 221.
CC-2005-0229
20
referida regla uno de naturaleza civil, semejante al recurso
de habeas corpus, separado e independiente del procedimiento
criminal cuya sentencia se impugna, es el peticionario quien
tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene derecho
al remedio solicitado.43
Le corresponde en primera instancia
al recluso, mediante la presentación de la moción, poner al
tribunal en condiciones de resolver,
argumentos
de
derecho
celebración
de
una
planteamientos
concretos,
vista,
para
constitucionales,
a través de datos y
que
es
imperiosa
atender
sus
o
ausencia
de
la
fundados
de
jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta, a tenor
con la concernida regla.
En el presente caso, las cuatro (4) acusaciones que
pesaban contra el señor Román Mártir alegaban su condición
de reincidente habitual.
La implicación de ello era que de
resultar culpable en juicio, se exponía a una condena de
separación permanente de la sociedad, reclusión perpetua.44
Producto de sus alegaciones de culpabilidad, preacordadas
con el Ministerio Público y aceptadas por el Tribunal de
Primera Instancia, se eliminaron de los pliegos acusatorios
las alegaciones sobre reincidencia habitual.
El señor Román
Mártir se benefició claramente de ello: obtuvo una condena
de sólo ocho (8) años de prisión.
43
44
Rivé Rivera, op cit., págs. 190-191.
Artículo 62 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. ant.
sec. 3302.
CC-2005-0229
21
Las sentencias condenatorias dictadas demuestran que el
convicto, de conformidad con la Regla 70 de Procedimiento
Criminal45, fue examinado bajo juramento por el Tribunal de
Primera Instancia, luego de lo cual realizó las alegaciones
de culpabilidad, voluntariamente, con conocimiento de la
naturaleza
de
consecuencias
los
de
delitos
las
graves
mismas.
imputados
Inclusive,
y
de
las
surge
de
las
referidas sentencias que el señor Román Mártir solicitó al
tribunal que lo sentenciara en el acto.
El convicto no
trajo a la atención del Tribunal de Apelaciones fundamento
alguno que demostrase que al dictarse las sentencias en
controversia el foro primario actuó inconstitucionalmente,
sin jurisdicción o excediendo la pena prescrita en la ley.
Tampoco realizó un ataque colateral contra ellas por un
motivo válido.
planteó
Sencillamente, el señor Román Mártir no
ante
el
foro
intermedio
controversia
de
derecho
que
apelativo
justificara
la
una
legítima
concesión
de
algún remedio bajo la Regla 192.1.
No podemos perder de perspectiva que el proceso de
impartir
justicia
incluye
la
debida
protección
del
principio de finalidad de los procedimientos penales.
Por
tener como objetivo lograr la revocación de convicciones y
sentencias finales y firmes, la Regla 192.1 debe ser vista
por
los
tribunales
como
una
de
naturaleza
excepcional.
Así, las mociones a su amparo deben ser examinadas con un
gran cuidado, desplegándose en todo momento un juicioso y
45
34 L.P.R.A. Ap. II.
CC-2005-0229
22
responsable
ejercicio
de
imperativo
que
convictos
los
discreción.
de
Recordemos
delito
que
es
presenten
en
procedimientos apelativos todos los fundamentos que a bien
tengan
para
atacar
sus
corresponde
desalentar
fundamentos
en
convicciones
que
y
éstos
procedimientos
sentencias.
levanten
posteriores
Nos
dichos
colaterales,
máxime si, como en el presente caso, se esgrimen argumentos
infundados
y
peregrinos.
No
debemos
alimentar
la
congestión de nuestros tribunales con recursos inmeritorios
de reclusos que tienen como propósito permanecer en el foro
judicial atacando colateralmente sentencias no apeladas o
infructuosamente
apeladas,
en
un
esfuerzo
de
revocar
veredictos, fallos o sentencias de culpabilidad finales y
firmes.
III
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
resolvemos
que
erró el Tribunal de Apelaciones al acoger el denominado
“Recurso de Apelación” presentado por el señor Román Mártir
como una moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al
Tribunal
46
de
Primera
Instancia
para
su
dilucidación.46
Queremos acentuar que la competencia para resolver una
moción bajo la Regla 192.1 es del tribunal sentenciador. Si
el “Recurso de Apelación” del convicto hubiese cumplido con
las exigencias de la moción regulada por la referida regla
procesal criminal, la actuación del Tribunal de Apelaciones
hubiera sido una jurídicamente correcta.
Nótese que dicho
foro no dilucidó la moción (el “Recurso de Apelación”) sino
que, en obediencia a la referida norma de competencia, lo
remitió a tales fines al Tribunal de Primera Instancia.
CC-2005-0229
Debió,
sin
23
más,
desestimar
el
recurso
del
convicto
por
falta de jurisdicción.
En virtud de lo que aquí resolvemos, procede revocar la
resolución
del
Tribunal
denominado
“Recurso
de
de
Apelaciones
Apelación”
y
desestimar
presentado
convicto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
por
el
el
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2005-229
Giovanni Román Mártir
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 2007.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, resolvemos que erró el
Tribunal de Apelaciones al acoger el “Recurso de
Apelación” presentado por el aquí recurrido como una
moción al amparo de la Regla 192.1 y remitirlo al
Tribunal de Primera Instancia para su dilucidación.
Debió, sin más, desestimar el recurso del convicto
por falta de jurisdicción.
En virtud de lo que aquí resolvemos, procede
revocar la resolución del Tribunal de Apelaciones y
desestimar el “Recurso de Apelación” presentado por
el recurrido.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri y la Jueza Asociada señora Rodríguez
Rodríguez concurren sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo