LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Gibert G. Montes Fuentes

2008 TSPR 185

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Gibert G. Montes Fuentes

CP-2007-0003

Conducta Profesional-Suspensión indefinida de la abogacía por violación a los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2008 TSPR 185

Gilbert G. Montes Fuentes

175 DPR ____

Número del Caso: CP-2007-3

Fecha: 30 de septiembre de 2008

Abogado de la Parte Peticionaria:

Por Derecho Propio

Oficina del Procurador General:

Lcda. Wanda I. Simons García

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Gilbert G. Montes Fuentes

CP-2007-3

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2008.

El Procurador General presentó una querella

en

contra

del

Lcdo.

Gilbert

Montes

Fuentes

imputándole dos infracciones al Código de Ética

Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En síntesis, el

Procurador General sostuvo que Montes Fuentes no

cumplió con el deber de diligencia establecido en

el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX C.18, y que infringió el Canon 19

del mencionado código, 4 L.P.R.A. Ap. IX C.19,

por haber incumplido con el deber de información

que conlleva toda relación abogado-cliente.

Luego

de

que

posición

sobre

nombramos

una

Montes

las

Fuentes

alegaciones

Comisionada

sometiera

su

presentadas,

Especial

para

que

CP-2007-003

2

presidiera la vista evidenciaria, aquilatara la prueba y

nos preparara un informe que recogiera sus determinaciones

de hechos.

Examinado el informe presentado, concluimos que

Montes Fuentes incurrió en las faltas imputadas.

Los hechos, según expuestos a continuación, surgen de

las determinaciones fácticas de la Comisionada Especial y

de los documentos que obran en el expediente.

I

La

Sra.

María

Rolón

Deliz

contrató

los

servicios

del

Lcdo. Gilbert Montes Fuentes para la presentación de una

demanda

sobre

daños

Primera Instancia.

demanda

en

esposo,

sus

y

perjuicios

ante

el

Tribunal

de

Montes Fuentes, en efecto, presentó una

representación

hijos

y

de

la

la

señora

sociedad

Rolón

legal

Deliz,

de

su

bienes

gananciales, en contra de Euro-Blind, Corp., Juan Orlando

Huertas, Madeline Morales Rivera y la sociedad legal de

bienes

gananciales

compuesta

por

estos

últimos.

Dicha

demanda fue radicada el 29 de enero de 2003.

Mediante la referida demanda, la señora Rolón Deliz y

los demás co-demandantes procuraban el resarcimiento de los

daños

alegadamente

ocasionados

por

los

demandados,

en

ocasión de una agresión perpetrada específicamente por la

co-demandada

Madeline

Morales

Rivera.

Se

alegó

que

la

señora Rolón Deliz estaba trabajando para la compañía EuroBlind, cuyo dueño era el también co-demandado Juan Orlando

Huertas, cuando la esposa de éste, Madeline Morales Rivera,

entró y la agredió sin justificación alguna. En particular,

CP-2007-003

se

adujo

3

que

–sin

que

mediara

provocación-

la

señora

Morales Rivera le cortó los brazos y el rostro con una

navaja de afeitar.

Por tales daños, la señora Rolón Deliz

y los demás co-demandantes solicitaron una indemnización

que, en total, ascendía a $90,000.

Por esos mismos hechos, la señora Rolón Deliz presentó

una denuncia en contra de la señora Morales Rivera. Véase

Pueblo v. Madeline Morales, DIC-2003G0016.

Adjudicado el

asunto, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Bayamón, declaró a la señora Morales Rivera culpable por el

delito de tentativa de agresión agravada y violación al

Art. 5.05 de la Ley de Armas.

Después de presentada la demanda contra Euro-Blind y los

demás

co-demandados,

la

señora

Rolón

Deliz

intentó

conseguir información del caso a través de Montes Fuentes.

No obstante, todas sus gestiones resultaron infructuosas.

Dado

que

había

transcurrido

mucho

tiempo

desde

la

presentación de la demanda sin obtener información sobre el

desarrollo del caso, el 2 de mayo de 2005 la señora Rolón

Deliz y su esposo acudieron directamente al tribunal para

indagar al respecto.

desde

el

27

de

Fue entonces que se les informó que

febrero

de

2004

la

demanda

había

sido

desestimada con perjuicio por no haberse cumplido con el

diligenciamiento de los emplazamientos dentro del término

correspondiente.

En particular, la Sentencia en cuestión

expresa lo siguiente:

Transcurrido el término de seis (6) meses

provisto

por

la

Regla

4.3(b)

de

CP-2007-003

4

Procedimiento Civil sin que aparezca de los

autos

que

el

emplazamiento

haya

sido

diligenciado, o se haya prorrogado por justa

causa dentro del término original aludido,

se tiene a la parte actora por desistida de

su acción, con perjuicio.

Del

expediente

surge

que

Montes

Fuentes

había

presentado el 17 de febrero 2004 una “Moción Solicitando

Nuevos Emplazamientos” en la que adujo que no había podido

conseguir

a

los

correspondientes

demandados

para

emplazamientos.

diligenciar

Dicha

los

solicitud

fue

resuelta con un No Ha Lugar el 5 de marzo de 2004, después

de la fecha en que se desestimó la reclamación.

Posteriormente,

Fuentes

presentó

el

una

25

de

moción

agosto

de

de

relevo

2004,

de

Montes

sentencia,

solicitando que se dejara sin efecto la sentencia emitida,

toda vez que nunca se le emitió una orden de mostrar causa.

La referida solicitud fue declarada No Ha Lugar mediante

Orden emitida el 1 de septiembre de 2004.

En dicha Orden,

el tribunal hizo constar lo siguiente:

El presente caso fue radicado el 29 de enero

de 2003.

Transcurrido un año el 27 de

febrero de 2004, el tribunal dictó sentencia

conforme a la Regla 4.3(b) por no haberse

diligenciado emplazamiento en el término de

seis meses. De hecho, transcurrió un año y

no se solicitó prórroga dentro del término

provisto en la referida regla.

Una vez enterada de la desestimación de la demanda, la

señora Rolón Deliz intentó comunicarse con Montes Fuentes

pero, nuevamente, no fue posible.

En vista de ello, optó

por contratar los servicios del Lcdo. Israel Medina Colón

para que la ayudara a comunicarse con Montes Fuentes y para

CP-2007-003

5

informarle a éste la intención de presentar una reclamación

en su contra.

Dicho letrado intentó comunicarse con Montes

Fuentes

teléfono

al

correspondiente

respuesta.

del

que

Colegio

consta

de

en

el

Abogados,

pero

registro

no

obtuvo

Posteriormente, le envió una carta certificada

con acuse de recibo, pero la misma no fue reclamada.

Más tarde, el licenciado Medina Colón logró contacto

telefónico con Montes Fuentes y le envió por fax la carta

mencionada.

En

dicha

conversación,

Montes

Fuentes

le

indicó al licenciado Medina Colón que se proponía corregir

la

situación

de

la

señora

Rolón

Deliz

solicitando

nuevamente algún tipo de revisión, ya fuera en el tribunal

de instancia o en el foro apelativo.

Al cabo de un tiempo, y en vista de la ausencia de

actos afirmativos de parte de Montes Fuentes, el licenciado

Medina Colón le envió otra carta certificada con acuse de

recibo, la cual también fue devuelta.

Igual que en las

ocasiones anteriores, esta carta había sido enviada a la

dirección conocida de Montes Fuentes.

En vista de lo ocurrido, el 7 de marzo de 2006 la

señora

Rolón

perjuicios

Deliz

en

presentó

contra

de

una

demanda

sobre

daños

y

Montes

Fuentes,

Jane

Doe,

la

sociedad legal de bienes gananciales y las compañías de

seguro A, B y C.

En la referida demanda, la señora Rolón

Deliz alegó, en esencia, que las actuaciones negligentes de

Montes

Fuentes,

al

éticas

en

manejo

el

no

cumplir

del

con

caso

sus

que

responsabilidades

le

fue

asignado,

CP-2007-003

6

ocasionaron la pérdida de su causa de acción por los hechos

ocurridos en la corporación Euro-Blind.

Por tal razón,

reclamó una compensación no menor de la que solicitó en

dicho caso; o sea, $90,000.1

Posteriormente,

la

señora

Rolón

Deliz

presentó

una

queja ante nos contra Montes Fuentes detallando lo ocurrido

y aduciendo que éste fue negligente en el manejo de su

caso,

lo

recuperar

que

ocasionó

algún

tipo

que

de

perdiera

la

compensación

oportunidad

por

los

daños

de

y

perjuicios sufridos por lo ocurrido en Euro-Blind.

Examinada la queja presentada, le concedimos término a

Montes

Fuentes

para

someter

su

contestación.

En

cumplimiento con lo anterior, éste compareció alegando -en

esencia- que la ausencia de comunicación que hubo entre él

y la señora Rolón Deliz fue causada por esta última, dado

que no podía ser localizada en los teléfonos que había

provisto.

A su vez, adujo que no pudo emplazar a los

demandados dentro del término correspondiente también por

causa de la señora Rolón Deliz, ya que alegadamente ésta se

comprometió a conseguir la dirección de los demandados y no

lo

hizo.

Según

relató,

en

vista

de

que

se

estaba

celebrando el caso criminal contra la co-demandada Madeline

1

Tomamos conocimiento judicial de que en el trámite de

dicha demanda a Montes Fuentes se le anotó la rebeldía y

que la misma aún se encuentra pendiente de adjudicación.

Al preguntársele por el status de ese caso durante la vista

inicial ante la Comisionada Especial (después de la cual se

sometió el caso por el expediente), Montes Fuentes indicó

no recordar en qué etapa se encuentra el mismo y expresó

que sólo recordaba que había sido emplazado.

CP-2007-003

7

Morales Rivera, la señora Rolón Deliz le avisaría a su

paralegal la fecha de las vistas para que se le pudiera

emplazar

en

el

tribunal.

Señaló,

además,

que

aunque

conocía la ubicación de Euro-Blind y del negocio de la

señora Morales Rivera (Rizzos), no pudo localizar a los

demandados

en

ninguno

de

ellos

porque,

según

la

contestación

con

una

emplazadora, se estaban escondiendo.

Montes

Fuentes

acompañó

su

declaración jurada de una ex-secretaria y del mencionado

paralegal, en la que ambos afirman que había problemas para

conseguir

a

la

señora

Rolón

Deliz

y

que

ésta

se

había

comprometido a ayudar a localizar a los demandados, mas no

lo hizo.

Además, incluyó una hoja de trámite de la que se

desprenden

varias

anotaciones

sobre

el

incidente

de

agresión, aparentemente tomadas en distintas fechas: una el

10 de octubre de 2002, otra el 18 de febrero de 2003 y otra

el 10 de junio del mismo año.

Asimismo, incluyó una carta

con fecha del 7 de octubre de 2002, en la que le indicaba a

la señora Rolón Deliz que no la había podido conseguir a

sus teléfonos y que necesitaba con prontitud los nombres de

sus hijos para poder presentar la demanda.

Recibida y analizada la contestación presentada por

Montes

Fuentes,

remitimos

Procurador

General

para

asunto.

Examinado

el

presentación

de

la

la

el

asunto

a

la

Oficina

del

e

informe

del

ordenamos

la

investigación

informe

sometido,

querella

correspondiente.

Posteriormente, nombramos a la Hon. Eliadis Orsini Zayas

CP-2007-003

como

8

Comisionada

Especial,

quien

concluyó

que

Montes

Fuentes incurrió en las faltas imputadas y recomendó su

separación indefinida del ejercicio de la profesión.

A la luz del trasfondo fáctico y procesal mencionado,

debemos resolver si Montes Fuentes infringió los Cánones 18

y 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Para llegar a

una conclusión a esos efectos, debemos determinar si éste

no desplegó la debida diligencia en el manejo del caso que

le fue encomendado por la señora Rolón Deliz y si no la

mantuvo

informada

sobre

el

desarrollo

y

desenlace

del

mismo.

II

Como

es

sabido,

el

Canon

18

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, versa sobre el deber de competencia y

diligencia del abogado en la tramitación de las causas que

se le encomiendan.

En particular, dicho Canon dispone que

“[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente

diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo

saber

y

profesión

habilidad

jurídica

y

actuando

en

en

aquella

forma

general

estima

que

la

adecuada

y

responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18; véase, además, In

re Pujol Thompson, res. 19 de junio de 2007, 2007 TSPR 129.

De conformidad con ello, hemos expresado que la desidia,

desinterés, inacción y displicencia como patrón de conducta

en

la

representación

del

cliente

violentan

las

disposiciones del Código de Ética Profesional. In re Santos

Rivera, res. 12 de diciembre de 2007, 2008 TSPR 12.

CP-2007-003

El

9

deber

de

diligencia

contemplado

en

el

referido

Canon implica que todo miembro de la profesión legal tiene

la obligación ética de defender los intereses de su cliente

con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad,

responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In

re Mulero Fernández, res. 20 de junio de 2008, 2008 TSPR

111; In re Meléndez La Fontaine, res. 9 de febrero de 2006,

2006 TSPR 22.

Por tanto, este deber se infringe cuando el

abogado asume una representación legal consciente de que no

puede rendir una labor idónea, competente o que no puede

prepararse adecuadamente para atender el caso sin que ello

apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la

administración

de

la

justicia.

In

re

Meléndez

Figueroa,

res. 15 de noviembre de 2005, 2005 TSPR 177.

Por otro lado, el Canon 19 postula que el abogado debe

mantener

a

su

cliente

siempre

informado

de

todo

asunto

importante que surja en el desarrollo del caso. 4 L.P.R.A.

Ap. IX, C. 19; véase, además, In re Alonso Santiago, res.

13 de septiembre de 2005, 2005 TSPR 137.

Evidentemente,

esta exigencia es elemento imprescindible en la relación

fiduciaria que existe entre abogado y cliente. Véase In re

García Muñoz, res. 3 de abril de 2007, 2007 TSPR 90.

Al interpretar el mencionado precepto, hemos afirmado

que un abogado debe mantener a su cliente informado de las

gestiones realizadas y del desarrollo de los asuntos a su

cargo, consultándole cualquier duda sobre aquello que no

caiga en el ámbito discrecional. Véase In re Acosta Grubb,

CP-2007-003

10

119 D.P.R. 595 (1987).

Incluso, hemos resuelto que se

viola el Canon 19 cuando no se atienden los reclamos de

información del cliente, no se le informa del resultado

adverso de la gestión encargada, la acción se desestima o

se archiva, no se mantiene al cliente al tanto del estado o

la situación procesal del caso, o simplemente se le niega

información sobre su caso. Véanse In re Mulero Fernández,

supra; In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989).

Con este marco normativo en mente, pasamos a disponer

concretamente del asunto ante nuestra consideración.

III

En el caso de autos, no existe controversia en cuanto

al hecho de que la reclamación de la señora Rolón Deliz fue

desestimada con perjuicio porque los emplazamientos no se

diligenciaron

dentro

del

término

correspondiente.

De

hecho, tampoco se ha puesto en duda que Montes Fuentes no

solicitó prórroga en momento alguno y que pasó más de un

año sin que se intentaran obtener nuevos emplazamientos.

A

su vez, no existe controversia en cuanto al hecho de que

Montes

Fuentes

no

solicitó

revisión

de

la

Sentencia

mediante la cual se desestimó la reclamación de la señora

Rolón Deliz y los demás co-demandantes, por lo que la misma

advino final y firme.

Ahora

bien,

Montes

Fuentes

justifica

la

falta

de

diligenciamiento de los emplazamientos dentro del término

correspondiente

comunicación

aduciendo

entre

él

y

la

una

alegada

señora

Rolón

ausencia

Deliz.

de

Según

CP-2007-003

11

expuso en su contestación a la queja, la señora Rolón Deliz

quedó en proveerle la dirección de los demandados y no lo

hizo.

Además, alegó que ésta se comprometió a informarle a

su paralegal las fechas de las vistas relacionadas al caso

criminal que se ventilaba contra la señora Morales Rivera,

mas no cumplió con lo prometido.

Partiendo de ello, Montes

Fuentes aduce que la verdadera responsable de que no se

hubieran diligenciado los emplazamientos oportunamente fue

la propia señora Rolón Deliz.

Del

expediente

surge

No estamos de acuerdo.

que

Montes

Fuentes

conocía

la

ubicación de Euro-Blind y del negocio de la señora Morales

Rivera,

por

lo

que

prácticamente

tenía

direcciones de todos los demandados.

a

la

mano

las

Si bien éste alegó

que en tales direcciones no los pudo localizar, lo cierto

es

que

no

afirmación.

Fuentes

presentó

alguna

para

sustentar

dicha

De hecho, aun cuando así hubiera sido, Montes

pudo

realizadas

prueba

demostrarle

al

infructuosamente

tribunal

para

las

gestiones

encontrar

a

los

demandados, de manera que se le permitiera emplazarlos por

edicto.

No

obstante,

Montes

Fuentes

optó

por

cruzarse

de

brazos sin siquiera presentar ante el tribunal una moción

de prórroga o alguna otra solicitud dirigida a mantener

viva la causa de acción de sus clientes.

17

de

febrero

presentada

la

de

2004,

demanda,

No fue hasta el

es

decir,

un

año

que

Montes

Fuentes

y

un

mes

de

presentó

una

moción solicitando nuevos emplazamientos, en la que adujo

CP-2007-003

12

que no había podido conseguir a los demandados.

solicitud

fue

desestimara

denegada

la

poco

después

reclamación.

A

que

su

el

Dicha

tribunal

vez,

luego

de

transcurridos casi seis meses desde que se desestimó la

demanda, Montes Fuentes presentó una moción de relevo de

sentencia amparándose en que el tribunal de instancia nunca

le ordenó mostrar causa antes de desestimar la reclamación.

La

referida

moción

también

fue

denegada

por

el

foro

primario.

Claramente,

realizadas

a

las

gestiones

completo

destiempo,

por

lo

salvaguardar

los

derechos

insuficientes

clientes.

para

mencionadas

que

fueron

resultaban

de

sus

Por un lado, la moción solicitando la expedición

de nuevos emplazamientos estaba huérfana de fundamentos y

se presentó fuera del término de seis meses que proveen las

reglas vigentes.

Por su parte, la moción de relevo de

sentencia no esbozó fundamento alguno de los contemplados

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III, R.49.2, de manera que se pudiera mover afirmativamente

la discreción del juzgador.

Por tanto, no cabe duda que Montes Fuentes no desplegó

en

este

caso

permitiendo

toda

que

se

la

diligencia

desestimara

la

y

esmero

reclamación

posible

de

sus

clientes y que perdieran la oportunidad de recuperar su

causa

de

acción

mediante

apelativos adecuados.

“aquella

actuación

el

empleo

de

los

recursos

Ya anteriormente hemos afirmado que

negligente

que

pueda

conllevar

o

en

CP-2007-003

13

efecto conlleve la desestimación o archivo de un caso o la

pérdida del derecho a reclamar judicialmente, se configura

violatoria del Canon 18”. In re Mulero Fernández, supra; In

re Hoffman Mouriño, res. 7 de junio de 2007, 2007 TSPR 115.

De

hecho,

las

gestiones

Montes

Fuentes

reflejan,

realizadas

no

sólo

a

destiempo

dejadez

y

falta

por

de

diligencia en su desempeño profesional, sino que evidencian

una

marcada

procesales.

ausencia

de

conocimiento

sobre

las

reglas

Nótese que, en lugar de apelar la Sentencia

desestimatoria,

Montes

relevo de sentencia.

Fuentes

presentó

una

moción

de

En su contestación a la querella,

éste justificó su proceder aduciendo lo siguiente: “[n]os

llega una Sentencia en marzo de 2004 por no haber emplazado

y optamos por una Regla 49 de las de Procedimiento Civil la

cual

me

da

hasta

6

meses

para

reclamar

desde

registró la Sentencia” (énfasis nuestro).

que

se

Evidentemente,

ello resalta el desconocimiento de Montes Fuentes sobre la

correcta

utilización

de

nuestras

reglas

procesales

en

cuanto pasa por alto, entre otras cosas, que la moción de

relevo de sentencia no puede ser utilizada en sustitución

de los recursos ordinarios de revisión judicial y que –

aunque las reglas conceden hasta un máximo de seis mesesla misma se debe presentar dentro de un término razonable.

Véanse

Regla

49.2

de

Procedimiento

Civil,

supra;

Náter

Cardona v. Ramos Muñiz, 162 D.P.R. 616 (2004).

Por

último,

conviene

aclarar

que

la

Comisionada

Especial le confirió poco valor probatorio a la evidencia

CP-2007-003

14

presentada por Montes Fuentes para demostrar que fue la

señora

Rolón

Deliz

quien

se

mantuvo

incomunicada.

Las

versiones ofrecidas por el paralegal de Montes Fuentes y su

ex-secretaria

en

las

declaraciones

juradas

sometidas

no

pudieron ser confrontadas con el testimonio de éstos, toda

vez que no fueron presentados como testigos.

Igualmente,

la hoja de trámite que contiene anotaciones aparentemente

tomadas en fechas distantes entre sí no constituye prueba

suficiente

para

sostener

que

la

señora

Rolón

Deliz

se

comunicó con Montes Fuentes únicamente en esas ocasiones.

De hecho, las anotaciones incluidas en la referida hoja de

trámite parecen haber sido tomadas por distintas personas y

algunas partes de la misma tienen tachaduras y borrones.

A

su

no

vez,

la

constituye

carta

prueba

enviada

sobre

su

a

la

señora

alegada

Rolón

Deliz

incomunicación

en

el

momento procesal que nos concierne, toda vez que se refiere

al

periodo

de

tiempo

anterior

a

la

presentación

de

la

demanda.

Ahora bien, aun si diéramos por cierto que la señora

Rolón Deliz fue quien se mantuvo incomunicada y que ello le

impidió a Montes Fuentes lograr el diligenciamiento de los

emplazamientos,

de

todas

maneras

llegaríamos

a

la

conclusión de que éste no actuó con la diligencia y el celo

requerido

en

el

manejo

del

caso.

Si

realmente

Montes

Fuentes estaba impedido de ofrecerles a sus clientes una

adecuada asistencia profesional por la falta de cooperación

de éstos, entonces debió acudir al tribunal y solicitar ser

CP-2007-003

15

relevado de la representación legal.

Al haber mantenido la

representación legal de la señora Rolón Deliz y de los

demás

co-demandantes,

responsabilidades

actuar

en

requerido

que

Montes

eso

todo

momento

por

las

Fuentes

conlleva

con

normas

la

y,

por

diligencia

asumió

las

ende,

debió

y

esmero

el

deontológicas

que

rigen

evidente

Montes

el

ejercicio de la profesión.

Por

otro

lado,

resulta

incumplió

con

el

relación

abogado-cliente.

deber

de

que

información

que

Éste

informado

fue

Fuentes

supone

de

toda

la

Sentencia emitida por el foro de instancia desestimando la

reclamación el 5 de marzo de 2004.

Sin embargo, en ningún

momento se comunicó con la señora Rolón Deliz y los demás

co-demandantes para notificarles lo ocurrido.

No fue hasta

que la propia señora Rolón Deliz acudió al tribunal en

busca de información que ésta logró conocer el resultado

del caso.

Claramente, la conducta de Montes Fuentes no se ajustó

a

los

supra.

estándares

Al

desarrollo

no

del

exigidos

mantener

caso,

a

por

el

sus

clientes

Montes

Fuentes

mencionado

les

Canon

19,

informados

del

impidió

conocer

oportunamente sobre la desestimación decretada por el foro

primario. Ya anteriormente hemos afirmado que, dictada una

sentencia en un caso que pone fin parcial o totalmente a la

causa de acción, es obligación del abogado informar a su

cliente sobre lo acaecido. In re Colón Morera, res. 23 de

agosto de 2007, 2007 TSPR 157.

Por tanto, no cabe duda que

CP-2007-003

Montes

16

Fuentes

incurrió

en

violación

al

deber

de

información contemplado en el Código de Ética Profesional,

supra,

con

la

grave

consecuencia

de

que

no

puso

a

sus

clientes en posición de determinar si deseaban ejercer su

derecho a solicitar revisión judicial.

IV

Al determinar la sanción disciplinaria que se le debe

imponer a un abogado que ha incurrido en conducta reñida

con

los

cánones

consideración

de

los

ética

profesional,

siguientes

hemos

factores:

(i)

tomado

la

en

buena

reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial

previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si

ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación

de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata

de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió

en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente; y (vii)

cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o

agravantes, que medien en los hechos del caso.

Véase In re

Mulero Fernández, supra.

En el caso de autos, resulta evidente que se configura

la circunstancia agravante de que la señora Rolón Deliz y

los demás co-demandantes resultaron seriamente perjudicados

por la falta de diligencia y celo profesional exhibido por

Montes

Fuentes

en

el

manejo

del

caso

encomendado.

Igualmente, nos encontramos con el agravante de que Montes

Fuentes,

no

sólo

ocurrido,

sino

ha

que

negado

ha

su

responsabilidad

por

lo

intentado

responsabilizar

a

sus

CP-2007-003

clientes

17

por

faltas

claramente

imputables

a

su

persona.

Asimismo, y precisamente por la falta de aceptación de las

faltas

cometidas,

Montes

Fuentes

no

ha

mostrado

arrepentimiento alguno por los daños ocasionados.

vez,

es

de

notar

que

Montes

Fuentes

no

ha

A su

intentado

siquiera resarcir a la señora Rolón Deliz y los demás codemandantes aún cuando existe una reclamación en su contra

con miras a lograr dicho resultado.

Finalmente,

somos

del

criterio

que

constituye

un

notable agravante en este caso el hecho de que las faltas

cometidas por Montes Fuentes parecen responder a un patrón

de conducta displicente.

Éste, tras acoger el caso de la

señora Rolón Deliz no emplazó a los demandados, no presentó

moción

de

prórroga,

no

solicitó

nuevos

emplazamientos

oportunamente, no recurrió de la determinación adversa y no

les notificó lo ocurrido a sus clientes.

De igual manera,

Montes Fuentes se mantuvo incomunicado, al extremo que las

cartas que le enviaba el licenciado Medina Colón por correo

certificado generalmente no eran reclamadas.

La

consideración

de

los

factores

señalados

en

las

circunstancias de este caso nos lleva a concluir que, si

bien

Montes

disciplinarias

Fuentes

en

no

ocasiones

ha

sido

objeto

anteriores,

ha

de

medidas

incurrido

en

conducta que configura numerosos agravantes y que resulta

sumamente lesiva a los intereses de sus clientes y a la

imagen de la profesión.

CP-2007-003

18

V

Por los fundamentos expuestos, concluimos que el Lcdo.

Gilbert Montes Fuentes violó los Cánones 18 y 19 del Código

de

Ética

totalidad

Profesional,

de

las

supra.

circunstancias

En

consideración

que

rodean

el

a

la

caso

de

autos, se le suspende indefinidamente del ejercicio de la

profesión.

Se

le

clientes

impone

de

el

su

deber

presente

representándolos,

les

recibidos

trabajos

por

oportunamente

de

de

inhabilidad

devuelva

su

notificar

no

suspensión

a

todos

para

cualesquiera

realizados

a

los

sus

seguir

honorarios

e

informe

distintos

foros

judiciales y administrativos del país. El Alguacil de este

Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y sello

notarial

del

correspondiente

abogado

por

la

de

epígrafe

Directora

para

de

la

el

trámite

Oficina

de

Inspección de Notarías.

Además, deberá certificarnos en treinta (30) días del

cumplimiento de estos deberes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Gilbert G. Montes Fuentes

CP-2007-3

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, concluimos que el

Lcdo. Gilbert Montes Fuentes violó los Cánones 18

y 19 del Código de Ética Profesional, supra. En

consideración

a

la

totalidad

de

las

circunstancias que rodean el caso de autos, se le

suspende indefinidamente del ejercicio de la

profesión.

Se le impone el deber de notificar a todos

sus clientes de su presente inhabilidad para

seguir

representándolos,

les

devuelva

cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no

realizados

e

informe

oportunamente

de

su

suspensión a los distintos foros judiciales y

administrativos del país. El Alguacil de este

Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y

sello notarial del abogado de epígrafe para el

trámite correspondiente por la Directora de la

Oficina de Inspección de Notarías.

Además, deberá certificarnos en treinta (30)

días del cumplimiento de estos deberes.

CP-2007-3

2

Lo pronunció y manda el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

la

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo