LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cintrón Pou v. ELA

2008 TSPR 193

Poder Judicial de Puerto Rico

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Cintrón Pou v. ELA

CC-2006-0664

Sentencia con Opinión Disidente (Sucesiones – bien hereditario en comunidad con el E.L.A.)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Margarita Cintrón Pou

Certiorari

Demandada Peticionaria

2008 TSPR 193

v.

175 DPR ____

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Demandado Recurrido

Número del Caso: CC-2006-664

Fecha: 19 de diciembre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Ponce: Panel X

Juez Ponente:

Hon. Zaida Hernández Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis F. Pieraldi Cappa

Oficina del Procurador General:

Lcda. Wanda I. Simons García

Procuradora General Auxiliar

Materia: División de Comunidad y Reclamación de Créditos en Inmueble

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INTEGRACIÓN DE SALA ESPECIAL

ORDEN

San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de

2008.

Debido a la no intervención de la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez, se

constituye una Sala Especial integrada por

el Juez Presidente señor Hernández Denton,

el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la

Juez Asociada señora Fiol Matta, para

entender

en

el

caso

CC-2006-664,

Ana

Margarita Cintrón Pou v. Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

Lo decretó y firma.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

CERTIFICO:

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Margarita Cintrón Pou

Demandada Peticionaria

v.

CC-2006-664

Certiorari

Estado Libre Asociado

de Puerto Rico

Demandado Recurrido

Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández

Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Juez Asociada

señora Fiol Matta

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 19 de diciembre de 2008.

Nos corresponde resolver si erraron tanto el

Tribunal

de

Apelaciones

como

el

Tribunal

de

Primera Instancia al efectuar el cálculo de lo

que

le

correspondía

a

la

Sra.

Ana

Margarita

Cintrón Pou por su participación en la comunidad

de

bienes

que

tenía

constituida

con

el

Estado

Libre Asociado. Por entender que se cometió el

error señalado, revocamos el dictamen recurrido.

Entendemos que -como cuestión de derecho- el

crédito que le corresponde a la señora Cintrón

Pou debe ser deducido de la cantidad del caudal

hereditario correspondiente al E.L.A. y no del

total del producto de la venta del inmueble que

CC-2006-664

las

partes

resolvemos

2

poseían

que

en

el

común

crédito

pro

de

indiviso.

$2,022.12

que

Además,

queda

al

descubierto a favor de la señora Cintrón Pou no debe ser

pagado

por

hereda

a

el

E.L.A.,

beneficio

de

ya

que

entendemos

inventario

y

sólo

que

el

Estado

debe

responder

hasta donde alcancen los bienes del caudal.

I

La Sra. Ana Margarita Cintrón Pou adquirió un bien

inmueble en común pro indiviso con la Sra. María Petronila

Estrella. Al fallecer intestada la señora Estrella, y sin

que

le

sobreviviera

pariente

alguno,

el

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico fue declarado heredero universal,

por lo que advino heredero de la causante en la comunidad.

No obstante, luego del fallecimiento de la señora Estrella,

la señora Cintrón Pou continuó pagando las mensualidades de

una hipoteca que gravaba el bien inmueble. Los referidos

pagos

ascendieron

también

pagó

correspondiente

a

la

a

$25,403.21.

cantidad

la

La

de

contribución

señora

Cintrón

$476.26

al

municipal

sobre

Pou

CRIM,

la

propiedad inmueble.

Por acuerdo de las partes, la propiedad fue vendida

por la suma de $85,000.00 y luego de saldar la hipoteca,

quedó un sobrante y un remanente que totalizan $17,097.23,

los cuales se consignaron en el tribunal.

El otro bien que

pertenecía al caudal hereditario era una cuenta de banco

cuyo balance al momento de la muerte de la causante era de

$2,369.00.

CC-2006-664

El

3

tribunal

de

instancia

determinó

que

la

señora

Cintrón Pou pagó, en concepto de hipoteca, la cantidad de

$25,879.47. De igual forma, determinó que dicho pago era

responsabilidad de la señora Cintrón Pou y del E.L.A., en

partes iguales, por lo que Cintrón Pou tenía un crédito de

$12,939.73.

No

obstante,

al

hacer

su

cálculo

matemático

para liquidar la comunidad, el foro primario descontó el

crédito

totalidad

de

la

del

señora

Cintrón

sobrante

de

Pou

la

($12,939.73)

venta

del

de

la

inmueble

($17,097.23). El producto de este cómputo ($4,157.75) fue

dividido en partes iguales.

Como

resultado

de

lo

anterior,

el

tribunal

de

instancia concluyó que por su participación en la comunidad

la señora Cintrón Pou tenía derecho a recibir $15,018.48 y

al E.L.A. le correspondía la suma de $2,078.75.

En cuanto

a la cuenta bancaria, determinó que ésta no formaba parte

de la comunidad de bienes, por lo que correspondía en su

totalidad

al

Estado.

El

foro

apelativo

confirmó

la

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Inconforme con dicha determinación, recurre ante nos

la señora Cintrón Pou. En su comparecencia, alega que erró

el Tribunal de Apelaciones al deducir su crédito del total

del sobrante del producto de la venta del inmueble tenido

en común pro indiviso, en lugar de dividir dicho sobrante

en partes iguales (según la participación de cada comunero)

y luego deducir el crédito de la señora Cintrón Pou de la

CC-2006-664

4

parte correspondiente al E.L.A. como heredero de la señora

Estrella.

II

El Código Civil dispone que existe una comunidad de

bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho

pertenece pro indiviso a varias personas. 31 L.P.R.A. sec.

1271. En cuanto al concurso de los participantes, el Código

establece que tanto los beneficios como las cargas serán

proporcionales

a

sus

respectivas

cuotas.

Además,

las

porciones correspondientes a los comuneros se presumirán

iguales, mientras no se pruebe lo contrario. 31 L.P.R.A.

sec. 1272.

Por otra parte, todo comunero tendrá derecho a obligar

a los demás participantes a contribuir a los gastos de

conservación de la cosa o el derecho en común. 31 L.P.R.A.

sec. 1274. No obstante, ningún copropietario está obligado

a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir

en

cualquier

momento

que

se

divida

la

cosa

común.

31

L.P.R.A. sec. 1279. Serán aplicables a la división de la

comunidad

las

reglas

relativas

a

la

división

de

la

herencia. 31 L.P.R.A. sec. 1285.

Conforme a las normas del Código Civil antes citadas,

del sobrante de la venta del bien sujeto al régimen de la

comunidad

de

bienes

($17,097.23),

le

corresponde

a

la

señora Cintrón Pou un 50%. Es decir, de los $17,097.23, le

corresponden $8,548.61, y los restantes $8,548.61 forman

parte del caudal relicto de doña María Petronila Estrella.

CC-2006-664

5

Dicha cantidad, sumada a los $2,369.00 correspondientes a

los fondos depositados en una cuenta bancaria a la muerte

de ésta, totalizan $10,917.61. No estando en controversia

el hecho de que la señora Cintrón Pou tiene un crédito por

$12,939.73

correspondiente

amortizar

la

hipoteca

a

que

lo

pagado

gravaba

por

la

ella

para

propiedad,

ésta

todavía tendría a su favor un crédito de $2,022.12.

Somos del criterio de que dicho crédito no debe ser

pagado por el E.L.A. Ello por entender que el Estado hereda

a beneficio de inventario y sólo debe responder hasta donde

alcancen los bienes del caudal. Veamos.

III

Si

bien

nuestro

Código

Civil

guarda

total

silencio

sobre esta materia, siguiendo las claras disposiciones del

Código Civil español, la doctrina puertorriqueña sostiene

que por no poder repudiar la herencia que recibe en su

condición de servidor de la comunidad el E.L.A. hereda a

beneficio de inventario. Véase E. González Tejera, Derecho

Sucesorio Puertorriqueño, Vol. I, San Juan, 2005, pág. 78.

Coincidimos con ese criterio.

Según

el

profesor

inventario

a

favor

González

del

Tejera,

Estado

está

el

beneficio

implícito

en

de

la

naturaleza misma del llamamiento. E. González Tejera, Id.

Debemos recordar que por mandato de ley el Estado sólo

entra

en

vacantes

escena

por

para

la

heredar,

ausencia

cuando

de

los

herederos

bienes

quedan

forzosos

o

voluntarios. Por ello estamos de acuerdo con el referido

CC-2006-664

6

autor quien afirma en su obra que en un supuesto análogo al

caso de autos, en donde se plantea la responsabilidad del

Estado por las deudas del causante en exceso del valor del

caudal relicto, no debe imponerse una responsabilidad ultra

vires al Gobierno. E González Tejera, supra, pág. 79. Esto

es, el Estado no debe -a cargo de la comunidad- responder

por deudas que el causante no hubiese podido satisfacer.

En vista de todo lo anterior, concluimos que el E.L.A.

no debe responder por el balance no satisfecho de $2,022.12

en favor de la señora Cintrón Pou.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

Rivera

del

Pérez

Tribunal

Supremo.

disiente

con

El

opinión

Juez

Asociado

escrita.

La

señor

Jueza

Rodríguez Rodríguez no intervino.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

CC-2006-664

2

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana Margarita Cintrón Pou

Peticionaria

v.

Estado

Libre

Puerto Rico

CC-2006-664

Asociado

de

Recurrido

Opinión

Pérez.

Disidente

emitida

por

el

Juez

Asociado

Señor

Rivera

San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2008.

Sin mayores contenciones, el presente recurso nos

plantea

sencillamente

comunidad

de

una

bienes.

acción

Mediante

de

la

división

de

Sentencia

que

certifica la Mayoría, y contraviniendo los principios

aplicables

bienes,

a

la

resuelven

liquidación

que

de

una

corresponde

en

comunidad

primer

de

lugar

dividir de inmediato la cosa común adjudicando a cada

comunero

su

haber

y

posteriormente,

tomar

en

consideración los activos y pasivos existentes, como

el

cobro

de

créditos.

Igualmente,

coyuntura

del

presente

caso

para

postura

en

a

la

relación

aprovechamos

expresar

la

nuestra

CC-2006-664

2

naturaleza

Por

jurídica

discrepar

de

de

los

la

sucesión

a favor del Estado.

pronunciamientos

de

la

Mayoría,

respetuosamente disentimos.

I

En el año 1999, la Sra. Ana Margarita Cintrón Pou y la

Sra. María P. Estrella Peña, adquirieron en comunidad una

propiedad ubicada en la Urbanización Constancia de Ponce.

La participación sobre el bien inmueble era del cincuenta

por ciento (50%) cada una. El pago de la hipoteca que

gravaba

la

propiedad

fue

asumida

conjuntamente,

con

un

balance original de $69,400.00.

En enero de 2001, la señora Estrella Peña falleció

intestada y sin herederos. Así, mediante sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, el 27 de enero de

2003, se declaró al Estado como único y universal heredero

de la causante, señora Estrella Peña. El caudal hereditario

de la señora Estrella Peña se componía de la propiedad

poseída en común con la señora Cintrón Pou y una cuenta de

banco

cuyo

balance

a

la

muerte

de

la

causante

enero

de

2003,

la

señora

era

de

$2,369.00.

El

22

de

solicitó

ante

división

de

el

Tribunal

de

Primera

Cintrón

Pou,

Instancia

la

la comunidad de bienes habida entre ella y el

Estado respecto a la propiedad antes mencionada. Además, la

demandante reclamó un crédito por la cantidad de $25,403.21

correspondientes a los pagos realizados por ella para el

CC-2006-664

3

pago del préstamo hipotecario contraído en comunidad, así

como la cantidad de $476.26 por el pago de contribuciones

sobre la propiedad.

El 27 de diciembre de 2004, la propiedad se vendió por

la cantidad de $85,000.00.

El producto de la venta, luego

de saldado el préstamo hipotecario fue de $17,097.23. Dicha

cantidad,

fue

consignada

en

el

tribunal

en

lo

que

se

dilucidaba la reclamación de la señora Cintrón Pou.

Atendida la solicitud de la señora Cintrón Pou, el

Tribunal de Primera Instancia, a la luz del Artículo 327

del Código Civil1 determinó que tanto la señora Cintrón Pou

como el Estado venían obligados a asumir por partes iguales

la obligación hipotecaria que gravaba el inmueble vendido,

así como los pagos por concepto de contribuciones al CRIM.

Habiendo la señora Cintrón Pou efectuado la totalidad de

los pagos, ascendente a $25,879.47, dicho foro determinó

que surgía a su favor un crédito de $12,939.73.

Este

$17,097.23

crédito

fue

consignada

en

descontado

el

de

tribunal

y

la

cantidad

de

el

sobrante

de

$4,157.50 fue a su vez dividido entre los comuneros para

adjudicar la cantidad de $2,078.75 a la señora Cintrón Pou

y $2,078.75 al Estado, como sucesor de la señora Estrella

Peña. De este modo, el foro primario le otorgó a la señora

Cintrón Pou la cantidad de $15,018.48 y, la cantidad de

$2,078.75 al Estado.

1

31 L.P.R.A sec. 1272.

CC-2006-664

4

En lo que respecta a la cuenta bancaria, el tribunal

resolvió

que

ésta

no

formaba

parte

de

la

comunidad

de

bienes que existió entre la causante y la señora Cintrón

Pou por lo cual determinó que dichas sumas le correspondían

al Estado en calidad de único y universal heredero de la

señora Estrella Peña.

Inconforme con dicha determinación, la señora Cintrón

Pou,

acudió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

el

cual

confirmó la sentencia recurrida.

En el recurso ante nos, la señora Cintrón Pou aduce

que, antes de descontar el crédito correspondiente al pago

de

la

hipoteca,

crédito

sobre

el

cual

no

existe

controversia, el foro primario debió adjudicarle la mitad

del sobrante de la venta de la propiedad que poseían en

comunidad, es decir, $8,548.61 y posteriormente, en adición

a dicha cantidad, el correspondiente crédito de $12,939.73,

proveniente de los pagos de la hipoteca. De este modo,

reclamó que el total que se le debía adjudicar era de

$21,488.34. Toda vez que dicha cantidad excedía lo obtenido

como sobrante en la venta de la propiedad que tenían en

común, la Sra. Cintrón Pou señaló que era acreedora de

todos

los

activos

del

caudal

relicto2

de

la

señora

Estrella Peña, es decir $19,466.23.

Finalmente, es la postura de la señora Cintrón Pou,

que en vista de que aún se le adeudaba la cantidad de

2

+

17,097.23 sobrante al saldo de la hipoteca.

2,369.00 cantidad de la cuenta bancaria.

19, 466.23

CC-2006-664

5

$2,022.11,

el

Estado

debe

referida suma de dinero.

responder

por

el

pago

de

la

En la alternativa adujo que de

entenderse que el Estado hereda a beneficio de inventario,

su reclamo se extendería únicamente hasta donde alcancen

los bienes del caudal relicto de la causante.

III

La

Mayoría

inferiores

parte

erraron

peticionaria

al

señora

de

la

premisa

descontar

Cintrón

el

Pou,

que

crédito

de

la

los

de

foros

la

aquí

totalidad

del

producto sobrante de la venta del inmueble, para luego

adjudicar las cantidades correspondientes a las cuotas de

cada comunera.

Es decir, que el crédito por los pagos de

la hipoteca en exceso realizados por la señora Cintrón Pou

debe ser descontado del caudal hereditario de la causante y

no del producto de la venta del bien inmueble en común.

Disentimos

por

dos

razones.

En

primer

lugar,

entendemos que la operación matemática que hoy avala la

Mayoría,

adolece

del

error

de

mezclar

dos

operaciones

particionales, la partición de una comunidad de bienes y la

partición de una comunidad hereditaria.

Es

decir,

adjudicación

caudal

de

la

la

de

división

una

de

causante,

del

esas

es

bien

mitades

comunitario

y

la

inmediatamente

al

toda

se

anticipada

vez

que

realiza sin completar la liquidación de su relación como

comunera

con

la

señora

Cintrón

Pou.

Es

principio

fundamental que el sobrante o el remanente es lo que debe

CC-2006-664

6

formar parte del activo de la herencia, pues no se puede

entender

liquidado

división

del

un

mismo.

La

bien

en

comunidad

liquidación

de

con

la

la

mera

comunidad

de

bienes habida entre ambas es independiente a la división de

la herencia de la causante. Por esta razón entendemos que

fue correcto liquidar la comunidad en la cual participaba

la sucesión antes de adjudicar lo correspondiente al Estado

como heredero único y universal.

II

En nuestra jurisdicción, la comunidad de bienes está

reglamentada

por

los

contratos

que

las

crean,

las

disposiciones especiales aplicables, y a falta de éstos por

lo dispuesto en los Artículos 326 a 340 del Código Civil.3

Conforme a estos postulados existe una comunidad de

bienes cuando la propiedad de una cosa o de un derecho

pertenece

de

modo

pro-indiviso

a

varias

personas.4

Es

decir, se trata de una situación en que dos o más personas

son titulares de un mismo derecho, o cuando un derecho o

conjunto de derechos están atribuidos a una pluralidad de

sujetos,

correspondiéndoles

en

común.5

El

tipo

de

comunidad que regula nuestro ordenamiento es la llamada

“condominium iuris romani” en la que cada comunero es dueño

de una cuota

3

31 L.P.R.A. secs. 1271-1285.

4

Artículo 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1271.

5

Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289 (2003).

CC-2006-664

7

ideal o alícuota de la cosa.6

A tenor con el Artículo 327 de nuestro Código Civil,

la participación de los comuneros en la administración de

la cosa tenida en común, así como su parte en el activo y

pasivo,

será

proporcional

a

presume

que

dichas

son

cuotas

sus

respectivas

iguales,

cuotas.

mientras

no

Se

se

pruebe lo contrario.7 El referido artículo establece la

correlación entre los beneficios y las cargas dentro de la

cuota de la propiedad.8

Como parte de lo que constituye

los beneficios se entiende que cada comunero tiene derecho

al uso y a los frutos del bien comunitario en proporción a

su cuota.9

Las cargas son aquellas que recaen sobre la propiedad

en general, como pueden ser, los gastos de conservación, de

administración, los impuestos, y en general, todo lo que se

derive del funcionamiento de la propiedad del objeto o

derecho.10 Tanto los beneficios

virtud

del

derecho

de

y las cargas surgen en

propiedad

de

cada

uno

de

los

copropietarios sobre la cosa común.

En lo que respecta al uso del bien común, nuestro

Código Civil dispone que: “[c]ada partícipe

6

Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801, 808 (2004).

7

31 L.P.R.A. sec. 1272.

8

podrá servirse

I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentarios del Código Civil, Tomo III,

Ed. Bosch, S.A. Barcelona, 2000, pág.247.

9

Íd.

10

Íd.

CC-2006-664

de

las

8

cosas

comunes,

siempre

que

disponga

de

ellas

conforme a su destino y de manera que no perjudique el

interés

de

utilizarlas

la

comunidad,

según

su

ni

impida

derecho”.11

a

Ello

los

así

copartícipes

pues

mientras

subsista la comunidad ninguno de los comuneros puede hacer

gestión alguna que perjudique los intereses de aquellos.12

Los

comuneros

deben

proteger

de

buena

fe

el

bien

común, máxime cuando dicho bien se encuentra de facto, bajo

control y administración exclusiva de uno de ellos. Así lo

exige la naturaleza de la relación de una comunidad en

liquidación, pues, llegado el momento de la división, habrá

que

entregar

lo

que

por

derecho

corresponda

a

cada

comunero.13

Respetando tales postulados es que cada uno de los

copropietarios tiene el derecho de realizar los actos de

conservación de la cosa.14 Esta distinción es esencial toda

vez que, según dispuesto en nuestro Código Civil, cualquier

comunero tiene derecho a obligar a los demás a contribuir a

los gastos de conservación de la cosa o derecho común y

solo podrá eximirse de ésta obligación el que renuncie a la

parte que le pertenece en su dominio.15

11

Tal facultad,

Artículo 328 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1273.

12

J. Beltrán de Heredia y Castaño, La comunidad de Bienes en el Derecho

Español, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, pág. 234.

13

González v. Quintana, 145 D.P.R. 463, 473 (1998).

14

J. Beltrán de Heredia y Castaño, op. cit., pág. 245.

15

Artículo 329 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1274.

CC-2006-664

9

concedida al comunero que anticipa el pago de las expensas

necesarias

para

necesariamente

preservar

el

haber

medirse

en

proporción

que

común,

tiene

con

sus

respectivas cuotas.

Ahora bien, ¿qué constituye un gasto de conservación?

El concepto de “gastos de conservación”, es susceptible de

varios matices y grados.

Es preciso circunscribir el mismo

y considerar aquellos gastos necesarios e indispensables

para la conservación de la cosa en buen estado y en forma

idónea

de

forma

tal

que

sirva

para

destino.16

su

Esencialmente son actos dirigidos a mantener la utilidad y

productividad

de

la

cosa

común

y

procurar

que

ésta

permanezca al servicio del destino al que está afectada.17

Del

mismo

gestiones

modo,

actos

necesarias

deteriore ni perezca.18

entre

otros,

los

de

para

conservación

implica

que

en

la

A modo de

gastos

por

cosa

ejemplo

común

podemos

reparación

efectuar

de

no

se

mencionar

los

daños

causados por fuerza mayor, o por terceros a la propiedad,

gastos para prevenir un daño inminente o predecible, daños

producidos por causas que existían con anterioridad en la

propiedad, gastos por reconstrucción de la cosa. Por el

contrario,

no

pueden

considerarse

incluidos

dentro

del

concepto

de

gastos

necesarios

de

conservación

los

16

Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289 (2003).

17

Íd.

18

Íd.

CC-2006-664

10

realizados para aumentar el disfrute o rendimiento de la

cosa común.19

En cuanto a la división de la cosa común, ésta puede

tener lugar en cualquier momento, a petición de cualquiera

de los comuneros, ya que ninguno de éstos está obligado a

permanecer

en

la

comunidad.20

Por

disposición

expresa

contenida en nuestro Código Civil, las relaciones jurídicas

entre los copropietarios se liquidaran mediante la técnica

jurídica de la partición hereditaria.21

Es decir, para las

operaciones de liquidación de la comunidad de bienes, se

recurre supletoriamente a las disposiciones concernientes a

la división de la comunidad hereditaria.22

La partición no será otra cosa que la separación,

división,

y

repartición

componen

la

comunidad

de

de

los

bienes

y

derechos

que

bienes

una

vez

liquidada.

El

contenido o el objeto de la partición exige reconocer los

bienes, derechos y obligaciones, es decir los activos y los

pasivos. La misma cumple una doble finalidad. De una parte,

19

Véase, J. Beltrán de Heredia y Castaño, op.cit., págs. 247-253.

20

Artículo 334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1279.

21

Artículo 340 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1285. Reglas

aplicables a la división de la comunidad de bienes:

“Serán aplicables a la división entre los partícipes

en la comunidad, las reglas concernientes a la

división de la herencia”. (Énfasis nuestro).

22

Artículo 340 del Código Civil, supra. Véase además, Montalván v.

Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004), Opinión emitida por el Juez Presidente

señor Hernández Denton.

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liquidar el caudal comunitario, rebajando de su importe las

deudas

y

las

y

cargas

de

otra

parte,

hacer

cesar

la

indivisión.23

Tanto la liquidación de la comunidad de bienes, como

la

liquidación

todas

las

de

una

comunidad

operaciones

hereditaria,

necesarias

para

comprenden

determinar

la

existencia e identificación de los bienes que componen el

haber

común

para

ordinario,

dicho

inventario

de

pasivos

luego

proceder

a

trámite

requiere

que

todos

su

división.

De

se

realice

un

derechos)

y

los

activos

(bienes

y

y

cargas)

y

avalúo

(obligaciones

el

de

los

mismos.24

A ésta cantidad o valor final, a ser dividido, se

llega

después

de

deducir

y

correspondientes a cada uno.25

las

deudas,

bienes,

se

remanente

cargas

y

procederá

a

irrefutable

cada

obligaciones

a

la

los

créditos

Solo así, una vez pagadas

de

la

liquidación

comunero.26

principio

adjudicar

“antes

comunidad

de

adjudicando

el

Es

decir,

conforme

al

pagar

que

heredar”

una

liquidación del caudal común o del caudal hereditario exige

que,

previo

a

dividirse

y

adjudicarse

a

sus

correspondientes comuneros su parte, se proceda al cobro de

23

J. Cuevas Segarra, A. Román García, Derecho Sucesorio Comparado:

Puerto Rico y España, Publicaciones JTS, 2003, pág. 395.

24

Proceso para cual el Artículo 1017 de nuestro Código

L.P.R.A. sec 2883, dispone que se deducirán de la herencia.

25

Montalván v. Rodríguez, supra.

26

Íd.

Civil,

31

CC-2006-664

12

créditos,

el

pago

de

deudas,

y

una

vez

efectuado

y

determinado el saldo partible, se proceda a la división y

adjudicación de los bienes del haber sobrante entre los

partícipes.27

Esta

adjudicación

final

se

realiza

en

función de sus respectivas participaciones.

Acorde con lo anterior nos corresponde determinar si

los cálculos que efectúo el Tribunal de Primera Instancia y

que fueron confirmados por el Tribunal de Apelaciones son

correctos.

No existe controversia en que ante el fallecimiento de

la señora Estrella Peña ab intestato y sin herederos, el

Estado como heredero único y universal se convirtió en

propietario de la participación del 50% sobre la propiedad

que la causante poseía en común pro indiviso con la Sra.

Cintrón Pou. A su vez, la señora Cintrón Pou, continuó

pagando la hipoteca que gravaba el inmueble así como el

pago de contribución sobre propiedad inmueble. Los pagos

efectuados

totalizaron

la

cantidad

de

$25,879.47.

Las

sentencias de los foros recurridos determinaron que siendo

la

participación

sobre

el

bien

inmueble

de

cincuenta

porciento (50%) para ambas partes, la mitad de esos pagos

le correspondía a la señora Cintrón Pou y la otra mitad al

Estado.

De

este

modo

quedó

establecido

su

derecho

a

reclamar el crédito correspondiente.

En el escrito ante nos, la señora Cintrón Pou planteó

que el tribunal debió antes de descontarle el crédito

27

J. Cuevas Segarra, op.cit. pág. 418.

CC-2006-664

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ascendente a la mitad de lo pagado por ella, dividir el

producto de la venta del bien común, adjudicándosele a

ambas partes el cincuenta por ciento (50%). Entendemos que

el error señalado no se cometió.

Como hemos discutido, la liquidación del bien común

conlleva

el

cobro

de

créditos,

el

pago

de

deudas

y

posteriormente la división y adjudicación de los bienes del

haber sobrante entre los partícipes.

Por ende, el foro

recurrido conforme a derecho procedió a saldar el préstamo

hipotecario

que

gravaba

el

bien

inmueble,

descontó

el

crédito de la causante y el sobrante se dividió y adjudicó

entre el Estado y la señora Cintrón Pou.

Ello se efectuó

conforme a su participación en el bien inmueble, es decir

por mitad.

Es

preciso

señalar

que

nuestro

análisis

en

ningún

momento omite el determinar en primer lugar la cantidad que

representa la cuota de cada comunero.

No obstante, en este

caso, el crédito por la hipoteca no es un derecho a repetir

contra el caudal relicto. La hipoteca es un gravamen que

recae sobre la totalidad del bien inmueble, lo cual a su

vez

desde

su

constitución,

se

convirtió

en

una

obligaciones asumidas por cada una de las partes.

a

los

principios

aplicables

a

la

liquidación

de

las

Conforme

de

la

comunidad de bienes, el dinero que la venta del inmueble

produjo bastaba para saldar el crédito reclamado por la

señora Cintrón Pou, cantidad que fue descontada de la parte

correspondiente al Estado y adjudicada a ésta. Una vez

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14

pagado, no restaba crédito alguno pendiente que exigiese

adjudicarse como un pasivo de la herencia para ser pagado a

la señora Cintrón Pou.

Por tanto, concluimos que la participación de la Sra.

Cintrón Pou en la comunidad no se extiende más allá del

crédito por $12,939.73 antes mencionado y la mitad del

sobrante de la venta de la propiedad poseída en común y pro

indiviso

con

el

Estado,

es

decir,

$2,078.75.

Por

los

fundamentos antes expuestos entendemos que era procedente

confirmar las sentencias recurridas.

IV

Finalmente, nos resta aún expresar nuestro criterio en

torno a la naturaleza jurídica de la sucesión del Estado y

la limitación de su responsabilidad que declara la opinión

mayoritaria.

Como indica el Artículo 912 de nuestro Código Civil28,

“[a]

falta

heredará

de

el

destinándose

personas

Estado

los

que

Libre

bienes

al

tengan

derecho

de

heredar,

Asociado

de

Puerto

Fondo

la

Universidad”.

de

Rico,

Subsiguientemente, nuestro Código Civil establece que para

que el Estado pueda apoderarse de los bienes hereditarios,

es

necesario

que

preceda

una

declaración

judicial

de

heredero a su favor adjudicándole los bienes vacantes.29

Al

amparo

de

lo

dispuesto

en

el

Artículo

876

de

nuestro Código Civil, fue establecida una delación legal a

28

31 L.P.R.A. sec. 2691.

29

Artículo 913 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2692.

CC-2006-664

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favor del Estado, mediante el cual éste se considera un

heredero de índole privatista.30

La

Mayoría

justificó

la

limitación

de

la

responsabilidad del Estado y resolvió que éste tiene el

deber

de

completar

o

compensar

únicamente

hasta

donde

alcancen los bienes recibidos, por heredar en beneficio de

inventario.

Entendemos que tal conclusión establecida por

fiat judicial, no considera que nuestro Código Civil no

establece

Por

que el Estado hereda en beneficio de inventario.

considerar

legislación

que

la

judicial

Mayoría

en

incurre

contravención

en

un

al

acto

de

principio

constitucional de separación de poderes disiento una vez

más.

En el presente caso se le exige al Estado que, como

cualquier heredero, cumpla con la obligación de satisfacer

al comunero que pagó en exceso conforme a sus derechos.

Sin

embargo,

cabe

preguntarnos

si

en

adición

a

sus

obligaciones, se le reconoce al Estado la participación en

los beneficios de la cosa común.

El

Estado,

como

comunero

tenía

también

derecho

disfrute del bien inmueble en controversia en un 50%.

30

El Artículo 876 de nuestro Código Civil, lee del modo

siguiente:

“A falta de herederos testamentarios, la

ley defiere la herencia, según las reglas

que

se

expresarán,

a

los

parientes

legítimos y naturales del difunto, al viudo

o viuda, y al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico”.

al

CC-2006-664

16

Obviamente,

uso

y

disfrute

que

estará

limitado

a

su

condición de persona jurídica.

Es por ello que, un aspecto a considerar al momento de

la liquidación, lo era el crédito a favor del Estado por el

uso particular y exclusivo en beneficio de una persona

natural. Ello como consecuencia lógica y justa, en ausencia

de un pacto o compensación, por el uso exclusivo del bien

común.

Anteriormente,

basados

en

criterios

de

equidad,

expresamos que el uso exclusivo del bien común por uno de

los comuneros da lugar a un crédito a favor del comunero

excluido.31

Además, precisamos que no se trata de un “mero

uso exclusivo” sino que se trata de una privación sin la

aportación correspondiente que a su vez impide a los demás

dueños utilizar la misma.32

Por tanto, en el caso ante nuestra consideración, el

Estado era acreedor de un crédito por los años que la

señora Cintrón Pou se benefició de manera exclusiva del uso

de la propiedad. El Estado, precisamente por no haberla

utilizado y, en ausencia de alguna aportación establecida

no se benefició del bien comunitario.

No

podemos

perder

de

perspectiva

en

nuestras

decisiones que el derecho no opera en lo abstracto y que

tiene como propósito perseguir el bien para alcanzar la

31

Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801 (2004).

32

Íd.

CC-2006-664

17

justicia. Por ende, siendo un ejercicio lógico y racional,

la división efectuada por los foros inferiores fue correcta

en derecho y en justicia.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado