LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Osvaldo Ortiz Medina

2008 TSPR 183

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Osvaldo Ortiz Medina

CP-2007-0015

Conducta Profesional- C ensura enérgica por desatención a las normas que regulan la notaría

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2008 TSPR 183

Osvaldo Ortiz Medina

175 DPR ____

Número del Caso: CP-2007-15

Fecha: 17 de noviembre de 2008

Oficina del Procurador General:

Lcda. Wanda I. Simons García

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada

Lcdo. Francisco J. Vilanova Montalvo

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Osvaldo Ortiz Medina

CP-2007-15

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2008.

Los esposos Luis A. Rodríguez Pérez y Zayra

Morales Estrada presentaron ante la Oficina del

Procurador General una queja en contra del Lcdo.

Osvaldo Ortiz Medina, por éste haber autenticado

sus

firmas

violación

Puerto

en

un

del

Art.

Rico,

4

contrato

56

de

L.P.R.A.

de

la

sec.

compraventa

Ley

Notarial

2091.

A

raíz

en

de

de

dicha queja, el Procurador General nos remitió un

Informe

proceder

Preliminar

del

con

sus

licenciado

hallazgos

Ortiz

sobre

Medina

y,

el

en

atención al mismo, ordenamos la presentación de

la querella de autos. Posteriormente, designamos

CP-2007-15

2

al Lcdo. Carlos de Jesús Rivera Marrero como Comisionado

Especial, con la encomienda de recibir la prueba y someter

ante nuestra consideración una recomendación al respecto.

Tras

examinar

su

informe,

así

como

los

argumentos

esbozados por el licenciado Ortiz Medina en cuanto a la

presente

querella,

lo

censuramos

enérgicamente

por

su

inobservancia de las normas que gobiernan el ejercicio de

la notaría en nuestra jurisdicción.

I.

Los hechos narrados a continuación surgen del Informe

del Comisionado Especial, así como de los documentos que

obran en autos.

El licenciado Ortiz Medina fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 26 de junio de 1987 y prestó juramento

como

notario

el

2

de

octubre

de

ese

mismo

año.

Precisamente, en ejercicio de su función notarial, el 21 de

marzo

de

2003

autenticidad

éste

las

legitimó

firmas

de

mediante

un

un

contrato

testimonio

de

de

compraventa

suscrito por los esposos Rodríguez-Morales y Monte Carlo

Development Corp.

En particular, el referido contrato tenía como objeto

un lote que era parte de una finca propiedad de Monte Carlo

Development, ubicada en el Municipio de Cabo Rojo. Según

los términos del convenio, dicha finca había sido dividida

en

unos

diez

solares

que,

al

momento

de

su

firma,

aún

estaban pendientes de segregación. En lo pertinente a la

querella

ante

nuestra

consideración,

el

contrato

de

CP-2007-15

3

compraventa

señalaba

que

los

esposos

Rodríguez

Morales

pagaron $25,000.00 a cambio del “Lote Núm. 7” de la finca

aludida,

con

una

cabida

embargo,

la

entrega

de

aproximada

dicho

lote

de

984.16

estaría

m2.

sujeta

Sin

a

la

aprobación de la segregación por parte de la Administración

de Reglamentos y Permisos (ARPE), así como a la instalación

por

Monte

Carlo

Development

de

toda

la

infraestructura

relativa a los servicios de agua potable, electricidad y

caminos de acceso.

En este sentido, Monte Carlo Development tenía un año,

a partir de la firma del contrato de compraventa, para

cumplir con ambas condiciones. Si se obtenía la aprobación

de ARPE dentro de dicho término, Monte Carlo Development

otorgaría la escritura pública correspondiente y entegraría

el lote objeto del contrato. De no realizarse tal gestión

en el término convenido, las partes podían prorrogar el

mismo u optar por resolverlo, en cuyo caso Monte Carlo

Development devolvería la totalidad del dinero recibido a

cambio del mencionado lote.1

Así las cosas, al concluir el plazo para segregar el

lote en cuestión e instalar la infraestructura mencionada,

Monte Carlo aún no había cumplido con las condiciones antes

1

En el contrato aludido, las partes también hicieron

constar que la finca matriz de la cual se habría de

segregar el “Lote Núm. 7” estaba afecta a una hipoteca de

$15,000.00, la cual se cancelaría al momento de firmarse la

escritura correspondiente. Por otra parte, los esposos

Rodríguez-Morales

se

comprometieron

a

aceptar

las

condiciones restrictivas que se habrían de fijar en cuanto

al uso del “Lote Núm. 7” como, por ejemplo, la prohibición

de la instalación de verjas de tipo eslabonado.

CP-2007-15

4

reseñadas. En vista de ello, los esposos Rodríguez-Morales

solicitaron la resolución del contrato y la devolución del

dinero

que

pagaron

inicialmente

sus

por

el

gestiones

solar.

a

Sin

esos

embargo,

efectos

no

como

dieron

resultado, tras obtener asesoramiento sobre la validez de

dicho

contrato,

éstos

acudieron

ante

la

Oficina

del

Procurador General y presentaron una queja en contra del

licenciado Ortiz Medina.

A petición del Procurador General, el licenciado Ortiz

Medina contestó los señalamientos de los esposos RodríguezMorales

y

referido

adujo

que

contrato

de

no

participó

en

la

redacción

compraventa,

ni

intervino

en

del

la

negociación entre las partes. Además, alegó que como no era

oficial ni accionista de la corporación vendedora, entendía

que no había incurrido en violación ética alguna. Del mismo

modo, señaló que las partes tenían conocimiento pleno del

negocio que llevarían a cabo y que aceptaron el contrato

según éste fue redactado. Por último, expresó que estaba

gestionando la devolución de los $25,000.00 que Monte Carlo

le había cobrado a los esposos Rodríguez-Morales.

El Procurador General nos presentó oportunamente un

Informe Preliminar sobre el asunto, y tras concederle un

término para ello, el licenciado Ortiz Medina se expresó en

torno al mismo. En su comparecencia aceptó haber autorizado

un testimonio de autenticidad en el contrato de compraventa

antes

reseñado,

pero

reiteró

que

no

había

actuado

indebidamente. Además, reconoció que durante la firma del

CP-2007-15

contrato

5

tanto

él

como

las

partes

enfatizaron

que

el

aspecto económico del negocio era atractivo y, por ende,

que el mismo sería beneficioso para los esposos RodríguezMorales. No obstante, éste señaló que al tener conocimiento

sobre el incumplimiento de Monte Carlo Development con las

condiciones estipuladas en el citado contrato, procedió a

gestionar

personalmente

la

devolución

de

los

$25,000.00

cobrados por dicha empresa, así como el pago de $500.00 por

los

gastos

en

que

incurrieron

los

esposos

Rodríguez-

Morales.

Tras considerar detenidamente el asunto, le ordenamos

al Procurador General presentar la querella de autos. En

ella se le imputa al licenciado Ortiz Medina una violación

al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.

IX,

al

autorizar

un

testimonio

de

autenticidad

en

un

contrato de compraventa en contravención del Art. 56 de la

Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2091, así como de la Regla 68

del

Reglamento

XXIV.

En

Notarial

síntesis,

de

ambas

Puerto

Rico,

disposiciones

4

L.P.R.A.

prohíben

que

Ap.

los

notarios legitimen firmas en contratos como el de autos.

Por su parte, en su contestación a dicha querella, el

licenciado Ortiz Medina argumenta que la controversia en

torno

al

procedimiento

disciplinario

de

autos

se

circunscribe a determinar si el contrato antes citado era

realmente una compraventa perfecta. En este sentido, Ortiz

Medina señala que como dicho acuerdo estaba sujeto a una

condición

suspensiva

—la

segregación

del

lote

y

la

CP-2007-15

6

instalación

de

la

infraestructura

ausencia

de

su

cumplimiento

eficacia.

Por

ello,

aduce

la

que

correspondiente—,

compraventa

su

en

carecía

intervención

de

en

el

contrato aludido no violentó el Art. 56 de la Ley Notarial,

supra,

pues

mediante

dicha

transacción

no

se

llegó

a

transmitir un derecho real sobre un bien inmueble.

Examinamos la presente querella de conformidad con las

determinaciones

de

hecho

del

Comisionado

Especial,

en

ejercicio de nuestra inherente facultad disciplinaria.

II.

A.

Como

se

Profesional

sabe,

requiere

el

Canon

que

los

18

del

Código

abogados

se

de

Ética

abstengan

de

asumir la representación legal de cualquier cliente cuando

sean conscientes de no poder realizar una labor idónea y

competente,

o

de

no

poder

prepararse

adecuadamente

para

defender las causas de éste sin aumentar irrazonablemente

sus gastos o los del sistema de justicia. 4 L.P.R.A. Ap.

IX. Así, pues, todo abogado debe defender los intereses de

sus clientes con la mayor diligencia, demostrando en cada

una

de

sus

intervenciones

su

más

profundo

saber

y

habilidad. En todo momento debe satisfacer —y esforzarse

por

exceder—

aquella

medida

que

la

profesión

jurídica

estime como la más adecuada y responsable. La indiferencia,

la

desidia,

la

despreocupación,

la

inacción

y

la

displicencia no son las cualidades que deben encarnar a un

abogado

admitido

por

este

Tribunal

a

la

práctica

del

CP-2007-15

7

Derecho. E.g. In re León Malavé, 2008 T.S.P.R. 27, res. 17

de enero de 2008.

Ahora bien, el deber de competencia y diligencia que

les impone el citado canon a los abogados toma un matiz

distinto

hemos

cuando

éstos

ejercen

aclarado

en

múltiples

representa

los

intereses

de

la

su

función

notarial.

Como

ocasiones,

el

cliente;

notario,

el

abogado

en

cambio, no tiene cliente alguno. Más bien, el notario es el

profesional

del

Derecho

que

ejerce

una

función

pública,

autorizado por la ley para dar fe y autenticidad a los

negocios jurídicos y demás actos o hechos extrajudiciales

que se realicen ante él. Art. 2 de la Ley Notarial, 4

L.P.R.A. sec. 2002; véase, además, In re Raya, 117 D.P.R.

797, 802-03 (1986).

La responsabilidad del notario en cuanto a ese deber

es aún mayor, pues en la función que desempeña, el valor de

la

voluntad

informada

de

los

comparecientes

es,

en

definitiva, la base sobre la cual descansa la fe pública

notarial. En la medida en que el notario no se oriente

sobre las normas relativas al negocio que deseen realizar

las

partes

contratantes,

el

consentimiento

prestado

por

éstas será el fruto de la ignorancia o de la falta de

claridad. Como consecuencia de ello, el documento público

que autorice carecerá de eficacia jurídica alguna. Véase In

re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775-76 (1976). En suma,

un notario que desconoce las normas jurídicas relativas, no

sólo al ejercicio de su profesión, sino a las relaciones e

CP-2007-15

8

intereses de los ciudadanos que recurren ante él, realmente

vulnera

la

naturaleza

misma

del

notariado

en

nuestra

jurisdicción.

En

esta

actuación

ocasión,

del

nos

licenciado

corresponde

Ortiz

Medina

determinar

al

si

la

autorizar

un

testimonio de autenticidad al pie de un documento titulado

“contrato

de

compraventa”,

es

ejemplo

de

la

habilidad

requerida a los notarios como profesionales del Derecho y

custodios de la fe pública. Veamos.

B.

El Art. 56 de la Ley Notarial, supra, autoriza que los

notarios

den

testimonio,

a

petición

de

una

parte

interesada, de la autenticidad de un documento no matriz;

es decir, de aquel que no forma parte del protocolo de

instrumentos públicos. Además de dar fe sobre la fecha en

la

cual

se

autorizó

el

referido

testimonio,

el

notario

puede dar fe de la legitimación de las firmas que aparezcan

en

el

documento.

De

esta

manera,

se

acredita

que

las

personas firmantes suscribieron el mismo en presencia del

notario y que, a su vez, éste las conoce personalmente o,

en

su

defecto,

las

identificó

mediante

los

medios

supletorios que provee la ley. Véanse, además, Regla 67 del

Reglamento Notarial, supra; S. Torres Peralta, El Derecho

notarial puertorriqueño, 1995, San Juan, Publicaciones STP,

pág. 15.11.

En Puerto Rico, la reglamentación del testimonio de

autenticidad vino a sustituir, en gran medida, la anterior

CP-2007-15

9

normativa sobre los llamados afidávits, provenientes del

derecho

anglosajón.

Los

testimonios,

arraigados

en

la

tradición notarial latina, no son documentos notariales de

segunda categoría, sino que poseen su propia importancia en

el

tráfico

jurídico

particulares

que

se

cotidiano

les

según

adscriban

a

los

éstos.

efectos

Así,

por

ejemplo, el testimonio de legitimación de firmas tiene el

efecto de disipar las dudas sobre la autenticidad de la

firma de un documento determinado; o sea, si la firma es de

la

persona

a

quien

se

le

atribuye.

P.

Ávila

Álvarez,

Estudios de Derecho Notarial, 1973, Madrid, Ed. Montecorvo,

4ta ed., págs. 283, 287-88.

Ahora bien, precisamente en función de esos efectos,

el alcance de la facultad legitimadora del notario no se

extiende a los negocios que, según el Art. 1232 del Código

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3453, deben constar

en

un

documento

público.

Entre

ellos

se

encuentran,

en

particular, los actos y contratos que tengan por objeto la

creación, transmisión, modificación o extinción de derechos

reales sobre bienes inmuebles. 31 L.P.R.A. sec. 3453(1).

Así, pues, en términos expresos, la Ley Notarial establece

que no se podrá autorizar un testimonio de autenticidad en

tales contratos.

En

radica

esencia,

el

fundamento

para

dicha

en

de

ordinario,

el

notario

que,

prohibición

no

asume

responsabilidad por el contenido de los documentos privados

cuyas firmas legitime. Art. 56 de la Ley Notarial, supra;

CP-2007-15

10

cf. In re Colón Ramery, 138 D.P.R. 793, 799 (1995).2 Por tal

razón, la autorización de un testimonio de autenticidad en

los

casos

frustrar

antes

el

mencionados

objetivo

del

tendría

Código

el

Civil

resultado

al

requerir,

de

a

instancias de cualquier parte contratante, la preparación

de

una

escritura

pública

en

tales

circunstancias:

garantizar que, al prestar su consentimiento a un contrato

sobre bienes inmuebles, los otorgantes conozcan plenamente

las consecuencias del negocio que pretenden llevar a cabo.

Más

aún,

servir

es

como

sólo

de

título

esta

manera

inscribible

que

en

el

el

contrato

Registro

puede

de

la

Propiedad. Véanse Arts. 38, 42 y 43 de la Ley Hipotecaria y

del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 2201, 220506.

En fin, no tendría sentido emplear la función notarial

para

darle

autenticidad

y

eficacia

a

un

mero

documento

privado, cuando la tarea primordial del notario consiste en

autorizar, como un instrumento público, el negocio plasmado

en el mismo. Es preciso advertir, además, que la referida

prohibición también responde al hecho de que los negocios

sobre bienes inmuebles están sujetos al pago de aranceles.

Por

ende,

cómplice

para

de

una

evitar

que

posible

el

notario

evasión

se

convierta

contributiva,

la

en

Ley

Notarial establece que si ha de intervenir en un contrato

2

Ahora bien, si el notario conoce sobre la nulidad o

falsedad del documento, éste podría enfrentar sanciones

disciplinarias. Véanse, e.g., In re Criado Vázquez, 155

D.P.R. 436 (2001); In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575

(2001).

CP-2007-15

de

tal

11

naturaleza,

sólo

podrá

hacerlo

mediante

la

autorización de un documento público. Véanse, en general, 4

L.P.R.A.

secs.

851-58;

In

re

Feliciano,

115

D.P.R.

172

(1984); Lázaro v. Sucn. Toro Cabañas, 53 D.P.R. 201 (1938);

E.

Giménez

Arnau,

Derecho

Notarial,

1976,

Pamplona,

Ed.

Univ. de Navarra, págs. 801-06.

Por último, la Ley Notarial prohíbe específicamente

que se autoricen testimonios de autenticidad en contratos

con

los

cuales

se

pretenda

adjudicar

o

vender,

ya

sea

expresa o implícitamente, una participación concreta en un

bien inmueble cuya segregación no haya sido aprobada con

anterioridad por las agencias correspondientes. De hecho,

aun en el caso de que la referida venta se haga mediante

escritura pública, el Art. 15(g) de la Ley Notarial exige

que el notario les advierta a los contratantes que tras la

celebración

de

dicha

compraventa

éstos

pasarán

a

formar

parte de una comunidad de bienes, como propietarios de una

porción

abstracta

e

indefinida

del

inmueble

objeto

del

negocio. Además, debe advertirles que no podrán segregar,

identificar,

lotificar

o

marcar

su

participación

sobre

dicho bien sin obtener previamente la autorización de las

agencias concernidas.3 4 L.P.R.A. secs. 2033 y 2091; véanse,

3

Aparte de las razones antes señaladas, esta prohibición

surgió a raíz de la práctica de vender “lotes” o “solares”

en fincas rústicas sin que las agencias urbanísticas, como

la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) o la

Junta de Planificación (JP), aprobaran el desarrollo. A

través de dicha modalidad, popularizada en Puerto Rico

durante los años setenta y ochenta, se inducía a los

compradores a pensar que adquirían un título sobre un lote

concreto, cuando en realidad lo que compraban era una

CP-2007-15

12

además, In re Molina Fragosa, 2006 T.S.P.R. 8, res. 19 de

diciembre de 2005; In re Aponte Berdecía, 161 D.P.R. 94

(2004).

III.

En

antes

el

presente

reseñadas,

caso,

el

a

pesar

licenciado

de

Ortiz

las

prohibiciones

Medina

acepta

que

autorizó un testimonio de autenticidad al pie del “contrato

de compraventa” que describimos anteriormente. No obstante,

aduce que en virtud de lo resuelto en Meléndez Martínez v.

Jiménez Realty, Inc., 98 D.P.R. 892 (1970), dicho contrato

carecía de eficacia, pues nunca se cumplió con la condición

suspensiva de la cual dependía la entrega del lote que se

le vendió a los esposos Rodríguez-Morales. Por eso señala

que

no

pudo

haber

violado

las

prohibiciones

de

la

Ley

Notarial, ya que nunca intervino realmente en un contrato

de compraventa de un bien inmueble.

Ciertamente, en el citado caso de Meléndez Martínez v.

Jiménez

Realty,

supra,

contrato

en

cual

el

págs.

se

896-99,

pactó

la

resolvimos

compraventa

que

de

un

unas

parcelas de terreno pendientes de segregación, pero cuya

___________________

participación en común pro indiviso de la finca matriz.

Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 194 de 7 de agosto de

1998, 1998 L.P.R. 194, págs. 806-08.

En muchos casos la compraventa se plasmaba en una

escritura pública. En otros, sin embargo, ésta se realizaba

a través de un documento privado con la legitimación de las

firmas mediante un testimonio de autenticidad. Cuando los

compradores acudían al Registro de la Propiedad para

inscribir su derecho, se topaban con la realidad de que su

título no era inscribible, pues no se había obtenido la

segregación del lote en cuestión o, aun cuando se obtuviera

posteriormente, no se había consignado la transacción en

una escritura pública. Véase 1998 L.P.R. 807-08.

CP-2007-15

13

eficacia se sujetó a la aprobación final de las agencias

gubernamentales correspondientes, no era un pacto nulo ni

contrario

a

la

ley

nuestras

expresiones

o

al

en

orden

ese

público.

sentido

Sin

nunca

embargo,

estuvieron

dirigidas a validar la intervención notarial en ese tipo de

contratos

ni,

mucho

menos,

a

liberar

al

notario

de

su

responsabilidad disciplinaria si se prueba que contravino

el tenor de las prohibiciones ya mencionadas.

Como

ya

hemos

señalado,

la

Ley

Notarial

prohíbe

expresamente que los notarios legitimen las firmas de los

otorgantes

de

contratos

como

el

presente.

Aun

si

la

intención de los esposos Rodríguez-Morales y Monte Carlo

Development

fue

suscribir

un

contrato

de

compraventa,

sujeto a la condición suspensiva de obtener la segregación

del lote vendido, dicho acuerdo era una compraventa en todo

el sentido de la palabra. Además, el hecho de que la misma

dependiera de una condición suspensiva no significa que la

intervención del licenciado Ortiz Medina fuera correcta.

Como se puede apreciar del texto claro del Art. 56 de la

Ley Notarial, supra, las prohibiciones que éste contiene no

distinguen entre las compraventas perfectas y aquellas que,

por unas circunstancias determinadas, no cobran vigencia

hasta que llegue un plazo o se cumpla una condición en

particular.

En el caso de autos, la cláusula tercera del contrato

firmado

por

los

esposos

Rodríguez-Morales

y

Monte

Carlo

Development no deja margen a dudas en cuanto al tipo de

CP-2007-15

14

negocio realizado por ambos. En dicha cláusula se expresa

claramente que las partes acordaron celebrar un contrato de

compraventa sobre el “Lote Núm. 7” de la finca propiedad de

Monte Carlo Development. Además, se señala que los esposos

Rodríguez-Morales

entregaron,

al

momento

de

firmar

el

contrato, $25,000.00 como pago total por el referido solar.

Sin embargo, como aún no se había obtenido la segregación

del

lote,

ni

se

había

construido

la

infraestructura

necesaria para el disfrute del mismo, el cumplimiento de la

prestación correspondiente a Monte Carlo –la entrega del

solar— se sujetó a la condición de que ARPE aprobara la

segregación.

Aunque ciertamente ello afectó la exigibilidad de la

obligación

objeto

del

contrato,

somos

del

criterio

que

luego de obtenida la segregación no habría quedado nada más

que

negociar,

pues

ya

las

partes

se

habían

puesto

de

acuerdo en cuanto al precio y la cosa objeto del contrato.

Véase

Soto

v.

Rivera,

144

D.P.R.

500

(1997).

Por

consiguiente, no cabe duda de que el convenio aludido era

realmente

una

compraventa

y

actuación

del

licenciado

firmas

estampadas

contenida

en

el

que,

en

vista

Ortiz

Medina

al

en

el

mismo

infringió

Art.

56

de

Ley

la

de

ello,

la

legitimar

las

la

prohibición

Notarial,

supra.

Su

proceder constituye un claro ejemplo de su falta de pericia

en el ejercicio de la función notarial.

En

atención

a

lo

anterior,

concluimos

que

el

licenciado Ortiz Medina violó el Canon 18 del Código de

CP-2007-15

Ética

15

Profesional,

gestiones

Dado

supra.

dirigidas

a

obtener

que

el

éste

realizó

reembolso

del

varias

dinero

cobrado por Monte Carlo a los esposos Rodríguez-Morales, y

en

vista

de

que

es

la

primera

vez

que

le

imponemos

sanciones disciplinarias, lo censuramos enérgicamente por

su inobservancia de las normas que gobiernan el ejercicio

de

la

notaría

en

nuestra

jurisdicción.

Lo

apercibimos,

además, de que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a

dichas

normas,

pues

de

no

hacerlo

se

enfrentaría

a

sanciones disciplinarias más severas.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

censura

enérgicamente al licenciado Ortiz Medina por su desatención

a las normas que regulan la notaría en esta jurisdicción, y

se

le

apercibe

de

que

en

el

futuro

deberá

dar

fiel

cumplimiento a dichas normas ya que, de no hacerlo, se

enfrentaría a sanciones disciplinarias más severas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Osvaldo Ortiz Medina

CP-2007-15

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se censura

enérgicamente al licenciado Ortiz Medina por su

desatención a las normas que regulan la notaría

en esta jurisdicción, y se le apercibe de que en

el futuro deberá dar fiel cumplimiento a dichas

normas ya que, de no hacerlo, se enfrentaría a

sanciones disciplinarias más severas.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre

con el resultado sin opinión escrita.

Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina