Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Osvaldo Ortiz Medina
2008 TSPR 183
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Osvaldo Ortiz Medina
CP-2007-0015
Conducta Profesional- C ensura enérgica por desatención a las normas que regulan la notaría
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2008 TSPR 183
Osvaldo Ortiz Medina
175 DPR ____
Número del Caso: CP-2007-15
Fecha: 17 de noviembre de 2008
Oficina del Procurador General:
Lcda. Wanda I. Simons García
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Querellada
Lcdo. Francisco J. Vilanova Montalvo
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Osvaldo Ortiz Medina
CP-2007-15
Conducta
Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2008.
Los esposos Luis A. Rodríguez Pérez y Zayra
Morales Estrada presentaron ante la Oficina del
Procurador General una queja en contra del Lcdo.
Osvaldo Ortiz Medina, por éste haber autenticado
sus
firmas
violación
Puerto
en
un
del
Art.
Rico,
4
contrato
56
de
L.P.R.A.
de
la
sec.
compraventa
Ley
Notarial
2091.
A
raíz
en
de
de
dicha queja, el Procurador General nos remitió un
Informe
proceder
Preliminar
del
con
sus
licenciado
hallazgos
Ortiz
sobre
Medina
y,
el
en
atención al mismo, ordenamos la presentación de
la querella de autos. Posteriormente, designamos
CP-2007-15
2
al Lcdo. Carlos de Jesús Rivera Marrero como Comisionado
Especial, con la encomienda de recibir la prueba y someter
ante nuestra consideración una recomendación al respecto.
Tras
examinar
su
informe,
así
como
los
argumentos
esbozados por el licenciado Ortiz Medina en cuanto a la
presente
querella,
lo
censuramos
enérgicamente
por
su
inobservancia de las normas que gobiernan el ejercicio de
la notaría en nuestra jurisdicción.
I.
Los hechos narrados a continuación surgen del Informe
del Comisionado Especial, así como de los documentos que
obran en autos.
El licenciado Ortiz Medina fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 26 de junio de 1987 y prestó juramento
como
notario
el
2
de
octubre
de
ese
mismo
año.
Precisamente, en ejercicio de su función notarial, el 21 de
marzo
de
2003
autenticidad
éste
las
legitimó
firmas
de
mediante
un
un
contrato
testimonio
de
de
compraventa
suscrito por los esposos Rodríguez-Morales y Monte Carlo
Development Corp.
En particular, el referido contrato tenía como objeto
un lote que era parte de una finca propiedad de Monte Carlo
Development, ubicada en el Municipio de Cabo Rojo. Según
los términos del convenio, dicha finca había sido dividida
en
unos
diez
solares
que,
al
momento
de
su
firma,
aún
estaban pendientes de segregación. En lo pertinente a la
querella
ante
nuestra
consideración,
el
contrato
de
CP-2007-15
3
compraventa
señalaba
que
los
esposos
Rodríguez
Morales
pagaron $25,000.00 a cambio del “Lote Núm. 7” de la finca
aludida,
con
una
cabida
embargo,
la
entrega
de
aproximada
dicho
lote
de
984.16
estaría
m2.
sujeta
Sin
a
la
aprobación de la segregación por parte de la Administración
de Reglamentos y Permisos (ARPE), así como a la instalación
por
Monte
Carlo
Development
de
toda
la
infraestructura
relativa a los servicios de agua potable, electricidad y
caminos de acceso.
En este sentido, Monte Carlo Development tenía un año,
a partir de la firma del contrato de compraventa, para
cumplir con ambas condiciones. Si se obtenía la aprobación
de ARPE dentro de dicho término, Monte Carlo Development
otorgaría la escritura pública correspondiente y entegraría
el lote objeto del contrato. De no realizarse tal gestión
en el término convenido, las partes podían prorrogar el
mismo u optar por resolverlo, en cuyo caso Monte Carlo
Development devolvería la totalidad del dinero recibido a
cambio del mencionado lote.1
Así las cosas, al concluir el plazo para segregar el
lote en cuestión e instalar la infraestructura mencionada,
Monte Carlo aún no había cumplido con las condiciones antes
1
En el contrato aludido, las partes también hicieron
constar que la finca matriz de la cual se habría de
segregar el “Lote Núm. 7” estaba afecta a una hipoteca de
$15,000.00, la cual se cancelaría al momento de firmarse la
escritura correspondiente. Por otra parte, los esposos
Rodríguez-Morales
se
comprometieron
a
aceptar
las
condiciones restrictivas que se habrían de fijar en cuanto
al uso del “Lote Núm. 7” como, por ejemplo, la prohibición
de la instalación de verjas de tipo eslabonado.
CP-2007-15
4
reseñadas. En vista de ello, los esposos Rodríguez-Morales
solicitaron la resolución del contrato y la devolución del
dinero
que
pagaron
inicialmente
sus
por
el
gestiones
solar.
a
Sin
esos
embargo,
efectos
no
como
dieron
resultado, tras obtener asesoramiento sobre la validez de
dicho
contrato,
éstos
acudieron
ante
la
Oficina
del
Procurador General y presentaron una queja en contra del
licenciado Ortiz Medina.
A petición del Procurador General, el licenciado Ortiz
Medina contestó los señalamientos de los esposos RodríguezMorales
y
referido
adujo
que
contrato
de
no
participó
en
la
redacción
compraventa,
ni
intervino
en
del
la
negociación entre las partes. Además, alegó que como no era
oficial ni accionista de la corporación vendedora, entendía
que no había incurrido en violación ética alguna. Del mismo
modo, señaló que las partes tenían conocimiento pleno del
negocio que llevarían a cabo y que aceptaron el contrato
según éste fue redactado. Por último, expresó que estaba
gestionando la devolución de los $25,000.00 que Monte Carlo
le había cobrado a los esposos Rodríguez-Morales.
El Procurador General nos presentó oportunamente un
Informe Preliminar sobre el asunto, y tras concederle un
término para ello, el licenciado Ortiz Medina se expresó en
torno al mismo. En su comparecencia aceptó haber autorizado
un testimonio de autenticidad en el contrato de compraventa
antes
reseñado,
pero
reiteró
que
no
había
actuado
indebidamente. Además, reconoció que durante la firma del
CP-2007-15
contrato
5
tanto
él
como
las
partes
enfatizaron
que
el
aspecto económico del negocio era atractivo y, por ende,
que el mismo sería beneficioso para los esposos RodríguezMorales. No obstante, éste señaló que al tener conocimiento
sobre el incumplimiento de Monte Carlo Development con las
condiciones estipuladas en el citado contrato, procedió a
gestionar
personalmente
la
devolución
de
los
$25,000.00
cobrados por dicha empresa, así como el pago de $500.00 por
los
gastos
en
que
incurrieron
los
esposos
Rodríguez-
Morales.
Tras considerar detenidamente el asunto, le ordenamos
al Procurador General presentar la querella de autos. En
ella se le imputa al licenciado Ortiz Medina una violación
al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.
IX,
al
autorizar
un
testimonio
de
autenticidad
en
un
contrato de compraventa en contravención del Art. 56 de la
Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2091, así como de la Regla 68
del
Reglamento
XXIV.
En
Notarial
síntesis,
de
ambas
Puerto
Rico,
disposiciones
4
L.P.R.A.
prohíben
que
Ap.
los
notarios legitimen firmas en contratos como el de autos.
Por su parte, en su contestación a dicha querella, el
licenciado Ortiz Medina argumenta que la controversia en
torno
al
procedimiento
disciplinario
de
autos
se
circunscribe a determinar si el contrato antes citado era
realmente una compraventa perfecta. En este sentido, Ortiz
Medina señala que como dicho acuerdo estaba sujeto a una
condición
suspensiva
—la
segregación
del
lote
y
la
CP-2007-15
6
instalación
de
la
infraestructura
ausencia
de
su
cumplimiento
eficacia.
Por
ello,
aduce
la
que
correspondiente—,
compraventa
su
en
carecía
intervención
de
en
el
contrato aludido no violentó el Art. 56 de la Ley Notarial,
supra,
pues
mediante
dicha
transacción
no
se
llegó
a
transmitir un derecho real sobre un bien inmueble.
Examinamos la presente querella de conformidad con las
determinaciones
de
hecho
del
Comisionado
Especial,
en
ejercicio de nuestra inherente facultad disciplinaria.
II.
A.
Como
se
Profesional
sabe,
requiere
el
Canon
que
los
18
del
Código
abogados
se
de
Ética
abstengan
de
asumir la representación legal de cualquier cliente cuando
sean conscientes de no poder realizar una labor idónea y
competente,
o
de
no
poder
prepararse
adecuadamente
para
defender las causas de éste sin aumentar irrazonablemente
sus gastos o los del sistema de justicia. 4 L.P.R.A. Ap.
IX. Así, pues, todo abogado debe defender los intereses de
sus clientes con la mayor diligencia, demostrando en cada
una
de
sus
intervenciones
su
más
profundo
saber
y
habilidad. En todo momento debe satisfacer —y esforzarse
por
exceder—
aquella
medida
que
la
profesión
jurídica
estime como la más adecuada y responsable. La indiferencia,
la
desidia,
la
despreocupación,
la
inacción
y
la
displicencia no son las cualidades que deben encarnar a un
abogado
admitido
por
este
Tribunal
a
la
práctica
del
CP-2007-15
7
Derecho. E.g. In re León Malavé, 2008 T.S.P.R. 27, res. 17
de enero de 2008.
Ahora bien, el deber de competencia y diligencia que
les impone el citado canon a los abogados toma un matiz
distinto
hemos
cuando
éstos
ejercen
aclarado
en
múltiples
representa
los
intereses
de
la
su
función
notarial.
Como
ocasiones,
el
cliente;
notario,
el
abogado
en
cambio, no tiene cliente alguno. Más bien, el notario es el
profesional
del
Derecho
que
ejerce
una
función
pública,
autorizado por la ley para dar fe y autenticidad a los
negocios jurídicos y demás actos o hechos extrajudiciales
que se realicen ante él. Art. 2 de la Ley Notarial, 4
L.P.R.A. sec. 2002; véase, además, In re Raya, 117 D.P.R.
797, 802-03 (1986).
La responsabilidad del notario en cuanto a ese deber
es aún mayor, pues en la función que desempeña, el valor de
la
voluntad
informada
de
los
comparecientes
es,
en
definitiva, la base sobre la cual descansa la fe pública
notarial. En la medida en que el notario no se oriente
sobre las normas relativas al negocio que deseen realizar
las
partes
contratantes,
el
consentimiento
prestado
por
éstas será el fruto de la ignorancia o de la falta de
claridad. Como consecuencia de ello, el documento público
que autorice carecerá de eficacia jurídica alguna. Véase In
re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775-76 (1976). En suma,
un notario que desconoce las normas jurídicas relativas, no
sólo al ejercicio de su profesión, sino a las relaciones e
CP-2007-15
8
intereses de los ciudadanos que recurren ante él, realmente
vulnera
la
naturaleza
misma
del
notariado
en
nuestra
jurisdicción.
En
esta
actuación
ocasión,
del
nos
licenciado
corresponde
Ortiz
Medina
determinar
al
si
la
autorizar
un
testimonio de autenticidad al pie de un documento titulado
“contrato
de
compraventa”,
es
ejemplo
de
la
habilidad
requerida a los notarios como profesionales del Derecho y
custodios de la fe pública. Veamos.
B.
El Art. 56 de la Ley Notarial, supra, autoriza que los
notarios
den
testimonio,
a
petición
de
una
parte
interesada, de la autenticidad de un documento no matriz;
es decir, de aquel que no forma parte del protocolo de
instrumentos públicos. Además de dar fe sobre la fecha en
la
cual
se
autorizó
el
referido
testimonio,
el
notario
puede dar fe de la legitimación de las firmas que aparezcan
en
el
documento.
De
esta
manera,
se
acredita
que
las
personas firmantes suscribieron el mismo en presencia del
notario y que, a su vez, éste las conoce personalmente o,
en
su
defecto,
las
identificó
mediante
los
medios
supletorios que provee la ley. Véanse, además, Regla 67 del
Reglamento Notarial, supra; S. Torres Peralta, El Derecho
notarial puertorriqueño, 1995, San Juan, Publicaciones STP,
pág. 15.11.
En Puerto Rico, la reglamentación del testimonio de
autenticidad vino a sustituir, en gran medida, la anterior
CP-2007-15
9
normativa sobre los llamados afidávits, provenientes del
derecho
anglosajón.
Los
testimonios,
arraigados
en
la
tradición notarial latina, no son documentos notariales de
segunda categoría, sino que poseen su propia importancia en
el
tráfico
jurídico
particulares
que
se
cotidiano
les
según
adscriban
a
los
éstos.
efectos
Así,
por
ejemplo, el testimonio de legitimación de firmas tiene el
efecto de disipar las dudas sobre la autenticidad de la
firma de un documento determinado; o sea, si la firma es de
la
persona
a
quien
se
le
atribuye.
P.
Ávila
Álvarez,
Estudios de Derecho Notarial, 1973, Madrid, Ed. Montecorvo,
4ta ed., págs. 283, 287-88.
Ahora bien, precisamente en función de esos efectos,
el alcance de la facultad legitimadora del notario no se
extiende a los negocios que, según el Art. 1232 del Código
Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3453, deben constar
en
un
documento
público.
Entre
ellos
se
encuentran,
en
particular, los actos y contratos que tengan por objeto la
creación, transmisión, modificación o extinción de derechos
reales sobre bienes inmuebles. 31 L.P.R.A. sec. 3453(1).
Así, pues, en términos expresos, la Ley Notarial establece
que no se podrá autorizar un testimonio de autenticidad en
tales contratos.
En
radica
esencia,
el
fundamento
para
dicha
en
de
ordinario,
el
notario
que,
prohibición
no
asume
responsabilidad por el contenido de los documentos privados
cuyas firmas legitime. Art. 56 de la Ley Notarial, supra;
CP-2007-15
10
cf. In re Colón Ramery, 138 D.P.R. 793, 799 (1995).2 Por tal
razón, la autorización de un testimonio de autenticidad en
los
casos
frustrar
antes
el
mencionados
objetivo
del
tendría
Código
el
Civil
resultado
al
requerir,
de
a
instancias de cualquier parte contratante, la preparación
de
una
escritura
pública
en
tales
circunstancias:
garantizar que, al prestar su consentimiento a un contrato
sobre bienes inmuebles, los otorgantes conozcan plenamente
las consecuencias del negocio que pretenden llevar a cabo.
Más
aún,
servir
es
como
sólo
de
título
esta
manera
inscribible
que
en
el
el
contrato
Registro
puede
de
la
Propiedad. Véanse Arts. 38, 42 y 43 de la Ley Hipotecaria y
del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2201, 220506.
En fin, no tendría sentido emplear la función notarial
para
darle
autenticidad
y
eficacia
a
un
mero
documento
privado, cuando la tarea primordial del notario consiste en
autorizar, como un instrumento público, el negocio plasmado
en el mismo. Es preciso advertir, además, que la referida
prohibición también responde al hecho de que los negocios
sobre bienes inmuebles están sujetos al pago de aranceles.
Por
ende,
cómplice
para
de
una
evitar
que
posible
el
notario
evasión
se
convierta
contributiva,
la
en
Ley
Notarial establece que si ha de intervenir en un contrato
2
Ahora bien, si el notario conoce sobre la nulidad o
falsedad del documento, éste podría enfrentar sanciones
disciplinarias. Véanse, e.g., In re Criado Vázquez, 155
D.P.R. 436 (2001); In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575
(2001).
CP-2007-15
de
tal
11
naturaleza,
sólo
podrá
hacerlo
mediante
la
autorización de un documento público. Véanse, en general, 4
L.P.R.A.
secs.
851-58;
In
re
Feliciano,
115
D.P.R.
172
(1984); Lázaro v. Sucn. Toro Cabañas, 53 D.P.R. 201 (1938);
E.
Giménez
Arnau,
Derecho
Notarial,
1976,
Pamplona,
Ed.
Univ. de Navarra, págs. 801-06.
Por último, la Ley Notarial prohíbe específicamente
que se autoricen testimonios de autenticidad en contratos
con
los
cuales
se
pretenda
adjudicar
o
vender,
ya
sea
expresa o implícitamente, una participación concreta en un
bien inmueble cuya segregación no haya sido aprobada con
anterioridad por las agencias correspondientes. De hecho,
aun en el caso de que la referida venta se haga mediante
escritura pública, el Art. 15(g) de la Ley Notarial exige
que el notario les advierta a los contratantes que tras la
celebración
de
dicha
compraventa
éstos
pasarán
a
formar
parte de una comunidad de bienes, como propietarios de una
porción
abstracta
e
indefinida
del
inmueble
objeto
del
negocio. Además, debe advertirles que no podrán segregar,
identificar,
lotificar
o
marcar
su
participación
sobre
dicho bien sin obtener previamente la autorización de las
agencias concernidas.3 4 L.P.R.A. secs. 2033 y 2091; véanse,
3
Aparte de las razones antes señaladas, esta prohibición
surgió a raíz de la práctica de vender “lotes” o “solares”
en fincas rústicas sin que las agencias urbanísticas, como
la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) o la
Junta de Planificación (JP), aprobaran el desarrollo. A
través de dicha modalidad, popularizada en Puerto Rico
durante los años setenta y ochenta, se inducía a los
compradores a pensar que adquirían un título sobre un lote
concreto, cuando en realidad lo que compraban era una
CP-2007-15
12
además, In re Molina Fragosa, 2006 T.S.P.R. 8, res. 19 de
diciembre de 2005; In re Aponte Berdecía, 161 D.P.R. 94
(2004).
III.
En
antes
el
presente
reseñadas,
caso,
el
a
pesar
licenciado
de
Ortiz
las
prohibiciones
Medina
acepta
que
autorizó un testimonio de autenticidad al pie del “contrato
de compraventa” que describimos anteriormente. No obstante,
aduce que en virtud de lo resuelto en Meléndez Martínez v.
Jiménez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892 (1970), dicho contrato
carecía de eficacia, pues nunca se cumplió con la condición
suspensiva de la cual dependía la entrega del lote que se
le vendió a los esposos Rodríguez-Morales. Por eso señala
que
no
pudo
haber
violado
las
prohibiciones
de
la
Ley
Notarial, ya que nunca intervino realmente en un contrato
de compraventa de un bien inmueble.
Ciertamente, en el citado caso de Meléndez Martínez v.
Jiménez
Realty,
supra,
contrato
en
cual
el
págs.
se
896-99,
pactó
la
resolvimos
compraventa
que
de
un
unas
parcelas de terreno pendientes de segregación, pero cuya
___________________
participación en común pro indiviso de la finca matriz.
Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 194 de 7 de agosto de
1998, 1998 L.P.R. 194, págs. 806-08.
En muchos casos la compraventa se plasmaba en una
escritura pública. En otros, sin embargo, ésta se realizaba
a través de un documento privado con la legitimación de las
firmas mediante un testimonio de autenticidad. Cuando los
compradores acudían al Registro de la Propiedad para
inscribir su derecho, se topaban con la realidad de que su
título no era inscribible, pues no se había obtenido la
segregación del lote en cuestión o, aun cuando se obtuviera
posteriormente, no se había consignado la transacción en
una escritura pública. Véase 1998 L.P.R. 807-08.
CP-2007-15
13
eficacia se sujetó a la aprobación final de las agencias
gubernamentales correspondientes, no era un pacto nulo ni
contrario
a
la
ley
nuestras
expresiones
o
al
en
orden
ese
público.
sentido
Sin
nunca
embargo,
estuvieron
dirigidas a validar la intervención notarial en ese tipo de
contratos
ni,
mucho
menos,
a
liberar
al
notario
de
su
responsabilidad disciplinaria si se prueba que contravino
el tenor de las prohibiciones ya mencionadas.
Como
ya
hemos
señalado,
la
Ley
Notarial
prohíbe
expresamente que los notarios legitimen las firmas de los
otorgantes
de
contratos
como
el
presente.
Aun
si
la
intención de los esposos Rodríguez-Morales y Monte Carlo
Development
fue
suscribir
un
contrato
de
compraventa,
sujeto a la condición suspensiva de obtener la segregación
del lote vendido, dicho acuerdo era una compraventa en todo
el sentido de la palabra. Además, el hecho de que la misma
dependiera de una condición suspensiva no significa que la
intervención del licenciado Ortiz Medina fuera correcta.
Como se puede apreciar del texto claro del Art. 56 de la
Ley Notarial, supra, las prohibiciones que éste contiene no
distinguen entre las compraventas perfectas y aquellas que,
por unas circunstancias determinadas, no cobran vigencia
hasta que llegue un plazo o se cumpla una condición en
particular.
En el caso de autos, la cláusula tercera del contrato
firmado
por
los
esposos
Rodríguez-Morales
y
Monte
Carlo
Development no deja margen a dudas en cuanto al tipo de
CP-2007-15
14
negocio realizado por ambos. En dicha cláusula se expresa
claramente que las partes acordaron celebrar un contrato de
compraventa sobre el “Lote Núm. 7” de la finca propiedad de
Monte Carlo Development. Además, se señala que los esposos
Rodríguez-Morales
entregaron,
al
momento
de
firmar
el
contrato, $25,000.00 como pago total por el referido solar.
Sin embargo, como aún no se había obtenido la segregación
del
lote,
ni
se
había
construido
la
infraestructura
necesaria para el disfrute del mismo, el cumplimiento de la
prestación correspondiente a Monte Carlo –la entrega del
solar— se sujetó a la condición de que ARPE aprobara la
segregación.
Aunque ciertamente ello afectó la exigibilidad de la
obligación
objeto
del
contrato,
somos
del
criterio
que
luego de obtenida la segregación no habría quedado nada más
que
negociar,
pues
ya
las
partes
se
habían
puesto
de
acuerdo en cuanto al precio y la cosa objeto del contrato.
Véase
Soto
v.
Rivera,
144
D.P.R.
500
(1997).
Por
consiguiente, no cabe duda de que el convenio aludido era
realmente
una
compraventa
y
actuación
del
licenciado
firmas
estampadas
contenida
en
el
que,
en
vista
Ortiz
Medina
al
en
el
mismo
infringió
Art.
56
de
Ley
la
de
ello,
la
legitimar
las
la
prohibición
Notarial,
supra.
Su
proceder constituye un claro ejemplo de su falta de pericia
en el ejercicio de la función notarial.
En
atención
a
lo
anterior,
concluimos
que
el
licenciado Ortiz Medina violó el Canon 18 del Código de
CP-2007-15
Ética
15
Profesional,
gestiones
Dado
supra.
dirigidas
a
obtener
que
el
éste
realizó
reembolso
del
varias
dinero
cobrado por Monte Carlo a los esposos Rodríguez-Morales, y
en
vista
de
que
es
la
primera
vez
que
le
imponemos
sanciones disciplinarias, lo censuramos enérgicamente por
su inobservancia de las normas que gobiernan el ejercicio
de
la
notaría
en
nuestra
jurisdicción.
Lo
apercibimos,
además, de que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a
dichas
normas,
pues
de
no
hacerlo
se
enfrentaría
a
sanciones disciplinarias más severas.
IV.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
censura
enérgicamente al licenciado Ortiz Medina por su desatención
a las normas que regulan la notaría en esta jurisdicción, y
se
le
apercibe
de
que
en
el
futuro
deberá
dar
fiel
cumplimiento a dichas normas ya que, de no hacerlo, se
enfrentaría a sanciones disciplinarias más severas.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Osvaldo Ortiz Medina
CP-2007-15
Conducta
Profesional
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se censura
enérgicamente al licenciado Ortiz Medina por su
desatención a las normas que regulan la notaría
en esta jurisdicción, y se le apercibe de que en
el futuro deberá dar fiel cumplimiento a dichas
normas ya que, de no hacerlo, se enfrentaría a
sanciones disciplinarias más severas.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre
con el resultado sin opinión escrita.
Dimarie Alicea Lozada
Secretaria del Tribunal Supremo Interina