Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Torres Santiago
2008 TSPR 176
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Torres Santiago
CC-2007-0847
Ley del Fiscal Especial Independiente-Facultad del Panel para actuar con dos miembros
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2008 TSPR 176
Santiago Martínez Miranda
175 DPR ____
Número del Caso: AB-2007-184
Cons. TS-9400
Fecha: 22 de agosto de 2008
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 21 de octubre de 2008 fecha
en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.)
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Santiago Martínez Miranda
AB-2007-184
TS-9400
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 22 de agosto de 2008.
I
El licenciado Santiago Martínez Miranda fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 2 de enero
de 1990 y al ejercicio de la notaría el 11 de
diciembre de 1996.
Mediante Opinión Per Curiam emitida el 17 de
septiembre de 2003, suspendimos a Martínez Miranda
del ejercicio de la profesión por un término de
seis meses. In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263
(2003). En esa ocasión, resolvimos que Martínez
Miranda había infringido los Cánones 18 y 19 del
Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,
por su falta de competencia y diligencia en la
AB-2007-184 y TS-9400
2
representación de un cliente y por haber incumplido con su
deber
de
mantener
a
desarrollo el caso.
dicho
cliente
informado
sobre
el
Asimismo, determinamos que Martínez
Miranda también había incurrido en una violación al Canon 9
del Código de Ética, supra, por no responder diligentemente
a nuestros requerimientos ni a los del Procurador General.
Íd.
Transcurrido
en
exceso
el
término
de
suspensión
decretado, Martínez Miranda compareció y nos solicitó que lo
reinstaláramos al ejercicio de la profesión.
Luego de los
trámites de rigor, reinstalamos a dicho abogado al ejercicio
de la abogacía y de la notaría mediante Resolución emitida
el 13 de agosto de 2004. In re Martínez Miranda, 162 D.P.R.
744 (2004).
Posteriormente, con motivo de una queja presentada en
su contra, el 18 de junio de 2007 la Secretaría de este
Tribunal le cursó una comunicación por correo certificado
con acuse de recibo a Martínez Miranda en la cual se le
concedió
un
contestación.
término
término
le
diez
días
para
presentar
su
El 13 de agosto de 2007, debido a que el
concedido
Tribunal
de
había
remitió
a
transcurrido,
Martínez
la
Secretaría
Miranda
una
del
segunda
notificación mediante la cual se le concedió un término
adicional de diez días para contestar la queja.
Dado
el
incumplimiento
de
Martínez
Miranda
con
las
referidas notificaciones, el 26 de octubre de 2007, mediante
Resolución y bajo apercibimiento de suspensión del ejercicio
AB-2007-184 y TS-9400
3
de la profesión, le concedimos a dicho abogado un término de
diez días adicionales para contestar la queja presentada en
su
contra.
Esta
Resolución
se
le
notificó
a
Martínez
Miranda mediante entrega personal realizada por la Oficina
del Alguacil de este Tribunal el 24 de enero de 2008.
A
pesar de lo anterior, Martínez Miranda aún no ha comparecido
ante nos.
Por otro lado, el pasado 17 de junio, el Colegio de
Abogados
compareció
canceláramos
la
ante
fianza
este
Foro
notarial
Miranda.
El
Colegio
nos
descubierto
el
pago
dicha
de
y
nos
prestada
informó
fianza,
solicitó
por
que
Martínez
que
éste
tiene
al
la
cual
venció
en
noviembre del pasado año.1
En vista de lo anterior, mediante Resolución emitida el
pasado 23 de junio, le concedimos a Martínez Miranda un
término de veinte días para que mostrara causa por la cual
no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría.
Dicha
orden incluyó un apercibimiento a Martínez Miranda a los
efectos de que su incumplimiento con la misma conllevaría su
suspensión del ejercicio de la notaría y podría dar lugar a
sanciones disciplinarias adicionales.
1
Cabe señalar que del expediente surge que en mayo de
2006
el
Colegio
de
Abogados
había
comparecido
a
solicitarnos la cancelación de la fianza notarial prestada
por Martínez Miranda, dado que éste la tenía al descubierto
desde noviembre de 2005.
Sin embargo, tras Martínez
Miranda haber hecho el referido pago, el Colegio desistió
de dicha petición y procedimos a archivar el asunto.
Similar situación ocurrió en agosto de 2003, cuando el
Colegio desistió de una queja presentada en contra de
Martínez Miranda por su incumplimiento con el pago de la
cuota de colegiación, la cual dicho abogado pagó luego de
instada la queja.
AB-2007-184 y TS-9400
4
Debido a que Martínez Miranda incumplió, una vez más,
con lo ordenado por este Tribunal, el pasado 24 de julio le
concedimos un término adicional de diez días para que diera
cumplimiento
a
nuestra
Resolución
del
23
de
junio.
Dispusimos, además, que se notificara lo anterior a Martínez
Miranda personalmente, mediante la Oficina del Alguacil de
este Tribunal.
Conforme a lo ordenado, un alguacil de este Tribunal
acudió personalmente a la dirección de Martínez Miranda que
consta
en
su
expediente
personal,
con
el
propósito
notificarle la Resolución antes mencionada.
las
gestiones
infructuosas.
realizadas
por
el
de
Sin embargo,
alguacil
resultaron
La Oficina del Alguacil ha hecho constar el
diligenciamiento negativo de la referida Resolución.
Todo lo anterior apunta a una reiterada conducta de
dejadez e indiferencia de parte de Martínez Miranda hacia
nuestras órdenes, y demuestra su ignorancia de sus deberes
como abogado, así como su desinterés en continuar siendo
miembro de la profesión.
Veamos.
II
En
reiteradas
ocasiones,
hemos
resuelto
que
todo
abogado tiene la obligación de responder diligentemente a
los requerimientos de este Tribunal, sobre todo cuando se
trata de asuntos relacionados a la esfera disciplinaria.
Por ello, no cumplir diligentemente con lo ordenado por este
Foro y demostrar indiferencia ante nuestros apercibimientos
es
razón
suficiente
para
suspender
a
un
abogado
del
AB-2007-184 y TS-9400
5
ejercicio de la abogacía. In re García Vallés, res. 7 de
noviembre de 2007, 2007 TSPR 196; In re Rodríguez Calderón,
res. 16 de octubre de 2007, 2007 TSPR 185; In re Rivera
Torres, res. 11 de octubre de 2007, 2007 TSPR 186; In re
Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Osorio Díaz,
146 D.P.R. 39 (1998).
Asimismo,
la
omisión
de
un
abogado
de
mantener
su
dirección al día ante este Tribunal es motivo suficiente
para decretar su suspensión indefinida del ejercicio de la
profesión.
La Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal
impone a todo miembro de la clase togada la obligación de
notificar cualquier cambio de dirección –ya sea física o
postal- a la Secretaría del Tribunal Supremo.
Ap. XXI-A, R. 9.
obstaculiza
4 L.P.R.A.
Cuando un abogado incumple con dicho deber
sustancialmente
el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción disciplinaria, por lo que tal conducta bastará
para que le impongamos la severa sanción de separarlo de la
práctica de la profesión. In re Ríos Rodríguez, res. 27 de
septiembre
de
2007,
2007
TSPR
176;
In
re
Velázquez
Beveraggi, res. 27 de diciembre de 2005, 2006 TSPR 1; In re
Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 345 (2002).
Por
otro
lado,
el
Artículo
7
de
la
Ley
Notarial
establece como requisito para poder ejercer el notariado en
Puerto Rico la prestación de una fianza no menor de $15,000.
4 L.P.R.A. sec. 2011.
El propósito de dicha fianza es
responder por los daños y perjuicios que el notario pueda
ocasionar mediante el desempeño de sus funciones o por el
AB-2007-184 y TS-9400
6
incumplimiento de sus deberes ministeriales. In re Velázquez
Beveraggi, supra; Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 803
(2002); In re Ribas Dominicci, 131 D.P.R. 491 (1992).
Hemos expresado que un notario que no cuenta con dicha
protección constituye un peligro, no sólo para el tráfico
jurídico
de
los
bienes
inmuebles,
personas que utilizan sus servicios.
sino
para
aquellas
Constituye una falta
de respeto hacia este Tribunal la omisión del notario de
hacer
gestiones
para
renovar
la
fianza.
Por
ello,
el
incumplimiento de la obligación de pagar las primas de la
fianza notarial requiere la intervención disciplinaria de
este
Tribunal.
In
re
Velázquez
Beveraggi,
supra;
In
re
Arroyo Rivera, res. 22 de noviembre de 2005, 2005 TSPR 180;
In re Ribas Dominicci, supra.
En el caso ante nuestra consideración, la Oficina del
Alguacil de este Tribunal notificó personalmente a Martínez
Miranda la Resolución emitida el 26 de octubre de 2007.
Por
otro
el
lado,
dicha
Oficina
ha
hecho
constar
diligenciamiento negativo de la Resolución emitida el pasado
24 de julio relacionada a la falta de pago de la prima de la
fianza
notarial.
Ello
indica
que
Martínez
Miranda
ha
cambiado su dirección y no ha cumplido con su deber de
informar dicho cambio a la Secretaría del Tribunal.
Tampoco
ha atendido nuestros requerimientos, ni ha cumplido con su
obligación de pagar la fianza notarial.
En vista de que Martínez Miranda ha hecho caso omiso a
nuestras órdenes en reiteradas ocasiones y ha incumplido con
AB-2007-184 y TS-9400
7
sus deberes de mantener al día su dirección física y pagar
las primas por concepto de fianza notarial, procede que lo
suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la
abogacía.
Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes
sobre
su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos
no realizados e informar oportunamente de su suspensión a
los foros judiciales y administrativos del País.
deberá
acreditar
y
certificar
ante
este
Además,
Tribunal
el
cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta
(30)
días
contados
a
partir
de
la
notificación
de
la
presente Opinión Per Curiam y Sentencia.
Finalmente,
incautarse
de
el
la
Alguacil
obra
y
de
sello
este
Tribunal
notarial
del
deberá
abogado
suspendido, debiendo entregarlos a la Oficina de Inspección
de Notarías para la correspondiente investigación e informe
a este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Santiago Martínez Miranda
AB-2007-184
TS-9400
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 22 de agosto de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la presente Sentencia, se suspende al Lic. Santiago
Martínez Miranda inmediata e indefinidamente del
ejercicio de la abogacía.
Se le impone al licenciado Martínez Miranda el
deber de notificar a todos sus clientes sobre su
inhabilidad
para
continuar
representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados e informar oportunamente de su
suspensión a los foros judiciales y administrativos
del País. Además, deberá acreditar y certificar ante
este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro
del término de treinta (30) días contados a partir de
la notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá
incautarse de la obra y sello notarial del abogado
suspendido, debiendo entregarlos a la Oficina de
Inspección de Notarías para la correspondiente
investigación e informe a este Tribunal.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo