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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Osvaldo Ortiz Medina

2008 TSPR 175

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Osvaldo Ortiz Medina

CP-2007-0015

Conducta Profesional- C ensura enérgica por desatención a las normas que regulan la notaría

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Manuel Díaz Morales

Y Otros

Certiorari

Peticionarios

2008 TSPR 175

vs.

175 DPR ____

Departamento de Justicia

Y otros

Recurridos

Número del Caso: CC-2007-976

Fecha: 27 de octubre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Jueza Ponente:

Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Francisco Rádinson Pérez

Oficina del Procurador General:

Lcda. María Astrid Hernández Martín

Procuradora General Auxiliar

Materia: Impugnación Confiscación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Manuel Díaz Morales

y Otros

Peticionarios

vs.

CC-2007-976

Certiorari

Departamento de Justicia

y Otros

Recurridos

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.

Mediante el presente recurso, debemos resolver

si el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar una

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala Superior de San Juan, que desestimó una demanda

dirigida a impugnar la confiscación de un vehículo

de motor. Por entender que dicho resultado no es

compatible con los programas de desvío contemplados

por

la

Ley

de

Menores,

ni

con

lo

resuelto

recientemente en Ford Motor Credit, Jiménez Otero v.

ELA,

2008

TSPR

137,

res.

11

de

agosto

de

2008,

revocamos la sentencia recurrida.

I.

Durante un patrullaje preventivo, agentes del

Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del Vicio

CC-2007-976

2

de la Policía de Puerto Rico, detuvieron a Víctor Manuel

Díaz

Maldonado

(entonces

menor

de

edad)

mientras

éste

conducía un automóvil marca Toyota por la Carretera 21 del

área de Río Piedras. A raíz de dicha intervención, se le

ocupó marihuana a un adulto que en ese momento acompañaba a

Díaz Maldonado como pasajero y, a base de ello, se presentó

una querella en contra del menor por una falta al Art. 404

de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, el cual

prohíbe la posesión de drogas en los casos en que no esté

presente la intención de distribuir o traficar con éstas. 24

L.P.R.A. sec. 2404.1

En cuanto a dicha querella, surge del expediente ante

nuestra

consideración

que

el

menor

Díaz

Maldonado

fue

procesado únicamente bajo el Art. 404 antes citado. No hay

indicio alguno que apunte a una vinculación suya con el

trasiego de drogas ilegales o con su manufactura, pues no se

le procesó bajo los artículos que penalizan la distribución,

producción o transportación de sustancias controladas. E.g.,

24 L.P.R.A. secs. 2401, 2402, 2403.

Por su parte, el Departamento de Justicia le notificó a

las partes concernidas que había procedido a confiscar el

automóvil antes mencionado y que el mismo tasó $16,000. Tras

recibir

esta

notificación,

el

señor

Víctor

Manuel

Díaz

Morales y la señora Aminta Maldonado Rodríguez, por sí y en

1

El Estado también presentó una denuncia por los mismos

hechos en contra del acompañante de Díaz Maldonado. No

obstante, del expediente se desprende que la misma fue

archivada por la violación del término pautado en la Regla

64(n)(6) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para

la celebración de la vista preliminar.

CC-2007-976

3

representación de su hijo menor Víctor Manuel, así como Star

Ready

Mix,

Inc.

y

Popular

presentaron

ante

el

Tribunal

Leasing

de

&

Primera

Rental,

Inc.,

Instancia,

Sala

Superior de San Juan, una demanda en contra del Departamento

de Justicia y del Superintendente de la Policía de Puerto

Rico para impugnar la referida confiscación.2 Esencialmente,

en dicha acción alegaron que la incautación del automóvil

era ilegal.

Mientras tanto, con relación a los hechos imputados en

contra del menor Díaz Maldonado, tanto éste como sus padres

suscribieron

un

Contrato

de

Desvío

con

el

Procurador

de

Menores. En dicho convenio las partes se comprometieron a

que

el

menor

ingresaría

rehabilitación

dirigido

a

a

un

programa

atender

los

de

tratamiento

diversos

y

factores

relacionados a su conducta, así como aquellas necesidades de

índole

social

y

psicológica

que

se

identificaran

en

la

con

las

Maldonado

se

evaluación correspondiente.

A

su

vez,

condiciones

del

para

constatar

programa,

el

su

cumplimiento

menor

Díaz

comprometió a realizarse todas las pruebas para la detección

de

sustancias

controladas

que

a

esos

efectos

fueren

necesarias. A cambio, se estipuló en el Contrato de Desvío

que

la

aceptación

voluntaria

de

sus

términos

no

podría

considerarse como una admisión de los hechos que motivaron

el mismo.

2

El auto confiscado, un Toyota Celica del año 2000,

color gris, era propiedad de Popular Leasing, quien se lo

arrendó a Star Ready Mix, Inc.

CC-2007-976

4

Posteriormente, tras cumplir con todas las condiciones

del acuerdo antes mencionado, el Tribunal de Menores ordenó

la culminación del desvío y el archivo definitivo de la

querella instada en contra del menor Díaz Maldonado. A la

luz de esto, así como del contrato aludido, los esposos Díaz

Maldonado

y

demás

demandantes

presentaron

una

moción

de

sentencia sumaria en la cual argumentaron que procedía la

devolución

del

vehículo

confiscado,

pues

no

se

le

podía

imputar al menor Díaz Maldonado haber admitido los hechos

delictivos

que

dieron

lugar

a

la

incautación.

En

este

sentido, adujeron que el fundamento para sustentar dicha

acción había desaparecido tras el archivo de la querella

mencionada.

El Estado se opuso oportunamente a dicha solicitud de

sentencia sumaria y presentó, a su vez, una moción para que

se desestimara la demanda. Atendidas ambas peticiones, el

Tribunal de Primera Instancia denegó las mismas por entender

que existía una controversia real sobre hechos esenciales en

el caso ante su consideración. A pesar de ello, y poco

tiempo

después,

los

demandantes

presentaron

una

segunda

moción de sentencia sumaria bajo los mismos fundamentos. El

Estado también se opuso a dicha solicitud. Esta vez, sin

embargo, el foro de instancia declaró con lugar la misma y

ordenó

la

devolución

cumplimiento

del

satisfactorio

automóvil,

por

juzgar

del

con

el

menor

que

el

programa

de

desvío impedía vincular el vehículo confiscado a la comisión

de un acto delictivo.

CC-2007-976

Luego

5

de

varios

incidentes

dictamen

interlocutorio

revocó

sentencia

la

del

procesales

Tribunal

emitida

por

el

de

foro

--incluido

un

Apelaciones

que

de

instancia

y

ordenó la celebración de una vista en su fondo--, las partes

presentaron

sus

respectivos

argumentos

y

la

prueba

relacionada a la controversia central del caso. Sometida la

misma

ante

la

Instancia,

dicho

impugnación

de

consideración

del

Tribunal

de

foro

sin

lugar

demanda

la

declaró

confiscación,

por

la

entender

Primera

que

de

había

prueba fehaciente de que el auto incautado fue utilizado en

la comisión de un delito.

Los

demandantes

Tribunal

de

recurrieron

Apelaciones

y

oportunamente

reprodujeron

los

ante

el

argumentos

presentados ante el foro de instancia. Por su parte, el

Procurador

argumentó

General

que

el

--en

hecho

de

representación

que

se

del

hubiese

Estado--

suscrito

un

contrato de desvío en torno a la falta imputada, y que como

resultado de ello se haya archivado el caso, no constituye

una absolución en los méritos. Por consiguiente, alegó que

ello no invalidaba la confiscación del vehículo de motor en

controversia. Por el contrario, el Procurador adujo que para

acogerse a los beneficios de un programa de desvío hay que

hacer

una

alegación

de

“culpabilidad”.

Ese

acto,

a

su

entender, constituye una adjudicación en los méritos de la

querella presentada en contra del menor Díaz Maldonado. Por

último,

expresó

que

la

vinculación

del

automóvil

falta imputada había sido probada categóricamente.

con

la

CC-2007-976

6

El Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia mediante

la cual declaró sin lugar la apelación presentada por los

esposos

Díaz

presentado

Maldonado,

prueba

pues

consideró

suficiente

sobre

la

que

se

había

vinculación

del

automóvil con la comisión de un delito. Además, señaló que

otro panel de dicho foro apelativo ya había resuelto --de

manera

desfavorable

planteamiento

relativo

a

la

posición

al

efecto

del

del

menor--

contrato

de

el

desvío

sobre el proceso de confiscación en controversia.

De dicho dictamen recurren ante nos los esposos Díaz

Maldonado y demás demandantes. Argumentan, en síntesis, que

el

proceso

de

desvío

del

cual

se

benefició

satisfactoriamente el menor Díaz Maldonado tiene el efecto

de una absolución en los méritos, tras producirse el archivo

definitivo de la querella presentada. De igual forma, alegan

que

lo

contrario

implicaría

avalar

una

conducta

contradictoria por parte del propio Estado, ya que fue el

Procurador de Menores --un funcionario gubernamental-- quien

recomendó la participación del menor Díaz Maldonado en el

programa de desvío aludido y quien, posteriormente, solicitó

el archivo de la querella presentada ante el Tribunal de

Menores. El Estado, por su parte, reitera los planteamientos

esbozados ante el Tribunal de Apelaciones y alega, además,

que

la

teoría

propuesta

por

los

esposos

Díaz

Maldonado

implicaría darles una inmunidad frente a los procesos de

confiscación,

Legislador.

aun

cuando

ello

no

fue

previsto

por

el

CC-2007-976

7

Examinada

la

petición,

acordamos

expedir.

Con

el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

II.

En

Ford

Motor

Credit,

Jímenez

Otero

v.

ELA,

supra,

resolvimos recientemente que el archivo de una causa penal,

al amparo de los procedimientos de desvío regulados por la

Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el Art. 404 de la

Ley

de

Sustancias

Controladas,

constituye

un

impedimento

colateral por sentencia respecto a la acción de impugnación

de

una

confiscación.

declaración

de

En

este

culpabilidad

sentido,

hecha

por

concluimos

que

la

un

a

los

imputado

fines de acogerse a los beneficios del desvío autorizado por

las disposiciones citadas no representa una admisión de los

hechos

imputados.

Por

ende,

el

Estado

no

podía

utilizar

dicha declaración para probar que el vehículo confiscado en

aquel caso había estado vinculado a un acto delictivo.

En síntesis, nuestra determinación en dicho caso estuvo

basada

en

el

hecho

de

que

es

el

propio

Estado

quien

incentiva la participación del imputado en los referidos

programas

de

readaptación

desvío,

pues

social

de

busca

las

la

personas

rehabilitación

con

y

la

problemas

de

adicción. Se trata, fundamentalmente, de una alternativa que

tiene el Estado para atender los casos de personas que no

están

vinculadas

con

el

tráfico

de

drogas

a

manera

de

distribuidores, pero que ciertamente sufren de problemas de

drogodependencia y requieren ayuda. Una vez se cumple con

los

requisitos

del

programa

de

desvío,

el

imputado

es

CC-2007-976

8

exonerado. En virtud de ello, resolvimos que una vez se

archiva

la

denuncia

según

los

términos

del

referido

programa, se adjudica de forma favorable al acusado y se

dispone con finalidad del hecho central del cual depende la

confiscación: la comisión de un acto delictivo.

Del mismo modo, expresamos que resolver de otra forma

produciría resultados inconsistentes entre el procedimiento

criminal y la acción civil de confiscación. Así, pues, si

procediera la acción de confiscación luego de producirse el

archivo del caso bajo los mecanismos de desvío aludidos, el

Estado estaría utilizando su poder punitivo para castigar a

una persona por la comisión de un delito, aun cuando la

había exonerado anteriormente en virtud de su cumplimiento

con

el

tratamiento

al

cual

fue

referido

por

el

propio

gobierno. Ante tales circunstancias, determinamos que era

indispensable para el logro efectivo de la finalidad de los

programas de desvío y rehabilitación que no se castigara

mediante la confiscación a una persona que ya había sido

exonerada de los cargos criminales presentados en su contra.

En lo pertinente al presente caso, existen mecanismos

muy similares a los contemplados por el Art. 404 de la Ley

de

Sustancias

Controladas,

supra,

y

la

Regla

247.1

de

Procedimiento Criminal, supra, en el contexto de menores.

Como se sabe, el Legislador aprobó la Ley de Menores de

Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 L.P.R.A.

sec. 2201 et seq., con el fin de establecer un régimen

especial

dirigido

a

reglamentar

los

procedimientos

investigativos, judiciales y ejecutivos en los casos en que

CC-2007-976

9

menores de edad incurren en conducta constitutiva de delito.

D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores, 2005, 5ta. ed., Inst.

Des. Derecho, San Juan, pág. 4.

En

esencia,

principales,

la

a

Ley

saber:

de

Menores

tiene

(1)

proveer

para

tres

el

fines

cuidado,

protección, desarrollo y rehabilitación de los menores, a la

vez

que

se

protege

el

bienestar

de

la

comunidad;

(2)

proteger el interés público, al tratar a los menores como

personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento,

pero exigiéndoles también responsabilidad por sus actos; y

(3) garantizarle a los menores un trato justo, así como el

debido

proceso

derechos

de

ley

y

el

constitucionales.

reconocimiento

claro

34

sec.

L.P.R.A.

de

sus

2202.

Precisamente, a la luz de los fines antes mencionados, la

Ley de Menores provee un mecanismo de desvío a través del

cual se suspende el procedimiento judicial en interés del

menor

y,

en

su

lugar,

se

le

refiere

a

una

agencia,

institución u organismo para que reciba aquellos servicios

de

tratamiento

o

rehabilitación

que

el

tribunal

estime

necesarios. 34 L.P.R.A. sec. 2203(g).

En esa dirección, luego de tomarse en consideración el

informe social preparado por el Especialista en Relaciones

de Familia a cargo del caso, el tribunal puede ordenar que

se

suscriba

encargados,

un

la

acuerdo

agencia

entre

o

el

menor,

entidad

privada

sus

padres

designada

o

para

proveer los servicios correspondientes, y el Procurador de

Menores.

En

dicho

convenio

se

fijan

los

objetivos

específicos de tratamiento y rehabilitación, así como las

CC-2007-976

10

condiciones que debe cumplir el menor bajo el programa de

desvío. Todos los documentos sobre el desvío pasan a formar

parte del expediente confidencial del menor. Si al concluir

el término de duración del desvío el menor ha cumplido con

el acuerdo antes mencionado, el Procurador solicitará el

archivo definitivo de la querella instada en su contra. De

lo contrario, solicitará la reactivación del procedimiento

judicial. Véanse 34 L.P.R.A. sec. 2221; Reglas 5.1 a 5.3 de

Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

A su vez, de acuerdo con la naturaleza sui géneris de

los procedimientos de menores, las órdenes o resoluciones

del juez a cargo de este tipo de programas de desvío no

pueden considerarse como de índole criminal. Tampoco puede

derivarse de éstas la conclusión de que el menor ha sido

“convicto” en el sentido usual de la palabra. De hecho, así

ocurre en todos los procesos en contra de menores, en donde

los

delitos

denomina

son

denominados

como

vista

adjudicativa

y

la

de

la

dispositiva.

L.P.R.A.

Véase

sec.

Art.

2237;

37(a)

véanse,

faltas,

además,

el

juicio

sentencia,

Ley

de

Pueblo

medida

Menores,

en

se

34

interés

J.M.R., 147 D.P.R. 65, 72 (1998); Nevares Muñiz, supra, pág.

12.

III.

En

el

caso

de

autos,

el

menor

Díaz

Maldonado

fue

aprehendido debido a una alegada infracción del Art. 404 de

la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico; disposición

legal que prohíbe la posesión de sustancias controladas sin

la intención de distribuir o traficar las mismas. Debido a

CC-2007-976

11

su minoridad, el Tribunal de Menores asumió jurisdicción

sobre el asunto y, previo a las consultas de rigor, acogió

la recomendación del Procurador de Menores para que el menor

Díaz Maldonado fuese referido a un Programa de Desvío. Tanto

el menor y sus padres, como el Procurador de Menores y el

proveedor

de

servicios,

suscribieron

un

acuerdo

a

esos

efectos.

De conformidad con la propia Ley de Menores, el menor

Díaz Maldonado cualificaba claramente para beneficiarse del

programa de desvío al cual fue referido. Al igual que ocurre

con los programas de desvío en el contexto de los adultos,

el procedimiento de desvío contemplado por la Ley de Menores

sólo está disponible para los jóvenes procesados por faltas

Clase I (equivalente a un delito menos grave) o Clase II

(equivalente a un delito grave), si se trata de la primera

falta. Por definición, ello excluye las faltas relacionadas

a la distribución de sustancias controladas, ya que éstas se

han designado como de Clase III.

Por otra parte, y como señalamos anteriormente, el menor

Díaz Maldonado cumplió cabalmente con todas las condiciones

del referido programa de desvío. Por tal razón, de acuerdo

con la recomendación del Procurador de Menores, el tribunal

ordenó el archivo definitivo de la querella instada en su

contra. Además, en el contrato de desvío suscrito por las

partes,

se

especificó

claramente

que

“[e]l

Procurador

reconoce que la acepción voluntaria de las condiciones de

este

contrato

por

parte

del

menor,

de

considerará como admisión de los hechos”.

ningún

modo

se

CC-2007-976

12

Conforme a lo anterior, no cabe duda de que en este caso

la confiscación del vehículo de motor en controversia no

puede

subsistir.

Se

trata,

pues,

de

unas

circunstancias

análogas a las que enfrentamos en Ford Motor Credit, Jiménez

Otero

v.

ELA,

En

supra.

el

caso

ante

nos,

tanto

la

naturaleza misma de los procedimientos de menores, como el

contrato de desvío suscrito por el menor, sus padres y el

Procurador de Menores, disponen claramente que de éstos no

se podrá derivar una conclusión de que el menor ha sido

“convicto” por la comisión de un acto criminal. De hecho, a

tales efectos, la propia Ley de Menores prohíbe el uso de la

evidencia

utilizada

en

el

procesamiento

de

la

falta

imputada, en otros procedimientos judiciales de tipo civil o

criminal. 34 L.P.R.A. sec. 2209. Simplemente, los propósitos

de rehabilitación y reintegración consignados en dicha ley

así

lo

exigen.

Por

ende,

procede

revocar

la

Sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones en este caso.

IV.

Por

los

Sentencia

fundamentos

dictada

por

el

antes

expuestos,

Tribunal

de

se

revoca

Apelaciones.

En

la

su

lugar, se ordena la devolución del vehículo confiscado, o en

su

defecto,

el

pago

de

su

valor

de

tasación

dispuesto por la Ley Uniforme de Confiscaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

según

lo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Víctor Manuel Díaz Morales

y Otros

Peticionarios

vs.

CC-2007-976

Certiorari

Departamento de Justicia

y Otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se revoca la

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

En su lugar, se ordena la devolución del vehículo

confiscado, o en su defecto, el pago de su valor de

tasación según lo dispuesto por la Ley Uniforme de

Confiscaciones.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo