Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Osvaldo Ortiz Medina
2008 TSPR 175
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Osvaldo Ortiz Medina
CP-2007-0015
Conducta Profesional- C ensura enérgica por desatención a las normas que regulan la notaría
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Manuel Díaz Morales
Y Otros
Certiorari
Peticionarios
2008 TSPR 175
vs.
175 DPR ____
Departamento de Justicia
Y otros
Recurridos
Número del Caso: CC-2007-976
Fecha: 27 de octubre de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Jueza Ponente:
Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Francisco Rádinson Pérez
Oficina del Procurador General:
Lcda. María Astrid Hernández Martín
Procuradora General Auxiliar
Materia: Impugnación Confiscación
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Manuel Díaz Morales
y Otros
Peticionarios
vs.
CC-2007-976
Certiorari
Departamento de Justicia
y Otros
Recurridos
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.
Mediante el presente recurso, debemos resolver
si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar una
determinación
del
Tribunal
de
Primera
Instancia,
Sala Superior de San Juan, que desestimó una demanda
dirigida a impugnar la confiscación de un vehículo
de motor. Por entender que dicho resultado no es
compatible con los programas de desvío contemplados
por
la
Ley
de
Menores,
ni
con
lo
resuelto
recientemente en Ford Motor Credit, Jiménez Otero v.
ELA,
2008
TSPR
137,
res.
11
de
agosto
de
2008,
revocamos la sentencia recurrida.
I.
Durante un patrullaje preventivo, agentes del
Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del Vicio
CC-2007-976
2
de la Policía de Puerto Rico, detuvieron a Víctor Manuel
Díaz
Maldonado
(entonces
menor
de
edad)
mientras
éste
conducía un automóvil marca Toyota por la Carretera 21 del
área de Río Piedras. A raíz de dicha intervención, se le
ocupó marihuana a un adulto que en ese momento acompañaba a
Díaz Maldonado como pasajero y, a base de ello, se presentó
una querella en contra del menor por una falta al Art. 404
de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, el cual
prohíbe la posesión de drogas en los casos en que no esté
presente la intención de distribuir o traficar con éstas. 24
L.P.R.A. sec. 2404.1
En cuanto a dicha querella, surge del expediente ante
nuestra
consideración
que
el
menor
Díaz
Maldonado
fue
procesado únicamente bajo el Art. 404 antes citado. No hay
indicio alguno que apunte a una vinculación suya con el
trasiego de drogas ilegales o con su manufactura, pues no se
le procesó bajo los artículos que penalizan la distribución,
producción o transportación de sustancias controladas. E.g.,
24 L.P.R.A. secs. 2401, 2402, 2403.
Por su parte, el Departamento de Justicia le notificó a
las partes concernidas que había procedido a confiscar el
automóvil antes mencionado y que el mismo tasó $16,000. Tras
recibir
esta
notificación,
el
señor
Víctor
Manuel
Díaz
Morales y la señora Aminta Maldonado Rodríguez, por sí y en
1
El Estado también presentó una denuncia por los mismos
hechos en contra del acompañante de Díaz Maldonado. No
obstante, del expediente se desprende que la misma fue
archivada por la violación del término pautado en la Regla
64(n)(6) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para
la celebración de la vista preliminar.
CC-2007-976
3
representación de su hijo menor Víctor Manuel, así como Star
Ready
Mix,
Inc.
y
Popular
presentaron
ante
el
Tribunal
Leasing
de
&
Primera
Rental,
Inc.,
Instancia,
Sala
Superior de San Juan, una demanda en contra del Departamento
de Justicia y del Superintendente de la Policía de Puerto
Rico para impugnar la referida confiscación.2 Esencialmente,
en dicha acción alegaron que la incautación del automóvil
era ilegal.
Mientras tanto, con relación a los hechos imputados en
contra del menor Díaz Maldonado, tanto éste como sus padres
suscribieron
un
Contrato
de
Desvío
con
el
Procurador
de
Menores. En dicho convenio las partes se comprometieron a
que
el
menor
ingresaría
rehabilitación
dirigido
a
a
un
programa
atender
los
de
tratamiento
diversos
y
factores
relacionados a su conducta, así como aquellas necesidades de
índole
social
y
psicológica
que
se
identificaran
en
la
con
las
Maldonado
se
evaluación correspondiente.
A
su
vez,
condiciones
del
para
constatar
programa,
el
su
cumplimiento
menor
Díaz
comprometió a realizarse todas las pruebas para la detección
de
sustancias
controladas
que
a
esos
efectos
fueren
necesarias. A cambio, se estipuló en el Contrato de Desvío
que
la
aceptación
voluntaria
de
sus
términos
no
podría
considerarse como una admisión de los hechos que motivaron
el mismo.
2
El auto confiscado, un Toyota Celica del año 2000,
color gris, era propiedad de Popular Leasing, quien se lo
arrendó a Star Ready Mix, Inc.
CC-2007-976
4
Posteriormente, tras cumplir con todas las condiciones
del acuerdo antes mencionado, el Tribunal de Menores ordenó
la culminación del desvío y el archivo definitivo de la
querella instada en contra del menor Díaz Maldonado. A la
luz de esto, así como del contrato aludido, los esposos Díaz
Maldonado
y
demás
demandantes
presentaron
una
moción
de
sentencia sumaria en la cual argumentaron que procedía la
devolución
del
vehículo
confiscado,
pues
no
se
le
podía
imputar al menor Díaz Maldonado haber admitido los hechos
delictivos
que
dieron
lugar
a
la
incautación.
En
este
sentido, adujeron que el fundamento para sustentar dicha
acción había desaparecido tras el archivo de la querella
mencionada.
El Estado se opuso oportunamente a dicha solicitud de
sentencia sumaria y presentó, a su vez, una moción para que
se desestimara la demanda. Atendidas ambas peticiones, el
Tribunal de Primera Instancia denegó las mismas por entender
que existía una controversia real sobre hechos esenciales en
el caso ante su consideración. A pesar de ello, y poco
tiempo
después,
los
demandantes
presentaron
una
segunda
moción de sentencia sumaria bajo los mismos fundamentos. El
Estado también se opuso a dicha solicitud. Esta vez, sin
embargo, el foro de instancia declaró con lugar la misma y
ordenó
la
devolución
cumplimiento
del
satisfactorio
automóvil,
por
juzgar
del
con
el
menor
que
el
programa
de
desvío impedía vincular el vehículo confiscado a la comisión
de un acto delictivo.
CC-2007-976
Luego
5
de
varios
incidentes
dictamen
interlocutorio
revocó
sentencia
la
del
procesales
Tribunal
emitida
por
el
de
foro
--incluido
un
Apelaciones
que
de
instancia
y
ordenó la celebración de una vista en su fondo--, las partes
presentaron
sus
respectivos
argumentos
y
la
prueba
relacionada a la controversia central del caso. Sometida la
misma
ante
la
Instancia,
dicho
impugnación
de
consideración
del
Tribunal
de
foro
sin
lugar
demanda
la
declaró
confiscación,
por
la
entender
Primera
que
de
había
prueba fehaciente de que el auto incautado fue utilizado en
la comisión de un delito.
Los
demandantes
Tribunal
de
recurrieron
Apelaciones
y
oportunamente
reprodujeron
los
ante
el
argumentos
presentados ante el foro de instancia. Por su parte, el
Procurador
argumentó
General
que
el
--en
hecho
de
representación
que
se
del
hubiese
Estado--
suscrito
un
contrato de desvío en torno a la falta imputada, y que como
resultado de ello se haya archivado el caso, no constituye
una absolución en los méritos. Por consiguiente, alegó que
ello no invalidaba la confiscación del vehículo de motor en
controversia. Por el contrario, el Procurador adujo que para
acogerse a los beneficios de un programa de desvío hay que
hacer
una
alegación
de
“culpabilidad”.
Ese
acto,
a
su
entender, constituye una adjudicación en los méritos de la
querella presentada en contra del menor Díaz Maldonado. Por
último,
expresó
que
la
vinculación
del
automóvil
falta imputada había sido probada categóricamente.
con
la
CC-2007-976
6
El Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia mediante
la cual declaró sin lugar la apelación presentada por los
esposos
Díaz
presentado
Maldonado,
prueba
pues
consideró
suficiente
sobre
la
que
se
había
vinculación
del
automóvil con la comisión de un delito. Además, señaló que
otro panel de dicho foro apelativo ya había resuelto --de
manera
desfavorable
planteamiento
relativo
a
la
posición
al
efecto
del
del
menor--
contrato
de
el
desvío
sobre el proceso de confiscación en controversia.
De dicho dictamen recurren ante nos los esposos Díaz
Maldonado y demás demandantes. Argumentan, en síntesis, que
el
proceso
de
desvío
del
cual
se
benefició
satisfactoriamente el menor Díaz Maldonado tiene el efecto
de una absolución en los méritos, tras producirse el archivo
definitivo de la querella presentada. De igual forma, alegan
que
lo
contrario
implicaría
avalar
una
conducta
contradictoria por parte del propio Estado, ya que fue el
Procurador de Menores --un funcionario gubernamental-- quien
recomendó la participación del menor Díaz Maldonado en el
programa de desvío aludido y quien, posteriormente, solicitó
el archivo de la querella presentada ante el Tribunal de
Menores. El Estado, por su parte, reitera los planteamientos
esbozados ante el Tribunal de Apelaciones y alega, además,
que
la
teoría
propuesta
por
los
esposos
Díaz
Maldonado
implicaría darles una inmunidad frente a los procesos de
confiscación,
Legislador.
aun
cuando
ello
no
fue
previsto
por
el
CC-2007-976
7
Examinada
la
petición,
acordamos
expedir.
Con
el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a
resolver.
II.
En
Ford
Motor
Credit,
Jímenez
Otero
v.
ELA,
supra,
resolvimos recientemente que el archivo de una causa penal,
al amparo de los procedimientos de desvío regulados por la
Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el Art. 404 de la
Ley
de
Sustancias
Controladas,
constituye
un
impedimento
colateral por sentencia respecto a la acción de impugnación
de
una
confiscación.
declaración
de
En
este
culpabilidad
sentido,
hecha
por
concluimos
que
la
un
a
los
imputado
fines de acogerse a los beneficios del desvío autorizado por
las disposiciones citadas no representa una admisión de los
hechos
imputados.
Por
ende,
el
Estado
no
podía
utilizar
dicha declaración para probar que el vehículo confiscado en
aquel caso había estado vinculado a un acto delictivo.
En síntesis, nuestra determinación en dicho caso estuvo
basada
en
el
hecho
de
que
es
el
propio
Estado
quien
incentiva la participación del imputado en los referidos
programas
de
readaptación
desvío,
pues
social
de
busca
las
la
personas
rehabilitación
con
y
la
problemas
de
adicción. Se trata, fundamentalmente, de una alternativa que
tiene el Estado para atender los casos de personas que no
están
vinculadas
con
el
tráfico
de
drogas
a
manera
de
distribuidores, pero que ciertamente sufren de problemas de
drogodependencia y requieren ayuda. Una vez se cumple con
los
requisitos
del
programa
de
desvío,
el
imputado
es
CC-2007-976
8
exonerado. En virtud de ello, resolvimos que una vez se
archiva
la
denuncia
según
los
términos
del
referido
programa, se adjudica de forma favorable al acusado y se
dispone con finalidad del hecho central del cual depende la
confiscación: la comisión de un acto delictivo.
Del mismo modo, expresamos que resolver de otra forma
produciría resultados inconsistentes entre el procedimiento
criminal y la acción civil de confiscación. Así, pues, si
procediera la acción de confiscación luego de producirse el
archivo del caso bajo los mecanismos de desvío aludidos, el
Estado estaría utilizando su poder punitivo para castigar a
una persona por la comisión de un delito, aun cuando la
había exonerado anteriormente en virtud de su cumplimiento
con
el
tratamiento
al
cual
fue
referido
por
el
propio
gobierno. Ante tales circunstancias, determinamos que era
indispensable para el logro efectivo de la finalidad de los
programas de desvío y rehabilitación que no se castigara
mediante la confiscación a una persona que ya había sido
exonerada de los cargos criminales presentados en su contra.
En lo pertinente al presente caso, existen mecanismos
muy similares a los contemplados por el Art. 404 de la Ley
de
Sustancias
Controladas,
supra,
y
la
Regla
247.1
de
Procedimiento Criminal, supra, en el contexto de menores.
Como se sabe, el Legislador aprobó la Ley de Menores de
Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 L.P.R.A.
sec. 2201 et seq., con el fin de establecer un régimen
especial
dirigido
a
reglamentar
los
procedimientos
investigativos, judiciales y ejecutivos en los casos en que
CC-2007-976
9
menores de edad incurren en conducta constitutiva de delito.
D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores, 2005, 5ta. ed., Inst.
Des. Derecho, San Juan, pág. 4.
En
esencia,
principales,
la
a
Ley
saber:
de
Menores
tiene
(1)
proveer
para
tres
el
fines
cuidado,
protección, desarrollo y rehabilitación de los menores, a la
vez
que
se
protege
el
bienestar
de
la
comunidad;
(2)
proteger el interés público, al tratar a los menores como
personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento,
pero exigiéndoles también responsabilidad por sus actos; y
(3) garantizarle a los menores un trato justo, así como el
debido
proceso
derechos
de
ley
y
el
constitucionales.
reconocimiento
claro
34
sec.
L.P.R.A.
de
sus
2202.
Precisamente, a la luz de los fines antes mencionados, la
Ley de Menores provee un mecanismo de desvío a través del
cual se suspende el procedimiento judicial en interés del
menor
y,
en
su
lugar,
se
le
refiere
a
una
agencia,
institución u organismo para que reciba aquellos servicios
de
tratamiento
o
rehabilitación
que
el
tribunal
estime
necesarios. 34 L.P.R.A. sec. 2203(g).
En esa dirección, luego de tomarse en consideración el
informe social preparado por el Especialista en Relaciones
de Familia a cargo del caso, el tribunal puede ordenar que
se
suscriba
encargados,
un
la
acuerdo
agencia
entre
o
el
menor,
entidad
privada
sus
padres
designada
o
para
proveer los servicios correspondientes, y el Procurador de
Menores.
En
dicho
convenio
se
fijan
los
objetivos
específicos de tratamiento y rehabilitación, así como las
CC-2007-976
10
condiciones que debe cumplir el menor bajo el programa de
desvío. Todos los documentos sobre el desvío pasan a formar
parte del expediente confidencial del menor. Si al concluir
el término de duración del desvío el menor ha cumplido con
el acuerdo antes mencionado, el Procurador solicitará el
archivo definitivo de la querella instada en su contra. De
lo contrario, solicitará la reactivación del procedimiento
judicial. Véanse 34 L.P.R.A. sec. 2221; Reglas 5.1 a 5.3 de
Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.
A su vez, de acuerdo con la naturaleza sui géneris de
los procedimientos de menores, las órdenes o resoluciones
del juez a cargo de este tipo de programas de desvío no
pueden considerarse como de índole criminal. Tampoco puede
derivarse de éstas la conclusión de que el menor ha sido
“convicto” en el sentido usual de la palabra. De hecho, así
ocurre en todos los procesos en contra de menores, en donde
los
delitos
denomina
son
denominados
como
vista
adjudicativa
y
la
de
la
dispositiva.
L.P.R.A.
Véase
sec.
Art.
2237;
37(a)
véanse,
faltas,
además,
el
juicio
sentencia,
Ley
de
Pueblo
medida
Menores,
en
se
34
interés
J.M.R., 147 D.P.R. 65, 72 (1998); Nevares Muñiz, supra, pág.
12.
III.
En
el
caso
de
autos,
el
menor
Díaz
Maldonado
fue
aprehendido debido a una alegada infracción del Art. 404 de
la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico; disposición
legal que prohíbe la posesión de sustancias controladas sin
la intención de distribuir o traficar las mismas. Debido a
CC-2007-976
11
su minoridad, el Tribunal de Menores asumió jurisdicción
sobre el asunto y, previo a las consultas de rigor, acogió
la recomendación del Procurador de Menores para que el menor
Díaz Maldonado fuese referido a un Programa de Desvío. Tanto
el menor y sus padres, como el Procurador de Menores y el
proveedor
de
servicios,
suscribieron
un
acuerdo
a
esos
efectos.
De conformidad con la propia Ley de Menores, el menor
Díaz Maldonado cualificaba claramente para beneficiarse del
programa de desvío al cual fue referido. Al igual que ocurre
con los programas de desvío en el contexto de los adultos,
el procedimiento de desvío contemplado por la Ley de Menores
sólo está disponible para los jóvenes procesados por faltas
Clase I (equivalente a un delito menos grave) o Clase II
(equivalente a un delito grave), si se trata de la primera
falta. Por definición, ello excluye las faltas relacionadas
a la distribución de sustancias controladas, ya que éstas se
han designado como de Clase III.
Por otra parte, y como señalamos anteriormente, el menor
Díaz Maldonado cumplió cabalmente con todas las condiciones
del referido programa de desvío. Por tal razón, de acuerdo
con la recomendación del Procurador de Menores, el tribunal
ordenó el archivo definitivo de la querella instada en su
contra. Además, en el contrato de desvío suscrito por las
partes,
se
especificó
claramente
que
“[e]l
Procurador
reconoce que la acepción voluntaria de las condiciones de
este
contrato
por
parte
del
menor,
de
considerará como admisión de los hechos”.
ningún
modo
se
CC-2007-976
12
Conforme a lo anterior, no cabe duda de que en este caso
la confiscación del vehículo de motor en controversia no
puede
subsistir.
Se
trata,
pues,
de
unas
circunstancias
análogas a las que enfrentamos en Ford Motor Credit, Jiménez
Otero
v.
ELA,
En
supra.
el
caso
ante
nos,
tanto
la
naturaleza misma de los procedimientos de menores, como el
contrato de desvío suscrito por el menor, sus padres y el
Procurador de Menores, disponen claramente que de éstos no
se podrá derivar una conclusión de que el menor ha sido
“convicto” por la comisión de un acto criminal. De hecho, a
tales efectos, la propia Ley de Menores prohíbe el uso de la
evidencia
utilizada
en
el
procesamiento
de
la
falta
imputada, en otros procedimientos judiciales de tipo civil o
criminal. 34 L.P.R.A. sec. 2209. Simplemente, los propósitos
de rehabilitación y reintegración consignados en dicha ley
así
lo
exigen.
Por
ende,
procede
revocar
la
Sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones en este caso.
IV.
Por
los
Sentencia
fundamentos
dictada
por
el
antes
expuestos,
Tribunal
de
se
revoca
Apelaciones.
En
la
su
lugar, se ordena la devolución del vehículo confiscado, o en
su
defecto,
el
pago
de
su
valor
de
tasación
dispuesto por la Ley Uniforme de Confiscaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
según
lo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Víctor Manuel Díaz Morales
y Otros
Peticionarios
vs.
CC-2007-976
Certiorari
Departamento de Justicia
y Otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se revoca la
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
En su lugar, se ordena la devolución del vehículo
confiscado, o en su defecto, el pago de su valor de
tasación según lo dispuesto por la Ley Uniforme de
Confiscaciones.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo