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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Conducta Profesional: Se suspenden por no haber satisfecho el pago de la cuota de colegiación

2008 TSPR 190

Poder Judicial de Puerto Rico

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Conducta Profesional: Se suspenden por no haber satisfecho el pago de la cuota de colegiación

TS-000004446 TS-000007665 TS-000009376 TS-000011378 TS-000012831 TS-000016016

Ernesto Rosado Rivera, Roberto J. Martínez Rosa, Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina M. Albanese Brás, Mari E. Meléndez Gnemi

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ernesto Rosado Rivera

Roberto J. Martínez Rosa

Melba Lajara Martínez

Otto D. Lebrón Sáez

Dina M. Alabanese Brás

Mari E. Meléndez Gnemi

2008 TSPR 190

175 DPR ____

Número del Caso: TS-4446

TS-7665

TS-9376

TS-11378

TS-12831

TS-16016

(Cons.)

Fecha: 31 de octubre de 2008

Colegio de Abogados de Puerto Rico:

Lcdo. José M. Montalvo Trías

Director Ejecutivo

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Ernesto Rosado Rivera

Roberto J. Martínez Rosa

Melba Lajara Martínez

Otto D. Lebrón Sáez

Dina M. Albanese Brás

Mari E. Meléndez Gnemi

TS-4446

TS-7665

TS-9376

TS-11378

TS-12831

TS-16016

(cons.)

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2008.

El

Colegio

de

Abogados

de

Puerto

Rico

comparece ante nos para solicitar la suspensión

al ejercicio de la abogacía de los licenciados

Ernesto Rosado Rivera, Roberto J. Martínez Rosa,

Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina

M. Albanese Brás y Mari E. Meléndez Gnemi por no

haber

satisfecho

el

pago

de

la

cuota

de

colegiación.

En vista de ello, mediante Resolución de 27

de

agosto

de

2008,

concedimos

al

licenciado

Rosado Rivera un término de veinte (20) días para

mostrar

causa

por

la

cual

no

debían

ser

TS-4446 y Otros

2

suspendidos del ejercicio de la abogacía. De igual forma,

mediante Resolución de 29 de agosto de 2008, concedimos

igual término a los demás abogados y abogadas de epígrafe.

En

ambas

Resoluciones,

se

les

apercibió

que

el

incumplimiento con las órdenes de este Tribunal conllevaría

la suspensión automática del ejercicio de la abogacía.1

El término concedido expiró y los abogados y abogadas

no han comparecido ante el Tribunal, ni han satisfecho su

deuda.

En vista de lo anterior, procedemos a resolver este

asunto sin ulterior trámite.

Se consolidan los casos 4446, 7665, 9376, 11378, 12831

y 16016 por versar sobre el mismo asunto.

II

El Artículo 9 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932,

4

L.P.R.A.

sec.

780,

establece

la

obligación

de

los

miembros del Colegio de Abogados de satisfacer una cuota

anual.

Hemos

resuelto,

incumplimiento

con

en

dicha

reiteradas

obligación

ocasiones,

demuestra

que

una

el

total

indiferencia hacia las obligaciones mínimas de la abogacía

y

conlleva

la

suspensión

inmediata

e

indefinida

del

ejercicio de la abogacía. In re: García Vallés, res. 7 de

noviembre de 2007, 2007 T.S.P.R. 196, In re: Crosby San

Miguel, res. 31 de octubre de 2007, 2007 T.S.P.R. 191; In

1

En el caso del licenciado Rosado Rivera la Resolución

fue notificada por correo certificado con acuse de recibo.

A la licenciada Albanese Brás se le notificó la Resolución

tanto por correo regular como por correo certificado con

acuse de recibo a su dirección de récord y ambas fueron

devueltas.

Los demás abogados y abogadas querellados

fueron notificados por correo regular a su dirección de

récord y éstas no fueron devueltas.

TS-4446 y Otros

re:

Ortiz

3

Delgado,

res.

el

29

de

mayo

de

2003,

2003

T.S.P.R. 96; In re: Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001); In

re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Reyes Rovira,

139 D.P.R. 42 (1995); Col. Abogados P.R. v. Pérez Padilla,

135 D.P.R. 94 (1994); In re: Serrallés III, 119 D.P.R. 494

(1987); Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504

(1986).

Asimismo, todo abogado tiene el deber y obligación de

responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de

este

Tribunal,

particularmente

cuando

se

trata

de

procedimientos sobre su conducta profesional. Anteriormente

hemos señalado, que procede la suspensión del ejercicio de

la abogacía cuando un abogado

no atiende con diligencia

nuestros

muestra

requerimientos

nuestros

y

apercibimientos

se

de

indiferente

imponerle

ante

sanciones

disciplinarias. In re: Rullán Castillo, res. 8 de febrero

de 2007, 2007 T.S.P.R. 41; In re: Lloréns Sar, res. 5 de

febrero de 2007, 2007 T.S.P.R. 31; In re: Díaz Rodríguez,

res. 30 de noviembre de 2005, 2005 T.S.P.R. 191; In re:

Vega

Lasalle,

164

D.P.R.

659

(2005);

In

re:

Quintero

Alfaro, res. 9 de febrero de 2004, 2004 T.S.P.R. 20; In re:

Osorio Díaz, supra; In re: Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602

(1995); In re: González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In

re: Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

En

vista

indefinidamente

licenciados

de

lo

del

Ernesto

anterior,

se

suspende

ejercicio

de

la

Rosado

Rivera,

inmediata

abogacía

Roberto

J.

a

e

los

Martínez

TS-4446 y Otros

4

Rosa, Melba Lajara Martínez, Otto D. Lebrón Sáez, Dina M.

Albanese Brás2 y Mari E. Meléndez Gnemi.

Se les impone a los abogados y abogadas querellados el

deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar

oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos. Además, tienen la obligación de acreditar

y certificar ante este Tribunal, el cumplimiento con lo

anterior dentro del término de treinta (30) días a partir

de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Esta

notificarán

Opinión

y

la

personalmente

Sentencia

a

los

correspondiente

abogados

y

abogadas

se

de

epígrafe a la última dirección que aparece en el expediente

personal del abogado. En el caso de los licenciados Ernesto

Rosado Rivera y Roberto J. Martínez Rosa, cuyas direcciones

son fuera de Puerto Rico, se les notificará por correo

certificado con acuse de recibo a la última dirección que

aparece en sus expedientes de personal y, una vez remitida,

2

La licenciada Albaneses Brás tampoco cumplió con la

obligación de notificar cualquier cambio de dirección,

física o postal, a la Secretaria del Tribunal Supremo de

conformidad con la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R. 9. Cuando un abogado

incumple con su deber de mantener al día su dirección

obstaculiza

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción

disciplinaria. In re: Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245

(2003); In re: Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 346 (2002); In

re:

Santiago

Méndez,

141

D.P.R.

75

(1996).

El

incumplimiento con tal deber es suficiente para decretar la

separación indefinida de la abogacía.

In re: Serrallés

III,119 D.P.R. 494 (1987); In re: Berríos Pagán, 126 D.P.R.

458 (1990).

TS-4446 y Otros

5

se considerarán notificados de su suspensión y ésta será

efectiva a partir de la fecha de la notificación.

Finalmente,

el

Alguacil

de

este

Tribunal

deberá

incautar la obra y sello notarial del Lcdo. Otto D. Lebrón

Sáez

y

entregar

Inspección

de

éstos

a

la

Notarías

Directora

para

de

la

investigación e informe.

Se dictará la Sentencia de conformidad.

la

Oficina

de

correspondiente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Ernesto Rosado Rivera

Roberto J. Martínez Rosa

Melba Lajara Martínez

Otto D. Lebrón Sáez

Dina M. Albanese Brás

Mari E. Meléndez Gnemi

TS-4446

TS-7665

TS-9376

TS-11378

TS-12831

TS-16016

(cons.)

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se suspende

inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía a los licenciados Ernesto Rosado Rivera,

Roberto J. Martínez Rosa, Melba Lajara Martínez,

Otto D. Lebrón Sáez, Dina M. Albanese Brás y Mari

E. Meléndez Gnemi.

Se les impone a los abogados y abogadas

querellados el deber de notificar a todos sus

clientes

de

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar oportunamente de su suspensión a los

foros

judiciales

y

administrativos.

Además,

tienen la obligación de acreditar y certificar

ante este Tribunal, el cumplimiento con lo

anterior dentro del término de treinta (30) días

a partir de la notificación de la Opinión Per

Curiam y Sentencia.

TS-4446 y Otros

2

Notifíquese personalmente a los abogados y abogadas de

epígrafe a la última dirección que aparece en el expediente

personal del abogado. En el caso de los licenciados Ernesto

Rosado Rivera y Roberto J. Martínez Rosa, cuyas direcciones

son

fuera

de

Puerto

Rico,

notifíquese

por

correo

certificado con acuse de recibo a la última dirección que

aparece en sus expedientes de personal y, una vez remitida,

se considerarán notificados de su suspensión y ésta será

efectiva a partir de la fecha de la notificación.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá

incautar la obra y sello notarial del Lcdo. Otto D. Lebrón

Sáez y entregar éstos a la Directora de la Oficina de

Inspección

de

Notarías

para

la

correspondiente

investigación e informe.

Lo pronunció y manda el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

la

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo