LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Ricardo Torres Muñoz

2008 TSPR 178

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Ricardo Torres Muñoz

CP-2006-0009

Conducta Profesional-Suspensión temporera un año por violación a los Cánones 18, 19 y 20 de ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2008 TSPR 178

Ricardo Torres Muñoz

175 DPR ____

Número del Caso: CP-2006-9

Fecha: 2 de octubre de 2008

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Zaira Z. Giron Anadón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 13 de noviembre de

2008 fecha en que se le notificó al abogado de su

suspensión inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se

hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ricardo Torres Muñoz

CP-2006-9

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2008.

I

El Lic. Ricardo L. Torres Muñoz fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 3 de marzo de 1989 y al

ejercicio de la notaría el 4 de junio de 1990.

Del

informe

del

Comisionado

Especial

se

desprende que el Sr. Juan Sotomayor López, la Sra.

Norma

Mantilla

Villanueva,

en

Siverio

y

la

Sra.

Rosa

adelante

querellantes,

M.

Rosa

contrataron

los servicios profesionales del licenciado Ricardo

L. Torres Muñoz, para que los

representara

ante la

Junta de Apelaciones del Sistema de Administración

de Personal, en adelante J.A.S.A.P., y

ante

el

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el

Distrito

de

Puerto Rico, en

adelante

Tribunal

CP-2006-9

2

Federal, en una acción por discrimen político contra el

Departamento de Familia.

En vista del procedimiento administrativo que pendía

ante J.A.S.A.P., el Departamento de la Familia le solicitó

al Tribunal Federal la paralización de los procedimientos

conducidos en dicho foro hasta tanto J.A.S.A.P. emitiera

una

determinación

procedimientos

al

respecto,

versaban

sobre

los

puesto

mismos

que

ambos

hechos.

Dicha

petición fue acogida por el Tribunal Federal.

Posteriormente, J.A.S.A.P. ordenó la reinstalación del

señor Sotomayor López a su puesto mas declaró no ha lugar

las apelaciones instadas por la señora Rosa Villanueva y la

señora Mantilla Siverio. En vista de ello, el licenciado

Torres

Muñoz,

en

presentó

un

entonces

Tribunal

representación

recurso

de

de

revisión

Circuito

de

los

querellantes,

administrativa

de

Apelaciones.

ante

el

En

el

ínterin, el 16 de diciembre de 1999, Tribunal Federal le

ordenó al licenciado Torres Muñoz que informara por escrito

el

estatus

del

caso.

Tras

solicitar

prórroga,

el

licenciado Torres Muñoz compareció y le informó al Tribunal

Federal que ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones

pendía un recurso de revisión administrativo.

El

11

de

abril

de

2001,

el

Tribunal

de

Circuito

Apelaciones revocó la determinación emitida por J.A.S.A.P.

respecto a la señora Rosa Villanueva y a la señora Mantilla

Siverio;

declaró

ha

lugar

la

alegación

de

discrimen

político y ordenó la reinstalación de éstas a sus puestos y

el pago de los haberes dejados de percibir.

Respecto al

CP-2006-9

señor

3

Sotomayor

López,

el

Tribunal

de

Circuito

de

Apelaciones confirmó el dictamen emitido por J.A.S.A.P.1

El 4 de junio de 2001, el licenciado Torres Muñoz se

comunicó

vía

telefónica

con

sus

representados,

y

les

expresó que quería reunirse con ellos la semana siguiente.

No

obstante,

dicha

reunión

nunca

se

realizó.

De

hecho,

cuando los querellantes fueron a la oficina del licenciado

Torres Muñoz, se percataron que éste se había mudado y no

les había notificado su nueva dirección.

Transcurridos

once

(11)

meses

sin

conocer

lo

que

acontecía

con la demanda incoada en el Tribunal Federal y

sin

noticias

tener

querellantes

del

casualmente

licenciado

se

enteraron

que

Departamento

de

encontraba

trabajando

en

vista

ello,

querellantes

de

los

el

Torres

se

Muñoz,

los

éste

se

Salud.

En

comunicaron

con

el

licenciado Torres Muñoz, quien les informó que los citaría

a una reunión para discutir el caso que pendía ante el

Tribunal Federal.

El

licenciado

Torres

Muñoz

no

se

comunicó

con

los

querellantes para llevar a cabo la referida reunión. No

obstante, éstos

trataron infructuosamente de comunicarse

con él. Como resultado de lo anterior, los querellantes

viajaron desde Aguadilla a Bayamón y acudieron a su oficina

en el Departamento de Salud para indagar el estatus de su

caso.

éste

1

Al llegar a la oficina del licenciado Torres Muñoz,

los

recibió

y

les

expresó

que

posteriormente

les

En el caso del señor Sotomayor López, J.A.S.A.P. declaró

ha lugar la apelación de éste, y le ordenó al Departamento

de la Familia reinstalarlo en su puesto y el pago de los

haberes dejados de percibir.

CP-2006-9

4

enviaría el expediente del caso. No obstante, transcurrió

el tiempo y el licenciado Torres Muñoz nunca les envió el

referido expediente.

El 11 de abril de 2003, el licenciado Torres Muñoz le

remitió una carta al señor Sotomayor López en la que le

comunicó que no había encontrado el expediente del caso

ante el Tribunal Federal, y le solicitó que le hiciera

llegar algún documento con el número del caso. Una vez

recibida la carta, el señor Sotomayor López se comunicó con

la secretaria del licenciado Torres Muñoz y le brindó el

número del caso.

Posteriormente, el licenciado Torres Muñoz citó a los

querellantes en dos ocasiones para reunirse con ellos, pero

cuando éstos llegaron a su oficina en el Departamento de

Salud,

se

toparon

con

la

Ante

tal

situación,

encontraba.

noticia

de

que

éste

no

se

los

querellantes

le

expresaron a la secretaria del licenciado Torres Muñoz que

se disponían a presentar una querella contra éste en el

Tribunal Supremo. Después que los querellantes se marcharon

del Departamento de Salud, recibieron una llamada de la

secretaria del licenciado Torres Muñoz, comunicándoles que

éste se reuniría con ellos el 7 de agosto de 2003.

Llegada

la

fecha

pautada

para

la

reunión,

el

licenciado Torres Muñoz no se presentó. Por tal razón, la

secretaria

de

éste

les

entregó

a

los

querellantes

el

expediente del caso, acompañado de una misiva en donde el

licenciado

entregado

estaba

Torres

el

Muñoz

expediente

extraviado.

La

expresaba

del

caso

secretaria

que

no

les

había

el

mismo

antes

porque

del

licenciado

Torres

CP-2006-9

5

Muñoz también les entregó a los querellantes un escrito

titulado

“Second

Motion

Requesting

Withdraw as Attorney for Plaintiff”.

Hearing,

Leave

to

La referida moción

fue presentada el 8 de agosto de 2003 en la Secretaría del

Tribunal Federal.

El 20 de agosto de 2003, los querellantes le cursaron

una carta al el licenciado Torres Muñoz, expresándole que

querían reunirse con él para que les explicara que había

sucedido con su caso puesto que estaban muy confundidos

porque habían obtenido el “docket” de la demanda instada en

el Tribunal Federal, y éste indicaba que la demanda había

sido desestimada y archivada con perjuicio. No obstante, a

pesar

de

la

querellantes,

gravedad

el

de

los

licenciado

señalamientos

Torres

Muñoz

no

de

los

contestó

la

carta ni se comunicó con ellos.

En vista de lo anterior, 4 de mayo de 2004, el señor

Sotomayor

Siverio

López,

Mantilla

la

señora

Rosa

presentaron

en

Villanueva

la

y

la

Secretaría

señora

de

este

Tribunal una queja contra del licenciado Torres Muñoz.

Los

querellantes

expresaron

en

su

escrito

que

la

demanda incoada el 25 de septiembre de 1995 en el Tribunal

Federal fue desestimada con perjuicio el 19 de marzo de

2002, debido a que el licenciado Torres Muñoz no contestó

las múltiples órdenes emitidas por el Tribunal Federal para

que informara el estatus del caso.

Sostuvieron, además,

que no fue hasta el 20 de agosto de 2003 que advinieron en

conocimiento que la demanda incoada en el Tribunal Federal

fue

desestimada

anterior,

los

con

perjuicio.

querellantes

Como

presentaron

resultado

una

de

lo

demanda

por

CP-2006-9

6

impericia profesional contra el licenciado Torres Muñoz en

el Tribunal Superior, Sala de Aguada. El 8 de noviembre de

2006, la demanda fue desestimada con perjuicio.

Luego

Torres

de

solicitar

varias

Muñoz

contestó

la

prórrogas,

queja

el

licenciado

presentada

por

los

querellantes y adujo que les había informado a éstos que no

podía

continuar

la

representación

de

su

caso

ante

el

Tribunal Federal puesto que había comenzado a trabajar en

el Departamento de Salud. Señaló, además, que el 2 de julio

de 2001, había presentado ante el

Tribunal Federal una

primera moción para renunciar como representante legal de

querellantes2

los

y

que

advino

en

conocimiento

de

la

desestimación del caso al recibir la queja presentada.

Así las cosas y luego de los trámites de rigor, le

ordenamos

al

Procurador

correspondiente

querella

dicha

el

querella,

General

contra

Procurador

el

presentar

referido

General

la

abogado.

presentó

tres

En

(3)

cargos contra el licenciado Torres Muñoz por violación a

los cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional.3

Sometido el caso y luego de ponderar el informe del

Comisionado

Especial

así

como

los

autos

del

caso,

procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

A

2

Según se discutirá más adelante, la referida moción es el

único documento que no está ponchado por la Secretaría del

Tribunal Federal y tampoco aparece en el “docket” del caso.

3

4 L.P.R.A. Ap. IX.

CP-2006-9

7

Los

Cánones

primordial

de

de

Ética

promover

que

Profesional

tienen

los

se

abogados

el

fin

desempeñen,

profesional y personalmente, de acuerdo a los más altos

principios éticos y de conducta decorosa para beneficio de

la profesión, de la ciudadanía, y de las instituciones de

justicia del país.4

Al juramentar una persona como abogado,

éste se convierte en funcionario del Tribunal y ministro

ordenado de la justicia y se compromete a desplegar su alto

ministerio

con

la

mayor

y

más

excelsa

competencia,

compromiso e integridad.5

Como parte de los postulados que rigen la profesión

legal,

el

Canon

18

del

Código

de

Profesional6

Ética

le

impone a todo abogado el deber de desempeñarse en todo

momento

de

forma

capaz

y

diligente

al

defender

los

intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más

profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que

la

profesión

responsable.7

jurídica

De

en

general

conformidad

con

estima

lo

adecuada

anterior,

y

hemos

decretado en reiteradas ocasiones que todo miembro de la

profesión legal tiene el deber de defender los intereses de

su

4

cliente

con

el

arraigado

compromiso

de

desplegar

la

In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001).

5

In re Quintero Alfaro, res. 9 de febrero de 2004, 164

D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R. 20.

6

7

4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18.

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. Véase In re Hoffman Mouriño,

res. 7 de mayo de 2007, 171 D.P.R.____, 2007 T.S.P.R. 114.

CP-2006-9

8

mayor capacidad, lealtad, celo, responsabilidad y la más

completa honradez.8

Reiteradamente

transgrede

cuando

hemos

el

resuelto

abogado

que

asume

este

una

deber

se

representación

legal, consciente que no puede realizar una labor idónea y

competente o que no puede prepararse adecuadamente para el

caso sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a

su cliente o a la administración de la justicia.9

De

igual

conducta

forma,

violatoria

hemos

al

resuelto

Canon

18

que

se

configura

cuando

la

actuación

negligente y contumaz del abogado produce la desestimación

o el archivo del caso de su cliente.10

entrever

desidia

una

e

actitud

de

Tal resultado deja

displicencia,

irresponsabilidad

que

no

despreocupación,

estamos

dispuestos

a

tolerar. En In re Vilches López, resolvimos que cuando un

abogado desatiende o abandona un caso, y tal acción provoca

el

archivo

del

caso

de

su

representado,

acarrea

cuando

menos, una suspensión del ejercicio de la profesión.11

B

El Canon 19 de los de Ética Profesional, le impone a

todo miembro de la profesión legal el deber inexcusable de

mantener informado a su cliente de todo asunto importante

que surja en el desarrollo de su caso.12 Tal obligación

8

In re Meléndez La Fontaine, res. 9 de febrero de 2006, 166

D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R. 22. Énfasis suplido.

9

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. In re Meléndez Figueroa, res.

15 de noviembre de 2005, 166 D.P.R., 2005 T.S.P.R. 177.

10

In re Guadalupe Díaz, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001).

11

Res. 4 de abril de 2007, 170 D.P.R.___, 2007 T.S.P.R. 84.

12

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 19.

CP-2006-9

9

constituye

un

elemento

vital

e

imprescindible

relación fiduciaria abogado-cliente.13

de

la

Además, es menester

señalar que el deber de diligencia e información se activa

desde el momento en que el letrado acepta la representación

legal y continúa hasta que finaliza la misma.

De la aludida disposición legal, se desprende que el

abogado debe mantener informado a su cliente de todas las

incidencias importantes del caso. Esta obligación significa

que el abogado tiene que mantener informado al cliente de

las

gestiones

realizadas

y

del

desarrollo

de

éstas;

consultar las cuestiones que no están dentro del ámbito

discrecional

de

cabalmente

las

la

representación

directrices

legal;

que

le

y

cumplir

imparten

sus

representados.14

Por

cuando

tanto,

se

se

incurre

desatienden

los

en

violaciones

reclamos

de

al

canon

19

información

del

cliente; cuando no se le informa el resultado adverso de la

gestión encomendada; cuando la acción se desestima o se

archiva; cuando no se mantiene informado al cliente del

estado o la situación procesal del caso; o cuando se le

niega al cliente información del caso.15

C

El Canon 20 del Código de Ética Profesional dispone

que

un

abogado

“no

puede

ni

debe

renunciar

13

In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 456 (2001).

14

In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).

15

la

In re Colón Morera, res. 23 de agosto de 2007, 172 D.P.R.

___, 2007 T.S.P.R. 157.

CP-2006-9

10

representación

primero

el

profesional

permiso

del

de

su

cliente

tribunal

y

sin

debe

obtener

solicitarlo

solamente cuando haya razón justificada e imprevista para

ello.”16

Dicha disposición le impone al abogado, antes de

renunciar a la representación de su cliente, la obligación

de tomar medidas razonables en aras de evitar perjuicio a

su cliente.

Entre las medidas contempladas para evitar lesiones a

los representados, el Canon 20 detalla las siguientes: (i)

notificar

la

renuncia

al

cliente,

(ii)

aconsejarle

debidamente sobre la necesidad de una nueva representación

legal cuando ello sea necesario, (iii) concederle tiempo

para conseguir nueva representación legal, (iv) aconsejarle

sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda

afectar

cualquier

su

causa

de

acción

escrito

que

le

pueda

favorecer,

(v)

cualquier

otra

disposición

legal

del

notificación

al

cumplimiento

de

tribunal

al

respecto,

tribunal

de

la

o

para

incluyendo

última

la

la

dirección

radicación

conocida

y

de

de

el

su

representado.17

Al advenir efectiva la renuncia del abogado, el Canon

20 del Código de Ética Profesional obliga a todo letrado a

entregar

el

expediente

del

caso

documento relacionado con el mismo.

16

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20.

17

Íd.

así

como

cualquier

El abogado tiene la

CP-2006-9

obligación

11

de

entregar

el

expediente

a

su

cliente

de

inmediato y sin dilación alguna.18

Al interpretar el Canon 20, hemos sostenido que hasta

que el abogado no sea relevado de su responsabilidad por el

tribunal, tiene el ineludible deber de desplegar el más

alto

grado

de

competencia

gestión profesional.19

y

diligencia

posible

en

su

En vista de lo anterior, es preciso

enfatizar que la presentación de una moción de renuncia de

representación profesional no significa que el abogado está

automáticamente desvinculado de su responsabilidad hacia su

cliente y el tribunal.20

Hasta tanto el tribunal autorice

la moción de renuncia de representación legal, el abogado

debe representar a su cliente de la forma más responsable,

cabal y eficiente, y tiene que conducirse a tenor con los

postulados

éticos

que

emanan

del

Código

de

Ética

Profesional y rigen la profesión.

III

A la luz de la normativa antes reseñada, concluimos

que

el

querellado,

licenciado

Torres

Muñoz,

incurrió

en

violaciones a los Cánones 18, 19 y 20 de Ética Profesional.

Veamos.

Cargo I

18

In re Ortiz Morales, res. 8 de noviembre de 2005, 166

D.P.R. ____, 2005 T.S.P.R. 199.

19

20

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 739, 752 (1986).

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125

(1975). Énfasis suplido.

CP-2006-9

12

El Procurador General expuso en la querella que el

licenciado Torres Muñoz violentó el Canon 18 toda vez que

la negligencia de éste en el trámite de la demanda incoada

en

el

Tribunal

provocar

la

Federal

tuvo

desestimación

la

con

acción de los querellantes.

nefasta

perjuicio

consecuencia

de

de

de

la

causa

A igual conclusión, llegó el

Comisionado Especial, el Lic. Héctor Urgell Cuebas, en su

informe.

Por su parte, en la contestación a la querella el

licenciado Torres Muñoz negó que su conducta provocara la

desestimación de la demanda instada en el Tribunal Federal.

Adujo

que

defendió

los

intereses

de

sus

clientes

diligentemente y que le notificó a éstos y al Tribunal

Federal que estaba impedido de seguir representando su caso

debido a que había comenzado a trabajar en el Departamento

de Salud.

Al examinar los documentos que obran en el expediente,

surge que el 11 de octubre de 2001, el Tribunal Federal le

ordenó al licenciado Torres Muñoz informar por escrito el

estatus del caso en el término de quince (15) días. Dicha

orden

fue

ignorada

Posteriormente,

el

5

por

el

licenciado

de

febrero

de

Torres

2002,

el

Muñoz.

Tribunal

Federal le ordenó al abogado mostrar causa por la cual el

caso

no

debía

ser

desestimado

por

inactividad.

El

licenciado Torres Muñoz tampoco contestó dicha orden.

En vista de lo anterior, el 18 de marzo de 2002, el

Tribunal

Federal

desestimó

la

demanda

con

perjuicio

por

abandono e incumplimiento con las órdenes del Tribunal. En

dicha sentencia, tribunal expresó lo siguiente:

CP-2006-9

13

The Court has entered an Order on this

same

date

dismissing

this

case

for

plaintiff’s

lack

of

prosecution

and

failure to comply with the Court’s orders.

Wherefore it is ordered and adjudged that

this case be dismissed with prejudice.

El

trámite

fehacientemente

Canon

18

procesal

que

del

antes

el

licenciado

Código

de

reseñado,

Torres

Ética

refleja

Muñoz

violó

Profesional.

el

Éste

no defendió diligentemente los derechos de sus clientes a

tenor

con

los

postulados

éticos

que

rigen

la

profesión

legal. La conducta del licenciado Torres Muñoz al abandonar

el caso de sus clientes en el Tribunal Federal refleja

desidia, despreocupación y displicencia. Si el licenciado

Torres

Muñoz

hubiese

informado

al

Tribunal

Federal

el

estatus del caso tan pronto el Tribunal de Circuito de

Apelaciones resolvió, no hubiese ocurrido la desafortunada

desestimación del caso.

Finalmente, antes de pasar a discutir el segundo cargo

imputado,

es

menester

señalar

cruzarse

de

brazos

desatender

encomendaron

sus

y

representados

que

un

la

por

abogado

no

reclamación

el

mero

puede

que

le

hecho

de

ingresar en el servicio público. Hasta tanto el Tribunal

Federal

no

aceptara

Muñoz,

éste

tenía

la

la

renuncia

del

licenciado

Torres

obligación

de

representar

a

los

querellantes con la más excelsa competencia, compromiso e

integridad.

Cargo II

CP-2006-9

14

En el segundo cargo imputado, el Procurador General

señala que el licenciado Torres Muñoz no mantuvo informado

del estatus del caso a los querellantes; no les informó que

no podía seguir representándolos debido a que comenzaría a

trabajar

en

el

Departamento

de

Salud;

y

tampoco

les

comunicó que su caso había sido desestimado con perjuicio

por inactividad. Tras celebrar la vista evidenciaria, el

Comisionado Especial concluyó, al igual que el Procurador

General,

que

el

licenciado

Torres

Muñoz,

no

mantuvo

informado a los querellantes del estatus de su caso a pesar

de

las

múltiples

gestiones

que

éstos

realizaron

para

comunicarse con él.

Luego de examinar detenidamente los autos del caso,

cabe concluir que el licenciado Torres Muñoz infringió el

Canon

19

del

Código

de

Ética

Profesional.

Surge

del

expediente que los querellantes trataron infructuosamente

de reunirse con el abogado para que éste les informara el

estatus

del

caso

a

nivel

federal.

No

obstante,

el

licenciado no les contestaba sus llamadas ni se reunió con

ellos

cuando

éstos

viajaban

desde

Aguadilla

hasta

su

oficina, ubicada en Bayamón. Más aún, el licenciado Torres

Muñoz no les informó a los querellantes que su causa de

acción había sido desestimada con perjuicio.

La conducta del licenciado Torres Muñoz al no mantener

informados a los querellantes es de todo punto incompatible

con los postulados éticos que éste juró defender y obra en

detrimento de la sana administración de la justicia.

Cargo III

CP-2006-9

El

15

Comisionado

Especial

concluyó

en

su

informe,

al

igual

que el Procurador General, que el licenciado Torres

Muñoz

incurrió

en

conducta

violatoria

al

Canon

20

del

Código de Ética Profesional. Por su parte, el licenciado

Torres

Muñoz

puesto

que

adujo

que

presentó

no

incurrió

una

moción

en

dicha

de

violación

renuncia

de

representación legal en el julio de 2001.

No obstante, al examinar la referida moción notamos

que es el único documento que no tiene el sello de recibido

del Tribunal Federal.

De hecho, dicho documento tiene la

fecha incompleta ya que no señala el día en que el abogado

se disponía a presentarla. Además, tampoco aparece en el

“docket”

del

evidenciaria

licenciado

caso

del

realizada

Torres

Tribunal

Federal.

ante

el

Comisionado

no

pudo

explicar

Muñoz

En

la

vista

Especial,

por

qué

el

dicha

moción no aparece presentada en el expediente del Tribunal

Federal.

Es imperativo señalar que la única moción de renuncia

de representación legal que está ponchada por la Secretaría

del Tribunal Federal y que aparece en el “docket” tiene

fecha de 8 de agosto de 2003.

El licenciado Torres Muñoz

presentó la referida moción un año y medio después que el

caso de los querellantes fue desestimado con perjuicio.

Aún cuando la intención del licenciado Torres Muñoz

era renunciar a la representación legal de los querellantes

en el 2001, lo cierto es que éste no presentó la moción

para ello, no les entregó el expediente a sus clientes y

mucho

menos

salvaguardar

tomó

sus

las

derechos.

precauciones

La

mera

necesarias

presentación

para

de

la

CP-2006-9

16

moción de representación legal no relevaba al licenciado

Torres Muñoz de defender diligentemente los derechos de sus

clientes hasta tanto el tribunal la aceptara.

IV

Resta entonces determinar la sanción disciplinaria que

corresponde imponer.

Para estos fines, hemos señalado que

tomaremos

en

los

reputación

del

cuenta

abogado

siguientes

en

la

factores:

comunidad,

su

la

buena

historial

previo, si ésta constituye su primera falta y ninguna parte

ha resultado perjudicada, la aceptación de la falta y el

sincero

arrepentimiento,

si

se

trata

de

una

conducta

asilada, el ánimo de lucro que medie de su actuación, el

resarcimiento

al

conmiseraciones,

ya

cliente

bien

y,

cualesquiera

atenuantes

o

otras

agravantes,

que

medien a tenor de los hechos.21

Aun cuando es la primera falta del licenciado Torres

Muñoz y éste les pidió disculpas a los querellantes en la

vista del caso, su actuación es inexcusable.

displicente,

contumaz

y

negligente

El proceder

desplegado

por

el

licenciado Torres Muñoz hacia los querellantes nos obliga a

tomar medidas disciplinarias contra él.

Su conducta le

causó un daño irreparable a los querellantes, al extremo

que su reclamación, por demás meritoria, fue desestimada

con

perjuicio.

Procede

como

sanción

disciplinaria

la

suspensión por el término fijo de un (1) año de Ricardo

Torres Muñoz del ejercicio de la abogacía.

21

In re De Léon Rodríguez, res. 11 de febrero de 2008, 173

D.P.R.___, 2008 T.S.P.R. 41.

CP-2006-9

Se dictará sentencia de conformidad.

17

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ricardo L. Torres Muñoz

CP-2006-9

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, procede como sanción

disciplinaria la suspensión por el término fijo de

un (1) año de Ricardo Torres Muñoz del ejercicio de

la abogacía.

Se le impone al abogado querellado el deber de

notificar a todos sus clientes su inhabilidad para

continuar representándolos, devolverles cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del

país.

Además, deberá certificarnos el cumplimiento

con lo anterior dentro del término de treinta (30)

días a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se ordena que esta

Sentencia sea notificada

Ricardo Torres Muñoz.

Opinión Per

personalmente

Curiam y

al Lcdo.

19

CP-2006-09

Se dictará sentencia de conformidad.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo.

La Jueza Asociada señora Rodríguez

Rodríguez no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo