Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Ricardo Torres Muñoz
2008 TSPR 178
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Ricardo Torres Muñoz
CP-2006-0009
Conducta Profesional-Suspensión temporera un año por violación a los Cánones 18, 19 y 20 de ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2008 TSPR 178
Ricardo Torres Muñoz
175 DPR ____
Número del Caso: CP-2006-9
Fecha: 2 de octubre de 2008
Abogado de la Parte Querellada:
Por Derecho Propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera De León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Zaira Z. Giron Anadón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 13 de noviembre de
2008 fecha en que se le notificó al abogado de su
suspensión inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se
hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Ricardo Torres Muñoz
CP-2006-9
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2008.
I
El Lic. Ricardo L. Torres Muñoz fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 3 de marzo de 1989 y al
ejercicio de la notaría el 4 de junio de 1990.
Del
informe
del
Comisionado
Especial
se
desprende que el Sr. Juan Sotomayor López, la Sra.
Norma
Mantilla
Villanueva,
en
Siverio
y
la
Sra.
Rosa
adelante
querellantes,
M.
Rosa
contrataron
los servicios profesionales del licenciado Ricardo
L. Torres Muñoz, para que los
representara
ante la
Junta de Apelaciones del Sistema de Administración
de Personal, en adelante J.A.S.A.P., y
ante
el
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el
Distrito
de
Puerto Rico, en
adelante
Tribunal
CP-2006-9
2
Federal, en una acción por discrimen político contra el
Departamento de Familia.
En vista del procedimiento administrativo que pendía
ante J.A.S.A.P., el Departamento de la Familia le solicitó
al Tribunal Federal la paralización de los procedimientos
conducidos en dicho foro hasta tanto J.A.S.A.P. emitiera
una
determinación
procedimientos
al
respecto,
versaban
sobre
los
puesto
mismos
que
ambos
hechos.
Dicha
petición fue acogida por el Tribunal Federal.
Posteriormente, J.A.S.A.P. ordenó la reinstalación del
señor Sotomayor López a su puesto mas declaró no ha lugar
las apelaciones instadas por la señora Rosa Villanueva y la
señora Mantilla Siverio. En vista de ello, el licenciado
Torres
Muñoz,
en
presentó
un
entonces
Tribunal
representación
recurso
de
de
revisión
Circuito
de
los
querellantes,
administrativa
de
Apelaciones.
ante
el
En
el
ínterin, el 16 de diciembre de 1999, Tribunal Federal le
ordenó al licenciado Torres Muñoz que informara por escrito
el
estatus
del
caso.
Tras
solicitar
prórroga,
el
licenciado Torres Muñoz compareció y le informó al Tribunal
Federal que ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones
pendía un recurso de revisión administrativo.
El
11
de
abril
de
2001,
el
Tribunal
de
Circuito
Apelaciones revocó la determinación emitida por J.A.S.A.P.
respecto a la señora Rosa Villanueva y a la señora Mantilla
Siverio;
declaró
ha
lugar
la
alegación
de
discrimen
político y ordenó la reinstalación de éstas a sus puestos y
el pago de los haberes dejados de percibir.
Respecto al
CP-2006-9
señor
3
Sotomayor
López,
el
Tribunal
de
Circuito
de
Apelaciones confirmó el dictamen emitido por J.A.S.A.P.1
El 4 de junio de 2001, el licenciado Torres Muñoz se
comunicó
vía
telefónica
con
sus
representados,
y
les
expresó que quería reunirse con ellos la semana siguiente.
No
obstante,
dicha
reunión
nunca
se
realizó.
De
hecho,
cuando los querellantes fueron a la oficina del licenciado
Torres Muñoz, se percataron que éste se había mudado y no
les había notificado su nueva dirección.
Transcurridos
once
(11)
meses
sin
conocer
lo
que
acontecía
con la demanda incoada en el Tribunal Federal y
sin
noticias
tener
querellantes
del
casualmente
licenciado
se
enteraron
que
Departamento
de
encontraba
trabajando
en
vista
ello,
querellantes
de
los
el
Torres
se
Muñoz,
los
éste
se
Salud.
En
comunicaron
con
el
licenciado Torres Muñoz, quien les informó que los citaría
a una reunión para discutir el caso que pendía ante el
Tribunal Federal.
El
licenciado
Torres
Muñoz
no
se
comunicó
con
los
querellantes para llevar a cabo la referida reunión. No
obstante, éstos
trataron infructuosamente de comunicarse
con él. Como resultado de lo anterior, los querellantes
viajaron desde Aguadilla a Bayamón y acudieron a su oficina
en el Departamento de Salud para indagar el estatus de su
caso.
éste
1
Al llegar a la oficina del licenciado Torres Muñoz,
los
recibió
y
les
expresó
que
posteriormente
les
En el caso del señor Sotomayor López, J.A.S.A.P. declaró
ha lugar la apelación de éste, y le ordenó al Departamento
de la Familia reinstalarlo en su puesto y el pago de los
haberes dejados de percibir.
CP-2006-9
4
enviaría el expediente del caso. No obstante, transcurrió
el tiempo y el licenciado Torres Muñoz nunca les envió el
referido expediente.
El 11 de abril de 2003, el licenciado Torres Muñoz le
remitió una carta al señor Sotomayor López en la que le
comunicó que no había encontrado el expediente del caso
ante el Tribunal Federal, y le solicitó que le hiciera
llegar algún documento con el número del caso. Una vez
recibida la carta, el señor Sotomayor López se comunicó con
la secretaria del licenciado Torres Muñoz y le brindó el
número del caso.
Posteriormente, el licenciado Torres Muñoz citó a los
querellantes en dos ocasiones para reunirse con ellos, pero
cuando éstos llegaron a su oficina en el Departamento de
Salud,
se
toparon
con
la
Ante
tal
situación,
encontraba.
noticia
de
que
éste
no
se
los
querellantes
le
expresaron a la secretaria del licenciado Torres Muñoz que
se disponían a presentar una querella contra éste en el
Tribunal Supremo. Después que los querellantes se marcharon
del Departamento de Salud, recibieron una llamada de la
secretaria del licenciado Torres Muñoz, comunicándoles que
éste se reuniría con ellos el 7 de agosto de 2003.
Llegada
la
fecha
pautada
para
la
reunión,
el
licenciado Torres Muñoz no se presentó. Por tal razón, la
secretaria
de
éste
les
entregó
a
los
querellantes
el
expediente del caso, acompañado de una misiva en donde el
licenciado
entregado
estaba
Torres
el
Muñoz
expediente
extraviado.
La
expresaba
del
caso
secretaria
que
no
les
había
el
mismo
antes
porque
del
licenciado
Torres
CP-2006-9
5
Muñoz también les entregó a los querellantes un escrito
titulado
“Second
Motion
Requesting
Withdraw as Attorney for Plaintiff”.
Hearing,
Leave
to
La referida moción
fue presentada el 8 de agosto de 2003 en la Secretaría del
Tribunal Federal.
El 20 de agosto de 2003, los querellantes le cursaron
una carta al el licenciado Torres Muñoz, expresándole que
querían reunirse con él para que les explicara que había
sucedido con su caso puesto que estaban muy confundidos
porque habían obtenido el “docket” de la demanda instada en
el Tribunal Federal, y éste indicaba que la demanda había
sido desestimada y archivada con perjuicio. No obstante, a
pesar
de
la
querellantes,
gravedad
el
de
los
licenciado
señalamientos
Torres
Muñoz
no
de
los
contestó
la
carta ni se comunicó con ellos.
En vista de lo anterior, 4 de mayo de 2004, el señor
Sotomayor
Siverio
López,
Mantilla
la
señora
Rosa
presentaron
en
Villanueva
la
y
la
Secretaría
señora
de
este
Tribunal una queja contra del licenciado Torres Muñoz.
Los
querellantes
expresaron
en
su
escrito
que
la
demanda incoada el 25 de septiembre de 1995 en el Tribunal
Federal fue desestimada con perjuicio el 19 de marzo de
2002, debido a que el licenciado Torres Muñoz no contestó
las múltiples órdenes emitidas por el Tribunal Federal para
que informara el estatus del caso.
Sostuvieron, además,
que no fue hasta el 20 de agosto de 2003 que advinieron en
conocimiento que la demanda incoada en el Tribunal Federal
fue
desestimada
anterior,
los
con
perjuicio.
querellantes
Como
presentaron
resultado
una
de
lo
demanda
por
CP-2006-9
6
impericia profesional contra el licenciado Torres Muñoz en
el Tribunal Superior, Sala de Aguada. El 8 de noviembre de
2006, la demanda fue desestimada con perjuicio.
Luego
Torres
de
solicitar
varias
Muñoz
contestó
la
prórrogas,
queja
el
licenciado
presentada
por
los
querellantes y adujo que les había informado a éstos que no
podía
continuar
la
representación
de
su
caso
ante
el
Tribunal Federal puesto que había comenzado a trabajar en
el Departamento de Salud. Señaló, además, que el 2 de julio
de 2001, había presentado ante el
Tribunal Federal una
primera moción para renunciar como representante legal de
querellantes2
los
y
que
advino
en
conocimiento
de
la
desestimación del caso al recibir la queja presentada.
Así las cosas y luego de los trámites de rigor, le
ordenamos
al
Procurador
correspondiente
querella
dicha
el
querella,
General
contra
Procurador
el
presentar
referido
General
la
abogado.
presentó
tres
En
(3)
cargos contra el licenciado Torres Muñoz por violación a
los cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional.3
Sometido el caso y luego de ponderar el informe del
Comisionado
Especial
así
como
los
autos
del
caso,
procedemos a resolver sin ulterior trámite.
II
A
2
Según se discutirá más adelante, la referida moción es el
único documento que no está ponchado por la Secretaría del
Tribunal Federal y tampoco aparece en el “docket” del caso.
3
4 L.P.R.A. Ap. IX.
CP-2006-9
7
Los
Cánones
primordial
de
de
Ética
promover
que
Profesional
tienen
los
se
abogados
el
fin
desempeñen,
profesional y personalmente, de acuerdo a los más altos
principios éticos y de conducta decorosa para beneficio de
la profesión, de la ciudadanía, y de las instituciones de
justicia del país.4
Al juramentar una persona como abogado,
éste se convierte en funcionario del Tribunal y ministro
ordenado de la justicia y se compromete a desplegar su alto
ministerio
con
la
mayor
y
más
excelsa
competencia,
compromiso e integridad.5
Como parte de los postulados que rigen la profesión
legal,
el
Canon
18
del
Código
de
Profesional6
Ética
le
impone a todo abogado el deber de desempeñarse en todo
momento
de
forma
capaz
y
diligente
al
defender
los
intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más
profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que
la
profesión
responsable.7
jurídica
De
en
general
conformidad
con
estima
lo
adecuada
anterior,
y
hemos
decretado en reiteradas ocasiones que todo miembro de la
profesión legal tiene el deber de defender los intereses de
su
4
cliente
con
el
arraigado
compromiso
de
desplegar
la
In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001).
5
In re Quintero Alfaro, res. 9 de febrero de 2004, 164
D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R. 20.
6
7
4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18.
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. Véase In re Hoffman Mouriño,
res. 7 de mayo de 2007, 171 D.P.R.____, 2007 T.S.P.R. 114.
CP-2006-9
8
mayor capacidad, lealtad, celo, responsabilidad y la más
completa honradez.8
Reiteradamente
transgrede
cuando
hemos
el
resuelto
abogado
que
asume
este
una
deber
se
representación
legal, consciente que no puede realizar una labor idónea y
competente o que no puede prepararse adecuadamente para el
caso sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a
su cliente o a la administración de la justicia.9
De
igual
conducta
forma,
violatoria
hemos
al
resuelto
Canon
18
que
se
configura
cuando
la
actuación
negligente y contumaz del abogado produce la desestimación
o el archivo del caso de su cliente.10
entrever
desidia
una
e
actitud
de
Tal resultado deja
displicencia,
irresponsabilidad
que
no
despreocupación,
estamos
dispuestos
a
tolerar. En In re Vilches López, resolvimos que cuando un
abogado desatiende o abandona un caso, y tal acción provoca
el
archivo
del
caso
de
su
representado,
acarrea
cuando
menos, una suspensión del ejercicio de la profesión.11
B
El Canon 19 de los de Ética Profesional, le impone a
todo miembro de la profesión legal el deber inexcusable de
mantener informado a su cliente de todo asunto importante
que surja en el desarrollo de su caso.12 Tal obligación
8
In re Meléndez La Fontaine, res. 9 de febrero de 2006, 166
D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R. 22. Énfasis suplido.
9
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. In re Meléndez Figueroa, res.
15 de noviembre de 2005, 166 D.P.R., 2005 T.S.P.R. 177.
10
In re Guadalupe Díaz, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001).
11
Res. 4 de abril de 2007, 170 D.P.R.___, 2007 T.S.P.R. 84.
12
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 19.
CP-2006-9
9
constituye
un
elemento
vital
e
imprescindible
relación fiduciaria abogado-cliente.13
de
la
Además, es menester
señalar que el deber de diligencia e información se activa
desde el momento en que el letrado acepta la representación
legal y continúa hasta que finaliza la misma.
De la aludida disposición legal, se desprende que el
abogado debe mantener informado a su cliente de todas las
incidencias importantes del caso. Esta obligación significa
que el abogado tiene que mantener informado al cliente de
las
gestiones
realizadas
y
del
desarrollo
de
éstas;
consultar las cuestiones que no están dentro del ámbito
discrecional
de
cabalmente
las
la
representación
directrices
legal;
que
le
y
cumplir
imparten
sus
representados.14
Por
cuando
tanto,
se
se
incurre
desatienden
los
en
violaciones
reclamos
de
al
canon
19
información
del
cliente; cuando no se le informa el resultado adverso de la
gestión encomendada; cuando la acción se desestima o se
archiva; cuando no se mantiene informado al cliente del
estado o la situación procesal del caso; o cuando se le
niega al cliente información del caso.15
C
El Canon 20 del Código de Ética Profesional dispone
que
un
abogado
“no
puede
ni
debe
renunciar
13
In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 456 (2001).
14
In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).
15
la
In re Colón Morera, res. 23 de agosto de 2007, 172 D.P.R.
___, 2007 T.S.P.R. 157.
CP-2006-9
10
representación
primero
el
profesional
permiso
del
de
su
cliente
tribunal
y
sin
debe
obtener
solicitarlo
solamente cuando haya razón justificada e imprevista para
ello.”16
Dicha disposición le impone al abogado, antes de
renunciar a la representación de su cliente, la obligación
de tomar medidas razonables en aras de evitar perjuicio a
su cliente.
Entre las medidas contempladas para evitar lesiones a
los representados, el Canon 20 detalla las siguientes: (i)
notificar
la
renuncia
al
cliente,
(ii)
aconsejarle
debidamente sobre la necesidad de una nueva representación
legal cuando ello sea necesario, (iii) concederle tiempo
para conseguir nueva representación legal, (iv) aconsejarle
sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda
afectar
cualquier
su
causa
de
acción
escrito
que
le
pueda
favorecer,
(v)
cualquier
otra
disposición
legal
del
notificación
al
cumplimiento
de
tribunal
al
respecto,
tribunal
de
la
o
para
incluyendo
última
la
la
dirección
radicación
conocida
y
de
de
el
su
representado.17
Al advenir efectiva la renuncia del abogado, el Canon
20 del Código de Ética Profesional obliga a todo letrado a
entregar
el
expediente
del
caso
documento relacionado con el mismo.
16
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20.
17
Íd.
así
como
cualquier
El abogado tiene la
CP-2006-9
obligación
11
de
entregar
el
expediente
a
su
cliente
de
inmediato y sin dilación alguna.18
Al interpretar el Canon 20, hemos sostenido que hasta
que el abogado no sea relevado de su responsabilidad por el
tribunal, tiene el ineludible deber de desplegar el más
alto
grado
de
competencia
gestión profesional.19
y
diligencia
posible
en
su
En vista de lo anterior, es preciso
enfatizar que la presentación de una moción de renuncia de
representación profesional no significa que el abogado está
automáticamente desvinculado de su responsabilidad hacia su
cliente y el tribunal.20
Hasta tanto el tribunal autorice
la moción de renuncia de representación legal, el abogado
debe representar a su cliente de la forma más responsable,
cabal y eficiente, y tiene que conducirse a tenor con los
postulados
éticos
que
emanan
del
Código
de
Ética
Profesional y rigen la profesión.
III
A la luz de la normativa antes reseñada, concluimos
que
el
querellado,
licenciado
Torres
Muñoz,
incurrió
en
violaciones a los Cánones 18, 19 y 20 de Ética Profesional.
Veamos.
Cargo I
18
In re Ortiz Morales, res. 8 de noviembre de 2005, 166
D.P.R. ____, 2005 T.S.P.R. 199.
19
20
Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 739, 752 (1986).
Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125
(1975). Énfasis suplido.
CP-2006-9
12
El Procurador General expuso en la querella que el
licenciado Torres Muñoz violentó el Canon 18 toda vez que
la negligencia de éste en el trámite de la demanda incoada
en
el
Tribunal
provocar
la
Federal
tuvo
desestimación
la
con
acción de los querellantes.
nefasta
perjuicio
consecuencia
de
de
de
la
causa
A igual conclusión, llegó el
Comisionado Especial, el Lic. Héctor Urgell Cuebas, en su
informe.
Por su parte, en la contestación a la querella el
licenciado Torres Muñoz negó que su conducta provocara la
desestimación de la demanda instada en el Tribunal Federal.
Adujo
que
defendió
los
intereses
de
sus
clientes
diligentemente y que le notificó a éstos y al Tribunal
Federal que estaba impedido de seguir representando su caso
debido a que había comenzado a trabajar en el Departamento
de Salud.
Al examinar los documentos que obran en el expediente,
surge que el 11 de octubre de 2001, el Tribunal Federal le
ordenó al licenciado Torres Muñoz informar por escrito el
estatus del caso en el término de quince (15) días. Dicha
orden
fue
ignorada
Posteriormente,
el
5
por
el
licenciado
de
febrero
de
Torres
2002,
el
Muñoz.
Tribunal
Federal le ordenó al abogado mostrar causa por la cual el
caso
no
debía
ser
desestimado
por
inactividad.
El
licenciado Torres Muñoz tampoco contestó dicha orden.
En vista de lo anterior, el 18 de marzo de 2002, el
Tribunal
Federal
desestimó
la
demanda
con
perjuicio
por
abandono e incumplimiento con las órdenes del Tribunal. En
dicha sentencia, tribunal expresó lo siguiente:
CP-2006-9
13
The Court has entered an Order on this
same
date
dismissing
this
case
for
plaintiff’s
lack
of
prosecution
and
failure to comply with the Court’s orders.
Wherefore it is ordered and adjudged that
this case be dismissed with prejudice.
El
trámite
fehacientemente
Canon
18
procesal
que
del
antes
el
licenciado
Código
de
reseñado,
Torres
Ética
refleja
Muñoz
violó
Profesional.
el
Éste
no defendió diligentemente los derechos de sus clientes a
tenor
con
los
postulados
éticos
que
rigen
la
profesión
legal. La conducta del licenciado Torres Muñoz al abandonar
el caso de sus clientes en el Tribunal Federal refleja
desidia, despreocupación y displicencia. Si el licenciado
Torres
Muñoz
hubiese
informado
al
Tribunal
Federal
el
estatus del caso tan pronto el Tribunal de Circuito de
Apelaciones resolvió, no hubiese ocurrido la desafortunada
desestimación del caso.
Finalmente, antes de pasar a discutir el segundo cargo
imputado,
es
menester
señalar
cruzarse
de
brazos
desatender
encomendaron
sus
y
representados
que
un
la
por
abogado
no
reclamación
el
mero
puede
que
le
hecho
de
ingresar en el servicio público. Hasta tanto el Tribunal
Federal
no
aceptara
Muñoz,
éste
tenía
la
la
renuncia
del
licenciado
Torres
obligación
de
representar
a
los
querellantes con la más excelsa competencia, compromiso e
integridad.
Cargo II
CP-2006-9
14
En el segundo cargo imputado, el Procurador General
señala que el licenciado Torres Muñoz no mantuvo informado
del estatus del caso a los querellantes; no les informó que
no podía seguir representándolos debido a que comenzaría a
trabajar
en
el
Departamento
de
Salud;
y
tampoco
les
comunicó que su caso había sido desestimado con perjuicio
por inactividad. Tras celebrar la vista evidenciaria, el
Comisionado Especial concluyó, al igual que el Procurador
General,
que
el
licenciado
Torres
Muñoz,
no
mantuvo
informado a los querellantes del estatus de su caso a pesar
de
las
múltiples
gestiones
que
éstos
realizaron
para
comunicarse con él.
Luego de examinar detenidamente los autos del caso,
cabe concluir que el licenciado Torres Muñoz infringió el
Canon
19
del
Código
de
Ética
Profesional.
Surge
del
expediente que los querellantes trataron infructuosamente
de reunirse con el abogado para que éste les informara el
estatus
del
caso
a
nivel
federal.
No
obstante,
el
licenciado no les contestaba sus llamadas ni se reunió con
ellos
cuando
éstos
viajaban
desde
Aguadilla
hasta
su
oficina, ubicada en Bayamón. Más aún, el licenciado Torres
Muñoz no les informó a los querellantes que su causa de
acción había sido desestimada con perjuicio.
La conducta del licenciado Torres Muñoz al no mantener
informados a los querellantes es de todo punto incompatible
con los postulados éticos que éste juró defender y obra en
detrimento de la sana administración de la justicia.
Cargo III
CP-2006-9
El
15
Comisionado
Especial
concluyó
en
su
informe,
al
igual
que el Procurador General, que el licenciado Torres
Muñoz
incurrió
en
conducta
violatoria
al
Canon
20
del
Código de Ética Profesional. Por su parte, el licenciado
Torres
Muñoz
puesto
que
adujo
que
presentó
no
incurrió
una
moción
en
dicha
de
violación
renuncia
de
representación legal en el julio de 2001.
No obstante, al examinar la referida moción notamos
que es el único documento que no tiene el sello de recibido
del Tribunal Federal.
De hecho, dicho documento tiene la
fecha incompleta ya que no señala el día en que el abogado
se disponía a presentarla. Además, tampoco aparece en el
“docket”
del
evidenciaria
licenciado
caso
del
realizada
Torres
Tribunal
Federal.
ante
el
Comisionado
no
pudo
explicar
Muñoz
En
la
vista
Especial,
por
qué
el
dicha
moción no aparece presentada en el expediente del Tribunal
Federal.
Es imperativo señalar que la única moción de renuncia
de representación legal que está ponchada por la Secretaría
del Tribunal Federal y que aparece en el “docket” tiene
fecha de 8 de agosto de 2003.
El licenciado Torres Muñoz
presentó la referida moción un año y medio después que el
caso de los querellantes fue desestimado con perjuicio.
Aún cuando la intención del licenciado Torres Muñoz
era renunciar a la representación legal de los querellantes
en el 2001, lo cierto es que éste no presentó la moción
para ello, no les entregó el expediente a sus clientes y
mucho
menos
salvaguardar
tomó
sus
las
derechos.
precauciones
La
mera
necesarias
presentación
para
de
la
CP-2006-9
16
moción de representación legal no relevaba al licenciado
Torres Muñoz de defender diligentemente los derechos de sus
clientes hasta tanto el tribunal la aceptara.
IV
Resta entonces determinar la sanción disciplinaria que
corresponde imponer.
Para estos fines, hemos señalado que
tomaremos
en
los
reputación
del
cuenta
abogado
siguientes
en
la
factores:
comunidad,
su
la
buena
historial
previo, si ésta constituye su primera falta y ninguna parte
ha resultado perjudicada, la aceptación de la falta y el
sincero
arrepentimiento,
si
se
trata
de
una
conducta
asilada, el ánimo de lucro que medie de su actuación, el
resarcimiento
al
conmiseraciones,
ya
cliente
bien
y,
cualesquiera
atenuantes
o
otras
agravantes,
que
medien a tenor de los hechos.21
Aun cuando es la primera falta del licenciado Torres
Muñoz y éste les pidió disculpas a los querellantes en la
vista del caso, su actuación es inexcusable.
displicente,
contumaz
y
negligente
El proceder
desplegado
por
el
licenciado Torres Muñoz hacia los querellantes nos obliga a
tomar medidas disciplinarias contra él.
Su conducta le
causó un daño irreparable a los querellantes, al extremo
que su reclamación, por demás meritoria, fue desestimada
con
perjuicio.
Procede
como
sanción
disciplinaria
la
suspensión por el término fijo de un (1) año de Ricardo
Torres Muñoz del ejercicio de la abogacía.
21
In re De Léon Rodríguez, res. 11 de febrero de 2008, 173
D.P.R.___, 2008 T.S.P.R. 41.
CP-2006-9
Se dictará sentencia de conformidad.
17
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Ricardo L. Torres Muñoz
CP-2006-9
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de octubre de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, procede como sanción
disciplinaria la suspensión por el término fijo de
un (1) año de Ricardo Torres Muñoz del ejercicio de
la abogacía.
Se le impone al abogado querellado el deber de
notificar a todos sus clientes su inhabilidad para
continuar representándolos, devolverles cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar oportunamente de su suspensión a los
distintos foros judiciales y administrativos del
país.
Además, deberá certificarnos el cumplimiento
con lo anterior dentro del término de treinta (30)
días a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se ordena que esta
Sentencia sea notificada
Ricardo Torres Muñoz.
Opinión Per
personalmente
Curiam y
al Lcdo.
19
CP-2006-09
Se dictará sentencia de conformidad.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo.
La Jueza Asociada señora Rodríguez
Rodríguez no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo