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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Torres Santiago

2008 TSPR 176

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Torres Santiago

CC-2007-0847

Ley del Fiscal Especial Independiente-Facultad del Panel para actuar con dos miembros

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2008 TSPR 176

Santiago Martínez Miranda

175 DPR ____

Número del Caso: AB-2007-184

Cons. TS-9400

Fecha: 22 de agosto de 2008

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 21 de octubre de 2008 fecha

en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.)

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Santiago Martínez Miranda

AB-2007-184

TS-9400

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 22 de agosto de 2008.

I

El licenciado Santiago Martínez Miranda fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 2 de enero

de 1990 y al ejercicio de la notaría el 11 de

diciembre de 1996.

Mediante Opinión Per Curiam emitida el 17 de

septiembre de 2003, suspendimos a Martínez Miranda

del ejercicio de la profesión por un término de

seis meses. In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263

(2003). En esa ocasión, resolvimos que Martínez

Miranda había infringido los Cánones 18 y 19 del

Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,

por su falta de competencia y diligencia en la

AB-2007-184 y TS-9400

2

representación de un cliente y por haber incumplido con su

deber

de

mantener

a

desarrollo el caso.

dicho

cliente

informado

sobre

el

Asimismo, determinamos que Martínez

Miranda también había incurrido en una violación al Canon 9

del Código de Ética, supra, por no responder diligentemente

a nuestros requerimientos ni a los del Procurador General.

Íd.

Transcurrido

en

exceso

el

término

de

suspensión

decretado, Martínez Miranda compareció y nos solicitó que lo

reinstaláramos al ejercicio de la profesión.

Luego de los

trámites de rigor, reinstalamos a dicho abogado al ejercicio

de la abogacía y de la notaría mediante Resolución emitida

el 13 de agosto de 2004. In re Martínez Miranda, 162 D.P.R.

744 (2004).

Posteriormente, con motivo de una queja presentada en

su contra, el 18 de junio de 2007 la Secretaría de este

Tribunal le cursó una comunicación por correo certificado

con acuse de recibo a Martínez Miranda en la cual se le

concedió

un

contestación.

término

término

le

diez

días

para

presentar

su

El 13 de agosto de 2007, debido a que el

concedido

Tribunal

de

había

remitió

a

transcurrido,

Martínez

la

Secretaría

Miranda

una

del

segunda

notificación mediante la cual se le concedió un término

adicional de diez días para contestar la queja.

Dado

el

incumplimiento

de

Martínez

Miranda

con

las

referidas notificaciones, el 26 de octubre de 2007, mediante

Resolución y bajo apercibimiento de suspensión del ejercicio

AB-2007-184 y TS-9400

3

de la profesión, le concedimos a dicho abogado un término de

diez días adicionales para contestar la queja presentada en

su

contra.

Esta

Resolución

se

le

notificó

a

Martínez

Miranda mediante entrega personal realizada por la Oficina

del Alguacil de este Tribunal el 24 de enero de 2008.

A

pesar de lo anterior, Martínez Miranda aún no ha comparecido

ante nos.

Por otro lado, el pasado 17 de junio, el Colegio de

Abogados

compareció

canceláramos

la

ante

fianza

este

Foro

notarial

Miranda.

El

Colegio

nos

descubierto

el

pago

dicha

de

y

nos

prestada

informó

fianza,

solicitó

por

que

Martínez

que

éste

tiene

al

la

cual

venció

en

noviembre del pasado año.1

En vista de lo anterior, mediante Resolución emitida el

pasado 23 de junio, le concedimos a Martínez Miranda un

término de veinte días para que mostrara causa por la cual

no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría.

Dicha

orden incluyó un apercibimiento a Martínez Miranda a los

efectos de que su incumplimiento con la misma conllevaría su

suspensión del ejercicio de la notaría y podría dar lugar a

sanciones disciplinarias adicionales.

1

Cabe señalar que del expediente surge que en mayo de

2006

el

Colegio

de

Abogados

había

comparecido

a

solicitarnos la cancelación de la fianza notarial prestada

por Martínez Miranda, dado que éste la tenía al descubierto

desde noviembre de 2005.

Sin embargo, tras Martínez

Miranda haber hecho el referido pago, el Colegio desistió

de dicha petición y procedimos a archivar el asunto.

Similar situación ocurrió en agosto de 2003, cuando el

Colegio desistió de una queja presentada en contra de

Martínez Miranda por su incumplimiento con el pago de la

cuota de colegiación, la cual dicho abogado pagó luego de

instada la queja.

AB-2007-184 y TS-9400

4

Debido a que Martínez Miranda incumplió, una vez más,

con lo ordenado por este Tribunal, el pasado 24 de julio le

concedimos un término adicional de diez días para que diera

cumplimiento

a

nuestra

Resolución

del

23

de

junio.

Dispusimos, además, que se notificara lo anterior a Martínez

Miranda personalmente, mediante la Oficina del Alguacil de

este Tribunal.

Conforme a lo ordenado, un alguacil de este Tribunal

acudió personalmente a la dirección de Martínez Miranda que

consta

en

su

expediente

personal,

con

el

propósito

notificarle la Resolución antes mencionada.

las

gestiones

infructuosas.

realizadas

por

el

de

Sin embargo,

alguacil

resultaron

La Oficina del Alguacil ha hecho constar el

diligenciamiento negativo de la referida Resolución.

Todo lo anterior apunta a una reiterada conducta de

dejadez e indiferencia de parte de Martínez Miranda hacia

nuestras órdenes, y demuestra su ignorancia de sus deberes

como abogado, así como su desinterés en continuar siendo

miembro de la profesión.

Veamos.

II

En

reiteradas

ocasiones,

hemos

resuelto

que

todo

abogado tiene la obligación de responder diligentemente a

los requerimientos de este Tribunal, sobre todo cuando se

trata de asuntos relacionados a la esfera disciplinaria.

Por ello, no cumplir diligentemente con lo ordenado por este

Foro y demostrar indiferencia ante nuestros apercibimientos

es

razón

suficiente

para

suspender

a

un

abogado

del

AB-2007-184 y TS-9400

5

ejercicio de la abogacía. In re García Vallés, res. 7 de

noviembre de 2007, 2007 TSPR 196; In re Rodríguez Calderón,

res. 16 de octubre de 2007, 2007 TSPR 185; In re Rivera

Torres, res. 11 de octubre de 2007, 2007 TSPR 186; In re

Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Osorio Díaz,

146 D.P.R. 39 (1998).

Asimismo,

la

omisión

de

un

abogado

de

mantener

su

dirección al día ante este Tribunal es motivo suficiente

para decretar su suspensión indefinida del ejercicio de la

profesión.

La Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal

impone a todo miembro de la clase togada la obligación de

notificar cualquier cambio de dirección –ya sea física o

postal- a la Secretaría del Tribunal Supremo.

Ap. XXI-A, R. 9.

obstaculiza

4 L.P.R.A.

Cuando un abogado incumple con dicho deber

sustancialmente

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción disciplinaria, por lo que tal conducta bastará

para que le impongamos la severa sanción de separarlo de la

práctica de la profesión. In re Ríos Rodríguez, res. 27 de

septiembre

de

2007,

2007

TSPR

176;

In

re

Velázquez

Beveraggi, res. 27 de diciembre de 2005, 2006 TSPR 1; In re

Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 345 (2002).

Por

otro

lado,

el

Artículo

7

de

la

Ley

Notarial

establece como requisito para poder ejercer el notariado en

Puerto Rico la prestación de una fianza no menor de $15,000.

4 L.P.R.A. sec. 2011.

El propósito de dicha fianza es

responder por los daños y perjuicios que el notario pueda

ocasionar mediante el desempeño de sus funciones o por el

AB-2007-184 y TS-9400

6

incumplimiento de sus deberes ministeriales. In re Velázquez

Beveraggi, supra; Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 D.P.R. 803

(2002); In re Ribas Dominicci, 131 D.P.R. 491 (1992).

Hemos expresado que un notario que no cuenta con dicha

protección constituye un peligro, no sólo para el tráfico

jurídico

de

los

bienes

inmuebles,

personas que utilizan sus servicios.

sino

para

aquellas

Constituye una falta

de respeto hacia este Tribunal la omisión del notario de

hacer

gestiones

para

renovar

la

fianza.

Por

ello,

el

incumplimiento de la obligación de pagar las primas de la

fianza notarial requiere la intervención disciplinaria de

este

Tribunal.

In

re

Velázquez

Beveraggi,

supra;

In

re

Arroyo Rivera, res. 22 de noviembre de 2005, 2005 TSPR 180;

In re Ribas Dominicci, supra.

En el caso ante nuestra consideración, la Oficina del

Alguacil de este Tribunal notificó personalmente a Martínez

Miranda la Resolución emitida el 26 de octubre de 2007.

Por

otro

el

lado,

dicha

Oficina

ha

hecho

constar

diligenciamiento negativo de la Resolución emitida el pasado

24 de julio relacionada a la falta de pago de la prima de la

fianza

notarial.

Ello

indica

que

Martínez

Miranda

ha

cambiado su dirección y no ha cumplido con su deber de

informar dicho cambio a la Secretaría del Tribunal.

Tampoco

ha atendido nuestros requerimientos, ni ha cumplido con su

obligación de pagar la fianza notarial.

En vista de que Martínez Miranda ha hecho caso omiso a

nuestras órdenes en reiteradas ocasiones y ha incumplido con

AB-2007-184 y TS-9400

7

sus deberes de mantener al día su dirección física y pagar

las primas por concepto de fianza notarial, procede que lo

suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos

no realizados e informar oportunamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos del País.

deberá

acreditar

y

certificar

ante

este

Además,

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta

(30)

días

contados

a

partir

de

la

notificación

de

la

presente Opinión Per Curiam y Sentencia.

Finalmente,

incautarse

de

el

la

Alguacil

obra

y

de

sello

este

Tribunal

notarial

del

deberá

abogado

suspendido, debiendo entregarlos a la Oficina de Inspección

de Notarías para la correspondiente investigación e informe

a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Santiago Martínez Miranda

AB-2007-184

TS-9400

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 22 de agosto de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, se suspende al Lic. Santiago

Martínez Miranda inmediata e indefinidamente del

ejercicio de la abogacía.

Se le impone al licenciado Martínez Miranda el

deber de notificar a todos sus clientes sobre su

inhabilidad

para

continuar

representándolos,

devolverles cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados e informar oportunamente de su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

del País. Además, deberá acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro

del término de treinta (30) días contados a partir de

la notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá

incautarse de la obra y sello notarial del abogado

suspendido, debiendo entregarlos a la Oficina de

Inspección de Notarías para la correspondiente

investigación e informe a este Tribunal.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo