Tribunal Supremo de Puerto Rico
Conducta Profesional: Se suspenden por no haber satisfecho el pago de la cuota de colegiación
2008 TSPR 190
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Conducta Profesional: Se suspenden por no haber satisfecho el pago de la cuota de colegiación
TS-000004446 TS-000007665 TS-000009376 TS-000011378 TS-000012831 TS-000016016
Ernesto Rosado Rivera, Roberto J. Martínez Rosa, Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina M. Albanese Brás, Mari E. Meléndez Gnemi
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Ernesto Rosado Rivera
Roberto J. Martínez Rosa
Melba Lajara Martínez
Otto D. Lebrón Sáez
Dina M. Alabanese Brás
Mari E. Meléndez Gnemi
2008 TSPR 190
175 DPR ____
Número del Caso: TS-4446
TS-7665
TS-9376
TS-11378
TS-12831
TS-16016
(Cons.)
Fecha: 31 de octubre de 2008
Colegio de Abogados de Puerto Rico:
Lcdo. José M. Montalvo Trías
Director Ejecutivo
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Ernesto Rosado Rivera
Roberto J. Martínez Rosa
Melba Lajara Martínez
Otto D. Lebrón Sáez
Dina M. Albanese Brás
Mari E. Meléndez Gnemi
TS-4446
TS-7665
TS-9376
TS-11378
TS-12831
TS-16016
(cons.)
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2008.
El
Colegio
de
Abogados
de
Puerto
Rico
comparece ante nos para solicitar la suspensión
al ejercicio de la abogacía de los licenciados
Ernesto Rosado Rivera, Roberto J. Martínez Rosa,
Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina
M. Albanese Brás y Mari E. Meléndez Gnemi por no
haber
satisfecho
el
pago
de
la
cuota
de
colegiación.
En vista de ello, mediante Resolución de 27
de
agosto
de
2008,
concedimos
al
licenciado
Rosado Rivera un término de veinte (20) días para
mostrar
causa
por
la
cual
no
debían
ser
TS-4446 y Otros
2
suspendidos del ejercicio de la abogacía. De igual forma,
mediante Resolución de 29 de agosto de 2008, concedimos
igual término a los demás abogados y abogadas de epígrafe.
En
ambas
Resoluciones,
se
les
apercibió
que
el
incumplimiento con las órdenes de este Tribunal conllevaría
la suspensión automática del ejercicio de la abogacía.1
El término concedido expiró y los abogados y abogadas
no han comparecido ante el Tribunal, ni han satisfecho su
deuda.
En vista de lo anterior, procedemos a resolver este
asunto sin ulterior trámite.
Se consolidan los casos 4446, 7665, 9376, 11378, 12831
y 16016 por versar sobre el mismo asunto.
II
El Artículo 9 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932,
4
L.P.R.A.
sec.
780,
establece
la
obligación
de
los
miembros del Colegio de Abogados de satisfacer una cuota
anual.
Hemos
resuelto,
incumplimiento
con
en
dicha
reiteradas
obligación
ocasiones,
demuestra
que
una
el
total
indiferencia hacia las obligaciones mínimas de la abogacía
y
conlleva
la
suspensión
inmediata
e
indefinida
del
ejercicio de la abogacía. In re: García Vallés, res. 7 de
noviembre de 2007, 2007 T.S.P.R. 196, In re: Crosby San
Miguel, res. 31 de octubre de 2007, 2007 T.S.P.R. 191; In
1
En el caso del licenciado Rosado Rivera la Resolución
fue notificada por correo certificado con acuse de recibo.
A la licenciada Albanese Brás se le notificó la Resolución
tanto por correo regular como por correo certificado con
acuse de recibo a su dirección de récord y ambas fueron
devueltas.
Los demás abogados y abogadas querellados
fueron notificados por correo regular a su dirección de
récord y éstas no fueron devueltas.
TS-4446 y Otros
re:
Ortiz
3
Delgado,
res.
el
29
de
mayo
de
2003,
2003
T.S.P.R. 96; In re: Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001); In
re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Reyes Rovira,
139 D.P.R. 42 (1995); Col. Abogados P.R. v. Pérez Padilla,
135 D.P.R. 94 (1994); In re: Serrallés III, 119 D.P.R. 494
(1987); Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504
(1986).
Asimismo, todo abogado tiene el deber y obligación de
responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de
este
Tribunal,
particularmente
cuando
se
trata
de
procedimientos sobre su conducta profesional. Anteriormente
hemos señalado, que procede la suspensión del ejercicio de
la abogacía cuando un abogado
no atiende con diligencia
nuestros
muestra
requerimientos
nuestros
y
apercibimientos
se
de
indiferente
imponerle
ante
sanciones
disciplinarias. In re: Rullán Castillo, res. 8 de febrero
de 2007, 2007 T.S.P.R. 41; In re: Lloréns Sar, res. 5 de
febrero de 2007, 2007 T.S.P.R. 31; In re: Díaz Rodríguez,
res. 30 de noviembre de 2005, 2005 T.S.P.R. 191; In re:
Vega
Lasalle,
164
D.P.R.
659
(2005);
In
re:
Quintero
Alfaro, res. 9 de febrero de 2004, 2004 T.S.P.R. 20; In re:
Osorio Díaz, supra; In re: Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602
(1995); In re: González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In
re: Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).
En
vista
indefinidamente
licenciados
de
lo
del
Ernesto
anterior,
se
suspende
ejercicio
de
la
Rosado
Rivera,
inmediata
abogacía
Roberto
J.
a
e
los
Martínez
TS-4446 y Otros
4
Rosa, Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina M.
Albanese Brás2 y Mari E. Meléndez Gnemi.
Se les impone a los abogados y abogadas querellados el
deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar
oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos. Además, tienen la obligación de acreditar
y certificar ante este Tribunal, el cumplimiento con lo
anterior dentro del término de treinta (30) días a partir
de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Esta
notificarán
Opinión
y
la
personalmente
Sentencia
a
los
correspondiente
abogados
y
abogadas
se
de
epígrafe a la última dirección que aparece en el expediente
personal del abogado. En el caso de los licenciados Ernesto
Rosado Rivera y Roberto J. Martínez Rosa, cuyas direcciones
son fuera de Puerto Rico, se les notificará por correo
certificado con acuse de recibo a la última dirección que
aparece en sus expedientes de personal y, una vez remitida,
2
La licenciada Albaneses Brás tampoco cumplió con la
obligación de notificar cualquier cambio de dirección,
física o postal, a la Secretaria del Tribunal Supremo de
conformidad con la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R. 9. Cuando un abogado
incumple con su deber de mantener al día su dirección
obstaculiza
el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción
disciplinaria. In re: Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245
(2003); In re: Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 346 (2002); In
re:
Santiago
Méndez,
141
D.P.R.
75
(1996).
El
incumplimiento con tal deber es suficiente para decretar la
separación indefinida de la abogacía.
In re: Serrallés
III,119 D.P.R. 494 (1987); In re: Berríos Pagán, 126 D.P.R.
458 (1990).
TS-4446 y Otros
5
se considerarán notificados de su suspensión y ésta será
efectiva a partir de la fecha de la notificación.
Finalmente,
el
Alguacil
de
este
Tribunal
deberá
incautar la obra y sello notarial del Lcdo. Otto D. Lebrón
Sáez
y
entregar
Inspección
de
éstos
a
la
Notarías
Directora
para
de
la
investigación e informe.
Se dictará la Sentencia de conformidad.
la
Oficina
de
correspondiente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Ernesto Rosado Rivera
Roberto J. Martínez Rosa
Melba Lajara Martínez
Otto D. Lebrón Sáez
Dina M. Albanese Brás
Mari E. Meléndez Gnemi
TS-4446
TS-7665
TS-9376
TS-11378
TS-12831
TS-16016
(cons.)
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se suspende
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la
abogacía a los licenciados Ernesto Rosado Rivera,
Roberto J. Martínez Rosa, Melba Lajara Martínez,
Otto D. Lebrón Sáez, Dina M. Albanese Brás y Mari
E. Meléndez Gnemi.
Se les impone a los abogados y abogadas
querellados el deber de notificar a todos sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar oportunamente de su suspensión a los
foros
judiciales
y
administrativos.
Además,
tienen la obligación de acreditar y certificar
ante este Tribunal, el cumplimiento con lo
anterior dentro del término de treinta (30) días
a partir de la notificación de la Opinión Per
Curiam y Sentencia.
TS-4446 y Otros
2
Notifíquese personalmente a los abogados y abogadas de
epígrafe a la última dirección que aparece en el expediente
personal del abogado. En el caso de los licenciados Ernesto
Rosado Rivera y Roberto J. Martínez Rosa, cuyas direcciones
son
fuera
de
Puerto
Rico,
notifíquese
por
correo
certificado con acuse de recibo a la última dirección que
aparece en sus expedientes de personal y, una vez remitida,
se considerarán notificados de su suspensión y ésta será
efectiva a partir de la fecha de la notificación.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá
incautar la obra y sello notarial del Lcdo. Otto D. Lebrón
Sáez y entregar éstos a la Directora de la Oficina de
Inspección
de
Notarías
para
la
correspondiente
investigación e informe.
Lo pronunció y manda el
Secretaria del Tribunal Supremo.
Tribunal
y
certifica
la
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo